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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04291-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-04291-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por Ministerio de Justicia, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas, la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Segundo: Negar el amparo solicitado respecto de la pretensión encaminada a que se imparta trámite a la «denuncia con derecho de petición» presentada el 2 de mayo de 2026, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela respecto de las demás pretensiones, por las razones expuestas en el presente proveído. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: De no ser impugnado remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-04291-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04291-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Declara improcedente la acción de tutela respecto de algunas
pretensiones y niega el amparo respecto de otra

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela formulada por el señor Jorge Antonio Pérez Eslava, quien actúa en nombre
propio, en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y petición con ocasión de unas irregularidades en la
notificación de las providencias del 8 de noviembre de 2024, 13 de enero, 30 de
enero y la sentencia del 20 de marzo todas del 2025, al interior de la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-06463-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. En el año 2024, el señor Jorge Antonio Pérez Eslava promovió una acción de
tutela contra la Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General
de la Nación, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (UARIV), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD), departamento de Arauca y municipio de Arauca

3. El proceso correspondió por reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá que, mediante providencia del 22 de noviembre de 2024 resolvió remitir a
esta Corporación la acción de tutela.

4. Sometido nuevamente a reparto fue asignada a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado1, autoridad judicial que por medio de proveído 28 de noviembre de ese

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Acción De Tutela
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Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava

mismo año resolvió requerir accionante para que precisara con claridad: (i) las
autoridades o entidades demandadas, (ii) los hechos, (iii) las pretensiones y (iv) las
razones que sustentaban la vulneración alegada.

5. Con posterioridad, el despacho judicial accionado, a través de proveído del 13 de
enero de 2025, resolvió admitir la demanda de tutela. Luego, mediante auto del 30
de enero de 2025 dispuso vincular a la representante a la Cámara Lina María
Garrido Martín y a los señores Crisanto Pérez Eslava, Luis Guillermo Pérez Eslava,
Jaime Leonel Pérez y Rosario Pérez Eslava, como terceros interesados. Asimismo,
por auto del 27 de febrero de 2025 se ordenó la vinculación del Tribunal
Administrativo de Arauca, en la misma calidad.

6. Así las cosas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado por medio de la sentencia
del 20 de marzo de 2025, negó el amparo del derecho fundamental de petición y
declaró improcedentes las demás pretensiones, decisión que fue notificada por
correo electrónico el 26 de marzo de 2025.

7. El 7 de abril de 2025, inconforme con la anterior providencia la parte actora
presentó impugnación, la cual fue rechazada por extemporánea mediante auto del
21 de abril de 2025.

8. El 9 de julio de 2025 el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para que
surtiera el trámite de eventual revisión. Sin embargo, con ocasión de nuevas
solicitudes presentadas por el actor, el expediente fue devuelto para resolverlas.

9. El 9 de diciembre de 2025, el accionante reiteró la solicitud de ampliación del
escrito de impugnación denominado «denuncia, nulidad y recusación», la cual fue
resuelta por la Secretaría General por medio de oficio CGQ-6916 del 10 de
diciembre de 2025.

10. El 2 de mayo de 2026, el accionante presentó «denuncia con derecho de
petición» en la que reiteró las actuaciones adelantadas e insistió en que se diera
trámite a la impugnación, entre otras solicitudes, la cual fue resuelta
desfavorablemente a través del auto del 20 de mayo de 2026.

2.2. Fundamento jurídico

11. La Sala entiende del escrito de tutela que la parte accionante alegó un defecto
procedimental absoluto, toda vez que señala que la autoridad judicial accionada
vulneró el derecho fundamental al debido proceso por indebida notificación del
proveído del 8 de noviembre de 2024, a través del cual se requirió a la parte actora,
del auto admisorio del 13 de enero de 2025, de la providencia del 30 de enero de
2025, mediante el cual se dispuso la vinculación de terceros y de la sentencia del
20 de marzo de 2025.

12. Indicó que, a pesar de haber solicitado expresamente que todas las actuaciones
fueran remitidas a su dirección física debido a que no sabe manejar computador,
las decisiones fueron notificadas únicamente por medios electrónicos, lo que le
impidió ejercer oportunamente su derecho de defensa e interponer los recursos
procedentes; asimismo, sostuvo que tampoco los terceros interesados fueron

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vinculados al trámite.

13. Con ocasión de lo anterior, requirió que se declare la nulidad de todo lo actuado,
pues, insiste en una indebida notificación personal de las aludidas providencias,
que le impidió ejercer su derecho a la defensa para presentar recursos y acceder
efectivamente a la administración de justicia.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en lo anterior, solicitó lo que in extenso se cita:

«(…)
1.- Que se ordene la cesación prevista y el restablecimiento de los derechos
vulnerados en razón a lo ya puesto en conocimiento, y ante el debido trámite que
se debe dar a la presente Tutela.

