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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00184-01

Fecha
11 de julio de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-00184-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la demandante a pagar las costas del proceso. En consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma equivalente a TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($36’994.386), que será pagada por el demandante Aviatek S.A.S. a favor de la parte demandada, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, 79 “ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (...) III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (...) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. 31 Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398). Actor: Aviatek S.A.S. Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho. de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-00184-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

11 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398)

Actor: AVIATEK S.A.S.

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

Referencia: LEY 1437 DE 2011 – NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO

Temas: APOSTILLA DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR: No se
trata de una simple formalidad, por cuanto constituye una garantía legal esencial para dotar
de validez probatoria a los documentos otorgados en el exterior.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Aviatek S.A.S. presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, pretendiendo la nulidad de las resoluciones por medio de las
cuales se declaró desierta la licitación pública 13000011 OL de 2013. Asimismo,
solicitó que se condenara a la entidad al pago de los perjuicios que le fueron
causados.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3
de septiembre de 20142, la empresa Aviatek S.A.S., integrante del Consorcio

1
Fls. 662 – 735, c. ppl.
2
Fls. 1 – 44, c1.

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Samtek, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del CPACA, se dirigió en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (en adelante, la Aeronáutica o la
Aerocivil), con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (se
transcriben de forma literal, incluidos eventuales errores):

A. Que se declare la nulidad del acto administrativo conformado por LAS
RESOLUCIONES No. 07280 DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y No.
01164 DEL 5 DE MARZO DE 2014, acto proferido por la UAE
AERONÁUTICA CIVIL.

B. Que como consecuencia de la nulidad del acto administrativo, y a título
de restablecimiento del derecho, se ordene la indemnización de los
perjuicios materiales causados a AVIATEK S.A.S., como miembro del
CONSORCIO SAMTEK, como consecuencia de: i) El daño emergente por
todas las erogaciones en las cuales tuvo que incurrir durante el tiempo que
duró la Licitación hasta su declaratoria desierta, tiempo en el cual tuvo la
LEGÍTIMA EXPECTATIVA de ser HABILITADA y ii) El lucro cesante en
razón de las utilidades esperadas a partir de la fecha de HABILITACIÓN.
Estos perjuicios materiales se calculan en la suma TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE
($36.994.000.000) [sic]3 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

1. DAÑO EMERGENTE POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($808.760.000)4, relacionados así:

(…)

2. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO ESTIMADO EN LA CUANTÍA DE $
VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($13.385.626.072)5, discriminados así:

Sin duda, AVIATEK S.A.S., al haber sido miembro del CONSORCIO
SAMTEK, y contar con la cesión de derechos del otro miembro del consorcio
SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS S.A., tiene derecho a una indemnización
equivalente al 100% de la UTILIDAD ESPERADA DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA No. 13000011 OL de 2013, cuya cuantía corresponde a la suma
de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETENTA Y DOS PESOS
($13.385.626.072).

No hay ningún elemento que permita concluir que esa utilidad no se
obtendría, pues no puede perderse de vista que precisamente AVIATEK y
SAMPOL INGENIERÍA, a través del consorcio SAMTEK, habían dispuesto
todo un equipo técnico, operacional, financiero, económico, para su
habilitación.

3
El monto de las pretensiones equivale a $36.994’386.072, cifra que se extrae de sumar los
conceptos solicitados y que se confirma en la estimación de la cuantía (fl. 43, c1).
4
A pesar de que el número expresado en letras es superior al indicado en números, sin perjuicio del
principio que postula la prevalencia de la literalidad sobre el valor numérico de las cifras, una
interpretación integral de las pretensiones y la estimación de la cuantía permite concluir que el valor
pretendido por este concepto es de $808.760.000.
5
Aunque el valor expresado en letras supera al consignado en cifras, una interpretación sistemática
de las pretensiones y de la estimación de la cuantía permite concluir que el monto reclamado
asciende a $13.385.626.072.

2

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

La pérdida de la utilidad esperada constituye un LUCRO CESANTE en tanto
es un perjuicio cierto. Por idéntica razón, debe ascender al 100%.

2.1 ESTIMACIÓN DE LAS POSIBLES ADJUDICACIONES DE OTRAS
LICITACIONES ESTIMADO EN LA CUANTÍA DE VEINTIDÓS MIL
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.800.000.000),
discriminados así:

Se limitó las posibilidades de participación a AVIATEK en el proyecto
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE AYUDAS
VISUALES Y SISTEMA DE CONTROL CAT II para el aeropuerto de Taura
(Ecuador), al ser un requisito tener experiencia en ejecución o culminado de
sistemas de control con nivel CAT III o CAT II. Debido a que el único requisito
que les faltaba para ser habilitados era la acreditación de experiencia que
se lograría una vez fuera adjudicada la Licitación No. 13000011 OL de 2013.
Cuya cuantía era de SIETE MILLONES DE DÓLARES ($7.000.000).

De igual forma se limitó la participación en la PROPUESTA PÚBLICA No
CE-01/2014 para la ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AYUDAS A LA
AERONAVEGACIÓN PARA HABILITAR OPERACIONES DE PRECISIÓN
CATEGORÍA 111-B EN EL AEROPUERTO CARRIEL SUR DE
CONCEPCIÓN, CHILE. Cuya cuantía era la suma de CINCO MILLONES
DE DÓLARES ($5.000.000.)

Lo anterior, toda vez que, los productos de mi representado y en especial
las aplicaciones de sistema de control L-890 / ALCMS para
la automatización de sistemas de ayudas visuales en un nivel CAT III, son
los únicos que cumplían con las certificaciones OACI y/o FAA, exigidas por
las entidades aeronáuticas de Chile y Ecuador. (ALCMS - AY / ALCMS BY /
ALCMS CY /ALCMS DY / ALCMS XA / ALCMS XB.

C. PERJUICIOS INMATERIALES: Se indemnicen, en la cuantía que
estime el despacho, los PERJUICIOS INMATERIALES ocasionados
AVIATEK derivados de la afectación a su derecho al trabajo, toda vez que
había una alta expectativa de que les fuera adjudicada la Licitación No.
1300011 OL de 2013.

4. Se reconozca por parte de la AERONÁUTICA CIVIL, el pago de costas y
gastos procesales. Así como las agencias en Derecho6.

1.1 Los fundamentos de hecho:

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en
síntesis, se expresan a continuación:

1. La Aeronáutica ordenó la apertura de la licitación pública 13000011 OL de 2013,
cuyo objeto fue la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la
automatización de ayudas visuales en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

2. Al cierre de la licitación, se recibieron propuestas de los siguientes oferentes: (i)
Unión Temporal Libsafair; (ii) Consorcio Iluminación Cat 3 y (iii) Consorcio Samtek.

6
Según corrección de la demanda, fls. 383 – 430, c. 2.

3

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Mediante Acta No. 0268 del 27 de noviembre de 2013, el comité evaluador emitió
el primer informe de evaluación, en el cual concluyó que el único proponente que
reunía todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en el pliego
de condiciones era el Consorcio Samtek.

4. Como consecuencia de las observaciones presentadas por los tres proponentes
al primer informe de evaluación, la Aeronáutica Civil expidió un segundo informe el
12 de diciembre de 2013, en el cual concluyó que el Consorcio Samtek no cumplía
con los requisitos de la evaluación técnica. Esta decisión se basó en que los
documentos otorgados en el exterior, aportados para acreditar la experiencia en
distintos aeropuertos y que fueron expedidos por el fabricante estadounidense ADB
Airfield Solutions LLC, no estaban debidamente apostillados. En particular, el sello
de la notaría no permitía determinar si el reconocimiento de firma recaía sobre el
representante del fabricante o sobre el funcionario del aeropuerto al que se le
habían suministrado los bienes.

