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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00530-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00530-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el cual quedará así: SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor Juan de Jesús Mesa Barrera y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (IDIGER) durante los siguientes períodos: 24 de enero de 2007 al 24 de enero de 2009; 26 de enero de 2009 al 25 de enero de 2011; 31 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013; y 2 de julio de 2013 al 29 de mayo de 2015. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el cual quedará así: TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (IDIGER) a pagar a favor del 13 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2019-00530-01 (4629-2022) Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera señor Juan de Jesús Mesa Barrera ciento cinco millones ochocientos noventa y un mil quinientos trece pesos ($ 105.891.513 COP) por concepto de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia, los cuales se causaron en los siguientes períodos: 24 de enero de 2007 al 24 de enero de 2009; 26 de enero de 2009 al 25 de enero de 2011; 31 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013; y 2 de julio de 2013 al 29 de mayo de 2015. Se exonera de responsabilidad a la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., entidad que fue demandada en este asunto, según lo expuesto en la parte motiva. TERCERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el cual quedará así: CUARTO: CONDENAR al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (IDIGER) a que realice los aportes al sistema […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00530-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00530-01 (4629-2022)
Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera
Demandado: Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
(IDIGER)

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia a fin
de precisar los períodos de servicio reconocidos e identificar
y liquidar los emolumentos que debe pagar la entidad
accionada a favor del accionante. Además, se revoca la
orden de pago de aportes a seguridad social en salud.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 23 de septiembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que
acogió parcialmente las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del Oficio
2018EE7047 del 23 de mayo de 2018, expedido por la entidad accionada,
mediante el cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral entre el 24 de enero de 2007 y el 29 de mayo de 2015, período durante
el cual se desempeñó como conductor.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el pago de los derechos
laborales y prestacionales causados durante dicho período, incluida la sanción
moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; ii) la
realización de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, pensión
y riesgos laborales; iii) la indexación de las sumas que se reconozcan; y iv) la
condena en costas.

3. Como concepto de violación sostuvo que el acto acusado infringió normas
superiores1 e incurrió en falsa motivación, por cuanto, si bien formalmente estuvo
vinculado mediante contratos de prestación de servicios, en la práctica ejecutó
sus actividades de manera personal, bajo subordinación y a cambio de una

1
Artículos 1, 2, 4, 5, 12, 13, 25, 48, 53, 121, 122, 123, 124, 229 y 230 de la Constitución Política; 32 (numeral
3) de la Ley 80 de 1993; 9, 21, 24, 127 y 143 del Código Sustantivo del Trabajo; 137, 138, 155, 161, 162 y
163 de la Ley 1437 de 2011; 115 de la Ley 115 de 1994; 6 de la Ley 60 de 1993; 1, 2, 3, 10 y 36 del Decreto
2277 de 1979; 2 del Decreto 2400 de 1968; 6 y 7 del Decreto 1950 de 1973; la Ley 1395 de 2010; y los
Decretos 3135 de 1968 y 3074 de 1968.

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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

remuneración, circunstancias que permiten concluir que se configuró una relación
de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y sostuvo que el
demandante estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios
regidos por el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los cuales fueron
independientes en la medida en que previeron obligaciones distintas.

5. Señaló que el FOPAE y el IDIGER no contaban con personal de planta —
ni de carrera ni en provisionalidad— que pudiera desempeñar labores de
conducción de vehículos automotores al momento de suscripción de los
contratos.

6. Indicó que la actividad de conducción o transporte no hacía parte del
objeto misional del FOPAE ni del IDIGER y que el actor no tenía jefe ni cumplía
un horario fijado por dichas entidades, pues sus tareas eran esporádicas y se
ejecutaban según sus necesidades.

7. Propuso las excepciones de existencia del contrato de prestación de
servicios, inexistencia del derecho y de la obligación de pago, cobro de lo no
debido, ausencia de vínculo laboral, cláusula contractual de exclusión de relación
de trabajo, buena fe, prescripción, compensación y la genérica.

Sentencia apelada

8. El Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una
relación laboral entre el actor y la entidad accionada desde el 24 de enero de
2007 hasta el 29 de mayo de 2015.

9. Adicionalmente, condenó a la parte demandada a: i) pagar al accionante
las prestaciones sociales causadas durante dicho período, liquidadas con base
en los honorarios pactados en los contratos; ii) efectuar las cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensiones y salud en los porcentajes a cargo del
empleador y, de existir diferencias frente a los aportes realizados por el
contratista, asumir el pago de la suma faltante en la proporción correspondiente,
previa acreditación de dichos aportes; iii) declarar que el tiempo de servicio se
debe computar para efectos pensionales; iv) condenar en costas a la entidad
demandada, por resultar vencida; v) negar las demás pretensiones; y vi) ordenar
el cumplimiento de la sentencia en el término de ley.

