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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00940-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00940-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia de 13 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00940-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00940-01
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00940-01
Demandante: VÍCTOR DANILO CAMACHO FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento
del derecho, reconocimiento pensional – tiempos dobles. Falta
de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 13 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social y el Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas
en Liquidación.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Víctor Danilo Camacho Fernández.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de febrero de 2025, Víctor Danilo Camacho Fernández en nombre propio
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL MÍNIMO VITAL, Y
AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, y PROTECCIÓN ESPECIAL AL ADULTO MAYOR toda
vez que EL TRIBUNA (sic) ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA , en sentencia nr
017 del 13 de febrero de 2025 incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que de
manera errada, desconocieron las pruebas aportadas durante el debate procesal, el
precedente judicial, y los artículos 12 del acuerdo 049 de 1990, numeral b), y lo establecido
en el artículo 53 de la Constitución Política.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00940-01
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 13 de febrero de 2025
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dentro del
proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, que
en el término de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso
restablecimiento del derecho laboral promovido, teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis.

CUARTO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
RADICADO 2020-00032-01, tenga en cuenta el concepto proferido por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, quien realizo algunas precisiones sobre el régimen
prestacional en el sentido de computar el tiempo laborados por la prestación del servicio
en épocas estado de sitio (…)»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Víctor Danilo Camacho Fernández nació el 1º de febrero de 1953 y prestó
sus servicios a las Fuerzas Militares entre el 4 de febrero de 1971 y el 28 de febrero
de 1973, tiempo en el que aduce se declaró estado de excepción, razón por la que,
a su juicio, dicho periodo debió ser reconocido como tiempo doble de servicio.

Posteriormente, se desempeñó como servidor de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones –Telecom, hasta el 31 de agosto de 1998. Durante esta última
relación laboral, las cotizaciones pensionales fueron realizadas ante la Caja de
Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom–.

El 4 de marzo de 2013, el señor Camacho Fernández solicitó el reconocimiento de
su pensión de vejez ante Caprecom. Para entonces, esta entidad se encontraba
liquidada, por lo que la solicitud fue remitida a Colpensiones, que, mediante
Resolución núm. sub315547 del 19 de noviembre de 2019, negó el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez.

Contra dicha decisión el actor interpuso recurso de apelación y mediante
Resolución núm. DPE 3256 del 25 de febrero de 2020 Colpensiones confirmó la
decisión apelada.

El señor Camacho Fernández presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Colpensiones, con la finalidad de que se declarara la nulidad de los
actos administrativos demandados y, en consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión por vejez, de conformidad con el artículo 12
del Acuerdo 049 de 1990, adoptado por el entonces Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios y aprobado mediante el Decreto 758 de 1990.

El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo de Buenaventura, que, en sentencia del 29 de junio de 2022 negó
las pretensiones de la demanda al considerar que al actor no se le habían
reconocido tiempos dobles por el periodo en que prestó sus servicios en la Armada
Nacional, ni existía petición en ese sentido y, de otra parte, no era beneficiario del
Decreto 758 de 1990, en atención a que solo se afilió al Instituto de Seguros
Sociales en el año 2014, es decir, mucho tiempo después de entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

Contra la referida decisión el actor interpuso recurso de apelación basado en que i)
prestó sus servicios a TELECOM desde el 4 de enero de 1973 hasta el 30 de agosto
de 1988; ii) prestó servicio militar a partir del 24 de febrero de 1971 al 28 de febrero
1973, tiempo que se debió reconocer doble en virtud a la declaratoria de conmoción
interior realizada mediante Decreto 250 de 1971 y, iii) el cómputo de dichos
periodos corresponde a 1.011 semanas tiempo que permite el reconocimiento
pensional en virtud del Decreto 758 de 1990.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de enero de
2025, confirmó la decisión apelada al considerar que no había lugar al
reconocimiento de tiempos dobles, porque este no opera de forma automática y no
existe evidencia de que el actor lo haya solicitado en su folio de vida, además,
porque, contrario a lo expuesto por el actor no acreditó 19 años y 8 meses que
equivalen a 1.011 semanas, sino 16.8 años que corresponde a 876 semanas y por
ello, no cumplió los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora indicó que el tribunal demandado incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado en relación con
los requisitos para ser beneficiario del tiempo doble y realizó algunas precisiones
sobre el régimen prestacional en estos eventos.

Asimismo, citó varios pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, indicó que, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurre en un defecto al concluir, de forma
errada, que no se acreditaba las exigencias del tiempo doble, pese a que durante
todo el trámite del proceso demostró los requisitos para que le fuera aplicable el
Decreto 758 de 1990.

