Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00937-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2016-00937-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2016-00937-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2016-00937-01 (3523-2022)
Demandante: Ancizar Marulanda Ruiz
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Conductor
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 30 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio 060-35-970918 de 12 de abril de 2016 expedido por la
entidad territorial que negó la existencia de una relación laboral, así como, el
reconocimiento de los emolumentos salariales y prestacionales a que tiene
derecho.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho reclamó lo siguiente:
i) Ordenar a la gobernación del departamento del Valle del Cauca el pago
sobre el valor de todos los sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones,
sanciones, indemnizaciones y demás beneficios de la asignación básica
correspondiente del cargo que desempeñaba con los incrementos legales,
desde que se produjo el retiro del servicio y hasta las acreencias laborales
sean efectivamente pagadas.
ii) Declarar que no ha existido solución de continuidad en los servicios para
1 Folios 2 y 3 del cuaderno principal expediente.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 76001233300020160093701 (3523-2022)
Demandante: Ancizar Marulanda Ruiz
todos los efectos legales y prestaciones del demandante.
iii) Liquidar la condena a través de sumas con base a la moneda legal de
Colombia, y ajustarlas de acuerdo al índice de precios al consumidor, o al
por mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 179 del Código
Contencioso Administrativo.
iv) A efectos del cumplimiento de la sentencia, ordenar la aplicación de lo
preceptuado en los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
v) Reconocer la existencia de un contrato de trabajo o contrato realidad que
fue encubierto por el departamento del Valle del Cauca a través de
contratos de prestación de servicios, la vinculación tendrá la condición de
a término indefinido durante el lapso de 7 de julio de 2012 a 30 de mayo
de 2015, fecha última en la que la administración decidió terminar el
vínculo sin justa causa y de manera ilegal.
vi) Cancelar todas las prestaciones sociales legales y extralegales causadas
a partir de la vinculación con la entidad territorial.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda2
El señor Ancizar Marulanda Ruíz fundamentó sus pretensiones en los siguientes
hechos:
i) Prestó sus servicios ininterrumpidamente en el lapso comprendido entre
el 17 de agosto de 2012 y el 30 de mayo de 2015, las labores se ejecutaron
con contratos en las siguientes fechas:
DÍAS
FECHA DE FECHA DE
CONTRATO EJECUTADOS
INICIO FINALIZACIÓN
CON CONTRATO
13 de noviembre 31 de diciembre de
0702 49
de 2012 2012
29 de julio de 31 de octubre de
0760 96
2013 2013
8 de noviembre
1126 30 de abril de 2014 174
de 2013
30 de abril de
1126-1 31 de julio de 2014 92
2014
22 de septiembre 31 de diciembre de
0615 101
de 2014 2014
9 de febrero de 31 de mayo de
0148 112
2015 2015
No obstante, también hubo prestación de servicios sin vinculación
contractual en las épocas que a continuación se señalan:
2 Folios 3 a 11 del cuaderno principal expediente.
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Demandante: Ancizar Marulanda Ruiz
PERÍODO LABORADO DÍAS LABORADOS
Del 17 de agosto a 12 de noviembre de 2012 88 días
Del 1° a 28 de julio de 2013 209 días
Del 1° a 8 de noviembre de 2013 7 días
Del 1° de agosto a 22 de septiembre de 2014 52 días
Del 1° de enero a 8 de febrero de 2015 39 días
ii) Las funciones desempeñadas correspondieron a las de motorista y
conductor de camioneta de la gobernación del Valle del Cauca, cumplió
sus actividades de manera personal, subordinada y respecto de la cual
percibía remuneración, así mismo, recibió órdenes de sus jefes
inmediatos.
iii) El 28 de marzo de 2016 reclamó el reconocimiento de las prestaciones
sociales a las que consideró tener derecho, petición decidida
desfavorablemente a través del acto administrativo acusado.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación3
Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: artículos 13 y 53 de la Constitución Política de 1991;
1°, 2°, 3°, 11, 19 y 20 del Decreto 2127 de 1945; 1° del Decreto 797 de 1949; 5°
del Decreto 3135 de 1968; 1° del Decreto 2148 de 1992; 1° y 11 de la Ley 6ª de
1945; 13 y 20 del Código Sustantivo del Trabajo y las leyes 50 de 1990 y 789 de
2002.
Como concepto de violación destacó que se configuraron los vicios de nulidad de
falta de motivación y de violación a una norma superior, el primero en razón a
que se dio por terminado el contrato de prestación de servicios que se había
prorrogado de forma continua e ininterrumpida sin darse la oportunidad al
demandante de buscar un nuevo trabajo con la comunicación anticipada de la no
renovación de la vinculación, en cuanto a la segunda causal, aseveró que se
conculcaron las normas sobre las formas de vinculación y las reglas de
permanencia en el servicio,
1.4. Contestación de la demanda4
El departamento del Valle del Cauca por conducto de apoderado contestó la
demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
oponiéndose a las pretensiones de la demanda con fundamento en los
argumentos que a continuación se indican:
i) No se configuraron los elementos de la relación laboral subyacente o
3 Folios 17 a 21 del cuaderno principal expediente.
4 Folios 407 a 414, ibidem.
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encubierta, en cambio, acaeció de la prestación del servicio de manera
independiente, la permanencia del interesado en su sitio de trabajo era
necesario en la medida que ejecutaba labores como conductor.
