RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 11001-03-15-000-2025-00123-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00123-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00123-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 26 Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00 Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00123-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala
Demandada: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y a ii) elegir y ser elegido

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

2

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1.El actor, a través de apoderado1, presentó acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
470012333000202300293-03, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a elegir y ser elegido.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Manifestó que, Karen Judith Gutiérrez Garizabalo presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Alfredo
Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo - Magdalena para el período 2024-2027.

4. El Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de primera instancia
el 10 de julio de 2024, resolviendo negar las pretensiones de la demanda.

5.La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de segunda
instancia de 7 de noviembre de 2024 resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Revócase la sentencia del 10 de julio de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda y,
en su lugar, declárase la nulidad de la elección del señor Alfredo Antonio Navarro
Manga como alcalde de Sitionuevo (Magdalena) para el período 2024-2027,
contenida en el Formulario E-26 ALC del 5 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial del alcalde, la cual se hará
efectiva a la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

1Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado
“3_DemandaWeb_Poder_PODERLAUREANOALTAHON(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.

3

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

CUARTO: Acéptase la revocatoria del poder conferido al señor Julio César Navarro
Manga y, en su lugar, reconócese personería al abogado Fabián Enrique Salazar
Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía 13.746.519 y tarjeta profesional
124.862 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado del
señor Alfredo Antonio Navarro Manga, en los términos del poder aportado al
expediente […]”.

6.La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró lo siguiente:

“[…] En este punto, no cabe duda para la sala que las expresiones realizadas por el
demandado sí constituyen una clara muestra de apoyo hacia el señor Harold
Gutiérrez Parejo como candidato al Concejo Municipal de Sitionuevo (Magdalena).

211. Efectivamente, en la grabación se escucha al señor Navarro Manga decir
textualmente que quiere «promocionar» al señor Gutiérrez Parejo, para lo cual indica
al público el partido al que pertenece y su número en la tarjeta, y posteriormente
invita a los asistentes a que le otorguen su voto en las elecciones territoriales del 29
de octubre de 2023.

212. Por esto, contrario a lo señalado en la sentencia apelada, no se trata de una
simple manifestación de un «mensaje cordial y afectuoso respecto a una persona
de la que está recibiendo el apoyo político como candidato a la alcaldía», sino que
se trata de un acto positivo y concreto con el cual el demandado otorgó su respaldo
a esa candidatura y pidió a la comunidad general que votara por ese ciudadano en
los comicios que se celebrarían el 29 de octubre de 2023.

213. Además, tampoco es cierto que se trate de una reunión «semi-privada»,
pues en los videos bajo análisis se puede observar una gran cantidad de asistentes
al acto de proselitismo.

214. Sumado a ello, el demandado se dirige al público con micrófono e, incluso, la
grabación correspondiente fue publicada en las redes sociales del señor Navarro
Manga y del perfil «Sitionuevo City», lo que desvirtúa cualquier expectativa de
privacidad de la reunión […]”.

[…]

“[…] 216. Así las cosas, como está demostrado que el señor Alfredo Navarro Manga,
en su condición de candidato a la Alcaldía de Sitionuevo (Magdalena) por el partido
Demócrata Colombiano, respaldó a un candidato distinto a los que su colectividad
había avalado al concejo de ese municipio39, durante un evento público realizado
el 23 de agosto de 2023, esto es, en época de campaña electoral, la sala encuentra
acreditados todos los elementos de la prohibición de doble militancia bajo la
modalidad de apoyo […]”.

7.El actor y otros2, obrando mediante apoderado presentaron solicitud de nulidad de
todo lo actuado dentro del respectivo proceso de nulidad electoral por indebida
notificación del auto admisorio de la demanda a la comunidad.

2Amaury Enrique Sánchez Rosales, Rafael Antonio Vergara Torrado, Luis Antonio Camargo Mejía, Jorge
Eliécer Charris Cervantes, Melquisedec Rosales Navarro, Carmen Fonseca Manga, Omar Díaz Gutiérrez,
Alfonso De la Cruz Valera, Alcira María Díaz Ruiz, Eduardo Manga Gastillo, Fanny Luz Suárez Suárez,

4

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

8.La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante providencia de 3 de
diciembre de 2024 resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Recházase por improcedente la solicitud de nulidad presentada por
el señor Luis Javier Cepeda Visbal, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: En firme esta providencia, ingrésese el expediente al despacho para
resolver las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia […]”.

9.La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, se precisa que el artículo 294 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Administrativo regula expresamente las nulidades originadas
en la sentencia dentro del trámite de las pretensiones de contenido electoral.

