Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00753-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00753-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00753-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00753-01 (4606-2021)
Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
Demandado: Escuela Superior de Administración Pública
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia en
punto de los períodos reconocidos, los emolumentos a pagar
y los extremos temporales de la obligación de pago de
aportes a pensión. Además, se revocará la condena
relacionada con la devolución de los aportes que efectuó el
actor con destino a los sistemas de pensión y salud.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
del 27 de enero de 2016 expedido por la entidad accionada, por medio del cual
se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde el 20 de
abril de 2012 hasta el 2 de diciembre de 2015, lapso durante el cual se
desempeñó como conductor y mensajero.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo de trabajo durante el tiempo mencionado; ii) declarar ineficaz la
terminación del contrato de prestación de servicios 49 de 2015; iii) pagar a su
favor las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicios, la
prima de navidad, las vacaciones, las demás prestaciones que prevé la ley para
los empleados de planta y las sanciones moratorias causadas por la falta de pago
oportuno de dichas prestaciones; y iv) reintegrar las sumas que pagó por
concepto de aportes a salud, pensión y riesgos laborales, los cuales tenía que
asumir la entidad accionada.
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3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, teniendo en cuenta que desarrolló labores de
conducción y mensajería bajo subordinación y dependencia del director territorial
de la demandada, dentro de un horario comprendido entre las 8:00 a. m., y las
5:00 p. m., de lunes a viernes.
4. También adujo que la terminación del vínculo contractual fue ineficaz en
tanto no se tramitó el permiso respectivo ante el Ministerio del Trabajo.
5. Indicó que sufrió un accidente de tránsito el 6 de agosto de 2014 y estuvo
incapacitado por la ARL Positiva Compañía de Seguros desde esa fecha hasta
el 31 de julio de 2016.
6. Puso de presente que la ARL le informó a la demandada ciertas
recomendaciones para que él continuara laborando, pero esta última se opuso al
reintegro o reubicación argumentando que el contrato de prestación de servicios
había terminado; sin embargo, por requerimiento de la Inspección del Trabajo, la
entidad accionada celebró el contrato 49 de 2015, pero su licencia de conducción
venció en septiembre de 2015 cuando estaba incapacitado, y no se la renovaron
por no ser apto debido a las secuelas del accidente, motivo por el cual no pudo
continuar con las labores de conducción.
7. Señaló que el contrato 49 de 2015 terminó el 2 de diciembre de 2015 y
entonces la entidad accionada le informó que era imposible que continuara con
las funciones de conductor y mensajero.
8. Expuso que un fallo de tutela amparó su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada y ordenó su reintegro, por lo que la entidad
accionada celebró el contrato 051 de 2016, el cual fue suspendido desde el 2 de
julio de 2016 en razón a las incapacidades expedidas a su favor.
Contestación de la demanda
9. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que no
hubo continuada subordinación durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios, los cuales no fueron continuos ni se celebraron para
desempeñar las mismas funciones del personal de planta.
10. Adujo que el demandante contó con autonomía para organizar y ejecutar
las actividades de mensajería y apoyo asistencial —como foliar o escanear
documentos—, las cuales eran esporádicas u ocasionales. Añadió que las
labores de conducción se coordinaban entre las partes.
11. Señaló que la entidad es una escuela que atiende al público de 8:00 a. m.
a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.; y que, cuando un contratista requería
1
Artículos 53 de la Constitución Política, 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo y 18 de la Ley
100 de 1993 (modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003); las Leyes 4.ª de 1992 y 909 de
2004; y los Decretos 1042 de 1978 (modificado por el Decreto 1680 de 1991), 1045 de 1978,
1919 de 2002, 220 de 2004, 300 de 2004, 785 de 2005 y 2336 de 2005.
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asistir a las instalaciones, se le invitaba a hacerlo dentro de ese horario, sin que
ello implicara el cumplimiento de una jornada laboral. Precisó que el actor
únicamente debía coordinar con el director los desplazamientos que, en
ocasiones puntuales, debía realizar.
12. Destacó que la ESAP cuenta con el servicio de mensajería de 4-72
Servicios Postales Nacionales, de modo que la carga que tenía el accionante por
esta actividad era mínima.
13. Indicó que la entidad contaba con recursos para la contratación del
conductor, pero al accionante se le venció la licencia de conducción; entonces se
vinculó a otra persona para que cumpliera ese propósito en la vigencia 2016.
14. Precisó que el demandante no cumplía las condiciones necesarias para
ser beneficiario de una estabilidad laboral reforzada; aun así, se dio cumplimiento
a un fallo de tutela y se suscribió un nuevo contrato, pero el actor presentó
incapacidades y no lo ejecutó, lo que dio lugar a la terminación por mutuo
acuerdo.
15. Expuso que en la planta global de la sede central (Bogotá) de la entidad
existen cuatro (4) cargos de conductor, pero cada territorial debe contratar las
actividades de conducción cuando lo requieran.
16. Señaló que la ARL Positiva reconoció y pagó una indemnización al
demandante. Agregó que este contrajo matrimonio y realizó un viaje de luna de
miel durante el período de incapacidad, y que actualmente se desempeña como
conductor en otra entidad pública.
17. Manifestó que la comunicación del 27 de enero de 2016 no es un acto
administrativo, pues la relación entre las partes fue de índole contractual.
