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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06463-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06463-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Antonio Pérez Eslava, quien actúa en nombre propio, en relación con el derecho fundamental de petición, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Declarar improcedente la demanda de tutela respecto de las demás pretensiones formuladas en el escrito de tutela por el señor Jorge Antonio Pérez Eslava, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06463-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

20 de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2024-06463-00
Demandante: Jorge Antonio Pérez Eslava

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06463-00
Demandante: JORGE ANTONIO PÉREZ ESLAVA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV),
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES (UNGRD), DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y
MUNICIPIO DE ARAUCA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Derecho
fundamental de petición. Improcedencia de la acción de tutela para
impartir órdenes generales de carácter administrativo con el fin de
conceder ayudas de tipo humanitario. Inmediatez para cuestionar
decisiones de proceso de reparación directa

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Jorge Antonio Pérez Eslava, quien actúa en nombre
propio, contra la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía
General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres (en adelante UNGRD), el departamento de
Arauca y el municipio de Arauca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de noviembre de 2024, el señor Jorge Antonio Pérez Eslava presentó
acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados con la falta de respuesta a la queja y a las solicitudes elevadas sobre
el desbordamiento del río Cusay, el desvío del río Caralan y la indemnización de
los perjuicios causados.

En consecuencia, en el escrito de tutela formuló las siguientes:

“1.- Que se ordene la cesación prevista y el restablecimiento de los derechos
vulnerados en razón a lo ya puesto en conocimiento.

2.- Que se notifique el auto admisorio de la Tutela a todos y cada uno de los ya
relacionados y que también figuran en el contenido anexo, refiero me también, a

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Demandante: Jorge Antonio Pérez Eslava

los correos electrónicos que se les envío la mencionada Queja, Re acusación
(sic) y Denuncia con Derecho de Petición, y para más claridad, que se notifiquen
a todos los relacionados en la parte de notificaciones, para que se pronuncien a
fondo a lo relacionado en cada punto para no violar la debida contradicción.

3. Para más cristalizar los hechos, que se le oficie a la parte accionada, para que
remitan los expedientes, y una vez cumplida con las actas o inventarios, y en la
forma que ya se puso en conocimiento, para que se puedan vincular a los
responsables en la presente Tutela.

4. En razón a lo ya expresado, siendo que la responsabilidad recae sobre todos
y cada uno de los ya relacionados y de los que en la investigación salgan
responsables, pues no solamente me ampararan todos mis derechos, sino
también decretaran el restablecimiento, y perjuicios causados, dado a la
negligencia, inoperancia, denegación de justicia de todos y cada uno de quienes
les ha correspondido.

5. Que se tenga muy en cuenta todo el contenido en cada punto de la parte de
hechos de los anexos y de lo peticionado.

6. Referente a los cuestionamientos también del tribunal administrativo de
Arauca y teniendo en cuenta lo ya puesto en conocimiento y ante ese concurso
de violaciones, que se le decrete la NULIDAD Y REVOCATORIA de lo actuado
por ese tribunal administrativo más ante ese concurso de violaciones y
cuestionamientos penales, para que a su vez se le dé el debido trámite a lo
demandado, teniendo en cuenta todo su contenido, por ende conceder el amparo
de pobreza, para no seguir violando el derecho de la igualdad, el de la debida
postulación, el debido acceso a la administración de justicia por ende la violación
al debido proceso, que cuestiona todo lo actuado.

7. Tener muy en cuenta lo también puesto en conocimiento a punto 11 parte de
hechos dónde provino los perjuicios irremediables de CRISANTO PEREZ
ESLAVA, que no solamente por la inundación y desastres causados por el rio
CUSAI sino también fue desplazado forzosamente de los lugares de trabajo, y
como si no existiera la unidad de víctimas porque todo ha sido ignorado.

8. A lo ya puesto en conocimiento como las propiedades en mención eran aptas
para la agricultura y por el desvío de gran parte del rio CARANAL hacia el rio
CUSAI provinieron las inundaciones, causando un alto riesgo ya para la
agricultura siendo así que se decreten créditos para la compra de 250 búfalos,
compra de tractor con sus equipos y maquinaria de producir el concentrado en
la misma finca para el sostenimiento de los búfalos y aumento de leche.

9. A lo relacionado en el punto 12 que se tenga muy en cuenta su contenido y se
le oficie a las compañías petroleras de pueblo nuevo ARAUCA.