10. Como fundamento de la decisión, expuso que el demandante prestó un
servicio personal como conductor de vehículos entre el 24 de enero de 2007 y el
29 de mayo de 2015, de manera continua, actividad por la cual recibió honorarios.

11. Concluyó que el accionante no gozó de autonomía, sino que estuvo
sometido a subordinación continuada. Al respecto, destacó que la contratación
se extendió por más de ocho (8) años, por lo que no se trató de un vínculo
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ocasional o temporal; que la entidad le suministró los elementos de trabajo, tales
como radioteléfono o celular y chaqueta o chaleco; y que cumplía una jornada
comprendida entre las 7:00 a. m. y las 5:30 p. m., con disponibilidad permanente.

12. Además, indicó que el actor tenía un jefe inmediato que le impartía órdenes
o instrucciones, no podía ausentarse durante la jornada laboral y cumplía tareas
que implicaban subordinación, como vigilar el estado del vehículo, participar en
reuniones y eventos, e informar a la entidad sobre las fallas que este presentara.

13. Precisó que el demandante tiene derecho al pago de las prestaciones
sociales causadas, entre ellas la compensación en dinero de las vacaciones no
disfrutadas, las cuales deben liquidarse con base en los honorarios pactados, en
tanto no existía un cargo similar en la planta de personal de la entidad.

14. Negó la pretensión de pago de la sanción moratoria, al considerar que el
vínculo laboral se reconoce con la sentencia y que solo a partir de esta se define
con certeza la obligación, por lo que el plazo para el pago de los emolumentos
adeudados se cuenta desde su ejecutoria.

15. Explicó que no se configuró la prescripción extintiva, en tanto no hubo
solución de continuidad entre los contratos, de modo que el término prescriptivo
inició el 29 de mayo de 2015 —fecha de finalización del último contrato— y vencía
el 29 de mayo de 2018, mientras que la reclamación administrativa se presentó
oportunamente el 15 de mayo de 2018.

16. Señaló que los aportes al sistema de seguridad social en salud están
sujetos al término de prescripción quinquenal previsto en el artículo 817 del
Estatuto Tributario, el cual no se había cumplido al momento de presentarse la
reclamación administrativa.

17. Finalmente, excluyó del proceso a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al
considerar que el IDIGER es un establecimiento público con personería jurídica,
entidad que celebró los contratos con el demandante y expidió el acto acusado.

Recurso de apelación

18. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que el
IDIGER —antes FOPAE— acudió inicialmente a contratos de prestación de
servicios debido a la inexistencia de una planta de personal, la cual solo se creó
con el Acuerdo Distrital 004 de 2015. En ese contexto, afirmó que se configuraba
uno de los supuestos que habilitan este tipo de contratación, esto es, cuando las
actividades no pueden ser desarrolladas con personal de planta.

19. Manifestó que el servicio de conducción no hace parte del objeto misional
del IDIGER, el cual se orienta a la gestión del riesgo y la atención de
emergencias.

20. Señaló que el accionante no estaba obligado a cumplir un reglamento
interno de trabajo ni un manual de funciones: el primero, porque la entidad estaba
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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

exceptuada de adoptarlo al no contar con trabajadores oficiales; y el segundo,
porque no se había implementado en razón de la inexistencia de una planta de
personal.

21. Indicó que la presentación de informes constituye una práctica propia de
los contratos de prestación de servicios y una forma de verificar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

22. Sostuvo que la relación contractual no fue continua, en tanto existieron
interrupciones entre los distintos contratos suscritos, cada uno de los cuales
finalizó antes de la celebración del siguiente.

23. Expresó que el accionante no cumplió con la carga de acreditar la
subordinación, pues la supervisora de los contratos no ostentaba la condición de
jefe inmediata; el testigo César Augusto García no identificó a un superior
jerárquico; y el demandante no demostró haber solicitado permisos ni que estos
le hubieran sido negados.

24. Señaló que, en los contratos de prestación de servicios, es posible exigir
informes periódicos y formular observaciones sobre la ejecución contractual sin
que ello implique subordinación; que la organización de turnos respondía a la
necesidad de coordinar la actividad contratada; y que los elementos de trabajo
fueron entregados a título de comodato, dado que el propio actor manifestó no
contar con los materiales necesarios para cumplir sus funciones.