17. Específicamente, la norma en cuestión es del siguiente tenor:

«ARTÍCULO 294. NULIDADES ORIGINADAS EN LA SENTENCIA. La nulidad
procesal originada en la sentencia únicamente procederá por incompetencia
funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al
demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y
cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de Magistrados al
previsto por la ley.

Mediante auto no susceptible de recurso, el juez o Magistrado Ponente
rechazará de plano por improcedente la solicitud de nulidad contra la
sentencia que se funde en causal distinta de las mencionadas».

18. Según lo transcrito, la nulidad originada en la sentencia en materia electoral,
solamente procede por las cuatro causales allí señaladas, por lo que, en caso
contrario, el magistrado ponente deberá rechazar de plano la solicitud mediante auto
no susceptible de recurso.

19. En este asunto, la solicitud de nulidad elevada por el señor Luis Javier
Cepeda Visbal, en representación de un número considerable de habitantes del
municipio de Sitionuevo, tuvo como fundamento la presunta omisión del Tribunal
Administrativo de Magdalena de informar a la comunidad sobre la existencia de este
proceso de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 277 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

20. No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 294 ibidem, la nulidad
originada en la sentencia por indebida notificación del auto admisorio solo procede
cuando la omisión recaiga respecto del demandado o su representante, caso que
no corresponde al puesto de presente en la solicitud, según el cual la comunicación,
presuntamente, se dejó de hacer a la ciudadanía […]”.

Rosmery Rodríguez Toledo, Luz Dary Rodríguez Samper, Marbiluz de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Elmer
Retamozo Osorio, Laudith Paola Ayala Niebles, Andrés Mauricio Guerrero Fontalvo, Luis Fernando Bolaño
Cervantes, Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez y «cientos de personas más de las comunidades políticas de la
cabecera municipal y corregimientos Palermo y Buenavista del municipio de Sitionuevo.

5

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

10.El actor señaló que contra el auto de 3 de diciembre de 2024 se interpuso
recurso de súplica y solicitudes de adición y aclaración, los cuales fueron decididos
por la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la providencia de 14 de
enero de 2025, disponiendo en su parte resolutiva lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Recházase por improcedente el recurso de súplica interpuesto por
el señor Luis Javier Cepeda Visbal contra el auto del 3 de diciembre de 2024.

SEGUNDO: Deniégase la solicitud de aclaración y adición del auto del 3 de
diciembre de 2024 presentada por el señor Luis Javier Cepeda Visbal.

TERCERO: En firme esta providencia, ingrésese el expediente al despacho para
resolver las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. De acuerdo a lo anteriormente planteado y al acervo probatorio contentivo
en el expediente del proceso que nos ocupa está plenamente demostrado que se
conculcaron derechos fundamentales y conexos a la comunidad del Municipio de
Sitionuevo, Magdalena, por la omisión de notificar o informar en debida forma y tal
como lo establece nuestro ordenamiento jurídico del pluricitado proceso. Por lo que
se solicita se amparen los derechos fundamentales o conexos invocados como
violados y se de las concebidas consecuencias jurídicas como es, la participación
de la comunidad del Municipio de Sitionuevo en el proceso de nulidad electoral
señalado.

2. Que se aperture la oportunidad procesal de vincular a la Comunidad de
Sitionuevo, Magdalena, tal y como se establece en el numeral C, del artículo 277 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Se decrete nulidad procesal de lo actuado a la fecha.

4. Se ordene la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena para
que proceda a dar cumplimiento al trámite legal establecido en el precitado numeral
C, del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

5. Ordenar a las autoridades judiciales abstenerse de resolver cualquier otro recurso
que afecte el precitado proceso hasta tanto no se resuelva el presente recurso. […]”.

6

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Actuación

12.El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de enero de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sección Quinta del
Consejo de Estado; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Tribunal
Administrativo del Magdalena, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a la Procuradora 155 Judicial II Administrativa de Santa
Marta, a Karen Judith Gutiérrez Garizabalo y a Alfredo Navarro Manga,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindiera informe sobre el
particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13.El Tribunal Administrativo del Magdalena adujo que:

“[…] En el presente asunto, de forma palmar se evidencia que la parte demandante
pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para variar el
sentido de decisiones debidamente fundadas utilizando la herramienta de amparo
constitucional como una tercera instancia, cuestionando tópicos que ya fueron
dilucidados por la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado […]”.

14.La Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que:

“[…] Ahora bien, de la lectura del escrito de tutela, es evidente que se trata de una
reiteración de los argumentos planteados en distintas ocasiones a lo largo del
proceso, y que ya fueron enunciados en precedencia.

