Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06350-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06350-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06350-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
Demandados: Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y otro1
Temas: Defecto fáctico/alcance
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Violación directa de la constitución/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) buen
nombre
Derechos Fundamentales Amparados: i) Igualdad y ii) debido proceso
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lilia Clemencia Solano Ramírez
contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio: i) el Tribunal,
al proferir los autos de 22 de agosto de 2024, 24 de septiembre de 2024 y 24 de
octubre de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir los autos de 12 de agosto de 2024, 11 de
septiembre de 2024 y 11 de octubre de 2024, en los incidentes de desacato
adelantados en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único
de radicación 110013335024202400204-01: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] BILBERTHA MALAMBO LUNA, interpuso acción de tutela
en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas por
presunta vulneración del derecho fundamental de petición e igualdad. […]”.
4. Señaló que, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 25 de junio de 2024, declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado y negó el amparo del derecho fundamental a la igualdad.
5. Manifestó que, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 19 de julio de 2024,
resolvió la impugnación presentada por Bilbertha Malambo Luna en los siguientes
términos:
“[…] 1. Revocar la sentencia proferida el 25 de junio de 2024, proferida por el Juzgado
24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y, en su lugar, se dispone:
Primero: Tutélanse los derechos fundamentales al debido proceso y de petición de
Bilbertha Malambo Luna, […].
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Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
Segundo: Ordénase a la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha y
hora en que se le notifique este fallo, resuelva la petición elevada el 17 de mayo de
2024 por Bilbertha Malambo Luna, en el sentido de indicarle el plazo aproximado y el
orden en que, de no ser priorizada, accederá a la indemnización administrativa que le
fue reconocida a través de la Resolución Nº. 04102019-58562 - del 18 de octubre de
2019. Inmediatamente notificará su decisión a la accionante, en los términos
establecidos en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y Contencioso Administrativo. […]”.
6. Adujo que, “[…] La Unidad para las Víctimas mediante memorial radicado el
22 de julio de 2024 indicó el estado actual de la indemnización y la imposibilidad de
señalar un plazo razonable en el cual tendría acceso a esta (sic), toda vez que en
razón a la aplicación del método técnico de priorización no fue favorable la entrega
de los recursos en la vigencia fiscal del año 2023. […]”.
7. Sostuvo que, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 2 de agosto de 2024, dio apertura al incidente de desacato
presentado por Bilbertha Malambo Luna en contra de la UARIV por el
incumplimiento de la sentencia mencionada supra.
8. Expuso que, el Juzgado, mediante auto de 12 de agosto de 2024, resolvió
declarar probados los hechos objeto del incidente de desacato y la sancionó, en
calidad de Directora General de la UARIV; decisión frente a la cual la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto
de 22 de agosto de 2024, en grado jurisdiccional de consulta, resolvió confirmar.
9. Manifestó que, frente a una nueva solicitud de incidente de desacato
promovido por Bilbertha Malambo Luna, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del
Circuito de Bogotá, mediante auto de 11 de septiembre de 2024, resolvió sancionar
a Lilia Clemencia Solano Ramírez, en calidad de Directora General de la UARIV, al
considerar que no se había dado cumplimiento a la sentencia de tutela; decisión frente
a la cual la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 24 de septiembre de 2024, en grado jurisdiccional
de consulta, resolvió confirmar.
10. Advirtió que, “[…] La Unidad para la Víctimas, presentó ante el JUZGADO
VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ –
SECCIÓN SEGUNDA, solicitudes de inaplicación de la sanción y modulación al
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Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
fallo, los días 27 de septiembre de 2024 – 03 de octubre de 2024 – 26 de octubre
de 2024 – 01 de noviembre de 2024, reiterando, que de acuerdo con el acto
administrativo de reconocimiento Resolución No. 04102019-58562 del 18 de
octubre de 2019 y los resultados del método técnico de priorización del año 2023 –
2024, se concluyó que para BILBERTHA MALAMBO LUNA, no era procedente
materializar la entrega de la indemnización, en la respectiva vigencia fiscal
correspondiente al año 2024. […]”.
11. Adujo que, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 2 de octubre de 2024, resolvió “[…] NEGAR la solicitud de
inaplicación de la sanción impuesta a la Directora General de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas, confirmada mediante proveído del 11
de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “D”. […]”.
12. Indicó que, el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá,
mediante auto de 11 de octubre de 2024 resolvió sancionar por tercera ocasión a
Lilia Clemencia Solano Ramírez, en calidad de Directora General de la UARIV, al
considerar que no se había dado cumplimiento a la sentencia de tutela; decisión frente
a la cual la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 24 de octubre de 2024, en grado jurisdiccional de
consulta, resolvió confirmar.
13. Señaló que, la UARIV solicitó nuevamente al Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá la inaplicación de la sanción impuesta a la
Directora General de la entidad por la supuesta imposibilidad de cumplimiento de la
sentencia; sin embargo, el Juzgado, a través de auto de 8 de noviembre de 2024
resolvió “[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta
a la Directora General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas, confirmada mediante proveído del 24 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “D”. […]”.
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Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
La solicitud de tutela
Pretensiones
14. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con fundamento en las razones precedentes, de manera respetuosa solicito a
ustedes, Honorable Magistrados, con fundamento en el Decreto 2591 de 1991, lo
siguiente:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO VEINTICUATRO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN
SEGUNDA, inaplicar las sanciones impuestas a la suscrita, a través de autos
fechados del 12 de agosto de 2024 – 11 de septiembre de 2024 – 11 de octubre de
2024, confirmadas en autos de fechas 22 de agosto de 2024 – 24 de septiembre de
2024 y 24 de octubre de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D, consistente en multa
equivalente a un (01) y tres (3) SMLMV, contra la suscrita.
