Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00142-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00142-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00142-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00142-01 (4780-2022)
Demandante: Néstor Julián Carmona Arenas
Demandado: Departamento de Risaralda
Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia debido a que el
demandante no acreditó la continuada subordinación
durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 11 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del oficio
001703-14544 del 22 de julio de 2016 expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
desde el 29 de mayo de 2009 hasta el 21 de diciembre de 2015, lapso durante el
cual se desempeñó como mensajero.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo de trabajo durante el tiempo mencionado; ii) pagar a su favor las
prestaciones sociales legales y convencionales causadas, y los aportes a caja de
compensación familiar y seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales,
de manera indexada; iii) declarar que el tiempo de servicio se debe contabilizar
para efectos pensionales; iv) reconocer las sanciones moratorias por la falta de
pago de las prestaciones sociales y de consignación de las cesantías y v)
condenar en costas a la entidad accionada.
3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió las
normas en que debía fundarse1, pues, aunque formalmente estuvo vinculado
mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica realizó sus
actividades de manera personal, bajo continuada subordinación y a cambio de
1
Artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229, 300 (numeral 7) de la Constitución Política; 23, 35
y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2 y 20 del Decreto 2127 de 1945; 1, 5, 6 y 8 del Decreto
3135 de 1968; las Leyes 21 de 1982, 50 de 1990 y 100 de 1993; y los Decretos 1848 de 1969 y
1295 de 1994.
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una remuneración, circunstancias que permiten concluir que se configuró una
relación de naturaleza laboral.
Contestación de la demanda
4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que no
existió un vínculo laboral, teniendo en cuenta que el actor no recibió órdenes sino
instrucciones relacionadas con el cumplimiento de las tareas convenidas como
forma de coordinación de las actividades, las cuales tenían que cumplirse dentro
del horario laboral de atención de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura
en razón de la naturaleza de aquellas, sin que se desconociera su autonomía en
cuanto a la distribución del tiempo, tanto así que realizaba otras actividades
particulares como vender CD’s, memorias USB, discos duros, rifas, etc.
5. Destacó que los contratos de prestación de servicios se empezaron a
ejecutar desde el 25 de enero de 2010 y tuvieron objeto diferente a partir del año
2013 e interrupciones de hasta siete (7) meses.
6. Propuso las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo, cobro de
lo no debido, falta de causa para demandar y ausencia de relación laboral.
Sentencia apelada
7. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y condenó a la entidad
accionada a pagar al demandante las «prestaciones laborales de orden legal»,
salvo las causadas entre el 24 de mayo de 2010 y el 24 de enero de 2011, sobre
las cuales operó la prescripción extintiva, liquidadas con base en los honorarios
pactados en los contratos. Además, decidió lo siguiente:
i) Condenó a la entidad demandada a pagar al actor los porcentajes de
cotización a salud y pensión que aquella debió trasladar a los fondos
respectivos durante el tiempo de prestación del servicio no afectado por la
prescripción.
ii) Ordenó a la parte demandada cotizar a la entidad de previsión los aportes
a pensión en el porcentaje que le correspondía como empleadora durante
todo el tiempo reconocido, liquidados con base en los honorarios de los
contratos en caso de que existan diferencias frente a las cotizaciones
efectuadas por el accionante, quien deberá asumir las que no hubiere
efectuado.
iii) Condenó a la entidad accionada a pagar al accionante la compensación
en dinero de las dotaciones de vestido y calzado causadas desde el 7 de
febrero hasta el 31 de diciembre de 2012 (2 dotaciones), 25 de enero al
31 de diciembre de 2013 (3 dotaciones), 14 de enero al 28 de diciembre
de 2014 (2 dotaciones) y 21 de enero al 20 de diciembre de 2015 (2
dotaciones).
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iv) Declaró que el tiempo de servicio se debe computar para efectos
pensionales.
v) Ordenó realizar los ajustes de valor sobre las sumas que resulten de la
condena.
vi) Ordenó dar cumplimiento a la sentencia dentro del término que establece
el artículo 192 del CPACA.
vii) Decidió no imponer condena en costas de primera instancia, puesto que
no encontró pruebas que demostraran las erogaciones por tal concepto ni
observó conducta que justificara la medida.
viii) Negó las demás pretensiones de la demanda.
8. Determinó que el accionante se desempeñó como mensajero en la
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura del departamento de Risaralda entre
el 25 de enero de 2010 y el 20 de diciembre de 2015, de manera interrumpida,
vinculado a través de contratos de prestación de servicios, actividad por la cual
recibió unos honorarios.
