Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06497-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06497-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06497-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
24 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos1
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro2
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia y
ii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis David Bitar Ríos contra la
Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado3, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 18 de septiembre de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de
7 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 700013333005201900188-01: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, se vinculó como suboficial a la Infantería de Marina (Armada
Nacional), el 13 de enero de 2012, y que mediante orden administrativa núm. 0650
de 15 de junio de 2018, le fue ordenado el traslado al Batallón de Instrucción de
Infantería de Marina núm. 2 con sede en Coveñas- Sucre.
4. Señaló que, le fue adelantado un proceso disciplinario con número de radicación
009-SCBININ”- 2018- ARC, “[…] bajo la competencia del SEGUNDO
COMANDANTE BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
No. 2 con sede en Coveñas Sucre, por préstamo de dinero a interés. […]”.
5. Indicó que, fue retirado del servicio activo con pase a la reserva, mediante la
Resolución núm. 1259 de 10 de diciembre de 2018, firmada por el Comandante de
la Armada Nacional.
6. Sostuvo que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 70001-33-33-005-
2019-00188-00 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Armada
3 3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
Nacional, a través de la cual solicitó, a título de restablecimiento del derecho, fuera
reintegrado al cargo que venía desempeñando; proceso que fue resuelto en
primera instancia mediante sentencia de 7 de junio de diciembre de 2024 proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, al decidir:
“[…] PRIMERO: Niéguense las pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo motivado.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto.
[…]”
7. Adujo que, el Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 18 de
septiembre de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de fecha 7 de junio de 2024 proferida por
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, por las razones
expuestas en este proveído.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia judicial […]”.
7.1 Como fundamento de su decisión consideró que4:
“[…] En efecto, se examinó la afectación grave del servicio, punto en el que se estudió
el hecho que el actor valiéndose de su cargo como Comandante de Escuadra, en
abuso de su posición y poder como superior, ofreciera préstamos y certificados de
habilidades a sus subalternos. […]”
“[…] Se revisó la pérdida de confianza, en el cual se tuvo en cuenta que la conducta
del señor Bitar Ríos, carecía de los principios y valores militares que por mandato de
la Ley son exigidos en la carrera militar, tal como lo indica la Ley 1862 de 2017 que
se refiere a los principios de la condición militar.”
“ […] En este contexto, no se acogen los argumentos del recurrente referente al hecho
de que con la expedición del acto de retiro y el fallo sancionatorio dentro del proceso
disciplinario se enjuició en dos oportunidades al actor por los mismos hechos,
resultando el acto acusado a su juicio subjetivo, infundado, ilegal y desproporcional,
en razón a que, la facultad discrecional es una medida de carácter administrativo
destinada a la defensa del interés general y el mejoramiento del servicio público, y la
potestad disciplinaria es una modalidad de los poderes sancionatorios, que busca la
materialización de los principios propios del Estado Social de Derecho, asegurando
la apropiada gestión de la administración pública. Tenemos entonces que el hecho de
que exista una investigación disciplinaria no suspende el ejercicio de la potestad
discrecional y viceversa, pues las mismas pueden ejercerse concomitantemente,
[…]”.
[…]
“[…] De acuerdo a lo anterior y lo probado en el asunto, se tiene que si bien se inició
la investigación disciplinaria N° 009-SCBINIM2-2018-ARC contra el señor Luis Bitar
4 Transcripción literal del texto
4
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
Ríos por “El préstamo de dinero al interés y Ofrecimiento de certificados” en la cual
se probó tal como quedó consignado en el fallo de fecha 28 de diciembre de 2018 la
responsabilidad disciplinaria de este, la motivación del retiro del actor tuvo su génesis
como antes se expuso en las conductas irregulares por el desplegadas, las cuales
contrariaron los principios y objetivos misionales de la institución-Armada Nacional-,
lo que conllevó al uso de la facultad discrecional para garantizar así el buen
funcionamiento de la administración pública.
El segundo argumento del recurso se sustenta en la prueba testimonial, según la cual
manifiesta la parte actora que se logra demostrar que se ejecutó un complot en contra
del señor Luis David Bitar Ríos para retirarlo de la Armada Nacional; sin embargo, de
la declaración del testigo solo puede inferirse que el actor como Cabo Segundo de la
Armada Nacional, nunca le prestó dinero al testigo señor Sebastián Cogollo Turizo o
delante de este, lo que se extrae de su dicho cuando indicó: “Las veces que él prestó
guardia en mi pelotón nunca lo vi ni prestando plata ni nunca me prestó plata a mí eso
es totalmente falso…”
Ahora bien, es cierto que el testigo manifestó: “...allí llegaron unos subtenientes … y
llegaron imponiendo el orden jerárquico por encima de los oficiales de manera
grotesca, entonces si vi que tuvo discusiones, pero sin faltarle el respeto con un oficial
directamente, que era un subteniente Murillo”, ello por sí solo no demuestra la
conspiración en contra del actor.
