Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06416-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406416-01
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro1
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) mínimo vital, iii)
dignidad humana y iv) vida
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por Víctor Danilo Camacho Fernández
contra la sentencia de tutela de 12 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección
B de las Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual: i) negó las
pretensiones de la solicitud de tutela; y ii) exhortó al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca para que tramite con celeridad el proceso y profiera la sentencia
correspondiente en un plazo prudente.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406416-01
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al no darle trámite
al “[…] recurso de apelación contra la sentencia […]” de 29 de junio de 2022, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
761093333003202000032-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones
– Colpensiones, con el fin de que: i) se declarara la nulidad de la Resolución núm.
SUB 315547 de 19 de noviembre de 2019, y la Resolución núm. DEP 3256 de 25
de febrero de 2020, mediante las cuales Colpensiones le negó la pensión de vejez;
y ii) a título de restablecimiento del derecho se ordenará a Colpensiones a
reconocer a su favor una pensión de jubilación.
4. Manifestó que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Buenaventura, mediante sentencia de 29 de junio de 2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones “Inexistencia del derecho
para reclamar la prestación económica”, e “Inexistencia de la obligación y cobro de
lo no debido” propuestas por la entidad Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. […]”.
5. Advirtió que, presentó recurso de apelación contra la sentencia mencionada
supra, y que el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Valle del
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Cauca encontrándose pendiente la decisión que resuelva las razones de la
apelación.
6. Indicó que, en el mes de abril de 2024 radicó ante el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca un memorial solicitando un impulso procesal y “[…] Que han
transcurrido más de 7 meses desde que se solicitó la petición de impulso
procesal y a la fecha no se ha visto una respuesta a la solicitud […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. De conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela, se advierte que lo
que el actor pretende es que la autoridad judicial accionada resuelva “[…] el recurso
de apelación contra la sentencia […]” de 29 de junio de 2022 proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 7610933330032020-00032-01.
8. Como fundamento de su solicitud, consideró lo siguiente2:
“[…] A la fecha de hoy habiéndose cumplido más de 2 años desde la expedición de
la sentencia de primera instancia No. 18 del 29 de junio del 2022, y habiendo
presentado mi apoderado el recurso de apelación contra la sentencia
Adicionalmente se debe tener en cuenta que dada la demora innecesaria e
inoperante del Juzgado a la fecha ya han transcurrido dos años y no es justo luego
de haber laborado tantos años hoy no puede disfrutar de una pensión a mi de edad
de 71 años.
6. Dicha situación y entiendo el contexto actual, a mi edad de 71 años desempleado
sin ninguna entrada de dinero, vivo en precarias situaciones económicas en una
vivienda de una hermana, que me ha prestado el servicio de agua y energía están
atrasados, donde desde el año pasado el país en general está atravesando
recesiones económicas por la Pandemia cesar de forma expedita y oportuna está
generando dificultades económicas a mi sostenimiento y el de mi familia como padre
cabeza de hogar, afectando indiscutiblemente mi calidad de vida pero lo más
importante a mi mínimo vital por las múltiples obligaciones que debo atender y la
difícil situación económica que estamos atravesando máxime los ciudadanos como
yo que pertenecemos a una población humilde que vivimos netamente de nuestro
trabajo 100%.
2 Transcripción literal del texto.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
7. Es por lo anterior que acudo a esta instancia porque no tengo más recursos para
proteger mis derechos y el debido proceso ya que el Accionado no ha desatado la
peticion de IMPULSO PROCESAL Ssoloicitado por mi apoderado.y cesar la
vulneración de mis derechos. […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 26 de noviembre de 2024: i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura;
y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervenciones de la demandada y los terceros con interés legítimo
10. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca rindió informe en los
siguientes términos:
“[…] El proceso ordinario que dio origen al trámite constitucional es el
correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
radicado 76109-33- 33-003-2020-00032-01, donde funge como demandante el señor
Víctor Danilo Camacho Fernández y como demandado la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
La actuación fue repartida en el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
segunda instancia el 3 de agosto de 2022 y correspondió su conocimiento al
Despacho 004, donde la titular es la magistrada […]3.