10. Retomando el punto anterior siendo que también se puso en conocimiento a
la unidad de reparación integral a las víctimas, todo lo sucedido con la demanda
ante el tribunal administrativo de Arauca donde también se puso en
conocimiento, las más de 120 hectáreas de arroz que se perdieron a causa del
consecutivo de paros armados lo que impidió recolectar el arroz y que también
había sido desplazado forzosamente nuestro padre JOSE GUILLERMO PEREZ
GOMEZ y que debido al desplazamiento falleció, todo ello se puso en
conocimiento ante la fiscalía de justicia y paz, y a la unidad de reparación integral
a las víctimas pero todo ello fue violado, ignorado y como sin la mínima
solidaridad lo que los cuestiona también.

11. Que se vinculen a esta tutela a todos y cada uno de los ya relacionados en
la parte asunto y parte de notificaciones, junto con los demás que también salgan
responsables.

12. Que se les oficie a la parte accionada, para que se pronuncien a fondo de lo
relacionado en cada punto de la Tutela y contenido anexo para de esa forma no
violar la debida contradicción.

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13. Ante ese concurso de cuestionamientos, que también se tenga en cuenta
todo lo relacionado en la parte de hechos y su contenido anexo, refiero me a la
Queja, Re acusación y Denuncia con Derechos de Peticiones, como ya se
pusieron en conocimiento, y el tiempo que se ha perpetuado, sin tener en cuenta
sus contenidos.

14. Tener muy en cuenta todo el contenido de los anexos, más ante ese concurso
de violaciones y cuestionamientos penales, el cual no debe quedar en la
impunidad para que se dé traslado al competente.

15. Que se decrete el impedimento a todos y cada uno de los que actuaron, y los
que les correspondía el desatamiento de todo lo ya puesto en conocimiento en
la parte de hechos.

16. En atención al concurso de cuestionamiento penales y disciplinarios, que lo
que ha bien no sea de su competencia que sin tardanza se le dé traslado al
competente como así lo establece la ley.

17. Como al suscrito me han defraudado de esa forma, que me asignen a un
profesional en derecho, más por ser de la tercera edad con certificado de
discapacidad y que de acuerdo a la ley tengo prioridad.

18. Dado a la gravedad de los cuestionamientos, que también se le dé traslado
a la Procuraduría, como si en verdad existiera lo establecido en el artículo 277
de la Carta Magna.

19. Como al suscrito no se manejar computador, no se deben aprovechar de esa
circunstancialidad, sino en verdad cualquier actuación me la remitan copia a mi
dirección aportada al pie de mi firma, como también remitirme copias de las
actuaciones de la parte accionada, por ende, copia de la resolución de Tutela
que se vaya a dar remitiéndomela directamente a mi dirección”.

2. Hechos

El demandante mencionó que el 10 de junio de 2023, elevó una queja en relación
con las pérdidas causadas por el desbordamiento del río Cusay, y solicitó que:
(i) se tenga en cuenta la condición que ostentan de campesinos víctimas del
conflicto armado interno, (ii) se realice taponamiento del río Cusay, (iii) se
construya un puente por parte del Ejército Nacional que comunique la vía de
Pueblo Nuevo a la vereda Los Regaderos, teniendo en consideración la
destrucción del antiguo canal, (iv) se pavimente la vía de Pueblo Nuevo que
conduce a la vereda Los Regaderos, (v) se indemnice a las trescientas sesenta
familias que sufrieron pérdidas a causa de las inundaciones y desbordamiento
del río Cusay, (vi) se tomen medidas sobre la canalización del río Caranal, en el
río Cusay, (vii) se vendan algunos predios y (viii) que la respuesta otorgada se
remita a la dirección física.

Alude que, ante la falta de una respuesta de fondo a la solicitud con data de 10
de junio de 2023, los días 19 de febrero, 18 de abril, 2 de julio y 30 de septiembre
de 2024, presentó reiteraciones a la queja y a las solicitudes elevadas, en las
que se puso en conocimiento la destrucción de las fincas y cultivos a causa de
lo sucedido con el desbordamiento del río Cusay, y en las que pidió: (i) se
cuantifique el daño sobre la propiedad de los señores Crisanto Pérez Eslava,
Jaime Leonal Pérez, Luis Guillermo Pérez Eslava y Jorge Antonio Pérez Eslava,
(ii) se oficie a las compañías petroleras para que intervengan en el dragado del
río Cusay, (iii) se ejerzan intervenciones para evitar perjuicios irremediables por
la desviación del río Caranal, (iv) se retome la pérdida de las hectáreas de arroz,
(v) se declare la nulidad de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de
la Nación y el Tribunal Administrativo del Cauca, en consecuencia, se

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restablezcan los derechos, (vi) se inicie una investigación por enriquecimiento
ilícito en relación con la desviación del río Caranal, (vii) se dé traslado al
competente para que soliciten un auxilio internacional para poder indemnizar los
perjuicios causados.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora se refirió a los artículos 13, 23, 29, 86, 95, 228, 229 y 230 de la
Constitución Política, a la Ley Estatutaria 1755 de 2015 y mencionó la sentencia
T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, en relación con el desplazamiento
interno por factores ambientales y la protección a los derechos fundamentales a
la vivienda digna, al trabajo, mínimo vital, alimentación, seguridad alimentaria y
seguridad personal.