Por lo que para esta Corporación el dicho del testigo no logra desvirtuar que el retiro
del servicio se dio por causa distinta a la facultad discrecional dispuesta en la ley,
máxime que la prueba testimonial no se encuentra soportada en ningún otro medio
probatorio, en cambio, sí se pudo constatar que el retiro se fundamentó como en
precedencia se expuso en la pérdida de confianza que la institución había depositado
en el militar en ese momento. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela5:
“[…] 1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y
violatorio de las garantías Constitucionales y legales que integran los derechos
fundamentales al debido proceso, el principio non bis in ídem, y a la correcta
administración de justicia para el accionante.
2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o similares
pronunciamientos.
a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha siete (7) de junio de
dos mil veinticuatro 2024), proferida por el juzgado quinto administrativo oral del
circuito de Sincelejo, Dr. […], dentro del medio de control acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado: 70001333300520190018800, promovida
por Luis David bitar ríos, contra el ministerio de defensa – armada nacional.
5 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
b.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha dieciocho (18) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el tribunal administrativo de
sucre, magistrada ponente: […], dentro del medio de control acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado: 70001333300520190018801, promovida
por Luis David bitar ríos, contra el ministerio de defensa – armada nacional.
c.-) Que se ordene proferir nueva providencia judicial, dentro del medio de control
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
70001333300520190018800, promovida por Luis David bitar Ríos, contra el
ministerio de defensa – armada nacional, teniendo en cuenta la observancia del
debido proceso, el principio NON BIS IN ÍDEM, y la tutela jurisdiccional efectiva,
dentro del asunto en estudio. […]”.
9. El actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal Administrativo de Sucre
incurrió en “[…] vía de hecho por defecto procedimental absoluto, defecto fáctico y
otro, actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad, contrario al orden jurídico
prestablecido y violatorio de las garantías Constitucionales y legales que integran
los derechos fundamentales al debido proceso, el principio no bis in ídem, y a la
correcta administración de justicia del accionante6 […]”, porque:
“[…] SEPTIMO: Mi representado LUIS DAVID BITAR RIOS fue enjuiciado Dos (2)
veces por los mismos hechos, esto es: - Sancionado mediante el fallo de primera
instancia, de fecha 28 de diciembre de 2018, proferido dentro del proceso disciplinario
de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC, con la SANCION con suspensión e
inhabilidad especial por el termino de CUATRO MESES…. - Retirado mediante la
RESOLUCION No 1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita por el señor
almirante Ernesto Duran González, comandante de la ARMADA NACIONAL. Las
anteriores Dos (2) sanciones fueron en base a un mismo hecho, esto es, préstamo de
dinero a interés, irrumpiendo el principio NON BIS IN ÍDEM, Principio jurídico que
establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
Ver pantallazo del fallo de primera instancia, de fecha 28 – 12 - 2018, proferido dentro
del proceso disciplinario de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC.
[…]
“[…] Las anteriores Dos (2) sanciones fueron en base a un mismo hecho, esto es,
préstamo de dinero a interés, violentando el Artículo 29 constitución política, que
establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas…, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo cual fue
desconocido por la accionada JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE SINCELEJO, Dr. […]. De la misma manera la accionada le desconoció
al accionante la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la
defensa de sus intereses, al no interpretar la ley procesal como objeto para la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial encontrada en el artículo
29 de la constitución política. El artículo 2o. del código general del proceso, establece
que toda persona… tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de
duración razonable... Como se puede apreciar, estos fundamentos esenciales para la
administración de justicia fueron lesionados por la accionada JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, Dr. […], al proferir la
SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL
6 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
VEINTICUATRO 2024), con una Violación directa de la Constitución, esto es, el
Artículo 29 constitución política.