TERCERO: se ORDENE al JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA, proferir una nueva
decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción presentada
por parte de la Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro
del trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la sentencia SU – 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA, que comunique a la
autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa impuesta en autos del 12
de agosto de 2024 – 11 de septiembre de 2024 – 11 de octubre de 2024, que las
mismas se ha levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del
cumplimiento de la orden judicial de tutela y atendiendo lo dispuesto en la Resolución
No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al caso del Consejo de estado y la
Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO VEINTICUATRO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
D, a que acaten y apliquen los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia
del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o
acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato. […]”.
15. Como fundamento de su solicitud, la actora en su escrito de tutela señaló que
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en i) un defecto fáctico, porque, a
su juicio, “[…] al momento de considerar los escritos emitidos por la Unidad para las
Víctimas, la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y
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Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
el oficio de no favorabilidad de la actora de la acción constitucional de la referencia,
valoró la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa […]”; ii) un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que,
desconocieron “[…] la Sentencia SU- 034 de 2018 de la Corte Constitucional, que
señala expresamente las reglas jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de
primera instancia, modulen el cumplimiento del fallo, en especial los que se
relacionan con el pago de indemnización administrativa. […]”; y iii) en la causal de
violación directa de la constitución, en la medida que, “[…] se evidencia
abiertamente la afectación de los principios constitucionales al debido proceso,
igualdad, seguridad jurídica, confianza legitima en el sistema judicial y buena fe
[…]”.
Actuación
16. El Despacho sustanciador, mediante auto de 27 de noviembre de 2024: i)
admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá; iii) vinculó, como tercero con
interés legítimo, a Bilbertha Malambo Luna, concediéndole el término de tres (3) días
para que rindiera informe sobre el particular; y iv) negó la medida provisional
solicitada por la actora.
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
17. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó negar
la solicitud de tutela, por las siguientes razones:
“[…] 5. Además, debe advertirse que de la revisión del trámite surtido al interior de
los distintos incidentes de desacato a que se hizo referencia, así como de las
respuestas dadas por la UARIV en el curso de los mismos, se encontró que la
accionada continuó argumentando en esencia lo mismo que contestó en la primera
instancia y, por tanto, este despacho no tiene potestad para contrariar o analizar
nuevamente de fondo la decisión del superior bajo las mismas razones que el TAC
estudió en el fallo de tutela de segunda instancia para revocar la sentencia
impugnada que había considerado ajustada a derecho la referida imposibilidad de
dar fecha cierta o aproximada del pago de la indemnización.
6. En ese sentido, es de indicar que, la actuación de este Despacho se ha limitado a
verificar el cumplimiento o no de la sentencia proferida por el 19 de julio de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección “D”,
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por medio de la cual revocó la decisión adoptada por este Despacho el 25 de junio
de 2024.
7. Ahora bien, debe decirse que, las decisiones adoptadas mientras el trámite
incidental ha estado bajo el conocimiento de este Despacho, se adoptaron de
acuerdo al ordenamiento sustancial y procesal vigente para la época de los hechos
y bajo el amparo de la autonomía e independencia judicial, que predican los artículos
228 y 230 de la norma superior y artículo 5 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia.
8. Situación anterior que raya en las afectaciones a los derechos fundamentales que
indica la promotora de esta acción constitucional se transgredieron, como quiera que
todas las actuaciones se han surtido a la luz de la legislación sustancial y procesal
vigente en lo pertinente y dentro de los parámetros fijados para esta clase de
asuntos. Razón por la cual, la presente acción constitucional se debe negar respecto
a este Juzgado. […]”
18. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá allegó copia
digital del proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 110013335024202400204-01, junto con sus respectivos incidentes de
desacato.
19. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y Bilbertha Malambo Luna guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Generalidades de la acción de tutela
21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
22. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir los autos de 22 de agosto de 2024, 24 de septiembre de 2024 y 24 de
octubre de 2024, y el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, al
proferir los autos de 12 de agosto de 2024, 11 de septiembre de 2024 y 11 de octubre
de 2024, en los incidentes de desacato adelantados en el proceso de la acción de
tutela identificado con el número único de radicación 110013335024202400204-01,
incurrieron en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y en la causal de violación directa de la constitución, vulnerando
los derechos fundamentales de la actora al debido proceso, a la igualdad y al buen
nombre.
23. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iv)
análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia en el caso concreto; v) el
defecto fáctico; vi) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial;
vii) la causal de violación directa de la Constitución; viii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; ix) marco
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normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; x)
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al buen
nombre; xi) análisis del caso concreto; y finalmente xii) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
25. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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27. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.
28. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
29. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.
30. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
31. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
7Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato
32. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.°
de octubre de 201510, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.
33. Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela,
la Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:
“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”11.
34. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU –
034 de 3 de mayo de 201812, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió que el
actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales.
35. De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de
subsidiariedad, la tutela sólo podría interponerse contra la decisión que pone fin al
trámite una vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar
otra decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería,
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:
Expediente T-6.017.539.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
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ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como
“[…] la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.
36. Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende, indicó
que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite incidental,
y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en el curso del
desacato.
37. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de
tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial
vulneró el derecho al debido proceso.
38. Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la
modificación de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental
consideró que el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de
tutela, el alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la
tutela primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.
39. En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración de
un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que su
trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no
puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
41. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:
41.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la
actora al debido proceso, a la igualdad y al buen nombre.
41.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
de los derechos fundamentales invocados supra y, además, ii) la actora cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico, en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación
directa de la Constitución.
41.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas procesales13, en el escenario del amparo
contra providencias judiciales, cuando esta próspera se afecta el principio de la cosa
juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada
de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica
13 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
14
Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
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de la actora, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e
irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales14.
