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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00591-00

Fecha
7 de marzo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00591-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente, por temeraria, la acción de tutela instaurada por el señor Víctor Danilo Camacho Fernández. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00591-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

7 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00591-00
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00591-00
Demandante: VÍCTOR DANILO CAMACHO FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

TEMERIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Se configuró porque, al tenor del artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, se constató que el accionante instauró otra acción de tutela sustentada
en los mismos hechos y dirigida al mismo fin, sin ninguna justificación.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Víctor Danilo Camacho
Fernández contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 4 de febrero de 2025 2 , el señor Víctor Danilo Camacho Fernández instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
seguridad social, al debido proceso y al trabajo digno.

1
Se advierte que el 20 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, índice 2, archivo 2ED_Demanda.

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Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

2. De la solicitud de amparo, se extraen los siguientes hechos y argumentos
jurídicamente relevantes:

3. El señor Camacho Fernández prestó sus servicios a las Fuerzas Militares3 entre el
4 de febrero de 1971 y el 28 de febrero de 1973. Posteriormente4, se desempeñó
como servidor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –Telecom– hasta el
31 de agosto de 1998. Durante esta última relación laboral, las cotizaciones
pensionales fueron realizadas ante la Caja de Previsión Social de Comunicaciones
–Caprecom–.

4. El 4 de marzo de 2013, el aquí accionante solicitó el reconocimiento de su pensión
de vejez ante Caprecom. Para entonces, esta entidad se encontraba liquidada, por lo
que la solicitud fue remitida a Colpensiones, la cual manifestó que el señor Camacho
Fernández no había efectuado ninguna cotización.

5. En virtud del Decreto 2011 de 2012, la solicitud pensional aludida fue asumida por
la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
–UGPP–, la cual negó poseer la historia laboral del señor Camacho Fernández.

6. Como consecuencia de todo lo anterior, el aquí accionante presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, alegando el cumplimiento de los requisitos del
reconocimiento de la pensión por vejez, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, adoptado por el entonces Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios y aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año.

7. De esa manera, se originó el proceso identificado con el radicado 76109-33-33-
003-2020-00032-01, tramitado en primera instancia por el Juzgado Tercero
Administrativo de Buenaventura, el cual denegó las pretensiones del demandante.

3 En la demanda de tutela, simplemente se aludió a la acumulación de «tiempo militar» en favor del

señor Camacho Fernández, sin especificar en cuál de las Fuerzas Militares prestó sus servicios, ni qué
cargo desempeñó.
4 En el escrito introductorio no se indicó cuándo inició esa relación laboral.

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Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

8. El señor Camacho Fernández interpuso recurso de apelación contra esa decisión,
por lo que el expediente del proceso fue remitido al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca. Sin embargo, luego de transcurridos cinco años, esa corporación no había
proferido sentencia de segunda instancia.

9. En virtud de lo expuesto, el accionante afirmó gozar de estabilidad laboral reforzada
por ser prepensionado y aseveró encontrarse en una situación de debilidad
manifiesta. Además, alegó la necesidad del reconocimiento de su pensión por vejez
para evitar una afectación de su mínimo vital, y aseguró ser sujeto de especial
protección constitucional por ser una persona de la tercera edad. Al respecto, afirmó
tener 72 años y ser padre de un niño de 13 años.

10. Finalmente, insistió en haber cumplido los requisitos del reconocimiento de la
pensión por vejez, especialmente el de la cantidad mínima de semanas cotizadas, de
conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Trámite impartido e intervenciones

11. Mediante auto del 10 de febrero de 20255, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar, como demandados, a las magistradas Luz Elena
Sierra Valencia y Katia Alexandra Domínguez Garcés, integrantes del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y al secretario general de esa corporación.
También dispuso la notificación, en calidad de terceros con interés, del presidente de
Colpensiones, del gerente del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y
Teleasociadas, en liquidación, del ministro de Defensa Nacional y del director general
de la UGPP.

5
Samai, índice 6.

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12. La magistrada Katia Alexandra Domínguez Garcés6, en primer lugar, aclaró que
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Camacho Fernández
se dirigió contra Colpensiones.

13. Adicionalmente, expuso que el expediente del proceso fue asignado al despacho
a cargo de la magistrada Luz Elena Sierra Valencia el 3 de agosto de 2022 y que, el
31 de octubre siguiente, ese despacho admitió el recurso de apelación contra la
sentencia del Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura.