4. Trámite procesal

Por auto de 22 de noviembre de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá ordenó la remisión del asunto con destino a esta
Corporación, al considerar que lo pretendido por el accionante estaba dirigido
contra del Tribunal Administrativo de Arauca, entre otras autoridades
administrativas, ello en virtud de las reglas de reparto contenidas en el Decreto
No. 333 de 2021.

Por auto de 28 de noviembre de 2024, de manera previa a decidir sobre la
admisión del asunto, se requirió a la parte accionante con el fin de que indicara
con la mayor claridad posible y de manera precisa: (i) las autoridades o entidades
demandadas, (ii) los hechos, (iii) las pretensiones y, (iv) las razones en que
sustenta la vulneración alegada.

Mediante escrito allegado el 13 de diciembre de 2024, el accionante manifestó
que la acción de tutela la presentó contra las autoridades mencionadas en el
escrito inicial, por tanto, solicitó: i) tener en cuenta lo expresado, ii) se dé traslado
a las partes relacionadas en la demanda para que se pronuncien, iii) se dé
traslado al competente sin tardanza y, iv) se notifique cualquier decisión a la
dirección física.

Por auto de 13 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda
y ordenó notificar al accionante y a las autoridades administrativas accionadas -
Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación,
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), departamento de
Arauca y el municipio de Arauca-. De igual modo, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de lo previsto en el artículo
610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 2015 a
2021, 2025 y 2028 del 16 de enero de 2025, con el fin de poner en conocimiento
de las partes el contenido de la providencia1.

Por auto de 30 de enero de 2025, se dispuso la vinculación de la Representante
a la Cámara Lina María Garrido Martín y de los señores Crisanto Pérez Eslava,
Luis Guillermo Pérez Eslava, Jaime Leonel Pérez y Rosario Pérez Eslava, en
calidad de terceros con interés.

1 Índice SAMAI 16.

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Demandante: Jorge Antonio Pérez Eslava

Por medio de auto de 27 de febrero de 2025, se ordenó la vinculación del
Tribunal Administrativo de Arauca, como tercero con interés.

Las anteriores decisiones fueron notificadas por la Secretaría General de esta
Corporación por comunicaciones Nos. 23153, 23753, 23787 de 27 de febrero de
2025 y 26197, 26214 de 4 de marzo de 2025.

El 12 de marzo de 2025, el expediente ingresó al despacho para dictar sentencia
de primera instancia.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD)

La apoderada judicial de la Unidad rindió informe en el que solicitó que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que carece de
competencia legal para atender las súplicas de la demanda. Al respecto, trajo a
consideración la competencia de la entidad y pidió exonerar a su representada
de toda responsabilidad ya que según adujo no ha desconocido los derechos
fundamentales del actor.

5.2. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho

La directora jurídica de la entidad se pronunció en el asunto y pidió que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, luego de señalar que no
participó en el relato fáctico que dio origen a la solicitud de amparo, ni las
competencias del Ministerio guardan relación con lo solicitado. Agregó que no
existe claridad sobre las pretensiones de la acción de tutela y que las solicitudes
que elevó ante la entidad a lo largo de 2024 fueron atendidas en debida forma.

5.3. Respuesta del departamento de Arauca

El apoderado del departamento mencionó que por medio de oficio No.
20240203182 del 8 de julio de 2024, dio respuesta a lo solicitado por el
accionante el 2 del mismo mes y año, la cual fue comunicada a la dirección física
del demandante y se remitió por competencia a los municipios de Tame,
Arauquita y Fortul.

Indicó que, respecto a la solicitud presentada el 18 de abril de 2024, la misma
fue remitida a Sierracol Energy LLC por estar relacionada con el dragado del río,
comunicación que fue puesta en conocimiento del actor por medio de oficio No.
20240202263-2 de 7 de mayo de 2024. Agregó que respecto a lo pedido el 19
de febrero de 2024, manifestó que se dio respuesta en el sentido de informar las
acciones que se han efectuado a través del Consejo Departamental de Gestión
del Riesgo, tales como la destinación de recursos.