18. Propuso las excepciones de caducidad de la acción, inexistencia del objeto
de la demanda, pago, inexistencia del derecho y de la obligación, ausencia del
vínculo de carácter laboral, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de
lo no debido y carencia de justificación del derecho.
Sentencia apelada
19. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado mediante sentencia del 15
de mayo de 2020 y ordenó a la entidad accionada: i) pagar al demandante las
prestaciones laborales de orden legal causadas entre el 20 de abril de 2012 y el
2 de diciembre de 2015, liquidadas con base en los honorarios pactados en los
contratos y debidamente indexadas; ii) reconocer y pagar los aportes a pensión
y salud que debió trasladar a los fondos respectivos durante ese mismo período;
y iii) efectuar los aportes pensionales en el porcentaje que le correspondía como
empleadora, de manera que, si existen diferencias frente a las cotizaciones
realizadas por el contratista, este asuma el porcentaje que le correspondía como
trabajador.
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20. Adicionalmente, iv) declaró que el tiempo de ejecución de los contratos de
prestación de servicios se deben computar para efectos pensionales; v) decidió
no imponer condena en costas; y vi) negó las demás pretensiones de la
demanda.
21. Consideró que la prueba documental y testimonial acredita que el actor
prestó un servicio personal de conducción, mensajería y asistencia operativa en
la ESAP entre el 20 de abril de 2012 y el 2 de diciembre de 2015; y que los
honorarios pactados en los contratos más el pronunciamiento de la entidad
accionada sobre los hechos de la demanda demuestran que el accionante recibió
una remuneración por las labores desarrolladas.
22. En relación con la continuada subordinación, sostuvo que la contratación
no tuvo como finalidad suplir labores que los empleados de planta no pudieran
realizar ni atender actividades que exigieran conocimientos especializados; por
el contrario, el demandante ejecutó funciones permanentes propias del apoyo
operativo del área administrativa de la entidad, en condiciones similares a las de
un servidor de planta.
23. Destacó que el demandante tenía que prestar el servicio dentro de los
horarios de funcionamiento de la entidad y conforme a los parámetros que esta
establecía, con sujeción a las órdenes que le impartía el director o la coordinadora
administrativa y financiera. Por lo tanto, no tenía autonomía e independencia para
ejecutar los contratos.
24. Señaló que la naturaleza misma de las funciones desarrolladas por el
demandante implicaba que su ejecución no pudiera realizarse con plena
autonomía.
25. Precisó que el reconocimiento de la existencia de la relación laboral no le
confiere al accionante la condición de empleado público, sino el derecho al pago
de las prestaciones causadas y de los aportes a seguridad social, más el cómputo
del tiempo para efectos pensionales.
26. Negó la pretensión orientada al reintegro de las sumas descontadas al
demandante por concepto de pólizas, al considerar que la desnaturalización de
los contratos de prestación de servicios no implica la devolución de los valores
pagados con ocasión de su celebración.
27. También negó el reconocimiento de la prima de servicios, al considerar
que tiene naturaleza salarial y que el Decreto 1919 de 2002 únicamente extendió
a los servidores del nivel territorial las prestaciones sociales del orden nacional,
mas no los componentes remuneratorios.
28. Determinó que no era procedente el reconocimiento de la sanción
moratoria por la falta de pago de las cesantías y los intereses sobre ellas, ya que
el derecho a estos emolumentos surge a partir de la ejecutoria de la sentencia.
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29. Concluyó que no era procedente declarar la ineficacia de la terminación
del vínculo contractual ni el consecuente despido injusto, dado que el
reconocimiento del vínculo de trabajo no implica el reconocimiento de rubros
derivados del despido ni el reintegro, pues esta última figura presupone la
existencia de un acto de nombramiento, la posesión en el cargo y la
correspondiente disponibilidad presupuestal.
Recurso de apelación
30. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de
apelación argumentando que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas, pues
el demandante no demostró la continuada subordinación.
31. Señaló que uno de los testigos es hermano del accionante y no laboró en
la ESAP, pero en la sentencia apelada no se analizó su imparcialidad; mientras
que se desestimó el testimonio de Óscar de Jesús Valencia Tangarife, quien sí
trabajó en la ESAP y dio cuenta de que el actor no estuvo bajo subordinación.
32. Manifestó que el área de gestión documental, que depende
jerárquicamente de la Coordinación Administrativa, tiene carácter transversal
dentro de la ESAP y administra el servicio de correspondencia y mensajería
mediante el programa «ventanilla única». En ese contexto, sostuvo que el director
o el jefe del área administrativa no podían impartir órdenes al demandante, pues
entre la Coordinación Administrativa y el contratista existía un nivel intermedio
representado en dicha dependencia y en el respectivo portal, a cargo de una
funcionaria de planta.
33. Indicó que la Coordinación Administrativa supervisó los contratos del
demandante; sin embargo, en el fallo de primera instancia se confundió la
supervisión con la subordinación.
34. Puso de presente que el cumplimiento de horarios no demuestra, por sí
solo, la existencia de subordinación; además, sostuvo que en el caso concreto
únicamente se acreditó la disponibilidad del accionante, mas no la obligación de
cumplir una jornada determinada.