En efecto, la solicitud de amparo tiene por objeto que se declare la nulidad de todo
lo actuado en el medio de control de nulidad electoral, por la presunta omisión en
comunicar su existencia a la comunidad de Sitionuevo (Magdalena).
Por lo mismo, es claro que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
en la medida en que la acción de tutela busca reabrir un debate que ya fue resuelto
al resolver la solicitud de nulidad, así como las peticiones de aclaración y adición
respectivas.

En este caso, lo que se evidencia es el desacuerdo del accionante con la decisión
que resultó contraria a sus intereses, lo cual no es suficiente para que se anule todo
lo actuado en el medio de control […]”.

15.Alfredo Antonio Navarro Manga manifestó que:

“[…] Resulta incomprensible, inconstitucional y antijurídico que la administración de
justicia desarrolle una causa de nulidad electoral en contra de una autoridad elegida

7

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

democráticamente a espaldas de la comunidad que ciertamente lo eligió y manifestó
esa voluntad en las urnas.

Debe ser la administración de justicia la encargada de determinar en qué grado los
derechos que alega la comunidad de Sitionuevo, Magdalena le fueron violados; y a
partir de ahí establecer la solución jurídica para corregir los efectos generados por la
violación del sagrado numeral 5 del artículo 277 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA, en donde el legislador
dispone la participación comunitaria dentro de este tipo de procesos, en aras de que
cualquier ciudadano con interés, intervenga impugnando o coadyuvando la demanda,
o defendiendo el acto demandado […]”.

16.El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

17. Luis Alfonso Gutiérrez Gutiérrez expresó que:

“[…] Mi poderdante, se vincula a la presente actuación constitucional animado por
el propósito de sostener la tesis de que, la comentada omisión de aplicar el artículo
277-5 del CPACA, vulneró los derechos fundamentales de la comunidad política de
Sitionuevo, especialmente el debido proceso -en sus garantías de publicidad,
defensa, contradicción, impugnación y aportación de pruebas-, el derecho de acceso
a la administración de justicia y el derecho a la igualdad, tal como lo sugirió el
acccionante.

16.- La referida omisión no fue tratada de fondo en el proceso electoral, pues, al
hacer presencia la comunidad en dicho proceso luego de proferida la sentencia de
segunda instancia cuya ejecutoria se encontraba interrumpida por la solicitud de
aclaración y adición, el ponente rechazó de plano la pretensión de saneamiento
introducida con el propósito de corregir la irregularidad y retornar la actuación al
momento de la notificación del auto admisorio de la demanda, al considerar que,
dicha omisión, no configuraba una nulidad originada en la sentencia.

17.- La postura del ponente, quizá, tenga legitimación en las formas, pero no en lo
sustantivo, pues, en opinión del suscrito, ese llamado a la comunidad política que
ordena el artículo 277-5 del CPACA opera en función del principio de publicidad,
pues, el propósito del legislador, en atención a la naturaleza pública del medio de
control nulidad electoral, fue el de que, dicha comunidad, participara
democráticamente en el proceso electoral para defender o impugnar el acto de
elección cuestionado […]”.

18. La Procuradora 155 Judicial II Administrativa de Santa Marta y Karen Judith
Gutiérrez Garizabalo guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

8

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

19.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

20.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

21.La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.

22.Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

9

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

23.De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[7]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

10

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

24.La Sala advierte que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

25. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque al proferir la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, vulneró sus derechos fundamentales indicados supra, en
donde se evidencia que al interior del proceso de nulidad electoral identificado con
el núm. de radicación 470012333000202300293-03, el Consejo Nacional Electoral
y la Registraduría Nacional del Estado Civil intervinieron como terceros con interés.

26.En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil les asiste interés en la decisión de tutela
que se profiera.

27.En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva alegadas.

Problema jurídico

28.Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela,
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

29.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a elegir y ser elegido; v) análisis del caso
concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.

11

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

30.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

31.Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

32.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

33.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

12

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

34.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

35.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

36.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

37.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
13 Ut supra página 6.

13

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela

[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

14

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

38.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado21:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –

[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

15

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

39.En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.

40.La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación

23 Ibidem.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

16

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender

17

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

41.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

42.Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

25 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

18

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a elegir y ser
elegido

43. Visto el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta
excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública […]”. (Resaltado de la Sala)

44. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a elegir
y ser elegido es “[…] un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite
al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a
postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo […]”26; y ha
resaltado que “[…] Bien sea como elector o candidato, deberán observarse las
reglas para acudir a las votaciones y participar en cualquiera de tales calidades,
así como las que el mismo ordenamiento establece para el control administrativo y
judicial de los actos de elección y nombramiento, pues todas ellas, en su conjunto
y no de forma aislada, garantizan la institucionalidad misma y el respeto de los
principios de participación democrática previstos en la Constitución […]”27.