6. El 19 de diciembre de 2013, el director de Telecomunicaciones y Ayudas de la
Navegación Aérea envió una comunicación al director Administrativo de la
Aeronáutica, en la cual señaló que, pese al debate surgido en el comité de
evaluación, el consorcio había cumplido con los requisitos de apostilla establecidos
en el pliego de condiciones.

7. En la audiencia de adjudicación, la entidad manifestó que existían dudas sobre
el proceso de apostilla de los documentos expedidos por el fabricante ADB. Ante
esta situación, la Embajada Americana en Colombia envió una carta dirigida al
director de la Aeronáutica, en la cual indicó que el proceso de apostilla adelantado
por el fabricante americano era válido, puesto que fue realizado de acuerdo con las
leyes del estado de Ohio.

8. A solicitud de la entidad, el fabricante ADB llevó a cabo una nueva autenticación
y apostilla de las cartas de experiencia emitidas por los aeropuertos, esta vez
mediante reconocimiento y firma directa ante notario público. Además, la
Aeronáutica recibió confirmación a través de correos institucionales por parte de los
funcionarios de cada uno de los aeropuertos que suscribieron los documentos
exigidos, con el propósito de ratificar la veracidad de su contenido.

4

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

9. Durante la audiencia de adjudicación, el consorcio presentó los documentos
solicitados. Sin embargo, el comité jurídico concluyó que, aunque los certificados
de experiencia expedidos por los aeropuertos de Charlotte y Denver cumplían con
el proceso de notariado, su apostilla no era válida.

10. En consecuencia, la Aeronáutica declaró desierto el proceso de licitación
pública 13000011 OL de 2013, mediante la Resolución 0728 del 30 de diciembre
de 2013. El consorcio presentó recurso de reposición contra esta decisión y allegó
varios documentos que acreditaban la validez del proceso de apostilla7.

11. A pesar de lo anterior, la entidad expidió la Resolución 01164 del 5 de marzo
de 2014, en la que confirmó la decisión de declarar desierto el proceso de selección.

1.2 Los fundamentos de derecho:

El actor invocó, como fundamentos de derecho, los artículos 1, 2, 6, 25, 53, 83, 93
y 209 de la Constitución Política, así como los artículos 24, numeral 8; 25, numeral
18, y 26 de la Ley 80 de 1993.

Como concepto de violación, sostuvo que los actos expedidos por la entidad
desconocieron el debido proceso, dado que el consorcio cumplió con todos los
requisitos de habilitación previstos en la licitación pública, y que, ante el
requerimiento de la Aeronáutica, la Embajada de los Estados Unidos manifestó
estar dispuesta a atender cualquier inquietud. No obstante, la entidad hizo caso
omiso de dicha comunicación, pues en ningún momento se contactó con la
autoridad diplomática. Agregó que, durante el proceso, fueron desconocidos los
documentos presentados por el oferente, los cuales acreditaban el cumplimiento de
las normas vigentes en materia de apostilla.

Señaló que se vulneró el principio de primacía de lo material sobre lo formal,
considerando que la propia entidad reconoció no tener dudas sobre la validez de
los documentos aportados y, en ese sentido, no existía impedimento alguno para
la selección objetiva del contratista. Añadió que los documentos apostillados no

7
(i) Pronunciamiento del director de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, con
fecha del 9 de enero de 2014; (ii) documento del 22 de enero de 2014 expedido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia y (iii) comunicación del 20 de febrero de 2014 de la Embajada
de los Estados Unidos.

5

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

constituían un requisito necesario para la comparación de las propuestas, por lo
que no podían considerarse causal de rechazo.

Indicó que la decisión de la Aeronáutica se apartó de las normas en las que debía
fundarse, en tanto el proceso de apostilla fue realizado por un funcionario
competente, conforme a las leyes del estado de Ohio, las normas civiles y
comerciales colombianas y el Convenio de La Haya. También señaló que la entidad
pudo constatar la validez de los documentos mediante correos electrónicos oficiales
enviados directamente a los aeropuertos.

Argumentó, además, que la demandada desconoció su derecho a la igualdad, dado
que en la licitación pública 13000069 OL de 2013 se consideraron válidos
documentos apostillados con características similares a los presentados en el
proceso bajo análisis.

Finalmente, sostuvo que los actos adolecían de falsa motivación, por cuanto se
expidieron con fundamento en un concepto jurídico emitido por una autoridad que
no era competente para determinar la validez de documentos otorgados en el
exterior.

2. Actuaciones procesales de primera instancia:

Mediante auto del 6 de julio de 20158, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la demanda y ordenó su notificación a la Aeronáutica Civil y al Ministerio
Público.

Posteriormente, en providencia el 11 de abril de 20169, se ordenó vincular a la
Unión Temporal Libsafair y al Consorcio Iluminación Cat 3 El Dorado, por haber
participado en la licitación pública convocada por la entidad demandada.

2.1. Contestación de la demanda:

El 21 de septiembre de 2015, la Aeronáutica contestó la demanda10 y se opuso a
las pretensiones de la parte actora.

8
Fl. 436, c2.
9
Fls. 471 – 473, c2.
10
Fls. 447 – 461, c2. El auto admisorio se notificó el 14 de julio de 2015 (fl. 438, c2).

6

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Expuso que, en desarrollo del proceso licitatorio, los oferentes presentaron
observaciones al informe de evaluación, las cuales fueron analizadas por los
miembros del comité evaluador. En la audiencia de adjudicación, se solicitó a los
proponentes subsanar los documentos, y se les otorgó un término razonable para
ello.

Precisó que la documentación presentada por el consorcio fue revisada
nuevamente por el comité evaluador, el cual concluyó que las apostillas aportadas
cumplían con la normativa del estado de Ohio y eran válidas respecto del fabricante
estadounidense. No obstante, dicha validez no se extendía a las firmas de los
funcionarios de los aeropuertos ubicados en otros estados, pues respecto de estas
únicamente se realizó reconocimiento ante notario, sin que se hubiera surtido el
trámite de apostilla exigido en las condiciones del proceso de selección.

Argumentó que la entidad debía ceñirse a lo previsto en el pliego de condiciones,
en particular a lo establecido en el numeral “1.15. Documentos otorgados en el
exterior”, el cual exigía que estos fueran apostillados en cuanto a su contenido y
firma ante la autoridad competente del país de origen y, adicionalmente, ante el
cónsul colombiano o el de una nación amiga. En ese sentido, como el consorcio no
cumplió con el trámite de apostilla ante las autoridades competentes de los estados
de donde provenían las firmas de los funcionarios que certificaban la experiencia, la
entidad procedió a declarar desierto el proceso de selección.

3. La sentencia impugnada11:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por
medio de la sentencia del 18 de julio de 201812, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al actor.

Indicó que, en el marco de un proceso de selección, las entidades estatales están
facultadas para rechazar a un proponente que no acredite el cumplimiento de alguno
de los requisitos habilitantes previstos en el pliego de condiciones, los cuales
constituyen exigencias mínimas para la participación en las etapas subsiguientes
del procedimiento.

11
En la audiencia inicial se decretaron como pruebas: (i) las documentales aportadas por las partes
y (ii) el testimonio de Carlos Ricardo Mendieta, quien para la fecha se desempeñaba como director
administrativo de la Aeronáutica Civil.
12
Fls. 662 – 734, c. ppl.

7

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Como requisito habilitante, los proponentes debían acreditar experiencia en el
suministro, instalación e integración de sistemas de ayudas visuales y de sistemas
de monitoreo y control para pistas de aeropuertos con nivel CAT III-SMGCS. En
caso de no contar con dicha experiencia, podían respaldarse en el fabricante, quien,
a su vez, debía demostrar la ejecución de al menos tres contratos en los que se
evidenciara la calidad y el adecuado funcionamiento de la marca de los equipos
ofrecidos.