ii) La no generación de pagos por concepto de prestaciones sociales u otro
tipo de acreencias laborales fue consecuencia de que solamente se
acordó el pago de honorarios durante el tiempo de vinculación a la entidad
territorial.
iii) A través del Decreto 1867 de 22 de diciembre de 1999 que estableció la
estructura administrativa y la planta global de cargos del nivel central del
departamento del Valle del Cauca, así como los Decretos 1891 de 30 de
diciembre de 1999 y 0084 de 7 de febrero de 2000 que suprimió cargos de
la planta de personal de la Secretaría de Salud, desapareció el cargo de
motorista de la planta global de cargos del nivel central del departamento.
iv) Teniendo en cuenta lo contemplado por la Ley 80 de 1993, ante la falta de
existencia de personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente
público o persona jurídica y no se cuente con personas para llevar a cabo
determinades actividades, el Estatuto de Contratación habilita la
suscripción de contratos de prestación de servicios para suplir la
necesidad.
v) Dentro de las temáticas habilitadas para la celebración del contrato de
prestación de servicios se encuentra las labores de vigilancia, motoristas,
aseo, mantenimiento de equipos, mantenimiento de edificaciones o la
defensa de un proceso, en otras palabras, las labores que impliquen una
obligación de hacer y la persona posea experiencia para ejecutar la
actividad encomendada.
Finalmente, formuló como excepciones las siguientes: i) carencia del derecho; ii)
cobro de lo no debido; iii) inexistencia de la obligación; iv) prescripción extintiva
del derecho y v) innominada.
1.5. Sentencia de primera instancia5
El 30 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo tanto, declaró la
nulidad del acto administrativo impugnado y dispuso lo siguiente:
«SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral de derecho público
entre el señor ANCIZAR MARULANDA RUIZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 94.512.087 y el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, por los siguientes
periodos de tiempo:
5 Índice 18 de las actuaciones registradas en el sistema de gestión judicial «Samai» del Tribunal
Administrativo.
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Del 13 noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Del 08 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2014.
Del 22 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014.
Del 09 de febrero de 2015 al 31 de mayo de 2015.
TERCERO: DECLÁRASE probada de oficio la prescripción de los derechos
laborales, diferentes a la pensión, reclamados por la parte actora del 13 noviembre
de 2012 al 31 de diciembre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en la parte
motiva de este proveído.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ordenar al DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA, a reconocer y a pagar a favor del señor ANCIZAR
MARULANDA RUIZ las prestaciones sociales que resulten entre lo que recibió el
actor mientras duró el contrato de prestación de servicios del 08 de noviembre de
2013 al 31 de julio de 2014, del 22 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de
2014 y del 09 de febrero de 2015 al 31 de mayo de 2015, y lo que en estos periodos
de tiempo hubiese percibido como servidor público de planta de la entidad en un
cargo igual o similar al desempeñado.
QUINTO: ORDENAR a al DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, tomar
durante el tiempo comprendido entre el 13 noviembre de 2012 al 31 de diciembre
de 2012, el 08 de noviembre de 2013 al 31 de julio de 2014, del 22 de septiembre
de 2014 al 31 de diciembre de 2014 y del 09 de febrero de 2015 al 31 de mayo de
2015, el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (los
honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados
como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje
que le correspondía como empleador. Los aportes a pensión deberán ser
actualizados a valor presente a través del ejercicio de un cálculo actuarial, de
suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador
y al actor, según el caso.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron
los referidos vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en esta providencia.
[…]
OCTAVO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia».
Para arribar a las anteriores conclusiones, el a quo consideró que con el material
probatorio allegado se constataron los elementos necesarios para declarar la
existencia de la relación laboral encubierta.
Sobre la prestación personal del servicio señaló que se probó con las distintas
pruebas documentales aportadas al proceso, tales como las certificaciones de
prestación de servicios y las copias de los contratos, de ellas estableció que se
desarrollaron labores como motorista del departamento del Valle del Cauca en
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los períodos de 13 de noviembre a 31 de diciembre de 2012, 8 de noviembre de
2013 a 31 de julio de 2014, 22 de septiembre a 31 de diciembre de 2014 y de 9
de febrero a 31 de mayo de 2015.
A pesar de que el demandante expresó que desarrolló sus funciones de manera
ininterrumpida desde el 17 de agosto de 2012 y hasta el 30 de mayo de 2015,
únicamente los tiempos detallados en los contratos acreditaron la prestación de
servicios de esos lapsos, toda vez que, de la “valera” y la relación de turnos
aportados con la demanda no fue posible deducir la continuidad en el servicio
prestado.
En punto a la remuneración indicó que era suficiente para su acreditación los
montos pactados en cada uno de los contratos que integraron el expediente.
