Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00261-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00261-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00261-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00261-01 (0151-2024)
Demandante: José Robinson Ramírez Jiménez.
Demandada: Municipio de Villamaría-Caldas.
Tema: Relación laboral encubierta. Mensajería. CONFIRMA
SENTENCIA.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor José Robinson Ramírez Jiménez instauró demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra del municipio de Villamaría, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la resolución 545 del 1 de junio de 2020, en
consecuencia, que existió una relación laboral entre 2012 y 2019 y que como
restablecimiento del derecho se reconozcan y paguen los derechos salariales y
prestacionales.
3. Que se condene a pagar a la entidad los aportes a pensión, las sanciones
moratorias de brazos caídos, de no consignación de cesantías y del numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1998. Que se le indemnice por despido sin justa causa,
y se condene a pagar los gastos procesales, agencias de derecho y costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que estuvo vinculado al municipio de Villamaría desde el 16 de febrero de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2019 mediante contratos de prestación de servicios
como mensajero y desarrollaba labores de mensajería y manejo de correspondencia
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para la administración municipal, que hacía parte del giro ordinario y permanente de
la entidad. Que cumplía un horario fijo de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a
6:30 p. m. y que en ocasiones se extendía hasta las 7 u 8 p.m. Que recibía órdenes
permanentes de los alcaldes y en especial del secretario de gobierno, quien fungía
como su jefe inmediato.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
5. La demanda fue admitida el 5 de mayo de 2021. La demandada expresó que no
se cumplen los requisitos para que se de aplicación al principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, por lo que no se configuró el contrato realidad
pretendido, ya que el elemento de la subordinación es determinante y todas las
instrucciones impartidas al contratista, y el cumplimiento de horarios y rendimiento
de informes obedecían al principio de coordinación. Que entre varios contratos hubo
interrupciones superiores a quince días.
6. Que las actividades desarrolladas no fueron funciones permanentes de la planta
de personal y que las labores realizadas obedecían a los objetos y obligaciones
contractuales. Que el demandante conocía la naturaleza de los contratos, los
suscribió y aceptó con sus términos y condiciones durante largo tiempo y que solo
años después quiere obtener beneficios propios de una relación laboral.
7. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido
y prescripción.
8. Se celebró audiencia inicial el 26 de octubre de 2021, se fijó el litigio, se surtió la
etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y agotado el periodo
probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó
sentencia, la cual fue apelada por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
9. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 8 de septiembre de
2023 negó las pretensiones al considerar que se configuró la prestación personal
del servicio y la remuneración, pero no se logró acreditar el elemento de la
subordinación.
10. Que el demandante debía prestar sus servicios de apoyo a la gestión referente
a la entrega y distribución de correspondencia generada en la alcaldía de Villamaría
y con destino a distintas entidades. Que no se acreditó el cumplimiento de horarios,
llamados de atención, asignación de tareas concretas, asistencia a reuniones, lugar
o elementos de trabajo, ni la existencia de un jefe.
11. Que los testigos coincidieron en conocer al demandante por su trabajo en la
alcaldía. Que para distribuir la mensajería se le llamaba por teléfono y se le citaba
para el reparto que hacía en una moto de su propiedad.
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12. Que referenciaron el cumplimiento de un horario, sin embargo, una afirmó que
era de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 pm y la otra entre 7 u 8 a.m. hasta la
tarde. Que laboraba en diversas dependencias y por tanto no se podía establecer
de forma irrefutable el cumplimiento del horario.
13. Que no se puede determinar la permanencia y continuidad en el servicio toda
vez que este solo acudía al llamado telefónico, por lo tanto, el servicio se prestaba
conforme la necesidad. Que de los testimonios no se desprenden indicios o
elementos de subordinación, sino la idea de que era llamado y que dichos llamados
no lo efectuaban los testigos. Que no existe en la planta de cargos alguno relativo
a las funciones de mensajero.
RECURSO DE APELACIÓN
14. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que señaló que el
Tribunal hizo una incorrecta valoración de la prueba testimonial y por ello concluyó
que no existía subordinación. Sostuvo que se evidenciaron diversos elementos
configurativos de la subordinación, tales como: lugar de trabajo, horario, dirección y
control de actividades y desempeño de funciones propias de la entidad.
15. Que los testigos demostraron que tenía un lugar habitual de permanencia en el
segundo piso de la alcaldía, específicamente en la Secretaría de Gobierno o
despacho del alcalde y que allí recibía correspondencia e instrucciones para su
distribución.
16. Que se acreditó un horario de trabajo similar al de los demás funcionarios. Que
lo veían diariamente desde primeras horas de la mañana hasta la tarde,
demostrando permanencia y disponibilidad.
17. Que no actuaba con autonomía, sino a través de órdenes impartidas por la
Secretaría de gobierno. Que tenía jefes inmediatos, como los distintos secretarios
de gobierno y funcionarios que impartían instrucciones sobre las labores diarias y
que debía portar una escarapela institucional, rendir informes sobre diligencias
realizadas, firmar planillas y siempre estar disponible para atender requerimientos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 20 de agosto de 2024 fue admitido el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que esto ocurriera.
