RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06415-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06415-00

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06415-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo deprecada por el señor Jorge Humberto Arias López contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta y la DIAN. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06415-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de enero de 2025

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00
Demandante: JORGE HUMBERTO ARIAS LÓPEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Ausencia de relevancia
constitucional. Tutela contra acto administrativo. Falta de
agotamiento de los mecanismos judiciales. Declara
improcedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2024, el señor Jorge
Humberto Arias López, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Cuarta y la Dirección Nacional de Impuestos y
Aduanas Nacionales [en adelante DIAN], con el fin de obtener el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso.

La vulneración de la referida garantía constitucional la sustentó; (i) en la
expedición de la sentencia de 9 de septiembre de 2024 dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que, confirmó la decisión del 19 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de negar las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Jorge Humberto Arias López contra la DIAN, causa que se
identificó con el radicado 17001-23-33-000-2018-00280-01; y (ii) en la resolución
«102362017000001 del 27 de octubre de 2017», a través de la cual la DIAN

1

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

confirmó lo dispuesto en la liquidación oficial de revisión «102412017000013 del
10 de mayo de 2017», esto es, avaló la modificación a la «declaración corrección»
del impuesto de renta por el año gravable 2013 y le impuso una sanción por
inexactitud.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

Primero. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso.

Segundo. Ordenar a quien corresponda la nulidad del acto administrativo
Resolución 102362017000001 del 27 de octubre de 2017 y restablecer a vida
jurídica la Declaración Renta año 2013 primigenia1.

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor Jorge Humberto Arias López presentó la declaración del impuesto sobre
la renta por el año gravable 2013 bajo el sistema ordinario, la cual fue corregida el
11 de julio de 2016 por el sistema IMAN2 en el sentido de incluir en el renglón 76
los gastos de representación exentos por valor de $314.699.000.

Luego de un requerimiento especial, la DIAN expidió la liquidación oficial de
revisión 102412017000013 de 10 de mayo de 2017, a través de la cual modificó la
mencionada declaración al rechazar los gastos de representación exentos e
impuso una sanción por inexactitud, decisión que fue confirmada con la resolución
102362017000001 del 27 de octubre de 2017.

Inconforme, el señor Arias López ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la
nulidad de los mencionados actos. En primera instancia el asunto le correspondió
al Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad que con sentencia de 19 de
septiembre de 2019 negó las pretensiones de la demanda luego de realizar las
siguientes consideraciones:

[…] con base en lo dispuesto por los artículos 329 del ET y 10 de la Ley 1607 de
2012-vigentes para el periodo 2013- y en línea con la DIAN, que para el año 2013 el
demandante tenía la condición de empleado en los términos de la citada normativa,
obligado a calcular el impuesto sobre la renta por los sistemas ordinario e IMAN a fin

1 Cita y énfasis del texto original con posibles errores.
2 Impuesto mínimo alternativo Nacional.

2

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

de elegir aquel que representara un mayor tributo a cargo. Que en el expediente
está acreditado que el actor es ingeniero de minas, inscrito en el RUT -código 7110
actividades de arquitectura e ingeniería-, que para el 2013 era interventor de Gensa
-contrato 004-2013 para la interventoría de suministro de carbón térmico empleado
en el funcionamiento de la central termoeléctrica de Paipa-, que vinculó personal de
apoyo para las labores de interventoría y que la DIAN modificó la declaración de
renta de 2013 específicamente en cuanto a los gastos de representación exentos,
en tanto ese rubro no procedía porque solo ampara a funcionarios judiciales y a
docentes de universidades estatales.

