Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06387-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06387-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06387-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06387-00
Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Debido proceso / Impulso procesal para proferir sentencia en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Lubian Andrés Vanegas Osorio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Lubian Andrés Vanegas Osorio promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de la mora en que ha podido
incurrir para emitir sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
66001233300020160075301.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Escuela Superior de Administración
Pública, con el fin de cuestionar la legalidad del acto administrativo por medio
del cual se le negó el reconocimiento de un vínculo laboral.
ii) El expediente se encuentra al despacho para fallo desde el 1 de diciembre
de 2022, para resolver sobre el recurso de apelación.
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06387-00
Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
iii) La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la falta de impulso procesal en el referido proceso, debido a que han
pasado más de tres años desde la última actuación, sin que se hubiera proferido
sentencia de segunda instancia, pese a los múltiples requerimientos elevados.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] PRIMERO. – Se proteja el derecho fundamental de mi representado al debido
proceso, igualdad ante la ley, acceso a la administración de justicia pronta y célere, entre
los demás derechos que resulten vulnerados.
SEGUNDO. – Se ordene a la accionada que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela, imparta tramite a las actuaciones
procesales siguientes, tal como aquella en la que se debe dictar sentencia de segunda
instancia, a fin de salvaguardar los derechos fundamentales invocados […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Escuela Superior de Administración Pública2 solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, no es la entidad competente
para impulsar el proceso judicial producto de la mora alegada, por lo que tampoco
tendría la posibilidad real de afectar los derechos fundamentales del demandante.
1.2.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A3 solicitó que se
declarara improcedente la tutela o, en su defecto, se negara la petición de amparo,
toda vez que los argumentos expuestos por el demandante no tienen la entidad
suficiente para dar lugar a la declaratoria de mora judicial, pues, lo cierto es que
desde que el proceso se radicó ante ese despacho para conocer del recurso de
apelación, se han surtido diferentes actuaciones que evidencian un trámite continuo
y diligente.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir, ii) cuestión previa – falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) determinación del problema jurídico, iv)
procedencia de la solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de
justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
2 Ver índice 8 de Samai. Archivo denominado «8_MemorialWeb_Respuesta-
1INFORMEdetutela(.pdf) NroActua 8»
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Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «16RECIBEMEMORIAL_06387_ContestaTutela(.pdf)
NroActua 10»
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Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 7 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 20214, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Cuestión previa – falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales
cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de
lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción
se tendrá por ejercida contra el superior.
La Corte Constitucional5 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en los
trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de
la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental6. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”7, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios,
por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez
constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia
que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución,
fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la
Carta Fundamental.”8 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente
formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la
protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien
es demandado. […]»
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela.
5 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
7 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
La Escuela Superior de Administración Pública alegó su falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que no es la entidad competente para impulsar el
proceso judicial.
Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercera con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso
contencioso en cuestión y en aras de garantizarles su derecho de defensa y
contradicción, por lo que se negará su solicitud.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales de Lubian Andrés Vanegas Osorio, con
ocasión de la mora judicial en que ha podido incurrir para proferir sentencia en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado en contra de
la Escuela Superior de Administración Pública, identificado con el radicado
66001233300020160075301?
2.4. Procedencia de la solicitud de tutela
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia9, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas
El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado10, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
9 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
10 Artículo 2 de la Constitución Política
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instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.
Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.
Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional11:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha
sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del
Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma
parte del núcleo esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico
de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en
el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden
jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho
a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de
las partes, como el debido proceso.
Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
11 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06387-00
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La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio
cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia
quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso
judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido
el de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia
en procura de una solución pacífica a las controversias sociales.
Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.
En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.
Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.
2.5. Análisis de la Sala
Lubian Andrés Vanegas Osorio acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A proferir sentencia de segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 66001233300020160075301.
De conformidad con la información registrada en Samai12, se destacan las
siguientes actuaciones:
• El proceso fue radicado al despacho por reparto el 1 de diciembre 2021.
12 Visible en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 66001233300020160075301.
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Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
• El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en providencia del 10 de
marzo de 2022 admitió el recurso de apelación interpuesto por la Escuela Superior
de Administración Pública, contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda.
• En providencia del 22 de septiembre de 2022 corrió traslado a las partes por 10
días, para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.
• El 30 de noviembre de 2022 ingresó el expediente al despacho para fallo.
A juicio de la Sala, sin desconocer el tiempo que ha trascurrido desde la radicación
de la demanda y el recurso de apelación, se observa que al asunto se ha tramitado
de manera diligente en razón a las particularidades que se han presentado.
Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para proferir sentencia, se
reitera que no todo incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual
no es predicable en el presente caso como quedó demostrado.
Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial
demandada en su escrito de oposición, se ha respetado el sistema de turnos para
fallar, así:
«[…] Por lo tanto, el tiempo que ha transcurrido entre la recepción del proceso para fallo,
1 de diciembre de 2022, y el momento de instauración de la acción de tutela de la
referencia, no es desproporcionado, ni configura una mora judicial injustificada; pues la
tramitación ha sido acorde con el respeto al sistema de turnos establecidos para fallar
los procesos que ingresan al despacho, en virtud de la garantía del derecho de acceso
a la administración de justicia en condiciones de igualdad, que debe predicarse respecto
de todos los ciudadanos […]».
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará la solicitud
de amparo presentada por Lubian Andrés Vanegas Osorio en contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Escuela Superior de
Administración Pública, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Lubian Andrés
Vanegas Osorio, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
8
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