Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06486-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06486-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06486-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio
de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
6 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 26 de noviembre de 2024, el municipio de Itagüí interpuso acción de tutela contra
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de octubre
de 2024, en el marco del proceso de controversias contractuales con radicado 05001-
23-33-000-2014-00800-01. Formuló las siguientes pretensiones:
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Se advierte que el 6 de marzo de la presente anualidad ingresó el expediente al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y
tutela judicial efectiva vulnerados al Municipio de Itagüí, con ocasión de la
sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Subsección C, el día 28 de octubre de 2024 y
notificada vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2024.
2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto jurídico la sentencia
de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Subsección C. el día 28 de octubre de 2024, la cual fue notificada
vía correo electrónico el día 20 de noviembre de 2024 y, consecuencialmente,
solicito se dicte una nueva sentencia de reemplazo que ampare los derechos
constitucionales invocados en la acción.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, el departamento
de Antioquia demandó al municipio de Itagüí, con el fin de que se declarara el
incumplimiento y liquidación del Convenio Interadministrativo 2011-SS-15-017, cuyo
objeto consistía en «apoyar el proyecto con radicado número 2011050000199
Computadores Uno a Uno para potenciar el [sic] Mayor y mejor aprovechamiento de
la cultura de los estudiantes de básica primaria en todas las instituciones educativas
públicas del municipio, el cual busca incrementar la calidad educativa en las
instituciones educativas del municipio de Itagüí».
4. Como fundamento fáctico de la demanda de controversias contractuales, el
departamento de Antioquia indicó que para el desarrollo del referido convenio se
obligó a entregar cuatro mil quinientos millones de pesos al municipio de Itagüí y que
éste, a su vez, se comprometió a «invertir los recursos objeto del convenio únicamente
en la adquisición de los bienes que hacen parte del proyecto mencionado».
5. El proyecto, que hacía parte integral del convenio suscrito, se describía como
«[e]ntrega de portátiles OLPC para cada uno de los estudiantes de educación básica
primaria de instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí» y constaba de
las siguientes actividades previstas para el 2011:
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS: Acorde a lo proyectado en el año 2010 llegan las
primeras 1000 máquinas donadas por una empresa, el 3 de junio se ha firmado
el convenio de adquisición de 10.000 máquinas XO por un valor de
$4.970.000.000 (cuatro mil millones de pesos) [sic] en razón al costo de entonces
y a la TRM del momento, financiados con recursos propios del Municipio.
Estos computadores serán entregados en 90 días a partir de la firma del convenio.
Las otras 10.000 máquinas serán cofinanciadas por el Departamento de
Antioquia con recursos no reembolsables que ha asignado la
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
Administración Departamental, por un valor de $4.500.000.000 (cuatro mil
quinientos millones de pesos).
6. Según se narró en la demanda, luego del desembolso de los recursos por parte del
departamento de Antioquia la secretaría de educación y cultura (E) de Itagüí formuló
una «propuesta de modificación del gasto del convenio interadministrativo», frente a
la cual, mediante oficio del 26 de diciembre de 2011, el departamento de Antioquia se
pronunció en los siguientes términos:
[…] la Gobernación de Antioquia ve viable seguir apoyando el convenio del asunto
con la suma de dos mil cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta
y dos mil ciento noventa y dos pesos ($2.494.432.192) correspondientes al
suministro de redes, servidores y otros determinado en el contrato de UNE
necesarios para soportar la correcta operación de 10.000 equipos XO Laptop
adquiridos previamente por el municipio, y con el fin de que estos puedan ser
correctamente utilizados por beneficiarios del proyecto para lograr el propósito de
este. La Gobernación se ratifica en que los recursos aportados no se pueden
utilizar en terminar de pagar los 10.000 equipos adquiridos por la anterior
administración del municipio, dado que esta compra fue realizada antes de la
firma del convenio con la Gobernación, lo cual se convertiría en el pago de un
acto cumplido. Por lo tanto, estos recursos no utilizados, equivalentes a DOS MIL
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO
PESOS ($2.002.567.808), deben ser reembolsados a más tardar el día 28 de
diciembre de 2011, […]»
7. A juicio de la entidad demandante, la manifestación anterior no constituía la
suscripción de un convenio modificatorio, necesaria para que la destinación de los
recursos para otro fin tuviera validez, por lo que debía declararse el incumplimiento
del convenio interadministrativo y ordenarse su liquidación.