Expuso que, para cumplir con este requisito, el consorcio aportó tres certificaciones
expedidas por los aeropuertos de Harrisburg, Charlotte Douglas y Denver, en las
que se acreditaba que el fabricante ADB había suministrado el sistema de control
y monitoreo requerido. Luego de la etapa de subsanación, la Aeronáutica concluyó
que la certificación del aeropuerto de Harrisburg cumplió con lo solicitado, en tanto
se evidenció la apostilla sobre el reconocimiento de firma y contenido realizado por
el notario competente. En contraste, los documentos provenientes de los
aeropuertos de Charlotte Douglas y Denver no cumplieron con este requisito, ya
que no se apostilló al notario ante quien se efectuó el reconocimiento, sino a un
notario distinto que se limitó a autenticar una copia del original.

Posteriormente, el a quo examinó la exigencia contenida en el pliego de condiciones
respecto de los términos en los que debían allegarse las certificaciones. En primer
lugar, advirtió que dicho documento imponía el cumplimiento de los requisitos
previstos en la legislación colombiana, en particular, en el artículo 480 del Código
de Comercio, los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, así como
en los artículos 3° y 4° de la Ley 455 de 199813. En relación con esta última norma,
precisó que si bien el Convenio de La Haya eliminó el requisito de legalización para
los documentos públicos extranjeros, dicha supresión no se extendió al trámite de
la apostilla, el cual debía cumplirse por los países que hacían parte de dicha
convención14.

13
Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización
para documentos públicos extranjeros", suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.
14
Para efectos ilustrativos, la Resolución 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores, por
medio de la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos, define la apostilla
como “[el] trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización,
dirigido, así mismo, a verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país
en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización
para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961”. Para la época de los hechos, el
procedimiento se encontraba establecido en la Resolución 43000 de 2012, expedida por la misma
cartera ministerial.

8

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, las certificaciones aportadas por el consorcio Samtek debían
estar debidamente apostilladas, lo cual implicaba que la autoridad competente del
país de origen del documento avalara la autenticidad de la firma y la calidad del
funcionario o notario que lo suscribía, certificaba o autenticaba.

De acuerdo con estas precisiones, el a quo procedió a analizar las tres
certificaciones aportadas por el consorcio, en sede de subsanación, incluida la
correspondiente al aeropuerto de Harrisburg, la cual fue considerada válida, con el
fin de compararla con las otras dos que no tuvieron el mismo tratamiento.

Según este análisis, el tribunal concluyó que, en el caso de los aeropuertos de
Charlotte y Denver, si bien las firmas de los funcionarios Jim Evans y Heather
McKee fueron autenticadas ante notarios públicos de sus respectivos estados, no
obraba en el expediente la apostilla correspondiente a dichas autenticaciones. En
efecto, las apostillas allegadas correspondían al notario David Suárez Jr., quien
únicamente autenticó copias de las certificaciones iniciales, mas no a los notarios
Pennie R. Nichols (del estado de Carolina del Norte) ni Dona L. Murray (del estado
de Colorado). Por tanto, no se acreditó mediante apostilla la calidad en la que
actuaron estos últimos notarios.

A su turno, el tribunal concluyó que: (i) no se vulneró el derecho al debido proceso,
por cuanto la entidad otorgó al consorcio el término correspondiente para subsanar
los requisitos formales exigidos en las certificaciones de experiencia, y (ii) no era
procedente acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes mediante correos
electrónicos o comunicaciones expedidas por autoridades externas, en tanto dichos
medios no sustituyen las competencias propias de la entidad contratante para
adelantar la evaluación y selección de las propuestas.

En ese sentido, se refirió a las comunicaciones remitidas por Cameron Werker,
funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, y Michelle Norman, notario
oficial del estado de Ohio, quienes manifestaron que el consorcio había cumplido
con los procedimientos de apostilla. Sin embargo, concluyó que ninguna de dichas
comunicaciones realizó un análisis concreto de los documentos allegados a la
licitación, limitándose a efectuar afirmaciones generales sobre el cumplimiento de
la normativa del estado de Ohio.

9

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Seguidamente, consideró que no eran de recibo los argumentos expuestos en el
concepto emitido por el director de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación
Aérea, mediante el cual se afirmó que el consorcio había cumplido con los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones. Lo anterior, por cuanto: (i) incurrió en un
yerro al señalar que la normativa no exigía expresamente la apostilla, aseveración
que contraría lo dispuesto en la Ley 455 de 1998, y (ii) la competencia de esta
dependencia se restringía a emitir conceptos sobre aspectos de carácter técnico,
mas no sobre materias jurídicas, como los requisitos de apostilla previstos en las
normas aplicables.

Evidenció que el pliego de condiciones establecía expresamente como causal de
rechazo el hecho de que el proponente no subsanara, en debida forma, los
requisitos habilitantes exigidos. Añadió que tales requisitos no pueden considerarse
como meras formalidades o exigencias superfluas que contraríen lo previsto en el
numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, toda vez que dicha disposición
faculta a las entidades para exigir las formalidades contempladas en leyes
especiales, como ocurre en el presente caso.

Finalmente, estudió los reparos formulados en relación con la presunta vulneración
del principio de igualdad y la supuesta extemporaneidad de los requerimientos
efectuados por la entidad. Al respecto, concluyó que: (i) en las condiciones del
proceso de contratación se estableció expresamente que no se aceptaría que los
proponentes pretendieran hacer valer documentos que reposaran en otras
actuaciones administrativas o contractuales adelantadas por la entidad, y (ii)
aunque el cronograma del proceso fue objeto de modificación, los requerimientos
formulados se realizaron dentro del término previsto en el mismo.

4. Recurso de apelación:

El 6 de agosto de 201815, el actor interpuso el recurso de apelación16 contra la
decisión de primera instancia. Solicitó que esta sea revocada y que, en su lugar, se
concedan las pretensiones de la demanda. También pidió que se deje sin efectos
la condena en costas y agencias en derecho.

15
La sentencia se notificó el 24 de julio de 2018 y el término para presentar el recurso de apelación
corrió hasta el 8 de agosto siguiente. Comoquiera que el recurso se presentó el 6 de agosto de ese
año, se evidencia que fue oportuno.
16
Fls. 740 – 758, c. ppl.

10

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Precisó que el litigio se centra en determinar si la declaratoria de desierta de la
licitación pública, como consecuencia de una supuesta inconsistencia en el apostille
de unos documentos expedidos en el exterior, fue legal o no.

Cuestionó que la sentencia recurrida hizo referencia a la Resolución 43000 de
2012, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que se precisara de
manera clara y concreta cuál fue el error en el que incurrió el consorcio. Afirmó que
el fallo se limitó a acoger los argumentos expuestos por la parte demandada, sin
valorar que ninguna de las disposiciones normativas citadas exigía la apostilla en
los términos en que fue interpretada por el juez de primera instancia.

Invocó la sentencia 19.933 del 25 de septiembre de 2013, proferida por esta
Corporación17, en la que se sostuvo que, para otorgar valor probatorio a la
documentación producida en el exterior, era necesario cumplir con la exigencia de
autenticación y “observar unos presupuestos que no constituyen meros
formalismos”.

Alegó que el tribunal no consideró que el actor cumplió con todas las exigencias
relativas a la autenticación de los documentos otorgados en el exterior. En respaldo
de ello, señaló que el señor Cameron Werker, cónsul de la Embajada de los
Estados Unidos, remitió varios comunicados al director de la Aeronáutica, en los
cuales explicó el procedimiento de apostilla en ese país y manifestó que, en caso
de duda, podía contactarse directamente con él. No obstante, la entidad hizo caso
omiso de dichas comunicaciones.

Según el actor, el segundo requisito dispuesto en la sentencia 19.933 consistía en
“observar unos presupuestos que no constituyen meros formalismos” y reiteró que
se debía dar prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. Al respecto, adujo que el
trámite adelantado por el consorcio se ajustó a la normativa internacional, conforme
a lo previsto en el Convenio de La Haya, e insistió en que la Aeronáutica verificó, a
través de correos institucionales, la veracidad del contenido de los documentos
aportados, aspecto que fue ignorado por el fallador de primera instancia.