Igualmente que, para esa vigencia fiscal residió en el país y obtuvo ingresos por la
prestación personal de servicios -como interventor en el marco del contrato suscrito
con Gensa superiores al 80% de los ingresos declarados en ese año gravable, y
que las calidades profesionales del actor fueron determinantes para la suscripción
del referido contrato, en virtud del cual desarrolló una tarea de corte intelectual en
ejercicio de una profesión liberal -ingeniero de minas-, al punto que estaba prohibida
la cesión del negocio jurídico -cláusula 16-y, si bien, para el cumplimiento del mismo
vinculó personal de apoyo en diversas áreas, ello no lo separó de las tareas de
supervisión, verificación y control propias de la interventoría, de manera que no se
desdibujó la prestación personal del servicio. En ese orden, el a quo concluyó la
legalidad de los actos acusados -que modificaron la declaración de renta del
demandante exclusivamente en el sentido de rechazar gastos de representación
exentos-.

De otro lado, el Tribunal Administrativo de Caldas condenó en costas al señor
Arias López por ser la parte vencida y en atención a que la contraparte incurrió en
gastos «para contestar la demanda y asistir a la audiencia inicial». Finalmente, fijó
agencias en derecho.

El recurso de apelación consistió en señalar que: (i) el artículo 329 del Estatuto
Tributario3 no concuerda con el formulario 210 a través del cual se declara el
impuesto de renta comoquiera que no permite el tratamiento igualitario de los
ingresos entre empleados vinculados en relaciones laborales, legales o
reglamentarias, y aquellos que presentan vinculación contractual por prestación de
servicios, por cuanto a los primeros que no tienen costos asociados sí se les
permite depurar en el sistema IMAN los beneficios de renta exenta; y (ii) el análisis
del tribunal fue insuficiente al determinar que la noción de empleado tributario
incluye los contratos de prestación de servicio.

La alzada la desató la Sección Cuarta del Consejo de Estado en providencia de 9
de septiembre de 2024 al confirmar la decisión de primer grado a partir de las
siguientes consideraciones:

(i) Resaltó que no le asistía razón al accionante al argumentar que no estaba
obligado a cumplir con el impuesto de renta por el sistema IMAN por carecer de la

3 Modificado por la Ley 1607 de 2012

3

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

calidad de empleado tributario, comoquiera que tal aspecto no fue cuestionado por
la DIAN. Adujo que, contrario a ello, la administración «validó la presentación de la
citada declaración de corrección bajo dicho sistema de depuración», razón por la
cual la modificación de la referida corrección consistió en el rechazo de «gastos de
representación exentos […] e imposición de la sanción por inexactitud».

(ii) Indicó que, teniendo en cuenta que el contribuyente aplicó el sistema IMAN
para el mencionado impuesto a cargo, con esto «aceptó implícitamente la
categoría de empleado», por lo que resultó inane la discusión planteada en la
demanda y en la apelación concerniente al origen de los ingresos del demandante,
su condición de empleado y los reproches respecto al sistema IMAN.

(iii) Por último, precisó que los cargos relacionados con la calidad de empleado
establecida en el artículo 329 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 10
de la Ley 1067 de 2012), sus consecuencias en la depuración de la renta, así
como el formulario implementado para presentar la declaración, «más allá de la
situación particular del actor, se trata de cuestionamientos frente a la ley misma y
al citado formulario, que resultan ajenos y, por ende, escapan al juicio de legalidad
de los actos acusados […]».

1.4. Fundamentos de la solicitud4

1.4.1. El señor Jorge Humberto Arias López argumentó que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 9 de septiembre de 2024, incurrió en
una aplicación indebida del artículo 329 del Estatuto Tributario debido a que no se
ajustaba al caso concreto del asunto ordinario, ante la inexistencia del sujeto
tributario objetivo descrito en la referida norma.