Luego, por auto del 31 de octubre de 2022, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 29 de junio de ese
mismo año4 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Buenaventura
y se dio la oportunidad a las partes para que se pronunciaran en relación con el
mismo.
Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio, por lo que el proceso
ingresó para fallo el 14 de diciembre de 20225.
Posteriormente el 9 de mayo de 2023, la magistrada de conocimiento profirió auto
mediante el cual remite la actuación a este Despacho en cumplimiento de lo
3 Índice Samai 3
4 Índice Samai 6
5 Constancia secretaria, índice Samai 12
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
establecido en el Acuerdo No. CSJVAA23-17 del 2 de febrero de 2023, emitido por
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, providencia que fue
notificada a las partes el 12 de mayo de 20236[…]”.
[…]
“[…] Por Acuerdo CSJVAA23-17 del 2 de febrero de 2023, expedido por el Consejo
Seccional de la Judicatura Valle del Cauca, se dispuso redistribuir 436 procesos del
inventario de los despachos 001 al 014 del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca; el Despacho 004, cuyo titular es la magistrada […], remitió varios expedientes
de segunda instancia que se encontraban bajo su cargo, entre ellos el
correspondiente al del señor Víctor Danilo Camacho Fernández.
Dentro del inventario que se recibió de los otros despachos de esta Corporación, se
encuentran procesos que ingresaron para fallo en los años 2015, 2016, 2017 e
inclusive en 2018, esto es, antes de la fecha de ingreso del expediente del
accionante para ese fin, por lo que es importante resaltar que actualmente se están
fallando aquellos que ingresaron para sentencia en el año 2019.
A partir de lo explicado, es menester concluir que este Despacho no ha vulnerado
derechos fundamentales de rango constitucional invocados por el actor, así como
tampoco se encuentra en mora judicial frente al proceso 76-109-33-33-003-2020-
00032-017, pues como se ha indicado en precedencia, se están realizando las
gestiones pertinentes para evacuar los expedientes más antiguos, con el ánimo de
que los accionantes obtengan una decisión de segunda instancia de manera pronta
y eficaz.
En lo que tiene que ver con la solicitud de dar trámite al impulso procesal presentado
por el apoderado del accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, respetuosamente me permito informar que la respuesta al mismo fue
remitida al correo electrónico indicado por el accionante para tal fin, por lo que, en lo
que respecta a esta pretensión, se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado. […]”.
11. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura
manifestó que, “[…] Vale acotar que, dentro del proceso del accionante, se le han
garantizado a este, como demandante y a los demás sujetos procesales todas las
garantías del debido proceso. […]”.
12. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó i)
negar la solicitud de tutela; y ii) su desvinculación, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] En el presente caso, el accionante no demuestra que la mora en su caso
obedezca a dilaciones injustificadas, por lo que, al no estar demostrado, se
constituiría en una vulneración al derecho a la igualdad de aquellos quienes también
llevan tiempo esperando la resolución de las decisiones judiciales, no respetar estos
6 Índices 13 y 16 Samai
7https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76109333300320200003201760
0123
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
turnos y ni que (sic) decir, de aquellos que se encuentren en situaciones fácticas
similares al caso bajo estudio. […]”.
[…]
“[…] En ese sentido, y conforme a lo expuesto, no se puede considerar que
COLPENSIONES ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto no tiene
responsabilidad alguna en la transgresión de los derechos fundamentales. Lo
anterior, teniendo en cuenta que actualmente COLPENSIONES no tiene petición o
trámite pendiente por resolver a favor del ciudadano. […]”.
13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes
razones:
“[…] Entonces, es válido considerar que la UGPP no es sujeto pasivo de la acción
de tutela y el trámite de las pretensiones que le sirven de objeto corresponden como
lo indica el mismo accionante en el escrito de tutela, le corresponden al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA contra quien dirigió la acción de tutela,
es decir, esta es la persona y/o entidad accionada dentro del trámite de la presente
acción de tutela, a quien le corresponde resolver de fondo las pretensiones incoadas
por el actor en la presente acción de tutela, encontrándose así ésta Unidad ante una
evidente ausencia de legitimación en la causa por pasiva […]”.
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura allegaron copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de control de
nulidad identificado con el número único de radicación 7610933330032020-00032-
01.