Sobre el tercer requisito establecido en la sentencia 19.933, relativo a la aplicación
del Convenio de La Haya con el fin de sustituir el procedimiento de legalización por

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 25 de septiembre de 2013.
Radicación No. 25000-23-26-000-1997-03930-01 (19.933), C.P.: Mauricio Fajardo Gómez

11

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

el de apostilla, reiteró que la Oficina de Telecomunicaciones y Navegación Aérea,
la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores
conceptuaron y acreditaron la viabilidad de que el consorcio fuera habilitado en el
proceso licitatorio, al considerar que había cumplido con la totalidad de los
requisitos exigidos.

Sostuvo, además, que la Aeronáutica Civil desconoció dichos conceptos e
informes, lo que comportó una vulneración de su derecho al debido proceso, así
como un desconocimiento del principio de buena fe18 y del deber de selección
objetiva19, sobre todo si se tenía en cuenta que la misma entidad manifestó no haber
tenido dudas sobre la validez de las apostillas provenientes del estado de Ohio y,
adicionalmente, remitió comunicaciones oficiales a los aeropuertos respectivos,
mediante las cuales comprobó la veracidad de las certificaciones allegadas.

Alegó la vulneración del principio de igualdad, al considerar que la Aeronáutica
aplicó un trato diferenciado en el marco de la licitación pública 13000069 de 2013,
en la cual aceptó como válidos documentos que contenían una apostilla de
características similares a la presentada en el procedimiento objeto de este sub lite.

Finalmente, cuestionó la condena en costas y agencias en derecho, por considerar
que no se encontraban probadas y resultaban excesivas, en contravía del derecho
de acceso a la administración de justicia. Alegó que obró con lealtad procesal y que
el tribunal desconoció la jurisprudencia según la cual dichas condenas proceden
únicamente ante conductas temerarias o de mala fe20. Añadió que la apoderada de
la entidad es funcionaria pública, por lo que no habría lugar al reconocimiento de
agencias en derecho.

5. Trámite en segunda instancia:

Por medio del auto del 22 de agosto de 201821, el tribunal concedió el recurso de
apelación, y ordenó remitir el expediente a esta Corporación para que decidiera
sobre su admisibilidad.

18
Frente a esta vulneración, únicamente refirió que la resolución “afirmó una actuación de mala fe
con el único fin de declarar desierta la licitación”.
19
Señaló que no existían circunstancias que impidieran la selección objetiva del contratista.
20
Refirió la sentencia 17.987 del 19 de agosto de 2010 y el auto del 18 de julio de 2013, proferidos
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
21
Fls. 760 – 761, c. ppl.

12

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Mediante proveído del 26 de octubre de 201822, se admitió el recurso y en
providencia del 6 de diciembre siguiente23, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que alegaran de conclusión y rindiera concepto,
respectivamente24.

El actor presentó sus alegaciones finales25 y reiteró los argumentos expuestos en
la apelación. Por su parte, la Aerocivil allegó sus alegatos de conclusión26 y solicitó
que se confirmara la sentencia de primera instancia, reiterando los argumentos de
la contestación.

El Ministerio Público dio su concepto27 y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado28 intervino en protección de los intereses litigiosos de la Nación. Ambas
entidades solicitaron confirmar la sentencia recurrida.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado:

El artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) estableció que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo juzgaría las controversias y los litigios relativos a los
contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública,
naturaleza que ostenta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil29.

Por otra parte, la Sala es competente para resolver este proceso en segunda
instancia, toda vez que el artículo 150 del CPACA dispone que el Consejo de
Estado “(…) conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)”.

22
Fl. 772, c. ppl.
23
Fl. 776, c. ppl.
24
El auto se notificó el 18 de enero de 2019. El término para que las partes presentaran alegatos de
conclusión transcurrió entre el 21 de enero y el 1 de febrero siguiente. El término para que el
Ministerio Público conceptuara corrió del 4 al 15 de febrero del mismo año.
25
Fls. 786 – 804, c. ppl.
26
Fls. 778 – 785, c. ppl.
27
Fls. 805 – 813, c. ppl.
28
Fls. 816 – 824, c. ppl.
29
Según el Decreto 260 de 2004, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es una
entidad especializada de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Transporte, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

13

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Adicionalmente, esta Subsección conoce del asunto debido al recurso de apelación
interpuesto por Aviatek S.A.S., dado que la cuantía de la demanda se estimó en
$36.994’386.072, mientras que el monto exigido para que un proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales tuviera vocación de
doble instancia ante esta Corporación ascendía a $308’000.00030.

2. Legitimación en la causa:

Aviatek S.A.S. está legitimada en la causa por activa, por haber sido integrante del
Consorcio Samtek, participante en la licitación pública 13000011-OL de 201331. El
actor reclama haber sido el único habilitado y, en consecuencia, el adjudicatario del
proceso de selección. La Aeronáutica Civil, por su parte, está legitimada en la causa
por pasiva, al haber adelantado dicho proceso de selección y por ser la entidad que
expidió los actos impugnados.

3. Oportunidad del medio de control:

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y el restablecimiento del
derecho de actos previos a la celebración de un contrato estatal, el término para
ejercer el medio de control correspondiente será de cuatro meses, contados a partir
del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según
corresponda.

La Resolución 07280 de 2013, mediante la cual se declaró desierta la licitación
pública 13000011 OL, se notificó el 30 de diciembre de ese año 32. Contra dicha
decisión, la sociedad Aviatek S.A.S. interpuso el recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante la Resolución 01164 del 5 de marzo de 2014, notificada en esa
misma fecha. En consecuencia, el término para presentar la demanda corrió del 6
de marzo al 6 de julio de 2014.

30
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 2014, año en el que se presentó la
demanda.
31
La Sala se pronunciará respecto de la cesión de crédito efectuada por Sampol Ingeniería y Obras
S.A.S. a favor de Aviatek S.A.S. únicamente en caso de que las pretensiones de la demanda sean
acogidas, por cuanto dicho negocio jurídico podría incidir en la determinación del monto
indemnizatorio. No obstante, se precisa que tal circunstancia no afecta la legitimación en la causa
del demandante.
32
Fls. 71 – 74, c1.

14

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante, el 10 de junio de 2014, cuando restaban 27 días para que operara la
caducidad, el actor radicó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
136 Judicial II Para Asuntos Administrativos, lo que dio lugar a la suspensión del
término hasta el 11 de agosto de ese mismo año, fecha en la que se expidió el acta
de no conciliación33. En consecuencia, el término se reanudó desde el 12 de agosto
hasta el 8 de septiembre de 201434. Como la demanda se presentó el 3 de
septiembre de ese año, se evidencia que la misma fue oportuna.

4. Problema jurídico:

Corresponde a la Sala establecer si erró el a quo al negar la nulidad de las
resoluciones que declararon desierta la licitación pública 13000011 OL de 2013,
fundado en el incumplimiento del requisito de apostilla invocado por el demandante
y la inexistencia de vulneración derecho a la igualdad. En segundo lugar, se
examinará si era procedente la condena en costas impuesta en la sentencia de
primera instancia.

5. Material probatorio relevante:

5.1. Mediante la Resolución 06038 del 30 de octubre de 2013, la Aeronáutica Civil
ordenó la apertura de la licitación pública 13000011 OL con el fin de contratar la
“adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de automatización [de] ayudas
audiovisuales del Aeropuerto Internacional El Dorado”35.

5.2. En el acta de cierre del 19 de noviembre de 201336, se registraron las
propuestas de la Unión Temporal Libsafair, el Consorcio Iluminación Cat 3 y el
Consorcio Samtek, este último conformado por las sociedades Aviatek S.A.S. y
Sampol Ingeniería y Obras S.A.37.

5.3. El primer informe de evaluación, del 27 de noviembre de 2013, arrojó como
resultado que el consorcio Samtek era el único proponente que cumplía con los
requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros38.

