Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06377-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
9 de diciembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Demandante: JOSÉ ANTONIO RAMOS ARRIETA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE NIEGA EL AMPARO.
Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales con la
providencia que negó las pretensiones de la demanda. La Sala negará el amparó invocado
pues tal como se mencionó en el proceso ordinario las actuaciones sí fueron notificadas.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Antonio Ramos Arrieta
en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Barranquilla para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, mínimo vital, dignidad humana, trabajo y seguridad
jurídica consagrados en los artículos 11, 29 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 24 de noviembre de
2023 y 11 de septiembre de 2023 proferidas por dichas autoridades judiciales,
respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación no. 08001-33-33-004-2021-00265-00/01/02/03.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
2
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
1) El 16 de octubre de 2014, los señores Julio, Jorge y Luciano de los Reyes Ahumada
presentaron queja ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro en la que manifestaron ser propietarios del
predio denominado “Los leones o el bajo cura” y que su hermano -el señor José de los
Reyes Ahumada- solicitó la corrección del certificado como unico propietario
excluyendo a los propietarios Julio, Jorge y Luciano de los Reyes Ahumada
2) En proceso disciplinario adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno de
la Superintendencia de Notariado y Registro, identificado con el Expediente No. 3653-
14, en Auto de 27 de octubre de 2014, se ordenó la vinculación del hoy tutelante José
Antonio Ramos Arrieta en su condición de Registrador Seccional de Instrumentos
Públicos de Sabanalarga (Atlántico).
3) Por lo anterior, en auto de investigación disciplinaria de 6 de mayo de 2016 se ordenó
abrir investigación al señor José Antonio Ramos Arrieta y, posteriormente, en
providencia de 29 de abril de 2021 se declaró disciplinariamente responsable al señor
José Antonio Ramos Arrieta y se le sancionó con una inhabilidad general.
4) Tras considerar haber sido mal notificado, presentó acción de tutela que
correspondió al Juzgado Primero Promiscuo de Sabanalarga, quien mediante
sentencia de 8 de junio de 2021 declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso
disciplinario 3653-2014, a partir del auto que formuló pliego de cargos del 17 de marzo
de 2021 por indebida notificación y ordenó a la entidad accionada notificar al señor
José Antonio Ramos Arrieta el auto del 17 de marzo de 20211.
5) En cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, el jefe de la Oficina de
Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro en auto de
15 de junio de 2021 declaró la nulidad de la actuación realizada a partir del auto del 17
de marzo de 2021 y ordenó la notificación al señor José Antonio Ramos Arrieta.
6) De igual forma, presentó recurso de impugnación en contra de la sentencia de tutela
de primera instancia, la cual en sentencia de 12 de julio de 2021 fue revocada por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
1
Proceso con radicación no. 08-638-31-89-001-2021-00120-00
3
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
7) El 19 de julio de 2021, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Supernotariado
profirió el auto de revocatoria directa, pues, en su criterio, la sentencia de tutela de
segunda instancia dejó en firme el fallo disciplinario de primera instancia.
8) El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
auto de 19 de julio de 2021 tras considerar que existía nulidad en el proceso
disciplinario 3653-2014, no era viable la revocatoria directa y en auto de 15 de junio de
2021 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y
Registro ya había declarado la nulidad de lo actuado.
8) Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Circuito Judicial de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda tras
considerar que el acto acusado fue expedido en cumplimiento de la orden de tutela del
12 de julio de 2021, el cual dejó en firme el fallo disciplinario.
9) Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación en el que
argumentó que, contrario a lo mencionado por el a quo, en la parte resolutiva de la
sentencia de tutela del 12 de julio de 2021 no se profirió ninguna orden de condena con
destino a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Superintendencia de Notariado
y Registro; de igual manera, reiteró que el fallo disciplinario estaba viciado de nulidad
por indebida notificación.