35. Adujo que no se aplicaron los criterios jurisprudenciales relacionados con
la «prescripción de la acción» a pesar de que hubo interrupciones significativas
entre los contratos de prestación de servicios. Puntualmente, señaló que entre la
terminación del contrato 032 de 2012 y la presentación de la reclamación
administrativa transcurrieron más de tres (3) años.
36. Reprochó que el Tribunal hubiera equiparado la estipulación y pago de los
honorarios con el salario propio de una relación laboral.
37. Adujo que la prestación personal del servicio no está acreditada por el
hecho de que el contratista no haya sido reemplazado durante sus ausencias o
incapacidades, pues ello se debió a que la entidad no pudo liberar los recursos
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para realizar una nueva contratación, pues estos estaban comprometidos en el
primer contrato.
38. Señaló que la certificación de que en la entidad no había personal que
ejecutara las actividades encomendadas al accionante no puede interpretarse
como un indicio a favor de este, pues realmente se trata de un requisito para
realizar la contratación.
39. Destacó que las direcciones y coordinaciones administrativas y financieras
y sus delegadas, como la dependencia de gestión documental, no «pertenecen»
a una función misional, sino de apoyo. Por consiguiente, la actividad de conductor
y mensajero no corresponde a una función misional.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
40. Por auto del 10 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.
41. Mediante auto del 22 de septiembre de 2022 se corrió traslado para que
las partes y el Ministerio Público presentaran sus alegatos de conclusión y su
concepto, respectivamente.
42. Dentro del término concedido en el auto anterior, la entidad accionada
reiteró los argumentos que expuso en el recurso de apelación.
43. El Ministerio Público no rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
44. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.
Problema jurídico
45. La Sala debe definir si el demandante acreditó los tres (3) elementos que
permitirían considerar la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
En caso afirmativo, se determinará si la decisión adoptada en primera instancia
sobre la prescripción extintiva observó los parámetros legales y jurisprudenciales
aplicables.
Análisis del problema jurídico
46. La Sala considera que el actor acreditó la prestación personal del servicio,
la remuneración y la continuada subordinación. No obstante, se modificará
parcialmente la sentencia de primera instancia en lo relativo a los períodos
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reconocidos, los emolumentos a pagar y los extremos temporales de la obligación
de efectuar aportes a pensión. Asimismo, se revocará la condena relacionada
con la devolución de los aportes realizados con destino a los sistemas de pensión
y salud.
1. Estudio sobre la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios
47. De la prueba documental se extrae que el actor desarrolló actividades de
mensajería, conducción de vehículo y asistencia operativa en la entidad
accionada en cumplimiento de los siguientes contratos de prestación de
servicios:
Contrato de
prestación de Plazo o duración Honorarios Objeto
servicios
$ 7.885.000:
«Prestar los servicios de
nueve pagos
mensajería, conducción y
032 del 20 de abril de mensuales de
23/4/20123 al 31/12/2012 asistencia operativa en la
20122 $ 950.000 y un
Sede Territorial Quindío –
último pago de
Risaralda»
$ 285.000
$ 6.000.000:
primer pago por «Prestar los servicios de
012 del 2013 del 12 $ 600.000, cinco mensajería, conducción y
de febrero de 20134, 12/2/20136 al 12/11/2013 pagos mensuales asistencia operativa en la
adición y prórroga5 por $ 1.000.000 y Sede Territorial Quindío –
un último pago Risaralda»
por $ 400.000
$ 1.600.000 por
todo el contrato
«Prestar los servicios de
($ 600.000 de
mensajería, conducción y
179 del 13 de 13/11/2013 al
13/11/2013 al 31/12/2013 asistencia operativa en la
noviembre de 20137 30/11/2013 y
Sede Territorial Quindío –
$ 1.000.000 del
Risaralda»
1/12/2013 al
31/12/2013)
$ 11.500.000: un
«Prestar los servicios de
primer pago por
006 del 15 de enero mensajería, conducción y
15/1/20149 al 31/12/2014 $ 500.000 y once
de 20148 asistencia operativa en la
pagos por
Sede Territorial – Quindío»
$ 1.000.000
2
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 82 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
3
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 256 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
4
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 91 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
5
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 9 del archivo PDF que contiene la tercera parte del
cuaderno principal.
6
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 302 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
7
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 31 del archivo PDF que contiene la tercera parte del
cuaderno principal.
8
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 98 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
9
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 44 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal; y página 49 del archivo PDF que contiene la tercera parte del cuaderno
principal.