25. Finalmente, solicitó que el término de prescripción se contabilice desde la
finalización de cada contrato y cuestionó la condena en costas, al considerar que
el actor no acreditó el derecho reclamado.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

26. Por auto del 26 de enero de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

27. El demandante no se pronunció durante esta etapa procesal.

28. El Ministerio Público presentó concepto a través del cual solicitó confirmar
el fallo, toda vez que se demostraron los elementos que caracterizan una relación
laboral, especialmente la subordinación continuada.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

29. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico
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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

30. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada. Para tal efecto, se
analizará si el actor acreditó la existencia de subordinación continuada durante
la ejecución de los contratos de prestación de servicios. En caso afirmativo, se
establecerá la manera en que se debe restablecer su derecho.

Análisis del problema jurídico

31. La Sala considera que el actor acreditó la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios. No obstante, se modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia a fin de precisar los períodos reconocidos e
identificar y liquidar los emolumentos que debe pagar la entidad accionada a favor
de aquel. Además, se revocará la orden de pago de aportes a seguridad social
en salud.

1. Estudio sobre las condiciones en las que se ejecutaron los contratos

32. De acuerdo con la prueba documental recaudada2, el actor celebró los
siguientes contratos de prestación de servicios con la entidad accionada:

Contrato Entidad contratante Duración Honorarios Objeto
057 del 23 de
Fondo de Prevención
enero de 2007 $ 16.620.000
y Atención de 24/1/2007 al Conductor de
y adición del ($ 1.385.000
Emergencias de 24/3/2008 vehículo
23 de enero mensuales)
Bogotá (FOPAE)
de 2008
Fondo de Prevención
$ 5.540.000
159 del 25 de y Atención de 25/3/2008 al Conductor de
($ 1.385.000
marzo de 2008 Emergencias de 24/7/2008 vehículo
mensuales)
Bogotá (FOPAE)
Fondo de Prevención
$ 9.000.000
391 del 25 de y Atención de 25/7/2008 al Conductor de
($ 1.500.000
julio de 2008 Emergencias de 24/1/2009 vehículo
mensuales)
Bogotá (FOPAE)
Fondo de Prevención
$ 6.000.000
064 del 26 de y Atención de 26/1/2009 al Conductor de
($ 1.500.000
enero de 2009 Emergencias de 25/5/2009 vehículo
mensuales)
Bogotá (FOPAE)
Fondo de Prevención
$ 12.800.000
338 del 26 de y Atención de 26/5/2009 al Conductor de
($ 1.600.000
mayo de 2009 Emergencias de 25/1/2010 vehículo
mensuales)
Bogotá (FOPAE)
Fondo de Prevención
$ 19.800.000
115 del 26 de y Atención de 26/1/2010 al Conductor de
($ 1.650.000
enero de 2010 Emergencias de 25/1/2011 vehículo
mensuales)
Bogotá (FOPAE)
012 del 31 de
Fondo de Prevención
enero de 2011 $ 24.500.000
y Atención de 31/1/2011 al Conducción
y adición del ($ 1.750.000
Emergencias de 30/3/2012 de vehículo
25 de enero mensuales)
Bogotá (FOPAE)
de 2012
Fondo de Prevención
174 del 30 de $ 8.160.000
y Atención de 31/3/2012 al Conductor de
marzo de 2012 ($ 2.040.000
Emergencias de 30/7/2012 vehículo
y adición del mensuales)
Bogotá (FOPAE)

2
Contratos de prestación de servicios, adiciones, aclaración y actas de inicio, de terminación, de liquidación
y de recibo a satisfacción.
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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

28 de mayo de
2012
Fondo de Prevención
$ 13.800.000
452 del 30 de y Atención de 31/7/2012 al Conductor de
($ 2.300.000
julio de 2012 Emergencias de 30/1/2013 vehículo
mensuales)
Bogotá (FOPAE)
006 del 31 de
Fondo de Prevención
enero de 2013 $ 11.500.000
y Atención de 31/1/2013 al Conductor de
y adición del ($ 2.300.000
Emergencias de 30/6/2013 vehículo
30 de mayo de mensuales)
Bogotá (FOPAE)
2013
395 del 2 de
Fondo de Prevención
julio de 2013 y $ 27.600.000
y Atención de 2/7/2013 al Conductor de
adición del 27 ($ 2.300.000
Emergencias de 26/6/2014 vehículo
de febrero de mensuales)
Bogotá (FOPAE)
2014
203 del 27 de
Instituto Distrital de
junio de 2014
Gestión de Riesgos y $ 16.636.667
y adición del 27/6/2014 al Conductor de
Cambios Climáticos ($ 2.300.000
22 de 3/2/2015 vehículo
(IDIGER), antes mensuales)
diciembre de
FOPAE
2014
007 del 30 de
Instituto Distrital de
enero de 2015
Gestión de Riesgos y $ 8.050.000
y aclaración 3/2/2015 al Conductor de
Cambios Climáticos ($ 2.300.000
del 2 de 29/5/2015 vehículo
(IDIGER), antes mensuales)
febrero de
FOPAE
2015