Lo anterior, lo sustentó en que los cargos endilgados en sede administrativa por la
DIAN al tutelante, los cuales fueron avalados por la autoridad judicial censurada,
consistentes en su presunta responsabilidad tributaria frente al valor consignado
en el renglón 76 del formulario de declaración del impuesto de renta del año
gravable 2013, omiten que los ingresos por el contrato de interventoría durante el
año 2013 no fueron en beneficio personal. Ello, pese a que dentro del trámite ante
la administración y en vía jurisdiccional acreditó con los soportes pertinentes que
se trató de gastos de representación en atención a que vinculó personal adicional
para la ejecución del referido contrato. En ese orden, explicó lo siguiente:

Soporte legal existe para justificar o no el RENGLON 75, la integralidad holística del
Decreto 3032 de 2013, logra determinar desde esta normativa reglamentaria una

4 Las citas de este acápite son una reproducción literal del texto de la tutela, que pueden contener

errores.

4

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

consecuencia directa/indirecta que nace desde quien recibe los ingresos como
contraprestación de un servicio prestado y su obligatoriedad de hacer aportes al
SGSS (Sistema General de Seguridad Social). Pero no solo ello, el mismo acto
administrativo Resolución 102362017000001 del 27 de octubre de 2017, admite
como prueba fehaciente lo consignado y validado por la Autoridad Tributaria a
RENGLONES 47 y 50, desde donde de manera indirecta se colige con total
seguridad legal, que esos gastos son provenientes de un ingreso como
contraprestación por un servicio por parte de una persona natural, que no son
ingresos para beneficio personal, como lo exige el artículo 9 del Decreto 3032/2013,
cuando recurre como determinantes para liquidación/pago de aportes al SGSS al
Decreto 510/2003 (artículos 1°, parágrafo, y artículo 3°) o como lo estableció el
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 o en similar condición el Decreto 1703/2002
(Artículo 23). Esta normativa citada, es lo que hace que el renglón 75 solo admita
aportes que sean provenientes de ingresos de personas naturales y exclusivos para
su beneficio personal. Es decir, donde el afiliado funge como aportante y cotizante a
la vez. Lo anterior nunca ocurre en la realidad del accionante, pero en su lugar si
ocurre en la calidad de aportante y cotizantes de sus colaboradores (empleados)
RENGLÓN 47 (prueba primigenia Renta 2013 del suscrito)5.

Adicionalmente, argumentó que el renglón 47 contenido en la declaración del
mencionado tributo para la vigencia 2013, demuestra de manera contundente que
los pagos mensualizados de los aportes se realizaron en su calidad de empleador,
lo que deriva en que los ingresos no son de índole personal o de tipo laboral «para
su beneficio personal, sea la condición contractual de cualquier condición y forma,
tal como se establece en el artículo 9° del Decreto 3032/2013»6.

1.4.2. De otro lado, en la pretensión segunda de la demanda de tutela, el
accionante solicitó: «Ordenar a quien corresponda la nulidad del acto
administrativo Resolución 102362017000001 del 27 de octubre de 2017 y
restablecer a vida jurídica la Declaración Renta año 2013 primigenia»7.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 26 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela
de la referencia, se ordenó notificar en calidad de extremo demandado al Consejo
de Estado, Sección Cuarta y a la DIAN, y se dispuso vincular al Tribunal
Administrativo de Caldas como tercero con interés.

Finalmente, se requirió a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado para que
realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información
de la tutela de la referencia.

1.6. Contestaciones

5 Cita del texto original con posibles errores.
6 Cita del texto original con posibles errores.
7 Cita del texto original con posibles errores.

5

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

1.6.1. DIAN

El acreditado apoderado de esta unidad administrativa solicitó que se declare la
improcedencia de la solicitud de amparo objeto de atención, comoquiera que no
cumple con el requisito de relevancia constitucional al carecer de la carga
argumentativa exigida cuando se controvierten providencias judiciales, puesto que
no se acreditó la configuración de alguno de los requisitos especiales de
procedibilidad, y en todo caso adujo que no se advertía la vulneración de los
derechos alegada por la parte activa.

Adicionalmente, aseguró carecer de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto se reprochan las acciones u omisiones de los jueces que conocieron de la
demanda de reparación directa.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Caldas

Por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se
declare la improcedencia de este mecanismo constitucional, en la medida que no
cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela
contra providencia judicial.