10) En sentencia de 24 de noviembre de 2023, notificada el 14 de agosto de 2024, el
Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la sentencia de primera instancia tras
considerar que la sentencia de tutela de 12 de julio de 2021 conllevó indefectiblemente
a la firmeza del fallo sancionatorio de destitución e inhabilidad.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte demandante reprochó las sentencias de 11 de septiembre de 2023 y 24 de
noviembre de 2023 proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico porque, en su criterio, incurrieron
en un desconocimiento del precedente.
El actor manifestó que se desconocieron las sentencias C-029 de 10 de febrero de
2021 de la Corte Constitucional, el concepto del 4 de abril de 2017 de la Sala de
4
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, exp.11001-03-06-000-2016-00210-
00(2316) y la sentencia STC 13993-2019 de 11 de octubre de 2019 de la Corte
Suprema de Justicia, pues, el fallo disciplinario no fue notificado de conformidad con
los criterios establecidos en dichas sentencias, en tanto que la notificación de los actos
administrativos es una garantía mínima que tiene en su condición de defendido, la cual
debe estar acompañada de la constancia de recibido por parte del destinatario.
3. Pretensiones.
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“2.1. Solicito a su señoría conceda el amparo a los derechos fundamentales
al mínimo vital, dignidad humana, derecho al trabajo y seguridad jurídica de
que es titular el señor JOSE ANTONIO RAMOS ARRIETA, vulnerados por
las sentencias proferidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico y Juzgado 4° Administrativo Oral de Barranquilla, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicación: 08001-33-33-004-2021-00265-00.
2.2. En consecuencia, muy respetuosamente requiero que se revoquen en su
integridad las sentencias antes referenciadas, y en su lugar se ordene al
Juzgado 4° Administrativo Oral de Barranquilla, profiera una providencia de
reemplazo en la que se decrete la Nulidad de todo lo actuado a partir de la
notificación del fallo de primera instancia, incluido dicha actuación, proferido
en el proceso disciplinario N°. 3653-14 adelantado por la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro respecto
del suscrito..”. (mayúsculas y subrayas del original - archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal.
Mediante auto de 25 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela, se notificó
al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Atlántico y al
titular del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, deigual forma se vinculó
al director o quien haga sus veces de Oficina de Control Disciplinario Interno de la
Superintendencia de Notariado y Registro, entregándoles copia de la demanda y los
anexos.
5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, toda vez que no se incurrió en ninguna causal
5
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
específica de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, sino que, por
el contrario, el actor pretende convertir la acción constitucional en una tercera instancia.
El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla presentó un escrito sucinto de
los hechos de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Atlántico y al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla con
el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes
6
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 24 de
noviembre y 11 de septiembre de 2023.
3. Análisis de los requisitos generales de procedencia
Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro de
conformidad; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez2; iii) no se atacó una
sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante,
en tanto lo que se reprocha es que el tribunal demandado en segunda instancia
desconoció un precedente de esta Corporación vinculante al caso y valoró de manera
insuficiente las pruebas.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
solicitado por las siguientes razones:
4. Caracterización del desconocimiento del precedente
El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al
caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia 3”.
En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico
y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que,
en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar,
la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras
2
La providencia cuestionada fue notificada el 14 de agosto de 2024 por estado y tutela se presentó el
25 de noviembre siguiente.
3
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las
decisiones judiciales.
No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 4 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las
órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones
o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta
o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios para
la resolución del asunto.
Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior;
y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean
semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente5”.
Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una
regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:
4
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
5
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior
a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto
de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan
del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los
principios de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y
en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.
Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en
los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.
(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.
(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo,
lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están
llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor
manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de
protección, pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el
apartamiento del precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de
argumentación”.
5. Análisis del desconocimiento del precedente jurisprudencial en el caso
concreto
1) En el presente caso, el actor alegó que las providencias cuestionadas desconocieron
los precedentes jurisprudenciales contenidos en i) la sentencia C-029 de 10 de febrero
de 2021 de la Corte Constitucional y ii) el concepto del 4 de abril de 2017 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, exp.11001-03-06-000-2016-00210-
9
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
00(2316) y la sentencia STC 13993-2019 de 11 de octubre de 2019 de la Corte
Suprema de Justicia, según las cuales la notificación supone una mínima garantía, y
esta debe estar acompañada de la constancia de envío de notificación y recepción de
la información.