33. En primera instancia se practicó la declaración del demandante y el
testimonio del señor César Augusto García Torres, de los cuales se destaca lo
siguiente:

i) El actor indicó que estuvo vinculado como contratista del FOPAE desde el
24 de enero de 2007 hasta el 31 de mayo de 2015 y que, a partir del 1.º
de junio de 2015 y hasta el 24 de septiembre de 2018, fue incorporado a
la planta de personal del IDIGER. Señaló que, durante su etapa como
contratista, sus funciones consistían en conducir un vehículo de la entidad,
la cual le suministraba un radioteléfono, y que debía mantener
disponibilidad permanente, las veinticuatro (24) horas del día durante los
siete (7) días de la semana, incluidos sábados, domingos y festivos.

Precisó que su jefe inmediata era la señora María Teresa Sarmiento,
coordinadora de los conductores, quien le impartía instrucciones sobre las
personas que debía recoger y el horario de prestación del servicio, en
particular para transportar ingenieros y trabajadoras sociales a distintos
lugares del distrito, con el fin de atender emergencias, asistir a reuniones
y realizar censos, órdenes que cumplía sin objeción, dado que no podía
rehusarse.

Agregó que no faltaba a sus actividades ni solicitaba permisos, que no
podía salir de la ciudad debido a la disponibilidad exigida y que, al finalizar
su turno, se le asignaba de inmediato un turno de disponibilidad para
atender eventuales emergencias. Indicó que cumplía una jornada diurna
entre las 7:00 a. m. y las 5:30 p. m., tras la cual debía permanecer atento
a eventuales llamados nocturnos. Asimismo, diligenciaba planillas en las

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que registraba la hora de salida, firmadas también por los ingenieros a
quienes transportaba, y no podía delegar sus funciones en otra persona.

ii) El señor César Augusto García Torres relató que trabajó en el IDIGER
desde 2010 y que, para ese momento, el actor llevaba aproximadamente
tres (3) años laborando en la entidad, aunque no le consta que hubiera
iniciado en 2007. Señaló que el demandante se desempeñaba como
conductor y debía diligenciar planillas, realizar recorridos y cumplir
jornadas de ocho (8) horas o más, dependiendo de la ocurrencia de
emergencias en la ciudad.

Indicó que los conductores debían mantener disponibilidad permanente a
través de radioteléfono, teléfono celular o línea fija, en caso de ser
requeridos. Añadió que los vehículos conducidos por el actor eran de
propiedad del FOPAE y del IDIGER y que la jornada podía iniciar a las
5:00, 6:00 o 7:00 a. m., mientras que la hora de finalización se extendía
según las necesidades del servicio.

Manifestó que inicialmente el FOPAE les suministraba radioteléfonos y
que, posteriormente, el IDIGER les entregó teléfonos celulares, chalecos
y prendas de uso institucional, elementos que debían reintegrar al finalizar
los contratos. Finalmente, afirmó que el accionante tenía un jefe inmediato,
aunque no recordó su identidad.

34. De entrada, la prueba documental –contratos, adiciones, actas de inicio,
de terminación y de liquidación, planillas y órdenes de pago– y testimonial
permiten determinar que el demandante se desempeñó como conductor de
vehículos automotores en el FOPAE y el IDIGER entre el 24 de enero de 2007 y
el 29 de mayo de 2015, actividad por la cual recibió el pago de los honorarios
pactados en los contratos. Así las cosas, la prestación personal del servicio y la
remuneración están suficientemente acreditados, aspectos que no fueron
controvertidos por la entidad accionada en el recurso de apelación.