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Cuarta

En memorial suscrito por el magistrado ponente de la decisión censurada, se
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de la referencia por carecer
de relevancia constitucional, luego de advertir que lo pretendido por el señor Arias
López se circunscribe a la reapertura del debate zanjado en el proceso ordinario
frente al cual el máximo órgano especializado en la materia se pronunció con
sustento en un análisis integral del asunto y con sujeción al marco jurídico
aplicable al asunto.

Finalmente, en cuanto al fondo de la controversia, explicó lo siguiente:

Examinados los actos acusados, la Sala encuentra que la liquidación del citado
gravamen conforme con el sistema IMAN no fue cuestionada por la DIAN, por el
contrario, la entidad validó la presentación de la citada declaración de corrección
bajo dicho sistema de depuración, razón misma por la que lo glosado se concretó en
la improcedencia de gastos de representación exentos dado que, si bien el actor
cumplía con ser empleado, no tenía la condición de magistrado o juez como
tampoco era rector o profesor de una universidad pública según lo previsto en el
artículo 206.7 del ET1 -texto vigente para el caso-. (…)

Lo anterior, con especial énfasis en que la glosa que contienen los actos
administrativos demandados se circunscribió al rechazo de gastos de
representación exentos por $314.699.000, sin que la misma fuera controvertida ni

6

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

menos desvirtuada en sede administrativa ni judicial, con lo cual tales actos
conservan su presunción de legalidad.

Finalmente, en cuanto a los reparos del apelante en torno a la calidad de empleado
definida en la ley -art. 329 ET adicionado por el art. 10 de la Ley 1607 de 2012- y
sus efectos en la depuración de la renta, así como del formulario implementado para
presentar la respectiva declaración, más allá de la situación particular del actor, se
trata de cuestionamientos frente a la ley misma y al citado formulario, que resultan
ajenos y, por ende, escapan al juicio de legalidad de los actos acusados que, como
se precisó, se concretaron al rechazo de gastos de representación exentos, que no
fue controvertido ni menos desvirtuado8.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Jorge Humberto Arias López, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales de la parte accionante, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de: (i) la sentencia de 9 de septiembre de 2024 dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que, confirmó la decisión del 19 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el sentido de negar las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento identificado con el
radicado 17001-23-33-000-2018-00280-01; y (ii) la resolución «102362017000001
del 27 de octubre de 2017», a través de la cual la DIAN confirmó lo dispuesto en la
liquidación oficial de revisión «102412017000013 del 10 de mayo de 2017».

Para resolver el mencionado planteamiento jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrase superado; (iii)
las generalidades del defecto alegado; y (iv) el caso concreto.

8 Cita del texto original con posibles errores.

7

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y ella misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente». Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación
de 5 de agosto de 201412, la referida sala plena, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

A partir de las anteriores directrices se entrará a estudiar los requisitos generales
de procedibilidad en el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. En cuanto a la relevancia constitucional, la Sala advierte que esta
exigencia no se cumple el asunto de la referencia por cuanto no se satisfacen las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215
de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate
que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado
por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. N.° 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021,
oportunidad en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el
mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una
instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias
con el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden
la esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de
los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal.13

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención

13 Parafraseo de la SU 2015 de 2022.

9

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó
que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»15.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general16. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»17.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra
decisiones proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe
ser más riguroso18, es decir, se debe constatar la existencia de una
actuación u omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive
en la violación de derechos fundamentales, toda vez que estas colegiaturas
actúan como tribunales de cierre.

14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Ibídem.
17 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.

10

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

2.4.1.1. Ahora bien, como se indicó en líneas previas, al descender al análisis del
escrito de tutela se advierte que la parte actora no acreditó que el debate
propuesto en esta sede se encuentre revestido de relevancia constitucional, en
atención a que, es de índole legal, económico y pretende recabar en un debate
que fue objeto de conocimiento y pronunciamiento por parte del juez natural de la
causa.