33
Fl. 370, c1.
34
El término vencía el domingo 7 de septiembre de 2014, por lo que se extendió hasta el primer día
hábil siguiente, esto es, el lunes 8 de septiembre.
35
Fls. 348 – 351, c8.
36
Fls. 115 – 117, c2 pruebas.
37
Fls. 345 – 346, c2 pruebas. Cada sociedad tenía una participación del 50% en el consorcio.
38
Fl. 89, c1.

15

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

5.4. En el segundo informe de evaluación39, con fecha del 12 de diciembre de 2013,
la Aeronáutica dio respuesta a las observaciones formuladas por los oferentes y
concluyó que el consorcio Samtek no cumplía con los requisitos habilitantes de
carácter técnico, por cuanto las certificaciones de experiencia del fabricante
contenían dos firmas40, sin que existiera claridad sobre cuál fue reconocida ante
notario. Por ello, le requirió subsanar aportando certificaciones con reconocimiento
notarial y apostilla.

5.5. En respuesta al segundo informe de evaluación, obran los oficios del 18 41 y
1942 de diciembre de 2013, suscritos por el cónsul de la Embajada de los Estados
Unidos y el director de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea de la
Aeronáutica43 (en adelante, director de Telecomunicaciones), respectivamente, en
los cuales se indicó que las certificaciones aportadas por el consorcio cumplían con
el requisito de apostilla. Asimismo, en la comunicación del 10 de diciembre de
201344, suscrita por la notaria Michelle Norman, se indicó que el proceso de
notarización y apostilla se adelantó conforme a las normas del estado de Ohio.

5.6. El 20 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación 45, en
la cual el Consorcio Samtek aportó nuevamente las certificaciones de experiencia46.
No obstante, en la misma diligencia, la entidad consideró que dichos documentos
no cumplían con los requisitos exigidos.

5.7. Mediante la Resolución 07280 del 30 de diciembre de 2013 47, la Aeronáutica
declaró desierta la licitación pública 13000011 OL de 2013. Esta decisión fue
confirmada por la Resolución 01164 del 5 de marzo de 201448 que resolvió el
recurso de reposición presentado por el consorcio.

39
Fls. 679 – 719, c8 pruebas.
40
Fls. 88 – 99, c4 pruebas. Las certificaciones allegadas acreditaban la experiencia del fabricante
ADB en el suministro de los sistemas requeridos a distintos aeropuertos en los Estados Unidos.
Dichos documentos incluían la firma del fabricante y la del funcionario aeroportuario que expedía la
certificación; sin embargo, el reconocimiento notarial no precisaba cuál de las dos había sido objeto
de autenticación.
41
Fl. 90, c1.
42
Fls. 96 – 99, c1.
43
Dependencia que adelantó los estudios previos de la licitación.
44
Fl. 114, c5 pruebas.
45
Fls. 133 – 140, c5 pruebas.
46
Fls. 142 – 158, c5 pruebas.
47
Fls. 71 – 74, c1.
48
Fls. 49 – 74, c1.

16

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

5.8. En el trámite del recurso, el actor presentó dos oficios suscritos el 22 de enero
y el 11 de febrero de 2014 por el Ministerio de Relaciones Exteriores 49. La
Aeronáutica dio respuesta a este documento mediante comunicación del 4 de
marzo del mismo año50.

5.9. El 20 de febrero de 2014, la Embajada de los Estados Unidos envió
comunicación a la Aeronáutica Civil51, en la que afirmó que el Consorcio Samtek
cumplía con todos los requisitos de la licitación y solicitó la adjudicación del
contrato.

6. Análisis del caso:

El apelante cuestiona que el tribunal acogiera sin mayor análisis los argumentos de
la entidad, sin identificar con claridad el error atribuido al consorcio en la apostilla.
Alega que se desestimaron pruebas sobre la autenticidad de los documentos, como
comunicaciones del cónsul de los Estados Unidos, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y verificaciones de la Aerocivil. Sostiene, además, que se pasó por alto
el cumplimiento de los requisitos fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado
en la sentencia 19.933 de 2013 sobre la apostilla de documentos.

Con relación al precedente invocado, vale precisar, en primer término, que la
sentencia 19.933 no estableció requisitos puntuales relativos a la apostilla. El fallo
se circunscribió a delinear el marco general de validez de los documentos
expedidos en el extranjero dentro de un proceso de contratación, conforme a las
exigencias previstas en la normativa aplicable.

Ahora bien, aun cuando esta Sección destacó que el principio de economía
proscribe a las entidades públicas la imposición de formalidades innecesarias,
como autenticaciones, sellos o reconocimientos de firma, advirtió igualmente que
dicho principio no desplaza las previsiones contenidas en las leyes especiales. En
efecto, existen supuestos en los que la propia ley exige formalidades específicas,
entre ellas, la apostilla de documentos otorgados fuera del territorio nacional.

49
Fls. 121 – 125, c 1.
50
Fls. 149 – 151, c1.
51
Fls. 145 – 146, c1.

17

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Adicionalmente, en esa misma providencia se aclaró que la apostilla no es un
simple formalismo, sino una garantía legal básica para que los documentos
extranjeros puedan tener validez probatoria en Colombia, en aras de proteger la
seguridad jurídica52.

Precisado lo anterior, el apelante manifestó que el tribunal no explicó con claridad
el error atribuido al consorcio en la apostilla y desconoció los documentos suscritos
por la Embajada de los Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
director de Telecomunicaciones de la Aeronáutica.

Esa afirmación no tiene respaldo, pues el a quo precisó la distinción entre los
trámites de legalización y de apostilla. Señaló que la legalización, conforme al
artículo 480 del Código de Comercio y al artículo 2 de la Ley 455 de 1998, consiste
en el procedimiento mediante el cual el cónsul colombiano -o, en su defecto, el de
una nación amiga- autentica la firma de los funcionarios competentes que
certificaron un documento otorgado en el exterior.

Luego, explicó que la Ley 455 de 1998, mediante la cual se adoptó la Convención
de La Haya, reemplazó el trámite de legalización por el de apostilla respecto de los
documentos públicos expedidos en el exterior, entre los cuales se incluyen los actos
notariales53. En lo que concierne al caso concreto, la apostilla consiste en la adición
de un certificado, expedido por la autoridad competente en el país de origen del
documento, que da cuenta de la autenticidad de la firma del notario, del carácter en
que actúa la persona firmante y, cuando sea el caso, del sello o estampilla que lleve
el documento54.

52
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 25 de septiembre de 2013.
Radicación No. 25000-23-26-000-1997-03930-01 (19.933), C.P.: Mauricio Fajardo Gómez: “Nótese
que la disposición transcrita exige a quien pretenda obtener que un documento de cualquier
índole –público o privado– tenga efectos probatorios en territorio colombiano, observar unos
presupuestos que no constituyen meros formalismos, sino que se trata del procedimiento
que el legislador ha consagrado para que una pieza documental que no ha sido producida u
otorgada en Colombia, pueda ser valorada en este país con un mínimo de garantías para la
seguridad jurídica y para los derechos e intereses de los intervinientes en el tráfico jurídico;
se trata, por lo demás, de una norma que impacta el régimen de valoración de los medios de prueba,
que mal podría ser desconocida en las actuaciones administrativas de naturaleza contractual, pues
con ello los funcionarios intervinientes podrían ver comprometida su responsabilidad individual, a
voces de lo dispuesto por el artículo 6 constitucional”.
53
Ley 455 de 1998. “Artículo 1: La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han
sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de
otro Estado contratante. Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos (…)
c) Actos notariales”.
54
Artículos 3 y 4 de la Ley 455 de 1998.