Finalmente, señaló que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual
y subsidiario y, en ese sentido, el actor puede acudir a los medios ordinarios para
debatir y cuestionar la vulneración alegada relacionada con las inundaciones
producidas por el desbordamiento de un río. Sumado a que, en el caso no se
demostró un perjuicio irremediable, ni que la acción de tutela hubiese cumplido
el requisito de la inmediatez, por cuanto los hechos relatados datan de febrero y
junio de 2021.

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5.4. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

La representante judicial de la Unidad rindió informe en el que indicó que carece
de legitimación en la causa por pasiva, ya que no es la llamada a realizar alguna
actuación sobre las pretensiones del accionante. Agregó que el actor se
encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas – RUV, por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado y mencionó que en el sistema de gestión
documental no se encontró la solicitud presentada, a la que alude la parte actora.

5.5. La Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, guardaron
silencio aun cuando fueron debidamente notificadas.

6. Terceros con interés

6.1. Escrito del señor Crisanto Pérez Eslava

Manifestó que los hechos narrados por el accionante son ciertos, ya que
sucedieron durante varios años y han sido verificados por entes municipales y
por la visita hecha por la representante a la Cámara por el departamento de
Arauca Lina María Garrido Martín.

Señaló que es desplazado por el conflicto armado interno y que vive en una
situación precaria apartado de su familia, y que respecto a las ayudas otorgadas
indicó que el mercado no equivale nada en comparación a las “cuartizas”
pérdidas que superan los mil quinientos millones de pesos, por lo que solicitó
que se investigue lo sucedido.

6.2. Escrito de la señora Lina María Garrido Martín representante a la
Cámara por el departamento de Arauca

Sostuvo que en calidad de Representante a la Cámara por el departamento de
Arauca, el 24 de febrero de 2024 realizó una visita a la vereda Los Regaderos
en Fortul, río Cusay ,y denunció públicamente en sus redes sociales el desastre
natural. En ese orden de ideas, solicitó la desvinculación del asunto por carecer
de legitimación en la causa por pasiva ya que no cuenta con la aptitud legal para
responder a las pretensiones del demandante y mencionó que nunca le ha sido
presentado algún derecho de petición.

6.3. Escrito del Tribunal Administrativo de Arauca

El titular del despacho en el que cursó el proceso de reparación directa se
pronunció en relación con los hechos que dieron origen a la solicitud de amparo.
Al respecto, indicó que la situación fáctica hace alusión a diferentes peticiones,
denuncias y quejas que presentó ante distintas entidades del orden territorial y
nacional, así como por los daños causados por el caudal del río Cusay, y el uso
inadecuado de la fuente hídrica por parte de compañías petroleras, perjuicios
que pretendió reclamar mediante el medio de control de reparación directa.

Frente a las actuaciones surtidas en el proceso ordinario mencionó que las
mismas se profirieron en cumplimiento de las garantías y principios que rigen la
administración de justicia, encontrándose archivado el asunto. Aludió que la
demanda de reparación directa fue radicada el 23 de abril de 2010, la cual fue
rechazada por auto de 20 de mayo de 2010 al advertir que se presentó sin
apoderado judicial, decisión que, a pesar de las reiteraciones presentadas por el

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demandante, se mantuvo ya que no cumplió con los requisitos establecidos para
ello.

Expuso que carece de legitimación en la causa por activa ya que en la demanda
de tutela no se le endilga alguna amenaza. Agregó que la acción de tutela se
presentó sin el cumplimiento del requisito de la inmediatez, como quiera que la
decisión judicial cuestionada data de 20 de mayo de 2010.

6.4. Los señores Luis Guillermo Pérez Eslava, Jaime Leonel Pérez y Rosario
Pérez Eslava, no se pronunciaron en el asunto2.

7. Intervenciones del accionante

Con posterioridad al escrito de tutela, el demandante presentó sendos
memoriales en los que reiteró la vulneración alegada y solicitó que le fueran
notificadas la totalidad de las decisiones emitidas a la dirección física informada,
y solicitó el expediente del proceso de reparación directa al Tribunal
Administrativo de Arauca, para que se decrete la nulidad y revocatoria de todo
lo actuado con el fin de que se restablezcan los derechos vulnerados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019),
la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Cuestión preliminar

El Tribunal Administrativo de Arauca, la representante a la Cámara por el
departamento de Arauca Lina María Garrido Martín, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitaron que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que no tienen competencia para pronunciarse
respecto de las pretensiones del demandante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 3, la
Sala negará las solicitudes, teniendo en consideración que, frente a la UARIV y
la UNGRD el demandante elevó la solicitud de la cual pretende el amparo, y en
relación con las demás autoridades se precisa que fueron vinculadas a la acción
de tutela en calidad de terceros por tener un interés legítimo en el resultado del
asunto, por lo que no procede su desvinculación.