9. En cuanto a la subordinación continuada, resaltó que el demandante se
encargaba de llevar mensajería interna y externa y velar por el mantenimiento,
conservación y seguridad de los documentos entregados, tareas que no eran
transitorias ni correspondían a aquellas que no podían desarrollarse con personal
de planta ni requerían conocimientos especializados.
10. Sostuvo que el accionante no gozaba de autonomía en tanto cumplía un
horario que dependía del cúmulo de la correspondencia, recibía órdenes de los
supervisores y del secretario de turno, debía informar sobre sus ausencias y
sobre la forma como realizaría la distribución de la correspondencia y tenía que
permanecer en la entidad contratante de manera continua.
11. Aclaró que el reconocimiento de la desnaturalización de los contratos de
prestación de servicios no le confiere al actor la condición de empleado público.
12. Indicó que la prestación del servicio tuvo una interrupción significativa
entre el 24 de mayo de 2010 y el 24 de enero de 2011, la cual generó el
rompimiento del vínculo contractual. Así las cosas, como la reclamación
administrativa se promovió el 29 de junio de 2016, determinó que operó la
prescripción extintiva (trienal) respecto de los derechos causados antes del 24 de
enero de 2011.
13. Indicó que la pretensión de devolución o recobro de los aportes a pensión,
salud y riesgos laborales recae sobre un aspecto meramente económico u
obligación crediticia que no riñe con el derecho a la seguridad social, de modo
que el demandante tiene derecho a que se le pague directamente el porcentaje
de las cotizaciones que asumió por tales conceptos durante los períodos
reconocidos y que no estén afectados por la prescripción extintiva.
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14. Negó la pretensión de reconocimiento y pago de la prima de servicio, ya
que el Decreto 1919 de 2002 extendió las prestaciones sociales de los empleados
públicos del orden nacional a los del nivel territorial, mas no los factores salariales
como los emolumentos referidos.
15. Desestimó la pretensión de pago de aportes a caja de compensación
familiar debido a que el accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos
de que trata la Ley 21 de 1982 para ser beneficiario de los planes que brinda este
sistema.
16. También negó la pretensión de pago de la «sanción moratoria por la falta
de pago oportuno de prestaciones sociales e intereses a las cesantías» porque
el derecho a estas surge desde la ejecutoria de la sentencia.
Recursos de apelación
17. Ambas partes interpusieron recursos de apelación por los motivos que se
exponen a continuación:
18. El demandante adujo que la prescripción extintiva ya no se cuenta desde
la ejecutoria de la sentencia, sino desde la finalización del último contrato de
prestación de servicios, lo cual significa que el fallo es declarativo de derechos,
mas no constitutivo, pues, si fuera esto último, no se podría contabilizar el término
de prescripción desde la ejecutoria referida.
19. Señaló que la exigibilidad de las obligaciones no puede ser desde la
finalización del último contrato para el trabajador y a partir de la ejecutoria de la
sentencia para el empleador. Por lo tanto, afirmó que no se configuró la
prescripción de prestaciones sociales y, además, que tiene derecho al pago de
la sanción moratoria, pues la entidad no le pagó oportunamente las cesantías ni
las demás prestaciones sociales.
20. Reprochó la decisión de no condenar en costas a la parte demandada,
puesto que ha actuado a través de apoderado judicial, razón por la cual se
causaron aquellas, por lo menos en el componente de agencias en derecho.
21. La entidad accionada argumentó que no se configuró una relación laboral
debido a que los contratos de prestación de servicios tuvieron objetos diferentes
e interrupciones de hasta siete (7) meses y se celebraron ante la insuficiencia de
personal para desarrollar las actividades.
22. Indicó que no se demostró la continuada subordinación, teniendo en
cuenta que el accionante no cumplía horarios, pues disponía de su tiempo para
cumplir los objetos contractuales y podía ejercer realizar otras actividades
particulares (vender CDs, realizar rifas, entre otras).
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
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23. Por auto del 16 de febrero de 2023 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia.
24. El 12 de octubre de 2023 se corrió traslado para que las partes y el agente
del Ministerio Público presentaran sus alegatos de conclusión y su concepto,
respectivamente.
25. Dentro del término concedido la entidad accionada indicó que la orden de
pago de aportes a seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales
generaría una doble cotización, ya que el actor también los efectuó. Además,
manifestó que la devolución de los referidos aportes es viable, tal como se
planteó en el acuerdo conciliatorio que fue improbado por el Tribunal.