35. En cuanto a la continuada subordinación, esta corresponde al poder
jurídico permanente de dirección que ostenta el empleador sobre la actividad del
trabajador, el cual se manifiesta en la facultad de fijar la manera en que este debe
desarrollar sus funciones, exigir el cumplimiento de órdenes e instrucciones,
someterlo a reglamentos y ejercer sobre él la potestad disciplinaria. No se trata,
por tanto, de la mera existencia de coordinación, seguimiento o verificación del
servicio, sino de una verdadera situación de dependencia en la que la autonomía
del contratista queda comprometida por la sujeción constante a la voluntad de
quien requiere el servicio3.

36. Esta Subsección ha sostenido que las labores de conducción de vehículos
no llevan implícita la continuada subordinación, de tal manera que la parte

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

interesada debe demostrar dicho elemento de conformidad con el artículo 167
del Código General del Proceso4.

37. Así las cosas, de acuerdo con el testimonio y la declaración de parte
practicados, la Sala concluye que el demandante no contaba con autonomía
respecto del tiempo, la cantidad ni la forma de ejecución de las labores de
conducción, pues la disponibilidad exigida le impedía definir cuándo y con qué
frecuencia debía desarrollarlas. Por el contrario, era la entidad accionada la que
determinaba en qué momento tenía que trasportar personas en el vehículo oficial,
desde dónde y hacia qué destino, aspectos que dependían de las necesidades
de la contratante.

38. El demandante cumplía unos turnos de trabajo y, al término de estos, tenía
que permanecer en la ciudad y a disposición de la entidad, ya que las situaciones
de emergencias –inundaciones, deslizamientos de tierra, etc.– podían ocurrir en
cualquier momento, incluso en sábados, domingos o festivos, por lo que el actor
tenía que acudir cuando se le requiriera.

39. En cuanto a la forma en que el demandante cumplía sus tareas, la
coordinadora del grupo de conductores les indicaba el origen y el destino de los
desplazamientos, así como las personas que debían transportar, según las
necesidades del servicio, determinadas por las emergencias que se presentaban.
Esta circunstancia refleja la sujeción permanente que ejercía la entidad
contratante sobre el accionante.

40. Aunque en el recurso de apelación se cuestionó la credibilidad del testigo
César Augusto García Torres por no haber identificado al jefe inmediato del actor,
la Sala considera que su relato es coherente con la declaración de este último,
quien afirmó que la coordinadora del grupo de conductores le impartía órdenes
sobre las condiciones de tiempo y lugar en que debía prestar el servicio y sobre
las personas a transportar. Es claro que, al referirse a la existencia de un jefe
inmediato, el testigo aludía a dicha coordinadora, sin que resulte exigible que
distinguiera entre esa figura y la de coordinador.

41. El IDIGER sostuvo que la contratación estuvo justificada porque antes de
2015 no contaba con planta de personal, lo que lo obligó a acudir a contratos de
prestación de servicios para cumplir sus funciones.

42. La Sala no comparte ese argumento, pues los contratos de prestación de
servicios no constituyen una forma de vinculación equiparable a las relaciones
laborales ni un mecanismo para suplir la ausencia de planta de personal. Si bien,
en virtud de la autonomía de la voluntad, las entidades estatales pueden acudir
a diversas tipologías contractuales, la naturaleza del vínculo debe determinarse
a partir de sus elementos esenciales, naturales y accidentales. En el caso
concreto, se acreditó la existencia de una subordinación continuada,
circunstancia incompatible con la autonomía propia del contrato de prestación de
4
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 12 de marzo de 2026, expediente 66001-23-33-000-2016-00753-01 (4606-2021); sentencia
del 6 de marzo de 2025, expediente 76001-23-33-000-2016-0093701 (3523-2022); y sentencia del 31 de
marzo de 2022, expediente 63001-23-33-000-2014-00131-01 (2183-2016).
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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

servicios y que excluye la configuración de uno de sus elementos estructurales.
De ahí que la relación haya sido desnaturalizada.

43. En ese sentido, si al momento de celebrar los contratos la entidad no
contaba con planta de personal, lo procedente era adelantar las gestiones
necesarias para su creación, y no acudir de manera impropia a esta modalidad
contractual.

44. Además, de acuerdo con algunas certificaciones que justificaron la
celebración de los contratos, mediante los Acuerdos 005 y 007 del 17 de
septiembre de 2010 el Consejo Directivo del FOPAE estableció su estructura
organizacional y adoptó la planta de cargos. No obstante, la contratación se
prolongó hasta 2015, lo que evidencia que la razón invocada no explica la
totalidad del período.

45. Por otra parte, aunque la conducción de vehículos no forma parte del
objeto misional de la entidad, este aspecto resulta poco relevante para el análisis
de la subordinación. Lo determinante es que la forma en que se prestó el servicio
implicó la inserción del actor en el ámbito organizativo de la entidad, lo que
desdibujó su autonomía para definir el modo, el tiempo, el lugar y la cantidad de
su trabajo, como se explicó previamente.

