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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06396-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06396-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Colpensiones. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2024 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el señor Gabriel Armando Bautista Gonzáles contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 por no superar el requisito de la relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06396-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de febrero de 2025

Demandante: Gabriel Armando Bautista Gonzáles
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06396-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06396-01
Demandante: GABRIEL ARMANDO BAUTISTA GONZÁLES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia del 11 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. En esa providencia se negó el amparo
solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Gabriel Armando Bautista Gonzáles, actuando por medio de
apoderado judicial1, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 y el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja. Considera que las entidades accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad
social y de acceso a la administración de justicia.

2. Las garantías mencionadas las estima desconocidas por las providencias
del 9 de mayo de 2024 y del 30 de abril de 2021, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja2.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1º.- TUTELAR los Derechos Fundamentales del accionante señor
1
Jean Arturo Cortés Pirabán.
2
Ello, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-
002-2019-00031-00/01.

1
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Demandante: Gabriel Armando Bautista Gonzáles
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06396-01

GABRIEL ARMANDO BAUTISTA GONZALEZ, vulnerados por parte del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ.

1.1.- Como consecuencia de la anterior, DEJAR SIN EFECTO la
Providencia notificada el 21 de mayo de 2024 por parte del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACA al interior del medio de
control Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado Nro. 15001-33-
33-002-2019-00031-00 por medio de la cual se confirmó la Sentencia
proferida el día 30 de abril de 2021 por parte del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

(…)

1.2. Como consecuencia de la anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ proferir Sentencia de reemplazo que
revoque la Sentencia proferida el día 30 de abril de 2021 por parte del
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tunja al interior del
medio de control Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado Nro.
15001-33-33-002-2019-00031-00; concediendo las pretensiones
principales de la Demanda y consecuencialmente anulando los Actos
Administrativos sometidos a control de legalidad.3 (…)

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. El señor Gabriel Armando Bautista Gonzáles trabajó en la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC-, desde el 8 de febrero de 1973
al 31 de diciembre de 2016.

5. Mediante la Resolución No. GNR 32215 del 26 de enero de 2017, la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) le
reconoció al actor la pensión de vejez.

6. Posteriormente, el actor solicitó la reliquidación a Colpensiones la cual fue
negada en la Resolución No. SUB 4607 del 11 de enero de 2018. Asimismo, a
través de las Resoluciones No. SUB 104413 del 19 de abril y DIR 13682 del 27
de julio de 2018, la entidad resolvió negativamente los recursos de reposición y
apelación interpuestos contra las anteriores decisiones administrativas.

7. En ese orden, el señor Bautista Gonzáles interpuso demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Colpensiones. Pretendía que, se
declarara la nulidad de los actos administrativos anteriormente mencionados y
que se le reconociera como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, de la Ley 33 de 1985 por remisión y del artículo 20 del Decreto 758 de
1990. Además, que se reliquidara y pagara su pensión de vejez por el equivalente
del 90% el IBL4.

3
Transcrito del escrito de tutela, con posibles errores ortográficos.
4
Ingreso base de liquidación.

2
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8. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja negó las súplicas, mediante el fallo del 30 de abril de 2021.
Consideró que, el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos administrativos controvertidos.

9. En el trámite de apelación, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 3 confirmó la decisión del a quo. Concluyó que, aunque el
accionante tenía derecho a pensionarse con base a lo establecido por la Ley 33
de 19855, en aplicación del principio de favorabilidad, resultaba más beneficioso
al pensionado la aplicación del régimen pensional de la Ley 100 de 1993 cuya
tasa de reemplazo era superior.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales por proferir una decisión contraria a derecho y aplicar
criterios de interpretación menos favorables en su situación.

11. Adicionalmente, adujo que la autoridad judicial incurrió en los siguientes
defectos:

• Sustantivo: En primer lugar, señaló que se interpretó indebidamente el artículo
20 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, ya que
en su criterio concluyeron de manera errónea que la norma no era aplicable a su
caso por solo ser destinatarios de la misma «aquellos trabajadores particulares
cuyos empleadores hubiesen cotizado al Instituto de los Seguros Sociales, para
funcionarios del I.S.S.; para jubilados del I.S.S. y pensionados con
responsabilidades compartidas».

