RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06416-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06416-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06416-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Deniéganse las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 8 Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00 Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández Acción de tutela 2º) Exhórtase al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que tramite con celeridad el proceso y profiera la sentencia correspondiente en un plazo prudente. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06416-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

12 de diciembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06416-00
Demandante: VÍCTOR DANILO CAMACHO FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA POR PRESUNTA MORA
JUDICIAL. SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA.

Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales por la
presunta mora judicial de la demandada en un trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho. La Sala evidenció que no se configuró una mora judicial, por lo cual se niegan las
pretensiones de la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Víctor Danilo Camacho
Fernández en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para la
protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, mínimo vital2,
dignidad y vida previstos en los artículos 1, 11 y 29 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos

1) El actor presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
para que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual le fue
negado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez.

1
Mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 2024.
2
Sobre el mínimo vital como derecho fundamental ver la sentencia T-184 de 2009 de la Corte
Constitucional, entre otras.

2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

2) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura profirió
sentencia de primera instancia el 29 de junio de 2022, en la cual negó las
pretensiones de la demanda y declaró probadas las excepciones de inexistencia del
derecho para reclamar la prestación económica y cobro de lo no debido 3.

3) Apeló esa decisión con fundamento en que sí cumplió con los requisitos legales
para acceder a la pensión de vejez e insistió en que su tiempo como soldado debía
ser reconocido como tiempo dual para efectos pensionales, de acuerdo con el
Decreto 250 de 1971.

4) El expediente fue remitido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desde el
3 de agosto de 2022 y desde entonces se encuentra pendiente la decisión que
resuelva las razones de la apelación.

2. Fundamentos de la vulneración

El demandante afirmó que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales porque es un ciudadano de 71 años que padece una situación
económica crítica porque depende de terceros para su subsistencia, lo cual
compromete su calidad de vida.

La incertidumbre prolongada sobre el reconocimiento de la pensión le genera estrés
y deterioro emocional, y la falta de priorización de su caso por parte del tribunal
refleja una deficiencia estructural que lo afecta de manera desproporcionada.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“(...) 2.1). Que le dé tramite a la solicitud de impulso procesal solicitado
por mi apoderado judicial.

2.2 Comunique al accionante en que fe[c]ha p[r]oferirá la sentencia.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI.

4. Actuación procesal

3
El juzgado concluyó que el actor no cumplió con los requisitos legales para acceder a esa erogación
porque no acreditó las semanas de cotización necesarias de acuerdo con el Decreto 758 de 1990.

3

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

Con auto de 26 de noviembre de 2024 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y se vinculó al titular del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
y los directores o quienes hagan sus veces de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) y de la UGPP, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca solicitó que
se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque, desde la recepción del
recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de primera
instancia, se ha tramitado el expediente de conformidad con la normativa aplicable
y los principios del debido proceso.

La autoridad demandada detalló que el proceso fue radicado en el tribunal el 3 de
agosto de 2022 y asignado inicialmente al despacho 004 que admitió el recurso de
apelación el 31 de octubre de 2022.

Posteriormente, el caso fue redistribuido al despacho 015 como parte de una
reorganización administrativa del tribunal, derivada del Acuerdo PCSJA22-12026
del Consejo Superior de la Judicatura, el cual creó este último para agilizar el trámite
de procesos acumulados y garantizar una gestión eficiente de los casos pendientes.

Ese nuevo despacho judicial comenzó a operar el 24 de mayo de 2023, tras la
adecuación de su infraestructura, recibió múltiples expedientes acumulados que le
fueron remitidos y debió priorizar casos más antiguos al del actor, en cumplimiento
de los principios de celeridad y equidad procesal.

La solicitud de impulso procesal presentada por el demandante en abril de 2024 fue
atendida y respondida oportunamente, la notificación de esa decisión fue enviada al
correo electrónico registrado por el apoderado del actor y se informó sobre el estado
del expediente y las medidas adoptadas para garantizar su avance.

4

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del actor por la presunta mora judicial en que
incurrió la autoridad judicial demandada para resolver una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela, por las razones que procederán a exponerse:

5

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

1) En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la
Corte Constitucional4 resaltó la importancia de que los jueces dicten las
providencias dentro de los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los
derechos fundamentales del debido proceso y del acceso a la administración de
justicia.

2) Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios
judiciales, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso
de carga laboral o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras,
lo cual justifica, de cierto modo, el retardo para adelantar alguna actuación.

3) En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no
injustificada es preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad
procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis
global del procedimiento.

4) Por su parte, el Consejo de Estado5 manifestó que existen condiciones
estructurales en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen
congestión y lentitud en los despachos que dificultan la resolución oportuna de los
asuntos.

5) En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución
de sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho
fundamental del debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos
judiciales resulta imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora y ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el
cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

6) En el caso concreto, la Sala advierte que, una vez analizados los medios de
prueba aportados en el expediente y efectuada la revisión integral del proceso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no. 76109-33-33-003-
2020-00032-01, en el Sistema de Gestión Judicial (SAMAI) se encontró que, en

4
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018,
5
Consejo de Estado, Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-
01444-00, MP Jorge Octavio Ramírez.

6

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

efecto, ese proceso está a cargo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desde el 3 de agosto de 2022.

7) El 9 de mayo de 2023, el tribunal profirió un auto por medio del cual remitió el
proceso al despacho no. 15 de esa Corporación, creado mediante el Acuerdo no.
PCSJA22-12026 de 2022, quien asumió el conocimiento del asunto desde el 12 de
mayo de 2023.

8) De conformidad con la contestación presentada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, se evidenció que el Despacho 015, al cual fue asignado el
expediente del señor Víctor Danilo Camacho Fernández, es un despacho de
reciente creación, formalizado mediante el Acuerdo PCSJA22-12026 de 2022, que
asumió un alto volumen de procesos provenientes de otros despachos del tribunal.

9) Además, ese despacho enfrenta una carga procesal significativa con expedientes
acumulados de años anteriores, muchos de los cuales tienen prioridad por haber
ingresado para fallo con mayor antigüedad y, en ese contexto, el expediente del
actor, cuya apelación data del año 2022, no ha permanecido sin gestión durante un
término desproporcionado si se considera la congestión judicial que afecta al
sistema en general.

10) Tal situación, refleja los retos estructurales de la administración de justicia, para
la cual, la alta congestión impacta sobre la celeridad procesal, sin embargo, no se
puede concluir que el retardo en este caso sea atribuible a negligencia o inacción
por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, sino a circunstancias
propias de la carga laboral que enfrentan los despachos judiciales.

11) Lo anterior, debe entenderse también a partir de los problemas estructurales en
la administración de justicia que generan una alta congestión judicial, situación
generalizada en el territorio nacional y que no es imputable al actuar de la autoridad
judicial demandada, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por
el exceso de carga laboral.

12) Aunado a lo anterior el actor no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo de manera excepcional,
o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se pudiera advertir
la necesidad de alterar el turno para que la autoridad judicial demandada profiera

7

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

una sentencia en el expediente a su cargo, de otra manera, se desconocería el
derecho a la igualdad y al debido proceso de los demás usuario de la administración
de justicia quienes también se encuentran esperando las decisiones de sus casos
en particular.

13) En consecuencia, es forzoso afirmar que, si bien a la fecha está pendiente de
decisión que resuelva en segunda instancia el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho mencionado, dicha situación no es atribuible a la autoridad judicial
demandada y, en dicha medida, no se puede alegar una vulneración de los
derechos fundamentales de la parte actora o una mora judicial injustificada que
conlleve a dicha transgresión.

14) No obstante lo anterior, la Sala considera importante adverar que, si bien el
retardo está justificado como se explicó hasta este punto, no debe dejarse de lado
la importancia de una pronta resolución de los asuntos, especialmente cuando se
trata de un proceso relacionado con el reconocimiento pensional de una persona
mayor cuya situación económica y estado de vulnerabilidad exigen un tratamiento
prioritario, motivo por el cual se exhortará al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para que tramite con celeridad el proceso y profiera la sentencia en un plazo
prudente, lo cual equilibra la necesidad de evitar una afectación de los derechos
fundamentales del demandante con las realidades prácticas del sistema judicial.

15) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no existe vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora que sea susceptible de amparo
por la vía de la acción tutela por lo cual se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1º) Deniéganse las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

8

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

2º) Exhórtase al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que tramite con
celeridad el proceso y profiera la sentencia correspondiente en un plazo prudente.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.