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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07269-00

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07269-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Deniéganse las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07269-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

9 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07269-00
Demandante: JULIO ERNESTO CANTILLO JIMÉNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA POR PRESUNTA MORA
JUDICIAL. SE NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA.

Síntesis del caso: el actor reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales por la
presunta mora judicial de la autoridad judicial demandada en un proceso de reparación
directa. La Sala evidenció que no se configuró una mora judicial, por lo cual se niegan las
pretensiones de la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Julio Ernesto Cantillo
Jiménez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia
previstos en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos y fundamentos de la vulneración

1) El 22 de agosto de 2019, junto a varios miembros de su grupo familiar, presentó
una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de
la Fiscalía General de la Nación, proceso al cual se le asignó el número de
radicación 05001-23-33-000-2019-02132-00.

1
Mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2025 con paso al despacho para fallo del 3 de
diciembre de 2025.

2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

2) En desarrollo de ese trámite, el expediente fue reasignado al despacho 16 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud de un proceso de redistribución de
expedientes adelantado en esa Corporación.

3) Allí se surtieron las etapas propias del juicio, entre ellas, la realización de la
audiencia inicial y de pruebas -el 13 de noviembre de 2024-, al cabo de la cual se
corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.

4) Vencido el término para alegar, mediante constancia secretarial del 6 de
diciembre de 2024, se dejó registrado que el expediente ingresó “al despacho para
fallo”, por lo cual quedó a disposición de la autoridad judicial para la elaboración del
proyecto de sentencia correspondiente.

5) No obstante, desde esa fecha, el proceso ha permanecido en la misma condición
sin que se haya proferido la sentencia de mérito, situación que la parte actora estima
vulneradora de sus derechos fundamentales.

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Que se amparen mis derechos fundamentales.

2. Que se ordene al Despacho 16 del Tribunal Administrativo dictar el fallo
o justificar la demora en un término breve.

3. Que se adopten medidas para evitar futuras demoras.”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 0001 del aplicativo SAMAI).

3. Actuación procesal

Con auto del 19 de noviembre de 2025 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia
y se vinculó a la fiscal general de la Nación o quien haga sus veces, al director o
quien haga sus veces de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a los
señores Julieta Aguirre Flórez, Luisa Fernanda Cantillo Aguirre, Sebastián Cantillo
Aguirre, Julio Ernesto Cantillo Valencia, Iván Darío Cantillo Jiménez, Juan Carlos
Cantillo Jiménez y Marta Eugenia Cantillo Jiménez, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

3

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

4. Actuación de la autoridad judicial demandada

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque, desde que el proceso de
reparación directa fue asignado a su despacho, este se ha tramitado de conformidad
con la normativa aplicable y con los principios del debido proceso, en especial en lo
relativo al respeto del turno para proferir sentencia.

El expediente llegó a su despacho en virtud de un amplio proceso de redistribución
de asuntos adelantado en el interior del tribunal, en desarrollo de varios acuerdos
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la propia
Corporación, mediante los cuales se reasignaron cientos de procesos a ese
despacho, muchos de ellos de reparación directa y controversias contractuales,
caracterizados por su alta complejidad y un número de folios muy superior al
promedio de la jurisdicción.

Además de esa carga cuantitativa y cualitativa, el despacho ha debido asumir las
consecuencias de un proceso defectuoso de digitalización de los expedientes y de
las afectaciones a la sede física del tribunal, derivadas de inundaciones y obras en
el edificio donde funciona la corporación, circunstancias que dificultaron durante un
periodo prolongado el acceso y manejo de los procesos físicos y electrónicos.

Pese a lo anterior, el despacho 16 ha continuado recibiendo reparto ordinario en
proporción superior a la de otros despachos y ha debido atender un número
significativo de acciones de tutela y de procesos con prelación legal o constitucional,
lo cual ha exigido priorizar asuntos más antiguos que el del actor, en observancia
de los principios de igualdad, transparencia y equidad en el tratamiento de los
usuarios.

Finalmente, precisó que el proceso promovido por el señor Julio Cantillo surtió sus
etapas con normalidad, pues, se realizó la audiencia inicial y de pruebas el 13 de
noviembre de 2024, se corrió traslado para alegar y, una vez vencido este, el
expediente ingresó al despacho para fallo el 6 de diciembre de 2024, donde
permanece a la espera de decisión junto con otros procesos que se encuentran en
turno anterior; por ello, no existe mora injustificada, sino una demora explicable por
las condiciones estructurales descritas.