8. Al proceso de controversias contractuales se le asignó el radicado 05001-23-33-
000-2014-00800-00 y, correspondió, por reparto, a la Sala Primera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia, que, mediante providencia del 26 de febrero de
2018, accedió a las pretensiones de la demanda. Declaró el incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del municipio de Itagüí, bajo la consideración de
que los recursos que le fueron entregados por el departamento de Antioquia debían
haber sido destinados para la compra de 10.000 computadores. Sin embargo, en
realidad, fueron utilizados para terminar de financiar otros equipos adquiridos antes
de la suscripción del convenio y para la adecuación de redes, servidores «y otros».
En consecuencia, ordenó la liquidación del negocio jurídico en los siguientes términos:
(i) la restitución de cuatro mil quinientos millones de pesos y (ii) el pago de tres mil
seiscientos cuarenta y tres millones doscientos cuarenta mil ciento cuarenta y nueve
pesos, por concepto de intereses moratorios.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
9. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Alegó
que el objeto del convenio interadministrativo no se encontraba limitado a la
adquisición de los equipos de cómputo, sino que implicaba «apoyar» el proyecto
«Computadores Uno a Uno»; el cual constaba de varias etapas que, a su vez, tenían
distintas actividades a desarrollar, entre las que se encontraba la adecuación de la
infraestructura para la conectividad, que hacía parte del ítem o categoría de «obra
física».
10. Adicionalmente, sostuvo que las modificaciones en la matriz de inversión
estuvieron respaldadas por la manifestación del secretario de Educación para la
Cultura del departamento de Antioquia, quien, mediante oficio del 26 de diciembre de
2011, afirmó que veía «viable seguir apoyando el convenio del asunto con la suma de
dos mil cuatrocientos noventa y siete millones cuatrocientos treinta y dos mil ciento
noventa y dos pesos ($2.494.432.192) correspondientes al suministro de redes,
servidores y otros determinado en el contrato de UNE».
11. Finalmente, sostuvo que el a quo pasó por alto el incumplimiento en que incurrió
el departamento de Antioquia, pues de acuerdo con lo pactado, la referida entidad
tenía la obligación de desembolsar el dinero una vez suscrita el acta de inicio. Sin
embargo, pese a que ello ocurrió el 11 de julio de 2011, la entrega del dinero sólo se
realizó hasta el 20 de octubre de ese año.
12. Mediante sentencia del 28 de octubre de 2024, notificada el 20 de noviembre
siguiente, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la
sentencia de primera instancia. Declaró el incumplimiento contractual y la indebida
utilización de los recursos aportados por el departamento de Antioquia, ejecutados
fuera del plazo y sin autorización legal, en el Convenio Interadministrativo 2011-SS-
15-017 y, en consecuencia, ordenó al municipio de Itagüí pagar al departamento de
Antioquia la suma de quince mil ciento veinticuatro millones ochocientos siete mil
setecientos cuarenta y ochos pesos, por concepto de la suma entre el capital
adeudado, es decir, los aportes entregados que no fueron reembolsados, más los
intereses moratorios.
13. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la providencia censurada adolece
de los defectos: fáctico y sustantivo. En cuanto al primer cargo, consideró que «no
se valoró adecuadamente el convenio objeto de debate, ni el proyecto radicado ante
en banco de programas y proyectos de la gobernación de Antioquia, que dio origen a
la suscripción del convenio y que hacía parte integral del mismo, ni tampoco la
solicitud de modificación a la matriz del convenio y su correlativa aceptación por el
funcionario competente y debidamente delegado para contratar por parte del
Departamento de Antioquia, como era el Secretario de Educación Departamental».