46. Si bien la entidad afirmó que el actor no estaba sujeto a reglamento interno
ni a manual de funciones y que la exigencia de informes, la formulación de
observaciones, la asignación de turnos y la entrega de elementos de trabajo a
título de comodato son compatibles con los contratos de prestación de servicios,
la Sala advierte que en este caso concurren elementos adicionales que
evidencian subordinación. En efecto, el demandante no gozaba de autonomía en
la ejecución de sus actividades, pues la entidad definía las condiciones de tiempo,
modo, lugar y cantidad del trabajo.

47. En particular, aunque esta corporación ha señalado que ciertas
actividades pueden implicar el cumplimiento de horarios como expresión de
coordinación, en este caso se acreditan circunstancias adicionales que,
consideradas en conjunto, evidencian la pérdida de autonomía del actor. Entre
ellas, la disponibilidad permanente —incluso en horas nocturnas y en días
sábados, domingos y festivos— y la determinación, por parte de la coordinadora,
del momento, el origen, el destino y las personas beneficiarias del servicio de
transporte, con el fin de atender una necesidad constante de la entidad, que no
era ocasional, como lo demuestra la posterior creación del cargo de conductor en
la planta de personal.

48. En cuanto a la continuidad en la prestación del servicio, si bien los
contratos tenían fechas determinadas de inicio y terminación, se advierte que
mantuvieron un objeto similar y se celebraron de manera sucesiva entre 2007 y
2015. En este punto resulta determinante la aplicación del principio de primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes, previsto en el
artículo 53 de la Constitución Política, pues las condiciones materiales de
ejecución no se corresponden con una relación independiente, sino con una de
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naturaleza laboral, en la que se acreditaron la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación.

49. Por otro lado, conforme con las Sentencias de Unificación CE-SUJ2 n.° 5
del 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 29 de noviembre de 2022,
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la reclamación
administrativa encaminada a que se declare la existencia de una relación laboral
con el Estado y se reconozcan sus consecuencias prestacionales debe
presentarse dentro de los tres (3) años siguientes a la terminación del vínculo
contractual, so pena de que opere la prescripción extintiva, «[p]ero en aquellos
contratos de prestación de servicios pactados por un interregno determinado y
que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno
de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización».
Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de
treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada
caso.

50. En el presente asunto, no hubo interrupciones superiores a treinta (30)
días hábiles entre los contratos de prestación de servicios, de suerte que el
término de prescripción extintiva iniciaba el 30 de mayo de 2015 –el último
contrato terminó el 29 de mayo de 2015– y vencía el 30 de mayo de 2018.

51. No obstante, como la reclamación administrativa fue promovida el 15 de
mayo de 2018, el término de tres (3) años al que se refieren los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 se reinició por otro tanto
y dentro de esta nueva oportunidad se radicó la demanda, el 29 de octubre de
2018. Por lo tanto, la Sala comparte la decisión que adoptó el Tribunal en el
sentido de que no se configuró la prescripción extintiva de los derechos que se
hubieren causado.

52. Por último, en punto de la condena en costas, resulta relevante poner de
presente que la sentencia apelada fue proferida el 23 de septiembre de 2021, es
decir, en vigencia de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó el inciso
segundo del artículo 188 del CPACA. En vigencia de esta normativa, la Sala ha
considerado que, tratándose de asuntos de nulidad y restablecimiento del
derecho, este último artículo citado mantuvo la regla según la cual la condena en
costas procede contra la parte que haya resultado vencida.

53. Al respecto, la Sala estima que la condena impuesta en primera instancia
atendió la tesis enunciada, comoquiera que la parte demandada resultó vencida
y, por lo tanto, era procedente la condena en costas contra ella.

54. Por las anteriores razones, se concluye que los argumentos planteados en
el recurso de apelación no están llamados a prosperar.

2. El restablecimiento del derecho

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55. La Sala advierte que el Tribunal condenó a la entidad accionada al pago
de las prestaciones sociales causadas entre el 24 de enero de 2007 y el 29 de
mayo de 2015. No obstante, se acreditaron breves interrupciones que, si bien no
afectan la continuidad del vínculo para efectos del cómputo de la prescripción,
deben excluirse del período de liquidación de los emolumentos. En
consecuencia, se introducirán los ajustes correspondientes en la parte resolutiva
de la sentencia apelada, con el fin de precisar las fechas exactas de ejecución
contractual.

