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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02375-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02375-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela de Alfredo Navarro Parejo, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02375-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02375-00
Demandante: Alfredo Navarro Parejo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02375-00
Demandante: ALFREDO NAVARRO PAREJO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE
SUBSIDIARIEDAD – El accionante puede acudir directamente al juez contencioso
administrativo para formular sus inconformidades respecto del trámite procesal del
medio de control de nulidad electoral / AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE
– El actor no explicó en qué consistiría el perjuicio irremediable alegado, por lo que
es imposible determinar si este podría configurarse y si tornaría procedente la acción
de tutela.

La Sala1 resuelve la acción de tutela instaurada por Alfredo Navarro Parejo contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 24 de abril de 20252, Alfredo Navarro Parejo instauró acción de tutela contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Magdalena, a

1
Se advierte que el 12 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, índice 2.

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Demandante: Alfredo Navarro Parejo

fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la participación en la conformación,
el ejercicio y el control del poder político.

2. En ese sentido, solicitó lo siguiente:

(…) SEGUNDO: Dejar sin efectos las actuaciones judiciales del Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad
electoral contra el alcalde Sitionuevo (Magdalena) de radicado 2023-00293,
las cuales están siendo surtidas con violación al debido proceso, acceso efectivo
a la administración de justicia y principio de participación, por desconocimiento de
la regla procesal consagrada en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA
(Publicación en el portal web de la Rama Judicial del auto admisorio de la
referencia con el fin de notificar e informar a los terceros interesados) y que, no
permitió la activación del artículo 228 del CPACA. (sic)

TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que se informe
a la comunidad en general, de la existencia del proceso público de nulidad
electoral de la referencia, en virtud del numeral 5 del artículo 277 del CPACA, en
aras que se pueda intervenir en defensa de la legalidad. (sic) (Énfasis original)

3. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos
jurídicamente relevantes:

4. El 14 de enero de 2024, a través de la prensa, el señor Navarro Parejo se enteró
de la existencia del proceso 47001-23-33-000-2023-00293-03, que perseguía la
nulidad de la elección de Alfredo Antonio Navarro Manga como alcalde el municipio
de Sitionuevo, Magdalena, para el período 2024-2027.

5. Mediante auto del 18 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena
admitió la demanda que dio origen a dicho proceso y ordenó comunicar su existencia
a la comunidad, de conformidad con el numeral 5° del artículo 277 del CPACA.

6. A la fecha de la presentación de la demanda de tutela, dicha comunicación no se
había efectuado. Sin embargo, todas las actuaciones del proceso aludido fueron
surtidas e, incluso, se profirieron sentencias en primera y segunda instancia3.

3 En la demanda de tutela también se expuso que se presentó una solicitud de aclaración y de adición

frente a esa sentencia, pero no se alegó nada al respecto.

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7. Según el accionante, la no comunicación de la existencia del proceso de nulidad
electoral mencionado impidió que la comunidad de Sitionuevo ejerciera la intervención
establecida en el artículo 228 del CPACA4, concordante con el artículo 71 del CGP5.
Por esto, sostuvo que todas las actuaciones posteriores a la admisión de la demanda
que dio origen al proceso de nulidad electoral vulneraron sus derechos de acceso a
la administración de justicia, al debido proceso y a la participación en la conformación,
el ejercicio y el control del poder político, como miembro de dicha comunidad
directamente afectado por las decisiones en ese proceso.

8. Agregó que la falta de comunicación en cuestión implicó un desconocimiento del
artículo 13 del CGP, relativo al carácter imperativo de las disposiciones procesales,
así como una indebida integración del contradictorio. Igualmente, sostuvo que ello
desconoció los principios de legalidad e igualdad.

9. Para respaldar los anteriores argumentos, el señor Navarro Parejo citó sentencias
de distintas secciones del Consejo de Estado, proferidas en asuntos de diversa
naturaleza6, referentes al deber de notificar a los terceros con interés directo en un
proceso.

10. Por otro lado, adujo que su solicitud de amparo es procedente, por cuanto se
dirige a evitar un perjuicio irremediable de los derechos invocados, por no habérsele
comunicado a la comunidad de Sitionuevo, Magdalena, del referido proceso de
nulidad electoral.