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
14. Además, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada, especialmente
en lo relativo al incumplimiento del objeto contractual de parte del departamento de
Antioquia, a la interpretación restrictiva del objeto del convenio interadministrativo y a
la autorización del secretario de Educación para la Cultura del Departamento de
Antioquia para la destinación de los recursos con otros fines. Asimismo, indicó que no
se valoraron adecuadamente los testimonios de los señores David Fernando
Aristizábal Serna y Oscar Enrique Patiño Pérez, quienes fungían como supervisores
del convenio interadministrativo, que daban cuenta de que la «gobernación autorizó
modificar la matriz de inversión de los recursos».
15. En cuanto al defecto sustantivo, argumentó que la autoridad judicial accionada
interpretó y aplicó erróneamente el artículo 1609 del Código Civil, porque pasó por
alto que el incumplimiento del convenio provino en primer lugar del departamento de
Antioquia, de modo que no se encontraba en mora de cumplir a lo que se había
comprometido.
B. Trámite impartido e intervenciones
16. Mediante auto del 6 de diciembre de 20242, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Allí también ordenó
notificar al departamento de Antioquia, en calidad de tercero con interés y requirió
copia digital del proceso de controversias contractuales con radicado 05001-23-33-
000-2014-00800-01.
17. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado3, se opuso a
las pretensiones de la demanda, por considerar que la providencia cuestionada no
incurrió en el defecto fáctico que se le endilga. Afirmó que, por el contrario, los
argumentos de la entidad accionante son una mera inconformidad con la
hermenéutica contractual realizada por el juez del contrato.
18. En ese sentido, manifestó que el accionante expuso de forma aislada el contenido
semántico de algunas cláusulas del convenio en un sentido contrario al natural,
desconociendo la labor hermenéutica realizada en la sentencia. Por otro lado, sostuvo
que el municipio de Itagüí pretende suplir la inexistencia de la prueba de un acto
modificatorio del convenio para justificar las inversiones que realizó con fondos del
departamento de Antioquia, a través de unos testimonios que no son prueba
pertinente para acreditar la existencia de dicho acto jurídico.
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SAMAI, índice 5 del expediente digital de primera instancia.
3 SAMAI, índice 9 del expediente digital de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
19. Finalmente, adujo que, en el análisis de la excepción de contrato no cumplido,
propuesta por la entidad demandada, se razonó en torno a que aún en el hipotético
caso de que se admitiera el incumplimiento de la obligación de consignar el dinero el
mismo día que se suscribió el acta de inicio, lo cierto es que no puede afirmarse que
tal inobservancia hubiera determinado la destinación indebida de los recursos que
recibió.
20. El Tribunal Administrativo de Antioquia 4 remitió copia del expediente
digitalizado del proceso de controversias contractuales con radicado 05001-23-33-
000-2014-00800-00/01, pero no se pronunció respecto de la petición de amparo.
21. Mediante escrito presentado el 30 de enero de 20255, el consejero Jorge Iván
Duque Gutiérrez manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, al
advertir que suscribió la sentencia del 26 de febrero de 2018 proferida, en primera
instancia, en el medio de control que dio lugar a la instauración de la petición de
amparo.
C. Fallo impugnado6
22. En sentencia del 6 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró fundado impedimento manifestado por el consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia y negó
el amparo solicitado.
23. En su criterio, las consideraciones expuestas en la providencia censurada no
resultan irracionales o caprichosas, pues no solo se razonó sobre la integridad de los
elementos de juicio allegados al plenario, sino que a partir de un análisis suficiente de
las mismas concluyó que el municipio de Itagüí incurrió en un incumplimiento del
convenio interadministrativo 2011-SS-15-017. Por el contrario, lo que se advierte es
que la entidad accionante pretende utilizar la acción de tutela para plantear un análisis
de la prueba que, a su juicio, es el que debe darse. Lo anterior, afirmó, está
completamente vedado para el juez constitucional, toda vez que el mecanismo de
amparo no es una instancia adicional para requerir una nueva revisión de las pruebas
obrantes en el juicio ordinario.