[…]
“[…] DECIMO SEGUNDO: Se duele el accionante que el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, en la SENTENCIA
JUDICIAL DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024),
haya desconocido y no le haya dado el valor probatorio a las siguientes pruebas
decretadas y practicadas legalmente en el proceso de la referencia, estas son entre
otras: .- El testimonio del señor [..., en el cual se pudo probar que el actor LUIS DAVID
BITAR RIOS, fue víctima de un montaje, con el fin de sacarlo de la entidad armada
nacional. .- La RESOLUCION No 1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita
por el señor almirante […], comandante de la ARMADA NACIONAL, se pudo probar
que el actor LUIS DAVID BITAR RIOS, fue motivada de manera ilegal, tomando el
concepto emitido por la juntas asesoras o comité de evaluación, esto es, préstamo a
interés. .- El fallo de primera instancia, de fecha 28 de diciembre de 2018, proferido
dentro del proceso disciplinario de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC, es
motivado por préstamo a interés.
DECIMO TERCERO: Se duele el accionante que el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, en la SENTENCIA
JUDICIAL DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024),
haya desconocido la prueba testimonial del señor […], que de manera presencial
actúa, y afirma que el actor LUIS DAVID BITAR RIOS, fue víctima de un montaje, con
el fin de sacarlo de la entidad armada nacional, Testimonio que desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, esto es, RESOLUCION
No 1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita por el señor almirante Ernesto
Duran González, comandante de la ARMADA NACIONAL, mediante el cual retira del
servicio activo de las fuerzas militares-armada nacional…al señor cabo segundo de
infantería de marina BITAR RIOS LUIS DAVID, identificado con la cedula de
ciudadanía No. […].
DECIMO CUARTO: La parte demandante dentro de la oportunidad legal presento
recurso de apelación contra la SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA SIETE (7) DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024), proferida por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, dentro del medio de
control: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
RADICADO: 70001333300520190018800, promovida por LUIS DAVID BITAR RIOS,
contra EL MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL DECIMO QUINTO: EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, MAGISTRADA PONENTE: […], al
proferir la SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), confirmando la Sentencia de fecha 7 de junio
de 2024 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, con una Violación directa de la Constitución, esto es, el Artículo 29
constitución política.
[…]
Como se puede apreciar, estos fundamentos esenciales para la administración de
justicia fueron lesionados por la accionada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SUCRE, MAGISTRADA PONENTE: TULIA ISABEL JARAVA CÁRDENAS, al proferir
la SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA DIECIOCHO (18) DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTICUATRO (2024), confirmando la Sentencia de fecha 7 de junio de 2024
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, con
una Violación directa de la Constitución, esto es, el Artículo 29 constitución política.
[…]”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
[…]
“[…] Lo anterior evidencia una irracionalidad procesal en el asunto en estudio, al no
darle valor probatorio a la prueba testimonial del señor SEBASTIAN JOSE COGOLLO
TURIZO, lesionándole al accionante la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
de sus derechos y la defensa de sus intereses, al no interpretar la ley procesal como
objeto para la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial
encontrada en el artículo 29 de la constitución política. El artículo 2o. del código
general del proceso, establece que toda persona…. tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses,
con sujeción a un debido proceso de duración razonable... DECIMO SEPTIMO: Las
accionadas le realizaron un mal estudio a la demanda ACCION DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RADICADO: 70001333300520190018800,
promovida por LUIS BITAR RIOS, contra EL MINISTERIO DE DEFENSA–ARMADA
NACIONAL, al no advertir que mi representado LUIS BITAR RIOS fue enjuiciado Dos
(2) veces por los mismos hechos, irrumpiendo el principio NON BIS IN ÍDEM, Principio
jurídico que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los
mismos hechos, esto es: .- Sancionado mediante el fallo de primera instancia, de
fecha 28 – 12 - 2018, proferido dentro del proceso disciplinario de RADICADO 009-
SCBININ2 – 2018 – ARC, con la SANCION con suspensión e inhabilidad especial por
el termino de CUATRO MESES, por los hechos de préstamo de dinero a interés.
Nótese, las consideraciones y los hechos de investigación, préstamo a interés, como
lo muestra el fallo de primera instancia, de fecha 28 – 12 - 2018, proferido dentro del
proceso disciplinario de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC. […]”.
[…]
“[…] Como se puede ver en los actos administrativos precitados, las fechas de
sanción, datan del mismo mes y año, motivadas por un mismo hecho, esto es,
préstamo de dinero a interés, irrumpiendo el principio NON BIS IN ÍDEM, Principio
jurídico que establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los
mismos hechos. Lo acontecido en el caso en estudio, lesiona directamente derechos
de rango constitucional, y convierte al estado colombiano en victimario, y una
administración de justicia endeble al no aplicar la prevalencia de la norma sustancial
ante la arbitrariedad subjetiva, que no hace más que inflar los hechos de impunidad,
como sucede en el caso en estudio, un ciudadano queda sin actividad laboral por
aplicación irracional de la norma. […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de diciembre de 2024: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y al Juez Quinto Administrativo Oral
del Circuito de Sincelejo; iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional, concediéndole el término de tres (3) días para que
rindiera informe sobre el particular; y iv) negó la medida provisional solicitada por el
actor.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
11. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se declare la improcedencia de
la acción de tutela, al considerar que no hubo arbitrariedad, defecto sustancial o
procesal alguno por parte del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito del
Sincelejo como tampoco por parte del Tribunal Administrativo de Sucre.