26 Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 9 de abril de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-232 de 9 de abril de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

19

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Análisis del caso concreto

45.El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
470012333000202300293-03, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y a elegir y ser elegido.

46.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

47.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

48.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

48.1. Copia digital del expediente del proceso adelantada en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
470012333000202300293-03.

20

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

49.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente28:

“[…] Por medio del presente escrito presento muy respetuosamente el recurso
jurídico de ACCION DE TUTELA, consagrada en nuestro ordenamiento
constitucional, en su artículo ochenta y seis (86) en contra de la sentencia de la
SECCIÓN QUINTA, DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del
CONSEJO DE ESTADO, del siete (7) de noviembre de 2024, con radicado No.
47001-23-33-000-2023-00293-03, por violación a los derechos fundamentales o
conexos, al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho de contradicción,
derecho a elegir y ser elegido y todo aquel derecho que en el transcurso del presente
recurso se considere vulnerado; a efectos que se tutelen y amparen, con base en
los siguientes: […]”.

[…]

“[…] El problema jurídico que se plantea en el presente escrito, se deriva de la
violación del principio de publicidad e información consagrado en la Constitución
Política y la nula notificación por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena a
la comunidad de Sitionuevo, Magdalena, al momento de notificar a las partes del
auto admisorio de la demanda de nulidad electoral en primera instancia del señor
alcalde Alfredo Antonio Navarro Manga tal y como lo establecen las normas y leyes
acordes a la notificación, publicidad e información de demandas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código
General del Proceso; error que no fue subsanado ni corregido en segunda instancia
por la sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.

Esto, género que se desarrollara el proceso de nulidad electoral del señor alcalde
Alfredo Antonio Navarro Manga en sus dos instancias, a espaldas de la comunidad
que lo eligió y quien se vería directamente afectada con la nulidad electoral y sin la
participación de la misma como sujeto procesal, suprimiéndole además sus
derechos de contradicción e impugnación por falta de notificación.

Las leyes y normativas al respecto, en especial el artículo doscientos setenta y siete
(277), que relaciona el “Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de
practicar su notificación” en su numeral C, del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifiesta lo siguiente:

c) El aviso deberá señalar su fecha y la de la providencia que se notifica, el nombre
del demandante y del demandado, y la naturaleza del proceso, advirtiendo que la
notificación se considerará surtida en el término de cinco (5) días contados a partir
del día siguiente al de su publicación.

28 Transcripción literal del texto.

21

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

Igualmente, en el aviso de publicación se informará a la comunidad de la
existencia del proceso, para que cualquier ciudadano con interés, dentro del
mismo término anterior, intervenga impugnando o coadyuvando la demanda,
o defendiendo el acto demandado.

La copia de la página del periódico en donde aparezca el aviso se agregará al
expediente. Igualmente, copia del aviso se remitirá, por correo certificado, a la
dirección indicada en la demanda como sitio de notificación del demandado y
a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo que se dejará
constancia en el expediente. (Negrillas resaltadas por este autor).

Aludiendo al precitado artículo, en el mismo se traslada por parte del legislador que
expidió la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), la carga procesal de dar aviso a la comunidad del auto
admisorio de la demanda le corresponde al Tribunal Administrativo del Magdalena
y al DEMANDANTE quienes deberán hacerlo mediante sitio web de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo o, en su defecto, a través de otros medios eficaces
de comunicación, tales como radio o televisión institucional, teniendo en cuenta el
alcance o ámbito de aplicación del acto de elección demandado y/o publicaciones
en prensa.

Siendo así las cosas se evidencia que existió un doble error por parte de la
administración de justicia, en este caso en principio por el Tribunal Administrativo
del Magdalena en primera instancia y posteriormente por la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, afectando
perjudicialmente el curso de la demanda, al evitar notificar a la comunidad con el
conocido desenlace de que esta por desconocimiento de la misma no pudo ser
sujeto procesal, tal y como establece la ley. Lo que inclusive podría dar al traste con
una demanda de reparación directa por falla en la administración de justicia.

Posteriormente en el mismo artículo, numeral 5 manifiesta:

“5. Que se informe a la comunidad la existencia del proceso a través del sitio web
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o, en su defecto, a través de
otros medios eficaces de comunicación, tales como radio o televisión institucional,
teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto de elección
demandado”.