Mencionó que el tribunal demandado incurrió en defecto fáctico por desconocer
las pruebas aportadas al debate procesal y proferir una decisión que, a su juicio,
carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal
en el que se sustentó.

Finalmente, hizo referencia a que en su caso había lugar a tener en cuenta el
régimen prestacional de los militares previsto en las Leyes 2 de 1945 y 126 de 1959
y, en los Decretos 3071 de 1968, 612 de 1977 y 4433 de 2004.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Quinta en auto de 21 de febrero de 2025, admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a las partes y como terceros con interés al Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Buenaventura, como autoridad que conoció en
primera instancia del medio de control, a COLPENSIONES, a la UGPP, a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional y a Telecom a quienes se les
remitió copia de la demanda.

5. Oposición

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Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca indicó que la providencia objeto
de debate estuvo fundada en las pruebas allegadas al proceso, en los lineamientos
jurisprudenciales vigentes y en la normatividad aplicable al caso, razón por la que
considera que fue expedida con respeto de las garantías procesales de las partes.

Además, afirmó que la solicitud de amparo se torna improcedente porque el actor
busca convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario,
dado que sus argumentos radican exclusivamente en la discrepancia con la
decisión adoptada, con lo cual es evidente que su finalidad es que se profiera un
nuevo fallo en el que acceda a las pretensiones de la demanda, ya que no comparte
las consideraciones que la Sala aplicó para resolver el recurso de apelación en el
caso objeto de estudio.

Resaltó que, a pesar de no tener el mismo objeto, el demandante ya había
presentado una acción de tutela identificada con el radicado núm.11001-03-15-000-
2025-00591-00 por presunta mora judicial en proferir la sentencia de segunda
instancia en el medio de control 2020-00032-01, hoy cuestionada.

6. Intervenciones

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, o en su defecto, que se nieguen
las pretensiones, en atención a que la finalidad del actor es hacer uso de la solicitud
de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario y con ello buscar un
nuevo pronunciamiento judicial.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP solicitó la desvinculación del asunto
de la referencia por falta de legitimación en la causa porque no existe algún hecho
u omisión que le fuera atribuible.

El Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional solicitó que se nieguen
las pretensiones de la solicitud de amparo en la medida en que consideró que la
autoridad judicial demandada no vulneró los derechos fundamentales invocados
por el actor.

El Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociadas en
Liquidación indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no
estaba involucrada en la presunta trasgresión de los derechos fundamentales del
actor.

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones no se pronunció
sobre los hechos objeto de debate.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 13 de marzo de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela porque los argumentos y reparos
expuestos en sede de tutela son los mismos que presentó en el marco del proceso
ordinario, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, relacionados con
el presunto derecho que le asistía al reconocimiento de la pensión de vejez prevista
en el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990.
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Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

En razón a lo anterior, concluyó que no es posible la intervención del juez de tutela,
toda vez que la solicitud de amparo no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiteró los argumentos del
escrito inicial e indicó que es necesario que el superior revise y revoque la decisión
de primera instancia, por carecer de las condiciones necesarias a la “sentencia
congruente”, dado que i) desconoce y pasa por alto las normas aplicables al caso
concreto, así como el precedente constitucional que se ha sentado sobre el mismo;
ii) realiza una apresurada y equívoca valoración probatoria, resta valor a las
pruebas aportadas e invierte la carga probatoria y, iii) se funda en consideraciones
inexactas.

Además, mencionó que es un adulto mayor de 75 años que requiere de protección
especial por ser víctima del conflicto armado.

Solicitó que se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora cuestionó la decisión de primera
instancia, que, declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional, por el contrario, aduce que, en su
caso, se dan las condiciones para acceder a las pretensiones de la solicitud de
amparo.

En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o
confirmar la decisión impugnada y, solo en caso de que se encuentren superados
los requisitos generales para la procedencia de la tutela, procederá a estudiar si la
autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por el
demandante.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la sala plena del consejo de estado. radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (ij). actor: alpina productos alimenticios s.a. consejero ponente: jorge octavio ramírez ramírez.
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(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de
la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como instancia
adicional, tal como se pasa a explicar.

El demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Colpensiones, con el fin que se declarararan nulos los actos administrativos
mediante los que negó el reconocimiento de pensión de vejez y, en consecuencia,
se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión, en aplicación de lo dispuesto
en el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990.

Sin embargo, en el trámite de primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral de Buenaventura, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el
demandante no cumplió con los requisitos necesarios para el reconocimiento
pensional.