2.- Que se notifique el Auto Admisorio de la Tutela a todos y cada uno de los ya
relacionados en cada punto y que también figuran en el contenido anexo.

3.- Como no solamente se cuestiona en la presente Tutela lo actuado por el
Consejo de Estado, sino también a los demás relacionados, siendo así para que
se vinculen a todos y cada uno, para que a su vez se pronuncien a fondo de lo
relacionado en cada punto, para que una vez cumplido ello se puedan pronunciar
en derecho.

4.- Como también se relaciona la Denuncia con Derecho de Petición fechada Mayo
02 de 2026, no obstante de haberse remitido al Programa Presidencial
Anticorrupción, sino también se cuestiona a todos los relacionados en la Tutela,
sin que hasta la fecha se le haya dado el trámite correspondiente, más, por ser
como mayores pruebas que cuestiona todo lo actuado a Primera Instancia, con
mayor razón para que se le dé el trámite correspondiente.

5.- Retomando el punto anterior, y que debido a esa Tutela provino la Denuncia,
Nulidad, Recusación y Queja fechada Julio 02 de 2025 ante la Corte Constitucional
y demás correos electrónicos que figuran a primer folio con sus anexos, con mayor
razón para que se le dé el trámite que en derecho corresponde.

6.- Debo alertar, que debido a que el Consejero Ponente LUIS ANTONIO
RODRÍGUEZ MONTAÑO y demás Consejeros firmantes, propositivamente y de
ardid violaron la debida notificación personal, siendo así, para que también se
decrete la Nulidad y Revocatoria a Primera Instancia de la Tutela 11001-03-15-
000-2024-06463-00, teniendo en cuenta todo lo relacionado en la Tutela, y a su
vez tener muy en cuenta la Impugnación, Denuncia, Nulidad y Recusación fechada
Abril 01 de 2025, como también la Ampliación a esta Impugnación fechada Abril
05 de 2025 con sus respectivos anexos, toda vez, que por el concurso de
violaciones de dichos Consejeros no fue tenido en cuenta, causándome así,
mayores perjuicios irremediables.

7.- Retomando el punto anterior, tener muy en cuenta también el Recurso de
Insistencia, Súplica y Denuncia fechada Abril 28 de 2025 ante el Consejo de
Estado, y remitido también a los diferentes correos electrónicos, de igual forma
tener en cuenta el Recurso de Insistencia, Súplica y Denuncia fechado Abril 25 de
2025 ante el Consejo de Estado con sus anexos, por también haber sido ignorado
debido al concurso de violaciones y cuestionamientos penales.

8.- Como algo especial, que se tenga muy en cuenta todo el contenido de cada
punto en la parte de Hechos, que hace enlace con los anexos, más, ante ese
concurso de violaciones y cuestionamientos penales que no debería quedar en la
impunidad.
9.- Que se les decrete el impedimento a todos y cada uno de los Consejeros que
les correspondió el Desatamiento de la Tutela 11001-03-15-000-2024-06463-00,
en razón a lo ya puesto en conocimiento y ante la mala fe, dándole también

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traslado al competente para que les decreten la insubsistencia como funcionarios
junto con todos los que salgan responsables a lo relacionado en esta Tutela.

10.- Dado a la gravedad de los cuestionamientos, que se decrete una vigilancia
especial, dándole traslado al competente como si existiera lo establecido en el
artículo 277 de la Carta Magna.

11.- Como no solamente se enmarca un concurso de violaciones, sino también
cuestionamientos penales, que lo que ha bien no sea de su competencia que sin
tardanza se le dé traslado al competente como así lo establece la Ley.

12.- Como al suscrito me han defraudado de esa manera, que me asignen a un
profesional en derecho, ello no lo prohíbe la Ley, más, que el suscrito soy de la
tercera edad y con certificado de discapacidad, que de acuerdo a la Ley tengo
prioridad.

13.- Recalco nuevamente, que se decrete la Nulidad y Revocatoria de lo actuado
a Primera Instancia de la Tutela referenciada 11001-03-15-000-2024-06463-00,
más, ante ese concurso de violaciones y cuestionamientos penales, para que a su
vez se tenga en cuenta todo el contenido de esa Tutela, lo Peticionado y demás
Recursos ya relacionados, de no ser así me seguirán violando todos mis derechos,

14.- Ante esa falla en la prestación de servicio y concurso de violaciones, como
también cuestionamientos penales, que lo que ha bien no sea de su competencia,
que sin tardanza se le dé traslado al competente como así lo establece la Ley.