Sin lugar a equívocos, la precitada norma tiene por espíritu y finalidad manifiesta,
aperturar la oportunidad procesal a la comunidad representada por adultos mayores
de edad, ciudadanos colombianos en ejercicio, que mediante elecciones
democráticas previamente realizadas votó por uno u otro candidato, se vinculen
como explícitamente expresa la norma interviniendo impugnando o coadyuvando la
demanda, o defendiendo el acto demandado.

Así las cosas, esta oportunidad procesal que plantea la norma de permitir que la
comunidad se involucre impugnando, coadyuvando o defendiendo el acto
demandado, se convierte en oportunidad para la comunidad de si así es su deseo y
voluntad, ser sujeto procesal dentro del desarrollo de la controversia jurídica
establecida en la demanda de nulidad electoral.

Surge como directriz principal de la presente controversia jurídica, la violación de
una ley que otorga oportunidad procesal a la comunidad de Sitionuevo, Magdalena,
de involucrarse activamente en la demanda de nulidad electoral interpuesta en
contra del elegido alcalde Alfredo Antonio Navarro Manga y sienta un peligroso
precedente de evitar la participación activa de las comunidades en este tipo de
procesos sin ningún tipo de consecuencias.

22

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

De esta forma, se le estaría violando el debido proceso, el derecho a la legítima
defensa y al aporte de pruebas ya sea para coadyuvar la demanda o defendiendo
el acto demandado a la comunidad que ha expresado su interés de participar en el
desarrollo del proceso jurídico tardíamente por un vicio procedimental generado por
ausencia de notificación de admisión de la demanda en primera instancia ante
Tribunal Administrativo del Magdalena […]”.

[…]

“[…] A la comunidad de Sitionuevo, Magdalena, le fue violado su sagrado derecho
a ser notificado dentro una demanda de nulidad electoral contra el alcalde elegido
por voto popular y se evitó mediante este error que la misma fuese sujeto procesal
dentro de la precitada demanda; inicialmente por Tribunal Administrativo del
Magdalena en el auto admisorio de la demanda y posteriormente ante la negativa
del despacho de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado […]”.

[…]

“[…] Al violar el derecho a ser notificada e informada, que derivo en la no
participación de esta comunidad en el proceso de nulidad electoral, del alcalde
elegido democráticamente, pudiese derivar en que el fallo judicial sea incumplible
ya que los efectos jurídicos derivados de su obligatoriedad suponen el previo
conocimiento de dichos sujetos procesales que fueron omitidos (Comunidad de
Sitionuevo) […]”.

50.Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por la
autoridad judicial accionada, y la acción de tutela contra providencia judicial no
constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto por el juez
natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada incurrió en
la vulneración de los derechos fundamentales.

51.Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los derechos
fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de
nulidad electoral y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

52.Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia

23

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente29:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”30, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”31. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

53.De igual manera, sobre el tema, la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación SU-451 de 202432 consideró lo siguiente:

“[…] Por lo expuesto, la Corte Constitucional ha considerado que la tutela
contra providencias del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia,
conlleva un grado de deferencia mayor por parte del juez constitucional, pues
se trata de una decisión proferida por el órgano límite de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo o de la ordinaria y que, en principio, está cobijada
por una garantía de estabilidad mayor que aquellas proferidas por otros
jueces. En consecuencia, cuando la tutela se dirige contra una decisión
expedida por una alta corte, “además de cumplir con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad
contra providencias judiciales, se debe acreditar una irregularidad que
contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que
amerite la intervención urgente del juez de tutela”.33 […]”. (Resaltado por la Sala).

54.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]

29 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
30 Sentencia SU-050 de 2018.
31 Sentencia SU-354 de 2017.

32 M.P. Jorge Enrique Ibañez Najar.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.

24

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.

55.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

56.Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.

57.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca cuestionar
el criterio legal y probatorio de la autoridad judicial accionada, es decir, el actor
acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio jurídico del juez
natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita de competencia
del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega la vulneración de los derechos
fundamentales indicados supra, el criterio de la relevancia constitucional, no se
determina con su mera enunciación, sino mediante la acreditación expresa y
razonable de una presunta amenaza o vulneración del mismo, lo cual no aconteció
en el caso sub examine.

58.Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y a elegir y ser elegido enunciados por el actor, no se evidencian en el caso sub
examine, toda vez que el proceso de nulidad electoral se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y se respetó el derecho
de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una
situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación
del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto
de especial protección constitucional.

25

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

59.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

60.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir
y ser elegido, esa presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente
legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

61.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional
del Estado Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

26

Núm. único de radicación: 1100103150002025-00123-00
Actor: Vidal Antonio Altamar Ayala

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.