2
La Secretaría General dejó constancia que los señores Luis Guillermo Pérez Eslava y Rosario Pérez
Eslava no fueron notificados a una dirección electrónica, debido a que el accionante manifestó que no
cuentan con ninguna.
3
Sentencia T-005 de 2022, en la que señaló “hace referencia a la aptitud legal de la entidad
contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.

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3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer a partir de las pretensiones y la vulneración
alegada en el escrito de tutela, si (i) las autoridades demandadas en la acción
de tutela vulneraron al demandante el derecho fundamental de petición, al no
resolver la solicitud formulada por medio de correo electrónico el 10 de junio de
2023 reiterada el 19 de febrero, el 18 de abril, el 2 de julio y 30 de septiembre de
2024, y (ii) si la acción de tutela resulta procedente para dar órdenes de carácter
administrativo, así como para declarar la nulidad de lo actuado en el medio de
control de reparación directa con radicado No. 81001-23-31-002-2010-00014-00.

3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:

“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y
efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
(ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe
producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así
como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad
competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera
completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de
los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción
de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y
de fondo o material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor
que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite
de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que,
en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la
respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión
para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato
explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia
de ello.

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”4. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º
de la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del

4 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal
de remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de
la Ley 1437 de 20115.

4. Estudio y solución del caso concreto

En primer lugar, la Sala advierte que el señor Jorge Antonio Pérez Eslava
presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental de petición, que
afirmó presentar el 10 de junio de 2023, en el sentido de pedir a la Presidencia
de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la Gobernación de Arauca, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría Departamental de Arauca, que: (i) se tenga en cuenta la condición
que ostentan de campesinos víctimas del conflicto armado, (ii) se realice el
taponamiento del río Cusay con tubos de perforación y sacos de arena, (iii) se
construya un puente por parte del Ejército Nacional que comunique la vía de
Pueblo Nuevo a la vereda Los Regaderos, teniendo en consideración la
destrucción del antiguo canal por causa del desbordamiento del río, (iv) se
pavimente la vía que comunica la vereda Pueblo Nuevo con la vereda Los
Regaderos, (v) se indemnice a las trescientos sesenta familias que sufrieron
pérdidas a causa de las inundaciones y desbordamiento del río Cusay, (vi) se

5 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien
se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente,
o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado
remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir
funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del
día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.

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tomen medidas sobre la canalización del río Caranal en el río Cusay, (vii) se
tomen medidas sobre las fincas entregadas ya que con las mismas no se
alcanzan a pagar los perjuicios causados por la catástrofe natural y (viii) que la
respuesta otorgada se remita a la dirección física.

Sin embargo, de los pantallazos allegados con el escrito de tutela, la Sala
evidencia que no se logró establecer que la anterior solicitud hubiese sido
remitida a las autoridades accionadas de manera efectiva, toda vez que el correo
con el que se pretende demostrar la remisión figura en la carpeta borrador,6
según se ve en la siguiente imagen:

Frente a los escritos de reiteración que el demandante manifestó presentar los
días 19 de febrero, 18 de abril, 2 de julio y 30 de septiembre de 2024, ante las
autoridades accionadas, en las que, según dijo, insistió en lo pedido el 10 de
junio de 2023, puso en conocimiento la destrucción de las fincas y cultivos a
causa de lo sucedido con el desbordamiento del río Cusay, entre otras cosas,
las mismas corren la suerte de lo pedido el 10 de junio de 2023, pues no
aparecen enviadas desde la dirección electrónica del accionante, sino como
borrador. De ello da cuenta el pantallazo con la última solicitud con data de 30
de septiembre de 2024.

De esta manera, no existe constancia de que el accionante hubiere presentado
de manera adecuada la solicitud inicial de 10 de junio de 2023 y las posteriores
en la que se reiteraba lo solicitado, respecto de las cuales demanda su amparo
en razón a la supuesta falta de respuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que con el escrito de demanda la
parte actora allegó constancias de unos oficios por medio de los cuales el
departamento de Arauca brindó respuesta a unas peticiones de 19 de febrero y
26 de abril de 2024, por lo que frente a esa autoridad se puede concluir lo
siguiente:

6 Según la fuente: https://www.zoho.com/es-xl/mail/help/using-drafts.html, “los borradores son mensajes

creados sin enviar y en espera de envío. Cuando se redacta un mensaje nuevo, se guarda de forma
automática cada 2 minutos como borrador. Esto garantiza que no pierda ningún mensaje redactado por
completo o en parte y mensajes no enviados. También puede optar por guardar un mensaje en Borradores
con un clic en la opción “Guardar borrador”.