Lo anterior obedece a que, como se pudo observar en los antecedentes de esta
sentencia, la litis del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
circunscribió a determinar la legalidad de los actos demandados, a partir del
análisis correspondiente a sí los ingresos percibidos por el señor Jorge Humberto
Arias López durante la vigencia fiscal 2013 se derivaron de la condición de
empleado y por la prestación de servicios de manera personal pese a que hubiese
contratado personal de apoyo para desempeñar sus labores de interventor.

En otras palabras, el objeto de la causa ordinaria giró en torno a establecer si eran
procedentes los gastos de representación denunciados por el señor Arias López
en su declaración rentística del año gravable 2013, con sustento en que no
presentaba la calidad de empleado tributario establecida en el artículo 329 del
Estatuto Tributario.

Frente a ese planteamiento el órgano de cierre en la materia indicó que para el
año gravable 2013 el contribuyente tenía la calidad de empleado en los términos
de la norma ejusdem por haber ejercido su profesión liberal de ingeniero en la
ejecución del contrato de interventoría, emitir órdenes, supervisar, dirigir y prestar
su conocimiento con el fin de ejecutar el objeto contractual, en consecuencia,
encontró adecuada la referida declaración presentada por el señor Arias López
mediante el sistema alternativo IMAN, lo cual también implicó que aceptara dicha
calidad, no obstante precisó que «si bien el actor cumplía con ser empleado, no
tenía la condición de magistrado o juez como tampoco era rector o profesor de
una universidad pública según lo previsto en el artículo 206.7 del ET», por lo que
no procedía la exención por gastos de representación.

De conformidad con lo señalado es evidente para esta colegiatura que, como
primera medida, el extremo actor no identificó de manera concreta cuál o cuáles
son los defectos de los que adolece la providencia de 9 de septiembre de 2024,
puesto que se limitó a indicar que sus derechos fundamentales fueron
transgredidos con la referida decisión, por cuanto, a su juicio, los gastos que ubicó
en el renglón 76 en el marco de la declaración del impuesto de renta por el año
2013 no correspondían a ingresos a su favor, en consecuencia, no estaba
obligado a declarar sobre dichos valores a los que le aplicó el concepto de gastos
de representación exentos.

11

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

Adicionalmente, con el fin de sustentar este mecanismo constitucional, adujo que
la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en la aplicación indebida del
artículo 329 del Estatuto Tributario comoquiera que no se ajustaba al caso
concreto del asunto ordinario ante la inexistencia del sujeto tributario objetivo
descrito en la referida norma. Ello, en atención a que demostró con los soportes
pertinentes que los gastos que no le permitieron deducir en la declaración del
mencionado impuesto no atañen a ingresos para beneficio personal.

Lo anterior deja al descubierto que el asunto no es relevante, habida cuenta de
que no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester
que quien se considera afectado cumpla con el deber de señalar y desarrollar los
defectos de los cuales, en su criterio, adolece la decisión cuestionada. También
debe argumentar el concepto de la violación que se deriva de una providencia
judicial en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique
por parte de este juez un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el
máximo órgano en esa materia.

Además, los argumentos expuestos por el señor Arias López platean una
discusión de índole legal y económica respecto de la cual ya hubo un
pronunciamiento judicial en las dos instancias del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, frente a la cual el juez constitucional no puede
inmiscuirse por cuanto desplazaría la esfera del funcionario competente.

Básicamente, este caso, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la decisión
objeto de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en
su núcleo esencial.