15.- Tener muy en cuenta todo el contenido de los anexos, más, ante ese concurso
de violaciones y cuestionamientos penales, el cual no debe quedar en la
impunidad.

16.- Como al suscrito no se manejar computador, no se deben aprovechar de esa
circunstancialidad, sino en verdad cualquier actuación me la remitan copia a mi
dirección aportada al pie de mi firma, como también remitirme copias de las
actuaciones de la parte accionada, por ende, copia de la resolución de Tutela que
se vaya a dar remitiéndomela directamente a mi dirección.
(…)» (Sic a toda la cita)

2.4. Trámite

15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 5 de junio de
2026 por medio del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Cuarta
y al entonces consejero Milton Chaves García como accionados. Asimismo, a la
Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Fiscalía General de la
Nación, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV),
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al
departamento de Arauca, al municipio de Arauca y a los señores Crisanto Pérez
Eslava, Lina María Garrido Marón, así como a la honorable magistrada Claudia
Rodríguez Velásquez, como terceros interesados en el resultado del proceso.

16. Luego, mediante proveído del 11 de junio de 2026 se ordenó vincular al presente
trámite a los señores Luis Guillermo Pérez Eslava, Jaime Leonel Pérez Eslava y
Rosario Pérez Eslava y al Tribunal Administrativo de Arauca y la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá como terceros interesados en el
resultado del proceso, quienes fungieron con la misma calidad, al interior del
proceso de tutela cuestionado, con radicado 11001-03-15-000-2024-06463-00 y a
todos los demás vinculados en el mismo.

2.5. Intervenciones

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17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado después de hacer un recuento de
las actuaciones surtidas al interior del aludido proceso de tutela solicitó que se
declare la improcedencia del mecanismo constitucional respecto de las decisiones
del 13 de enero, 30 de enero y la sentencia del 20 de marzo, todas del 2025, toda
vez que no se acredita el requisito de inmediatez.

18. Además, argumentó que en el presente asunto no se advierte la existencia de
una circunstancia especial, de particular gravedad, ni una situación de debilidad
manifiesta que le haya impedido acudir oportunamente al juez constitucional.

19. Finalmente, indicó que el asunto en cuestión tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional, en tanto no involucra una discusión que esté relacionada
con el contenido, alcance y disfrute de un derecho fundamental, pues, su
inconformidad recae en el rechazo de la impugnación por extemporánea, a lo que
ha agregado supuestas irregularidades con el auto admisorio de la tutela y el que
dispuso la vinculación de terceros, las cuales se han atendido oportunamente lo
que descarta la vulneración iusfundamental alegada.

20. El Ministerio de Justicia, la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Victimas, la Presidencia de la República, la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Dirección Seccional de
Fiscalías de Arauca pidieron ser desvinculados por falta de legitimación en la
causa por pasiva puesto que no vulneraron los derechos fundamentales invocados
en protección.

21. El señor Crisanto Pérez Eslava manifestó que no cuenta con vivienda propia,
reside en condición de pobreza extrema y que ha intentado acceder a créditos para
proyectos agropecuarios, los cuales le han sido negados debido a su edad, por lo
que requirió ser escuchado, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de
su familia y recuperar el patrimonio que ha perdido.

22. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. Es menester indicar que si bien el Ministerio de Justicia, la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas, la
Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca solicitaron que se declare
la falta de legitimación por pasiva, lo cierto es que la Sala no encuentra mérito
suficiente para acceder a dichas solicitudes, toda vez que analizado el material

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probatorio se tiene que fueron vinculadas al presente trámite porque actuaron en
calidad de partes en el proceso de tutela, razón por la que procede la Sala a negar
dicha solicitud, por cuanto les asiste interés legítimo.

3.2.2. De otra parte, es necesario que, aunque en el presente asunto la acción de
tutela se dirige contra las providencias proferidas al interior de una acción de tutela
incluso una sentencia de tutela, lo cierto es que se le dará la connotación de tutela
contra providencias judiciales, en la medida que lo que se alega en el presente
asunto es una indebida notificación.

24. En efecto, lo que se reprocha es un defecto procedimental absoluto, consistente
en la presunta indebida notificación, circunstancia que, según alega la parte actora
habría impedido el ejercicio efectivo del derecho de defensa y contradicción.