41.4. Frente al requisito general de procedencia de inmediatez, la Sala advierte que
la actora presentó la acción de tutela dentro del plazo razonable15.
41.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los derechos
fundamentales invocados16.
41.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
41.7. La actora identificó los hechos y el derecho cuya vulneración alega; y
41.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
42. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad17 por defecto fáctico:
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de
2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
15 La Sala advierte que, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
profirió los autos de 22 de agosto de 2024, 24 de septiembre de 2024 y 24 de octubre de 2024, en tanto que la
acción de tutela se presentó el 20 de noviembre de 2024; razón por la cual, sin que sea necesario determinar la
fecha de notificación de cada providencia, es evidente que la solicitud de amparo se promovió en un plazo
razonable.
16 La Sala precisa que, la procedencia de la acción de tutela contra las providencias proferidas en los trámites
incidentales de desacato está sujeta a que se controvierta la decisión que finaliza el trámite, como en efecto
sucede en el caso objeto de estudio, en el que la actora insiste en la configuración de en un defecto fáctico,
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en la causal de violación directa de la
Constitución en las providencias que resolvieron sancionarla en los incidentes de desacato adelantados en el
proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación 110013335024202400204-01.
17 “En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
15
Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
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“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia18 ha determinado que
se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria
o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las
que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y,
c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas
resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que
las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la
autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”19 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”20[…]“.21
43. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente
allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido
y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
44. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”22.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
19 Corte Constitucional.
20 Ibídem.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
45. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
46. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189623 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200125; C-816 de
201126; C-179 de 201627; y T-102 de 201428.
47. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”29 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
48. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional30, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
23 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
24 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
26 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
27 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
28 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
29 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
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decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
49. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria31, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.
50. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala32, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
51. En efecto, la Sala33 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial34”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
31 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
33 ibídem.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
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52. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
La causal de violación directa de la Constitución
53. En lo que respecta a la causal de violación directa de la Constitución, se
tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se
predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional
o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la
autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y,
por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones
judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una
interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un
caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”35.
54. En ese orden de ideas, la causal de violación directa de la Constitución, se
estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
55. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
35 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
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“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
56. Atendiendo a que, la Corte Constitucional36 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
57. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
36 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
58. Atendiendo a que la Corte Constitucional37 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
buen nombre
59. Visto el inciso primero del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, que establece que:
“[…] Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas […]”.
60. Atendiendo a que la Corte Constitucional38 ha entendido que el derecho al
buen nombre es “[…] un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa
a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una
persona. Este derecho está atado a todos los actos y hechos que una persona
realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real
dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia
muestra como crédito una persona […]”.
37 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 20 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Análisis del caso concreto
61. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, porque, a su juicio: i) el Tribunal,
al proferir los autos de 22 de agosto de 2024, 24 de septiembre de 2024 y 24 de
octubre de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir los autos de 12 de agosto de 2024, 11 de
septiembre de 2024 y 11 de octubre de 2024, en los incidentes de desacato
adelantados en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único
de radicación 110013335024202400204-01: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.
62. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
63. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
64. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
64.1. Copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 110013335024202400204-01, junto con los
incidentes de desacato.
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Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto fáctico
65. La actora señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto fáctico, por las siguientes razones:
“[…] Como también se incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio allegado al proceso, ya que el JUZGADO VEINTICUATRO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, como también el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN D al momento de valorar los escritos emitidos por la Unidad para las
Víctimas, la resolución que resolvió el reconocimiento a la medida indemnizatoria y
el oficio de no favorabilidad de la actora de la acción constitucional de la referencia,
valoró la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da
por no probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, y adicionalmente no
tiene en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas oportunidades en
relación al debido proceso administrativo gestado en la resolución 01049 de 2019,
respecto a cómo es el procedimiento para la entrega de la indemnización
administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad
entre las demás víctimas […]”.
66. Con el fin de determinar si se configura el defecto que adujo la actora, resulta
necesario analizar los fundamentos que condujeron a imponer la sanción por
desacato que se discute en el caso sub examine.
67. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto
de 12 de agosto de 2024, señaló:
“[…] Resalta el Despacho que, en el expediente, no se encuentra acreditado que la
entidad accionada Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a las Victimas –UARIV, haya dado cumplimiento a la orden impartida en la sentencia
de tutela proferida el 19 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección “D”, en concreto resolver la petición
elevada el 17 de mayo de 2024 por la señora Bilbertha Malambo Luna, en el sentido
de indicarle el plazo aproximado y el orden en que, de no ser priorizada, accederá a
la indemnización administrativa que le fue reconocida a través de la Resolución No.
04102019-58562 - del 18 de octubre de 2019. […]”.
68. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de 22 de agosto de
2024, resolvió confirmar la sanción, al considerar que:
“[…] Por lo expuesto, la Sala advierte que, pese a que la orden de tutela fue clara,
hasta la fecha, es decir, más de 1 mes después de proferida la orden, la Directora
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Núm. único de radicación: 110010315000202406350-00
Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no ha dado
cumplimiento a la mentada orden judicial. Además de lo anterior, después de
haber sido proferida la decisión de sanción, con fecha 16 de agosto de 2024, la
jefe de la oficina jurídica de la UARIV solicitó que se declare cumplido el fallo de
tutela o la inaplicación de la sanción argumentando que "el resultado obtenido por
el (la) accionante tras la aplicación del Método Técnico de Priorización en la
vigencia 2024, (...) arrojó un resultado NO FAVORABLE para el desembolso de
los recursos de la medida indemnizatoria. Empero, se reitera, esta información se
confirmará al momento de finalizar el proceso análisis de la información y se dé
inicio a la expedición de los oficios a través de los cuales se informa el resultado,
lo cual se espera ocurra en un término no mayor a 15 días hábiles."