Por ello, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la controversia
planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional debido a que no se
aludieron argumentos suficientes y desde una perspectiva constitucional que
sustenten la inconformidad frente a una providencia judicial dictada por un órgano
de cierre en la especialidad, en la que se adoptó una decisión en un sentido que
no favorece los actuales intereses de la parte actora.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de
relevancia constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia
judicial; ello comoquiera que: (i) carece de la carga argumentativa suficiente y
elevada a un rango constitucional; (ii) la controversia es de índole legal y

12

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

económica; y (iii) no se evidencia una vulneración palmaria derivada del fallo de 9
de septiembre de 2024, que implique la intervención del juez de tutela.19

2.4.2. En cuanto al agotamiento de los medios de defensa judicial, en
consonancia con la postura de la Sala20, se advierte que esta exigencia no se
cumple en el asunto de la referencia frente a la inconformidad del señor Arias
López con la resolución «102362017000001 del 27 de octubre de 2017» dictada
por la DIAN, a partir de la cual confirmó la liquidación oficial de revisión y que fue
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado 17001-23-33-000-2018-00280-01.

Tal afirmación deviene de la postura de este cuerpo colegiado en relación con la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos.

Al respecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia21.

19 Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-

15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia
de 28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
20 Entre otras, ver: la sentencia de 27 de junio de 20249, expediente 11001-03-15-000-2024-02680-

00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es

13

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias
que puedan suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir
medidas cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). No
obstante, a pesar de ser este el juez natural en dichos asuntos, es claro que, en
determinadas oportunidades el enfoque a partir del cual se resuelven no es
suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, pues se
puede dar el caso en que la transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que a la luz del ordenamiento contencioso se encuentre revestida
de legalidad. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

Es por ello que, al iterar el criterio de esta Sala, se advierte que la solicitud de
amparo de la referencia es improcedente debido a que el señor Jorge Humberto
Arias López contó con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir la resolución «102362017000001 del 27 de octubre de
2017» y los demás actos que considerara transgresores de sus garantías
constitucionales; marco en el cual el Tribunal Administrativo de Caldas y la
Sección Cuarta del Consejo de Estado se pronunciaron respecto a la legalidad de
las decisiones de la administración en las sentencias de 19 de septiembre de 2019
y 9 de septiembre de 2024.

Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría este mecanismo que es eminentemente protector de derechos
fundamentales.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:

[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo
el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que
para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo

contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».

14

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar
a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un
perjuicio irremediable […]22.

En ese sentido, es preciso resaltar que este caso no se trata de un ejercicio
preventivo o transitorio de la acción de tutela, habida cuenta de que ya se agotó el
medio de control ordinario y existe un pronunciamiento por parte del juez
competente respecto a la legalidad de la resolución «102362017000001 del 27 de
octubre de 2017», el cual está contenido en la sentencia de 9 de septiembre de
2024 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del expediente
17001-23-33-000-2018-00280-01.

Ahora, si bien el señor Arias López también reprochó el proveído de 9 de
septiembre de 2024 por avalar la legalidad de la resolución «102362017000001
del 27 de octubre de 2017», lo cierto es que, como se analizó en el numeral
2.4.1.1., la demanda de tutela no superó el estudio del requisito de procedibilidad
de relevancia constitucional, en consecuencia, no se advirtió prima facie la
vulneración alegada.

Así las cosas, se concluye que no se está en presencia de un perjuicio
irremediable que dé lugar a la flexibilización del requisito de subsidiariedad y a la
procedencia de este mecanismo para que el juez de tutela se pronuncie sobre la
legalidad de un acto administrativo, por lo tanto, no se justifica en ninguna medida
la intervención de esta Sala de decisión.

2.5. Conclusión

Se declarará la improcedencia de la solicitud de amparo deprecada por el señor
Jorge Humberto Arias López contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro,
debido a que no se superó el estudio de los requisitos de relevancia constitucional
y de agotamiento de todos los medios de defensa judicial.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

22 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
Énfasis propio.

15

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Humberto Arias López
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06415-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo deprecada
por el señor Jorge Humberto Arias López contra el Consejo de Estado, Sección
Cuarta y la DIAN.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

Calle 12 N.° 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.