26. El demandante alegó que quedaron demostrados los elementos que
configuran una relación laboral; que la función de mensajero lleva implícita la
subordinación según la jurisprudencia del Consejo de Estado y que no hubo
interrupciones de más de treinta (30) días entre los contratos, por lo que tiene
derecho al pago de todas las prestaciones sociales causadas.
27. El Ministerio Público no presentó concepto.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.
Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. Para ello, deberá
establecerse si se acreditó, con el grado de suficiencia exigido, la existencia de
subordinación o dependencia continuada del demandante respecto del ente
territorial. En caso afirmativo, se determinará si la decisión adoptada en primera
instancia sobre la prescripción extintiva, la sanción moratoria por la falta de pago
de prestaciones sociales y la condena en costas observó los parámetros legales
y jurisprudenciales aplicables.
Análisis del problema jurídico
30. La Sala considera que el actor no acreditó la continuada subordinación
durante los períodos en que se desempeñó como mensajero en la entidad
accionada, en virtud de contratos suscritos con esta, de acuerdo con los
argumentos que más adelante se desarrollan. Por consiguiente, se revocará la
sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones.
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31. De acuerdo con la prueba documental recaudada2, el actor celebró los
siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:
Honorarios
Contrato Duración Objeto
mensuales
Servicios de apoyo logístico
para la distribución de la
0152 del 25 de enero 25/1/2010 al
$ 1.287.880 correspondencia de los
de 2010 y adición 24/5/2010
programas de deporte,
recreación y cultura
Servicios de apoyo logístico
para la distribución de la
0049 del 21 de enero 24/1/2011 al
$ 1.328.705 correspondencia de los
de 2011 y adición 31/12/2011
programas de deporte,
recreación y cultura
Servicios de apoyo para la
distribución de la
0076 del 7 de febrero 7/2/2012 al
$ 1.100.000 correspondencia de los
de 2012 y adición 31/12/2012
programas de deporte,
recreación y cultura
Servicios de apoyo a la
gestión de los diferentes
092 del 25 de enero 25/1/2013 al
$ 1.233.000 programas y proyectos de la
de 2013 31/12/2013
Secretaría de Deporte,
Recreación y Cultura
Apoyar la gestión de la
Dirección de Deporte y
Recreación a través del
0100 del 10 de enero 14/1/2014 al desarrollo de actividades de
$ 1.233.000
de 2014 y adición 28/12/2014 carácter administrativo que
permitan brindar una atención
preferencial a deportistas y
entes deportivos
Apoyar la gestión de la
Dirección de Deporte y
0092 del 21 de enero 21/1/2015 al
$ 1.379.170 Recreación a través del
de 2015 20/12/2015
desarrollo de actividades de
carácter administrativo
32. En primera instancia se practicaron los testimonios de los señores Sandra
Milena Vélez Correa y César Augusto Correa, de los cuales se destaca lo
siguiente:
i) La señora Sandra Milena Vélez Correa relató que trabaja actualmente en
la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de la Gobernación de
Risaralda y fue supervisora de algunos de los contratos del actor, y en
esa condición revisaba que se cumplieran las obligaciones contractuales;
que el accionante llevaba la correspondencia desde la Secretaría hasta
la Gobernación y viceversa; que el demandante no tenía un horario
laboral establecido, sino que concertaba con la secretaria ejecutiva, el
supervisor o cada funcionario en qué momento recogía y llevaba la
documentación, dependiendo del volumen de correspondencia que
hubiera; que el accionante no tenía que permanecer en las instalaciones
de la entidad cuando no había correspondencia; y que el demandante
presentaba informes de las actividades que realizaba durante el mes.
2
Contratos de prestación de servicios, adiciones y certificaciones aportados con la demanda y su
contestación.
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ii) El señor César Augusto Correa indicó que es profesional universitario en
la «Secretaría de Deportes» de la Gobernación de Risaralda desde 2001
y fue supervisor de algunos contratos del demandante; que el
demandante prestaba apoyo a la gestión en dicha secretaría, lo cual
incluía llevar y traer documentos; que a veces el secretario de turno le
decía al accionante «hay que hacer eso, recoja información en tales
dependencias, llévela a la Gobernación» o a veces él (el testigo) «tenía
mucha cercanía» con el actor; y que el demandante no tenía un horario
establecido y a veces llegaba en la mañana o en la tarde a recoger la
correspondencia, y cuando no había documentación no iba.
