Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06486-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06486-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06486-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06486-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
6 de febrero de 2025
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de controversias
contractuales. Ausencia de defecto fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada por el municipio de Itagüí en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el municipio de Itagüí, por intermedio de apoderado, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela
judicial efectiva; y como consecuencia de lo anterior, que se deje sin efectos la
sentencia del 28 de octubre de 2024, proferida por Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, dentro del proceso de controversias contractuales con
radicación 05001-23-33-000-2014-00800-01.y, en su lugar, que se ordene proferir
una nueva decisión en la que se acojan los planteamientos de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
De igual forma, solicitó como medida provisional que se suspenda provisionalmente
el cumplimiento de la referida sentencia, hasta tanto se decida de fondo la presente
acción, a fin de evitar la afectación del patrimonio público del municipio y, por
contera, conjurar un perjuicio irremediable, toda vez que una condena de
$15.124.807.748, adicional a las costas del proceso, impacta de manera negativa el
presupuesto del municipio de Itagüí, puesto que golpea significativamente los
proyectos de inversión, máxime si, como se dispone en el numeral quinto de la parte
resolutiva, las cantidades líquidas reconocidas devengarán intereses moratorios a
partir de su ejecutoria.
1.1.2. Los hechos
El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) El Departamento de Antioquia promovió demanda de controversias contractuales
en contra del municipio de Itagüí (Antioquia), con las siguientes pretensiones:
1. Que se declare el incumplimiento del objeto contractual pactado, de todas las
estipulaciones acordadas en las CLÁUSULAS CONTRACTUALES y la indebida utilización de
los recursos aportados por el DEPARTAMENTO, ejecutados fuera del plazo sin
autorización legal, en el Convenio Interadministrativo n°. 2011.SS.15-017, celebrado
entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, cuyo objeto era:
«Apoyar el proyecto radicado 2011050000199 COMPUTADORES UNO A UNO PARA
POTENCIAR EL MAYOR Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA CULTURA DE LOS ESTUDIANTES DE
BÁSICA PRIMARIA EN TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, el
cual busca incrementar la calidad educativa en las instituciones oficiales del municipio
de Itagüí».
2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene que el MUNICIPIO DE
ITAGÜÍ deberá reintegrar al Tesoro Departamental la suma de: CUATRO MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS ($4.500'000.000.00), correspondientes a los aportes realizados por
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con ocasión de la suscripción del Convenio
Interadministrativo n°. 2011.SS-15.017.
3. Todas las sumas liquidas que se determinen a cargo del demandando deberán ser
reajustadas o actualizadas conforme al incremento en el índice de precios al
consumidor, sin perjuicio de la causación especial de intereses corrientes y de mora
prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
4. Una vez hechas las anteriores declaraciones, ordenar LA LIQUIDACIÓN POR VÍA
JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO n°. 2011-SS-15-017, celebrado entre el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ […].
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
ii) Mediante sentencia del 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de
Antioquia concedió las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar el
incumplimiento contractual y la indebida utilización de los recursos aportados por el
departamento, ejecutados fuera del plazo y sin autorización legal, y en consecuencia,
condenar al municipio de Itagüí a pagar al departamento la suma de $9.152.708.470,
con ocasión de la suscripción del convenio interadministrativo.
iii) A través de sentencia del 28 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, modificó el fallo de primera instancia, incrementando la
condena por incumplimiento del contrato, en la suma de $15.124.807.748.
1.1.3. Los fundamentos jurídicos
En sentir del apoderado del accionante, el fallo de segunda instancia incurrió en los
siguientes vicios o defectos:
1.1.3.1. Defecto fáctico
i) El juzgador no valoró las pruebas de manera integral, pues dio un menor valor a las
aportadas por el municipio, sin justificación para ello. Ello, por cuanto: a) no valoró
adecuadamente el convenio objeto de debate, b) ni el proyecto radicado ante en
banco de programas y proyectos de la gobernación de Antioquia —que dio origen a
la suscripción del convenio y que hacía parte integral del mismo—, c) ni tampoco la
solicitud de modificación a la matriz del convenio y su correlativa aceptación por el
funcionario competente y debidamente delegado para contratar por parte del
departamento de Antioquia, como era el Secretario de Educación Departamental.
Conforme a lo probado dentro del proceso se tiene que a) el 7 de junio de 2011, el
municipio de Itagüí radicó ante la gobernación de Antioquia el proyecto
«computadores uno a uno, para potenciar el mayor y mejor aprovechamiento de la
cultura de los estudiantes de básica primaria en las instituciones educativas públicas
del municipio»; b) que el proyecto fue registrado el 29 de junio de 2011, con el código
n° 2011050000199, en el Banco de Proyectos de la Gobernación de Antioquia; y c)
que el 29 de junio de 2011 se celebró el convenio interadministrativo n°. 2011-SS-15-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
017 entre el departamento de Antioquia, Secretaría de Educación, y el municipio de
Itagüí, cuyo objeto fue: «apoyar el proyecto con radicado número 2011050000199
COMPUTADORES UNO A UNO, PARA POTENCIAR EL MAYOR Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA
CULTURA DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, el cual busca incrementar la calidad educativa en las
instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí».