11. También sostuvo que, aunque no pretende controvertir las sentencias allí
dictadas, su solicitud cumple el requisito de procedencia de relevancia constitucional,
pues no busca reabrir el debate del proceso de nulidad electoral ni acceder a una
instancia adicional frente a este, sino evidenciar una vulneración de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

12. Finalmente, afirmó que la irregularidad procesal alegada —la falta de
comunicación del proceso a la comunidad de Sitionuevo— tiene un carácter decisivo,
así como la virtualidad de generar un «posible» defecto procedimental absoluto.

4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5 Código General del Proceso.
6 Tutela, repetición, nulidad electoral, nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho.

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B. Trámite impartido e intervenciones

13. Mediante auto del 30 de abril de 20257, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y dispuso notificar, como
demandados, a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Magdalena y de la Sección Quinta del Consejo de Estado. También ordenó notificar,
en calidad de terceros con interés, a la Procuradora 155 Judicial II Administrativa de
Santa Marta, así como a Karen Judith Gutiérrez Garizabalo, a Alfredo Antonio Navarro
Manga y a los demás intervinientes en el proceso 47001-2333-000-2023-00293-03.

14. El mismo 30 de abril8, la Secretaría de la Sección Tercera informó que los trámites
de tutela identificados con los radicados 11001-03-15-000-2024-06283-00, 11001-03-
15-000-2025-00058-00, 11001-03-15-000-2025-00123-00 y 11001-03-15-000-2025-
01456-00 también se relacionaron con el proceso de nulidad electoral ya
mencionado9.

15. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez10, integrante de la Sección Quinta
del Consejo de Estado y sustanciador del proceso de nulidad electoral en segunda
instancia, expuso lo siguiente:

16. El 15 de noviembre de 2024, Luis Javier Cepeda Visbal, apoderado de múltiples
habitantes del municipio de Sitionuevo, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo
actuado en el mencionado proceso. Esta solicitud se sustentó en el numeral 8° del
artículo 133 del CGP, así como en el argumento de que el Tribunal Administrativo del
Magdalena no efectuó la comunicación establecida en el numeral 5° del artículo 277
del CPACA, privando a dichos habitantes de intervenir en el proceso y desconociendo
sus derechos políticos.

17. Mediante auto del 3 de diciembre del mismo año, el consejero Omar Joaquín
Barreto Suárez rechazó la anterior solicitud. Esta decisión se fundamentó en que,
según el artículo 134 del CGP, después de la emisión de la sentencia sólo pueden
7
Samai, índice 4.
8 Samai, índice 3.
9 La Secretaría mencionó un proceso más (el 2024-06858), que fue promovido por Karen Judith
Gutiérrez Garizabalo (tercera con interés en esta acción constitucional), no para atacar la firmeza de
la sentencia de nulidad electoral, sino para que el Tribunal Administrativo del Magdalena respondiera
una solicitud sobre si publicaron o no la comunicación dirigida a la comunidad de Sitionuevo. Por esa
razón, y porque el fallo en aquel proceso declaró configurada la carencia actual de objeto por hecho
superado, se consideró innecesario incluirlo en los antecedentes o en el posterior acápite de cuestión
previa.
10 Samai, índice 9.

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alegarse nulidades originadas en ella, las cuales se encuentran reguladas en el
artículo 294 del CPACA, aplicable al medio de control de nulidad electoral. Entre las
causales señaladas en ese artículo 294, se encuentra la relativa a la indebida
notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante,
escenario distinto al expuesto por el señor Cepeda Visbal.

18. Este solicitó la aclaración y la adición de la decisión descrita, e interpuso recurso
de súplica en su contra. Mediante auto del 14 de enero de 2025, se denegaron ambas
solicitudes y se rechazó el recurso.

19. El señor Cepeda Visbal interpuso recurso de reposición contra esta última
decisión y, posteriormente, sustituyó su poder a Jesús María Fernández Pérez, quien
recusó a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado por
haber conocido el asunto en una instancia anterior.

20. Mediante auto del 27 de febrero de 2025, la Sección Primera de la misma
Corporación rechazó la recusación por la falta de legitimación de quienes la
propusieron.

