Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00800-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2014-00800-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2014-00800-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de octubre de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación
05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
número:
Demandante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Demandado: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
Referencia: Controversias contractuales.
Tema 1: Cumplimiento del convenio interadministrativo. Tema 2: Excepción de contrato no
cumplido. Tema 3: Causación de las costas procesales. Subtema 3.1: Agencias en derecho.
Tema 4: Liquidación del convenio interadministrativo.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado
contra la sentencia estimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el
veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018).
SÍNTESIS
El departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí suscribieron un convenio
interadministrativo, en virtud del cual el departamento y el municipio aportarían fondos
para la compra de computadores con destino a los estudiantes de ese municipio. El
departamento entendía que los primeros computadores los pagaría el municipio, y los
siguientes 10.000 se pagarían con los aportes departamentales. Habiendo
redimensionado la necesidad, el municipio pidió al departamento que permitiera pagar
una parte de los primeros 10.000 equipos con cargo a los aportes departamentales y
que el saldo pudiera ser destinado a adecuaciones en los centros educativos. Las
posiciones del demandante y del demandado revelan desacuerdo sobre la aceptación
de esta petición. Vencido el plazo, el departamento solicitó la restitución de sus
aportes, al tanto que el municipio se negó a esto al considerar que los había invertido
según lo convenido. El departamento pretende que se declare el incumplimiento del
convenio por el municipio, y este se opone y además, propone la excepción de
contrato no cumplido, porque el departamento habría entregado tardíamente los
fondos a su cargo.
I. ANTECEDENTES:
1
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
1.1. El veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014)1, el departamento de
Antioquia2 presentó demanda3 —modificada posteriormente4 — contra el municipio de
Itagüí, en la que, en resumen, formuló las siguientes pretensiones: (i) “[q]ue se declare
el incumplimiento del objeto contractual pactado, de todas las estipulaciones
acordadas en las CLÁUSULAS CONTRACTUALES y la indebida utilización de los
recursos aportados por el Departamento, ejecutados fuera del plazo sin autorización
legal, en el Convenio Interadministrativo N° 2011-SS-15-017, celebrado entre el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”; (ii) que, como
consecuencia, el municipio de Itagüí le reintegre al tesoro departamental cuatro mil
quinientos millones de pesos ($4.500’000.000), “correspondientes a los aportes
realizados por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con ocasión de la suscripción
del Convenio Interadministrativo N° 2011-SS-15-017”; (iii) “[t]odas las sumas líquidas
que se determinan a cargo del demandado, deberán ser reajustadas o actualizadas
conforme al incremento en el índice de precios al consumidor, sin perjuicio de la
causación especial de intereses corrientes y de mora prevista [sic] en el artículo 192
de la Ley N° 1437 de 2011”; y (iv) “[u]na vez hechas las anteriores declaraciones,
ORDENAR LA LIQUIDACIÓN POR VÍA JUDICIAL DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO N°2011-SS-15-017”.
A modo de fundamento de sus pretensiones, el departamento adujo, en síntesis, que:
1.1.1. De acuerdo con el proyecto núm. 2011050000199, inscrito en el banco
de proyectos el 29 de junio de 2011, el departamento de Antioquia,
representado por el secretario de educación, y el municipio de Itagüí
suscribieron el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017, en virtud del cual
aquel le entregó a este cuatro mil quinientos millones de pesos
($4.500.000.000).
1.1.2. El alcalde del municipio de Itagüí fue suspendido y destituido por la
contraloría municipal, lo cual dilató la ejecución del convenio interadministrativo
2011-SS-15-017.
1.1.3. El municipio de Itagüí solicitó modificar la matriz de inversión y ejecución
del convenio, por “no necesitar los equipos inicialmente planteados en el
proyecto (20.000 en total), pero sí la adecuación de la infraestructura a través
de la empresa UNE, para poner en funcionamiento los equipos de cómputo que
ya habían sido adquiridos por ellos (10.000)”.
1.1.4. “A pesar de que inicialmente mediante comunicación del 5 de diciembre
de 2011, la Secretaría de Educación del DEPARTAMENTO, no acoge la
solicitud de modificación del gasto presentada por el MUNICIPIO DE ITAGÜÍ,
1 Folio 1, cuaderno 1.
2 De acuerdo con el poder conferido por la secretaria general del departamento de Antioquia (f. 7 y 9, c. 1), a quien
el gobernador del departamento le delegó, mediante el decreto 540 de 20 de febrero de 2022 (f. 8, c. 1), la
representación judicial del ente territorial
3 Folios 1 a 6, cuaderno 1.
4 La modificación con la solicitud de pruebas adicionales, que obra a folio 73 del cuaderno 1, fue admitida a través
de auto de 3 de marzo de 2013, visible a folio 222 del cuaderno 1.
2
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
el 26 de diciembre de 2011 envía oficio al Alcalde (E) del MUNICIPIO DE
ITAGÜÍ, con copia a la Contraloría Departamental, anunciándole que aprueba
la solicitud de modificación por la suma de $2.497.432.192, utilizada en el
suministro de la infraestructura de la empresa UNE requerida para el
funcionamiento de los equipos ya adquiridos, pero con la condición de
reintegrar la suma de $2.002.567.808, correspondiente a los recursos no
ejecutados y aportados por el DEPARTAMENTO, antes del 28 de diciembre de
2011. Reintegro que hasta la fecha no se ha realizado”.
1.1.5. De acuerdo con el informe de ejecución del convenio interadministrativo
2011-SS-15-017, presentado por el municipio de Itagüí el 25 de abril de 2012,
este ejecutó las actividades estipuladas durante dicho año, pese a que el plazo
de ejecución había finalizado el 31 de diciembre de 2011; razón por la cual el
departamento estaría asumiendo “hechos cumplidos”, si aceptara su pago con
cargo a los recursos del convenio.
1.1.6. No fue posible liquidar bilateralmente el convenio interadministrativo
2011-SS-15-017. Por lo tanto, como la liquidación unilateral es una “cláusula o
estipulación excepcional prohibida en este tipo de contratos, conforme al
parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, […] es menester acudir al juez
del caso, pretendiendo con dicha acción, la liquidación judicial del contrato”.