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«Prestar los servicios de
11 $ 6.240.000: seis mensajería, conducción y
49 del 2 de junio de 2/6/2015 al 2/12/2015
pagos mensuales asistencia operativa en la
201510
por $ 1.040.000 Sede Territorial Quindío –
Risaralda»
15/4/201613 al 15/6/2016
*Acta de suspensión
temporal del 4 de mayo de
2016, desde el 4/5/2016
hasta el 4/6/2016, por «Apoyar asistencial y
incapacidad de 30 días14. operativamente, a la
coordinación académica, en
*Acta de suspensión la organización de las
temporal 02 del 2 de junio carpetas del desarrollo de la
de 2016, desde el 2/6/2016 formación académica de la
$ 2.080.000: un
hasta el 1/7/2016, por vigencia 2015-1, así como
primer pago por
incapacidad de 30 días15. también apoyar a todas y
$ 520.000, un
051 del 15 de abril de cada una de las demás
pago mensual por
201612 *Acta de suspensión dependencias existentes
$ 1.040.000 y un
temporal 03 del 2 de julio hacia el interior de la Sede
último pago por
de 2016, desde el 2/7/2016 Territorial Quindío –
$ 520.000
hasta el 1/8/2016, por Risaralda, en el momento
incapacidad de 30 días16 que sea necesario, a fin de
lograr eficiencia
*Acta de terminación y administrativa en el
liquidación por mutuo cumplimiento de los
acuerdo del 15 de objetivos de las mismas»
septiembre de 2016, en la
cual se indicó que no se
había efectuado pago
alguno porque el servicio
no se prestó17
48. Adicionalmente, en primera instancia se recibió el testimonio de los
señores Óscar de Jesús Valencia Tangarife, Melissa Isabel Herrera Monsalve y
Adrián Mauricio Vanegas Osorio, de los cuales se destaca lo siguiente:
i) El señor Óscar de Jesús Valencia Tangarife relató que se desempeñó
como auxiliar de servicios generales y guarda de seguridad en la entidad
accionada entre 2013 y 2016, período durante el cual compartió labores
con el actor, quien ejercía funciones de conductor y, en ocasiones, de
mensajero, dado que en la ESAP existía una empresa encargada de esta
última actividad. Señaló que el demandante no transportaba de manera
permanente al director de la entidad, pues este contaba con vehículo
particular; sin embargo, en algunas oportunidades lo trasladaba para el
almuerzo y posteriormente lo retornaba a la sede.
10
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 122 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
11
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 205 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
12
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 123 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal.
13
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 197 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
14
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 63 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
15
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 68 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
16
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 131 del archivo PDF que contiene la primera parte del
cuaderno principal; y página 73 del archivo PDF que contiene la segunda parte del cuaderno
principal.
17
Índice 37 de SAMAI del tribunal, página 79 del archivo PDF que contiene la segunda parte del
cuaderno principal.
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Manifestó que el señor Vanegas Osorio permanecía la mayor parte del
tiempo en las instalaciones de la ESAP, aproximadamente entre las 8:00
a. m. y las 2:00 p. m. o 4:00 p. m. a 5:00 p. m., aunque aclaró que ello era
relativo, pues dependía de las tareas programadas cada día. Añadió que
asistía de lunes a viernes a la entidad y que las labores de mensajería y
conducción no se realizaban de forma permanente, ya que no todos los
días debía salir a cumplir ese tipo de actividades, razón por la cual
permanecía principalmente en la sede institucional.
ii) La señora Melissa Isabel Herrera Monsalve manifestó que trabajó en la
ESAP entre 2012 y 2015, período durante el cual ejecutó varios contratos
de apoyo logístico en las dependencias financiera, administrativa y
jurídica, así como en el área de archivo y gestión documental. Señaló que
compartió escenario laboral con el demandante, quien ya se encontraba
vinculado a la entidad cuando ella ingresó, y precisó que las funciones de
este consistían en labores de conducción y mensajería. Indicó que se
desempeñaba como secretaria de las dependencias administrativa,
jurídica y de sistemas, razón por la cual debía archivar los contratos, y que
la señora Sandra Milena Ocampo Delgado ejercía la supervisión
contractual en calidad de coordinadora administrativa y financiera. Añadió
que el señor Vanegas Osorio debía permanecer disponible en el horario
que le indicaran, que normalmente era de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., aunque
podía iniciar más temprano o extenderse según las necesidades de
transporte de la universidad.
Expuso que la necesidad del servicio surgía cuando era necesario recoger
o trasladar personas provenientes de otras sedes, transportar al director o
entregar comunicados y mensajería. Afirmó que el demandante debía
mantenerse disponible para cualquier actividad que surgiera, incluso de
lunes a sábado; sin embargo, aclaró que ella laboraba únicamente de
lunes a viernes, por lo que desconoce el horario que este cumplía los
sábados, aunque en ocasiones lo veía en la sede cuando visitaba a su
padre, quien administraba la cafetería. Agregó que en la ESAP había
clases y eventos los sábados, circunstancias que exigían transporte; que
el pago se efectuaba previa presentación de informes de actividades ante
el supervisor; y que no recibían dotación, por lo cual desconoce si él
contaba con algún suministro adicional.
Indicó que observó al director impartirle instrucciones relacionadas con
recoger personal o entregar mensajes. Señaló que la entidad contaba con
la empresa de mensajería 472, pero que él se encargaba principalmente
de los comunicados urgentes. Manifestó que no podía modificar sus
horarios, pues debía ajustarse a las necesidades del servicio; que el
vehículo que conducía era de propiedad de la ESAP; que no vio que
hubiera sido reemplazado durante las incapacidades derivadas del
accidente; y que el cargo de conductor y mensajero continuó existiendo.
Añadió que el demandante radicó directamente las incapacidades ante la
Secretaría General durante su convalecencia, que desconoce si alguna
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vez se ausentó sin justificación y que su desvinculación ocurrió con
ocasión de dichas incapacidades.