21. Finalmente, el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez advirtió que la acción de
tutela en cuestión se sustenta en los mismos supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos
en aquellas que dieron origen a los procesos 11-001-03-15-000-2024-06283-00, 11-
001-03-15-000-2025-00058-00, 11-001-03-15-000-2025-00123-00 y 11-001-03-15-
000-2025-01456-00. Por consiguiente, solicitó que se evalúe la posibilidad de
disponer la acumulación prevista en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015.

22. El Consejo Nacional Electoral11 alegó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en que no tuvo incidencia alguna en las actuaciones
judiciales cuestionadas y, en ese sentido, no causó la vulneración de derechos
alegada.

23. La Registraduría Nacional del Estado Civil12 también alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva, con sustento en que la supuesta vulneración de
derechos fue atribuida a actuaciones judiciales y, en consecuencia, carece de
responsabilidad al respecto.

11 Samai, índice 11.
12 Samai, índice 12.

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24. De otra parte, acusó al accionante de buscar una instancia adicional en el proceso
de nulidad electoral porque, a su juicio, cuestionó las decisiones proferidas en este.

25. Karen Judith Gutiérrez Garizabalo13 acusó al accionante de carecer de
legitimación en la causa por activa, en tanto no probó haber obrado como parte en el
proceso de nulidad electoral.
26. Además, sostuvo que la solicitud de amparo incumple el requisito de relevancia
constitucional porque, en su criterio, lo pretendido con ella es reabrir la controversia
resuelta en el proceso de nulidad electoral.

27. Igualmente, señaló que la irregularidad procesal alegada no es de carácter
decisivo, debido a lo siguiente:

28. Primero, a que la falta de comunicación a la comunidad no constituye una causal
de nulidad.

29. Segundo, a que, en el caso concreto, la intervención de la comunidad no habría
variado la decisión de segunda instancia, pues únicamente podía obrar como
coadyuvante de la parte demandada, cuyo apoderado no controvirtió suficientemente
las pruebas de la contraparte ni interpuso recursos.

30. Y tercero, a que el Ministerio Público intervino en el proceso y, de esa manera, se
garantizaron los derechos de la comunidad de Sitionuevo.

31. Finalmente, expuso que las secciones Primera y Segunda del Consejo de Estado
ya se pronunciaron sobre acciones de tutela con pretensiones, hechos y argumentos
similares a los de la promovida por el señor Navarro Parejo, que dieron origen a los
procesos 11-001-03-15-000-2025-00123-00, 11-001-03-15-000-2025-00058-00 y 11-
001-03-15-000-2024-06283-00.

32. El Tribunal Administrativo del Magdalena y los demás vinculados como
terceros con interés guardaron silencio, pese a que fueron notificados del auto
admisorio de la demanda de tutela14.

13 Samai, índices 17 y 19.
14 Samai, índice 7.

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33. Mediante escritos del 815 y del 1516 de mayo de 2025, el accionante se opuso a
los argumentos expuestos por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez y por Karen
Judith Gutiérrez Garizabalo, insistiendo en la vulneración de sus derechos
fundamentales por no haberse efectuado la comunicación señalada en el numeral 5°
del artículo 277 del CPACA, así como en el cumplimiento del requisito de procedencia
de relevancia constitucional. Sobre este aspecto, reiteró que no busca reabrir el
debate del proceso de nulidad electoral ni acceder a una instancia adicional frente a
él, sino evidenciar una violación de sus derechos fundamentales.

34. El 20 de mayo de 202517, el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, integrante
de esta Subsección, manifestó hallarse incurso en la causal de impedimento prevista
en el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual
explicó que, desde hace ocho años, mantiene una amistad con el consejero Omar
Joaquín Barreto Suárez, producto de la cual conoce a su familia, visita
frecuentemente su domicilio, lo acompaña en «logros e infortunios personales»,
mantiene una «comunicación abierta» con él y le guarda «profundo respeto».
Mediante auto del 28 de mayo de 202518, se declaró fundado el impedimento y, como
consecuencia, quedó separado del conocimiento de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del
Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de
2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Cuestión previa: solicitud de acumulación de procesos de tutela

36. Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el consejero Omar
Joaquín Barreto Suárez solicitó que se estudiara la posibilidad de acumular el
presente proceso con aquellos identificados con los radicados 11001-03-15-000-
2024-06283-00, 11001-03-15-000-2025-00058-00, 11001-03-15-000-2025-00123-00

15 Samai, índice 14.
16 Samai, índices 23 y 24.
17 Samai, índice 25.
18 Samai, índice 33.

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y 11001-03-15-000-2025-01456-00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.2.3.1.3.1 del Decreto 1069 de 2015.