Sin embargo, los argumentos expuestos por la responsable del cumplimiento
del fallo, no cumplen con la orden judicial; por lo tanto, al estar comprometida la
responsabilidad de la autoridad incidentada, esto es de Lilia Clemencia Solano
Ramírez, en su calidad de Directora de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en el incumplimiento de la orden de tutela proferida el 19
de julio de 2024 por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
se confirmará la decisión, sanción de multa de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a Lilia Clemencia Solano Ramírez, en su calidad de Directora de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por haber incurrido en
desacato de la sentencia de tutela proferida el 19 de julio de 2024 […]”.
69. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto
de 11 de septiembre de 2024, señaló:
“[…] Dentro del proceso, no existe justificación en favor de la Directora General de
la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
• UARIV, sobre la imposibilidad de cumplir la orden proferida en el plazo otorgar
en el fallo de tutela. Así las cosas, se observa que existe absoluto desinterés,
negligencia y desidia de la situación que dejan entrever la configuración del
elemento subjetivo […]”.
70. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de 24 de septiembre
de 2024, resolvió confirmar la sanción, al considerar que:
“[…] Para esta Sala de decisión, la orden de tutela no ha sido cumplida por la
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pese
a los 3 requerimientos efectuados por la Juez 24 Administrativo de Bogotá,
mediante autos de fechas 30 de agosto, 3 y 4 de septiembre de 2024, frente a los
cuales la autoridad accionada se pronunció, informando que: "en aras de brindar
respuesta al Despacho Judicial sobre el resultado obtenido por el (la) accionante
tras la aplicación del Método Técnico de Priorización en la vigencia 2024, luego
de realizar una serie de validaciones técnicas a los resultados generados por la
Red Nacional de Información, y bajo la salvedad expuesta en el apartado anterior,
preliminarmente la Unidad informa que la solicitud de indemnización con radicado
45787-205183 arrojó un resultado NO FAVORABLE para el desembolso de los
recursos de la medida indemnizatoria. Empero, se reitera, esta información se
confirmará al momento de finalizar el proceso análisis de la información y se dé
inicio a la expedición de los oficios a través de los cuales se informa el resultado,
lo cual se espera ocurra en un término no mayor a 15 días hábiles"; sin acreditar
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el efectivo cumplimiento de la orden judicial de tutela […]”.
[…]
“[…] Por lo expuesto, la Sala advierte que, pese a que la orden de tutela fue clara,
hasta la fecha, más de 2 meses después de proferida la orden, la Directora de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no ha dado
cumplimiento a la mentada orden judicial. Además de lo anterior, no pasa por alto
esta sala de decisión, que el juzgado de primera instancia, ha requerido en
múltiples oportunidades el cumplimiento al fallo de tutela sin obtener una
respuesta que acredite el cumplimiento, o una prueba que demuestre
las gestiones adelantadas por la autoridad para cumplir la orden judicial; o en su
defecto, una alternativa para cumplir lo ordenado por este Tribunal […]”.
71. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto
de 11 de octubre de 2024, señaló:
“[…] Debe decir el juzgado que, en esencia, es la misma respuesta que se dio
inicialmente a la accionante y que analizó y tuvo en cuenta el Tribunal para revocar
la decisión de este despacho. Lo único que cambia, es que la entidad dice en esta
nueva oportunidad que aplicó el método para la vigencia 2024, mientras que en la
primigenia respuesta lo dijo para el año 2023, pero lo cierto es que no cumplió la
orden de indicarle el plazo aproximado y el orden en que, de no ser priorizada,
accederá a la indemnización administrativa que le fue reconocida a través de
la Resolución Nº. 04102019-58562 - del 18 de octubre de 2019. La entidad se
limitó a repetir que no es procedente dar una fecha exacta o probable para el pago
de la indemnización, pese a que ese argumento no fue aceptado por el Tribunal
en el fallo de tutela de forma expresa y clara, además, esta no es la oportunidad
para debatir nuevamente el asunto que ya cuenta con decisión de fondo
ejecutoriada […]”.
72. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto de 24 de octubre de
2024, resolvió confirmar la sanción, al considerar que:
“[…] Para esta Sala de decisión, la orden de tutela no ha sido cumplida por la
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, pese
a los 3 requerimientos efectuados por la Juez 24 Administrativo de Bogotá,
mediante autos de fechas 25 de septiembre, 2 y 8 de octubre de 2024, frente a los
cuales la autoridad accionada se pronunció, informando que: "Teniendo en cuenta
que en el presente caso de la accionante no fue posible realizar la entrega de la
medida de indemnización en la vigencia 2024 la Unidad procederá a aplicarle al
accionante el Método Técnico de Priorización en el año de 2025, aclarando que,
en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será acumulado para la
siguiente, cuyo resultado le será notificado personalmente a la accionante una vez
se expidan los oficios de resultados tras la aplicación que se realizara en el
transcurso del año 2025. Y que: "Por lo anterior, surge para la Entidad la
imposibilidad de dar fecha y cierta y/o pagar la indemnización administrativa, toda
vez que debe ser respetado el procedimiento establecido en la Resolución 1049
de 2019 y del debido proceso administrativo"; sin acreditar el efectivo
cumplimiento de la orden judicial de tutela […]”.
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73. De conformidad con las consideraciones expuestas por esta Sección39 en
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares al de la actora, la Sala advierte
que para resolver el caso sub examine es preciso hacer mención del derecho de las
víctimas a ser reparadas integralmente y los límites constitucionales previstos para
la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.
74. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 201340 se
refirió a los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral y, en
esa medida, analizó la reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado,
conforme a la sentencia T-025 de 200441, en la cual se declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población desplazada.