56. De otra parte, el demandante no tiene derecho al reconocimiento de todas
las prestaciones sociales propias de los empleados de planta, pues la
declaratoria de desnaturalización de los contratos de prestación de servicios no
le confiere la condición de empleado público. Por ello, no resulta aplicable el
principio de «a igual trabajo, igual salario», como se indicó previamente.

57. En esa línea, esta Subsección ha sostenido que, en estos eventos, la parte
demandante únicamente tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
mínimas previstas en el régimen general contenido en los Decretos 1042 y 1045
de 1978, con base en los honorarios pactados5.

58. Por consiguiente, la Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva
del fallo de primera instancia a fin de ordenar a la entidad accionada que le pague
al actor las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicio a
partir del 1.° de enero de 20156, la prima de navidad, las vacaciones y la prima
de vacaciones, emolumentos que se liquidan en los siguientes términos:

Salario Intereses
Días Meses Total
IPC IPC mensual Cesantías sobre las
Año/contrato por completos salarios Cesantías
final inicial promedio indexadas cesantías
año por año anuales
por año indexadas
2007 (Cto.
156,9 61,80 342 11,26 1.385.000 15.789.000 1.474.789 3.745.199 426.953
057)
2008 (Ctos.
156,9 65,51 206 6,77 1.385.000 9.510.333 849.572 2.035.289 139.757
057 y 159)
2008 (Cto.
156,9 69,06 160 5,23 1.500.000 8.000.000 703.674 1.599.110 85.286
391)
2009 (Cto.
156,9 70,21 24 0,77 1.500.000 1.200.000 100.814 225.349 1.803
391)
2009 (Cto.
156,9 70,21 120 4 1.500.000 6.000.000 521.026 1.164.647 46.586
064)
2009 (Cto.
156,9 71,39 220 7,19 1.600.000 11.733.333 1.052.739 2.314.286 169.714
338)
2010 (Cto.
156,9 71,69 25 0,81 1.600.000 1.333.333 112.059 245.315 2.044
338)
2010 (Cto.
156,9 71,69 340 11,19 1.650.000 18.700.000 1.745.517 3.821.196 433.069
115)
2011 (Cto.
156,9 74,12 25 0,81 1.650.000 1.375.000 115.561 244.687 2.039
115)
2011 (Cto.
156,9 74,12 335 11,03 1.750.000 19.541.667 1.821.186 3.856.138 430.602
012)
2012 (Cto.
156,9 76,75 90 2,97 1.750.000 5.250.000 451.175 922.571 27.677
012)
2012 (Cto.
156,9 77,31 122 4 2.040.000 8.296.000 720.570 1.462.764 59.486
174)
2012 (Cto.
156,9 77,70 154 5,03 2.300.000 11.806.667 1.036.406 2.093.354 107.459
452)
2013 (Ctos.
156,9 78,28 181 6 2.300.000 13.876.667 1.229.806 2.465.583 148.757
452 y 006)
2013 (Cto.
156,9 79,43 183 5,97 2.300.000 14.030.000 1.243.429 2.456.801 149.865
395)

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
6
Decreto 2351 de 2014.
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2014 (Ctos.
156,9 79,95 365 12 2.300.000 27.983.333 2.632.996 5.168.511 628.836
395 y 203)
2015 (Ctos.
156,9 83,00 149 4,94 2.300.000 11.423.333 1.018.761 1.926.318 95.674
203 y 007)
Intereses
sobre las
Cesantías
TOTAL EMOLUMENTOS cesantías
indexadas
$ 35.747.117 $ 2.955.605

Prima de Prima de Prima de
Prima de Prima de Vacaciones Prima de
servicio navidad Vacaciones vacaciones
servicio navidad indexadas vacaciones
indexada indexada indexada
0 0 1.351.034 3.430.926 657.875 1.670.662 657.875 1.670.662
0 0 800.001 1.916.534 396.264 949.315 396.264 949.315
0 0 665.856 1.513.170 333.333 757.506 333.333 757.506
0 0 96.517 215.745 50.000 111.765 50.000 111.765
0 0 506.944 1.133.170 250.000 558.824 250.000 558.824
0 0 983.077 2.161.145 488.889 1.074.747 488.889 1.074.747
0 0 108.313 237.112 55.556 121.619 55.556 121.619
0 0 1.599.173 3.500.825 779.167 1.705.711 779.167 1.705.711
0 0 111.697 236.505 57.292 121.308 57.292 121.308
0 0 1.670.910 3.537.947 814.236 1.724.045 814.236 1.724.045
0 0 437.637 894.889 218.750 447.305 218.750 447.305
0 0 689.602 1.399.898 345.667 701.706 345.667 701.706
0 0 981.267 1.981.983 491.944 993.639 491.944 993.639
0 0 1.174.091 2.353.882 578.194 1.159.196 578.194 1.159.196
0 0 1.168.486 2.308.727 584.583 1.155.036 584.583 1.155.036
0 0 2.397.164 4.705.578 1.165.972 2.288.776 1.165.972 2.288.776
473.417 895.157 979.683 1.852.427 484.136 915.426 484.136 915.426
Prima de servicio Prima de navidad Prima de vacaciones
Vacaciones indexadas
indexada indexada indexada
$ 895.157 $ 33.380.462 $ 16.456.586 $ 16.456.586
$ 105.891.513