18

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora bien, las referencias que hizo el a quo a las Resoluciones 7144 de 2014 y
4300 de 2012, expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permiten
advertir que dichas normas regulan el trámite de legalización y apostilla de
documentos emitidos en Colombia, por lo que no resultan aplicables en este caso,
toda vez que las certificaciones fueron expedidas en Estados Unidos. No obstante,
lo contemplado en estos actos no constituyó el fundamento de la decisión adoptada,
y tampoco desdice de los requisitos previstos en el Código de Comercio y en la Ley
455 de 1998 para los documentos efectivamente otorgados en el exterior.

La Sala advierte que el tribunal realizó un análisis detallado de las certificaciones
aportadas con la oferta inicial55 y concluyó que, dado que estas contenían tanto la
firma del funcionario del aeropuerto como la del representante del fabricante, con
un único reconocimiento notarial, no era posible establecer con certeza cuál de las
dos firmas había sido objeto del reconocimiento. Esta ambigüedad, según explicó
el a quo, impedía acreditar válidamente la autenticidad del acto frente a las
exigencias legales para documentos provenientes del exterior. Para efectos
ilustrativos, se expone a continuación la forma en que fueron autenticadas las
certificaciones en mención:

55
Fls. 75 — 83, c1. Las certificaciones fueron aportadas con su respectiva traducción oficial. Sin
embargo, se ilustra su original con el fin de evidenciar que en el mismo documento figuran dos firmas,
frente a las cuales solo consta una autenticación por parte de la notaria Michelle Norman, sin que se
indique con claridad sobre cuál de ellas recae dicho reconocimiento.

19

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Adicionalmente, el tribunal resaltó que, durante el proceso de verificación de
documentos, la entidad informó haber recibido una comunicación del señor Jim
Evans, funcionario del aeropuerto de Charlotte, en la que confirmó haber firmado la
certificación, pero negó haber acudido ante notario. Este hecho ahondaba la
incertidumbre sobre cuál de las firmas había sido efectivamente reconocida, y
justificaba razonablemente solicitar la subsanación del requisito.

Seguidamente, en el fallo se efectuó una comparación entre las certificaciones
presentadas en la etapa de subsanación, incluida la del aeropuerto de Harrisburg,
considerada válida por la Aeronáutica, y aquellas correspondientes a los
aeropuertos de Charlotte y Denver, que fueron descartadas56:

56
Si bien en el fallo de primera instancia se incorporaron reproducciones gráficas del contenido
original de las certificaciones, junto con sus respectivas apostillas y traducciones oficiales, en esta
instancia se presentará únicamente un cuadro comparativo con los datos extraídos por el tribunal, a
fin de evitar extensiones innecesarias.

20

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Harrisburg Charlotte Denver
Suscribe: Shawn Ruppert57. Suscribe: Jim Evans58. Suscribe: Heather McKee59.

Reconocimiento de firma: Reconocimiento de firma: se Reconocimiento de firma: se
se realizó ante el notario realizó ante el notario realizó ante la notaria Donna
David Suárez Jr., del estado Pennie R. Nicholls, del L. Murray, del estado de
de Ohio. estado de Carolina del Colorado.
Norte.

Autenticación de fotocopia: Autenticación de fotocopia: Autenticación de fotocopia:
no se realizó. se adelantó ante el notario se adelantó ante el notario
David Suárez Jr., del estado David Suárez Jr., del estado
de Ohio. de Ohio.

Apostilla: se certificó que Apostilla: se certificó que Apostilla: se certificó que
David Suárez Jr. estaba David Suárez Jr. estaba David Suárez Jr. estaba
avalado para ejercer como avalado para ejercer como avalado para ejercer como
notario en el estado de Ohio. notario en el estado de Ohio. notario en el estado de Ohio.
Sí cumplió No cumplió No cumplió

En este ejercicio, concluyó de manera clara que, en el caso de los aeropuertos de
Charlotte y Denver, si bien las firmas de los funcionarios Jim Evans y Heather
McKee fueron autenticadas ante notarios públicos de sus respectivos estados, no
obraba en el expediente la apostilla correspondiente a dichas autenticaciones. En
efecto, las apostillas allegadas correspondían al notario David Suárez Jr., quien
únicamente autenticó copias de las certificaciones iniciales, mas no a los notarios
Pennie R. Nichols (del estado de Carolina del Norte) ni Dona L. Murray (del estado
de Colorado).

En ese sentido, el proponente debió presentar la apostilla de las firmas de los
notarios Pennie R. Nichols y Donna L. Murray, quienes expidieron el acto notarial
que reconocía la firma de los funcionarios del aeropuerto. Por su parte, el notario
David Suárez Jr., en esas dos certificaciones, se limitó a autenticar que el
documento era una copia del original, lo cual no puede considerarse como el
cumplimiento del requisito de apostilla respecto del acto notarial originario, toda vez
que, como se indicó previamente, se trata de trámites distintos, en la medida en
que la apostilla recae sobre la firma del notario que efectúa la autenticación.

Adicionalmente, en el expediente obra un documento fechado el 17 de febrero de
201460, suscrito por el notario David Suárez Jr. No obstante, al estar redactado en

57
Supervisor de mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Harrisburg.
58
Electricista jefe del Aeropuerto Internacional de Charlotte.
59
Ingeniero de soporte eléctrico del Aeropuerto Internacional de Denver.
60
Fls. 132 – 133, c1.

21

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

idioma inglés y no haberse aportado su correspondiente traducción oficial, no podrá
apreciarse como prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 251 del Código
General del Proceso61.

Así las cosas, el a quo fue claro al identificar y explicar el error en que incurrió el
proponente respecto de la apostilla de los documentos aportados, al señalar con
precisión que esta recayó sobre una copia autenticada y no sobre el acto notarial
originario. Además, observa que el apelante no formuló argumentos dirigidos a
desvirtuar dicho razonamiento, sino que se limitó a afirmar que el error no fue
suficientemente explicado y a reiterar genéricamente que había cumplido con todos
los requisitos de apostilla, sin justificar por qué no resultaba necesaria la apostilla
de los notarios Pennie R. Nichols y Donna L. Murray. En consecuencia, el cargo
formulado no está llamado a prosperar.

Ahora bien, también se advierte que el a quo se pronunció expresamente sobre los
documentos que, según el actor, fueron desconocidos. En particular, frente a las
comunicaciones remitidas por la Embajada de los Estados Unidos y por Michelle
Norman, notaria oficial del estado de Ohio, concluyó que ninguna de ellas contenía
un análisis específico de los documentos presentados en la licitación, pues se
limitaron a formular afirmaciones generales sobre el cumplimiento de la normativa
del referido estado.

Lo anterior se puede corroborar con el material probatorio allegado al proceso, pues
en la comunicación del 18 de diciembre de 2013, la Embajada de los Estados
Unidos, a través del cónsul designado para el efecto, únicamente relató que:

[E]l Secretario de cada Estado es quien efectúa la autenticación de los
documentos mediante el proceso de apostille. Le puedo asegurar que esta
es la forma acostumbrada de efectuar el proceso de apostille y
autenticación de los documentos presentados ante la Secretaría del
Estado de Ohio en los EEUU. Además, esto se puede verificar claramente
en la página web oficial de la Secretaría de Estado del Estado de Ohio62.

61
“Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere
que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el ministerio de relaciones
exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos
la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia
sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor”.
62
Fl. 91, c1.

22

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

En dichos pronunciamientos no se hizo una referencia puntual a las certificaciones
aportadas, ni se especificó el trámite de reconocimiento efectuado frente a cada
una de las firmas. Igual omisión se advierte en el comunicado del 20 de febrero de
201463, suscrito por la misma embajada, en el cual se solicitó a la Aeronáutica
considerar que el consorcio Samtek cumplía con todos los requisitos de la licitación
y se le adjudicara el contrato, sin efectuar un análisis individualizado de las
certificaciones ni del cumplimiento concreto de los requisitos exigidos.

Sumado a lo expuesto, el apelante cuestionó que la Aeronáutica no atendiera la
recomendación del cónsul de contactarlo en caso de dudas. Sin embargo, esa
sugerencia no generaba una obligación para la entidad, pues era responsabilidad
del proponente acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Su omisión
no constituye ninguna irregularidad.