1.2. El municipio de Itagüí contestó la demanda, con escrito5 en el que se opuso a
la prosperidad de las pretensiones. En su defensa, adujo que el departamento no
entregó los fondos del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017, “en un solo
desembolso una vez suscrita el acta de inicio”, conforme a lo estipulado en la cláusula
4ª, por lo que aduce incumplimiento de parte de aquel, anterior al que se plantea en
su demanda. Refirió que, estando en ejecución el convenio, el alcalde municipal fue
suspendido, y que la secretaria de educación encargada solicitó la modificación del
convenio, para que los recursos del departamento fueran utilizados en la adecuación
de la infraestructura tecnológica de las sedes estudiantiles; modificación que afirma,
fue aprobada por el secretario departamental de educación. Agregó que, al aplicar los
aportes departamentales según su solicitud, lo hizo con destino al pago de algunos
computadores que recibió a satisfacción el 14 de diciembre de 2011, cuando el
convenio estaba aún vigente, pues su plazo de ejecución se cumplió el 20 de
diciembre de 2011. En razón a ello, esgrimió que el municipio no incumplió el convenio
referido ni incurrió en una destinación indebida de recursos. Finalmente, propuso las
excepciones de “cumplimiento del objeto contractual”, “buena fe” y “de contrato no
cumplido”.
1.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de veintiséis (26) de
febrero de dos mil dieciocho (2018)6, en la que resolvió:
5 Folios 94 a 106, cuaderno 1.
6 Folios 289 a 303, cuaderno principal.
3
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
«PRIMERO: Se DECLARA el incumplimiento contractual y la indebida utilización de
los recursos aportados por el Departamento, ejecutados fuera del plazo y sin
autorización legal, en el Convenio Interadministrativo N° 2011-SS-15-017, celebrado
entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Itagüí, cuyo objeto era “Apoyar
el proyecto radicado 20110000199 Computadores Uno a Uno para potenciar el mayor
y mejor aprovechamiento de la cultura de los estudiantes de básica primaria en todas
las instituciones educativas públicas del Municipio, el cual busca incrementar la calidad
educativa en las instituciones oficiales del Municipio de Itagüí”, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Se ORDENA AL Municipio de Itagüí PAGAR al Departamento, por el
incumplimiento la suma de $9.152.708.470 (nueve mil millones ciento cincuenta y dos
[sic] setecientos ocho mil cuatrocientos setenta pesos), que resulta de sumar el valor
actualizado más los intereses moratorios ($5.509.468.321+$3.643.240) sobre los
aportes actualizados realizados por el Departamento de Antioquia, con ocasión a [sic]
la suscripción del Convenio Interadministrativo N° 2011-SS-15.17.
TERCERO: Se ORDENA la liquidación judicial del el [sic] Convenio Interadministrativo
N° 2011-SS-15-17, declarando que el Municipio de Itagüí adeuda al Departamento de
Antioquia la suma señalada en el inciso anterior.
CUARTO: Se condena en costas y agencias en derecho en primera instancia al
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, conforme a los artículos 188 del CPACA, 3665 y 366 del CGP.
Por Secretaría de este Tribunal, procédase a su liquidación.
QUINTO: Conforme lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, las cantidades líquidas
reconocidas en esta sentencia devengarán intereses moratorios a partir de su
ejecutoria. […]»7.
Como razón para decidir, el tribunal tomó en consideración, en resumen, que:
1.3.1. De acuerdo con el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017, el
proyecto presentado por el municipio de Itagüí, que se integró a este negocio
jurídico en su cláusula 18ª, el departamento le entregaría al municipio unos
recursos para la compra de 20.000 computadores, de los cuales los primeros
10.000 serían pagados con recursos del municipio, en cumplimiento de un
contrato que este había suscrito anteriormente con One laptop per child,
mientras los segundos 10.000 computadores serían pagados con los fondos
aportados por el departamento, que serían adquiridos a través de un convenio
suscrito con Une Telecomunicaciones. Sin embargo, el municipio utilizó los
fondos entregados por el departamento para pagar la mitad de los primeros
10.000 computadores, con lo cual incumplió el convenio interadministrativo
2011-SS-15-017.
1.3.2. Según la cláusula 5.9 del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017,
el municipio debía invertir los recursos entregados por el departamento de
acuerdo con el proyecto por aquel presentado. Por lo tanto, al utilizar esos
fondos en el pago de los 10.000 primeros computadores, así como en redes,
servidores “y otros”, el municipio utilizó indebidamente los recursos del
7 Mayúsculas propias del texto transcrito.
4
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
convenio, con lo cual lo incumplió, irrogándole así un daño antijurídico al
departamento.
1.3.3. Que la liquidación judicial del convenio, que procede conforme al artículo
141 del CPACA, arroja un saldo de cuatro mil quinientos millones de pesos
($4.500’000.000) a favor del departamento, los cuales generan unos intereses
moratorios del 12% anual, conforme a la Ley 80 de 1993, desde el momento en
el que fueron entregados, para un total de tres mil seiscientos cuarenta y tres
millones doscientos cuarenta mil ciento cuarenta y nueve pesos
($3.643’240.149) de intereses moratorios.
1.4. El municipio de Itagüí interpuso recurso de apelación8 contra la sentencia de
primer grado, cuya revocación íntegra solicitó. En subsidio de esto, pretende que se
declare que el convenio fue incumplido únicamente por el monto de dos mil dos
millones quinientos sesenta y siete mil ochocientos ocho pesos ($2.002’567.808),
cuyo reintegro solicitó el departamento. Como fundamento de la alzada, el municipio
planteó, en resumen, los siguientes motivos de inconformidad:
1.4.1. Que no incumplió el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017,
puesto que su objeto consistía en “apoyar el proyecto con radicado número
2011050000199”, el cual venía ejecutándose antes de que el convenio fuera
suscrito y comprendía actividades adicionales a la compra de computadores,
que el departamento tenía la voluntad de apoyar íntegramente. Aparte, con el
oficio E 201100100247 de 26 de diciembre de 2011, suscrito por un funcionario
a quien se le había delegado la facultad de celebrar y modificar el convenio, el
departamento aceptó que los recursos que había aportado fueran utilizados en
“bienes asociados al proyecto, como era la infraestructura para conectividad
que hacía parte del ítem o categoría de obra física propio de la etapa de
inversión del proyecto”, aceptando así un cambio de la matriz de inversión. Los
fondos entregados por el departamento fueron así empleados en “bienes que
hacen parte del proyecto”, conforme a lo estipulado en la cláusula 5.9. Por ende,
los recursos del convenio no fueron empleados indebidamente ni este fue
incumplido por el municipio de Itagüí.