2) No obstante, la Sala considera que la autoridad judicial sí observó lo allí dispuesto,
pues, a pesar de que no examinó puntual y exactamente esas providencias, lo cierto
es que citó la sentencia del 4 de mayo de 2023 con radicación no 68001-23-33-000-
2018-00362-01 del Consejo de Estado, en la cual se advirtió que el artículo 91 de la
Ley 734 de 2002 estableció que la citación se debe realizar a la dirección registrada en
el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida, así como la
sentencia C-242 del 9 de julio de 2020 proferida por Corte Constitucional que establece
como directriz principal el uso de los medios electrónicos con el fin de poner en
conocimiento de los interesados las actuaciones, el cual solo se entenderá realizado
cuando exista certificación de que las mismas fueron conocidas por el administrado.
3) En dichas sentencias analizadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se declaró, en los mismos términos que aquellas invocadas por la parte actora,
que la notificación supone una garantía y debe estar acompañada de la constancia de
envío de notificación y de la recepción de la información.
4) Sin embargo, como lo aclaró la autoridad judicial accionada, cada una de las
actuaciones surtidas en el proceso no. 33653-2014 fueron notificadas con apego a lo
reglado en la Ley 734 de 2002, pues, la entidad demandada soportó la entrega de cada
una de las comunicaciones enviadas al demandante y que, por consiguiente, certifican
que tuvo acceso a dicha información, en los siguientes terminos:
“De esta manera, procede el Juzgado a determinar si la demandada
Superintendencia de Notariado y Registro dio cumplimiento a lo consagrado
en la Ley 734 de 2002 respecto a las notificaciones de las decisiones
disciplinarias adoptadas en el expediente No. 3653-2014, seguido en contra
del accionante, para lo cual, se apoyará en el siguiente cuadro:
ACTUACIÓN FECHA DE
DISCIPLINARIA NOTIFICACIÓN
Auto calendado 27 de Se comprueba que fue
octubre de 2014: vincula al notificado personalmente el
proceso de indagación 27 de octubre de 2014
preliminar al demandante (folio 55 documento digital
(folio 53 - 54 No. 17).
documento digital No. 17).
10
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
Auto adiado 16 de mayo de De conformidad con lo
2016: dio apertura a la dispuesto en el artículo
investigación disciplinaria 107 de la Ley 734 de
seguida en contra del actor 2002, de resultar
(folio 116 - 121 documento imposible la notificación
digital No. 17). personal del auto de
apertura, procede la
notificación por edicto.
Revisada la actuación, se
observa que la entidad
demandada libró citación
para
diligencia de notificación
personal a través de Oficio
OCDI No. 1103 del 16 de
mayo de 2016, radicado
SNR2016EE015892 (folio
124 documento digital No.
17).
Seguidamente, se avizora
Guía No.
RN573901715CO de la
Red de Servicio Postal 4-
72, que certifica que el
Oficio OCDI No. 1103 del
16 de mayo de 2016,
radicado
SNR2016EE015892, fue
entregado al demandante
en fecha 23 de mayo de
2016 (folio 140 documento
digital No. 17).
Se comprueba notificación
por edicto No. 23, fijado el
17 de junio de 2016 (folio
137
– 139 documento digital
No. 17).
Auto del 26 de febrero de Notificado personalmente por
2021: declaró el cierre de mensaje de datos del 1° de
la etapa de investigación marzo de 2021, 04:21
disciplinaria en el proceso p.m. al correo
3653-2014 (folio 223 – electrónico
225 documento digital No. jose.ramos@supernotariad
17). o.gov.co (folio
220 documento digital No.
17).
Se comprueba la entrega
del mensaje según
constancia del 5 de marzo
de 2021, 02:32 p.m. al
correo electrónico
jose.ramos31@hotmail.com
(folio 221
documento digital No. 17).