Igualmente, en la comunicación del 10 de diciembre de 201364, suscrita por la
notaria Michelle Norman, únicamente se indicó que el proceso de notarización y
apostilla se adelantó conforme a las normas del estado de Ohio. Sin embargo, no
se precisó cuál de las firmas fue objeto de reconocimiento en las certificaciones
iniciales, ni se hizo mención alguna a la ausencia de apostilla respecto de los
notarios de los estados de Carolina del Norte y Colorado, ante quienes fueron
reconocidas las firmas de los funcionarios aeroportuarios.

En todo caso, cabe precisar que las comunicaciones remitidas por el Embajador de
los Estados Unidos y por la notaría del estado de Ohio tenían como finalidad aportar
información oficial sobre los trámites de autenticación y sobre los funcionarios
competentes para conferir validez formal a los documentos. Por lo tanto, no estaba
dentro de su objeto certificar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos
exigidos en el proceso de selección, evaluación que corresponde exclusivamente a
la entidad contratante.

Finalmente, el tribunal se refirió al oficio del 19 de diciembre de 2013 65, suscrito por
el director de Telecomunicaciones, en el que se afirmó que el consorcio cumplía
con los requisitos del pliego. Concluyó que sus argumentos no eran de recibo, pues
(i) incurrió en un error al afirmar que la normativa no exigía apostilla, contrariando

63
Fls. 145 – 146, c1.
64
Fl. 114, c5 pruebas.
65
Fls. 96 – 99, c1.

23

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

la Ley 455 de 1998, y (ii) la competencia de esa dependencia se limitaba a aspectos
técnicos, mas no jurídicos.

Así las cosas, se advierte que el actor no controvirtió los razonamientos expuestos
por el tribunal en relación con el análisis documental, puesto que se limitó a afirmar
que los documentos fueron desconocidos. Por tanto, dicho argumento no está
llamado a prosperar.

Además de las comunicaciones mencionadas, en el expediente reposan dos
documentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el primero,
fechado el 22 de enero de 201466, se indicó que, conforme al Convenio de La Haya,
todo documento expedido en un país parte debe ser apostillado en su país de origen
para surtir efectos en otro. Por esta razón, la entidad precisó que no le correspondía
determinar si la Secretaría del Estado de Ohio era o no la autoridad competente
para apostillar los documentos aportados por el consorcio Samtek.

En el segundo, del 11 de febrero de 2014 67, se reiteró que los documentos
expedidos en el exterior deben contar con apostilla para tener mérito probatorio en
Colombia, y se aclaró que las autoridades nacionales no deben rechazar apostillas
emitidas por autoridades extranjeras competentes.

Estos pronunciamientos no contienen un análisis particular sobre las certificaciones
allegadas por el consorcio, sino que refuerzan el entendimiento general sobre la
eficacia probatoria de los documentos otorgados en el exterior. En consecuencia,
respaldan las conclusiones adoptadas por la Aerocivil, cuya decisión no se fundó
en el rechazo de las apostillas provenientes del estado de Ohio, sino en la ausencia
de dicho requisito respecto de los documentos expedidos en Carolina del Norte y
Colorado.

En cuanto a la vulneración del principio de buena fe, el actor se limitó a afirmar que
la entidad le atribuyó una conducta de mala fe al consorcio para declarar desierta
la licitación, sin aportar prueba alguna sobre dicha manifestación. Como se explicó,
la decisión se sustentó en la falta de claridad en la autenticación de las primeras
certificaciones y en la ausencia de apostilla en las subsanadas, circunstancias que
justificaban la actuación administrativa y no revelan conducta contraria a derecho.

66
Fls. 121 – 122, c1.
67
Fls. 123 – 125, c1.

24

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

El principio de buena fe en materia contractual tiene una dimensión objetiva, lo que
implica que el proponente debía demostrar que su actuación se ajustó a las
exigencias del ordenamiento jurídico68. En este caso, ello requería acreditar que se
realizó correctamente el trámite de apostilla respecto de los notarios ante quienes
se autenticaron las firmas de los funcionarios de los aeropuertos de Denver y
Charlotte.

De otro lado, el consorcio sostiene que se vulneró su derecho al debido proceso y
el deber de selección objetiva porque, según afirma, sí cumplió con los requisitos
del pliego y, por ende, debía ser elegido como la mejor oferta.

Respecto del debido proceso, el a quo constató que al actor se le otorgó el término
legal para subsanar las deficiencias formales de las certificaciones de experiencia.
Sin embargo, los documentos allegados omitieron la apostilla de los notarios ante
quienes se reconocieron las firmas de los funcionarios de los aeropuertos de
Denver y Charlotte. En esta instancia, el apelante se limita a reiterar que cumplió
“todos los requisitos” y a afirmar que la entidad desconoció los conceptos e informes
que acreditaban dicho cumplimiento; estos argumentos ya fueron debidamente
analizados en los párrafos anteriores.

Adicionalmente, el consorcio destaca que la Aeronáutica no dudó de la validez de
las apostillas del estado de Ohio. En efecto, la demandada declaró en el oficio del
14 de marzo de 201369 que:

[…] la Entidad nunca ha tenido dudas frente a la validez de las mismas [las
apostillas realizadas en el estado de Ohio], sin embargo, debemos aclarar
que el proceso de tales apostillas es válido pero respecto del fabricante
americano ADB, quien agregó un sello y firma en las certificaciones; pero
no lo es, respecto de cada uno de los funcionarios que certifican la
experiencia de dicho fabricante, y que fueron quienes otorgaron desde
diferentes Estados Americanos, las respectivas certificaciones que fueron
aportadas al proceso de contratación.

68
“(…) quien aduce haberse comportado de buena fe en la ejecución de una obligación, con el fin
de obtener para sí una consecuencia jurídica conveniente, debe demostrar que su conducta se
constituyó en el comportamiento que el ordenamiento jurídico y el contrato (pacta sunt servanda)
imponen, por lo que la apreciación del demandante de que su comportamiento fue ajustado a la
buena fe, requiere de su evaluación a la luz de lo dispuesto en el contrato y la ley, así como en las
disposiciones civiles y comerciales aplicables, en razón de la remisión expresa del artículo 13 de la
Ley 80 de 1993”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero
de 2024. Radicación No. 68-001-23-33-000-2015-00288-01 (62.023), C.P.: José Roberto Sáchica
Méndez.
69
Fls. 149 – 151, c1.

25

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Empero, aclaró que lo requerido era la apostilla de los notarios de los Estados
donde se otorgaron las certificaciones por parte de los funcionarios aeroportuarios.
La controversia residía, pues, en la falta de un requisito legal habilitante, no en la
veracidad de los documentos. Por tanto, este reproche no permite tener por
acreditada la supuesta vulneración del debido proceso

Tampoco se configura un desconocimiento del principio de selección objetiva.
Como se expuso, el requisito de apostilla no constituía una simple formalidad, sino
una exigencia legal indispensable para conferir validez probatoria a las
certificaciones emitidas en el exterior. Esta exigencia no podía suplirse mediante
comunicaciones electrónicas de los funcionarios que suscribieron las
certificaciones70, dado que la Ley 455 de 1998 establece expresamente que la
apostilla es el mecanismo idóneo para el reconocimiento de estos documentos.

Finalmente, el actor alegó la vulneración del principio de igualdad, al considerar que
la Aeronáutica Civil aplicó un trato diferenciado en el marco de la licitación pública
13000069 de 2013, en la que aceptó como válidos documentos expedidos por las
firmas NAV CANADA y Coastal Environmental Systems que contenían una apostilla
de características equivalentes a la presentada en el proceso sub lite.

Esta Subsección, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
ha profundizado sobre el principio de igualdad en la contratación estatal, el cual
exige otorgar un tratamiento idéntico a quienes se encuentran en igualdad de
condiciones71 y pretendan contratar con el estado72.