1.4.2. Que, si bien se había hablado de la necesidad de adquirir 20.000
computadores, con base en una proyección de matriculación de 19.000
estudiantes, se matricularon únicamente 13.478. Aparte, “se concluyó
técnicamente que estos equipos no son funcionales para niños de grado quinto
de primaria por lo que estos quedarían fuera de la población objetivo o
beneficiaria, reduciendo la población beneficiaria a 10.609 estudiantes”. De
esta forma, “teniendo en cuenta que los equipos adquiridos por el Municipio a
ONE LAPTOP PER CHILD ASSOCIATION INC fueron 10.000, que las
donaciones realizadas por la fundación GIVE TO COLOMBIA y la Constructora
Ciudadela del Valle suman 1.157 para un total de 11.157 y que la población
beneficiaria era de aproximadamente 10.609 estudiantes, no se justificaba
8 Folios 306 a 314, cuaderno principal.
5
Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
adquirir la totalidad de equipos indicados en el proyecto ante la Gobernación
de Antioquia”. En razón a ello, el municipio le propuso al departamento cancelar
el 50% que se adeudaba de los computadores comprados con los fondos del
convenio, lo cual no fue aceptado por el secretario de educación departamental,
al considerar que se trataba de un “acto cumplido”, ya que el contrato de
suministro había sido suscrito antes del convenio. Pero, el municipio consideró
que no se trataba de un “acto cumplido”, porque el contrato suscrito con One
laptop per child, para la compra de aquellos 10.000 primeros computadores,
estaba entonces vigente y la entrega de recursos del departamento no se sujetó
a la condición de que fueran empleados en la compra de computadores con un
contrato suscrito posteriormente.
1.4.3. Que, en todo caso, el departamento de Antioquia habría incumplido el
convenio previamente, con lo cual se configuró la excepción de contrato no
cumplido, pues desembolsó los fondos a su cargo inoportunamente, el 20 de
octubre de 2011, después de múltiples requerimientos, pese a que el acta de
inicio había sido firmada el 11 de julio de 2011 y, de acuerdo con las cláusulas
4 y 6.4, el aporte del departamento debía ser entregado “a la suscripción del
acta de inicio”. Agregó que “la demora en el desembolso de los recursos a cargo
del Departamento generó incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto
convenido, motivo por el cual, ante un eventual incumplimiento del
Departamento de Antioquia, el Municipio decidió ser prudente antes de
embarcarse en un compromiso de adquirir 10.000 máquinas más, sin tener la
certeza sobre el cumplimiento de la obligación de desembolso a cargo de la
entidad contratante”.
1.3.4. Que no debió ser condenada en costas, puesto que, de acuerdo con el
artículo 365.8 del Código General del Proceso, “solo habrá lugar a condenar en
costas cuando, en el expediente, aparezcan causadas y, siempre y cuando,
estén probadas, es decir, se reconoce como requisito específico para que haya
lugar a la condena en costas que efectivamente se hayan causado y que la
parte interesada haya aportado los medios de prueba idóneos que acrediten tal
hecho”, como lo había considerado el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
línea con la sentencia C-157 de 2013 de la Corte Constitucional.
1.5. Después de que la audiencia de conciliación preceptiva fuera evacuada, sin que
se alcanzara un acuerdo9, el recurso de apelación fue concedido10 y admitido11; y se
corrió traslado12 a las partes y al Ministerio Público, para que alegaran y conceptuara
en esta instancia. El municipio demandado se “ratificó” en sus cargos13, mientras el
Ministerio Público refirió14 que el departamento había incumplido lo estipulado, pues
no entregó oportunamente los fondos que le correspondía, mientras el municipio sí lo
9 Folios 320 a 346, cuaderno principal.
10 Folio 346, cuaderno principal.
11 Auto de 19 de febrero de 2019. Folio 352, cuaderno principal.
12 Auto de 8 de julio de 2019. Folio 3655, cuaderno principal.
13 Folios 358 y 359, cuaderno principal.
14 Folios 360 a 376, cuaderno principal.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
cumplió, al invertir dichos fondos en la adquisición de bienes que hacían parte del
convenio. Agregó que el municipio no pudo ejecutar en convenio oportunamente por
motivos de fuerza mayor, entre los que se encontraba la entrega tardía de los recursos
de departamento. El departamento demandante guardó silencio15.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Valida de la competencia que le asiste para conocer del recurso de apelación
interpuesto por el municipio demandado, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 15016 y 152.517 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (“CPACA”)18, y en consideración al ejercicio oportuno que
de la acción de controversias contractuales realizó la sociedad actora, conforme a lo
dispuesto en el ordinal v) del literal j) del artículo 164.2. del CPACA19-20, la Sala
procede a dar respuesta al siguiente problema jurídico, que surge en virtud de los
dos primeros cargos de la alzada formulados por la parte demandante21, de acuerdo
con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso:
¿El objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017, suscrito entre el
departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí, comprendía la
infraestructura para conectividad y la compra de los primeros diez mil (10.000)
computadores del proyecto que con este negocio jurídico era apoyado, por lo
cual la inversión de los recursos entregados por el departamento en dicha
infraestructura y en el pago de esos computadores no constituyó un acto de
incumplimiento del municipio?
Como supuesto de la respuesta que demanda este problema, la sala encuentra
probado en el expediente, que:
15 Folio 377, cuaderno principal.
16 CPACA. Artículo 150. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. […]”.
17 CPACA. Artículo 152 “Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […]
5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus
distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por
cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”.
18 La demanda fue presentada en el 2014, año en el cual el salario mínimo mensual ascendía a seiscientos dieciséis
mil pesos ($616.000), según el Decreto 3068 de 2013. Por lo tanto, la cuantía estimada en la demanda, de cuatro
mil quinientos millones de pesos ($4.500.000), (f. 6, c. 1), supera los 500 salarios mínimos mensuales que, para la
fecha de presentación de la demanda, equivalían a trescientos ocho millones de pesos ($308.000.0000).
19 CPACA. “Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En
los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] j) En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento. […] En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará
así: […] v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento
del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a
la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga; […]”.
20 En el sub examine, está acreditado que en el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 (f. 24 y 25, c.1) se
estipuló que su plazo de ejecución se cumplía el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil once (2011) y, de
acuerdo con su cláusula 9ª, sería liquidado bilateralmente dentro de un plazo de cuatro (4) meses; y “[s]i EL
MUNICIPIO no se presenta a la liquidación, ésta será practicada unilateralmente por EL DEPARTAMENTO y se
adoptará por resolución motivada”. Por lo tanto, el medio de control de controversias contractuales fue incoado
oportunamente el veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) (f. 1, c. 1).