Lo anterior, porque, si bien prestó sus servicios como soldado de la Armada
Nacional desde el 24 de febrero de 1971 al 28 de febrero de 1973, para un total de
2 años y 4 días, estos tiempos no fueron reconocidos como dobles como lo
manifestó el actor y, en todo caso, no de acreditó una solicitud del demandante en
este sentido.

5
ibidem.
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Asimismo, estableció que el señor Camacho Fernández no era beneficiario del
Decreto 758 de 1990 porque se afilió al ISS hasta el 26 de junio de 2014, por lo
que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no se encontraba afiliado a
esta entidad.

Finalmente, porque no era posible considerarlo beneficiario de la Ley 33 de 1985
en el entendido que no cumplió con el tiempo y los requisitos que impone la norma.

El actor interpuso recurso de apelación contra esa decisión, con fundamento en los
argumentos que se transcriben a continuación:

«(…) Mi patrocinado VICTOR DANILO CAMACHO FERNANDEZ nació el 1 de febrero de febrero de
1953 y se encuentra cobijado por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100
de 1993.

1.2. A la fecha de entrada en vigencia de dicha norma, el señor CAMACHO FERNADEZ contaba
con más de 40 años de edad y más de 15 años de servicio, tal cual como ha sido demostrado a
través de su historia laboral.

1.3. Por medio de la Resolución No. SU B 315547 de noviembre 19 de 2019, confirmada por la
resolución No. DPE 3256 de febrero de 25 de 2020, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES -, le fue negada al actor la pensión de vejez reclamada y a la cual
tiene derecho.

1.4. Se pudo demostrar que el señor VICTOR DANILO CAMACHO FERNANDEZ prestó sus
servicios a la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM – desde el día 4 de
enero de 1973 hasta el 30 de agosto de 1988 desempeñando el cargo de TELEPRENTISTA.

1.5. El señor VICTOR DANILO CAMACHO FERENANDEZ (sic) prestó servicio militar a partir del día
24 de febrero de 1971 hasta el 28 de febrero de 1973 momento en el cual nuestro país se encontraba
en Estado de Conmoción Interior. Debido a la declaración de turbación del orden público y en Estado
de Sitio todo el territorio nacional, según lo establecido en el Decreto 250 de 1971, circunstancia
esta que implica que deba reconocerse como tiempo doble la prestación del servicio militar, en plena
concordancia con lo ordenado por los Decretos 1386 de 1974, Decreto 3518 de 1949 y Decreto 0749
de 1955.

1.6. Al contabilizar todo el tiempo laborado, mi patrocinado acredita 19 años 8 meses, es decir, 1011
semanas, tiempo suficiente para tener derecho a la pensión de vejez, conforme lo establecido en el
Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990, el cual en su artículo 12 establece:
(…)

Conforme al material probatorio obrante en el proceso y los hechos que se estiman probados en el
mismo, con todo respeto solicito a la judicatura se sirva REVOCAR LA SENTENCIA DE PRIM ERA
INSTANCIA.
(…)»

De lo transcrito se encuentra que el actor, en el recurso de apelación alegó que se
debió aplicar el Decreto 758 de 1990 porque: i) prestó sus servicios a TELECOM
desde el 4 de enero de 1973 hasta el 30 de agosto de 1988, ii) prestó servicio militar
a partir del 24 de febrero de 1971 al 28 de febrero 1973, tiempo que debió ser
reconocido de manera doble, en virtud a la declaratoria de conmoción interior
realizada mediante Decreto 250 de 1971 y, iii) al realizar el cómputo de los referidos
periodos se obtiene que tiene 1.011 semanas cotizadas.

Por su parte, en el escrito de tutela, el demandante manifestó que la autoridad
judicial demandada incurrió en defecto sustantivo por inaplicación del artículo 12
del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que es
inherente al derecho pensional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00940-01
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

Asimismo, señaló que el Tribunal Administrativo demandado vulneró los derechos
fundamentales invocados al desconocer el precedente jurisprudencial y las pruebas
aportadas dentro del proceso ordinario.

Se cita lo pertinente:

«(…) CAUSAL PRIMERA:
Del defecto material o sustantivo, en la sentencia tutelada. Es un hecho notorio que el Ad quo en
dicha sentencia de manera errada no valoro las pruebas a fondo con las que contaba dentro del
acervo probatorio, toda vez que el mismo desconoció lo preceptuado en los artículos 12 del
acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, que es inherente al derecho
pensional, el cual le debe ser aplicado al accionante en su totalidad.

