Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06353-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06353-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de febrero de 2025
Demandante: Mario Valencia Correa
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06353-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06353-01
Demandante: MARIO VALENCIA CORREA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 13 diciembre de 2024 por el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección A. En esa providencia se declaró
improcedente la solicitud de amparo por no superar los requisitos de inmediatez
y relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Mario Valencia Correa, actuando a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social en pensiones, igualdad, mínimo vital, debido
proceso y dignidad humana.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
proferida el 19 de marzo de 2020, dictada por la autoridad judicial accionada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-
000-2015-00010-00/01. En dicha decisión se revocó el fallo de primer grado que
accedió a las pretensiones del medio de control, tras considerar que las
pensiones de invalidez y jubilación son incompatibles porque se trata de
prestaciones ordinarias que provienen de la misma causa y que se encuentran a
cargo de la misma entidad.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora parte actora solicitó lo siguiente:
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Demandante: Mario Valencia Correa
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
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PRIMERO: que se TUTELEN los derechos fundamentales del Señor MARIO
VALENCIA CORREA a la seguridad social, igualdad, mínimo vital, debido
proceso y dignidad humana, vulnerados por los yerros encontrados en la
providencia del Honorable Consejo de Estado – SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CONSEJO DE ESTADO, M.P. Dr RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS,
dentro del proceso radicado bajo el No. 66001233300020150001001 (422-2016),
del 19 de marzo de 2020, en el caso de MARIO VALENCIA CORREA contra la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y Municipio de Pereira.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se REVOQUE la sentencia
del Honorable Consejo de Estado – SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO,
M.P. Dr RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, dentro del proceso radicado
bajo el No. 66001233300020150001001 (422-2016), del 19 de marzo de 2020,
en el caso de MARIO VALENCIA CORREA contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio
de Pereira.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al Honorable
Consejo de Estado – Sección Tercera, proferir una nueva sentencia en que se
tomen en cuenta las consideraciones expuestas en esta demanda.1
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. En 1979, el señor Valencia Correa se vinculó laboralmente como docente
oficial en el Magisterio de Risaralda, donde trabajó de forma continua por más de
20 años. Simultáneamente, solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de
invalidez de origen profesional; pensión que le fue reconocida en 1980.
6. Al cumplir los 55 años, el señor Valencia Correa le solicitó al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento de la pensión
de vejez. Sin embargo, mediante la Resolución No. 392 del 20 de agosto de 2013,
la Secretaría de Educación de Pereira negó la solicitud al considerar que no es
posible recibir más de una asignación que provenga del tesoro público.
7. Por lo anterior, el accionante interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad del
acto administrativo que decidió desfavorablemente el reconocimiento de la
prestación social.
8. Al proceso se le asignó el radicado 66001-23-33-000-2015-00010-00/01 y
le fue repartido al Tribunal Administrativo de Risaralda. Esa autoridad judicial,
mediante providencia del 18 de abril de 2016, accedió a las pretensiones de la
demanda debido a que los dos beneficios prestacionales son diferentes en su
1 Transcripción literal de la tutela con posibles errores.
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origen y fuentes de financiación.
9. Contra la anterior decisión el Ministerio de Educación Nacional interpuso
recurso de apelación, mecanismo que fue resuelto por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, en sentencia del 19 de marzo 2020. En ese
fallo se revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, se negaron las
pretensiones de la demanda. Para fundamentar su postura, sostuvo que por
mandato constitucional esta prohibido recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público.
10. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso extraordinario de
revisión con fundamento en la numeral quinto del artículo 250 del C.P.A.C.A2 por
considerar que no fue vinculada la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) como litisconsorte necesario. Dicho mecanismo lo conoció la Sala
Dieciocho Especial de Decisión, y mediante providencia del 5 de junio de 2024,
declaró infundado el recurso.3
1.4. Sustento de la vulneración
11. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en
un defecto sustantivo. A su juicio, las normas aplicadas en la sentencia
cuestionada contradicen lo dispuesto en la Constitución Política frente al principio
de progresividad y prohibición de regresividad.
12. En ese sentido, sostuvo que, si bien el artículo 31 del Decreto 3135 de
1968 establece la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de
vejez, lo cierto es que el Consejo de Estado tenía el deber de advertir una clara
contradicción entre las normas aplicables al caso en concreto y las de rango
constitucional.