25. En ese contexto, para la Sala el presente asunto debe analizarse bajo las reglas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y no desde la
regla general de improcedencia de la tutela contra sentencias de tutela, teniendo
en cuenta que la sentencia de unificación SU-627 de 2015 distinguió expresamente
entre las acciones dirigidas contra la sentencia de tutela y aquellas encaminadas a
cuestionar actuaciones procesales diferentes al fallo.

26. Así, estableció que, cuando la vulneración alegada proviene de una actuación,
consistente en la omisión del deber de informar, notificar o vincular a quienes
pudieran resultar afectados por la decisión, la acción de tutela resulta procedente,
siempre que se satisfagan los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, incluso cuando el expediente de tutela no haya sido
seleccionado para revisión por la Corte Constitucional.

3.3. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al proferir las providencias
del 8 de noviembre de 2024, 13 de enero, 30 de enero y la sentencia del 20 de
marzo todas del 2025, incurrió en un defecto procedimental absoluto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

28. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

29. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los

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derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

30. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.5. Del requisito de inmediatez

31. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable, respecto
de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría
una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación2, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable3»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»4; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la
agencia de los derechos»5.

32. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable, pues
la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de derechos, por lo que se
requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

33. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto
de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la

2
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
3 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006,

T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
4 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-

1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
5 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-

1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.

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notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de
tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»6.

3.4. Caso concreto

34. De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar si
se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para discutir las providencias del 8 de
noviembre de 2024, 13 de enero, 30 de enero y la sentencia del 20 de marzo todas
del 2025.

35. De las piezas procesales que reposan en el expediente digital se observa lo
siguiente:

36. La Sección Cuarta del Consejo de Estado por medio de proveído 28 de
noviembre de 2024 resolvió requerir accionante para que precisara con claridad:
(i) las autoridades o entidades demandadas, (ii) los hechos, (iii) las pretensiones y
(iv) las razones que sustentaban la vulneración alegada.

37. Con posterioridad, el despacho judicial accionado a través de proveído del 13 de
enero de 2025 resolvió admitir la demanda de tutela.

38. A través del auto del 30 de enero de 2025 dispuso vincular a la representante
a la Cámara Lina María Garrido Martín y a los señores Crisanto Pérez Eslava, Luis
Guillermo Pérez Eslava, Jaime Leonel Pérez y Rosario Pérez Eslava, como
terceros interesados.

39. Asimismo, por auto del 27 de febrero de 2025 se ordenó la vinculación del
Tribunal Administrativo de Arauca, en la misma calidad.

40. Así las cosas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado por medio de la
sentencia del 20 de marzo de 2025, negó el amparo del derecho fundamental de
petición y declaró improcedentes las demás pretensiones, decisión que fue
notificada por correo electrónico suministrado por el actor en el acápite de
notificaciones, el 26 de marzo de 2025, razón por la que cobró ejecutoria el 3 de
abril de 2025, conforme con lo preceptuado en el artículo 302 del CGP, disposición
normativa que prevé:

«ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan
recursos.

No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia,
solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.

Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.»

41. En ese sentido, la Sala entiende que las decisiones cuestionadas en esta sede
no cumplen con el requisito de inmediatez por cuanto transcurrió más de un año
contado desde la fecha en que cobró ejecutoria la última providencia de las

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mencionadas, esto es, 3 de abril de 2025. Sin embargo, la acción de tutela la
presentó el 4 de junio de 2026, es decir, 1 año y 1 mes y 1 día después de que
adquirió ejecutoria.

42. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales
y consolida los efectos de la sentencia6.

43. Sin embargo, la parte accionante no expuso ningún argumento que justifique la
tardanza en la interposición del amparo, por lo que es importante reiterar que el
juez constitucional parte de la presunción que si se está ante una vulneración de
derechos fundamentales que requiere medidas urgentes, inaplazables e inmediatas
el titular del derecho afectado debe procurar su protección lo antes posible;
contrario sensu, la demora excesiva e injustificada para controvertir una decisión
judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad de la protección constitucional
que se puede obtener vía acción de tutela y, antes bien, revela una afectación al
principio de seguridad jurídica en caso de existir un derecho reconocido a una
contraparte procesal.

44. En ese orden de ideas, la Sala procederá a declarar improcedente la acción de
tutela porque no cumple el requisito de inmediatez, lo que la releva de analizar los
demás presupuestos generales de procedencia.

45. Ahora, aun si, en gracia de discusión, se estimara acreditado el requisito de
inmediatez, la Sala considera que el cargo relativo a la presunta irregularidad
derivada de una indebida notificación personal carece de vocación de prosperidad.