Señaló que el demandante era una persona muy allegada y «hasta
vendía CD´s, películas…hacía rifas»; que en la Secretaría no había otra
persona que realizara las mismas actividades que el actor; que él (el
testigo) como supervisor, a veces, le decía al demandante que tomara
foto entregando la documentación, como forma de verificar el
cumplimiento de las actividades, es decir, como soporte del cumplimiento
del contrato; que a veces el secretario de turno le decía al accionante que
fuera a la Gobernación para que trajera algún documento o contrato; que
por lo general toda la correspondencia se concentraba en la secretaria y
allí la recogía el demandante, pero a veces también pasaba por cada
oficina a recogerla.
1. Estudio del recurso de apelación interpuesto por la entidad
accionada
33. La prueba documental —contratos, adiciones y prórrogas, certificaciones
y comprobantes de egreso— y testimonial demuestra que el accionante realizó
actividades de mensajería en la entidad demandada, consistentes en recoger
correspondencia en la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda
y entregarla en la Gobernación, y viceversa, labor por la cual recibió el pago de
los honorarios pactados. En consecuencia, la prestación personal del servicio y
la remuneración se hallan suficientemente acreditadas, aspecto que, además, no
fue objeto de reparo en la alzada.
34. Aunque la entidad demandada sostuvo que los contratos tuvieron objetos
distintos, esa discrepancia obedeció a la terminología empleada en su redacción,
pues en algunos se indicó de manera expresa que el actor desarrollaría
actividades de mensajería, mientras que en otros se aludió de manera más
genérica al apoyo a la gestión administrativa. No obstante, los testigos —ambos
convocados por la parte demandada— fueron uniformes en señalar que el
accionante siempre ejecutó labores de mensajería, razón por la cual la Sala
concluye que, en esencia, el objeto contractual se mantuvo incólume entre el 25
de enero de 2010 y el 20 de diciembre de 2015.
35. En cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde al poder
jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la actividad del
trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en que este debe
desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e instrucciones,
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someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria. No se trata,
por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o verificación del
servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la que la autonomía
del contratista queda comprometida por la sujeción constante a la voluntad de
quien requiere el servicio3.
36. De conformidad con una interpretación armónica de los artículos 3, 4 —
numerales 1 y 4—, 5 —numeral 2— y 14 de la Ley 80 de 1993, entre los
contratistas y las entidades públicas debe existir una relación de entendimiento,
colaboración y coordinación orientada a la ejecución idónea y oportuna del objeto
convenido. Ello implica, de una parte, que el contratista debe atender las
directrices necesarias para la correcta ejecución del contrato y cooperar para el
cabal cumplimiento de lo pactado; y, de otra, que la entidad pública conserva la
potestad de ejercer la dirección general, el control y la vigilancia de la ejecución,
así como de verificar periódicamente la calidad y oportunidad de los servicios
prestados. Por ello, la sola presencia de tales facultades no permite, por sí
misma, inferir la existencia de subordinación continuada.
37. A lo anterior se suma lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, según los cuales las entidades estatales tienen el deber de vigilar de
manera permanente la correcta ejecución del objeto contractual a través de
supervisores o interventores, a quienes corresponde efectuar seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista. En desarrollo de
esa función, están facultados para requerir informes, aclaraciones y
explicaciones sobre la ejecución del contrato. De ahí que las solicitudes de
verificación, reporte o acreditación del servicio, en principio, se inscriban dentro
de las potestades propias de la supervisión contractual y no constituyan, sin más,
una manifestación de subordinación continuada.
38. Desde esa perspectiva, quien pretenda la declaratoria de
desnaturalización de contratos de prestación de servicios con fundamento en el
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades debe acreditar que las
actividades se ejecutaron bajo continuada subordinación. Sin embargo, del
examen integral del acervo probatorio la Sala concluye que el accionante no
satisfizo esa carga, pues los elementos de convicción recaudados no permiten
establecer que la entidad demandada hubiera ejercido sobre él un poder
permanente de dirección en lo concerniente al modo, al tiempo, al lugar y a la
cantidad del trabajo.
39. Esta Subsección ha sostenido que las labores de mensajería, por su
propia naturaleza, no permiten inferir de manera automática la existencia de
subordinación continuada. Por ello, cuando se alega la configuración de una
relación laboral encubierta en el marco de ese tipo de actividades, corresponde
a la parte interesada demostrar, en los términos del artículo 167 del Código
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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General del Proceso, que en el caso concreto la ejecución del servicio se
desarrolló bajo un poder permanente de dirección y dependencia4.
40. Lo anterior no excluye que, en determinados supuestos fácticos, las
labores de mensajería puedan llegar a ejecutarse en condiciones de
dependencia. Sin embargo, esa conclusión no puede edificarse sobre una
presunción derivada del tipo de actividad desempeñada, sino sobre la prueba de
circunstancias concretas que revelen la afectación de la autonomía del prestador.