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El 19 de febrero de 2024, el demandante presentó una solicitud ante el
departamento de Arauca en la que pidió: i) se dé traslado al competente para el
otorgamiento de un crédito que le permita adquirir doscientos cincuenta búfalos
para su propiedad y la del señor Crisanto Pérez Eslava, y que no sea negado
por presentar reportes en la central de riesgo, sino que “inclusive, a lo sucedido
dicho crédito para número de búfalos debería ser hasta donado”; ii) que se
decomisen las retroexcavadoras de las que se pide su destrucción por la
explotación ilícita de oro y se asigne una de ellas a su propiedad y a la del señor
Crisanto Pérez Eslava; iii) se ejerzan intervenciones para evitar perjuicios
irremediables por la desviación del río Caranal; iv) se ordene la construcción de
una carretera entre la vereda de Pueblo Nuevo y Los Regaderos; v) se oficie a
la compañía petrolera para “que se canalice el río Cusay”, y vi) se obligue al
departamento al pago de daños y perjuicios a las víctimas por el desbordamiento
del río Cusay.

Frente a la anterior, el 8 de marzo de 2024 la referida entidad territorial por medio
de oficio n.º 20240200910-2, le dio respuesta a la anterior solicitud en el sentido
de informar al accionante que una de las acciones realizadas a través del
Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres es la ejecución de
contratos con obras de control de inundaciones, consultorías, suministros,
compraventas y órdenes de prestación de servicios. En dicha comunicación, se
relacionaron los contratos que se están ejecutando por parte de la autoridad
departamental con el fin de mitigar los daños causados por la catástrofe natural.

En la misma respuesta se le indicó al actor que el departamento adoptó su plan
de gestión del riesgo para definir los objetivos, programas, acciones,
responsables y presupuestos, en donde se abordará la identificación y análisis
del riesgo, el monitoreo de los factores de riesgo, la protección financiera, la
preparación para la respuesta a emergencias, esto con fundamento en lo
dispuesto en la Ley 1523 de 2012. Así mismo, señaló que bajo los lineamientos
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se cuenta con una
estrategia departamental hasta que se adopten medidas a nivel nacional que
permitan definir mecanismos, procesos y procedimientos para atender los
eventos naturales. Finalmente destacó que se han realizado inversiones a través
de maquinaria amarilla para la construcción de jarillones de contención contra
inundaciones, labores de excavación para la recuperación del cauce e hizo
relación a los contratos de obra suscritos en ese sentido.

Respecto a la solicitud presentada el 26 de abril de 2024, la Sala advierte que
en esa oportunidad, el accionante le pidió a la autoridad departamental que: i)
cuantifique las pérdidas de su propiedad y la de los señores Crisanto Pérez
Eslava, Jorge Antonio Pérez Eslava, Jaime Leonel y Luis Guillermo Pérez
Eslava, por el desbordamiento del río Cusay, y que proceda a entregar una
indemnización a los afectados por las pérdidas de los cultivos; ii) se realice una
intervención para evitar mayores perjuicios por la desviación del río Caranal al
río Cusay; iii) se dé traslado a la compañía petrolera para que realice el dragado
del río Cusay a partir de la vereda de Pueblo Nuevo; iv) se realice una
investigación por enriquecimiento ilícito a lo invertido en cada proyecto y, v) se
dé traslado al competente para que otorguen un auxilio internacional que permita
indemnizar los perjuicios causados.

Por oficio n.º 20240202263-2 de 30 de abril de 2024, el departamento de Arauca
le dio respuesta al demandante, en el sentido de indicar que por la naturaleza de
la solicitud presentada corresponde a la alcaldía territorial, quien es el primer
respondiente y responsable directo de la implementación de los procesos de
Gestión del Riesgo de Desastres en el municipio. Precisó que los Consejos

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Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres son quienes tienen la obligación
de generar los respectivos informes y dar a conocer al departamento la relación
de los puntos críticos que sean escenarios de riesgo por los eventos naturales.
Le informó que el Plan de Desarrollo Departamental para la vigencia 2024-2027
se encuentra en proceso de formulación, que tiene dentro de sus propósitos el
acercamiento a la comunidad para escuchar las problemáticas y necesidades, y
que conforme a la jornada llevada a cabo entre el 17 y el 24 de febrero de 2024,
se logró concluir que todos los municipios del departamento de Arauca presentan
graves problemáticas a causa de los caudales de los cuerpos hídricos.