Si bien en el expediente reposan las certificaciones mencionadas por el actor73, no
obra ningún documento que permita establecer cuáles eran las condiciones de la

70
El demandante aportó las comunicaciones electrónicas de los funcionarios de los aeropuertos de
Harrisburg, Denver y Charlotte, confirmando la validez de las certificaciones presentadas (fls. 136 –
144, c1). No obstante, estos correos se aportaron en idioma inglés y no obra en el expediente su
traducción oficial.
71
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2024.
Radicación No. 25000-23-36-000-2020-00230-01 (70.670), C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez. “En
ese escenario, no se aprecia que la entidad demandada hubiese otorgado un trato desigual o
injustificadamente discriminatorio a Businessmind respecto del impartido al proponente SETI. Para
concluir lo opuesto, habría sido necesario que las circunstancias de hecho de la segunda
fuesen equivalentes a las de la primera (que ambas hubiesen intentado subsanar su oferta después
del plazo otorgado por el Informe de Evaluación Preliminar) y que, pese a ello, Colombia Compra
Eficiente desplegara un comportamiento disímil (teniendo por habilitada a la segunda y no a la
primera)”.
72
Ibidem.
73
Fls. 92 – 95, c1.

26

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

licitación pública 13000069 de 2013 ni si estas coincidían con las que rigieron el
proceso que aquí se analiza. Lo único que se advierte es que, en la Resolución
01164 de 2014, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
por el consorcio contra la declaratoria de desierta, la Aeronáutica señaló que, en
dicho proceso:

[…] la firma NAV CANADA emite una certificación suscrita por Terry Harris y
por Kevin North, director de ventas internacionales. El señor Kevin North,
hace reconocimiento de su firma y contenido ante un notario público del
estado de Washington, Michael Burke, y posteriormente el Secretario de
Estado que lo apostilla respecto al Notario Burke.

Este fragmento demuestra que, según el análisis efectuado por la entidad, las
certificaciones no tenían las mismas características que las allegadas en el proceso
actual.

Adicionalmente, el demandante presentó las certificaciones de NAV CANADA y
Coastal Environmental Systems en idioma inglés, sin su correspondiente traducción
oficial, lo cual impide su valoración en sede judicial, conforme a lo dispuesto en el
precitado artículo 251 del Código General del Proceso74.

En este contexto, no se configura la alegada vulneración al principio de igualdad,
toda vez que no obran en el plenario elementos que permitan establecer que ambas
licitaciones estuvieran sometidas a las mismas condiciones en lo relativo a la
apostilla de documentos, ni que las certificaciones presentaran características
equivalentes. Ello, sin perjuicio de la discusión sobre la procedencia, o no, de aplicar
el juicio de igualdad respecto de procesos de selección distintos, la cual no
constituye objeto de análisis en esta providencia, en la medida en que no se
encuentran acreditados los supuestos fácticos necesarios para ello.

7. Sobre la condena en costas de primera instancia:

Como último punto de la apelación, el actor cuestionó la condena en costas y
agencias en derecho, por considerar que no se encontraban probadas y resultaban
excesivas, en contravía del derecho de acceso a la administración de justicia. Alegó
que obró con lealtad procesal y que el tribunal desconoció la jurisprudencia según

74
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicación No.
05001-23-33-000-2018-01454-01 (27.547), C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.

27

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

la cual dichas condenas proceden únicamente ante conductas temerarias o de mala
fe75. Añadió que la apoderada de la entidad es funcionaria pública de la
Aeronáutica, por lo que no habría lugar al reconocimiento de agencias en derecho.

En primer lugar, la Sala aclara que las providencias invocadas por el actor como
precedente fueron proferidas en el marco de procesos regidos por el Decreto 01 de
1984. Bajo dicho régimen, la condena en costas respondía a un criterio subjetivo
vinculado a la conducta procesal de las partes. Sin embargo, tales disposiciones no
resultan aplicables en el presente caso, dado que este proceso se rige por la Ley
1437 de 2011 y el Código General del Proceso, cuerpos normativos que establecen
un régimen objetivo para la condena en costas.

En aplicación de lo previsto en el artículo 188 del CPACA y los artículos 365 y 366
del CGP, esta Corporación ha reiterado que las costas procesales tienen un
carácter eminentemente objetivo y se imponen a la parte vencida por el solo hecho
de no haber obtenido una decisión favorable, con independencia de la conducta
procesal que haya desplegado76.

Las costas procesales comprenden: (i) las expensas, entendidas como los gastos
efectuados durante el trámite del proceso, y (ii) las agencias en derecho, que
corresponden a la remuneración de los honorarios del apoderado judicial requerido
para intervenir en él. Según los numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP 77, la
liquidación del primer componente debe comprobarse, mientras que las agencias
en derecho son fijadas por el juez atendiendo a las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía

75
Refirió el auto del 19 de agosto de 2010, expediente 17.987, y un auto del 18 de julio de 2013,
ambos proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
76
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024.
Radicación No. 05001-23-33-000-2014-00800-01 (63.027), C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
77
“Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

28

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas.

Así, de acuerdo con una interpretación sistemática del numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso78, en armonía con las disposiciones que regulan la
liquidación de las costas procesales, resulta válido concluir que procede la condena
en costas cuando la parte o su apoderado ha estado presente en la respectiva
instancia o incidente.

En consecuencia, carecen de acierto los argumentos del demandante relativos a la
vinculación laboral de la apoderada de la Aeronáutica Civil, ya que este hecho no
desvirtúa dicha erogación. Por el contrario, confirma que la entidad tuvo que
destinar parte de su planta de personal a la defensa judicial, lo cual es suficiente
para tenerlas por causadas.

En el presente caso, el tribunal aplicó las tarifas fijadas por el Consejo Superior de
la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003 y estableció las agencias en derecho en
un 1% del valor de las pretensiones de la demanda. Como estas ascendían a la
suma de $36.994’386.072, el monto reconocido por concepto de agencias en
derecho fue de $369’943.860,70.

El demandante alegó que esta condena resultaba desproporcionada, pero no
aportó argumentos que sustentaran tal afirmación. La proporción fijada guarda
correspondencia con la cuantía de las pretensiones definidas por el propio
demandante, en línea con las disposiciones que regulan sus parámetros, razón por
la cual la Sala concluye que la condena en costas de primera instancia se encuentra
ajustada a derecho.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte demandante.

78
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.

29

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

7. Costas de segunda instancia:

Como se advirtió en el acápite anterior, en el sistema procesal actual, la condena
en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con
independencia de su conducta. Teniendo esto presente, se tiene que, de
conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil.

Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar
en costas a la parte vencida en un proceso; adicionalmente, el artículo 361 ibidem
estipula que las costas “(...) están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”.
Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto,
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo
366 de esa misma disposición.

Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, debido a que
el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia
no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal
a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, y de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta
la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso,
y otras circunstancias especiales, si las hubiere.

En ese sentido, se observa que se trata de un proceso de controversias
contractuales, cuyas pretensiones ascendían a la suma de $36.994’386.072.
Asimismo, la demandada designó apoderada, quien intervino en las actuaciones de
la segunda instancia.

30

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 1887 de 200379, vigente para la fecha en que
se presentó la demanda, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia
en el 0.1% de las pretensiones, es decir, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS ($36’994.386), que será pagada por el demandante Aviatek S.A.S. a favor
de la parte demandada, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. La
anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la
parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2018, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandante a pagar las costas del proceso. En
consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta
instancia, se fija la suma equivalente a TREINTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS ($36’994.386), que será pagada por el demandante Aviatek S.A.S. a favor
de la parte demandada, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo
de su competencia.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,

79
“ARTÍCULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (...) III.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (...) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor
de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

31

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-00184-01 (62.398).
Actor: Aviatek S.A.S.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Referencia: Ley 1437 de 2011 – Nulidad y restablecimiento del derecho.

de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

32

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