37. Como también se vio, Karen Judith Gutiérrez Garizabalo hizo referencia a tres de
dichos procesos. Además, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado
informó sobre la existencia de todos ellos.

38. Ahora, de la revisión de los expedientes de los procesos aludidos, disponibles en
Samai, se extrae que la causa de sus demandas, en esencia, era igual a la del señor
Navarro Parejo. Sin embargo, esa identidad no puede predicarse del objeto de dichas
demandas y de la que aquí se examina, como se evidencia a continuación:

Número consecutivo
Derechos fundamentales
de proceso asociado Pretensión principal19
invocados
a la demanda
Acceso a la administración
Dejar sin efectos las actuaciones de justicia
2025-02375 de primera y segunda instancia
(objeto de decisión) del proceso de nulidad electoral Debido proceso
47001-2333-000-2023-00293-03.
Participación política

Dejar sin efectos la sentencia de
2024-06283 segunda instancia del proceso Debido proceso
de nulidad electoral aludido20.

Dejar sin efectos del auto de
rechazo de la solicitud de Acceso a la administración
nulidad presentada por el de justicia
2025-00058
abogado Luis Javier Cepeda
Visbal ante la Sección Quinta del Igualdad
Consejo de Estado21.

19 Las pretensiones reseñadas en la tabla se extraen de la lectura conjunta de los argumentos y de las

solicitudes formuladas en las demandas de tutela objeto de comparación, así como de la interpretación
efectuada al respecto en las sentencias de primera instancia correspondientes.
20 Samai, proceso 11001031500020240628300, índices 2 y 53.
21 Samai, proceso 11001031500020250005800, índices 2 y 31.

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Demandante: Alfredo Navarro Parejo

Dejar sin efectos de la sentencia
Debido proceso
de segunda instancia del
2025-00123
proceso de nulidad electoral
Participación política
aludido22.
Debido proceso

Dejar sin efectos de la sentencia Acceso a la administración
de segunda instancia del de justicia
2025-01456
proceso de nulidad electoral
aludido23. Igualdad

Participación política

39. Lo expuesto, en síntesis, demuestra que las demandas de tutela en cuestión se
diferencian por lo menos en un derecho fundamental, así como en el contenido
específico del amparo solicitado a través de ellas.

40. Debido a lo anterior, se consideró que el artículo 2.2.3.1.3.124 del Decreto 1069
de 2015 no era aplicable al asunto y, en consecuencia, continuar con el trámite
correspondiente y resolver la solicitud de amparo del señor Navarro Parejo, como
procederá a hacerlo en los siguientes acápites.

E. Problema jurídico

41. Aunque el señor Navarro Parejo alegó el cumplimiento del requisito de
procedencia de relevancia constitucional y se refirió a un «posible» defecto
procedimental absoluto, su pretensión principal —dejar sin efectos lo actuado en
primera y segunda instancia del proceso de nulidad electoral—, junto con la
afirmación de que no pretende cuestionar las sentencias de las autoridades judiciales
accionadas, evidencian que su acción de tutela no se dirige contra una providencia

22 Samai, proceso 11001031500020250012300, índices 2 y 29.
23 Samai, proceso 11001031500020250145600, índices 2 y 47.

24 En este artículo se estableció lo siguiente:

«Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales,
presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de
competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se
presenten, incluso después del fallo de instancia.»

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judicial. En consecuencia, el análisis de la Sala excluirá cualquier consideración
aplicable a las solicitudes de amparo constitucional de ese tipo.

42. En línea con lo anterior, la Subsección determinará si la acción de tutela del señor
Navarro Parejo es procedente, de conformidad con los requisitos generales
establecidos al respecto. Sólo en caso afirmativo, también resolverá si se omitió
comunicar la existencia del proceso 47001-23-33-000-2023-00293-03 a la comunidad
del municipio de Sitionuevo y, de esa manera, se vulneraron los derechos
fundamentales del accionante.

F. Análisis de la Sala

Improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad

43. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario, motivo por el cual, de
conformidad con el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta
improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que
estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción de un
perjuicio irremediable.