Así mismo, se evidencia que el 30 de abril de 2024, el departamento de Arauca
-oficina de Gestión del Riesgo-, remitió copia de la solicitud presentada por el
accionante relacionada con “el dragado del río Cusay, a partir de pueblo Nuevo”
con destino a la compañía petrolera Sierracol Energy LLC a la dirección
electrónica: comunicaciones@sierracol.com

En ese sentido, le mencionó al accionante que el sector reportado sería incluido
como priorizado para hacer acompañamiento técnico a los municipios de Tame,
Fortul y Arauquita, para que se realice una inspección visual que permita generar
un diagnóstico de la dinámica de los ríos en el área de interés, y que conforme
a las apropiaciones presupuestales pueda priorizar la ejecución de los recursos
que, en todo caso, están en cabeza del gobernador, quien establece la prioridad
para la distribución y ejecución de recursos. Finalmente, resaltó que la autoridad
no puede indemnizar las pérdidas de los cultivos en los términos solicitados, ya
que no cuenta con una caja menor para gastos por indemnización directa por
pérdidas de cultivos.

Según las documentales remitidas por el demandante, las respuestas antes
relacionadas le fueron enviadas a la dirección física informada.

De conformidad con lo expuesto, la Sala no encuentra que la autoridad
departamental hubiese vulnerado el derecho de petición con las respuestas
brindadas a las solicitudes elevadas el 19 de febrero y 26 de abril de 2024, por
cuanto, le fueron informadas las acciones que ha venido desarrollando para
mitigar el riesgo por el desbordamiento del río Cusay, así como lo relacionado al
plan de emergencia departamental en el que se adelantan los distintos
programas y presupuestos para analizar el riesgo. En igual medida, le dio
traslado por competencia a la compañía petrolera Sierracol Energy LLC, sobre
lo relacionado con el dragado del río Cusay y le informó la imposibilidad en
otorgar las medidas económicas e indemnizatorias solicitadas.

En consecuencia, al no estar demostrado que el accionante presentara las
solicitudes de las cuales demanda su amparo y al evidenciar que la autoridad
departamental otorgó una respuesta coherente y acorde a lo pedido los días 19
de febrero y 26 de abril de 2024, para la Sala la vulneración alegada no está
demostrada y, en ese orden de ideas, resulta del caso negar la pretensión
encaminada al amparo del derecho fundamental de petición.

Sin embargo, la Sala destaca que, con ocasión a la presente acción de tutela, el
departamento de Arauca le remitió copia de lo pedido a la Alcaldía de Arauquita
-quien emitió el oficio No. TDR100.03.080 de 5 de febrero de 2025, en el que le
informó al demandante que conforme a la información solicitada le pidió al cuerpo
de Bomberos del municipio de Arauquita, encargado para la fecha de los hechos,
que indicara si existe en la base de datos la caracterización del grupo familiar del
actor para lo cual se encontró que los señores Jaime Leonel Pérez Eslava y
Crisanto Pérez Eslava sufrieron afectaciones los días 23 y 27 de junio de 2023

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en la vereda Los Regaderos, sin encontrar dentro de la información reportada lo
concerniente al demandante.

Por medio de oficio No. TDR 100.03.098 de 10 de febrero de 2024, la Alcaldía
de Arauquita amplió la respuesta antes brindada y le indicó al accionante que de
conformidad con la solicitud de información elevada a la Unidad de Gestión del
Riesgo, se logró establecer que solo los señores Jaime Leonel Pérez Eslava y
Crisanto Pérez Eslava se encuentran enlistados dentro del Registro Único
Nacional de Damnificados – (RUNDA), y que los mismos recibieron ayuda
económica para el 2023, pero en el caso del señor Jaime Leonel Pérez Eslava,
se tiene que el pago debe ser reprogramado ya que no se acercó a reclamarlo
al punto habilitado en la fecha establecida.

Así las cosas, si bien obra prueba de que la Alcaldía de Arauquita se pronunció
al presente trámite constitucional, en razón a la remisión efectuada por el
departamento de Arauca, lo cierto es que ello no será objeto de análisis, en tanto
a dicha autoridad municipal no se le imputa la vulneración relacionada en el
escrito de tutela y la misma no fue vinculada al presente asunto.