En torno a la subordinación refirió que las tareas ejecutadas eran necesarias
para el normal funcionamiento de la entidad territorial, exigiéndose disponibilidad
de tiempo con sujeción a lo que el funcionario de turno requiriera. En efecto,
explicó que la relación no fue esporádica ni ocasional, se requería la continuidad
de la prestación del servicio, por lo tanto, resaltó que no se podía delegar el
ejercicio de las funciones en terceras personas y se exigía el cumplimiento de las
obligaciones de manera subordinada.
Señaló que el régimen especial de vinculación legal efectuado por el
departamento del Valle del Cauca-contrato de prestación de servicios-evadió el
régimen salarial y prestacional generados por una relación laboral, así, destacó
que el permitir la existencia de trabajadores con vinculaciones precarias iba en
contravía a la teoría del contrato realidad fundada en los mandatos superiores
del derecho a la irrenunciabilidad, derecho a la igualdad, principio de in dubio pro
operario y principio de no regresividad.
Respecto de la prescripción extintiva del derecho señaló que las prestaciones
sociales del período de 13 de noviembre de 2012 a 31 de diciembre de la misma
anualidad estaban afectadas por la prescripción, debido a que la reclamación
administrativa se radicó el día 28 de marzo de 2016, esto es, pasados los tres
años de plazo para reclamar el derecho, no obstante, las acreencias de los
restantes lapsos si fueron peticionadas a término.
1.6. Recurso de apelación6
El departamento del Valle del Cauca solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia, para tal efecto, expresó los siguientes argumentos:
i) El a quo declaró la existencia de la relación laboral con una deducción
6 Índice 22 de las actuaciones registradas en el sistema de gestión judicial «Samai» del Tribunal
Administrativo.
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extraída del análisis que realizó a los contratos de prestación de servicios,
sobre todo de la cláusula de las obligaciones del contratista, pasándose
por alto verificar como en toda actividad laboral se requieren lineamientos
dirigidos a los contratistas sobre las políticas para la prestación de
servicios y la ejecución de las actividades encomendadas, sin que esto
implique la imposición de órdenes o subordinación, desde la suscripción
de los instrumentos contractuales eran claras las labores a desarrollar.
ii) No se aportó al expediente ningún documento y declaración que acreditara
el grado de subordinación o dependencia, lo que realmente sucedió fue la
coordinación de actividades entre los sujetos contractuales, en la cual el
demandante se sometía a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente del objeto contractual, dentro de lo que subyace el cumplimiento
de un horario, recibir instrucciones de los superiores o reportar informes
de resultados.
iii) Luego de citar la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021,
sostuvo que la administración departamental no tuvo la voluntad de
otorgarle una duración indefinida a la prestación de servicios, por el
contrario, las partes tenían claro que el contrato celebrado obedecía a un
término de duración, consignado en el mismo escrito y en el que no se
pactó prórroga automática al cumplimiento del término acordado.
iv) Así mismo, como fue expuesto desde la contestación de la demanda, en
la planta global de cargos del departamento del Valle del Cauca no existe
el cargo de motorista, de ahí que, era manifiestamente contrario a la ley y
a la normatividad interna, realizar una vinculación diferente a la prestación
de servicios, además, en los estudios previos de los contratos de
prestación de servicios se analizó la conveniencia del objeto a contratar,
también se justificó la tipología seleccionada de la contratación y la
duración del mismo, de conformidad con la necesidad del servicio y la falta
de personal de planta ante la ausencia del cargo.
v) Con los estudios previos se demostró que la contratación se debió al
análisis de conveniencia y necesidad adelantado, partiendo de la base que
no existía el cargo de motorista, lo que implicó la ausencia de personal de
planta competente para el desarrollo de las actividades, es especial, para
el manejo de vehículos automotores que como lo ha considerado la
jurisprudencia constitucional es una actividad peligrosa, de ahí que,
requiere de conocimientos técnicos mínimos para su ejecución.
vi) Además, explicó que, para exigirse el cumplimiento del objeto contractual
a todo contratista, es indispensable ejercer un grado de autoridad por parte
del contratante, sin que ello implique subordinación o dependencia, por el
contrario, los contratistas brindan apoyo o acompañamiento transitorio a
la autoridad administrativa, sin ser posible predicar ánimo o vocación de
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permanencia de la vinculación, mucho menos la imposición de órdenes.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 2 de septiembre de 20227 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente regresaría
al despacho para fallo.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En ese sentido, como solamente
apeló la parte demandada, la resolución del caso se ceñirá siguiendo los
planteamientos que allí se expusieron.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar ¿sí existió una relación
laboral encubierta entre el señor Ancizar Marulanda Ruíz y el departamento del
Valle del Cauca en el período comprendido entre el 17 de agosto de 2012 y el 30
de mayo de 2015?
De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada por
el fenómeno de la prescripción?
7 Folio 449 del cuaderno principal del expediente.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
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Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir con ocasión a dicho vínculo?
2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente
En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.
Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,10 constituye, junto con otros principios convencionales,11 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.
Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:
«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»
Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa
Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).
En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.
En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.
No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
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de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política12.
Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.
Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.
En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
12 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-
000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.
En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».
A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201613, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización14, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,
operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término15.
En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.
13 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
14 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
15 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
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Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.