El objeto del convenio celebrado entre el municipio de Itagüí y el departamento de
Antioquia no se encontraba limitado exclusivamente a la adquisición de equipos de
cómputo, sino que era más amplio e integral. De la redacción de su objeto se infiere
que la voluntad de las partes era apoyar el proyecto en su integridad, a tal punto que
en un momento determinado el Secretario de Educación del departamento de
Antioquia, en la comunicación del 26 de diciembre de 2011, oficio E 201100100247,
aceptó que parte de los recursos comprometidos por el departamento de Antioquia
fueran invertidos por el municipio en bienes asociados al proyecto, como era la
infraestructura para conectividad, que hacía parte del ítem o categoría de obra física
propio de la etapa de inversión del proyecto, algo que no hubiese sido posible si el
objeto se limitara únicamente a la adquisición de máquinas. Fue el mismo Secretario
de Educación para la Cultura del departamento de Antioquia quien consintió la
modificación en la matriz de inversión de los recursos en la suma de $2.497.432.192.
Además, en la descripción del presupuesto del proyecto se observa que este
contenía una serie de actividades dentro de las cuales la adquisición de las
máquinas o equipos PC portátiles era solo una de ellas. De hecho, de conformidad
con la cláusula quinta, numeral 9 del convenio, el municipio se comprometió a
«invertir los recursos objeto del convenio únicamente en la adquisición de los bienes
que hacen parte del proyecto», lo cual se cumplió a cabalidad ya que los recursos
aportados por el departamento siempre se aplicaron al objeto contractual.
Igualmente, en la ficha MGA del proyecto que el municipio presentó a Planeación
Departamental, en el ítem de obra física, se incluyó el tema de infraestructura para
conectividad, elemento indispensable para el correcto funcionamiento de los
computadores OLPC, aclarando que el contrato firmado por el municipio con UNE,
apoya el ítem de obra física del proyecto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
ii) Tampoco valoró adecuadamente la prueba testimonial obrante en el plenario en
particular, la de los testigos citados por el departamento de Antioquia, quienes
fungían como supervisores del convenio. En efecto, el testigo David Fernando
Aristizabal Serna al ser interrogado sobre la respuesta del departamento a la
modificación de la matriz de inversión del proyecto, señaló: «inicialmente la rechazó,
luego se le dijo que se podía, pero que debía devolver a la gobernación 2000
millones de pesos, antes de que finalizara el contrato en el 2011». Por su parte el
testigo Oscar Enrique Patiño Pérez, quien al ser interrogado sobre si desde la
perspectiva técnica, los recursos que dio el departamento fueron o no ejecutados,
con relación al objeto del contrato, contestó: «posiblemente, pero fuera de los plazos,
porque si bien en los informes que ustedes presentaron la ejecución del contrato fue
prácticamente de 10 meses, los pagos con los dineros de la gobernación se hicieron
prácticamente en octubre de 2011».
De las declaraciones rendidas por los testigos se infiere que la gobernación autorizó
modificar la matriz de inversión de los recursos en la suma de $2.497.432.192, que
fue lo que se propuso en su momento a la gobernación de Antioquia y fue aceptado
por el Secretario de Educación de dicha entidad, funcionario que firmó el convenio y
era el competente para aceptar la modificación. Adicionalmente el testigo Patiño
Pérez reconoció que posiblemente los recursos sí fueron ejecutados, pero por fuera
de los plazos, lo que indica que en ningún momento hubo destinación indebida de los
recursos, ya que fueron aplicados al objeto contractual cumpliendo con el efecto útil
de lo pactado por las partes.
El juez colegiado incurrió en un error protuberante al condenar al municipio de Itagüí
por la totalidad del valor del convenio suscrito, porque como mínimo el ítem de obra
física que incluía la infraestructura tecnológica por valor de $2.497.432.192 se
cumplió y contó con la aprobación y el aval del funcionario competente del
departamento de Antioquia, debidamente facultado para contratar y por ende para
aprobar la modificación a la matriz del convenio.
iii) En la cláusula cuarta del convenio interadministrativo n°. 2011-SS-15-017,
celebrado entre el departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí, se pactó como
forma de pago que: «El departamento entregaría al municipio el valor de su aporte en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
un solo desembolso una vez suscrita el acta de inicio», la cual se suscribió el 11 de
julio de 2011; y en la cláusula sexta, numeral 4, relativa a las obligaciones del
departamento, se estipuló que este debería «pagar al municipio el valor establecido
en la forma de pago»; sin embargo, después de múltiples requerimientos, el
departamento desembolsó los recursos para la ejecución del convenio solo hasta el
20 de octubre de 2011. Este intempestivo incumplimiento de la obligación generó
inconvenientes de tipo presupuestal y contractual al municipio de Itagüí para la
debida ejecución del objeto convenido.