21 Aptado. 1.4.1 y 1.4.2.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
2.1.1. El objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 29 de junio de
201122, consistía en “apoyar el proyecto con radicado número 2011050000199
Computadores Uno a Uno para potenciar el [sic] Mayor y mejor aprovechamiento de
la cultura de los estudiantes de básica primaria en todas las instituciones educativas
públicas del municipio, el cual busca incrementar la calidad educativa en las
instituciones educativas del municipio de Itagüí”. Para ello, el departamento entregaría
cuatro mil quinientos millones de pesos ($4.500’000.000), que contaban con el
certificado de disponibilidad presupuestal referido en el convenio, mientras el
municipio entregaría cinco mil quinientos cuarenta y cuatro millones ochocientos
cincuenta mil pesos ($5.544’850.000), cuyo certificado de disponibilidad presupuestal
no fue especificado. Aparte, con este negocio jurídico, el municipio se obligó a “invertir
los recursos objeto del convenio únicamente en la adquisición de los bienes que hacen
parte del proyecto mencionado”. Adicionalmente, se pactó que “[h]ace parte integral
del presente contrato la propuesta presentada por EL MUNICIPIO”23.
En la referida propuesta24, suscrita por el secretario de educación y cultura de Itagüí
―allegada al expediente con la reforma a la demanda25, sin que fuera tachada de
falsa por el municipio― se describía el “Proyecto un Computador para cada Niño ‘Uno
a Uno’” de la siguiente manera:
“Entrega de portátiles OLPC para cada uno de los estudiantes de educación básica
primaria de instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí”.
Las actividades previstas para el año 2011 con este proyecto eran las siguientes:
“ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS: Acorde a lo proyectado en el año 2010 llegan las
primeras 1000 máquinas donadas por una empresa, el 3 de junio se ha firmado el
convenio de adquisición de 10.000 máquinas XO por un valor de $4.970.000.000
(cuatro mil millones de pesos) [sic] en razón al costo de entonces y a la TRM del
momento, financiados con recursos propios del Municipio. Estos computadores
serán entregados en 90 días a partir de la firma del convenio.
Las otras 10.000 máquinas serán cofinanciadas por el Departamento de Antioquia con
recursos no reembolsables que ha asignado la Administración Departamental, por un
valor de $4.500.000.000 (cuatro mil quinientos millones de pesos). [Subrayas fuera del
texto].
ADECUACIONES PEDAGÓGICAS Y FORMACIÓN: Nos propusimos para el año 2011
formar el 100% de los docentes de básica primaria y está en marcha los procesos y
atención de: […]. Este componente del proyecto tiene un valor de $150.000.000 que
son financiados por la administración municipal con recursos propios.
MESA DE AYUDA Y OPERACIÓN LOGÍSTICA: Para el segundo semestre del año se
proyecta tener todo el proceso de operación logística que se compone de transporte
de las máquinas, marcación, instalación de software, señalización, nacionalización
entrega a cada alumno y así mismo en el segundo semestre del año iniciar el montaje
22 Folios 24 y 25, cuaderno 1.
23 Subrayado añadido.
24 Folios 80 y 81, cuaderno 1.
25 Folio 73, numeral 37, cuaderno 1.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
de la Mesa de Ayuda del proyecto, un CRM y un BPO como soporte tecnológico para
el proyecto.
Este componente del proyecto tiene un valor de $550.000.00 que son financiados por
la administración municipal con recursos propios”.
Aparte, un cuadro anexo a la propuesta con los “costos de implementación” del
“Proyecto Uno a Uno”26 refería otros elementos del proyecto, correspondientes a la
adecuación de aulas (mesas y sillas) y a la adquisición de servidores de conectividad,
con unos costos de quinientos millones de pesos ($500.000.000) y cuatrocientos
dieciocho millones de pesos ($418.000.000), respectivamente, cuya financiación le
correspondía únicamente al municipio de Itagüí.
2.1.2. Pues bien, de acuerdo con una interpretación armónica27 del texto del convenio
interadministrativo 2011-SS-15-017 de 29 de junio de 2011, al que se integra la
propuesta presentada por el municipio, el apoyo al Proyecto Uno a Uno que brindaba
el departamento de Antioquia, es decir, la acción de favorecer, patrocinar y ayudar28
a la implementación de las actividades planteadas por el municipio de Itagüí, se
concretaba a la entrega de cuatro mil quinientos millones de pesos ($4.500.000.000)
para la compra de diez mil (10.000) computadores adicionales a los que ya había
adquirido el municipio, los cuales serían entregados a cada uno de los estudiantes de
educación básica primaria de instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí.
Esos eran, pues, los bienes en cuya adquisición debían invertirse, únicamente, los
fondos del convenio, conforme a lo pactado. Las demás actividades del proyecto eran
financiadas por el municipio de Itagüí, por lo que cualquier cambio de ese esquema
de financiación del proyecto constituía una modificación del negocio jurídico
celebrado.
2.1.3.1. Posteriormente, la secretaria de educación y cultura (E) de Itagüí formuló una
“propuesta de modificación del gasto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-
2017” (sin fecha)29, que, de acuerdo con lo consignado en acta del 22 de noviembre
201130, se comprometió a revisar la secretaría departamental competente el 23 de
noviembre siguiente. De esa forma, tras exponer el estado de ejecución del convenio,
el municipio realizó la siguiente solicitud:
“De acuerdo con lo expuesto en este documento solicitamos [que] se modifique la
inversión del proyecto inicialmente pactada. La cual solo hace referencia a la compra
de equipos de cómputo.
Teniendo en cuenta que el Municipio no requiere más de las máquinas adquiridas
dentro del contrato relacionado y las donadas; las cuales suman ONCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (11.257) equipos XO, dado la población
beneficiaria.
26 Folio 82, cuaderno 1.
27 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1620. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a
aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. […] Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se
interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. […]”.
28 RAE. Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, 2023.
29 Folios 39 a 41, cuaderno 1.
30 Folios 42 y 43, cuaderno 1.
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Demandante: Departamento de Antioquia
En este orden de ideas, el Municipio de Itagüí, cancelará el valor adeudado por la
segunda cuota del contrato N° 34 de 2011, por un valor de USD 1.085.000.oo dólares,
para el recibo de los equipos ya adquiridos con la fuente de financiación del convenio.