13. Por otra parte, indicó que en la providencia reprochada se incurrió en una
decisión sin motivación, ya que, a pesar de que cuenta con fundamentos
jurídicos, dichas pautas no fueron adecuadas al caso en concreto, pues
quebrantan abiertamente principios laborales.
14. Finalmente, refirió que desconoció pronunciamientos de la misma
corporación en los que se podía concluir que la pensión por invalidez y vejez son
compatibles. Además, citó extractos de las sentencias en los que se señaló que
«no es acertada la decisión de la administración relativa a la negativa del derecho
pensional reclamado, fundada en la incompatibilidad pensional, máxime si, como
en el presente asunto, la pensión reconocida por el ISS es de resultado de
aportes privados con anterioridad a la entrada en videncia de la Ley 100 de
1993».
2ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son cusales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apleación.
3 Proceso con radicado 11001-03-15-000-2020-03866-00.
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1.5. Trámite de la tutela
15. Por medio del auto del 25 de noviembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela. En consecuencia,
ordenó notificar como entidad accionada al Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A. Además, vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Risaralda, a la Sala Dieciocho Especial de Decisión del
Consejo de Estado, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al municipio de Pereira.
1.6. Intervenciones
1.6.1 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
16. El magistrado ponente de la decisión rindió informe en el que indicó que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez,
ya que la sentencia reprochada fue notificada el 19 de junio de 2020 y la solicitud
de amparo se radicó el 20 de noviembre de 2024.
17. Por lo tanto, sostuvo que el actor superó el término de los 6 meses que fue
fijado como plazo suficiente para el ejercicio oportuno del amparo tutelar contra
providencia judicial, en la sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala
Plena del Consejo de Estado.
1.6.2. Fiduprevisora
18. La directora de Gestión judicial indicó que el presente mecanismo
constitucional es improcedente porque la autoridad judicial accionada actuó
conforme a la ley. Asimismo, refirió que no fueron desconocidos los precedentes
relacionados con el tema objeto de la demanda.
1.6.3. Alcaldía de Pereira
19. La apoderada judicial de la entidad refirió que la acción de tutela no es el
mecanismo adecuado para pretender la satisfacción del derecho reclamado por
el actor. Esto, debido a que el presente trámite no puede convertirse en una
tercera instancia para analizar el asunto objeto de debate.
20. Finalmente, señaló que la providencia cuestionada mediante esta vía fue
proferida de conformidad con las normas vigentes y aplicables al caso. Por lo
tanto, refirió que resulta evidente que el actor pretende reabrir un debate
meramente legal y con efectos estrictamente económicos que ya fue definido por
las instancias judiciales correspondientes.
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1.7. Sentencia de primera instancia
21. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo
constitucional de la referencia, tras considerar que no superó los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional.
22. Para fundamentar su decisión, indicó que la providencia reprochada fue
notificada el 19 junio de 2020 y la acción de tutela se radicó el 20 de noviembre
de 2024, es decir, superó el lapso de los 6 meses contados a partir de la
ejecutoria del fallo. En ese sentido, precisó que el recurso extraordinario de
revisión no tiene efecto suspensivo, y además, sus argumentos difieren del objeto
de la presente tutela. Por lo anterior, sostuvo que el término de la inmediatez
debe contarse desde la ejecutoria de la sentencia.
23. Por otra parte, consideró que tampoco se superó el requisito de relevancia
constitucional, ya que el escrito tutelar carece de argumentación para demostrar
la transgresión a los derechos fundamentales alegados.
1.8. Impugnación
24. La parte actora indicó que cumplió con el requisito de la inmediatez porque
«los términos de resolución vía contencioso administrativa de las decisiones del
medio de control son del resorte del juez natural y solo hasta el momento en que
se han proferido las decisiones y han quedado ejecutoriadas se ha procedido
consecuentemente con el debido proceso y así, con el agotamiento de cada una
de las instancias y recursos ordinarios y extraordinarios que le son dables u
oponibles por la vía judicial».
25. Frente al requisito de la relevancia constitucional, sostuvo que el juez de
primera instancia arribó a esa conclusión «sin el mínimo análisis constitucional
acerca de los requisitos de la acción de tutela contra providencias judiciales». En
ese sentido, señaló que dicho requisito quedó demostrado cuando en aplicación
al artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, se contraria el principio de progresividad
y prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y
culturales.