D. Impugnación7
24. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó. Insistió en que en el
proceso resultó probado que el incumplimiento del convenio interadministrativo
4 SAMAI, índice 12 del expediente digital de primera instancia.
5 SAMAI, índice 14 del expediente digital de primera instancia.
6 SAMAI, índice 18 del expediente digital de primera instancia.
7 SAMAI, índice 22 del expediente digital de primera instancia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
provino en primer lugar del departamento de Antioquia y relacionó una serie de
pruebas documentales que, en su criterio, daban cuenta de ello.
25. Por otro lado, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en una
interpretación caprichosa y contraevidente de los elementos de convicción obrantes
en el expediente y reiteró en su integridad los argumentos expuestos en el escrito del
amparo.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019
(Reglamento Interno del Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela.
28. Para ello, en primer lugar, se examinará si la petición de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional.
Sólo en el evento de que se cumplan, se analizará si se encuentran configurados los
defectos fáctico y sustantivo o material atribuidos por la parte demandante a la
providencia del 28 de octubre de 2024.
G. Análisis de la Sala: requisito de relevancia constitucional
29. En sentencia del 5 de agosto de 20148, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia
judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo
de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
30. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
8 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». El segundo
hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este
valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos
fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
31. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
32. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente9 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
H. Caso concreto y solución del problema jurídico
33. De entrada, la Sala observa que, como acertadamente señaló el a quo, la petición
de amparo está dirigida a cuestionar la interpretación y razonamiento de los
elementos de convicción que condujeron al juez del contrato a declarar el
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del municipio de Itagüí, con
la única finalidad de extender y continuar el debate que ya fue razonablemente
zanjado en el proceso de controversias contractuales.
34. Revisado el expediente ordinario del proceso ordinario, la Sala advierte que a lo
largo del proceso y, específicamente, en el recurso de apelación formulado contra la
sentencia del 26 de febrero de 2018, el municipio de Itagüí insistió en que el
incumplimiento del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 provino, en primer
lugar, del departamento de Antioquia, por no haber desembolsado su aporte para el
proyecto el día que se suscribió el acta de inicio o, a más tardar, a partir del momento
en que se le informó sobre la cuenta creada para el depósito del dinero.
9 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de
2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
35. Además, sostuvo que la interpretación del objeto contractual fue restringida, en la
medida en que comprendía no sólo la compra de 10.000 equipos de cómputo, sino
en general el apoyo al proyecto «Computadores Uno a Uno», lo que implicaba
también la inversión en otros aspectos, como el de la obra física para la instalación y
adecuación de las redes de conexión inalámbrica.
36. Finalmente, consideró que el secretario de Educación del departamento, mediante
oficio E 201100100247 del 26 de diciembre de 2011, aceptó la solicitud de
modificación a los recursos de inversión del convenio presentada por el municipio
consistente en la utilización del aporte para la adecuación de la infraestructura
tecnológica de las sedes que albergan a los estudiantes beneficiarios del proyecto, la
cual incluyó cableado estructurado y eléctrico, aps y switches, servidores y sistema
operativo, PC móvil y mobiliario.
37. En vista de lo anterior, la Sala observa que los argumentos descritos que, se
insiste, también fueron expuestos por la entidad accionante en el recurso de apelación
que formuló contra la sentencia de primera instancia, constituyen justamente los
cargos de la petición de amparo, presentados ahora como defectos: (i) fáctico por
indebida valoración probatoria y (ii) sustantivo o material, por indebida interpretación
y aplicación del artículo 1609 del Código Civil. Lo que, de entrada, da cuenta de que
la finalidad de la entidad demandante es convertir este valioso mecanismo
constitucional en instancia adicional del proceso de controversias contractuales.