Adicionalmente, para el funcionamiento del proyecto, se requiere adecuar la
infraestructura tecnológica de las 39 sedes que albergan los estudiantes beneficiarios;
[…].
Solicitamos, modificar en la matriz de inversión dichos costos con cargo al presupuesto
de cofinanciación del Departamento de Antioquia. Estos costos serían de
$2.497.432.192; teniendo en cuenta los mismos, anexamos cotización allegada por la
empresa estatal UNE-EPM telecomunicaciones; quien dentro de su objeto, nos puede
suministrar los bienes requeridos”.
2.1.3.2. El secretario de educación de Antioquia respondió a esta solicitud mediante
oficio de 26 de diciembre de 201131, con radicación E 201100100247, del siguiente
tenor:
«Inicialmente este despacho descartó dicha propuesta por no considerarla viable, sin
embargo luego de analizarla con mayor detenimiento, realizar consulta interna y recibir
por parte de ustedes el contrato con UNE ya firmado (durante el tiempo de ejecución
del convenio) lo que demuestra que el dinero se invertirá efectivamente en dichos
bienes, además de diferentes conversaciones con el equipo por usted designado para
atender el proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones:
• La actual administración del municipio posee un real interés en sacar adelante el
proyecto que beneficiará a la población objeto de este.
• El convenio deja claro dentro de las obligaciones del municipio en su cláusula
quinta, numeral 9 que “… Además cumplirá las siguientes obligaciones…”
“…invertir los recursos objeto del convenio únicamente en la adquisición de los
bienes que hacen parte del proyecto …”.
• En la ficha MGA del proyecto que el municipio presentó a planeación
departamental en el ítem de obra física se incluyó el tema de infraestructura para
conectividad, elemento indispensable para el correcto funcionamiento de los
computadores OLPC.
• El contrato firmado por el municipio con UNE, apoya el ítem de obra física del
proyecto.
• El municipio celebró contrato de suministro con la firma ONE LAPTOP PER CHILD
ASSOCIATION, para la compra de 10.000 computadores el día 2 de junio de 2011
por valor de USD 2.170.000, es decir, con anterioridad a la suscripción del convenio
interadministrativo con el Departamento, el cual fue el 29 de julio de 2011.
Por todo lo anterior, la Gobernación de Antioquia ve viable seguir apoyando el
convenio del asunto con la suma de dos mil cuatrocientos noventa y siete millones
cuatrocientos treinta y dos mil ciento noventa y dos pesos ($2.494.432.192)
correspondientes al suministro de redes, servidores y otros determinado en el contrato
de UNE necesarios para soportar la correcta operación de 10.000 equipos XO Laptop
adquiridos previamente por el municipio, y con el fin de que estos puedan ser
correctamente utilizados por beneficiarios del proyecto para lograr el propósito de este.
La Gobernación se ratifica en que los recursos aportados no se pueden utilizar en
terminar de pagar los 10.000 equipos adquiridos por la anterior administración del
municipio, dado que esta compra fue realizada antes de la firma del convenio con la
Gobernación, lo cual se convertiría en el pago de un acto cumplido. Por lo tanto estos
recursos no utilizados, equivalentes a DOS MIL DOS MILLONES QUINIENTOS
31 Folio 44, cuaderno 1.
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Demandante: Departamento de Antioquia
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($2.002.567.808), deben ser
reembolsados a más tardar el día 28 de diciembre de 2011, […]» (énfasis añadido).
2.1.4. Al punto, advierte la Sala que el presupuesto del proyecto con radicación núm.
20110200019932, referido en el objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-
01733 , así como en el oficio transcrito en precedencia, en efecto contenía un ítem de
obra física, con una actividad consistente en “contratar la instalación y lograr
conectividad inalámbrica probada de los equipos en las d [sic]”. Pero, en todo caso,
de acuerdo con lo estipulado en dicho convenio, la financiación de esta actividad no
estaba a cargo del departamento de Antioquia. Por lo tanto, la destinación de los
fondos departamentales para la adecuación de la infraestructura tecnológica de las
sedes que albergaban a los estudiantes beneficiarios del proyecto constituía una
modificación de la matriz de inversión estipulada en el convenio, como lo manifestó el
propio municipio de Itagüí34, dándole así esa aplicación al negocio jurídico35. Tampoco
cabía destinar los fondos entregados por el departamento para la compra de los
primeros diez mil (10.000) computadores del proyecto, puesto que, según lo acordado,
su financiación estaba a cargo del municipio de Itagüí. En otras palabras, la
destinación de los fondos entregados por el departamento de Antioquia, en
cumplimiento del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011, para el pago
de los primeros diez mil (10.000) computadores del proyecto y/o para la adecuación
de la infraestructura tecnológica de las sedes estudiantiles requería una modificación
del convenio suscrito; requerimiento en el que no incide que, con esa destinación de
los recursos, se configurara, o no, un hecho cumplido.
2.1.5. Mediante el Decreto 2091 de 29 de junio de 201136, el Gobernador de Antioquia
le delegó al secretario de educación para la cultura las facultades específicas de
suscribir el convenio interadministrativo cuyo cumplimiento se debate en este
contencioso, además de “la realización de las actividades inherentes al trámite de
contrato, incluidas las modificaciones, ya sean adiciones o prórrogas al mismo”. Por
lo tanto, el secretario de educación para la cultura del departamento tenía la facultad
de modificar el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011. No cabe
afirmar, sin embargo, que con la comunicación de 26 de diciembre de 2011 37 se
hubiera producido dicha modificación contractual, pues en ella el secretario de
educación se opuso, por un lado, a la destinación de los fondos departamentales para
el pago de los primeros diez mil (10.000) computadores cuya financiación estaba a
cargo del municipio; y, por el otro, manifestó únicamente que veía viable seguir
apoyando el proyecto, sin que con tal manifestación se pueda entender obviada la
necesaria suscripción del convenio modificatorio que había de entenderse planteada
por el municipio para destinar esos fondos a la adecuación de la planta física de las
instituciones educativas municipales. La semántica de la respuesta, en cuanto se
32 Folios 141 a 143, cuaderno 1.
33 Aptado. 2.1.1.
34 Aptado. 2.1.3.1.
35 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. || Podrán también interpretarse por las de otro
contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. || O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas
ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte” (subrayado añadido).