La sentencia impugnada
15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia en primera instancia, el 12 de diciembre de 2024, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] 1º) Deniéganse las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Exhórtase al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que tramite con
celeridad el proceso y profiera la sentencia correspondiente en un plazo prudente.
[…]”.
16. Como fundamento de su decisión consideró que:
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
“[…] En el caso concreto, la Sala advierte que, una vez analizados los medios de
prueba aportados en el expediente y efectuada la revisión integral del proceso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no. 76109-33-33-003-
2020-00032-01, en el Sistema de Gestión Judicial (SAMAI) se encontró que, en
efecto, ese proceso está a cargo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desde el 3 de agosto de 2022.
7) El 9 de mayo de 2023, el tribunal profirió un auto por medio del cual remitió el
proceso al despacho no. 15 de esa Corporación, creado mediante el Acuerdo no.
PCSJA22-12026 de 2022, quien asumió el conocimiento del asunto desde el 12 de
mayo de 2023.
8) De conformidad con la contestación presentada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, se evidenció que el Despacho 015, al cual fue asignado el
expediente del señor Víctor Danilo Camacho Fernández, es un despacho de reciente
creación, formalizado mediante el Acuerdo PCSJA22-12026 de 2022, que asumió un
alto volumen de procesos provenientes de otros despachos del tribunal.
9) Además, ese despacho enfrenta una carga procesal significativa con expedientes
acumulados de años anteriores, muchos de los cuales tienen prioridad por haber
ingresado para fallo con mayor antigüedad y, en ese contexto, el expediente del actor,
cuya apelación data del año 2022, no ha permanecido sin gestión durante un término
desproporcionado si se considera la congestión judicial que afecta al sistema en
general. […]”.
[…]
“[…] Aunado a lo anterior el actor no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo de manera excepcional,
o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se pudiera advertir
la necesidad de alterar el turno para que la autoridad judicial demandada profiera una
sentencia en el expediente a su cargo, de otra manera, se desconocería el derecho
a la igualdad y al debido proceso de los demás usuario de la administración de justicia
quienes también se encuentran esperando las decisiones de sus casos en particular.
13) En consecuencia, es forzoso afirmar que, si bien a la fecha está pendiente de
decisión que resuelva en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho mencionado, dicha situación no es atribuible a la autoridad judicial
demandada y, en dicha medida, no se puede alegar una vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora o una mora judicial injustificada que conlleve a dicha
transgresión. […]”.
La impugnación
17. El actor solicitó revocar la sentencia de 12 de diciembre de 2024, proferida
por Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y en su lugar
conceder la solicitud de tutela, por las siguientes razones:8
“[…] En el fallo de esta sentencia no se me garantiza la protección integral al derecho
a la vida y seguridad social, MÍNIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR toda vez que
desconoce lo ampliamente debatido en la tutela el cual ha señalado: que el Estado
8 Transcripción literal del texto.
8
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
está en la obligación A PROTEGER A LAS PERSONAS EN ESTADO DE
DEBILIDAD MANIFIESTA Y A UNA PENSION
Por tanto, el argumento del juzgado para NO TUTELAR es equivoco, puesto que se
que ante mi apelación existen procesos del año 2015, olvidando que soy adulto
mayor y este proceso versa sobre un proceso de pensión y es especial. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202110 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201911, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
Legitimación en la causa por pasiva
20. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por la Administradora Colombiana
de Pensiones - Colpensiones y la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
(UGPP), no fue objeto de pronunciamiento por parte del A quo en el trámite de la
primera instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
21. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
22. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200612, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
12 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[13].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
23. La Sala advierte que la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones y la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales (UGPP) solicitaron
su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
24. Al respecto, es preciso indicar que la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, fueron
vinculadas al proceso de tutela de la referencia como terceros con interés, en la
medida en que, por un lado, Colpensiones fue demandada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado por el actor, y la
UGPP como tercero con interés legítimo; es decir, que a dichas entidades les asiste
interés en el resultado del proceso de la referencia.
25. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
26. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
13 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Problema jurídico
27. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; y si la
respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde establecer se deben
proteger los derechos fundamentales invocados por el actor, los cuales considera
vulnerados con ocasión a que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no le ha
dado trámite al “[…] recurso de apelación contra la sentencia […]” de 29 de junio de
2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
7610933330032020-00032-01.
28. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela, ii) análisis del caso concreto, y finalmente iii) las conclusiones de
la Sala.
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
29. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
30. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200514, consideró lo
siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
14 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406416-01
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
31. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que15:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
32. Así las cosas, la Sala considera que la figura de la carencia actual de objeto
por hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los
cuales, durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se
produce la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección16.
33. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Análisis del caso concreto
34. El actor, actuando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque, a su juicio, al no darle trámite
al “[…] recurso de apelación contra la sentencia […]” de 29 de junio de 2022, en el
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
16 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406416-01
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación
761093333003202000032-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
35. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
37.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 7610933330032020-00032-01.
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta mora judicial
38. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por el actor a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
39. La Sala advierte que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia en primera instancia, el 12 de diciembre de 2024, por medio
de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1º) Deniéganse las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Exhórtase al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que tramite con
celeridad el proceso y profiera la sentencia correspondiente en un plazo prudente.
[…]”.
40. Por otra parte, el actor solicitó revocar la sentencia de 12 de diciembre de
2024, proferida por Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, y
en su lugar conceder la solicitud de tutela, por las siguientes razones:17
“[…] En el fallo de esta sentencia no se me garantiza la protección integral al derecho
a la vida y seguridad social, MÍNIMO VITAL DEL ADULTO MAYOR toda vez que
desconoce lo ampliamente debatido en la tutela el cual ha señalado: que el Estado
está en la obligación A PROTEGER A LAS PERSONAS EN ESTADO DE
DEBILIDAD MANIFIESTA Y A UNA PENSION
Por tanto, el argumento del juzgado para NO TUTELAR es equivoco, puesto que se
que ante mi apelación existen procesos del año 2015, olvidando que soy adulto
mayor y este proceso versa sobre un proceso de pensión y es especial. […]”.
41. De conformidad con lo expuesto en el escrito de tutela, se advierte que lo
que el actor pretende es que la autoridad judicial accionada resuelva “[…] el recurso
de apelación contra la sentencia […]” de 29 de junio de 2022 proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 7610933330032020-00032-01.
42. Al respecto, al consultar la Sede Electrónica para la Gestión Judicial –
SAMAI, la Sala advierte que el 31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca profirió la sentencia en segunda instancia en el proceso
mencionado supra, como se observa a continuación:18
17 Transcripción literal del texto.
18
Cfr.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76109333300320200003201
7600123
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
43. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 31 de enero de 2025,
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, por las razones
expuestas en la parte motiva de la sentencia […]”.
44. Igualmente, se observa que dicha providencia fue notificada al actor:19
19 Cfr. Índice núm. 26 de SAMAI. Documento denominado “Soporte notificación Sentencia de fecha 3(.pdf)
NroActua 26”. Archivo aportado en medio digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406416-01
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
45. De la lectura del escrito de tutela se advierte que la pretensión del actor se
dirigía a que la autoridad judicial accionada resolviera “[…] el recurso de apelación
contra la sentencia […]” de 29 de junio de 2022 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Buenaventura, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 7610933330032020-00032-01; pretensión que se
cumplió con la sentencia de 31 de enero de 2025, la cual fue notificada al actor, sin
que mediara amparo alguno por parte del juez de tutela.
46. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se presentó la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante el trámite de
la presente acción de tutela20, específicamente en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca profirió la sentencia de 31 de enero de 2025, la
cual fue notificada al actor.
47. Ahora bien, la Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, ha considerado lo siguiente21:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante22. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado23 […]”. (Resaltado por la Sala).
48. En ese orden de ideas, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, en la medida en que, durante el trámite de la acción de tutela,
la autoridad demandada profirió la sentencia de 31 de enero de 2025, la cual fue
notificada al actor y, con ello, se dio solución a lo pretendido por el actor en su
solicitud, por lo tanto, se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del
amparo.
20 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se presentó el 18 de noviembre de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
23 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Conclusiones de la Sala
49. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la solicitud de tutela presentada por el actor contra la autoridad accionada, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
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Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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