2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los recursos de apelación y a
efectos de ser resueltos, se procederá a identificar el material probatorio obrante
en el plenario:
1. Contratos de prestación suscritos entre el demandante y el departamento
del Valle del Cauca
De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por la parte demandante,
el señor Ancizar Marulanda Ruiz León suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios con la autoridad administrativa:
Contrato de
Fecha de Fecha de
# prestación Objeto Valor total
inicio terminación
de servicios
La prestación de
servicios de apoyo a la
gestión en la
socialización de la
702 de 13 de 13 de 31 de política integral de
$5.000.000
1 noviembre de noviembre diciembre atención al ciudadano y
M/cte.
201216 de 201217 de 2012 la lucha anticorrupción
requeridos para realizar
las actividades
operativas propias de la
función
Interrupción de 208 días hábiles
La prestación de
servicios de apoyo a la
1126 de 8 de 8 de gestión como motorista
30 de abril $11.400.000
2 noviembre de noviembre de vehículos oficiales
de 2014 M/cte.
201318 de 201319 que hacen parte del
parque automotor de la
gobernación del Valle
16 Folios 260 a 263 del cuaderno principal del expediente.
17 Según la certificación expedida el 13 de febrero de 2013 por el subsecretario de servicios administrativos
de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la gobernación del Valle del Cauca, la
ejecución del contrato de prestación de servicios 702 inició el día 13 de noviembre de 2012, certificación
visible en el folio 257 del cuaderno principal del expediente.
18 Folios 264 a 268 del cuaderno principal del expediente.
19 De acuerdo a la cláusula séptima de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el contrato se entendía
perfeccionado con la firma de las partes.
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del Cauca, adscritos a
la Secretaría de Gestión
Humana y Desarrollo
Organizacional
debiendo desarrollar
actividades inherentes a
la gestión para la cual
se contrata
Adición al
contrato 1126
30 de abril 31 de julio $5.700.000
3 realizada el
de 2014 de 2014 M/cte.
30 de abril de
201420
Interrupción de 36 días hábiles
La prestación de
servicios de apoyo a la
gestión como motorista
de vehículos oficiales
que hacen parte del
parque automotor de la
0615 de 22
22 de 31 de gobernación del Valle
de $5.700.000
4 septiembre diciembre del Cauca, adscritos a
septiembre M/cte.
de 201422 de 2014 la Secretaría de Gestión
de 201421
Humana y Desarrollo
Organizacional
debiendo desarrollar
actividades inherentes a
la gestión para la cual
se contrata
Interrupción de 25 días hábiles
La prestación de
servicios de apoyo a la
gestión como motorista
de vehículos oficiales
que hacen parte del
parque automotor de la
0148 de 9 de gobernación del Valle
9 de febrero 31 de mayo $7.600.000
5 febrero de 24 del Cauca, adscritos a
de 2015 de 2015 M/cte.
201523 la Secretaría de Gestión
Humana y Desarrollo
Organizacional
debiendo desarrollar
actividades inherentes a
la gestión para la cual
se contrata
2. Informe de valeras para el suministro de gasolina de los vehículos TMP261,
ONK070, ONK 54125, emanado de la Secretaría General de la gobernación del
Valle del Cauca, en el que se vislumbran comprobantes de suministro de gasolina
al señor Ancizar Marulanda así:
20 Folios 269 y 270 del cuaderno principal del expediente.
21 Folios 271 a 275 del cuaderno principal del expediente.
22 De acuerdo a la cláusula veinticuatro de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el contrato se
entendía perfeccionado con la firma de las partes.
23 Folios 276 a 281 del cuaderno principal del expediente.
24 Según la certificación expedida el 16 de junio de 2015 por el subsecretario de desarrollo administrativo de
la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la gobernación del Valle del Cauca, la
ejecución del contrato de prestación de servicios 148 inició el día 9 de febrero de 2015, certificación visible
en el folio 258 del cuaderno principal del expediente.
25 Folios 23 a 182 del cuaderno principal del expediente.
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Anualidad de 2013
Para el vehículo identificado con placa TMP261 al servicio de la oficina de
comunicaciones en los días 5 de marzo de 2013, 15 de marzo de 2013, 18 de
marzo de 2013, 20 de marzo de 2013, 22 de marzo de 2013, 1° de abril de 2013,
5 de abril de 2013, 8 de abril de 2013, 10 de abril de 2013, 11 de abril de 2013, 2
de mayo de 2013, 4 de mayo de 2013, 7 de mayo de 2013, 10 de mayo de 2013,
16 de mayo de 2013, 17 de mayo de 2013, 21 de mayo de 2013 23 de mayo de
2013, 4 de junio de 2013, 6 de junio de 2013, 14 de junio de 2013, 19 de junio de
2013, 15 de julio de 2013, 18 de julio de 2013, 30 de julio de 2013, 2 de agosto
de 2013, 5 de agosto de 2013, 15 de agosto de 2013, 16 de agosto de 2013, 21
de agosto de 2013, 23 de agosto de 2013, 27 de agosto de 2013, 30 de agosto
de 2013, 3 de septiembre de 2013, 4 de septiembre de 2013, 6 de septiembre de
2013, 12 de septiembre de 2013, 4 de octubre de 2013, 18 de octubre de 2013,
22 de octubre de 2013, 24 de octubre de 2013, 25 de octubre de 2013, 31 de
octubre de 2013, 5 de noviembre de 2013, 15 de noviembre de 2013 y 13 de
diciembre de 2013.