36 Folio 23, cuaderno 1.
37 Aptados. 2.1.3.2.
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Demandante: Departamento de Antioquia
refiere al adjetivo viable que en esta incluyó el departamento, debía entenderse en su
sentido natural y obvio, como referente a aquello (para el caso la propuesta), “que, por
sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”38, significado que
no equivale a la formalización de esa propuesta al margen de la debida convención
modificatoria planteada.
2.1.6. En este orden de ideas, no queda más que concluir que la destinación de los
fondos entregados por el departamento de Antioquia, por virtud del convenio
interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011, para el pago de los primeros diez
(10.000) computadores del proyecto con radicación núm. 201102000199 y/o para la
adecuación de la infraestructura tecnológica de las sedes que albergaban a los
estudiantes beneficiarios constituyó un incumplimiento imputable al municipio de
Itagüí, con la respuesta negativa al problema jurídico planteado, que esta conclusión
supone.
2.2. Ahora, de acuerdo con el segundo cargo de la apelación, procede la Sala a
responder el siguiente problema jurídico:
¿Incumplió el departamento de Antioquia el convenio interadministrativo 2011-
SS-15-017 de 2011 por no haber entregado los recursos a su cargo a la firma
del acta de iniciación, de modo que pueda entenderse configurada la excepción
de contrato no cumplido que propuso el municipio demandado?
2.2.1. Como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa39, la excepción de
contrato no cumplido, que se desprende del artículo 1609 del Código Civil, se
configura cuando, en un contrato bilateral, el ente contratante incurre en un
incumplimiento grave de las obligaciones a su cargo, al punto de imposibilitar la
ejecución de las prestaciones posteriores a cargo de la otra parte contratante.
2.2.2. Pues bien, en el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011 se
acordó: “[e]l departamento entregará EL MUNICIPIO el valor de su aporte en un solo
desembolso una vez suscrita el acta de inicio”. Conforme al tenor de esta estipulación,
la suscripción del acta de inicio era una condición previa para el desembolso de los
recursos del departamento, pero no tenía que efectuarse en esa misma fecha. Distinto
hubiera sido si, como lo afirmo el municipio en sustento de la alzada, se hubiera
acordado que el aporte del departamento debía ser entregado “a la suscripción del
acta de inicio”40
Aparte, para que el departamento de Antioquia entregara los recursos del convenio,
no era necesaria únicamente la suscripción del acta de inicio, que se produjo el 11 de
julio de 201141, pues debía abrirse una cuenta bancaria en la que esos fondos fueran
38 RAE. Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, 2023.
39 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 15 de marzo de 2001, exp. 13415; sentencia de 28 de
septiembre de 2006, exp. 15307; Subsección C, sentencia de 1 de julio de 2015; Subsección C, sentencia de 23
de octubre de 2017, exp. 53206; Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, exp. 42171; y de 4 de diciembre
de 2023, exp. 60055, entre otras.
40 Aptado. 1.4.3.
41 Folio 26, cuaderno 1.
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manejados de forma independiente, lo que ocurrió el 27 de julio de 2011 42 y fue
comunicado ese día al departamento43, y el municipio debía enviarle una factura para
su cobro, la cual le hizo llegar el 15 de julio de 201144. Es claro así que, de acuerdo
con el texto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011 y la aplicación
práctica que las partes le dieron45, el departamento de Antioquia no estaba obligado
a entregar los fondos a su cargo el día en el que el acta de inicio fuera firmada;
circunstancia que impide aplicar la excepción de contrato no cumplido invocada por la
parte demandada.
2.2.3. De cualquier forma, aun si se aceptara, en gracia de discusión, que el
departamento de Antioquia incumplió el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017
de 2011 por no haber entregado los fondos a cargo suyo el día en que suscribió el
acta de inicio, no habría lugar a aplicar la excepción de contrato no cumplido, puesto
que no se acreditó que ese incumplimiento hipotético hubiera determinado el
incumplimiento en el que, de acuerdo con lo considerado anteriormente en esta
providencia, incurrió el municipio de Itagüí.
Al punto, el municipio se había obligado a “[c]oordinar con el departamento las
acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato”, así como
a “[c]oncertar todas las actividades derivadas del contrato con el Departamento” y a
“[d]esignar un coordinador que sirva de enlace con el Departamento”46. Era pues
necesario que, antes de que los fondos del convenio fueran invertidos por el municipio,
se hubiera llevado a cabo esa labor de coordinación y concertación, la cual comenzó
a ejecutarse hasta el 26 de julio de 2011, cuando los representantes del municipio y
del departamento acordaron cuál era la documentación inicial y los informes que el
municipio debía entregar, y fueron designadas las personas de contacto de cada
entidad; momento en el que también designó el municipio un gerente del proyecto47.
Tras ello, en la reunión que el departamento y el municipio llevaron a cabo el 4 de
agosto de 2011, estos acordaron “[p]agar al Municipio de Itagüí la suma de CUATRO
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($4.500.000.000) correspondientes al
Acta de Pago No. 01, según tabla adjunta a la presente acta”.
Los recursos del departamento fueron consignados en la cuenta bancaria del convenio
interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011 el 20 de octubre de 201148. Sin embargo,
de acuerdo con lo consignado en el acta de 27 de octubre de dicho año 49, para esa
fecha el municipio no contaba con un coordinador, puesto que, como según se advirtió
en este documento:
42 Folio 27, cuaderno 1.
43 Folio 28, cuaderno 1.
44 Folio 29, cuaderno 1.
45 CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1622. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada
una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. || Podrán también interpretarse por las de otro
contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. || O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas
ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”.
46 Folios 24 y 25, cuaderno 1.
47 Folio 31, cuaderno 1.
48 Folio 30, cuaderno 1.
49 Folios 37 y 38, cuaderno 1.
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“[d]ebido a los cambios presentados al interior de la Administración en el municipio de
Itagüí, la persona encargada del proyecto por parte de ustedes ya no labora en el
municipio, sin que se haya informado oficialmente a la Secretaría de Educación de
Antioquia esa novedad, ni la designación de un nuevo coordinador. Igualmente, para
la reunión programada para el último jueves de cada mes correspondiente a la
presente acta no hizo presencia ningún funcionario”.