44. Ahora, el señor Navarro Parejo solicitó dejar sin efectos las actuaciones de
primera y segunda instancia del proceso de nulidad electoral 47001-23-33-000-2023-
00293-03, por no haberse efectuado la comunicación señalada en el numeral 5° del
artículo 277 del CPACA. En consecuencia, también solicitó ordenar al Tribunal
Administrativo del Magdalena que proceda de conformidad.

45. Esas pretensiones, materialmente, implican la formulación de una nulidad
respecto del proceso aludido, para la cual existe un mecanismo de defensa judicial
distinto a la acción de tutela: la solicitud directa ante el juez del medio de control de
nulidad electoral, de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 284, 293.5
y 294 del CPACA, aplicables al trámite de ese medio de control.

46. Dicho lo anterior, es importante indicar que, tras revisar el expediente del proceso
47001-23-33-000-2023-00293-03, la Sala identificó que el señor Navarro Parejo ni
siquiera acudió a la Sección Quinta del Consejo de Estado para manifestar su
inconformidad. No lo hizo ni por sí mismo ni por intermedio del abogado Luis Javier
Cepeda Visbal, quien presentó una solicitud de nulidad25 ante dicha Sección en
representación de varios habitantes de Sitionuevo, con sustento en la misma causa

25 Samai, proceso 47001233300020230029303, índice 30.

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alegada en el presente asunto: no haberse realizado la comunicación señalada en el
numeral 5° del artículo 277 del CPACA.

47. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que la solicitud de amparo del señor
Navarro Parejo contraría el carácter subsidiario de la acción de tutela, motivo por el
cual se torna improcedente.

48. Ahora, aquel alegó la necesidad de evitar un perjuicio irremediable de los
derechos fundamentales que invocó, derivado de las sentencias de primera y
segunda instancia del proceso de nulidad electoral.

49. Sobre el particular, es importante señalar que, en la sentencia T-1190 de 200426,
la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable,
debe verificarse lo siguiente:

«(i)[Q]ue sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por
suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que
las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean
urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad»
(Énfasis añadido).

50. El accionante ni siquiera explicó en qué consistiría o cómo se manifestaría el
supuesto perjuicio irremediable de sus derechos. Por consiguiente, a esta Sala le
resulta imposible determinar si dicho perjuicio tiene vocación de concretarse y, por
ende, la entidad suficiente para tornar procedente la acción de tutela, de conformidad
con lo establecido por la Corte Constitucional.

51. Lo anterior, sumado a que el señor Navarro Parejo no alegó ni probó ninguna
circunstancia que evidenciara la falta de idoneidad o de eficacia del planteamiento de
su inconformidad ante el juez de lo contencioso adminsitrativo, a través de una
solicitud de nulidad procesal, corrobora que su acción de tutela es improcedente.

52. Finalmente, se advierte que dicha solicitud no puede ser calificada como ineficaz
o inidónea por la eventual decisión que se adopte sobre ella, la cual podría consistir
en un rechazo, como sucedió con la nulidad propuesta por el abogado Luis Javier
Cepeda Visbal27, mencionada en precedencia. Ello, en tanto la resolución

26 Reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017.
27 Samai, proceso 47001233300020230029303, índice 35.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02375-00
Demandante: Alfredo Navarro Parejo

desfavorable de lo solicitado a través de un mecanismo ordinario de defensa judicial
no implica, por sí sola, la carencia de eficacia o de idoneidad de este, pues tal
condición sólo puede predicarse cuando, debido a circunstancias específicas y
particulares, la acción de tutela constituye el único medio materialmente apto para
lograr una protección oportuna de los derechos de los cuales se trate28.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela de Alfredo Navarro Parejo, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

28 Se resalta que, en la sentencia T-370 de 2022, la Corte Constitucional explicó lo siguiente: «Un

mecanismo judicial es idóneo cuando “es materialmente apto para producir el efecto protector de los
derechos fundamentales” y es eficaz cuando “está diseñado para brindar una protección oportuna a
los derechos amenazados o vulnerados”. Es decir, la idoneidad del mecanismo judicial ordinario implica
que “brinda un remedio integral para la protección de los derechos amenazados o vulnerados”,
mientras que su eficacia supone que dicho mecanismo “es lo suficientemente expedito para atender
dicha situación».

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