14. Agregó que el expediente fue remitido al despacho a su cargo el 9 de mayo de
2023, en virtud del Acuerdo CSJVAA23-17 del 2 de febrero de ese año, expedido por
el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

15. Finalmente, afirmó que la sentencia correspondiente fue proferida el pasado 31
de enero, en cumplimiento de un exhorto de la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, contenido en el fallo del proceso de tutela identificado con el
radicado 11001-03-15-000-2024-06416-01, promovido también por el señor Camacho
Fernández y motivado en la supuesta configuración de una mora judicial.

16. La UGPP7 expuso que, a través de las resoluciones 603 del 11 de enero de 2019
y 006852 del 15 de abril de 2024, denegó la solicitud pensional del señor Camacho
Fernández por incumplimiento del requisito del mínimo de semanas cotizadas. Agregó
que, mediante la Resolución RDP 1454 del 21 de enero de 2019, le reconoció una
indemnización sustitutiva de pensión por vejez y que, por medio de la Resolución
007218 del 5 de abril de 2023, la reliquidó.

17. Luego de exponer lo anterior, sostuvo que el Decreto 758 de 1990 no podía
aplicarse en favor del aquí accionante, en tanto prestó sus servicios en el sector
público y no estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales.

6 Samai, índice 10.
7 Samai, índice 11.

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18. De otra parte, calificó la acción de tutela como improcedente, debido a la ausencia
de vulneración de derechos fundamentales, así como a la existencia de otros
mecanismos para la reclamación de derechos pensionales. Por esto último, adujo que
el juez constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre las
pretensiones del señor Camacho Fernández.

19. Finalmente, alegó dicha improcedencia por la existencia de un mecanismo distinto
a la acción de tutela para cuestionar la sentencia de primera instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho ya aludido: el recurso de apelación.

20. El Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas, en
liquidación8, calificó la solicitud de amparo constitucional como temeraria, aduciendo
que el señor Camacho Fernández ha presentado múltiples acciones de tutela para
lograr el reconocimiento de la pensión por vejez, obteniendo decisiones desfavorables
en todos los casos. Para respaldar esta aseveración, relacionó trece procesos de
tutela promovidos por aquel contra Colpensiones, la UGPP, Caprecom —en
liquidación— o el mismo Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y
Teleasociadas —también en liquidación—.

21. De otra parte, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no
fue vinculado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y debido a su falta
de capacidad para proferir actos administrativos mediante los cuales se resuelvan
solicitudes pensionales, al no ser una administradora de pensiones ni una entidad
pública. Añadió que Colpensiones y la UGPP son las entidades encargadas del
reconocimiento y pago de pensiones.

22. Finalmente, calificó la acción de tutela como improcedente, argumentando que no
causó la supuesta vulneración de derechos fundamentales y que existen mecanismos
judiciales ordinarios para resolver asuntos pensionales.

8 Samai, índices 12 a 14.

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23. Colpensiones9 expuso que, entre 2014 y 2019, profirió cuatro resoluciones por
las cuales denegó solicitudes pensionales del señor Camacho Fernández. Además,
afirmó que este presentó una acción de tutela para recibir una respuesta a otra
solicitud, obteniendo una decisión desfavorable de la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Buga en segunda instancia. Por consiguiente, alegó la existencia de cosa
juzgada y, consecuentemente, la improcedencia del amparo constitucional.

24. También alegó dicha improcedencia por la falta de prueba de un perjuicio
irremediable y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Esto último, en
tanto el legislador estableció otros mecanismos para la resolución de controversias
relativas a la seguridad social.

25. Destacó que, según la sentencia T-391 de 2013 de la Corte Constitucional, el solo
hecho de ser una persona de la tercera edad no constituye una razón suficiente para
considerar que la acción de tutela es procedente.

26. De otra parte, solicitó la denegatoria de lo pretendido por el accionante, puesto
que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya se pronunció
frente a la mora atribuida al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Nueva solicitud de amparo

27. El 18 de febrero de 202510, la Secretaría General del Consejo de Estado registró,
en el expediente del presente proceso, un nuevo escrito del señor Camacho
Fernández, presentada ese mismo día ante la Oficina de Apoyo Judicial de
Buenaventura11.

9 Samai, índice 16.
10 Samai, índice 15.
11 Samai, índice 15, archivo 33RECIBEMEMORIAL_Correo_JeimyTatianaC.

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28. En dicha demanda, se solicitó dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia
del proceso identificado con el radicado 76109-33-33-003-2020-00032-0112, proferida
el pasado 13 de febrero por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Para
sustentar esta pretensión, se atribuyeron defectos fácticos y sustantivos a esa
Corporación.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

29. Teniendo en cuenta lo reseñado en los antecedentes, especialmente en las
intervenciones, se determinará si la solicitud de amparo del señor Camacho
Fernández es temeraria y, por ende, improcedente. Sólo en caso negativo, también
se establecerá si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos
fundamentales por la supuesta mora en la emisión del fallo de segunda instancia del
proceso 76109-33-33-003-2020-00032-01.