38. Para ilustrar lo anterior, la Sala confrontará los argumentos del recurso de alzada
en relación con los cargos de la petición de amparo en el siguiente cuadro
comparativo:
Reparos del recurso de apelación Argumentos de la petición de
amparo
Cargo 1: «(…) considero que el Municipio de Defecto fáctico: «considero que el
Sobre la Itagüí no incumplió el convenio fallador de segunda instancia, no
inexistencia de interadministrativo N° 2011-SS-15-017, valoró las pruebas de manera integral,
incumplimiento celebrado con el Departamento de asignando un menor valor a las
contractual por Antioquia por las siguientes razones: pruebas que aportó el Municipio, sin
parte del (…) que exista justificación para ello.
municipio de
Itagüí. El objeto del convenio celebrado entre el El objeto del convenio celebrado entre
Municipio de Itagüí y el Departamento de el Municipio de Itagüí y el
Antioquia en ningún momento se Departamento de Antioquia, en ningún
encontraba limitado exclusivamente a la momento se encontraba limitado
adquisición de equipos de cómputo, de exclusivamente a la adquisición de
hecho, el objeto era más amplio e integral equipos de cómputo, de hecho, el
porque se refería específicamente de objeto era más amplio e integral
apoyar el proyecto computadores uno a porque se refería específicamente de
uno, para potenciar el mayor y mejor apoyar el proyecto computadores uno
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Demandante: Municipio de Itagüí
aprovechamiento de la cultura de los a uno, para potenciar el mayor y mejor
estudiantes de básica primaria en las aprovechamiento de la cultura de los
instituciones educativas públicas del estudiantes de básica primaria en las
Municipio, el cual busca incrementar la instituciones educativas públicas del
calidad educativa en las instituciones Municipio, el cual, busca incrementar
educativas oficiales del Municipio de la calidad educativa en las
Itagüi.». instituciones educativas oficiales del
Municipio de Itagüí.
».
Cargo 2: «Como se observa, en ningún momento Defecto fáctico: «En ningún momento
Sobre la el objeto del convenio estaba limitado el objeto del convenio se limitó a la
autorización única y exclusivamente a la adquisición adquisición de los equipos de cómputo
para de las máquinas como lo entiende el sino que de la redacción de su objeto
destinación de Tribunal, sino que el mismo tenía una se infiere que la voluntad de las partes
los recursos connotación más amplia porque era era apoyar el proyecto en su integridad
del apoyar un proyecto liderado por el a tal punto que en un momento
departamento Municipio, dentro del cual la adquisición determinado el Secretario de
de Antioquia de los equipos de cómputo era la Educación del Departamento de
con otros fines. actividad principal, pero no la única, Antioquia en la comunicación del 26 de
como se explicó en líneas anteriores. diciembre de 2011 (oficio E
201100100247), aceptó que parte de
Lo anterior aparece corroborado en la los recursos comprometidos por el
respuesta dada por el Departamento de Departamento de Antioquia fueran
Antioquia el día 26 de diciembre de 2011 invertidos por el Municipio en bienes
(Oficio E201100100247 del 26 de asociados al proyecto, como era la
diciembre de 2011), cuando autoriza la infraestructura para conectividad, que
utilización de DOS MIL hacía parte del ítem o categoría de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE obra física propio de la etapa de
MILLONES CUATROCIENTOS inversión del proyecto, algo que no
TREINTA Y DOS MIL CIENTO hubiese sido posible si el objeto se
NOVENTA Y DOS PESOS limitara únicamente a la adquisición de
($2.497.432.192), para adecuación de máquinas.»
infraestructura tecnológica
(Contrato con UNE), atendiendo al
proyecto presentado por el Municipio.»