En el acta se consignó, adicionalmente, que el municipio no entregó la información
relacionada con la ejecución del convenio, ni soportes de su ejecución, los cuales
habían sido requeridos sin éxito. En esa oportunidad se acordó, además, citar al
alcalde de Itagüí el 11 de noviembre de 2011, para que “aclare la situación actual del
proyecto y presente los informes pendientes”. Y, posteriormente, cuando el municipio
ya había designado un nuevo coordinador de proyecto, se estaba poniendo al día en
la entrega de los informes y la documentación requerida, y el alcalde municipal había
aclarado la situación del proyecto, hubo de estudiarse la propuesta de modificación
del convenio remitida por el municipio50. Es claro así que la tardanza en la ejecución
del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011 por parte del municipio de
Itagüí se originó por múltiples circunstancias diferentes a la hipotética tardanza en la
entrega de fondos a cargo del departamento de Antioquia; razón de más para
desestimar la aplicación de la excepción de contrato no cumplido en el asunto de
autos.
2.3. Ahora, conforme al último cargo de la apelación interpuesta por el ente
demandado51, procederá la Sala, a continuación, a dar respuesta al siguiente
problema jurídico:
¿Es válido afirmar que la parte vencida en primera instancia no debe ser
condenada en costas, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, puesto que la parte vencedora no probó que las costas
se hubieran causado efectivamente?
2.3.1. En la doctrina se han propuesto fundamentaciones diversas a las costas. Desde
una perspectiva peculiar, se ha defendido que provienen de una relación
cuasicontractual, que se traba con la contestación de la demanda, la cual genera la
obligación recíproca de reintegrar las costas. A partir del Código de Napoleón, las
costas se fundaron en la obligación de indemnizar los perjuicios causados al
patrimonio de la parte en pugna, con base en la culpa, aún presunta, por la prudencia
y diligencia que se imponen a quien acude a la jurisdicción. Aparte, bajo una visión
objetivista, la causación de costas se ha basado en la teoría del riesgo, porque, al
acudir al proceso, tanto el demandante como el demandado asumen un riesgo que
hubieran podido evitar. Así mismo, se ha defendido que las costas tienen el carácter
de multa, cuando se fija en función del reproche de conducta de la parte y con
independencia de los gastos ocasionados52.
50 Folios 42 y 43, cuaderno 1.
51 GOZAINI, Osvaldo, Costas Procesales: Doctrina y jurisprudencia, 3ª edición, EDIAR, aptado. 1.3.4.
52 Ibidem aptados. 5 y 6.
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Finalmente, se ha considerado que las costas tienen un carácter netamente procesal,
que se devela por su condena judicial con independencia del petitum y el ámbito —
judicial— en el que se generan, y se imponen a la parte vencida por el solo hecho de
ser vencida en el proceso, con independencia de la conducta que en este hubiera
desplegado, para cubrir los gastos de quienes participan en el proceso53.
Esta última perspectiva fue la acogida en el Código de Procedimiento Civil (artículos
392 y 393) y el Código General del Proceso (artículos 365 y 366), que además
contemplaban la imposición de multas (artículos 39.1 y 394 CPC, y artículos 79 y 81
CGP) y la responsabilidad patrimonial de las partes y sus apoderados, en la que, con
independencia de las costas, estos y aquellos responden por los perjuicios causados
a terceros con sus actuaciones temerarias o de mala fe (artículos 72 y 73 CPC, y
artículos 79 a 80, CGP). Esto fue, justamente, lo que aclaró la Corte Constitucional en
las precisiones que expuso, a modo de dicho al pasar, en la sentencia C-157 de 2013
—citada por la apelante—, en la cual abordó las pretensiones de inconstitucionalidad
contra el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso54, que fue atacado
por el demandante, quien argumentó, sin éxito, que la sanción que con dicha
disposición se impone por la falta de la demostración de los perjuicios cuya cuantía es
tasada en el juramento estimatorio de la demanda, violaba los principios de
proporcionalidad de la sanción, de la buena fe y de acceso a la justicia y el debido
proceso, de lo cual se ocupó el alto tribunal en los apartados subsiguientes de dicha
providencia.
2.3.2. Ahora bien, como lo ha precisado la jurisprudencia55, las costas procesales
están conformadas, por una parte, por las expensas que son los gastos sufragados
durante el curso del proceso, como los requeridos para el pago de auxiliares de la
justicia, la expedición de copias o las notificaciones; y por las agencias en derecho,
por el otro, que corresponden al pago de honorarios requeridos para el ejercicio del
ius postulandi. De acuerdo con los numerales 3 y 4 del Código General del Proceso56,
53 Ibidem 6.
54 “Artículo 206. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente,
discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea
objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique
razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. || Formulada la objeción el juez concederá el
término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. ||
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal
o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para tasar el valor pretendido. || Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento
(50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez
por ciento (10%) de la diferencia. || El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la
parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar
sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. || El juramento
estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien
reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. || Parágrafo. También habrá lugar
a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de
demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en
la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”.
55 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 1 de octubre de 2014, exp. 31908;
sentencia de 27 de agosto de 2020, exp. 58578; y sentencia de 4 de diciembre de 2020, exp. 48745, entre otras.
56 “3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
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el monto de las primeras debe comprobarse, y su erogación debe ser útil, además de
corresponder a las actuaciones autorizadas por la ley. Mientras, las agencias en
derecho son calculadas de acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, atendiendo a la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado, sin que en ello incida que la parte en favor de la cual se
causa la condena en costas haya litigado personalmente, sin apoderado57.
Así, de acuerdo con una interpretación del numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso58, en armonía con las normas atinentes a la liquidación de las
costas procesales, resulta válido afirmar que hay lugar a imponer la condena en costas
cuando la parte o su apoderado haya actuado en la instancia o incidente en cuestión,
pues ello evidencia que se causaron, al menos, las agencias en derecho. No hay lugar,
pues, a revocar la condena en costas impuesta a la parte vencida en el fallo
impugnado.
2.4. De acuerdo con las consideraciones precedentes, se impone la confirmación de
la sentencia apelada. No obstante, las sumas de la condena impuesta al municipio
demandado deben ser actualizadas, de acuerdo con el inciso final del artículo 187 del
CPACA; actualización que además supone la liquidación de los intereses moratorios
causados hasta la fecha de esta providencia, puesto que el fallo de primer grado no
detiene su causación.