El Ministerio Público y el demandado guardaron silencio en esta etapa procesal.
El demandante emitió pronunciamiento, pero de manera extemporánea.
Se resolverá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
19. La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de
la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la parte actora tiene
derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con
ocasión de esa relación y las correspondientes indemnizaciones.
20. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo relativo
a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, lo correspondiente a la
condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
21. Para resolver el fondo del asunto se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
22. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en la Ley
80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación
laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable.
23. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad
humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de
dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el
elemento de la remuneración.
24. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos,
por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la
subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestaciones
sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en
las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
25. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las
cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado
es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y
que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones
que se deriven de aquella.
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• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de
servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno
de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término
de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de
cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución
de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de
salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en
los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación
laboral.
26. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello
se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución del caso concreto
27. De conformidad con las pruebas, se puede establecer que el señor José
Robinson Ramírez Jiménez prestó sus servicios como mensajero en la alcaldía de
Villamaría- Caldas, mediante contratos de prestación de servicios entre el 16 de
febrero de 2012 y el 31 de octubre de 2019 y que recibió una remuneración a cambio
de esto.
28. Lo anterior demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración,
aspectos no discutidos en el caso. Por esa razón, se procederá a revisar si
efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del recurso
de apelación.
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29. Se observa que todos los contratos tuvieron un mismo objeto, relativo a la
prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad correspondiente a
entrega y distribución de correspondencia generada en la alcaldía de Villamaría con
destino a múltiples entes.
30. Su reiteración durante varios años demuestra que la mensajería atendía una
necesidad recurrente de la entidad. Sin embargo, la permanencia de la necesidad
administrativa y la sucesiva celebración de contratos no acreditan automáticamente
la existencia de una relación laboral. Para ello también debe demostrarse que, en
la ejecución material del servicio, la entidad ejerció un poder continuado de dirección
sobre el contratista. En consecuencia, este indicio debe apreciarse juntamente con
las demás pruebas y no puede ser considerado aisladamente para demostrar o
excluir la subordinación.
31. De las pruebas documentales que acompañan los contratos, tales como (i) actas
de supervisión (ii) pagos de planillas (iii) certificados de afiliación y de disponibilidad
presupuestal (iv) estudios previos (v) planillas de entrega de mensajería, entre otros,
se puede establecer la correcta ejecución, legalidad y desarrollo de los contratos,
mas no se desprende la imposición de órdenes permanentes, controles laborales o
medidas disciplinarias.
32. Revisado su contenido, dichos documentos estaban dirigidos a verificar la
entrega de la correspondencia y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
De ellos no se desprende la imposición de una jornada determinada, permanencia
obligatoria, exclusividad, controles de ingreso y salida, rutas inmodificables,
solicitudes de permiso o consecuencias disciplinarias por una eventual ausencia.
33. Por tanto, no revelan un control laboral que excediera las facultades ordinarias
de supervisión contractual.
34. De las pruebas testimoniales se tienen las declaraciones de las señoras Lucía
Ospina Torres, Claudia Bibiana Sánchez Rojas, Ligia López y el señor Miguel Ángel
Mesa Arboleda.
35. La señora Olga Lucía Ospina Torres indicó que fueron compañeros del 2015
a 2019, que ella trabajaba con secretaría de planeación y de gobierno y él era el
mensajero del despacho y de toda la alcaldía en general, que repartía toda la
mensajería e iba a las diferentes oficinas a reclamar lo que se iba a llevar a las
diferentes entidades.
36. Que su puesto de trabajo era en el despacho del alcalde y en la secretaría de
gobierno que era donde lo buscaban cuando lo necesitaban. Que ella le entregaba
directamente las cartas y las correspondencias que debía llevar a las entidades y lo
hacía dependiendo de la disponibilidad y la necesidad. Que muchas veces lo
llamaba 2 y 3 veces al día, por ejemplo, cuando tenía que responder derechos de
petición, o, podía ser un día y otro día, que no había una regularidad o secuencia
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de cada cuánto se necesitaba, pero que debía tener disponibilidad total para
entregar lo que se necesitaba.
37. Que llegaba a las 8:00 o 9:00 a. m. dependiendo de lo que quedara el día
anterior o en el momento en que se llamara directamente a él o a la secretaría de
gobierno.
38. La señora Claudia Bibiana Sánchez Rojas lo conoció desde el 2012. Él era
mensajero, todos los días llegaba a la alcaldía cumpliendo un horario de 7:00 u 8:00
hasta por la tarde. Que se le pedía que llevara la correspondencia a los juzgados o
a diferentes entidades, no compartían oficina pues él permanecía en la parte
superior porque se imagina que su oficina, era en el despacho del alcalde y de la
oficina de gobierno.
39. Que siempre iba a las oficinas a reclamar la documentación. Ella lo sabía porque
veía todos los días la misma rutina desde temprano. La jefe de ella lo llamaba a su
teléfono o al despacho y de allá le indicaban que recogiera la documentación. Que
él no tenía un puesto de trabajo donde esperara a que le llevaran la documentación
porque cuando se requería su presencia, se llamaba e inmediatamente iba.