El fallador de segunda instancia realizó una interpretación errónea de las pruebas
que obran en el proceso y dicha interpretación carece de razonabilidad, porque: i) si
el acta de inicio ya estaba firmada por las partes, ii) si el departamento contaba con
disponibilidad y registro presupuestal para cubrir sus obligaciones, y iii) si el
municipio ya había abierto la cuenta para la consignación de los recursos aportados
por el departamento, de lo cual le fue oportunamente informado; no se entiende
como el juzgador afirmó que no había lugar a aplicar la excepción de contrato no
cumplido, cuando el dinero a que se comprometió el departamento solo vino a ser
entregado el 20 de octubre de 2011, es decir, a de 3 meses de haberse suscrito el
acta de inicio, a 2 meses y 24 días de que fue informado de la cuenta para su
consignación, y de 2 meses y 11 días de finalizar el plazo del convenio. Dicha
situación fue advertida por los agentes del ministerio público, no solo ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, sino ante el mismo Consejo de Estado.
1.1.3.2. Defecto sustantivo
i) El juez colegiado interpretó y aplicó de manera errónea el artículo 1609 del Código
Civil en el que se establece que «en los contratos bilaterales ninguno de los
contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo
cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos», es
decir, que la norma es clara cuando señala que en los contratos bilaterales ninguno
de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no
lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
En el convenio pactado, el departamento de Antioquia se comprometió a entregar el
valor de su aporte en un solo desembolso, una vez se suscribiera el acta de inicio, lo
cual ocurrió el día 11 de julio de 2011. Igualmente, en el segundo punto de los
considerandos del acta de inicio se dejó sentado que el registro presupuestal fue
expedido el 29 de junio de 2011, que el contrato fue suscrito por las partes, y que el
29 de junio de 2011 se publicó en la gaceta departamental, por lo tanto, se
cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Es decir,
que ya la obligación adquirida con el departamento de Antioquia contaba con registro
presupuestal para su desembolso y se habían cumplidos los requisitos para la
ejecución del convenio.
Si bien es cierto, solo hasta el día 27 de julio de 2011 se informó la apertura de la
cuenta para que el departamento de Antioquia consignara su aporte, y este solo lo
consignó hasta el 20 de octubre de 2011, es decir, a más de tres 3 meses de suscrita
el acta de inicio y a 2 meses y 24 días de informar la cuenta para la consignación de
los mismos y a 2 meses y 11 días de finalizar el plazo del convenio. Así las cosas, no
podía alegar el departamento de Antioquia el incumplimiento del municipio cuando
quien primero incumplió fue el ente departamental. En otros términos, el municipio de
Itagüí no estaba en mora de cumplir lo pactado ya que el departamento no cumplió
con su obligación en la forma y tiempo debidos.
ii) El fallador indicó que «de acuerdo con el texto del convenio interadministrativo
2011-SS-15-017 de 2011 y la aplicación práctica que las partes le dieron, el
departamento de Antioquia no estaba obligado a entregar los fondos a su cargo el
día en que el acta de inicio fuera firmada; circunstancia que impide aplicar la
excepción de contrato no cumplido invocada por la parte demandada»; no obstante,
la aplicación práctica que las partes le dieron al convenio, como afirma la sala, en
ningún momento tiene la virtud de enervar lo pactado en el contrato, ya que conforme
a lo preceptuado en la norma «todo contrato legalmente celebrado es una ley para
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por
causas legales».
Si en gracia de discusión se aceptara la interpretación del fallador en el sentido de
que el departamento de Antioquia no estaba obligado a entregar su aporte el día en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
que el acta de inicio fue firmada, como mínimo y en una interpretación armónica de
las obligaciones contractuales adquiridas por las partes, el aporte debió ser
entregado el día en que el departamento de Antioquia fue informado de la apertura
de la cuenta por parte de municipio, es decir, el 27 de julio de 2011, algo que no
aconteció, porque el aporte del departamento fue hasta el 20 de octubre de 2011.
El departamento de Antioquia no cumplió con la obligación contenida en el contrato
relativa a la forma de pago, conforme a lo acordado por las partes o como mínimo
cuando el municipio informó la apertura de cuenta, sino que lo hizo mucho tiempo
después, generando traumatismos en la ejecución, ni tampoco se allanó a cumplirlo
el día en que fue informado de la apertura de la cuenta por parte del municipio de
Itagüí para la consignación del valor acordado.