En línea con lo considerado por el tribunal a quo, en la liquidación de los intereses
causados se tomará la tasa supletiva del doce por ciento (12%) definida en el artículo
4.8 de la Ley 80 de 1993, ante la ausencia de una estipulación expresa en el convenio
interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011 sobre la materia. No huelga recordar que,
como lo ha precisado la Sala59, el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública (“EGCP”) rige esta especie de negocios jurídicos, salvo en los
aspectos en que específicamente excluyó su aplicación. En un primer momento, el
parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 determinó que en los convenios
interadministrativos se prescinde de la utilización de las cláusulas o estipulaciones
excepcionales, lo cual fue, así, el único aspecto de dicha ley cuya aplicación fue
excluida en estos convenios. Luego, la Ley 1150 de 2007, en su artículo 2.4.c) sometió
los contratos interadministrativos al proceso de selección directa, el cual es un
procedimiento de selección formal y reglado60 propio del EGCP. Más recientemente,
la Ley 1474 de 2011 determinó, en su artículo 95, que el EGCP se aplica incluso a los
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas estableen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas” (se destaca).
57 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de agosto de 2020, exp. 58578.
58 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
59 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp. 51362;
sentencia de 24 de abril de 2017, exp. 55836; sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 62250; y sentencia de 13
de marzo de 2023, exp. 56370.
60 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000, exp. 12964; y sentencia de 29
de enero de 2009, exp. 14941.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
convenios interadministrativos suscritos con por entidades a las que no se les aplica
el EGCP, salvo cuando la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia
con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga
relación directa con el desarrollo de su actividad, siendo así este el único supuesto en
el que no se aplica el EGCP a los convenios interadministrativos. Es pues claro que
el régimen supletivo de los intereses moratorios fijado en el artículo 4.8 de la Ley 80
de 1993 se aplica a este convenio, pues fue suscrito por dos entes sujetos al EGCP y
versa sobre una materia cuya aplicación no fue excluida en este tipo de negocios
jurídicos.
2.4.1. Por lo tanto, la suma de la condena ordenada en primera instancia será
actualizada, de la siguiente manera:
Días Variación anual Tasa de
Fecha inicial Fecha final Valor Capital actualizado Intereses
transcurridos del IPC interés
20/11/2014 31/12/2014 41 $4.500.000.000 3,66 $4.664.700.000 1,37 $63.906.390
1/01/2015 31/12/2015 360 $4.664.700.000 6,77 $4.980.500.190 12,00 $597.660.023
1/01/2016 31/12/2016 360 $4.980.500.190 5,75 $5.266.878.951 12,00 $632.025.474
1/01/2017 31/12/2017 360 $5.266.878.951 4,09 $5.482.294.300 12,00 $657.875.316
1/01/2018 31/12/2018 360 $5.482.294.300 3,18 $5.656.631.259 12,00 $678.795.751
1/01/2019 31/12/2019 360 $5.656.631.259 3,80 $5.871.583.247 12,00 $704.589.990
1/01/2020 31/12/2020 360 $5.871.583.247 1,61 $5.966.115.737 12,00 $715.933.888
1/01/2021 31/12/2021 360 $5.966.115.737 5,62 $6.301.411.441 12,00 $756.169.373
1/01/2022 31/12/2022 360 $6.301.411.441 13,12 $7.128.156.622 12,00 $855.378.795
1/01/2021 31/12/2023 360 $7.128.156.622 9,28 $7.789.649.557 12,00 $934.757.947
1/01/2024 31/07/2024 272 $7.789.649.557 4,58 $8.146.415.507 9,06 $738.065.245
Total Intereses $7.335.158.191
Total $15.124.807.748
III. COSTAS
Como este proceso se desarrolló en vigencia del Código General del Proceso, es
decir, luego del 1° de enero de 2014, la condena en costas será tratada bajo sus
reglas, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 188761 y la jurisprudencia unificada
de esta Corporación62. De acuerdo con los artículos 365.1 y 366 el Código General
del Proceso, se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, y estas serán liquidadas por la secretaría del juzgador de
conocimiento en primera instancia, incluyendo las agencias en derecho que fije el juez,
conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Además,
en el expediente aparece que las costas fueron causadas, pues el apoderado de la
contraparte de la apelante hubo de asistir a la audiencia de conciliación 63, que se
imponía en razón al recurso de apelación interpuesto64, y fue reemplazado en esta
61 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. […]”.
62 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad. núm.
25000-23-36-000-2012-00395-01(49299).
63 Folio 346, cuaderno principal.
64 CPACA. “Artículo 192. […] Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el mismo
se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
instancia65. No obstante, como el apoderado de la parte demandada no presentó
alegaciones, en esta instancia, el monto de las agencias en derecho será fijado en el
monto mínimo determinado en el numeral 3.1.3 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura, es decir, en el 0,1% del del valor de las pretensiones
reconocidas en esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta providencia, para, en su lugar, resolver:
«PRIMERO: Se DECLARA el incumplimiento contractual y la indebida utilización de
los recursos aportados por el departamento de Antioquia, ejecutados fuera del plazo y
sin autorización legal, en el Convenio Interadministrativo 2011-SS-15-017, celebrado
entre el Departamento de Antioquia y el Municipio de Itagüí, cuyo objeto era “Apoyar
el proyecto radicado 20110000199 Computadores Uno a Uno para potenciar el mayor
y mejor aprovechamiento de la cultura de los estudiantes de básica primaria en todas
las instituciones educativas públicas del Municipio, el cual busca incrementar la calidad
educativa en las instituciones oficiales del Municipio de Itagüí”, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Se ORDENA al municipio de Itagüí PAGAR al departamento de Antioquia,
por el incumplimiento declarado anteriormente, la suma de quince mil ciento
veinticuatro millones ochocientos siete mil setecientos cuarenta y ochos pesos
($15.124.807.748), que resulta de sumar el valor capital adeudado, por los aportes
entregados por el departamento de Antioquia en cumplimiento del Convenio
Interadministrativo 2011-SS-15-17 que no fueron reembolsados, más los intereses
moratorios.
TERCERO: Se ORDENA la liquidación judicial del Convenio Interadministrativo 2011-
SS-15-17, declarando que el municipio de Itagüí adeuda al departamento de Antioquia
la suma señalada en el inciso anterior.
CUARTO: Se condena en costas y agencias en derecho en primera instancia al
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, conforme a los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
Por Secretaría de este Tribunal, procédase a su liquidación.
QUINTO: Conforme lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las cantidades líquidas reconocidas
en esta sentencia devengarán intereses moratorios a partir de su ejecutoria.
SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente».
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al municipio de Itagüí, con
unas agencias en derecho del 0,1% del monto de las pretensiones reconocidas en
esta sentencia.
celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. Si el
apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”.
65 Folios 379 a 382, cuaderno principal.
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Radicado: 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63027)
Demandante: Departamento de Antioquia
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia
esté en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
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