11
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
Auto del 17 de marzo de Notificado personalmente por
2021: formulación de mensaje de datos del 17 de
pliego de cargos contra el marzo de 2021, 11:57
actor (folio 229 – 245 y a.m. al correo
folio 314 – 330 electrónico
documento digital No. jose.ramos31@hotmail.co
17). m (folio 227
documento digital No. 17)
Se comprueba la entrega
del mensaje en marzo 17
de 2021, 11:57 a.m. al
correo electrónico
jose.ramos31@hotmail.co
m (folio 226 documento
digital No. 17).
Auto del 8 de abril de 2021: Notificado personalmente
corre traslado para alegar por mensaje de datos del 8
de conclusión (folio 246 – de abril de 2021, 02:25
247 documento digital No. p.m. al correo electrónico
17). jose.ramos31@hotmail.co
m (folio 248 documento
digital No. 17)
Se comprueba la entrega
del mensaje en abril 8 de
2021, 02:25 p.m. al correo
electrónico
jose.ramos31@hotmail.co
m
(folio 249 documento digital
No. 17).
Resolución no. 03752 del Notificado personalmente
29 de abril de por mensaje de
2021: fallo disciplinario de datos del 29 de abril de
primera instancia (folio 252 2021, 12:57 p.m. al correo
– 267 documento electrónico
digital No. 17). jose.ramos31@hotmail.co
m (folio 250 documento
digital No. 17).
Se comprueba la entrega
del mensaje en abril 29 de
2021, 07:51 p.m. al correo
electrónico
jose.ramos31@hotmail.co
m
(folio 251 documento digital
No. 17).
12
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
Auto del 10 de mayo de Notificado personalmente por
2021: aclaración del fallo mensaje de datos del 10 de
sancionatorio (folio 270 – mayo de 2021, 04:03
275 documento digital No. p.m. al correo
17). electrónico
jose.ramos31@hotmail.co
m (folio 277
documento digital No. 17).
Constancia de notificación
personal de mayo 10 de
2021 al correo electrónico
jose.ramos31@hotmail.co
m (folio 276 documento
digital No. 17).
Como se detalló, aparece certificado en el expediente disciplinario que cada
una de las actuaciones surtidas en el proceso No. 33653-2014 fueron
notificadas con apego a lo reglado en la Ley 734 de 2002. Del mismo modo,
la entidad demandada soportó la entrega de cada una de las comunicaciones
enviadas al demandante y que, por consiguiente, certifican que tuvo acceso
a dicha información.” (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI)
6) En esos términos y dado que las entidades accionadas en ejercicio de los principios
de autonomía e independencia judicial analizaron el asunto con base en la
jurisprudencia aplicable y concluyeron que las actuaciones surtidas en el proceso
disciplinario fueron debidamente notificadas y se acompañaron de las respectivas
constancias de recibido, la Sala negará el amparo pretendido porque no se desconoció
el precedente, sino que, lejos de ello, precisamente con base y fundamento en lo dicho
en los referidos precedente se negaron las súplicas de la demanda, sin que el actor
haya demostrado sus afirmaciones dirigidas a probar que no conoció de tales
actuaciones.
7) El actor se limitó a señalar como desatendidos los lineamientos expuestos en tales
precedentes, sin demostrar que efectivamente no haya podido conocer las actuaciones
del proceso disciplinario, a pesar de que la accionada expresamente indicó que sí
conoció cada una de las actuaciones surtidas en el proceso con radicación No. 33653-
2014, en la medida que se soportó la entrega de todas las comunicaciones que se le
enviaron, de modo que estas fueron notificadas con apego a lo reglado en la Ley 734
de 2002.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06377-00
Actor: José Antonio Ramos Arrieta
Acción de tutela
8) Por consiguiente, para la Sala es claro que en este caso no se demostró la alegada
vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, razón por lo cual se
negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Niégase la acción de tutela presentada por el señor José Antonio Ramos Arrieta,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.