Cargo 3: Del «Como excepción de fondo el Municipio Defecto sustantivo: «La norma es clara
incumplimiento de Itagüi propuso la excepción de cuando señala, qué en los contratos
previo del contrato no cumplido argumentado que bilaterales, como es el caso que nos
departamento el Departamento de Antioquia se ocupa, ninguno de los contratantes
de Antioquia comprometió a entregar al Municipio el está en mora dejando de cumplir lo
valor de su aporte en un solo desembolso pactado, mientras el otro no lo cumpla
una vez suscrita el acta de inicio por su parte, o no se allane a cumplirlo
(cláusula cuarta del convenio). El acta de en la forma y tiempo debidos. Resulta
inicio fue, suscrita entre las partes el día claro en el expediente que el
11 de julio de 2011. Sin embargo, a pesar Departamento de Antioquia conforme
de lo acordado, el Departamento no al Convenio pactado se comprometió a
cumplió con su obligación en la forma entregar el valor de su aporte en un
pactada, pues el desembolso solo vino a solo desembolso una vez suscrita el
materializarse el día 20 de octubre de acta de inicio (Cláusula cuarta del
2011, después de múltiples convenio). Está igualmente probado
requerimientos, como se infiere de la que el acta de inicio del contrato fue
documentación que se anexa con la suscrita por las partes el día 11 de julio
contestación y lo afirmado en el hecho 9° de 2011.
de la demanda.
O sea que ya la obligación adquirida
Por tanto, el Departamento de Antioquia con el Departamento de Antioquia
no puede alegar que el Municipio de contaba con registro presupuestal para
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
Itagüí incumplió el convenio su desembolso y se habían cumplidos
interadministrativo N° 2011-SS-15-017 los requisitos para la ejecución del
por no haber ejecutado los recursos en el convenio. Si bien es cierto, solo hasta
plazo estipulado en el convenio, cuando el día 27 de julio de 2011 se informó la
fue precisamente el Departamento quien apertura de la cuenta para que el
primero incumplió su obligación Departamento de Antioquia
contractual al no desembolsar los consignara su aporte, el departamento
recursos dentro là del plazo acordado por de Antioquia solo consignó su aporte el
las partes en la cláusula cuarta del 20 de octubre de 2011, es decir, a más
convenio.» de tres (3) meses de suscrita el acta de
inicio y a 2 meses y 24 días de informar
la cuenta para la consignación de los
mismos y a 2 meses y 11 días de
finalizar el plazo del convenio. Así las
cosas, no podía alegar el
Departamento de Antioquia el
incumplimiento del Municipio cuando
quien primero incumplió fue el ente
departamental. En otros términos, el
municipio de Itagüí no estaba en mora
de cumplir lo pactado ya que el
Departamento no cumplío con su
obligación en la forma y tiempo
debidos».
39. Como se viene de leer, los cargos expuestos por el municipio de Itagüí en la
petición de amparo son exactamente los mismos argumentos que presentó en el
recurso de apelación, los cuales fueron estudiados por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación en la providencia censurada, a la luz de los elementos
de convicción allegados al proceso y de conformidad con las reglas de la experiencia
y la sana crítica.
40. La anterior aseveración encuentra su sustento en que, una vez revisada la
sentencia del 28 de octubre de 2024, se advierte que la autoridad judicial accionada
individualizó las inconformidades del recurrente y las resolvió de manera clara,
coherente y razonable. Concretamente, planteó los siguientes problemas jurídicos:
1. ¿El objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-017, suscrito entre
el departamento de Antioquia y el municipio de Itagüí, comprendía la
infraestructura para conectividad y la compra de los primeros diez mil
(10.000) computadores del proyecto que con este negocio jurídico era
apoyado, por lo cual la inversión de los recursos entregados por el
departamento en dicha infraestructura y en el pago de esos computadores
no constituyó un acto de incumplimiento del municipio?
2. ¿Incumplió el departamento de Antioquia el convenio interadministrativo
2011- SS-15-017 de 2011 por no haber entregado los recursos a su cargo
a la firma del acta de iniciación, de modo que pueda entenderse configurada
la excepción de contrato no cumplido que propuso el municipio
demandado?