Finalmente, explicó que el contrato del señor Vanegas Osorio no
establecía expresamente la obligación de transportar al director, aunque
las funciones asignadas eran de conducción. Precisó que en algunas
ocasiones el directivo llegaba por sus propios medios y en otras era
trasladado por él; que permanecía la mayor parte del tiempo en la sede de
Dosquebradas, salvo cuando tenía actividades externas; que la empresa
472 recogía diariamente la mensajería lista y él llevaba aquella que aún
no estaba preparada; y que el vehículo institucional se mantenía casi
siempre en movimiento. Añadió que las tareas dependían de las
actividades propias de la entidad, motivo por el cual debía permanecer
disponible, que la supervisora del contrato era su jefe inmediato y que el
director también le impartía instrucciones generales. Señaló, por último,
que las directrices recibidas se relacionaban con la conducción de la
camioneta para el transporte de personas y la entrega de mensajería.
iii) El señor Adrián Mauricio Vanegas Osorio indicó que es hermano del
demandante; que él (el testigo) en algunas ocasiones le solicitó que lo
reemplazara en el manejo de un vehículo, pero este le respondía que no
podía porque debía cumplir un horario y permanecía ocupado. Señaló que
el actor estuvo vinculado a la ESAP desde el 23 de abril de 2012 hasta el
accidente ocurrido el 6 de agosto de 2014, a partir del cual presentó
incapacidades médicas y requirió diversos procedimientos. Relató que el
siniestro ocurrió cuando se desplazaba en el vehículo oficial para entregar
unos documentos dentro de la jornada laboral, momento en el cual otro
automóvil lo impactó cuando el semáforo estaba en rojo. Añadió que el
demandante permaneció incapacitado hasta el 15 de diciembre de 2015,
luego laboró aproximadamente un mes y el contrato fue terminado, aunque
posteriormente volvió a ser vinculado como consecuencia de una acción
de tutela y una queja presentada ante el Ministerio del Trabajo, hasta
cuando no pudo continuar prestando el servicio.
Expuso que fue reemplazado por el señor Hugo Molina y que dentro de
sus tareas se encontraban recoger al director en la mañana, trasladarlo a
la escuela, repartir correspondencia y llevarlo a almorzar para luego
regresarlo al lugar de trabajo. Afirmó que recibía órdenes directas del
director, circunstancia que conoció porque en varias ocasiones lo llamó
para pedirle colaboración con algunas diligencias y este le respondió que
no podía debido a que debía cumplir encargos o entregar
correspondencia. Indicó que en una oportunidad llamó al directivo para
informarle que su hermano se encontraba enfermo y que aquel le pidió
comunicarle que reposara y se presentara puntualmente al día siguiente.
Añadió que también transportaba a la señora Sandra, del área de recursos
humanos, y al padre de esta, a quien llevaba a la clínica y posteriormente
regresaba a su casa.
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Mencionó que no podía escoger su horario y que, además, trasladaba a la
directora nacional de la ESAP cuando visitaba la Seccional Armenia, así
como al hijo de aquella hacia los lugares donde practicaba motocross.
Señaló que el traslado del director a dicha seccional se realizaba dos o
tres veces al mes. Relató que solía acudir a la entidad aproximadamente
dos veces por semana para invitarlo a almorzar, pero el actor le indicaba
que no podía salir porque el director se encontraba en la sede. Agregó
que, cuando no conducía, le asignaban tareas de foliación, organización y
archivo de documentos; que lo ayudó durante el primer mes para
orientarse en la ciudad y realizar labores de mensajería; y que, cuando el
director estaba en Bogotá, debía permanecer disponible para foliar
documentos o transportar a otras personas. Finalmente, precisó que la
directora nacional visitó la sede una vez en 2012, dos veces en 2013 y una
vez en 2014, antes del accidente, mientras que el director territorial viajaba
a Armenia aproximadamente una vez al mes, y entre tres y cuatro veces
al año18.
49. Así las cosas, la prueba documental —contratos, informes de supervisión
e informes de actividades— y testimonial demuestra que el accionante ejecutó
de manera personal labores en favor de la entidad, entre ellas conducir el
vehículo institucional, verificar su estado y recomendar o gestionar
mantenimientos; revisar expedientes, foliar documentos, escanear archivos y
realizar inventarios de organización documental; apoyar la logística de las
sesiones de clase mediante la revisión de salones, la entrega de controles y
cables a los docentes y el soporte con equipos audiovisuales; así como adelantar
diligencias de mensajería con el automotor oficial, especialmente cuando existían
situaciones urgentes que no permitían esperar al personal de Servicios Postales
472.
50. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas, el demandante tuvo
un accidente de tránsito mientras conducía el vehículo de la entidad accionada,
el 6 de agosto de 2014, y desde entonces presentó varias incapacidades
temporales que fueron liquidadas y pagadas por la ARL Positiva19, las cuales
comprendieron los siguientes períodos:
Desde Hasta
6 de agosto de 2014 10 de agosto de 2014
13 de agosto de 2014 19 de agosto de 2014
21 de agosto de 2014 4 de octubre de 2014
6 de octubre de 2014 15 de mayo de 2015
10 de julio de 2015 16 de diciembre de 2015
3 de mayo de 2016 1 de junio de 2016
18
Se hace referencia expresa a la declaración, que presenta una inconsistencia: en la misma se
indicó que el director viajaba una vez al mes a Armenia, y en otro aparte que lo hacía 3 o 4 veces
al año.