11.1 Manifestó que debe mantenerse la decisión adoptada por el Tribunal y que se
desestimen las reclamaciones presentadas por el actor, al considerar que “[…]
hubo un pronunciamiento expreso frente a las pruebas incorporadas al interior del
proceso judicial. El hecho de que la parte demandante no estuviese de acuerdo
con la valoración realizada, no lo habilitaba para cuestionar este aspecto en sede
de tutela, teniendo en cuenta la aplicación del principio de autonomía judicial. Así
pues, debe declararse improcedente este recurso de amparo, con sustento en que
hubo un análisis de las pruebas referenciadas por la accionante. Conviene insistir
en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez natural y
por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado. En vista
de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración
efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que
aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se
reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia. […]”.
12. El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo allegó el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 700013333005201900188-00/01.
13. El Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) marco
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso;
v) análisis del caso concreto y finalmente las vi) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
18. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201415, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15 Ut supra página 6.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [17].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [19].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
13
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Actor: Luis David Bitar Ríos
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado23:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Actor: Luis David Bitar Ríos
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y
ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
27. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202226 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
25 Ibidem.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
16
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
28. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
27 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
17
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
32. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 18 de septiembre de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de
7 de junio de 2024, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 700013333005201900188-01: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
33. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
34. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
28 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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Actor: Luis David Bitar Ríos
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
35. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
35.1 Copia digital del expediente del proceso adelantada en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 700013333005201900188-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
36. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente29:
“[…] A fin que se amparen transitoriamente o de manera definitiva los derechos
fundamentales al debido proceso, y a la correcta administración de justicia, lo cual
realizo de acuerdo a las sergas que plasmare en el acápite de los hechos de la
presente acción de tutela. Ya que la corte constitucional en sus reiteradas
jurisprudencias ha venido sentando, concepto claro que permiten controvertir las
decisiones judiciales cuando estas son actuaciones arbitrarias e ilegítima de la
autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías
constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, en estos casos es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales ejecutoriadas. La naturaleza subsidiaria de la
acción de amparo y el hecho de que ésta no debe reemplazar los mecanismos
ordinarios, ha llevado a la Corporación a estudiar en forma específica el referido a la
posibilidad de ejercer acción de tutela contra providencias judiciales. En este sentido,
a partir de la sentencia C-592 de 1993, y otras, la jurisprudencia constitucional ha
admitido reiteradamente la procedencia excepcional de este mecanismo cuando el
pronunciamiento del funcionario judicial incurra en una vía de hecho. […]”.
[…]
“[…] SEPTIMO: Mi representado LUIS DAVID BITAR RIOS fue enjuiciado Dos (2)
veces por los mismos hechos, esto es: .- Sancionado mediante el fallo de primera
instancia, de fecha 28 de diciembre de 2018, proferido dentro del proceso disciplinario
29 Transcripción literal del texto.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC, con la SANCION con suspensión e
inhabilidad especial por el termino de CUATRO MESES…. .- Retirado mediante la
RESOLUCION No 1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita por el señor
almirante Ernesto Duran González, comandante de la ARMADA NACIONAL. Las
anteriores Dos (2) sanciones fueron en base a un mismo hecho, esto es, préstamo de
dinero a interés, irrumpiendo el principio NON BIS IN ÍDEM, Principio jurídico que
establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
Ver pantallazo del fallo de primera instancia, de fecha 28 – 12 - 2018, proferido dentro
del proceso disciplinario de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC. […]”
[…]
“[…] OCTAVO: Mi representado LUIS DAVID BITAR RIOS presento ante el JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, Dr. TRINIDAD
JOSE LOPEZ PEÑA, ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO, de RADICADO: 70001333300520190018800, contra el MINISTERIO DE
DEFENSA – ARMADA NACIONAL.