CAUSAL SEGUNDA:
De la Violación directa de la Constitución Artículos 1, 2, 13,29 46,48,229 de La Constitución
Política, en armonía con los artículos12 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de
1990. (…)

En el caso sub examine, se refleja que el Tribunal ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
en sus fallos vulneran los derechos al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la
administración de justicia al desconocer el precedente jurisprudencial y las pruebas aportadas
dentro del proceso de pensión de vejes (sic) solicitado por mi apoderado de oficio , además por
incurrir en un defecto fáctico por carecer de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar
el supuesto legal en el que se sustentó la decisión De la Normatividad Internacional A nivel
internacional el derecho AL DEBIDO PROCESO está consagrado, entre otros instrumentos, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 10 y 11), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (Arts. 14 y 15), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Arts. 8 y 9), aprobada mediante la Ley 16 de 1972. (…)

El Tribunal ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA vulneró el derecho al debido proceso y
desconoció en la sentencia proferida el 13 de febrero de 2025, el reconocimiento de la pensión de
vejez del accionante toda vez que dejo (sic) de lado el estudio de las pruebas y manifestaciones
aportados al proceso situación que conllevo a la negativa del reconocimiento pensional, toda vez
que el órgano fallador manifestó en su decisión que el actor no demostró el cumplimiento de los
requisitos que impone la jurisprudencia del Consejo de Estado, para ser beneficiario del tiempo
doble, el cual no tuvo encuentra lo manifestado por el Consejo de Estado sección segunda quien
realizo (sic) algunas gestiones sobre el régimen prestacional del personal militar de las leyes 2 de
1945 126 de1959 decreto 3071 de1968 612 de 1977 y 4433 del 2004, y afirmo que para efectos
de prestación sociales el Ministerio de Defesa (sic) Nacional ordenando que a los soldados se le
liquide el tiempo doble servido en tiempo de guerra. (…)»
(se transcribe con posibles errores)

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone exactamente la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho donde fungió como demandante.

Sin embargo, en esta oportunidad, propone los argumentos con fundamento en la
configuración de los defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del
precedente, con base en los que alega que la autoridad judicial demandada no
realizó la debida valoración de las pruebas aportadas a su caso para dar aplicación
a la norma pertinente y a la jurisprudencia que permite el reconocimiento de tiempos
dobles que debió aplicarse en su caso.

Lo cual evidencia que lo pretendido por el actor es hacer uso de la presente solicitud
de amparo como una instancia adicional, sumado a el hecho que, si bien, menciona
que se no fueron debidamente valoradas las distintas pruebas aportadas al proceso
ordinario, no determinó cuáles fueron las pruebas sobre las que, a su juicio, el
tribunal demandado no se pronunció, ni cuáles fueron los precedentes judiciales en
los que se ha accedido y qué similitud guardan con su caso.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00940-01
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
parte demandante fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en providencia del 31 de enero de 2025, que, en lo que interesa, consideró:

«(…) Caso concreto

En el recurso de apelación el demandante reitera que i) prestó sus servicios a TELECOM desde el
4 de enero de 1973 hasta el 30 de agosto de 1988, ii) prestó su servicio militar a partir del 24 de
febrero de 1971 al 28 de febrero 1973, tiempo que se debió reconocer doble en virtud de la
declaratoria de conmoción interior del Decreto 250 de 1971 y iii) el cómputo de dichos periodos
corresponde a 1.011 semanas tiempo que permite el reconocimiento pensional en virtud del Decreto
758 de 1990.

Para iniciar, la Sala analizar si es posible computar como tiempos dobles los servicios prestados por
el demandante desde el 24 de febrero de 1971 al 28 de febrero de 197, dada la declaración de
estado de sitio a través del Decreto 250 de 1971.

Para resolver este punto, se tendrá en cuenta el precedente del Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2024, consejero ponente Jorge Portocarrero
Banguera. Radicado 18001-23-33-000-2015-00153-01, que estableció los requisitos para el
reconocimiento de los tiempos dobles:

A consecuencia de ello, se concluye para tener derecho a los tiempos dobles, se debe acreditar:
i). Que existan normas que declaren el estado de sitio y que en cada caso lo restablezcan, y ii).
Que el Gobierno por acto administrativo, previas las consideraciones del Consejo de Ministros y
siempre que las condiciones lo justifiquen, determine las zonas donde el servicio prestado por
los servidores públicos.

especiales (militares y policías) se compute en forma doble para todos los efectos prestacionales;
por lo que sin esta actuación expresa del Gobierno los servicios prestados durante el estado de
sitio no tienen la relevancia del doble cómputo.