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
41. Para resolver el primer interrogante, la autoridad judicial accionada consideró que,
de conformidad con una interpretación armónica del convenio interadministrativo
suscrito y de la propuesta presentada por el municipio para el apoyo del proyecto, el
objeto del negocio jurídico se concretaba en la entrega de cuatro mil quinientos
millones de pesos ($4.500.000.000) para la compra de diez mil (10.000)
computadores, adicionales a los que ya había adquirido el municipio, los cuales serían
entregados a cada uno de los estudiantes de educación básica primaria de
instituciones educativas oficiales del municipio de Itagüí.
42. Así, la conclusión a la que arribó la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación relativa a que debía declararse el incumplimiento contractual, por la
indebida destinación de los recursos entregados por el departamento de Antioquia en
cumplimiento del convenio interadministrativo resulta razonable y plausible, en la
medida en que, como se indició anteriormente, de una interpretación armónica de los
elementos de juicio, se arribó a la conclusión de que el aporte del departamento debía
ser destinado de manera exclusiva para la compra de 10.000 computadores. Sin
embargo, los recursos fueron destinados para terminar de financiar otros equipos,
para la adecuación de la infraestructura y para adquirir el servicio de redes de
conexión inalámbrica.
43. Ahora bien, en lo relativo al oficio E 201100100247 del 26 de diciembre de 2011,
que, a juicio del municipio demandado, constituye una autorización para la
modificación de la matriz del gasto, la autoridad judicial accionada razonó:
Al punto, advierte la Sala que el presupuesto del proyecto con radicación núm.
201102000199, referido en el objeto del convenio interadministrativo 2011-SS-15-
017, así como en el oficio transcrito en precedencia, en efecto contenía un ítem
de obra física, con una actividad consistente en “contratar la instalación y lograr
conectividad inalámbrica probada de los equipos en las d [sic]”. Pero, en todo
caso, de acuerdo con lo estipulado en dicho convenio, la financiación de esta
actividad no estaba a cargo del departamento de Antioquia. Por lo tanto, la
destinación de los fondos departamentales para la adecuación de la
infraestructura tecnológica de las sedes que albergaban a los estudiantes
beneficiarios del proyecto constituía una modificación de la matriz de
inversión estipulada en el convenio, como lo manifestó el propio municipio de
Itagüí, dándole así esa aplicación al negocio jurídico. (…)
Mediante el Decreto 2091 de 29 de junio de 2011, el Gobernador de Antioquia le
delegó al secretario de educación para la cultura las facultades específicas de
suscribir el convenio interadministrativo cuyo cumplimiento se debate en este
contencioso, además de “la realización de las actividades inherentes al trámite de
contrato, incluidas las modificaciones, ya sean adiciones o prórrogas al mismo”.
Por lo tanto, el secretario de educación para la cultura del departamento tenía la
facultad de modificar el convenio interadministrativo 2011-SS-15-017 de 2011. No
cabe afirmar, sin embargo, que con la comunicación de 26 de diciembre de
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Demandante: Municipio de Itagüí
2011 se hubiera producido dicha modificación contractual, pues en ella el
secretario de educación se opuso, por un lado, a la destinación de los fondos
departamentales para el pago de los primeros diez mil (10.000) computadores
cuya financiación estaba a cargo del municipio; y, por el otro, manifestó
únicamente que veía viable seguir apoyando el proyecto, sin que con tal
manifestación se pueda entender obviada la necesaria suscripción del
convenio modificatorio que había de entenderse planteada por el municipio
para destinar esos fondos a la adecuación de la planta física de las
instituciones educativas municipales. La semántica de la respuesta, en cuanto
se refiere al adjetivo viable que en esta incluyó el departamento, debía entenderse
en su sentido natural y obvio, como referente a aquello (para el caso la propuesta),
“que, por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”,
significado que no equivale a la formalización de esa propuesta al margen
de la debida convención modificatoria planteada.
44. Por otro lado, la Sala advierte que, en cuanto al segundo problema jurídico, la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que no había lugar
a declarar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del departamento de
Antioquia, por cuanto, si bien la suscripción del acta de inicio constituía una condición
para la entrega de los recursos, lo cierto es que dicha condición no implicaba una
obligación de que la referida entrega se realizara de manera concomitante.