19
Índice 37 de SAMAI del tribunal, páginas 59, 60 y 61 del archivo PDF que contiene la primera
parte del cuaderno principal.
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51. Adicionalmente, el actor no desarrolló ninguna actividad en ejecución del
contrato de prestación de servicios 051 del 15 de abril de 2016, ya que presentó
incapacidades médicas sucesivas, motivo por el cual tampoco recibió pago
alguno por concepto de honorarios, tal como se indicó en el acta de terminación
y liquidación por mutuo acuerdo del 15 de septiembre de 2016.
52. Así pues, la prueba documental (contratos e informes de supervisión y
ejecución de actividades) acredita la prestación personal del servicio durante los
siguientes tiempos: del 23 de abril al 31 de diciembre de 2012; 12 de febrero al
31 de diciembre de 2013; 15 de enero al 31 de diciembre de 2014; y 2 de junio al
2 de diciembre de 2015.
53. Por otro lado, respecto de la remuneración durante los lapsos
mencionados, vale la pena destacar que la prueba indiciaria de que trata el
artículo 240 del Código General del Proceso se construye sobre tres (3)
componentes, a saber: un hecho conocido e indicador, un hecho desconocido
que se pretende acreditar y una inferencia lógica a través de la cual se puede
deducir el hecho que se ignora, partiendo del hecho conocido20.
54. De conformidad con lo expuesto, aunque no se allegaron las constancias
de pago de los honorarios, resulta razonable inferir que el actor recibió la
remuneración pactada, en tanto: i) los contratos estatales tienen naturaleza
onerosa, por lo que la contraprestación constituye un elemento inherente a ellos;
ii) se acreditó la causa del pago, esto es, la ejecución personal de las actividades
contratadas; y iii) en el expediente obran diversos informes de supervisión
mediante los cuales se autorizó el desembolso de los honorarios, al verificarse el
cumplimiento efectivo de las obligaciones convenidas.
55. Frente a la continuada subordinación, esta denota el «poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición
de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones
y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del
elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona
la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre este […]»21.
56. Esta Subsección ha sostenido que las labores de conducción de vehículos
y mensajería no llevan implícita la continuada subordinación, de tal manera que
la parte interesada debe demostrar dicho elemento de conformidad con el artículo
167 del Código General del Proceso22.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 24 de marzo de 2011, expediente 05001-23-23-000-1995-01411-01 (17993).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
22
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 6 de marzo de 2025, expediente 76001-23-33-000-2016-0093701 (3523-2022);
y sentencia del 31 de marzo de 2022, expediente 63001-23-33-000-2014-00131-01 (2183-2016).
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57. Se advierte que el señor Adrián Mauricio Vanegas Osorio es hermano del
actor. Esta circunstancia no excluye su declaración del acervo probatorio, pero sí
impone un examen más riguroso de su relato, orientado a valorar su credibilidad,
espontaneidad y claridad.
58. Así pues, el testimonio mencionado presenta algunas inconsistencias que
generan reparos; por ejemplo, dijo que el demandante transportaba al director
territorial a Armenia 2 o 3 veces al mes, pero después indicó que 1 vez al mes.
Además, señaló que esa situación ocurría unas 3 o 4 veces al año, lo cual no
tiene sentido, pues, si en verdad eran 1, 2 o 3 veces al mes, tendrían que haber
sido 12 o más veces al año.
59. Asimismo, la Sala observa que el conocimiento del testigo sobre aspectos
centrales, como la ejecución material de las labores de conducción y apoyo
operativo o el supuesto cumplimiento de un horario, proviene esencialmente de
lo que le relataba el propio demandante, sin que exista certeza sobre la veracidad
de las razones que este le exponía para no acompañarlo a almorzar, tomar tinto
o relevarlo en la conducción de otro vehículo. En todo caso, la afirmación según
la cual el accionante permanecía ocupado no constituye prueba suficiente de la
existencia de un horario específico impuesto por la entidad.
60. Las anteriores inconsistencias y/o falencias le restan credibilidad al testigo
Adrián Mauricio Vanegas Osorio.
61. Sin perjuicio de lo anterior, los demás testimonios permiten concluir que el
demandante no tenía un horario de trabajo previamente determinado, sino que
debía mantener disponibilidad para atender labores de conducción y mensajería
cuando surgiera la necesidad, circunstancia que, en principio, se desarrollaba
dentro del horario de funcionamiento de la entidad, dado que eran terceros —
como el director, la supervisora o el personal de archivo y de recursos humanos—
quienes le indicaban cuándo debía ejecutar cada actividad.
62. En cuanto a las labores de asistencia operativa, los documentos
analizados en conjunto con los testimonios permiten concluir que el actor
realizaba actividades de foliación, escaneo, organización y archivo de
documentos cuando no se encontraba conduciendo el vehículo o cumpliendo
funciones de mensajería. Sin embargo, no existe plena claridad sobre la
frecuencia con que desarrollaba dichas tareas, pues el testigo Óscar de Jesús
Valencia Tangarife señaló que había momentos en los que permanecía en las
instalaciones de la entidad sin ejecutar una actividad específica.
63. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que el demandante no
contaba con autonomía respecto del tiempo, la cantidad ni la forma de ejecución
de las labores de conducción, mensajería y asistencia operativa, pues la
disponibilidad exigida le impedía definir cuándo y con qué frecuencia debía
desarrollarlas. Por el contrario, era la entidad accionada la que determinaba en
qué momento debía transportar personas en el vehículo oficial y hacia qué
destino, aspectos que dependían de las necesidades de la contratante; cuándo
realizar la mensajería mediante dicho automotor, función distinta a la que cumplía
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la empresa de servicios postales 472, cuyo personal recogía la documentación
una sola vez al día, mientras él permanecía sujeto a requerimientos
permanentes; y cuándo prestar apoyo operativo, actividad cuya amplitud permitía
a la entidad definir si debía colaborar en la gestión documental o en la logística
relacionada con las actividades académicas.
64. Así las cosas, la Sala considera que el actor logró demostrar la continuada
subordinación durante los períodos de ejecución efectiva de los contratos de
prestación de servicios, esto es: del 23 de abril al 31 de diciembre de 2012; 12
de febrero al 31 de diciembre de 2013; 15 de enero al 31 de diciembre de 2014;
y 2 de junio al 2 de diciembre de 2015.
65. Por otra parte, respecto de la prescripción extintiva, aunque entre el 31 de
diciembre de 2014 y el 2 de junio de 2015 transcurrieron más de treinta (30) días
hábiles, la reclamación administrativa se promovió el 18 de enero de 2016 y la
demanda se radicó el 9 de julio de 2016, es decir, dentro de los tres (3) años
siguientes a la terminación del vínculo que perduró hasta el 31 de diciembre de
2014, de modo que no operó la prescripción de los emolumentos causados hasta
esta última fecha, conclusión que también se extiende a los tiempos posteriores.
3 El restablecimiento del derecho
66. La Sala modificará el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia a fin de precisar que la entidad demandada no debe pagarle al
actor todas las «prestaciones laborales de orden legal» causadas entre el 20 de
abril de 2012 y el 2 de diciembre de 2015, sino durante los siguientes lapsos, en
los cuales se ejecutaron efectivamente los contratos de prestación de servicios:
del 23 de abril al 31 de diciembre de 2012; 12 de febrero al 31 de diciembre de
2013; 15 de enero al 31 de diciembre de 2014; y 2 de junio al 2 de diciembre de
2015.
67. Adicionalmente, se precisará que la entidad accionada solo deberá
pagarle al actor los emolumentos mínimos del régimen general consagrados en
los Decretos 1042 de 1978 y 1045 de 1978, con base en los honorarios pactados,
de acuerdo con la jurisprudencia de esta Subsección23, a saber: auxilio de
transporte, subsidio de alimentación, cesantías, intereses sobre las cesantías,
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios
prestados, causadas durante los períodos referidos en el párrafo anterior. Dichos
conceptos se liquidan de la siguiente manera:
Salario Intereses
Días Meses Total Auxilio de Subsidio de
IPC IPC mensual Auxilio de Subsidio de Cesantías sobre las
Año por completos salarios transporte alimentación Cesantías
final inicial promedio transporte alimentación indexadas cesantías
año por año anuales indexado indexado
por año indexadas
2012
154,1 77,22 253 8,29 950.000 8.011.667 562.062 1.121.431 370.190 738.606 767.959 1.532.238 129.219
(Cto. 032)
2013
(Cto. 012 y 154,1 78,63 323 10,65 1.000.000 10.766.667 750.825 1.471.189 491.945 963.932 1.081.334 2.118.799 228.124
179)
2014
154,1 79,95 351 11,55 1.000.000 11.700.000 831.600 1.602.559 549.214 1.058.379 1.199.023 2.310.613 270.342
(Cto. 006)
23
En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2025, expediente 25000-23-42-000-2013-
06872-01 (0121-2019).
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2015
154,1 85,21 184 6,03 1.040.000 6.378.667 446.220 806.820 300.095 542.608 585.915 1.059.405 64.977
(Cto. 49)
Intereses
Auxilio de transporte Subsidio de alimentación sobre las
Cesantías indexadas
TOTAL EMOLUMENTOS indexado indexado cesantías
indexadas
$ 5.001.999 $ 3.303.525 $ 7.021.055 $ 692.661
Bonificación
Prima de Prima de Bonificación
Prima de Vacaciones Prima de por servicios
navidad Vacaciones vacaciones por servicios
navidad indexadas vacaciones prestados
indexada indexada prestados
indexada
713.813 1.424.205 671.011 1.338.807 671.011 1.338.807 328.146 654.719
995.958 1.951.510 1.022.721 2.003.950 1.022.721 2.003.950 443.750 869.497
1.095.762 2.111.620 1.180.198 2.274.335 1.180.198 2.274.335 481.250 927.407
552.891 999.694 462.067 835.474 462.067 835.474 261.300 472.462
Prima de vacaciones Bonificación por servicios
Prima de navidad indexada Vacaciones indexadas
indexada prestados indexada
$ 6.487.029 $ 6.452.566 $ 6.452.566 $ 2.924.086
$ 38.335.486
68. Adicionalmente, de conformidad con la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978
de 1989, y teniendo en cuenta que la demandante devengó remuneraciones
mensuales inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales durante los
períodos de ejecución de los contratos de prestación de servicios, la Sala
ordenará a la entidad accionada reconocer y pagar a favor del actor la
compensación en dinero correspondiente a las dotaciones de vestido y calzado
causadas en dichos lapsos, teniendo en cuenta el valor establecido por dicha
entidad en cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de cada dotación,
de manera indexada, así:
i) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2012.
ii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2012.
iii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2012.
iv) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2013.
v) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2013.
vi) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2013.
vii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de abril de 2014.
viii) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2014.
ix) Una dotación de vestido y calzado del 30 de diciembre de 2014.
x) Una dotación de vestido y calzado del 30 de agosto de 2015.
