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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06867-00

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06867-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06867-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06867-00
Accionante: Aviatek S.A.S.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Tema: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Declaración de licitación desierta. NIEGA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por Aviatek S.A.S. en contra
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por la expedición de la
sentencia del 11 de julio de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al que le fue asignado el radicado 25000-23-36-000-
2015-00184-01.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se proteja su derecho fundamental al debido proceso.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La accionante narra que mediante la Resolución 06038 del 30 de octubre de 2013,
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ordenó la apertura de la
Licitación Pública 13000011-OL de 2013 para la automatización de ayudas
audiovisuales del Aeropuerto El Dorado.

Que la Unión Temporal Libsafair, el Consorcio Iluminación CAT 3 y el Consorcio
Samtek (integrado por Aviatek S.A.S. y Sampol) presentaron ofertas antes del cierre
del proceso de licitación que finalizó el 19 de noviembre de 2013.

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Que a través del Acta de Evaluación 0268 del 27 de noviembre de 2013, el Comité
Evaluador concluyó inicialmente que el Consorcio Samtek era el único proponente
que cumplía los requisitos jurídicos, técnicos y financieros.

Que con ocasión de las observaciones de los proponentes, el 12 de diciembre de
2013 el Comité Evaluador emitió un segundo informe de evaluación, en el que
determinó que el Consorcio Samtek no cumplía con los requisitos técnicos por
deficiencias en el reconocimiento y la apostilla de certificaciones de experiencia
emitidas en Estado Unidos, por lo cual se le requirió subsanar.

Que se allegaron distintas comunicaciones oficiales relacionadas con el trámite y
exigencia de apostilla de documentos y en la audiencia de adjudicación del 20 de
diciembre de 2013 se aportaron nuevamente los soportes, pero la entidad determinó
que persistía el incumplimiento respecto de dos certificaciones de experiencia, esto
es, las emitidas por los aeropuertos de Charlotte y Denver, debido a que la apostilla
recaía sobre copias autenticadas de un notario de Ohio y no sobre los actos de los
notarios que efectuaron el reconocimiento.

Que por lo anterior la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil declaró
desierta la licitación, por medio de la Resolución 07280 del 30 de diciembre de 2013,
por lo cual el Consorcio interpuso recurso de reposición, pero fue resuelto
desfavorablemente mediante la Resolución 01164 del 5 de marzo de 2014.

Que el 3 de septiembre de 2014 instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de dicha Unidad para discutir los actos administrativos
referidos, pero el 18 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones y lo condenó en costas.

Que interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y el 11 de julio de
2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la sentencia
recurrida por estimar que la apostilla era exigencia legal para la validez de los
documentos extranjeros y que dos de los soportes aportados no contaban con la
apostilla del acto notarial originario.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en un defecto
fáctico porque no valoró debidamente las pruebas, en la medida que no confrontó
las observaciones con la matriz de evaluación ni su contenido con las respuestas
institucionales y la documentación técnica de soporte, lo que impidió conocer el
razonamiento jurídico que la llevó de los hechos probados a la conclusión adoptada;
y en defecto sustantivo, porque no expuso suficientemente los fundamentos fácticos
y jurídicos que soportaron la decisión, lo que implicó la inaplicación de los mandatos
que gobiernan las providencias, esto es, los artículos 29, 228 y 230 de la
Constitución, así como los artículos 11 y 281 del Código General del Proceso.

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PRETENSIONES

Solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 11 de julio de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y se realice una valoración
integral, conjunta y explicita del acervo probatorio con motivación suficiente para
visualizar de manera completa y específica cada documento.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 4 de noviembre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como tercera con interés; y se corrió
el traslado respectivo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, indicó que la tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la sociedad accionante
se limitó a enunciar la presunta configuración de los defectos, pero no sustentó sus
afirmaciones ni señaló las pruebas que, a su juicio, fueron omitidas, lo que evidencia
que pretende revivir un debate que ya se efectuó en las instancias procesales
establecidas para ese fin y utilizar la acción como una instancia adicional, lo cual
desconoce el fin de la tutela y los requisitos jurisprudenciales para su procedencia.

Que en la sentencia ahora discutida analizó los argumentos expuestos en el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y valoró
adecuadamente el material probatorio relevante que fue aportado.