En segundo lugar, sostuvo que se aplicó irregularmente el principio iura novit
curiae. Concretamente afirmó que:

la liquidación del derecho pensional del demandante en los términos del
subsistema de seguridad social en pensiones resulta acorde a derecho, lo que a
su vez conllevó a interpretación indebida del artículo 34 de tal normatividad.6

• Violación directa de la Constitución: Aduce que el fallo controvertido viola
directamente el derecho fundamental a la igualdad y el principio de favorabilidad.

• Fáctico: Estableció que, el tribunal accionado inadvirtió que el señor Bautista
Gonzáles había cotizado tanto en la Caja Nacional de Previsión Social -
CAJANAL- como en el Instituto de los Seguros Social -ISS-.

5
Por remisión del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6
Se refiere a la Ley 100 de 1993.

3
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• Desconocimiento del precedente judicial: Trae a colación diferentes
providencias7 que adoptan en términos más favorables la aplicación del Acuerdo
049 de 19908.

1.5. Trámite de la acción

12. Por auto del 26 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la
primera instancia admitió la acción constitucional de la referencia. En
consecuencia, ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 3 y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja. Igualmente vinculó en calidad de tercero con interés a
Colpensiones.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3

13. El magistrado encargado solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela o se niegue el amparo solicitado. Afirmó que, no se satisfizo el
requisito general de procedibilidad de la inmediatez.

14. De igual manera, consideró que no existe vulneración contra los derechos
fundamentales del accionante y que los argumentos expuestos en sede de tutela
ya fueron estudiados al ser los mismos que presentó en el trámite ordinario.

1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

15. La jueza encargada del despacho solicitó que, se declarara la
improcedencia de la acción constitucional o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones de la misma.

16. Sostuvo que, el accionante centra sus reproches en un asunto meramente
legal por la aplicación de un régimen pensional. Asimismo, estableció que las
providencias controvertidas explicaron de manera clara y fundamentada las
razones por lo que el Acuerdo 049 de 1990 no era aplicable para su caso.

1.6.3. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

17. Solicitó que, se declarara la improcedencia de la acción por no satisfacer
el requisito de la inmediatez. Adicionalmente, suplicó que se le desvinculara del
presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.

7
Del Consejo de Estado 25000-23-42-000-2016-05249-01 (4669-18) y 15001-23-33-000-2017-
00044-01 (4871-2019), y de la Corre Constitucional la SU – 446 de 2022.
8
Acuerdo aprobado por el Decreto 758 de 1990.

4
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Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
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1.7. Sentencia de primera instancia

18. A través de la sentencia del 11 de diciembre de 2024 el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A negó el amparo solicitado. Después de
encontrar que el mecanismo constitucional superaba todos los requisitos de
procedibilidad concluyó lo siguiente:

• Frente al defecto fáctico: Sostuvo que, el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión No. 3 sí tuvo en consideración los certificados que daban cuenta
de las semanas cotizadas frente a CAJANAL y Colpensiones.

• Respecto del defecto sustantivo: Manifestó que, el accionante no cumple con
los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a lo
solicitado. Además, posteriormente a realizar un análisis de la sentencia SU-466
de 2022 de la Corte Constitucional, ultimó que no existe identidad fáctica. Por
último, frente a las otras providencias presuntamente desconocidas, estableció
que, no son de obligatorio cumplimiento al no ser sentencias de unificación.

• Sobre el defecto a la violación directa a la constitución: Estimó que, el tribunal
accionado actuó sin desconocer ninguna norma de carácter constitucional.

1.8. Impugnación

19. La parte actora, reitera su postura frente al tiempo de cotización que se le
debió reconocer frente a CAJANAL y al ISS 9. En este orden, adujo que el a quo
se equivocó al concluir que la sentencia SU-466 de 2022 de la Corte
Constitucional no compartía identidad fáctica con su situación.