75. En relación con la indemnización administrativa, la mencionada sentencia
concluyó que, por regla general, la acción de tutela no tenía una naturaleza
indemnizatoria, pero resulta procedente para otorgar protección a la población
víctima de desplazamiento en condición de extrema vulnerabilidad.
76. Al examinar la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 201142
y en los Decretos 4634 de 9 de diciembre de 201143 y 4635 de 9 de diciembre de
201144, la Corte, en la sentencia C-753 de 201345, sostuvo que la misión institucional
del sistema de reparación precisaba de la capacidad suficiente para responder a las
exigencias relacionadas con la reparación a las víctimas, lo que exige contar con la
disponibilidad de recursos para que la política de reparación sea viable en el tiempo
y para todo el universo de víctimas. De este modo, la citada sentencia i) resaltó que
es importante que las medidas de atención se acojan a los principios de continuidad
y progresividad, pero sin que el derecho a la reparación esté supeditado a la
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de
2023, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-04754-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
40 Corte Constitucional, sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
41 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
42 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones.
43 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas
pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.
44 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
45 Corte Constitucional, sentencia C-753 de 30 de octubre de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
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sostenibilidad fiscal; y ii) agregó que, dada la necesidad de que la política de
reparación sea viable y proporcional al número de víctimas y al daño sufrido por
ellas, es menester considerar mecanismos para que el sistema esté
adecuadamente financiado, o, de lo contrario, no cumpliría el propósito para el que
fue diseñado ni tendría ninguna eficacia en términos de justicia material.
77. En ese orden, la sentencia de la referencia concluyó que las disposiciones
normativas que establecen plazos y límites en términos del presupuesto nacional
no suponían una extralimitación del principio de responsabilidad fiscal, en
detrimento del derecho de las víctimas a la indemnización, por cuanto dicho principio
“[…] es un criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del
Estado que no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales […]”.
78. Es decir que, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos
de priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley para
la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto
del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad. En efecto, así lo
ha reiterado en los distintos Autos de Seguimiento a la sentencia T-025 de 200446,
entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces de la República a
que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de reconocimiento de
indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el número de tutelas
que desbordaban la capacidad de la entidad competente para atenderla.
79. Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 201847, en la que se
estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos
de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa, sentencia
que será analizada por la Sala al abordar el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente, planteado por la actora.
80. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del
derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de
46 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en
consideración las medidas adoptadas por el Ejecutivo con la finalidad de indemnizar
al universo de víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.
81. Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las
víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas expidió la
Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019, “Por la cual se adopta el procedimiento
para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el método
técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018,
y se dictan otras disposiciones”, en la cual estableció las fases del procedimiento
para acceder a dicha prestación y creó el método técnico de priorización para su
desembolso. Este último consiste en:
“[…] Artículo 16. El método de priorización es un proceso técnico que
determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirección de
Reparación Individual para determinar la priorización anual del desembolso
de la indemnización administrativa […]”.
82. El artículo 17 de la Resolución mencionada supra indica que el método se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago. El citado texto reza:
“[…] Artículo 17. El método tiene como objetivo generar unas listas ordinales
que indicarán la priorización para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación
de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados
en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de
Gasto de Mediano Plazo del Sector […]”. (Resaltado por la Sala).
83. En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que en múltiples ocasiones la
UARIV manifestó al Juzgado que no desconoció los derechos de Bilbertha Malambo
Luna, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de una indemnización
administrativa mediante la Resolución núm. 04102019-58562 de 18 de octubre de
2019, sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento administrativo
señalado en la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, a la Unidad para la
Víctimas le era imposible otorgar una fecha de pago, para lo cual era necesario
esperar a que la entidad procediera a la aplicación del método de priorización que
solo tiene lugar anualmente.
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84. En escrito dirigido al Juzgado el 27 de septiembre de 2024, la UARIV solicitó
inaplicar la decisión contenida en los autos de 12 de agosto de 2024 y 11 de
septiembre de 2024, para lo cual expuso lo siguiente:
“[…] Téngase en cuenta que, para los actos administrativos emitidos en los
años 2019, 2020 y 2021, 2022, 2023 (sin acreditación de situaciones de
vulnerabilidad manifiesta y con oficio de no favorabilidad) y 2024, el Método
Técnico de Priorización se aplicará en el transcurso del año 2025, la Unidad
para las Víctimas informará su resultado con posterioridad. Ahora bien, si
conforme a los resultados de la aplicación del Método no resulta viable el
acceso a la medida de indemnización en 2024, la Unidad le informará las
razones por las cuales no fue priorizado y la necesidad de aplicar nuevamente
el Método para el año siguiente.
En ese orden de ideas, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método Técnico
de Priorización, con el propósito de determinar el orden de entrega de la
indemnización a las víctimas de manera proporcional a los recursos
presupuestales asignados en el año 2023; así las cosas, conforme el
resultado obtenido se concluye que NO es procedente materializar la entrega
de la medida de indemnización reconocida a lo(s) integrante(s) relacionado(s)
en la solicitud con radicado 45787-205183, por el hecho victimizante de
Desplazamiento Forzado.
Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables
demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño, y el avance en
su proceso de reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la
aplicación del Método Técnico respecto del universo de víctimas aplicadas; y
(iii) la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad.
Teniendo en cuenta que en el presente caso de la accionante no fue posible
realizar la entrega de la medida de indemnización en la vigencia 2024 la
Unidad procederá a aplicarle al accionante el Método Técnico de Priorización
en el año de 2025, aclarando que, en ningún caso, el resultado obtenido en
una vigencia será acumulado para la siguiente, cuyo resultado le será
notificado personalmente a la accionante una vez se expidan los oficios de
resultados tras la aplicación que se realizara en el transcurso del año 2025.
[…]”.