Para el vehículo identificado con placa TMP261 al servicio de la oficina de
protocolo en el día 22 de julio de 2013.
Para el vehículo identificado con placa TMP261 al servicio del despacho del
gobernador en el día 29 de julio de 2013.
Para el vehículo identificado con placa ONI444 al servicio de la oficina de
comunicaciones en el día 11 de junio de 2013.
Para el vehículo identificado con placa MTP261 al servicio de la oficina de
comunicaciones en los días 26 de julio de 2013 y 10 de septiembre de 2013.
Para el vehículo identificado con placa OYL631 al servicio de la oficina de
comunicaciones en los días 6 de septiembre de 2013, 22 de octubre de 2013 y
25 de octubre de 2013.
Para el cambio de aceite del vehículo identificado con placa TMP261 al servicio
de la oficina de comunicaciones en el día 15 de agosto de 2013.
Para el cambio de aceite del vehículo identificado con placa MTP261 al servicio
de la oficina de comunicaciones en el día 25 de septiembre de 2013.
Anualidad de 2014
Para el vehículo identificado con placa TMP261 al servicio de la oficina de
comunicaciones en los días 21 de enero de 2014, 27 de enero de 2014, 28 de
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Demandante: Ancizar Marulanda Ruiz
enero de 2014, 3 de febrero de 2014, 6 de febrero de 2014, 8 de febrero de 2014,
10 de febrero de 2014, 13 de febrero de 2014, 14 de febrero de 2014, 19 de
febrero de 2014, 22 de febrero de 2014, 25 de febrero de 2014, 8 de marzo de
2014, 17 de marzo de 2014, 19 de marzo de 2014, 21 de marzo de 2014, 25 de
marzo de 2014, 7 de abril de 2014, 9 de abril de 2014, 18 de abril de 2014, 26 de
abril de 2014, 30 de abril de 2014, 2 de mayo de 2014, 6 de mayo de 2014, 8 de
mayo de 2014, 13 de mayo de 2014, 16 de mayo de 2014, 18 de mayo de 2014,
20 de mayo de 2014, 22 de mayo de 2014, 25 de mayo de 2014, 28 de mayo de
2014, 30 de mayo de 2014, 1° de junio de 2014, 4 de junio de 2014, 15 de julio
de 2014, 24 de julio de 2014 y 29 de julio de 2014.
Anualidad de 2015
Para el vehículo identificado con placa ONK541 al servicio de la oficina de
protocolo en el día 17 de enero de 2015.
Para el vehículo identificado con placa ONK541 al servicio de la oficina de la
gestora social en el día 28 de enero de 2015,
Para el vehículo identificado con placa ONK070 al servicio de la oficina de la
gestora social en los días 30 de enero de 2015 y 20 de febrero de 2015
3. Cuadro de relación de entrega de vales26 para el suministro de gasolina a
diferentes conductores del despacho del gobernador y Secretaría General
entregados por la Secretaría de Desarrollo Institucional a la Secretaría General,
respecto al señor Ancizar Marulanda Ruiz para el vehículo identificado con placa
TMP261 en los días 3 de enero de 2014, 8 de enero de 2014, 14 de febrero de
2014, 22 de febrero de 2014, 25 de febrero de 2014, 5 de abril de 2014, 7 de abril
de 2014, 9 de abril de 2014, 26 de abril de 2014, 8 de mayo de 2014, 12 de junio
de 2014.
4. Cuadros de ingreso en vehículos automotores27 a la portería de la gobernación
del Valle del Cauca, sobre el demandante se observó:
Ingreso de 2 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 11:22 y hora de salida a las 12:18.
Ingreso de 5 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 2:47 y hora de salida a las 2:50.
Ingreso de 6 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 10:49 y hora de salida a las 11:17 y 17:54.
26 Folios 326 a 376 del cuaderno principal del expediente.
27 Folios 282 a 325, ibidem.
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Demandante: Ancizar Marulanda Ruiz
Ingreso de 7 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, sin
registro de hora de ingreso y hora de salida a las 3:42.
Ingreso de 8 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK070, con
hora de ingreso a las 15:54 y hora de salida a las 15:33.
Ingreso de 8 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, sin
registro de hora de ingreso y hora de salida a las 15:57.
Ingreso de 13 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 15:03 y hora de salida a las 15:38.
Ingreso de 13 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 16:42 y hora de salida a las 18:33.
Ingreso de 14 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 13:35 y hora de salida a las 11:20.
Ingreso de 14 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 16:47 y hora de salida a las 14:37.
Ingreso de 15 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 16:40 y sin registro de hora de salida.
Ingreso de 16 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 10:44 y sin registro de hora de salida.
Ingreso de 20 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 17:07 y sin registro de hora de salida.
Ingreso de 21 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 16:34 y sin registro de hora de salida.