46. En efecto, para la Sala contrario a lo manifestado por el accionante, del material
probatorio se advierte que, en el acápite de notificaciones de la demanda de tutela,
este suministró expresamente una dirección de correo electrónico para recibir las
comunicaciones y notificaciones de las decisiones que se profirieran dentro del
trámite constitucional.

47. En esas condiciones, emerge con claridad que la autoridad judicial actuó
conforme a la información proporcionada por el propio interesado, de manera que
no puede predicarse la configuración de una irregularidad atribuible al despacho
judicial accionado ni la vulneración de su derecho al debido proceso por este
concepto.

48. Otras decisiones

49. Respecto de la pretensión de que se le dé trámite a la «denuncia con derecho
de petición» presentada el 2 de mayo de 2026, la Sala anticipa que dicho cargo no
tiene vocación de prosperidad, en la medida que la autoridad judicial accionada
mediante proveído del 20 de mayo de 2026 resolvió estarse a lo resuelto en el auto

6 Corte Constitucional, sentencia T-581 de 2012. Asimismo, pueden verse las sentencias T-491 de 2009 y T-

189 de 2009.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04291-00
Accionante: Jorge Antonio Pérez Eslava

del 11 de febrero de la presente anualidad.

50. En ese sentido, la autoridad judicial accionada ya se había pronunciado al
respecto. En consecuencia, no se evidencia una omisión atribuible al despacho
judicial ni una vulneración actual de los derechos fundamentales invocados que
justifique la intervención del juez constitucional, razón por la que la Sala procederá
a negar el amparo solo en cuanto a ese reparo.

51. En cuanto a la pretensión dirigida a que se decreten los impedimentos de los
consejeros que conocieron de la acción de tutela con radicado n.º 11001-03-15-
000-2024-06463-00 y, adicionalmente, se disponga el traslado a la autoridad
competente para que se declare su insubsistencia como funcionarios, la Sala
advierte que la misma resulta improcedente, dado que, la acción de tutela tiene por
finalidad la protección inmediata de derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un
particular en los eventos previstos por la Constitución y la ley.

52. En ese contexto, al juez constitucional no le corresponde decretar impedimentos
de los funcionarios judiciales que conocieron de otro proceso como lo pretende el
accionante a través del presente mecanismo constitucional, ni adoptar decisiones
relacionadas con su permanencia en el cargo o imponer consecuencias de
naturaleza disciplinaria o administrativa.

53. Así como tampoco está llamada a prosperar la pretensión encaminada a que se
decrete una «vigilancia especial» respecto de los hechos expuestos y se disponga
el traslado a la autoridad competente en los términos del artículo 277 de la
Constitución Política, al ser improcedente por las razones que se exponen a
continuación.

54. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela no constituye el mecanismo idóneo
para ordenar la adopción de medidas de vigilancia, inspección o control sobre las
actuaciones de los servidores públicos, ni para disponer la apertura de actuaciones
administrativas o disciplinarias, por lo tanto, la pretensión formulada resulta
improcedente por exceder las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere
al juez de tutela.

55. Ahora bien, en cuanto a la pretensión encaminada a que se le asigne un
profesional en derecho, la Sala considera que la misma también es improcedente.

56. En efecto, la acción de tutela es un mecanismo que no exige la representación
por abogado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, puede ser ejercida directamente por
cualquier persona que considere vulnerados o amenazados sus derechos
fundamentales, sin necesidad de apoderado judicial.

57. En ese orden, no corresponde al juez constitucional designar un profesional del
derecho para que represente al accionante dentro del trámite de tutela, toda vez
que dicha actuación excede las competencias atribuidas, esto, sin perjuicio de que
el interesado, si lo estima pertinente, pueda acudir ante la Defensoría del Pueblo,
las defensorías regionales o las personerías municipales y distritales a fin de que

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estas lo asesoren en la elaboración de la tutela o la presenten en su nombre, de
conformidad con los artículos 46 y siguientes del Decreto 2591 de 1991.

58. De conformidad con lo expuesto en el presente proveído se negará el amparo
solicitado respecto de la pretensión encaminada a que se imparta trámite a la
«denuncia con derecho de petición» presentada el 2 de mayo de 2026, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y se
declarará improcedente la acción de tutela respecto de las demás pretensiones, por
las razones expuestas en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por Ministerio de
Justicia, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Victimas, la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, de
conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Negar el amparo solicitado respecto de la pretensión encaminada a que
se imparta trámite a la «denuncia con derecho de petición» presentada el 2 de mayo
de 2026, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela respecto de las demás
pretensiones, por las razones expuestas en el presente proveído.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: De no ser impugnado remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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