Cuestión previa: sometimiento de nueva demanda de tutela a reparto

30. En el escrito del 18 de febrero de 2025, se planteó una controversia
completamente distinta a la presente, tanto así que se atacaron los efectos de la
sentencia de segunda instancia del proceso 76109-33-33-003-2020-00032-01, cuya
emisión, precisamente, es la que se echa de menos en la demanda de tutela que aquí
se analiza —presentada el pasado 4 de febrero—.

31. De ese modo, es claro que dicho escrito constituye una nueva solicitud de amparo
y, por ende, no debió ser incorporado al expediente del presente proceso, como si se
tratara de un simple memorial.

12 Samai, índice 15, archivo 35RECIBEMEMORIAL_tutelavictor.

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32. Para garantizar que esa nueva demanda sea tramitada y resuelta, y así
salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Camacho
Fernández, se ordenará a la Secretaría General que someta a reparto entre los
despachos de la Corporación el escrito del pasado 18 de febrero.

Temeridad en la acción de tutela

33. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales».

34. En la sentencia de unificación 168 de 2017, la Corte Constitucional precisó que la
temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de
partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) ausencia de
justificación en la presentación de la nueva acción de tutela, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista. Sobre este último elemento, el alto tribunal
manifestó lo siguiente:

(…) [S]e presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, deja al descubierto
el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura
la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien
administra justicia.

35. La Corte Constitucional13 también ha sostenido que bien puede configurarse la
cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo».

13 Sentencia T-560 de 2009. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de 2017.

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36. En línea con lo anterior, la misma Corte14 ha indicado que, desprovisto de la mala
fe propia de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando
concurren los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista identidad
jurídica de partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre
las mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa
que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de
tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional.

37. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que la presentación
de varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos
hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien
ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o
con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces,
de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces
para propiciar una decisión acorde a sus intereses.

38. Finalmente, la Corte Constitucional15 ha señalado que, aunque objetivamente se
adviertan los requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se
configure o sea declarada por el juez, como se expone a continuación:

Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes elementos:
(i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante y de
accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción. Esta situación supone un desgaste al sistema judicial por capricho del
accionante y por desconocimiento del principio de buena fe. Con todo, la temeridad
debe ser plenamente acreditada y no puede ser inferida tras una simple revisión formal
de las acciones de tutela que llevan a suponer que se ha configurado dicha conducta.

Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de plano la tutela
o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la actuación (i) envuelva una
actuación amañada, en la que se reservan para cada acción los argumentos o pruebas

14 Sentencia T-219 de 2018.
15 Sentencia T-579 de 2017.

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que convaliden las pretensiones; (ii) denote un interés desleal de alcanzar un beneficio
individual al perseguir una interpretación judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del
derecho al actuar abiertamente de mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.

Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que dan
estructura a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias particulares
del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna de las siguientes
circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii)
en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración
de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o
que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad
de proteger los derechos fundamentales del demandante: y por último (iv) se puede
resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace
explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela
por los mismos hechos y con la misma pretensión.

Temeridad en el caso concreto

39. Como ya se indicó, el accionante reprochó que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca no hubiera proferido sentencia de segunda instancia luego de transcurridos
cinco años desde la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. A partir de esto, se infiere una sola pretensión: la emisión de dicha sentencia.

40. La Sala identificó que ese reproche y esa pretensión ya habían sido formulados
por el señor Camacho Fernández contra el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en el proceso de tutela 11001-03-15-000-2024-06416-01. Este fue tramitado
en primera instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y, en segunda, por la Sección Primera de la misma Corporación.

41. A continuación, se detallará lo descrito anteriormente:

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Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

Proceso 11001-03-15-000-2025-00591-00
(objeto de decisión)
Partes Causa Objeto

Accionante: Ausencia de sentencia de Emisión de la sentencia de
Víctor Danilo Camacho segunda instancia en el proceso segunda instancia en el
Fernández de nulidad y restablecimiento del proceso 76109-33-33-003-
derecho 76109-33-33-003-2020- 2020-00032-01.
Accionado: 00032-01, a pesar de haber
Tribunal Administrativo transcurrido más de cinco años
del Valle del Cauca desde la presentación de la
demanda.