1.2. Actuación procesal
Mediante auto del 6 de diciembre de 2024, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados del Consejo de
Estado Sección Tercera, Subsección C, como demandados, y al departamento de
Antioquia, como tercero interesado en las resultas del proceso, remitiéndoles copia
de la solicitud de tutela para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación
de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y
a rendir el respectivo informe. De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo
de Antioquia para que enviara copia digital del proceso de controversias
contractuales con radicado 05001-23-33-000-2014-00800-01; y no decretó las
medidas provisionales solicitadas por el accionante.
1.3. Contestación de la demanda
El Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C. El consejero Nicolás
Yepes Corrales, solicitó denegar el amparo invocado, en atención a lo siguiente:
i) La interpretación reiterada por el accionante toma, de forma aislada, algunos
elementos semánticos del clausulado en un sentido contrario al natural,
desconociendo la labor hermenéutica expuesta en el fallo, conforme al sentido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
natural de las palabras y en el que el clausulado puede producir efectos, así como el
texto integral del contrato y la aplicación práctica que las partes le dieron, de acuerdo
con las normas de interpretación contractual previstas en el ordenamiento jurídico.
ii) El municipio pretende suplir la inexistencia de la prueba de un acto modificatorio
del convenio, para abarcar las inversiones por este realizadas con fondos del
departamento, mediante la referencia aislada a lo dicho en los testimonios
practicados, que no son una prueba pertinente para acreditar la existencia de dicho
acto jurídico, ni dan cuenta de ello.
iii) Pero, ante todo, el accionante pasa por alto que en la sentencia increpada se
realizó un análisis de la excepción de contrato no cumplido, de acuerdo con la cual,
aun admitiendo el hipotético incumplimiento contractual del departamento de
Antioquia —en el que al accionante insiste—, no cabría su aplicación, porque en el
proceso se demostró que el incumplimiento del municipio demandado no habría sido
ocasionado por circunstancias atribuibles a dicho departamento.
iv) No se evidencia la configuración de un defecto fáctico, sino una mera
inconformidad con la hermenéutica contractual realizada por el juez del contrato, que
contraría sus intereses. Así, si incluso se admitiera lo argumentado por el accionante,
el sentido del fallo sería el mismo, con lo que se evidencia que la acción incoada
carece de relevancia constitucional.
1.4. Otras actuaciones
El 30 de enero de 2024, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, por considerar
encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, atribuido al hecho de que suscribió la sentencia del 26 de
febrero de 2018, proferida en primera instancia en el medio de control que dio lugar a
la instauración de la presente acción, situación que le impide conocer del asunto de
la referencia.
2. Consideraciones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma
corporación, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Sobre la manifestación de impedimento
En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del
Código de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de
1991, el cual prevé lo siguiente:
Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario, si
fuere el caso.
Así, para que sea posible que el juez constitucional se aparte del conocimiento de
determinado asunto debe producirse la manifestación por parte del propio funcionario
judicial, esto es, por la vía del impedimento, con fundamento en las causales
establecidas en el Código de Procedimiento Penal.
En el presente caso, el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
su impedimento para conocer del asunto de la referencia, al haber suscrito la
sentencia proferida en primera instancia en el medio de control que dio lugar a la
instauración de la presente acción y, por tanto, manifestó encontrarse inmerso en la
causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
que dispone:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
[…]
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere
participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera
permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de
afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. […]
En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto
que, una vez confrontada la causal invocada, con las razones expuestas por el
consejero, es dable colegir que, en efecto, el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez,
participó como magistrado —hasta antes de su posesión como consejero de
Estado— en el proceso que originó la decisión objeto de la litis, esto es, la sentencia
del 26 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
dentro del proceso de controversias contractuales con radicación 05001-23-33-000-
2014-00800-00, que dio lugar a la instauración de la presente acción.
La Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, pues es dable colegir que la
discusión que llegue a darse en la acción de tutela puede comprometer la decisión
del consejero, en tanto que su criterio no resultaría imparcial y objetivo, como lo
exige una recta administración de justicia. La jurisprudencia constitucional2 ha
especificado que el atributo de imparcialidad judicial debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones
en esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública».3
Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 28 de octubre de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del
proceso de controversias contractuales con radicación 05001-23-33-000-2014-
00800-01 (63027). En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva invocados por el accionante.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedencia del
amparo, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las
1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto
material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en
el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al
menos una de las anteriores causales o defectos.
2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela3
En el caso se cumple con el requisito de «relevancia constitucional», para cuestionar
el defecto fáctico invocado, pues en criterio de la apoderada del accionante, la litis
fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio, evento que de encontrarse
acreditado conduciría a considerar lesivos los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia,4 deprecados por el accionante.