Ahora bien, según se extrae del escrito de tutela y de las pretensiones
relacionadas en la demanda, el accionante pretende que se emitan órdenes de
carácter administrativo para que se concedan ayudas de tipo económico,
créditos para la compra de ganado y maquinaria, se oficie a las compañías
petroleras, así como a la Procuraduría General de la Nación y se le asigne un
profesional en derecho.

Sobre el particular, la Sala resalta que de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela tiene una naturaleza residual y
subsidiaria, es decir, que solo procede cuando no existen otros mecanismos de
defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su
defecto, siempre que sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, lo que conlleva que no sea un instrumento al que se pueda acudir
para reemplazar los medios ordinarios, ni trasladar las competencias de las
autoridades administrativas.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991,
este mecanismo constitucional puede ser promovido por cualquier persona que
considere vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales. A su vez, la
Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela tiene un rol fundamental
en los fines esenciales del Estado que recae en garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales.
En el caso en concreto, la Sala advierte que el demandante con las pretensiones
consignadas en la demanda de tutela propone un debate general frente a
situaciones que no involucran una cuestión relacionada con la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales, en la medida en que en el escrito de tutela
no se detallan situaciones concretas y específicas que permitan arribar a esa
conclusión. Por el contrario, de la lectura de la demanda se deduce que la
solicitud se enmarca en reconocer una compensación de tipo económico por las
afectaciones sufridas por el desbordamiento del río Cusay, así como ordenar la
asignación de créditos y dar traslado de lo pedido a la compañía petrolera, que
no denotan una afectación de carácter iusfundamental, por lo que, en principio,
no es este el medio judicial idóneo para tal efecto.
Al respecto, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la solicitud de
amparo debe guardar una relación directa con la vulneración y/o amenaza de los
derechos fundamentales, lo que no se advierte en el asunto bajo examen en el

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que las pretensiones que se formulan escapan de la órbita de competencia del
juez constitucional por ser propias de otras autoridades administrativas y
judiciales. En ese orden de ideas, se reitera que la acción de tutela no es el
mecanismo dispuesto, en principio, para dar órdenes de carácter administrativo
tendientes a resolver cuestiones generales, impersonales y abstractas.
Frente a la pretensión encaminada a que se decrete la nulidad de todo lo
actuado en el medio de control de reparación directa identificado con radicado
No. 81001-23-31-002-2010-00014-00, para que le sea concedido el amparo de
pobreza y pueda ejercer la debida postulación con un profesional en derecho, la
Sala destaca que el 23 de abril de 2010, el demandante a ese medio de control
cuya demanda fue rechazada por auto de 20 de mayo de 2010, debido a que la
misma había sido presentada en nombre propio, sin apoderado judicial. En ese
trámite procesal el accionante presentó una solicitud de nulidad que fue
denegada por auto de 3 de septiembre de 2010 y, en consecuencia, el proceso
fue archivado.

En relación con lo anterior, la Sala destaca que la acción de tutela debe procurar
la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad,
frente a lo cual la parte afectada podrá hacer uso de este mecanismo
constitucional en todo momento.
Sin embargo, ello no releva a que el interesado interponga el mecanismo
constitucional dentro de un plazo razonable que, según lo ha definido la Corte
Constitucional puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses
que debe valorarse a partir del hecho generador de la tutela, sin que ello
implique que dicho término no pueda ser extendido, para lo cual el juez
constitucional deberá analizar las circunstancias de cada caso en particular,
pues en algunos asuntos pueden existir razones especiales que no solo
justifiquen que la acción de tutela no se haya presentado en un término
razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el
derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la
violación sea siempre actual7.
En el presente caso, no se presentaron circunstancias especiales y el
accionante no hizo manifestación sobre la existencia de alguna que le hubiese
imposibilitado ejercer la acción de tutela dentro de un término razonable, por lo
que, el requisito de la inmediatez se encuentra incumplido, ya que como se vio,
se pretende debatir una actuación que fue proferida hace más de catorce años.
Por las anteriores razones, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
respecto de las pretensiones consistentes en impartir órdenes de carácter
administrativo para que se concedan ayudas de tipo económico, se oficie a las
compañías petroleras, así como a la Procuraduría General de la Nación, se
asigne un profesional en derecho y se declare la nulidad de lo actuado en el
proceso de reparación directa, formuladas por el accionante en la demanda de
tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

7
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Demandante: Jorge Antonio Pérez Eslava

FALLA

Primero.- Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Jorge Antonio Pérez Eslava, quien actúa en nombre propio, en relación con el
derecho fundamental de petición, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Declarar improcedente la demanda de tutela respecto de las demás
pretensiones formuladas en el escrito de tutela por el señor Jorge Antonio Pérez
Eslava, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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