Concluyó que la acción debe declararse improcedente.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil manifestó que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, pues dentro del proceso
licitatorio dio estricto cumplimiento a la ritualidad del proceso respetando el pliego
de condiciones, el debido proceso y los derechos que le asistían a los participantes.

Señaló que en la sentencia discutida se realizó una exposición de los hechos, las
pruebas y los argumentos de defensa, así como un análisis razonado que llevó a la
autoridad judicial a establecer que los actos administrativos controvertidos fueron
proferidos con estricto apego a la ley y gozan de legalidad.

Que la accionante aludió a algunos de los requisitos específicos de procedibilidad,
pero no presentó un argumento claro, detallado y específico sobre la vulneración de
sus derechos. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o,
subsidiariamente, desvincularla.

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Se decidirá previo a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

A esta Subsección corresponde verificar inicialmente si se superan los requisitos
generales de procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida,
pues solo en el evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los
disensos esgrimidos.

Al respecto, se encuentra que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en los defectos fáctico y sustantivo alegados por la actora; ii) la acción se
presentó con inmediatez, pues el 22 de julio de 2025 se envió mensaje de datos
para notificar la sentencia discutida en esta sede y esta acción fue instaurada el 31
de octubre de este año; iii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; v) no se trata de una sentencia de tutela; y vi) no se
está invocando una irregularidad procesal, por lo cual no hay lugar a exigir el
cumplimiento de ese requisito. En consecuencia, se procederá al estudio de fondo.

En la sentencia discutida en esta sede, la autoridad judicial estableció que el estudio
efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, estuvo ajustado a derecho y atendió al examen detallado de las
certificaciones aportadas con la oferta inicial.

Así, advirtió que, como lo determinó esa autoridad judicial, las certificaciones

4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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expedidas por los aeropuertos de Charlotte Douglas y Denver no estaban
debidamente apostilladas, pues, aunque las firmas de los funcionarios estaban
autenticadas ante notarios públicos, no obraban las apostillas correspondientes a
esas autenticaciones, sino que únicamente estaban las apostillas respecto de un
notario que autenticó copias de las certificaciones iniciales, mas no las originales.
Lo anterior pese a que se concedió el término para subsanar dicho requisito, el cual
constituía una garantía legal para que los documentos extranjeros tuvieran validez
en Colombia.

Para llegar a la conclusión precedente, la Subsección analizó y se pronunció sobre
los argumentos de disenso expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de primera instancia y valoró las pruebas obrantes en el expediente,
las cuales daban cuenta del incumplimiento de la exigencia mencionada, lo que llevó
a que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil declarara desierto el
proceso de licitación.

Efectuado el recuento de los argumentos principales de la Sala aquí accionada para
confirmar la decisión denegatoria de las pretensiones del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se observa que la decisión adoptada estuvo
suficientemente motivada tanto en los elementos probatorios como en las
exigencias definidas en el proceso de selección, por lo cual no es cierto que la
sentencia discutida no esté debidamente justificada ni que no pueda entenderse
cuál fue el razonamiento jurídico efectuado para concluir que los actos
administrativos demandados no estaban viciados de nulidad.

Además, no se observa que la sociedad accionante haya identificado alguna prueba
concreta que, en su criterio, haya dejado de valorarse o se haya valorado
indebidamente, sino que se limitó a sostener que no existió un análisis integral del
material probatorio, por la falta de confrontación entre las observaciones, la matriz
de evaluación, las «respuestas institucionales» y la documentación aportada; sin
embargo, se aprecia que la Subsección accionada examinó tanto los requisitos
habilitantes previstos en el pliego de condiciones para la participación de los
oferentes como las certificaciones de experiencia allegadas por dicha sociedad y
motivó adecuadamente su decisión.

Distinto es que la parte actora no esté conforme con la decisión por no haberle sido
favorable a sus pretensiones y pretenda que se encuentren configurados los
defectos alegados, cuando lo cierto es que la providencia fue justificada de manera
suficiente y razonable a la luz de lo probado en el proceso ordinario, lo que descarta
la transgresión de los derechos fundamentales señalados como vulnerados y la
supuesta indebida aplicación de las normas indicadas por la parte actora.

En consecuencia, al no encontrarse acreditados los defectos endilgados a la
providencia aquí discutida, se negará el amparo solicitado por Aviatek S.A.S.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

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Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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