Ingreso de 25 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, sin
registro de hora de ingreso y hora de salida a las 14:33.
Ingreso de 27 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, sin
registro de hora de ingreso y hora de salida a las 17:47.
Ingreso de 28 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 10:30 y sin registro de hora de salida.
Ingreso de 28 de enero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 21:00 y hora de salida a las 21:04.
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Ingreso de 6 de febrero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 11:16 y hora de salida a las 11:18.
Ingreso de 11 de febrero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 06:45 y hora de salida a las 06:48.
Ingreso de 16 de febrero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, sin
registro de hora de ingreso y hora de salida a las 11:37.
Ingreso de 18 de febrero de 2015 en el carro identificado con placa ONK541, con
hora de ingreso a las 11:13 y hora de salida a las 11:29.
5. Solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales: Mediante
escrito radicado el día 28 de marzo de 201628 se solicitó al departamento del
Valle del Cauca el reconocimiento de una relación laboral, producto de los
contratos de prestación de servicios que suscribió con esa entidad y el pago de
las prestaciones sociales causadas desde el 17 de agosto de 2012 hasta el 30
de 30 de mayo de 2015.
6. Acto administrativo demandado: Por medio del oficio 060-35-970918
expedido el 12 de abril de 201629 por la directora técnica de la Secretaría General
de la entidad territorial se negó la anterior petición con fundamento en que «en el
caso planteado por el peticionario no se encuentran elementos claros y
contundentes en los que se evidencien de manera frecuente y ligada los tres
elementos antes descritos, por ello, la actual administración departamental no
encuentra fundamentación suficiente para que en derecho se acceda a lo
solicitado por el peticionario, contrario sensu se niega la existencia del contrato
realidad solicitado en el punto uno de su petición, y de manera conexa el
reconocimiento de los emolumentos solicitados en puntos dos y tres del mismo
escrito».
Teniendo claro el material probatorio que se allegó al plenario, procederá la Sala
a analizar cada uno de los elementos que constituyen la relación laboral
encubierta en el caso concreto.
La prestación personal del servicio del demandante se acreditó, en tanto que
realizó actividades de manera personal en favor de la gobernación del
departamento del Valle del Cauca en el período de 13 de noviembre a 31
diciembre de 2012 y en el lapso de 8 de noviembre de 2013 a 31 de mayo de
2015, salvo interrupciones, según dan cuenta los 4 contratos de prestación de
servicios celebrados entre las partes.
28 Folios 254 y 255 del cuaderno principal del expediente.
29 Folio 256, ibidem.
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Si bien en la demanda se reclamó el tiempo desde el 17 de agosto de 2012 de
manera ininterrumpida, lo cierto es que no se aportaron elementos de convicción
para demostrar la prestación del servicio a partir de la citada fecha y en las
épocas de interrupción.
Aun así, es necesario hacer hincapié en que para determinar la existencia de la
relación laboral no es indispensable la presentación del contrato escrito, toda vez
que no constituye una formalidad exigible en este tipo de controversias, lo
realmente importante es acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación o dependencia.
Sin embargo, los comprobantes de suministro de gasolina y los cuadros de
ingreso a la gobernación del departamento del Valle del Cauca no aportaron
información suficiente de la ejecución de labores en los días de interrupción
contractual y las fechas reclamadas por el demandante en las que no se suscribió
contrato de prestación de servicios.
Ahora bien, contrario a lo deducido por el a quo, entre el día 13 de noviembre a
31 de diciembre de 2012 no es posible concluir que las funciones desempeñadas
hubiesen sido como conductor de la entidad territorial en tanto el contrato de
prestación de servicios 0702 de 2012 tuvo como objeto el apoyo a la gestión en
la socialización de la política integral de atención al ciudadano y la lucha
anticorrupción requeridos para realizar las actividades operativas propias de la
función, con actividades tales como, el acompañamiento a las visitas
programadas en el sector privado y público para recepcionar las solicitudes o
inquietudes que se presenten; recepción, organización y clasificación de
correspondencia y archivos de conformidad con la ley general de archivos;
realización de mensajería y traslado de documentos internos y externos;
realización del control de correspondencia asignada mediante libros de control y
fotocopiado de documentos. De ahí que, en ese tiempo no se realizaron
actividades como conductor sino de carácter administrativo.
De otro lado, durante el período de 8 de noviembre de 2013 a 31 de mayo de
2015, salvo interrupciones, el señor Ancizar Marulanda Ruiz prestó servicios en
calidad de conductor de la gobernación del Valle del Cauca.
Con los mismos medios probatorios se demuestra el segundo elemento de la
relación laboral, esto es, la contraprestación o remuneración, que se refiere a
las sumas de dinero recibidas por el actor durante la ejecución de sus actividades.
Dichos montos se encuentran descritos taxativamente en los contratos que
celebró el interesado para tal efecto.
En cuanto al elemento esencial de la relación laboral esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consiste en la facultad que le
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Demandante: Ancizar Marulanda Ruiz
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».
En relación con este elemento, esta Sala ha afirmado que «implica una
superioridad jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta
facultad sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una
facultad es una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de
las normas que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier
tipo de convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la
correcta ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de
carácter administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir
horarios en la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de
algunos elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero,
coordinar de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de
la subordinación»30.