No así ocurre con el defecto sustantivo alegado, pues aunque se cuestiona una
interpretación errónea el artículo 1609 del Código Civil en el que se establece que
«en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a
cumplirlo en la forma y tiempo debidos», lo cierto es que los argumentos con los
cuales se sustenta el defecto no demarcan una indebida interpretación y/o aplicación
de la norma sino que descansan en cuestiones probatorias respecto de la obligación
contenida en el contrato relativa a la forma de pago, esto es, a la fecha en que el
departamento de Antioquia debió entregar los recursos convenidos, evento que la
Sala procederá a analizar en el defecto fáctico invocado.
De igual forma, «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que lo que se
cuestiona es una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de controversias contractuales, y de los hechos
3 Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó
su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el
acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando
para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
narrados no se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión
y de unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA;
Además, también «satisface el requisito de inmediatez», toda vez que la providencia
objeto de censura data del 28 de octubre de 2024, y la presente acción de tutela fue
remitida al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 26
de noviembre siguiente, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta
corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra
providencia judicial.5
Asimismo, se encuentra que en el asunto «no se cuestiona una irregularidad
procesal», sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis
probatorio; que dentro del libelo «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y los
defectos que considera configurados; y que «no se cuestiona una sentencia de
tutela», sino la proferida dentro de un proceso de controversias contractuales.
2.6. Sobre la procedencia del amparo invocado
Se cuestiona la existencia de un «defecto fáctico»6 en su dimensión positiva, por
indebida valoración probatoria i) del Convenio Interadministrativo n°.2011-SS-15-017,
suscrito entre el departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí, y ii) del proyecto
radicado ante en Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Antioquia,
elementos probatorios en los que, en el entender del accionante, se advierte que el
5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de
2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
6 De conformidad con la jurisprudencia constitucional, véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632
de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de
2009, T-538 de 1994, T-576 de 1993, entre otras, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece
de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede
presentarse: Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende
las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez. Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha
debido admitir ni valorar.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
objeto del convenio no se encontraba limitado exclusivamente a la adquisición de
equipos de cómputo, sino que era más amplio e integral; y, en todo caso, iii) de la
solicitud de modificación a la matriz del convenio y de la correlativa aceptación por el
funcionario competente, lo cual aduce, también quedó probado con los testimonios
rendidos por los testigos citados por el departamento de Antioquia. Asimismo, se
alega una indebida valoración del clausulado del convenio Interadministrativo en
cuanto a la forma de pago convenida que, en sentir del municipio, fue incumplida por
el departamento de Antioquia, generando inconvenientes de tipo presupuestal y
contractual para la debida ejecución de lo convenido
Pues bien, una vez analizada la decisión objeto de censura, la Sala no advierte
configurado el defecto fáctico endilgado, según se pasa a explicar:
Se tiene que con respecto de la valoración del proyecto radicado ante el Banco de
Programas y Proyectos de la Gobernación de Antioquia, de la solicitud de
modificación a la matriz del convenio y de la solicitud de modificación a la matriz del
convenio y consecuente aceptación por el funcionario competente, el juez colegiado
realizó su análisis en el primer problema jurídico planteado, el cual delimitó en los
siguientes términos: determinar si el objeto del Convenio Interadministrativo 2011-
SS-15-017, suscrito entre el municipio de Itagüí y el departamento de Antioquia
comprende la infraestructura para conectividad y la compra de los primeros 10.000
computadores del proyecto, a efectos de encontrar si la inversión de los recursos
entregados por el departamento en la infraestructura y en el pago de esos
computadores no constituyó un acto de incumplimiento del municipio.
En tal sentido, trascribió el objeto del convenio interadministrativo, a saber: «apoyar
el proyecto con radicado número 2011050000199, computadores uno a uno para
potenciar el mayor y mejor aprovechamiento de la cultura de los estudiantes de
básica primaria en todas las instituciones educativas públicas del municipio»; y,
posteriormente, analizó la forma como se pactó la entrega de los recursos, esto es,
que el departamento entregaría $4.500.000.000, que contaban con el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal, mientras que el municipio entregaría
$5.544.850.000, cuyo certificado de disponibilidad presupuestal no se encontraba
especificado. De igual forma, encontró que con el negocio jurídico el municipio se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
obligó a invertir los recursos únicamente en la adquisición de los bienes que hacían
parte del proyecto, y que la propuesta presentada por el municipio hacía parte
integral del contrato.