85. La petición fue reiterada en escrito de 3 de octubre de 2024, en los siguientes
términos:
“[…] La Subdirección de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas
emitió la Resolución No. 04102019-58562 del 18 de octubre de 2019, por la
cual se reconoce el derecho a recibir la indemnización administrativa a la
accionante, una vez cumplidos los requisitos contenidos en la fase de solicitud
y la cual es de conocimiento de la accionante toda vez que le fue notificada
en su debido momento.
Respecto a la aplicación del método técnico, la accionante fue incluida en el
mismo, por cuanto no se acreditó una situación de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución
1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, esto es: i) tener más
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de 68 años de edad, o, ii) tener enfermedad huérfana, de tipo ruinoso,
catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y
Protección Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios,
condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de
Salud […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha y cierta
y/o pagar la indemnización administrativa, toda vez que debe ser respetado
el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del debido
proceso administrativo. […]”.
86. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la UARIV explicó
detenidamente las medidas que adoptó para darle cumplimiento a la sentencia de
tutela y el método que dispuso esa entidad, en cumplimiento a lo ordenado por la
Corte Constitucional, para asignar los turnos de pago. En relación con la fecha
exacta de pago, que las autoridades judiciales accionadas le reprocharon a lo largo
del trámite incidental, la entidad expuso que la misma se obtendría a partir de la
aplicación del método de priorización, el cual corresponde a un proceso técnico que
determina los criterios para proceder al desembolso, proceso que se aplica de
manera global y anualmente a todas las víctimas.
87. En efecto, tal como lo advirtió la UARIV en sus informes rendidos en los
incidentes de desacato y en los escritos de solicitud de levantamiento de la sanción,
la entidad procedió a aplicar el método de priorización, previsto en la Resolución
01049 de 2009, a la señora Bilbertha Malambo Luna, resultado del cual no fue
posible realizar el desembolso de la medida de indemnización, por falta de
disponibilidad presupuestal. No obstante, en el mismo comunicado se indicó que la
Unidad procederá a aplicarle el método cada año hasta que de acuerdo con el
resultado, sea priorizado para el desembolso de su indemnización administrativa.
88. En ese orden de ideas, para la Sala, una apreciación de las pruebas
aportadas al trámite incidental, de cara a la situación de la entidad, hubiese
permitido arribar a la conclusión de que, en el caso particular, no se configuró el
elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la multa por desacato
a la actora, toda vez que aunque la UARIV no pudo señalar una fecha exacta para
el desembolso de la indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en
acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste a
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la señora Bilbertha Malambo Luna, sino a la complejidad del trámite que aquí se ha
expuesto.
89. En ese orden, es indiscutible que la situación de la señora Bilbertha Malambo
Luna había sido suficientemente contextualizada y detallada a lo largo del proceso,
a través de sendos escritos de oposición al trámite incidental y de solicitud de
levantamiento de la sanción, que fueron presentados por la UARIV una y otra vez,
de manera que tal evidencia no puede ser desconocida en perjuicio de los derechos
fundamentales de la actora.
90. En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribaron las
autoridades judiciales accionadas, lo que se evidencia es una actividad constante
de parte de la UARIV de lograr persuadir al juez de tutela de abstenerse de aplicar
una sanción y valorar las gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un
incumplimiento deliberado de la sentencia.
91. En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribó el juzgado, lo
que se evidencia es una actividad constante de parte de la UARIV de lograr
persuadir al juez de tutela de abstenerse de aplicar una sanción y valorar las
gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un incumplimiento deliberado
de la sentencia de tutela, por lo que dicha autoridad judicial accionada incurrió en
un defecto fáctico.
Análisis de la posible configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial
92. La actora en su escrito de tutela señaló que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que su decisión se apartó de lo establecido en la
sentencia SU-034 de 201848 que, a su juicio, le era aplicable al caso bajo estudio,
toda vez que, “[…] señala expresamente las reglas jurisprudenciales, para que los
jueces de tutela de primera instancia, module el cumplimiento del fallo, en especial
los que se relacionan con el pago de indemnización administrativa. […]”.
48 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
93. Al respecto, de conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para la
aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la
procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que
esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y,
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente 49.
Sentencia de SU-034 de 201850
94. La Corte Constitucional revisó la acción de tutela que presentó Paula Gaviria
Betancur, en calidad de Directora General de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contra el Juzgado Civil del Circuito
de Los Patios (Norte de Santander) y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, al considerar que sus derechos fundamentales habían sido
vulnerados con las decisiones de negar el levantamiento de unas sanciones que le
habían sido impuestas durante el trámite de unos incidentes de desacato.
95. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional amparó los derechos
fundamentales a la libertad y al debido proceso de la actora, al considerar que las
autoridades judiciales accionadas habían desconocido la finalidad del incidente de
desacato, a saber, conminar al obligado a cumplir la orden de tutela y no castigar
con una sanción:
“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si
bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada51; de
suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma52, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención
49 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
50 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
51 Cita del texto original: “Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio
González Cuervo”.
52 Cita del texto original: “Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.:
Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio
Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo”.
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cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella,
la reivindicación de los derechos quebrantados53.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción:
“[L]a imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar
la sentencia.
“En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar
ser sancionado acatando.” […]”. (Subraya del texto original)
96. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la Corte Constitucional
ha considerado que la finalidad o propósito del incidente de desacato no es
sancionar a quien incumple la sentencia de tutela, sino el cumplimiento mismo de la
orden que el juez constitucional dispuso para el caso concreto.
97. La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del incidente de
desacato no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe
considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva
sentencia. Por tanto, pese a que el incidente de desacato puede concluir con la
imposición de una sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en
alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo.
98. Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de 2003,
indicó:
“[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede implicar que al
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso
de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha
desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá
acatar la sentencia.