69. La Sala debe aclarar que no se ordenará el pago de la prima de servicio
porque dicha prestación fue negada en la sentencia de primera instancia,
decisión que no fue apelada por el demandante.
70. Asimismo, se revocará el numeral 6 de la parte resolutiva del fallo apelado,
en el cual se había ordenado ajustar la condena teniendo en cuenta la variación
del Índice de Precios al Consumidor. Lo anterior, a fin de evitar confusiones en el
cumplimiento de la decisión, toda vez que la liquidación de emolumentos
realizada previamente ya incluye la indexación, y el pago de las dotaciones de
vestido y calzado también se ordena de manera actualizada.
71. Por otro lado, se revocará el numeral 3 de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, a través del cual se condenó a la entidad
accionada a pagarle al demandante los porcentajes de cotización a pensión y
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salud que este asumió como contratista24. Lo anterior, debido a que tales aportes
constituyen recursos parafiscales, por lo que era obligatorio que el contratista los
pagara.
72. En igual sentido lo consideró la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202125 en punto de los
aportes a salud, conclusión que resulta extensible a los aportes a pensión
tratándose de recursos parafiscales también, razón por la cual estos no
constituyen un crédito a favor del demandante, ya que su propósito era cubrir
contingencias ligadas a la prestación del servicio. Dicho parámetro es aplicable
a todos los casos pendientes de decisión como el presente, pues así se dispuso
en la providencia mencionada.
73. Por último, se modificará el numeral 4 de la parte resolutiva del fallo
apelado con el propósito de precisar que la obligación que tiene la entidad
accionada de efectuar aportes a pensión en el porcentaje que le correspondía
como empleadora solo debe atenderse por los períodos respecto de los cuales
se reconoce la existencia de la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas,
esto es: del 23 de abril al 31 de diciembre de 2012; 12 de febrero al 31 de
diciembre de 2013; 15 de enero al 31 de diciembre de 2014; y 2 de junio al 2 de
diciembre de 2015.
La condena en costas de segunda instancia
74. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
75. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
24
«3. CONDÉNASE a la entidad demandada a pagar a favor del demandante los porcentajes de
cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos respectivos,
durante el período acreditado en que prestó sus servicios. En su defecto, la entidad efectuará las
cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de la presente
providencia».
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016).
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76. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
77. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que se están haciendo ajustes a la decisión del Tribunal que benefician
y gravan a ambas partes procesales, por manera que no puede predicarse que
alguna de las partes haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el numeral 2 de la parte resolutiva de la sentencia del
15 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, el cual quedará así:
2. A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Escuela Superior de
Administración Pública a pagar a favor del señor Lubian Andrés Vanegas Osorio
treinta y ocho millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis
pesos ($ 38.335.486) por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación
realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron en los
siguientes períodos: del 23 de abril al 31 de diciembre de 2012; 12 de febrero al
31 de diciembre de 2013; 15 de enero al 31 de diciembre de 2014; y 2 de junio al
2 de diciembre de 2015.
Adicionalmente, CONDENAR a la Escuela Superior de Administración Pública a
pagar a pagar a favor del demandante el valor equivalente a diez (10) dotaciones
de vestido y calzado que debieron suministrarse en las siguientes fechas: 30 de
abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2012; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre de 2013; 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2014; y 30 de
agosto de 2015. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta el valor establecido
por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la
respectiva dotación, el cual deberá ser indexado hasta la fecha de ejecutoria de
esta providencia.
SEGUNDO. REVOCAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia del 15
de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión.
TERCERO. MODIFICAR el numeral 4 de la parte resolutiva de la sentencia del
15 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, el cual quedará así:
4. La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en todos
los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
del actor, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia entre los aportes
realizados por aquel como contratista y los que se debieron efectuar, caso en el
cual, SE ORDENA cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión por los siguientes lapsos, en el porcentaje legal que
le correspondía como empleadora: del 23 de abril al 31 de diciembre de 2012; 12
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00753-01 (4606-2021)
Demandante: Lubian Andrés Vanegas Osorio
de febrero al 31 de diciembre de 2013; 15 de enero al 31 de diciembre de 2014; y
2 de junio al 2 de diciembre de 2015. Para tales efectos, la parte actora deberá
acreditar las cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales
y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje
que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.
CUARTO. REVOCAR el numeral 6 de la parte resolutiva de la sentencia del 15
de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, en el cual se había ordenado efectuar los ajustes de valor
sobre las sumas que resulten a favor del demandante, conforme a las razones
esbozadas en esta providencia.
QUINTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
SEXTO. Sin condena en costas de segunda instancia.
SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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