Advirtió que en la propuesta presentada por el municipio: i) se describió el proyecto
Uno a Uno de la siguiente forma: «entrega de portátiles OLPC para cada uno de los
estudiantes de educación básica primaria de instituciones educativas oficiales del
municipio de Itagüí»; b) se presentaron las actividades previstas para el año 2011,
entre estas, la siguiente: «ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS: acorde a lo proyectado en el año
2010 llegan las primeras 1000 máquinas donadas por una empresa, el 3 de junio se
ha firmado el convenio de adquisición de 10.000 máquinas por un valor de
$4.970.000.000, […] financiados con recursos propios del municipio. Estos
computadores serán entregados en 90 días a partir de la firma del convenio. Las
otras 10.000 máquinas serán cofinanciadas por el departamento de Antioquia con
recursos no reembolsables que ha asignado la administración departamental, por un
valor de $4.500.000.000»; y que, c) en cuadro anexo a la propuesta, se presentaron
otros costos de implementación del proyecto, correspondientes a la adecuación de
aulas (mesas y sillas), y a la adquisición de servidores de conectividad, por valor de
$500.000.000 y $418.000.000, respectivamente, cuya financiación le correspondía
únicamente al municipio de Itagüí.
Posteriormente, evidenció que la Secretaría de Educación y Cultura de Itagüí
presentó una propuesta de modificación del gasto del convenio interadministrativo
2011-SS-15-2017, por valor de $2.494.432.192, para adecuar la infraestructura
tecnológica de las 39 sedes que albergaban los estudiantes beneficiarios del
proyecto, a fin de soportar la correcta operación de los 10.000 equipos Laptop
adquiridos previamente por el municipio; y que a través del oficio E 201100100247
del 26 de diciembre de 2011, la Secretaría de Educación de Antioquia encontró
viable la propuesta, bajo los condicionantes de que los recursos aportados no se
podían utilizar para terminar de pagar los 10.000 equipos adquiridos por el municipio,
dado que esta compra fue realizada antes de la firma del convenio con la
Gobernación, lo cual se convertiría en el pago de un acto cumplido, y que los
recursos no ejecutados debían reintegrarse antes del plazo de ejecución del
convenio, esto es, la suma de $2.002.567.808, antes del 28 de diciembre de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
A partir de dicho derrotero, concluyó que en el caso se constituyó el incumplimiento
contractual por parte del municipio de Itagüí, pues aunque el presupuesto del
proyecto contenía un ítem de obra física, con una actividad consistente en «contratar
la instalación y lograr conectividad inalámbrica probada de los equipos», la
financiación de tal actividad no estaba a cargo del departamento de Antioquia sino
del municipio de Itagüí, por lo que la destinación de los fondos departamentales para
la adecuación de la infraestructura tecnológica de las sedes que albergaban a los
estudiantes beneficiarios del proyecto constituía una modificación de la matriz de
inversión estipulada en el convenio. Además, que tampoco cabía destinar los fondos
entregados por el departamento para la compra de los primeros 10.000
computadores del proyecto, puesto que, según lo acordado, su financiación también
estaba a cargo del municipio.
En tal sentido, señaló que la destinación de los fondos entregados por el
departamento de Antioquia para el pago de los primeros 10.000 computadores del
proyecto y/o para la adecuación de la infraestructura tecnológica de las sedes
estudiantiles requería una modificación del convenio suscrito; y que con la
comunicación del 26 de diciembre de 2011 no se podía afirmar que se produjo una
modificación contractual, pues en ella el secretario de educación solo manifestó que
veía viable seguir apoyando el proyecto, sin que con tal manifestación se pudiera
entender obviada la necesaria suscripción del convenio modificatorio que había de
entenderse planteada por el municipio para destinar esos fondos a la adecuación de
la planta física de las instituciones educativas municipales o, en otras palabras, que
la manifestación de la viabilidad no equivalía a la formalización de propuesta al
margen de la debida convención modificatoria planteada.
Dado lo expuesto, la Sala encuentra que, contrario a lo señalado por el accionante, la
Subsección accionada estudió de manera amplia el convenio interadministrativo, el
proyecto radicado ante en Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de
Antioquia, y la solicitud de modificación de la matriz del contrato, encontrando, a
modo de contextualización, lo siguiente: i) que el 29 de junio de 2011, el municipio de
Itagüí y el departamento de Antioquia suscribieron el convenio interadministrativo n°.
2011-SS-15-017, para la compra de 10.000 equipos de cómputo; ii) que el valor del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
convenio se pactó por la suma de $10.443.850, aportados de la siguiente forma:
$5.544.850.000 por parte del municipio, y $4.500.000.000 por el departamento; iii)
que en el clausulado del convenio se convino que el departamento debía aportar los
recursos una vez suscrita el acta de inicio, la cual se suscribió el 11 de julio de 2011;
iv) que el departamento trasladó los recursos al municipio solo hasta el 20 de octubre
de 2011; v) que el 22 de noviembre de 2011, el municipio solicitó al departamento
modificar la matriz de inversión por valor de $2.497.432, al no necesitar los 10.000
equipos planteados en el proyecto, sino la adecuación de la infraestructura, a través
de la Empresa UNE, para poner en funcionamiento los 10.000 equipos de cómputo
que ya habían sido adquiridos por el municipio; vi) que el 26 de diciembre de 2011, el
departamento le manifestó al municipio que era viable aprobar la solicitud, con la
condición de reintegrar los recursos no ejecutados antes del plazo de ejecución del
convenio, esto es, la suma de $2.002.567.808, antes del 28 de diciembre de 2011; y
vii) que el municipio no reintegró los dineros, al señalar que: a) con dichos recursos
se pagó el 50% del valor que el municipio le adeudaba a la Asociación One Laptop
Per Child por el pago de los equipos adquiridos, y b) que cuando se firmó el convenio
nunca se supeditó su ejecución a la firma de un convenio posterior.