En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por
desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando […]”. (Negrillas de la Sala)
99. La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte
53 Cita del texto original: “Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional
en la sentencia C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz”
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Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-512-11, T-010-12,
T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la Corte sostuvo:
“[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de
vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si
bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición
de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es
lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada54; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de
la sanción en sí misma55, sino que ésta debe entenderse como una forma para
inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida
de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados56.
En consecuencia, cuando en el curso del incidente de desacato el accionado se
persuade a cumplir la orden de tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de
la sanción.
(…)
Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con
argumentos como que las mismas se encontraban en firme y que el desacato
es un dispositivo para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a que el propósito
perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio para garantizar
el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]»57. (Negrillas de la Sala)
100. Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de 201558, se
refirió a la finalidad del incidente de desacato en los siguientes términos:
“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada mediante el auto de
11 de julio de 2013, dictado en el expediente núm. 2012-00364, para, en su lugar,
retomar el criterio Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr el cumplimiento
efectivo del fallo que ampara los derechos fundamentales, como claramente lo
ha dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ello, por cuanto no
existe razón alguna que justifique mantener una sanción por desacato contra quien
ha sido persuadido por la misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con posterioridad a la
resolución del Grado Jurisdiccional de Consulta […]”. (negrillas se destaca)
54 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
55 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra
Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo,
56 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092
de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
57 Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre
de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García González.
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101. Así las cosas, cuando se dé cumplimiento íntegro a la orden impartida por
el juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto carece de objeto,
aunque haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.
De la sanción por desacato y la jurisprudencia de la Corte
102. La sentencia de la Corte que la actora invoca como desconocida indicó:
«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por la accionante,
la Sala constata que la jurisprudencia constitucional ha avalado de
manera reiterada la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización administrativa
por los hechos sufridos en el contexto del conflicto, con miras a viabilizar
la adecuada reparación integral de las víctimas conforme a los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad.
En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[59] esta Corte ha reconocido
que la salvaguarda de los derechos de que son titulares las víctimas,
específicamente en su faceta de acceso a la indemnización por vía
administrativa, está vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una
efectiva ejecución de la política de reparación integral, la cual está sujeta a
una regulación que, para avanzar en el sentido de ser plenamente operativa,
incluye, entre otras cosas, la debida identificación y caracterización de las
víctimas –en lo cual ellas toman parte activa–, la incorporación de un enfoque
diferencial en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la apropiada
distribución de los recursos reservados por el Estado para tal fin, atendiendo
al particular estado de vulnerabilidad de los destinatarios de tales medidas.
Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –como ocurre
con el creciente recurso a la acción de tutela para obtener una orden de pago
directa e inmediata al margen de los turnos– genera efectos adversos para el
correcto funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se cuentan
la afectación del derecho a la igualdad de otras víctimas que aguardan por
ser indemnizadas y el paralelismo de actuaciones que duplica la tarea de las
autoridades encargadas y auspicia el bloqueo institucional[60].
Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para la Sala es claro
que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el Juez Civil del
Circuito de Los Patios y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta asumieran una postura omnicomprensiva del contexto
–estado de cosas inconstitucional en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado– y tomaran en consideración los informes
rendidos por la UARIV (incluso aquellos allegados con posterioridad a
la imposición de las sanciones por desacato en cada uno de los
[59] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz
Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-
130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-293 de
2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica Méndez, T-112 de 2015,
M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-863 de 2014, M.P.: Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-640 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[60] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.
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expedientes), para reconocer la imposibilidad de efectuar los pagos en
el escaso plazo concedido en las sentencias, valorar las gestiones
adelantadas por la entidad para satisfacer las órdenes de tutela y
descartar así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los fallos
de tutela que dispusieron el pago de las indemnizaciones administrativas.
(…)
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad con el propósito
de dar cumplimiento a las órdenes de tutela, pone de manifiesto el
prudente acatamiento a las reglas legales y jurisprudenciales que
imponen al Estado la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto –así no se
concretara el pago inmediato de la indemnización administrativa–,
habida cuenta de que en ningún momento se cuestionó el derecho que
les asistía a los tres peticionarios a reclamar la medida de reparación a
que se alude, los tiempos inicialmente previstos para su entrega en dos de
los casos no se aprecian desproporcionados atendiendo a la masividad de
solicitudes, y en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la imposibilidad jurídica
de pagar la indemnización sin haber previamente identificado y caracterizado
el hogar del peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de acción
adoptada por la UARIV (consistente en la asignación de un turno para la
entrega efectiva de la indemnización) está inserta en una estructura
general de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a víctimas de
desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de la Sala).
103. En la sentencia transcrita, la Corte examinaba si las decisiones de los jueces
constitucionales de denegar el levantamiento de la sanción por desacato a las
órdenes de reconocimiento de indemnización a las víctimas, estuvieron ajustadas
a derecho y concluyó que una lectura ponderada del contexto de la situación no
habría sido indiferente al hecho de que la obligación de reparar integralmente a las
víctimas del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo constitucional
que incluye el agotamiento de un procedimiento y la aplicación de unos criterios de
priorización, así como al respeto por unos principios de rango superior -
especialmente- el derecho a la igualdad de que son titulares todas las personas
que aspiran a acceder a la indemnización administrativa.
104. Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que el
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá no acogió las pautas
que la jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de aplicación de criterios
de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley dentro del
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esquema para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos
sufridos en el contexto del conflicto armado.
105. Es preciso traer a colación la providencia de 16 de julio de 2020, en la que
esta Sala, en un caso de similares presupuestos, indicó:
“[…] La Sala observa que con la expedición de la Resolución núm. 04102019-
27405 de 25 de julio de 2019, en efecto, la UARIV dio cumplimiento a la orden
contenida en la sentencia de tutela de 19 de octubre de 2018, consistente en
iniciar los trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa a favor del actor.