45. Adicionalmente, expuso que, en todo caso, y, aún si, en gracia de discusión se
admitiera que el departamento incurrió en un incumplimiento contractual, por haber
realizado el desembolso tardío del dinero, lo cierto es que no se acreditó que tal
incumplimiento hubiera determinado, en modo alguno, la inobservancia de las
obligaciones del municipio.
46. De lo anterior se colige que la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación atendió en su integridad los reparos expuestos por la entidad
demandante en contra de la sentencia de primera instancia, los cuales, valga decir,
son los mismos que puso de presente en la acción de tutela. No obstante, como
resultado de tal estudio, concluyó que tales alegatos resultaban insuficientes para
desvirtuar el hecho de que los recursos que fueron entregados por el departamento
de Antioquia en virtud del convenio interadministrativo con el único fin de adquirir
10.000 computadores, fueron utilizados para financiar otros equipos que no hacían
parte del negocio jurídico y para adecuar la infraestructura para la instalación de los
mismos. Circunstancia que desconoció el objeto del contrato y resultaba ser una
modificación de la matriz del gasto que sólo podía realizarse a través de la suscripción
de un convenio modificatorio.
47. Lo anterior, como acertadamente lo indicó la autoridad judicial accionada, no
podía entenderse superado con la simple manifestación de viabilidad expresada por
el secretario de Educación del departamento, mediante el oficio E 201100100247 del
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
26 de diciembre de 2011, pues aquello no equivalía a la formalización de la
modificación de la matriz del gasto.
48. Tampoco resulta irracional o caprichoso el juicio que realizó la autoridad judicial
demandada en relación con el incumplimiento del departamento de Antioquia, pues,
en efecto, de acuerdo con lo pactado, es decir, que: «[e]l departamento entregará EL
MUNICIPIO el valor de su aporte en un solo desembolso una vez suscrita el acta de
inicio», la firma del acta de inicio era una condición necesaria para el desembolso de
los recursos del departamento, pero no era obligatorio que aquello ocurriera en la
misma fecha. Por lo que, lo anterior, sería procedente sólo en el evento en el que se
hubiera establecido que el aporte del departamento debía entregarse «al momento
de la firma del acta de inicio».
49. Finalmente, la Sala encuentra que le asiste razón a la autoridad judicial
demandada, quien, en la contestación de la demanda, argumentó que, al señalar la
supuesta omisión de valoración de unos testimonios, la entidad demandante pretende
desconocer la existencia de una prueba pertinente para acreditar el hecho de que se
encontraba autorizada para destinar los recursos entregados por el departamento con
otros fines distintos a la adquisición de los 10.000 equipos de cómputo. Lo anterior,
en la medida en que el único medio de convicción que permitiría probar tal
circunstancia sería el convenio modificatorio debidamente suscrito por las partes, el
cual, valga decir, no fue aportado al proceso.
50. Con fundamento en lo anterior, en plena sintonía con lo considerado en primera
instancia, la Sala advierte que lo que existe en este caso es una inconformidad de la
parte demandante con la forma en la que la autoridad judicial demandada definió la
controversia, circunstancia que escapa de la competencia del juez de tutela.
51. Sin embargo, aunque materialmente se comparte en su integridad el
razonamiento efectuado por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación en primera instancia, por cuanto allí se realizó un acertado estudio sobre
la razonabilidad de la decisión censurada y la improcedencia de la petición de amparo;
la Sala modificará la decisión del a quo, porque pese a que se realizó el juicio en los
términos anteriormente descritos, en la parte resolutiva de la providencia decidió
negar el amparo solicitado.
52. Así las cosas, la Sala modificará la parte resolutiva de la providencia del 6 de
febrero de 2025, que decidió negar el amparo solicitado por el municipio de Itagüí y,
en su lugar, se declarará su improcedencia, por carecer del requisito de relevancia
constitucional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06486-01
Demandante: Municipio de Itagüí
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Modificar la sentencia del 6 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el Municipio de
Itagüí, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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