Por lo tanto, resulta necesario establecer indicios que determinen la existencia
de subordinación en la ejecución de las labores ejecutadas en el presente asunto,
atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la sentencia de unificación SUJ-
025-CES2-2021 en la que precisó como tales los siguientes:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación, y, por consiguiente, que
la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá
ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar.
Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo,
o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de
2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las
actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es
su inserción en el círculo rector, organizativo disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de
un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser
valorado como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y
cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en
el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a
los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los
que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo».
Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los
siguientes ítems:
i) Lugar de trabajo: De las pruebas documentales, tales como los comprobantes
de suministro de gasolina y el cuadro de relación de entrega de vales de
combustible, se advierte que el demandante ejecutó las actividades en diferentes
lugares de la gobernación del Valle del Cauca, a saber, oficina de
comunicaciones, oficina de protocolo, oficina de la gestora social y en el
despacho del gobernador.
ii) Horario de trabajo: En los contratos de prestación de servicios 1126 de 8 de
noviembre de 2013, 0615 de 22 de septiembre de 2014 y 0148 de 9 de febrero
de 2015 se estableció como una de sus cláusulas el permanecer dispuesto a
conducir el vehículo según requerimiento del funcionario al cual se le hubiere
asignado el uso del vehículo, no obstante, en el plenario no reposa ninguna
prueba que constate la imposición de horario de trabajo o la asignación de turnos
para la prestación del servicio, es cierto que los cuadros de ingreso de vehículo
a la gobernación indican unas horas de ingreso y de salida pero ello no implica
el acatamiento de horario.
En todo caso debe advertirse que si ello hubiese ocurrido, tal circunstancia per
se no lleva consigo el elemento de la subordinación, pues entre las partes
contratantes puede existir una «relación de coordinación en sus actividades, de
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manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello
no significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación»72.
iii) La dirección y el control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en
que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».
Como se señaló en párrafos anteriores, la ejecución del contrato 702 de 13 de
noviembre de 2012 contó con obligaciones contractuales atinentes a tareas de
índole administrativo como el acompañamiento de visitas programadas en el
sector privado y público, recepción y organización de archivo de
correspondencia, remisión de mensajería y archivo, así como, el traslado de
documentos.
Sin embargo, el demandante tenía la carga de efectuar un ejercicio probatorio
suficiente dirigido a demostrar elementos y circunstancias de las que se
concluyera que en la ejecución de los servicios estuvo sujeto al cumplimiento de
directrices u órdenes de un superior o que debía ejecutar el contrato en las
condiciones impuestas por la entidad.
Con respecto a los contratos de prestación de servicios 1126 de 2013, 0615 de
2014 y 0148 de 2015 cuyo objeto correspondió al apoyo a la gestión como
motorista de vehículos oficiales que hacen parte del parque automotor de la
gobernación del Valle del Cauca, adscritos a la Secretaría de Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional, las funciones pactadas fueron las siguientes:
a) En caso de cometer una infracción de tránsito verificada a través de foto
multas o de otro tipo de comparendo, deberá presentar al supervisor del
contrato el acta de cambio de infractor y la constancia de cancelación de la
misma. No cancelar la infracción de tránsito dará lugar a la terminación
unilateral del contrato.
b) Llevar un récord histórico del mantenimiento del vehículo a fin de evitar
posibles fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas del mismo.
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c) Permanecer dispuesto a conducir el vehículo según requerimiento del
funcionario al cual se le ha asignado el uso del vehículo en cumplimiento de
las actividades asignadas.
d) Mantener permanentemente limpios y en buen estado los vehículos
asignados; e) procurar que las condiciones técnico-mecánicas del (los)
vehículo (s) asignados sean las adecuadas de acuerdo a la reglamentación
nacional.
e) Velar por la seguridad de las personas que transporta en el vehículo, así
como tener siempre un trato respetuoso.
f) Velar por el cuidado de los objetos al interior y exterior de los vehículos.
g) Verificar permanentemente que los documentos del (los) vehículo (s) se
encuentren dentro del mismo y que estén vigentes, así mismo, portar
siempre sus documentos personales al día.
h) Guardar el vehículo en el lugar y en la hora indicada.
i) Informar oportunamente al administrador de los vehículos y/o al supervisor
del contrato, los daños ocurridos a este o a terceros.
Ahora bien, sobre el desarrollo de labores en calidad de conductor, la
Corporación ha expuesto:
«La autonomía e independencia en la ejecución de la labor de conductor.
El artículo 1º de la Ley 769 de 200231, define la acepción conductor de la siguiente
manera: “Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar
un vehículo”. La referida ley no determina si la labor de conducción de vehículo
implica per se el desarrollo de una actividad subordinada, por lo que en cada caso
particular y específico habrá de examinarse el cumplimiento de este requisito para,
de esa manera, establecer la existencia o no de una relación laboral»32.
En consecuencia, del ejercicio de funciones como conductor no se puede
predicar que esté implícito el elemento de la subordinación, en ese orden de
ideas, en cada situación particular se debe demostrar si se presentó o no un
grado de sujeción y dependencia con la autoridad administrativa contratante.