Cabe señalar que la mencionada resolución reconoció el derecho a la medida
de indemnización administrativa solicitada por el accionante, para lo cual
dispuso:
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de HOMICIDIO de
la señora LUDIVIA NARVÁEZ ÁLVAREZ, quien se identificó con cédula de
ciudadanía Nº 57291529, conforme a las razones expuestas en el presente
acto administrativo, a los siguientes beneficiarios:
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar el Método Técnico de Priorización, con
el fin de determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de
la medida de indemnización administrativa, de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, de conformidad con
las razones señaladas en el presente acto administrativo, a las siguientes
personas:
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el período de que dispone la Unidad
para las Víctimas para hacer efectivo el pago de la medida en razón al
resultado de la aplicación del Método Técnico de Priorización.
ARTÍCULO CUARTO. La entrega de la medida de indemnización
administrativa queda condicionada a que, en el momento del desembolso,
el estado en el Registro Único de Víctimas sea de inclusión […]”.
De la lectura de la citada resolución se advierte que, además de otorgarle al
actor la medida de indemnización administrativa solicitada, dispuso la
aplicación del método técnico de priorización con el fin de ubicar el orden
de asignación de turno para el desembolso, trámite establecido para el
efecto.
Así las cosas, al verificar la sentencia de tutela que se alega desatendida, la
Sala encuentra que en efecto la UARIV dio cumplimiento a la misma al iniciar
los trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa del actor.
(…)
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En el caso bajo examen, no podía ser de otra manera, por cuanto sabido es
que para el pago de tales indemnizaciones las entidades del estado tienen
procedimientos y turnos que deben observarse, pues de lo contrario se
vulneraría el derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás
están a la espera de tales desembolsos.
Precisamente, en la resolución a través de la cual se le reconoció al actor la
indemnización en comento fue clara en señalar que el turno para el pago de la
misma se sometería al Método Técnico de Priorización, procedimiento con
el que cuenta la entidad para establecer el turno de los respectivos
desembolsos por dicho concepto.
En efecto, a través de la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otros,
adoptó “el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por
vía administrativa”, para lo cual creó el método técnico de priorización, en aras
de darle un trato prioritario a aquellas víctimas que estén enfrentando una
situación de vulnerabilidad debido a factores como la edad y la discapacidad
que les impide darse su propio sustento, valoración que le corresponde efectuar
a la UARIV, con fundamento en la información que reposa en dicha entidad, al
momento de asignar los turnos para el desembolso de la indemnización. De ahí
que el Despacho Judicial accionado haya exhortado y no ordenado a la entidad
dicho desembolso, en la providencia objeto de tutela, como al parecer lo
entendió el actor […]»61. (Resaltado fuera del texto original).
106. Sumado a lo anterior, en un asunto con similar situación fáctica a la
presente, la Sala62 amparó los derechos fundamentales de los allí actores al no
haberse accedido a la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato en
razón a la imposibilidad jurídica de darse fecha o plazo para el pago de la
indemnización administrativa reconocida.
107. Es por esta razón que la Sala estima que la decisión de no levantar la
sanción impuesta a la actora configuró un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial sobre los criterios de priorización que deben tener en cuenta
los jueces constitucionales en los casos en que se ordena a la UARIV el
reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas.
108. En ese orden de ideas, la Sala considera que se desconoció la ratio decidendi
establecida en dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, el
61 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de julio
de 2020, número único de radicación 20001-23-33-000-2020-00031-01 (AC), CP NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.
62 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
febrero de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP NUBIA MARGOTH PEÑA
GARZÓN.
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caso de la actora se subsume dentro de la regla jurisprudencial que para tal efecto
estableció la Corte Constitucional.
109. En lo que respecta a la causal de violación directa de la Constitución, la Sala
advierte que, de conformidad con lo expuesto por la actora, esta no se configura, en
la medida en que la afectación invocada no se deriva de una interpretación legal
inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por
parte de la autoridad judicial.
110. En ese sentido, la Sala i) concederá el amparo de los derechos
fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad, por encontrarse
configurados los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial;
ii) se dejará sin efectos los autos de 22 de agosto de 2024, 24 de septiembre de
2024 y 24 de octubre de 2024, proferidos por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y los autos de 12 de agosto
de 2024, 11 de septiembre de 2024 y 11 de octubre de 2024, proferidos por el
Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro de los
incidentes de desacato adelantados en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 110013335024202400204-01 y,
111. Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que continúe
aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se
establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización
administrativa reconocida a la señora Bilbertha Malambo Luna por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm. 04102019-
58562 de 18 de octubre de 2019, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia
de tutela de 19 de julio de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se logre la reparación
integral a las víctimas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
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Conclusiones de la Sala
112. En suma, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales de
la actora al debido proceso y a la igualdad, por encontrarse configurados los
defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, invocados por Lilia Clemencia Solano Ramírez, los cuales fueron
vulnerados por las autoridades accionadas y, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS los autos de 22 de agosto de 2024, 24 de septiembre de 2024 y 24 de
octubre de 2024, proferidos por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y los autos de 12 de agosto de 2024, 11 de
septiembre de 2024 y 11 de octubre de 2024, proferidos por el Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro de los incidentes de desacato
adelantados en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único
de radicación 110013335024202400204-01, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INSTAR a la Dirección Técnica de Reparaciones de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas –
UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización
con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la
indemnización administrativa reconocida a la señora Bilbertha Malambo Luna por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm.
04102019-58562 de 18 de octubre de 2019, con el objeto de dar cumplimiento a la
sentencia de tutela de 19 de julio de 2024, proferida por la Subsección D de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se logre la
reparación integral a las víctimas.
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Actora: Lilia Clemencia Solano Ramírez
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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