40. La señora Ligia López manifestó que lo conoció en la alcaldía y lo veía porque
ella trabajaba allá y en la casa de la cultura en la cafetería y, que, en ambas
entidades, lo veía recogiendo y llevando correspondencia. Que era mensajero. Lo
veía en todas las dependencias haciendo lo mismo, lo veía con sobres y le firmaban
un papel.
41. Que ella llegaba por la mañana y desde temprano lo llamaban que fuera por la
documentación que tenía que entregar. Él tomaba tinto allá en la cafetería, y nunca
escuchó que le llamaran la atención ni le manifestaron desagrado o molestia porque
no estuviera.
42. Por su parte, el señor Miguel Ángel Mesa Arboleda indicó que era vigilante en
la alcaldía y que fue su compañero durante 6 años del 2013 al 2019. Que el actor
era mensajero de todas las dependencias de la alcaldía y lo llamaban y le
entregaban los sobres para llevar a Manizales.
43. Que de todas las dependencias le decían que si lo había visto que lo
necesitaban para enviar unos documentos. Que veía que lo que le entregaban lo
echaba en un maletín que tenía y salía en la moto que guardaba en el parqueadero
de la alcaldía. Que en la semana le podían preguntar 2 o 3 veces por él durante su
turno. Que no le daban para la gasolina.
44. Estas declaraciones permiten establecer que la alcaldía constituía el punto
habitual de recepción de la correspondencia y de inicio de las diligencias. La Sala
reconoce que la ausencia de un escritorio o puesto fijo no excluye la subordinación,
pues un mensajero necesariamente debe desplazarse para cumplir su labor, por
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ello, el aspecto relevante no es si contaba con una oficina, sino si estaba obligado
a permanecer en las instalaciones y sometido a control mientras esperaba
instrucciones.
45. Sobre este último punto, ningún testigo afirmó que la entidad le hubiera impuesto
permanecer durante toda la jornada en un lugar determinado, que controlaran sus
entradas y salidas o que su ausencia produjera llamados de atención o
consecuencias adversas. En consecuencia, la presencia frecuente en la alcaldía
constituye un indicio que debe ponderarse, pero no acredita por sí sola una
permanencia obligatoria.
46. La expresión «disponibilidad total», utilizada por una de las testigos, constituye
un indicio relevante. Sin embargo, debe interpretarse dentro del contexto completo
de su declaración, en la cual también explicó que los llamados dependían de las
necesidades de cada dependencia y no tenían una periodicidad definida. Tampoco
se demostró que no pudiera rechazar o aplazar una diligencia, que tuviera que
solicitar permiso para ausentarse o que el incumplimiento de un llamado produjera
una consecuencia disciplinaria. Por ello, la prueba lo que demuestra es
disponibilidad para ejecutar el objeto contratado.
47. Tampoco se acreditó que los funcionarios determinaran las rutas, la secuencia
de las entregas, el medio de transporte o la forma específica de realizar los
recorridos. La utilización de una motocicleta propia y la ausencia de dinero para
gasolina son elementos adicionales compatibles con cierto margen de autonomía.
48. Aunque el despacho del alcalde, la Secretaría de Gobierno y las demás
dependencias impartían instrucciones relacionadas con las diligencias, la prueba no
permite identificar un jefe inmediato que ejerciera de manera permanente facultades
jerárquicas o disciplinarias sobre el demandante. La intervención de varios
funcionarios se explica porque el servicio de mensajería atendía las necesidades de
toda la alcaldía y no exclusivamente las de una dependencia.
49. En reciente sentencia de esta subsección se recordó que:
«Esta Subsección ha sostenido que las labores de mensajería, por su propia
naturaleza, no permiten inferir de manera automática la existencia de
subordinación continuada. Por ello, cuando se alega la configuración de una
relación laboral encubierta en el marco de ese tipo de actividades, corresponde
a la parte interesada demostrar, en los términos del artículo 167 del Código
General del Proceso, que en el caso concreto la ejecución del servicio se
desarrolló bajo un poder permanente de dirección y dependencia».1
50. En consecuencia, las pruebas no acreditan el ejercicio continuado de un poder
subordinante que hubiera limitado la autonomía del contratista, razón por la cual no
se desvirtuó la naturaleza contractual del vínculo ni se demostró la existencia de
1 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2026. Exp. 66001-23-33-
000-2017-00142-01 (4780-2022). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
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una relación laboral encubierta, por lo que se confirmará la sentencia objeto de
apelación.
De la condena en costas de segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, a quien se le
está resolviendo desfavorablemente el recurso. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 336 de la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. CONFIRMAR la sentencia del ocho (8) de septiembre dos mil veintitrés
(2023) por el Tribunal Administrativo de Caldas.
Segundo. Se condena en costas al demandante, las cuales deberán ser liquidadas
por la Secretaría del Tribunal de origen, conforme lo expuesto en la parte motiva.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
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Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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