4

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del actor por la presunta mora judicial en que
incurrió la autoridad judicial demandada para resolver una demanda de reparación
directa.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala negará las pretensiones
de la acción de tutela, por las razones que procederán a exponerse:

5

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

2.1 Caracterización de la mora judicial

En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte
Constitucional2 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias
dentro de los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos
fundamentales del debido proceso y del acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento de
los términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios
judiciales, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso
de carga laboral o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras,
lo cual justifica, de cierto modo, el retardo para adelantar alguna actuación.

En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada
es preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del
interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del
procedimiento.

Por su parte, el Consejo de Estado3 manifestó que existen condiciones estructurales
en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y lentitud
en los despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.

En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de
sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho
fundamental del debido proceso u otro, por el incumplimiento de los términos
judiciales, resulta imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora y ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el
cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

2.2 No existe una mora judicial en el caso concreto

1) En el caso concreto, la Sala advierte que, una vez analizados los medios de
prueba aportados al expediente y revisado integralmente el trámite del proceso de
reparación directa no. 05001-23-33-000-2019-02132-00 en el Sistema de Gestión

2
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018,
3
Consejo de Estado, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-
01444-00, MP Jorge Octavio Ramírez.

6

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

Judicial (SAMAI) se constató que, en efecto, dicho expediente se encuentra a cargo
del Tribunal Administrativo de Antioquia desde el 10 de marzo de 2021, fecha en la
cual fue remitido al despacho 16 en virtud de una amplia redistribución de procesos
adelantada en el interior de esa Corporación:

7) De igual manera, consta que el despacho avocó conocimiento el 1 de noviembre
de 2023, convocó y realizó la audiencia inicial y de pruebas el 13 de noviembre de
2024, corrió traslado para alegar y, una vez vencido este, la Secretaría dejó
constancia el 6 de diciembre de 2024 de que el expediente ingresó al despacho
para fallo, estado en el cual permanece desde entonces:

8) A partir de la contestación remitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la
Sala evidenció que el despacho 16 recibió cientos de expedientes adicionales por
redistribución, lo cual obedeció al Acuerdo no. CSJANTA21-24 de 1º de marzo de
2021 “Por el cual se redistribuyen algunos procesos, con ocasión a la creación de
un Despacho de Magistrado en el Tribunal Administrativo Antioquia”, adoptado por
el Consejo Superior de la Judicatura y que situó al despacho demandado en
especiales condiciones de carga.

9) La autoridad judicial demandada justificó la alegada demora en el hecho de que
enfrenta una sobrecarga significativa, derivada no solo del volumen recibido, sino
también del incorrecto proceso de digitalización de expedientes y de las
afectaciones físicas a la sede judicial ocurridas en 2022 por inundaciones y obras
en el edificio sede de la Corporación; circunstancias que, sin duda, generan retrasos
inevitables en la gestión, aunados al deber del despacho de priorizar procesos más
antiguos, en observancia de los principios de igualdad, transparencia y respeto del
turno procesal.

7

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

10) Tal situación, refleja los retos estructurales de la administración de justicia, para
la cual, la alta congestión impacta sobre la celeridad procesal, sin embargo, no se
puede concluir que el retardo en este caso sea atribuible a negligencia o inacción
por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, sino a circunstancias propias de
la carga laboral que enfrentan los despachos judiciales.

11) Lo anterior, debe entenderse también a partir de los problemas estructurales en
la administración de justicia que generan una alta congestión judicial, situación
generalizada en el territorio nacional y que no es imputable al actuar de la autoridad
judicial demandada, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por
el exceso de carga laboral.

12) Aunado a lo anterior, el actor no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que hiciera procedente la solicitud de amparo de manera excepcional,
o que se encontrara en alguna circunstancia particular de la que se pudiera advertir
la necesidad de alterar el turno para que la autoridad judicial demandada profiera
una sentencia en el expediente a su cargo, de otra manera, se desconocería el
derecho a la igualdad y al debido proceso de los demás usuarios de la
administración de justicia quienes también se encuentran esperando las decisiones
de sus casos en particular.

13) En consecuencia, es forzoso afirmar que, si bien a la fecha está pendiente de
decisión que resuelva en segunda instancia el proceso de reparación directa
mencionado, dicha situación no es atribuible a la autoridad judicial demandada y,
en dicha medida, no se puede alegar una vulneración de los derechos
fundamentales de la parte actora o una mora judicial injustificada que conlleve a
dicha transgresión.

14) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no existe vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora que sea susceptible de amparo
por la vía de la acción tutela por lo cual se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

8

Expediente: No. 11001-03-15-000-2024-06416-00
Actor: Víctor Danilo Camacho Fernández
Acción de tutela

FALLA

1º) Deniéganse las pretensiones de la acción de tutela, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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