20. Además, manifestó que la providencia de primera instancia no realizó un
análisis de los defectos propuestos. Por ende, solicitó que se revoque el fallo del
11 de diciembre de 2024 proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

21. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 11 de diciembre de 2024, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

9
Referente a la interpretación y aplicación del Acuerdo 049 de 1990.

5
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06396-01

2.2. Cuestión previa

22. Colpensiones solicitó su desvinculación del trámite constitucional al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. La Sala negará
dicha solicitud debido a que la entidad fue vinculada en calidad de tercero con
interés.

2.3. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

24. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Gabriel
Armando Bautista Gonzáles actuó como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-002-2019-00031-00/01.
Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama y,
en consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.

25. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión No. 3 y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja se encuentran legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser
quienes dictaron las providencias objeto de reproche.

26. Cabe resaltar que, el fallo que será objeto de revisión en sede de tutela es
el del 9 de mayo de 2024 proferido por Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión No. 3. Esto, por ser la decisión que puso fin al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho aquí controvertido.

2.4. Problemas jurídicos

27. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto, en aras a establecer si procede confirmar, modificar
o revocar la sentencia de primera instancia, es el siguiente:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

28. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y
de acceso a la administración de justicia de la parte actora con la expedición de
la providencia del 9 de mayo de 2024?

6
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29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema11. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales12.

31. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia14 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial15.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
15
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

7
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32. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

33. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

34. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

35. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

36. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional16.

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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37. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

38. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

39. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

40. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

41. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,

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de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

42. La parte actora cuestiona la providencia del 9 de mayo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3. Considera que
con esta decisión sus derechos fundamentales al a la igualdad, al debido
proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia, fueron
vulnerados.

43. En dicha sentencia, la autoridad judicial confirmó la negativa de las
pretensiones del actor. Esto, al concluir que a pesar de que el accionante tenía
derecho a pensionarse con base a los establecido por la Ley 33 de 1985, en
aplicación del principio de favorabilidad, resultaba más beneficioso al pensionado
la aplicación del régimen pensional de la Ley 100 de 1993.

44. Inconforme con lo anterior, el accionante instauró la presente acción
constitucional. En su sentir, se incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la constitución.

45. No obstante, todos los reproches se alegan se enfocan en un debate de
interpretación legal para la aplicación especifica de un régimen pensional. De
hecho, el señor Gabriel Armando Bautista Gonzáles reitera los argumentos que
utilizó en el recurso de apelación17, tanto en el escrito de tutela como en la
impugnación.

46. En vista de lo mencionado, la Sala considera que la solicitud de amparo
está encaminada a reabrir el debate zanjado al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

47. Ello permite inferir que lejos de proponerse un debate ius fundamental, lo
que se evidencia es la inconformidad de la parte actora en torno a la decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 que confirmó la
negativa de las pretensiones referentes a la aplicación del régimen pensional
establecido en el Acuerdo 049 de 1990.

48. De igual forma, se advierte que en aquella oportunidad la autoridad
accionada realizó el respectivo análisis acorde a la legislación aplicable y al
principio de favorabilidad, buscando entonces, la condición más beneficiosa para
el actor.

49. De lo anterior se extrae que lo que persigue el tutelante con este
instrumento judicial es reabrir etapas judiciales ya concluidas. Desde otra

17
Presentado en contra de la providencia del 30 de abril de 2021 proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Armando Bautista Gonzáles
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06396-01

perspectiva, pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
procesal adicional en la que se reinterpreten las previsiones legales a su favor.

50. En vista de lo esbozado, la Sala revocará el fallo de primera instancia que
negó el amparo solicitado para declarar improcedente la tutela de la referencia.
Lo anterior, porque la parte actora pretende utilizar este mecanismo judicial como
una tercera instancia en la que se efectúe una interpretación distinta a la
empleada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Colpensiones.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2024 del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la tutela formulada por el señor Gabriel Armando Bautista
Gonzáles contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3 por
no superar el requisito de la relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11
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