Proceso 11001-03-15-000-2024-06416-00/01
(tramitado en primera instancia ante la Subsección B de esta Sección)16
Partes Causa Objeto

Accionante: (i) Ausencia de sentencia de Emisión de la sentencia de
Víctor Danilo Camacho segunda instancia en el proceso segunda instancia en el
Fernández de nulidad y restablecimiento del proceso 76109-33-33-003-
derecho 76109-33-33-003-2020- 2020-00032-01.
Accionados: 00032-01, a pesar de haber
Tribunal Administrativo transcurrido más de dos años
del Valle del Cauca y desde la emisión del fallo de
otro17 primera instancia.

(ii) Ausencia de pronunciamiento
ante una solicitud de impulso
procesal.

42. Lo expuesto evidencia que, tanto en el proceso 11001-03-15-000-2024-06416-01
como en el presente, el señor Camacho Fernández se dirigió contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, cuestionando la demora en la expedición de la
sentencia de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
ya aludido, y pretendiendo la emisión de esa providencia.

16 Información extraída del índice 2 del expediente almacenado en Samai.
17 Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura.

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43. Así las cosas, es claro que existe identidad de partes, de causa y de objeto entre
la solicitud de amparo sometida al conocimiento de esta Sala y aquella tramitada en
primera instancia por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

44. Ahora, dicha Subsección denegó la solicitud de amparo mediante sentencia del
12 de diciembre de 202418, la cual fue impugnada por el señor Camacho Fernández
el 19 de diciembre siguiente19. Antes de que se profiriera y notificara el fallo de
segunda instancia correspondiente, aquel decidió instaurar la acción de tutela
asignada a esta Sala, sometiendo su caso al conocimiento de dos autoridades
judiciales20 de forma simultánea, sin justificación alguna.

45. Debido a esto último, así como a la identidad de partes, de causa y de objeto
explicada en precedencia, esta Subsección concluye que la acción de tutela del señor
Camacho es temeraria y, por ende, improcedente.

46. Con todo, se advierte que, si la Sala pasara por alto el carácter temerario de la
solicitud de amparo constitucional y la estudiara de fondo, indefectiblemente
concluiría que se presenta el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho
superado. Esto, en tanto la información registrada en Samai demuestra que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ya profirió y notificó la sentencia de
segunda instancia del proceso 76109-33-33-003-2020-00032-0121, lo cual implicó la
satisfacción de la pretensión del accionante y, consecuentemente, la desaparición del
motivo de la supuesta vulneración de derechos fundamentales.

47. Por otro lado, es importante indicar que, en principio, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para discutir la procedencia del reconocimiento de la pensión. En
cambio sí lo era el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Tercero

18 Samai, proceso 11001-03-15-000-2024-06416-01, índice 13.
19 Samai, proceso 11001-03-15-000-2024-06416-01, índice 19.
20 Si bien el Consejo de Estado es un solo órgano, se divide en distintas salas para resolver las

controversias sometidas a su conocimiento.
21 Índices 24 y 26 del expediente respectivo.

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Administrativo de Buenaventura, medio de impugnación que ejerció y que justamente
fue resuelto, notificándose la correspondiente sentencia de nulidad y restablecimiento
del derecho en el curso de la presente acción constitucional, decisión que, valga
recordar, no fue cuestionada en la solicitud de amparo aquí examinada, por la
elemental razón de que no se conocía cuando dicha demanda se presentó, esto es,
el 4 de febrero de 2025.

48. Finalmente, conviene recordar al señor Camacho Fernández que la acción de
tutela es un valioso mecanismo constitucional, procedente exclusivamente en el
evento en que se vea seriamente afectado el pleno ejercicio de algún derecho
fundamental. De ahí que su ejercicio temerario afecta y congestiona el servicio de
administración de justicia, en detrimento de quienes realmente ven comprometidos
sus derechos fundamentales y están a la espera de una decisión pronta. Por tal
motivo, la Sala llama su atención para que, en lo sucesivo, se abstenga de presentar
nuevas solicitudes de amparo constitucional que persigan el mismo objeto aquí
pretendido y basadas en los mismos hechos y argumentos.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente, por temeraria, la acción de tutela instaurada por
el señor Víctor Danilo Camacho Fernández.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si esta sentencia no se impugna, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00591-00
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

CUARTO. Por Secretaría General, sométase inmediatamente a reparto la demanda
de tutela presentada el 18 de febrero de 2025, registrada en el índice 15 del
expediente del presente proceso, conforme a lo razonado en la parte motiva.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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