A pesar de lo anterior, el a quo tuvo por acreditada la subordinación al determinar
que las circunstancias en las cuáles se desarrolló la vinculación contractual se
detallaron en las mismas obligaciones del contratista, así, explicó que el
desempeño de éstas se supeditó a lo dispuesto por el empleado al que fuere
31 «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones».
32 Consejo de Estado, Sección Segunda; Subsección A; sentencia de 17 de mayo de 2018; radicado 15001-
23-33-000-2013-00331-01(2003-14); C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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asignado el uso del vehículo, limitándose la independencia, autonomía y
disponibilidad de tiempo en el desarrollo del objeto contractual.
La Sala de Decisión no comparte la interpretación, dado que, la parte
demandante pretendió demostrar este elemento a partir del texto mismo de los
contratos, sin embargo, en su literalidad únicamente se observan las
estipulaciones necesarias y pertinentes que deben existir entre los contratantes
a fin de concretar el objeto convenido en buen término.
En ese contexto, solamente se aportaron el informe de valeras para el suministro
de gasolina de los vehículos conducidos por el señor Ancizar Marulanda Ruiz en
los años 2013, 2014 y 2015, la relación de entrega de vales para el suministro
de conductores del despacho del gobernador y la Secretaría General en la
anualidad de 2014 y los cuadros de ingreso en vehículo a la portería de la
gobernación del Valle del Cauca de los meses de enero y febrero de 2015, los
citados documentos no evidencian la asignación de órdenes de trabajo,
mandatos de desplazamiento o de dirigirse a un lugar en específico a prestar los
servicios, la imposición de directrices u órdenes de un superior o que debían
ejecutarse los contratos en las condiciones impuestas por la entidad territorial.
Así las cosas, las pruebas documentales no permiten avizorar la existencia de
órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar
por parte de la entidad sobre la señora Marlene Pinto León a partir de los cuales
se logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario del
ente demandado.
Sumado a lo expuesto se tiene que la jurisprudencia de esta Corporación, ha
sido clara en expresar que no toda relación de servicios en los que medien
actividades de cumplimiento de deberes por parte del contratista implica
necesariamente la existencia de subordinación. Pues entre las partes del
contrato de prestación de servicios debe existir una relación de coordinación de
actividades, donde el contratista, aunque autónomo en el desarrollo de sus
funciones, es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente de la labor encomendada, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o iii) tener que reportar informes
sobre sus resultados, tal y como ocurre en el presente caso, sin que ello
transmute la coordinación existente en subordinación33.
Así pues, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era el
demandante a quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la
configuración de la relación encubierta que alegó que existió entre su persona y
33 Sentencia de 14 de julio de 2022; Sección Segunda, radicado 2016-04522-01; C.P. William Hernández
Gómez.
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el ente demandado a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del
caso.
Al respecto, esta Subsección de tiempo atrás ha considerado que «si bien no
puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para
acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que
permitan acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad,
para la cual fue contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía
someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la
entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»34.
En ese orden de ideas, se reitera, que al proceso no se allegaron pruebas más
allá de los contratos aportados, los comprobantes de suministro de gasolina a los
vehículos y los cuadros de ingreso a la gobernación del Valle del Cauca, pues,
se echan de menos circulares, reglamentos de trabajo, memorandos,
constancias de llamados de atención o de la necesidad de solicitar permiso para
ausentarse del lugar de trabajo.
De otro lado, la prestación del servicio no tuvo vocación de permanencia ni
continuidad, ya que, no fue permanente la suscripción de los contratos de
prestación de servicios, de hecho, fueron celebrados cuatro contratos, a saber,
contrato de 702 de 2012 con vigencia de 12 de noviembre a 31 de diciembre de
2012, contrato 1126 de 2013 con vigencia de 8 de noviembre de 2013 a 31 de
julio de 2014, 0615 de 2014 con vigencia de 22 de septiembre a 31 de diciembre
de 2014 y 0148 de 2015 con vigencia de 9 de febrero a 31 de mayo de 2015, así,
el vínculo tuvo una duración de 1 año, 5 meses y 11 días con dos interrupciones
de la relación contractual superiores a 30 días hábiles, ello infiere que la
administración celebró los contratos de manera temporal, en consecuencia,
tampoco subyace el indicio de permanencia y necesidad de prestación de los
servicios.
Por lo anterior, al no estar demostrada la subordinación, elemento esencial para
declarar la existencia de una relación laboral, la Sala procederá a revocar la
sentencia de primera instancia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar serán negadas las
pretensiones de la demanda, ya que la actividad probatoria de la parte
demandante fue realmente escasa. En consecuencia, no hay lugar al estudio del
segundo y tercer problema jurídico.
34 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P
Gabriel Valbuena Hernández.
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2.5. Condena en costas
En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.
En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CGP, por
tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus
intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
RIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Ancizar
Marulanda Ruiz en contra del departamento del Valle del Cauca. En su lugar.
NEGAR las pretensiones de la demanda; conforme lo expresado en la
motivación.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA
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