En el presente asunto, tales elementos de convicción no obran en el expediente.
41. En efecto, los medios de convicción documentales en este caso particular
no dan cuenta de comportamientos de la entidad dirigidos a fijar el modo, el
tiempo, el lugar o la cantidad del trabajo de tal manera que su autonomía se
hubiese visto realmente comprometida, de manera que se omite acreditar la
existencia de un horario impuesto, de permanencia obligatoria en las
instalaciones, de disponibilidad continua o de pautas detalladas y constantes
sobre la ejecución cotidiana de las labores encomendadas.
42. Aunque el testigo César Augusto Correa manifestó que, en algunas
ocasiones, le solicitó al demandante tomar fotografías al momento de entregar la
documentación, también precisó que ello obedecía a la necesidad de constatar
la efectiva prestación del servicio. Esa circunstancia resulta compatible con un
escenario de coordinación de actividades y de supervisión contractual, en los
términos de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y por ello no basta para
concluir que la entidad definiera la forma concreta en que el accionante debía
desarrollar sus labores. Se trató, a lo sumo, de una exigencia orientada a
acreditar el cumplimiento del objeto convenido, no de una expresión de
sometimiento propio de una relación laboral.
43. De igual manera, el referido testigo indicó que, en ocasiones, el secretario
de turno le señalaba al demandante que llevara o recogiera determinado
documento. Sin embargo, esa afirmación tampoco genera la convicción
necesaria para tener por acreditada la subordinación continuada, pues apenas
revela requerimientos puntuales relacionados con la ejecución del objeto
contractual mas no el ejercicio de un poder permanente de dirección sobre la
actividad del contratista. A ello se añade que el testigo no precisó cómo se
formulaban esas indicaciones, con qué regularidad se producían, por qué medios
se comunicaban ni qué nivel de detalle tenían, circunstancias todas que impiden
reconstruir un contexto probatorio apto para inferir una verdadera situación de
dependencia.
44. En este punto merece especial consideración que el demandante desistió
de los testimonios que había solicitado con la demanda. Por su parte, los
declarantes convocados por la entidad demandada fueron consistentes en
afirmar que aquel no tenía un horario establecido; que podía acudir en la mañana
4
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 12 de marzo de 2026, expediente 66001-23-33-000-2016-00753-01 (4606-2021); sentencia
del 6 de marzo de 2025, expediente 76001-23-33-000-2016-0093701 (3523-2022); y sentencia del 31 de
marzo de 2022, expediente 63001-23-33-000-2014-00131-01 (2183-2016).
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o en la tarde a cumplir sus tareas y que no estaba obligado a permanecer en las
instalaciones de la entidad cuando no hubiera correspondencia. Incluso
señalaron que, si no existían documentos por trasladar, simplemente no acudía
a la entidad. Tales circunstancias son difícilmente conciliables con la existencia
de un vínculo laboral regido por una subordinación continuada.
45. Cabe agregar que, según lo expresado en los testimonios, el accionante
tenía la posibilidad de realizar otras actividades económicas. Aunque ese
aspecto, aisladamente considerado, no excluye por sí solo la subordinación, en
el caso concreto adquiere relevancia porque se suma a la ausencia de prueba
sobre un horario obligatorio, una permanencia forzosa en las instalaciones o una
disponibilidad continua al servicio de la entidad. En ese contexto, ese dato
constituye un indicio adicional de que el actor conservaba un margen relevante
de autonomía en la organización de su actividad.
46. Por las razones expuestas, la Sala estima que el demandante no cumplió
con la carga de demostrar la subordinación continuada durante la ejecución de
los contratos de prestación de servicios. En consecuencia, no se desvirtuó la
naturaleza contractual del vínculo, por lo que se revocará la sentencia de primera
instancia y se negarán las pretensiones de la demanda.
47. En ese orden de ideas, la Sala se releva de analizar los argumentos de la
apelación del demandante.
La condena en costas de ambas instancias
48. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
49. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
50. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En el caso concreto, comoquiera que se revocará la sentencia apelada y
se negarán las pretensiones, se condenará en costas de ambas instancias a la
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Radicación: 66001-23-33-000-2017-00142-01 (4780-2022)
Demandante: Néstor Julián Carmona Arenas
parte demandante, en los términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del ibidem, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de mayo de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Néstor Julián Carmona Arenas, a favor del departamento de Risaralda. Para el
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Risaralda.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JMMC
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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