Debe quedar claro que la simple declaración del estado de sitio no genera
automáticamente el reconocimiento del tiempo doble. Es competencia del Gobierno Nacional
determinar los lugares donde ocurrieron los disturbios y a quiénes se les extiende este beneficio.
Aunque se haya decretado el estado de sitio en el territorio nacional, esto no significa que el
orden público estuviera turbado a nivel nacional. Asimismo, es posible que en algunos casos se
cumplan las formalidades; sin embargo, es fundamental especificar el nivel (oficial, suboficial,
etc.) que la persona interesada ostentaba para establecer si la normatividad invocada le aplicaba.

Revisado el expediente, se observa que el demandante se desempeñó como soldado de la Fuerza
Naval del Atlántico de guarnición Cartagena desde el 24 de febrero de 1971 al 28 de febrero de
1973; sin embargo, no se demostró que en este tiempo se hubiera causado derecho alguno por
tiempos dobles; además, no hay evidencia de que hubiera solicitado su inclusión en la hoja de
servicios.

Tampoco está demostrado que hubiera cotizado 1.011 semanas, sólo se evidencia que cotizó 876
semanas así: Ministerio de Defensa 103.86 semanas, TELECOM dos tiempos 1.00 semanas y
771.14 semanas.

Tiempo que no es suficiente para reconocer la pensión en los términos del Decreto 758 de 1990, por
las siguientes razones:

Está probado que el señor Víctor Danilo Camacho Fernández nació el 1 de febrero de 1953 y al 30
de junio de 1995 -entrada en vigencia el Sistema General de Seguridad Social a nivel territorial-
contaba con 42 años de edad, es decir, se encuentra amparado por el régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que exigía un mínimo de 40 años de edad para los hombres.
Por lo tanto, su pensión de vejez, en cuanto a edad, tiempo de servicio o número de semanas de
cotización y monto se regían por la normatividad anterior a dicha ley.

Se resalta en este punto que el Acto Legislativo 1 de 2005 dispuso que el régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 se extendería hasta el 31 de julio de 2010, excepto para los
trabajadores que a pesar de estar en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750
semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Al 31 de julio de 2010
el demandante contaba con 876 semanas.

En este punto, la Sala observa que en la demanda se afirmó que el señor Víctor Danilo Camacho
Fernández tiene 19 años y 8 meses que equivalen a 1.011 semanas, pero la realidad es que
demostró 16.8 años que corresponde a 876 semanas y por ello, no opera para el reconocimiento
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00940-01
Demandante: Víctor Danilo Camacho Fernández

pensional Ley 33 de 1985 y Ley 71 de 1988 que exigen un tiempo de 20 años. Por ello solicitó su
reconocimiento con el Decreto 758 de 1990.

En este punto la Sala no comparte la apreciación expuesta por el juez de primera instancia cuando
dice que el Decreto 758 de 1990 no es aplicable al demandante porque a la entrada en vigor del
régimen general de pensiones, este no estaba afiliado a ISS, porque al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU-049 de 2024, dijo:

La jurisprudencia constitucional admite la posibilidad de acumular tiempos públicos y privados
para la aplicación de las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año. Esto con el propósito de reconocer la pensión de vejez a los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
independientemente de si la afiliación al Instituto de Seguros Sociales (ISS) se dio con
posterioridad a la entrada en vigor del Sistema de Seguridad Social Integral».

Sin embargo, no logró demostrar el cumplimiento de los requisitos del Decreto 758 de 1990 para el
reconocimiento de la pensión, porque si bien cumplió con la edad, no demostró un mínimo de 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad mínima o haber cotizado 1.000
semanas en cualquier tiempo.

Los anteriores argumentos son suficientes para desestimar los argumentos del recurso de apelación.
Por lo expuesto, la sentencia de primera instancia será confirmada, por las razones expuesta en el
proveído. (…)».
(Subraya de la Sala)

Siendo así, la parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la
referencia para insistir en los mismos argumentos que alegó en el trámite ordinario,
los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural, en el sentido de
señalar las razones por las que no había lugar el reconocimiento de tiempos dobles,
porque este no se da de forma automática y no existe evidencia de que el actor lo
haya solicitado en su folio de vida.

Además, porque, contrario a lo expuesto por el actor no acreditó 19 años y 8 meses
que equivalen a 1.011 semanas, sino 16.8 años que corresponde a 876 semanas
y, por lo tanto, no cumplió los requisitos para el reconocimiento pensional solicitado.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque la parte actora hace uso de
la solicitud de amparo para reiterar los argumentos que expuso en el marco del
proceso ordinario, lo que permite evidenciar su inconformidad con las conclusiones
a las que llegó el juez natural.

En suma, en el presente caso, la acción de tutela no es procedente por falta de
cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, en esa medida, se
confirmará la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2025, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia de 13 de marzo de 2025, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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