1.9. Manifestación de impedimento
26. La doctora Gloria María Gómez Montoya mediante escrito presentado el
12 de febrero de 2024 manifestó estar impedida para conocer de la acción
constitucional del asunto, debido a que suscribió la providencia del 5 de junio de
2024, mediante la cual la Sala Dieciocho Especial de Decisión de esta
corporación declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado
por el actor.
27. Al respecto, la Sala por auto del 13 de febrero de 2024 declaró infundada
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la causal, por no haberse acreditado que se encontraba comprometida su
imparcialidad para conocer del asunto, debido a que el recurso presentado por
un actor es un proceso diferente al reprochado mediante esta vía.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 14 de diciembre
de 2024 por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Lo anterior,
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala considera que el señor Mario Valencia Correa está legitimado en
la causa por activa porque constituyó la parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se
reprocha a través de este instrumento constitucional.
31. Por otro lado, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
está legitimado en la causa por pasiva por haber dictado la sentencia cuestionada
mediante esta acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora y el
material probatorio recaudado; el problema jurídico a resolver en el caso concreto
es el siguiente:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
34. ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones, igualdad, mínimo
vital, debido proceso y dignidad humana del accionante con ocasión de la
providencia proferida el 19 de marzo de 2020?
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35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
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38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
42. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional10.
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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43. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
44. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
45. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
46. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
47. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
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acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.
2.6. Estudio del requisito de la relevancia constitucional en el caso concreto
48. La Sala advierte que, en aras de garantizar el acceso administración de
justicia de accionante, el término de los 6 meses para interponer la acción de
tutela contra providencias judiciales será contado a partir de la ejecutoria del auto
del del 5 de junio de 2024 proferido por la Sala Dieciocho Especial de Decisión
que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto.
49. Por lo tanto, en vista de que superó el requisito general de la inmediatez,
el objeto de estudio del caso se centrará en analizar la presente acción de tutela
reviste o no de relevancia constitucional, de conformidad con los criterios antes
planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta
corporación.
50. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona la providencia del 19 de marzo de 2020 proferida por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A. En el citado fallo se revocó la
decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones del medio de control
al concluir que la pensión de invalidez y de jubilación son excluyentes entre sí ya
que provienen de una misma causa y se encuentran a cargo de la misma entidad.
51. A juicio de la parte tutelante, en la providencia reprochada se incurrió en
un defecto sustantivo y decisión sin motivación. Su reparo recae en que en el
fallo reprochado se desconocieron normas de rango constitucional,
concretamente las que contemplan el principio de progresividad y prohibición de
regresividad.
52. Asimismo, puso de presente que autoridad judicial accionada desconoció
pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado en los que era
posible concluir que dichos emolumentos son compatibles entre sí. Al respecto,
citó diversos extractos de las sentencias señaladas que contienen un análisis de
normativo del asunto en cuestión.
53. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo pretendido por
la parte actora es que se reabra el debate ordinario y constituir una tercera
instancia. Esto, en razón a que los argumentos planteados en la acción de tutela,
y que giran en torno a un presunto defecto sustantivo, decisión sin motivación y
desconocimiento del precedente son una reiteración de los argumentos
expuestos en el proceso ordinario.
54. Esto, debido a que, contrario a lo afirmado por el accionante, la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado hizo un análisis normativo y
jurisprudencial mediante el cual le puso de presente a la parte demandante que,
de conformidad con las leyes vigentes, ningún afiliado podrá recibir
simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez. En ese orden, señaló que el
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interesado tiene la posibilidad de optar por la pensión que le resulte más favorable
económicamente.
55. Por lo anterior, se pone de presente que, contrario a lo expuesto en el
escrito de impugnación por la parte actora, formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento revista
necesariamente relevancia constitucional.
56. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad
con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
57. Por otro lado, si bien el accionante puso de presente diversas sentencias
que consideró desconocidas en las que se estudió la compatibilidad de la pensión
por invalidez y la de jubilación, lo cierto es que no precisó la regla aplicable ni
demostró que esos casos y el de él son idénticos o similares y, por lo tanto, deba
ser fallado su proceso en el mismo sentido.
58. No sobra agregar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica,
cosa juzgada y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos
generales de procedibilidad. En específico, cuando se pretenden cuestionar por
esta vía las providencias de los jueces naturales de la causa, y en especial las
decisiones de las altas cortes.
59. Así las cosas, la sala confirmará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de diciembre de 2024 proferida el
Consejo de Estado –Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la presente acción de tutela, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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