59. Comoquiera que la bonificación por servicios prestados beneficia a los
empleados públicos del orden territorial a partir del 1.° de enero de 2016, por
disposición del Decreto 2418 de 2015, no se reconocerá ninguna suma por tal
concepto, puesto que la contratación del demandante terminó el 29 de mayo de
2015.

60. Tampoco se reconoce ningún valor por concepto de auxilio de transporte,
subsidio de alimentación y dotación de vestido y calzado porque el demandante
devengó remuneraciones mensuales superiores a las que exige la ley para poder
acceder a tales emolumentos.

61. Por otra parte, aunque los artículos 320 y 328 del CGP limitan la
competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos planteados
en la apelación, el artículo 187 del CPACA dispone que en la sentencia se
decidirán todas las excepciones propuestas y las que el fallador encuentre
probadas, siempre que no se desmejore la situación del apelante único.

62. Con base en la normativa citada, la Sala revocará el ordinal quinto de la
parte resolutiva del fallo de primera instancia, a través del cual se ordenó el pago
de aportes a seguridad social en salud con destino a la respectiva entidad
prestadora. Lo anterior, teniendo en cuenta que el riesgo fue cubierto en su
momento con las cotizaciones que efectuó el demandante como contratista, de
modo que no podría predicarse alguna suerte de fraude al sistema. Además, el
pago de aportes hacia el pasado no tendría ningún efecto útil para el accionante.

La condena en costas de segunda instancia

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63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un
interés público, creando así una excepción a la regla general según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

66. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas,
toda vez que la presente decisión realiza ajustes a la decisión del tribunal que
impactan a ambas partes, de manera que no puede predicarse que alguna haya
sido vencida en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
del 23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el cual quedará así:

SEGUNDO: DECLARAR la existencia de una relación laboral entre el señor
Juan de Jesús Mesa Barrera y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático de Bogotá (IDIGER) durante los siguientes períodos: 24
de enero de 2007 al 24 de enero de 2009; 26 de enero de 2009 al 25 de
enero de 2011; 31 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013; y 2 de julio de
2013 al 29 de mayo de 2015.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
del 23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el cual quedará así:

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al Instituto Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (IDIGER) a pagar a favor del
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Demandante: Juan de Jesús Mesa Barrera

señor Juan de Jesús Mesa Barrera ciento cinco millones ochocientos
noventa y un mil quinientos trece pesos ($ 105.891.513 COP) por concepto
de los emolumentos incluidos en la liquidación realizada en la parte motiva
de esta providencia, los cuales se causaron en los siguientes períodos: 24
de enero de 2007 al 24 de enero de 2009; 26 de enero de 2009 al 25 de
enero de 2011; 31 de enero de 2011 al 30 de junio de 2013; y 2 de julio de
2013 al 29 de mayo de 2015.

Se exonera de responsabilidad a la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., entidad
que fue demandada en este asunto, según lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO. MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
del 23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el cual quedará así:

CUARTO: CONDENAR al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y
Cambio Climático de Bogotá (IDIGER) a que realice los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones en el fondo de previsión al cual esté
afiliado el señor Juan de Jesús Mesa Barrera, de acuerdo con la ley,
correspondientes a los siguientes períodos: 24 de enero de 2007 al 24 de
enero de 2009; 26 de enero de 2009 al 25 de enero de 2011; 31 de enero
de 2011 al 30 de junio de 2013; y 2 de julio de 2013 al 29 de mayo de 2015.

CUARTO. REVOCAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia del
23 de septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por las razones explicadas en
la parte motiva.

QUINTO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

SEXTO. Sin condena en costas de segunda instancia.

SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

JMMC

14
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