[…]
“[…] Se duele la parte actora que el A-quo no haya advertido que la parte actora LUIS
DAVID BITAR RIOS fue enjuiciado Dos (2) veces por los mismos hechos (préstamo a
interés), dentro de Dos (2) actuaciones distintas, esto es, con facultad disciplinaria, y
la otra con facultad discrecional, esto es: .- Sancionado mediante el fallo de primera
instancia, de fecha 28 de diciembre de 2018, proferido dentro del proceso disciplinario
de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC, por el termino de CUATRO MESES,
motivado por hechos de préstamo a interés. - Retirado mediante la RESOLUCION No
1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita por el señor almirante Ernesto Duran
González, comandante de la ARMADA NACIONAL, motivado por hechos de préstamo
a interés. En el proceso disciplinario de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC,
del SEGUNDO COMANDANTE BATALLON DE INSTRUCCIÓN DE INFANTERIA DE
MARINA No 2, el señor LUIS DAVID BITAR RIOS es sancionado por préstamo a
interés. En la RESOLUCION No 1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita por
el señor almirante Ernesto Duran González, comandante de la ARMADA NACIONAL,
motivado de manera ilegal, toma el concepto emitido por la juntas asesoras o comité
de evaluación, préstamo a interés. Lo anterior, entra en la esfera de un retiro
fundamentado en la arbitrariedad, ya que los conceptos de los comités no deben estar
precedido de un procedimiento administrativo, lo anterior, debido a que ello
desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente está instituida para la
administración.
DECIMO SEGUNDO: Se duele el accionante que el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, en la SENTENCIA
JUDICIAL DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024), haya
desconocido y no le haya dado el valor probatorio a las siguientes pruebas decretadas
y practicadas legalmente en el proceso de la referencia, estas son entre otras: El
testimonio del señor SEBASTIAN JOSE COGOLLO TURIZO, en el cual se pudo
probar que el actor LUIS DAVID BITAR RIOS, fue víctima de un montaje, con el fin de
sacarlo de la entidad armada nacional. - La RESOLUCION No 1259 de fecha 10 de
diciembre de 2018, suscrita por el señor almirante Ernesto Duran González,
comandante de la ARMADA NACIONAL, se pudo probar que el actor LUIS DAVID
BITAR RIOS, fue motivada de manera ilegal, tomando el concepto emitido por la juntas
asesoras o comité de evaluación, esto es, préstamo a interés. - El fallo de primera
instancia, de fecha 28 de diciembre de 2018, proferido dentro del proceso disciplinario
de RADICADO 009- SCBININ2 – 2018 – ARC, es motivado por préstamo a interés.
DECIMO TERCERO: Se duele el accionante que el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, en la SENTENCIA
JUDICIAL DE FECHA SIETE (7) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO 2024), haya
desconocido la prueba testimonial del señor SEBASTIAN JOSE COGOLLO TURIZO,
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Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
que de manera presencial actúa, y afirma que el actor LUIS DAVID BITAR RIOS, fue
víctima de un montaje, con el fin de sacarlo de la entidad armada nacional, Testimonio
que desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, esto es,
RESOLUCION No 1259 de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita por el señor
almirante Ernesto Duran González, comandante de la ARMADA NACIONAL, mediante
el cual retira del servicio activo de las fuerzas militares-armada nacional… al señor
cabo segundo de infantería de marina BITAR RIOS LUIS DAVID, identificado con la
cedula de ciudadanía No. […]” .
“[…] Como se puede ver en los actos administrativos precitados, las fechas de sanción,
datan del mismo mes y año, motivadas por un mismo hecho, esto es, préstamo de
dinero a interés, irrumpiendo el principio NON BIS IN ÍDEM, Principio jurídico que
establece que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.
Lo acontecido en el caso en estudio, lesiona directamente derechos de rango
constitucional, y convierte al estado colombiano en victimario, y una administración de
justicia endeble al no aplicar la prevalencia de la norma sustancial ante la arbitrariedad
subjetiva, que no hace más que inflar los hechos de impunidad, como sucede en el
caso en estudio, un ciudadano queda sin actividad laboral por aplicación irracional de
la norma. […]”.
37. Para la Sala el asunto controvertido por el actor ya fue objeto de estudio por las
autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia judicial
no constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto por el
juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.
38. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento
adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo
en una instancia adicional.
39. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
21
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales […]”.
40. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
41. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los derechos
fundamentales indicados supra.
42. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección
del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa
de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor alega
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
43. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia enunciados por el actor, no se evidencian
en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del
proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas.
Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad
que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar el derecho
fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.
44. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
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Actor: Luis David Bitar Ríos
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
45. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor
enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un
debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
46. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202406497-00
Actor: Luis David Bitar Ríos
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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