En ese entendido, concluyó que en el caso se constituyó el incumplimiento
contractual por parte del municipio de Itagüí, pues de acuerdo con lo pactado, los
fondos entregados por el departamento no eran para la compra de los primeros
10.000 computadores del proyecto, ya que su financiación estaba a cargo del
municipio, ni tampoco para la adecuación de la infraestructura tecnológica de las
sedes que albergaban a los estudiantes beneficiarios del proyecto, siendo tal
situación una modificación de la matriz de inversión estipulada en el negocio jurídico,
la cual, necesariamente, requería de la suscripción de un convenio modificatorio, lo
cual no ocurrió; de aquí que el cargo por falta de valoración de la prueba testimonial
tampoco prospere, pues, se itera, en el caso lo que se debió demostrar fue la
suscripción del convenio modificatorio y no la simple autorización del funcionario para
la modificar la matriz de inversión de los recursos.
Ahora bien, respecto de la valoración del Convenio Interadministrativo n°. 2011-SS-
15-017, suscrito entre el departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí, en torno
a la forma de pago convenida y del alegado incumplimiento por parte del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
departamento de Antioquia, se tiene que el juez colegiado analizó este ítem en el
segundo de los problemas jurídicos planteados, en cual esbozó de la siguiente
forma: determinar si el departamento de Antioquia incumplió el convenio
interadministrativo 2011-SS-15-2017, por no haber entregado los recursos a su cargo
a la firma del acta de iniciación, de modo que pudiera entenderse configurada la
excepción de contrato no cumplido propuesta por el municipio demandado.
Sobre el particular, encontró que en el convenio interadministrativo se acordó lo
siguiente: «el departamento entregará al municipio el valor de su aporte en un solo
desembolso, una vez suscrita el acta de inicio», lo que, según adujo, quería decir que
la suscripción del acta de inicio era una condición previa para el desembolso de los
recursos del departamento, no obstante, no tenía que efectuarse en esa misma
fecha; y que, distinto hubiera sido si, como lo afirmó el municipio en sustento de la
alzada, que se hubiera acordado que el aporte del departamento debía ser entregado
«a la suscripción del acta de inicio». Además, que para que el departamento de
Antioquia entregara los recursos del convenio no era necesaria únicamente la
suscripción del acta de inicio, que se produjo el 11 de julio de 2011, ya que debía
abrirse una cuenta bancaria en la que los fondos fueran manejados de forma
independiente, lo que ocurrió el 27 de julio de 2011, y comunicado al departamento
ese día, y asimismo, enviarse por parte del municipio una factura para su cobro, lo
cual tuvo lugar el 15 de julio de 2011.
En tales circunstancias, concluyó que en el caso objeto de estudio no prosperaba la
excepción de contrato no cumplido, ya que de acuerdo con el texto del convenio
interadministrativo y de la aplicación práctica que le dieron las partes, el
departamento de Antioquia no estaba obligado a entregar los fondos a su cargo el
día en el que el acta de inicio fuera firmada.
Y, en todo caso, que si se aceptara que el departamento de Antioquia incumplió el
convenio interadministrativo por no haber entregado los fondos a su cargo el día en
que suscribió el acta de inicio, tampoco habría lugar a aplicar la excepción de
contrato no cumplido, puesto que no se acreditó que ese incumplimiento —
hipotético— hubiera determinado el incumplimiento en el que, según se encontró
anteriormente, incurrió el municipio de Itagüí.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
Ello, por cuanto el municipio se había obligado a «coordinar con el departamento las
acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato», así
como a «concertar todas las actividades derivadas del contrato con el departamento»
y a «designar un coordinador que sirva de enlace con el departamento», y en tal
sentido, era necesario que, antes de que los fondos del convenio fueran invertidos
por el municipio, se hubiera llevado a cabo la labor de coordinación y concertación, la
cual comenzó a ejecutarse hasta el 26 de julio de 2011, cuando los representantes
del municipio y del departamento acordaron cuál era la documentación inicial y los
informes que el municipio debía entregar, y cuando fueron designadas las personas
de contacto de cada entidad, momento en el que también el municipio designó un
gerente del proyecto. Y que, tras ello, el 4 de agosto de 2011, en la reunión que el
departamento y el municipio llevaron a cabo, se acordó «pagar al municipio de Itagüí
la suma de $4.500.000.000 correspondientes al Acta de Pago n°. 01».
En sentido, refirió que, aunque los recursos del departamento fueron consignados en
la cuenta bancaria del convenio interadministrativo el 20 de octubre de 2011, para
esa fecha el municipio no contaba con un coordinador, y así se consignó en el Acta
del 27 de octubre de dicho año. Acta en la que también se señaló que el municipio no
entregó la información relacionada con la ejecución del convenio, ni soportes de su
ejecución, los cuales habían sido requeridos sin éxito, por lo que se acordó citar al
alcalde de Itagüí el 11 de noviembre de 2011, para que aclarara la situación actual
del proyecto y presentara los informes pendientes. Y que, posteriormente, cuando el
municipio ya había designado un nuevo coordinador del proyecto y se estaba
poniendo al día en la entrega de los informes y la documentación requerida, y
cuando el alcalde municipal había aclarado la situación del proyecto, hubo de
estudiarse la propuesta de modificación del convenio remitida por el municipio.
En esos términos, encontró que la tardanza en la ejecución del convenio
interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011 por parte del municipio de Itagüí se
originó por múltiples circunstancias diferentes a la hipotética tardanza en la entrega
de fondos a cargo del departamento de Antioquia; razón de más para desestimar la
aplicación de la excepción de contrato no cumplido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
Así, se tiene, de igual forma, que el juez colegiado también analizó la forma de pago
acordada en el convenio interadministrativo y, a partir de ello, estableció, que no
podía entenderse configurada la excepción de contrato no cumplido propuesta por el
municipio, puesto que, de acuerdo con el texto del convenio y de la aplicación
práctica que le dieron las partes, el departamento de Antioquia no estaba obligado a
entregar los fondos a su cargo el día en el que el acta de inicio fuera firmada.
Y, adicionalmente, se encargó de explicar el por qué tampoco habría lugar a aplicar
la excepción de contrato no cumplido, en caso de que se aceptara que el
departamento de Antioquia incumplió el convenio por no haber entregado los fondos
el día en que suscribió el acta de inicio. Ello, dando contestación y desvirtuando el
alegato presentado por el municipio de Itagüí, y que procedió a extender en esa sede
de amparo constitucional, en cuanto a que la ejecución del contrato no pudo terminar
en el mes de diciembre por circunstancias que no le eran imputables.
En tal sentido, se encuentra que las consideraciones presentadas por el juzgador,
para efectos de dar solución a la litis, no se advierten irracionales y/o caprichosas,
pues además de que dejó en evidencia todo el acervo probatorio encontrado en el
plenario, procedió a su efectivo análisis, en tanto estableció el valor de cada una de
las pruebas y explicó lo que de ellas pudo extraer, ámbito en el que el juez natural, a
partir de las reglas de la sana crítica, cuenta con mayor libertad de análisis para
alcanzar la verdad de los hechos que interesan al caso.
Y si bien, el apoderado del municipio accionante disiente del análisis probatorio
efectuado, mal haría este juez constitucional en imponerle al juez natural un
determinado criterio valorativo, ya que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia
constitucional, ello invadiría el ámbito de sus competencias.
Es de indicar que, en casos como el presente, en los que se invoca la existencia de
un defecto fáctico en su dimensión positiva, el juez de tutela está autorizado a
analizar, solamente, si la valoración que realizó el operador jurídico desconoció las
reglas de la sana crítica y/o persuasión racional, en las que, de acuerdo con la Corte
Constitucional «interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
juez»,7 puesto que, «unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado
pueda analizar la prueba (de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en
los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas»,8 lo cual no se advierte desconocido en el caso.
Y siendo así, lo que se extrae del asunto es que la parte actora está inconforme con
la lógica y estudio dado por el fallador y utiliza la acción de tutela para plantear un
análisis de la prueba que, en su juicio, es el que debe darse, lo cual está
completamente vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de
amparo no es una instancia adicional para requerir una nueva revisión de las
pruebas obrantes en el juicio ordinario.
De esta forma, no se encuentra que la subsección accionada haya incurrido en un
defecto fáctico que habilite la procedencia del amparo deprecado, por lo que lo
considera infundado.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos la Sala negará el amparo de tutela invocado por el
municipio accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto.
7 Sentencia C-622 de 1998.
8 Ibídem
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-00
Demandante: Municipio de Itagüí
Segundo. Negar el amparo invocado por el municipio de Itagüí, de acuerdo con lo
expuesto en este proveído.
Tercero. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
(con impedimento fundado)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
YASM
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.