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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06497-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06497-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la providencia del 23 de enero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y en su lugar: Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Luis David Bitar Ríos por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06497-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06497-01
Accionante: Luis David Bitar Ríos
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revoca la decisión judicial de primera instancia y, en su lugar,
niega las pretensiones de la acción de tutela por no demostrar
los defectos endilgados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 23 de
enero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
la cual declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no cumple con
el requisito de relevancia constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El señor Luis David Bitar Ríos ostentaba el grado de cabo segundo de infantería
de marina en la Armada Nacional al momento de ser vinculado al proceso
disciplinario con radicado no. 099-SCBININ2-2018-ARC, por préstamo de dinero
a interés y ofrecimiento de certificados de habilidades al personal de aspirantes
que se encontraba bajo su mando.

A través de la Resolución no. 1259 del 10 de diciembre de 2018, el comandante
de la Armada Nacional retiró al demandante del servicio activo de la Armada
Nacional, con fundamento en la facultad discrecional.

Mediante providencia del 28 de diciembre de 2018, el segundo comandante del
Batallón de Instrucción de Infantería de Marina No. 2, con sede en Coveñas,
declaró responsable disciplinariamente al accionante por incumplimiento del
sumario de órdenes permanentes contenido en la Circular 091 de 20181 y lo
sancionó con suspensión e inhabilidad especial por cuatro meses, sin embargo,
ante su retiro del servicio, la sanción varió al pago de una suma pecuniaria

1 N°091/MDN.CGFM-CARMA-SECARCIMAR-CBEIM-CBINIM2-SCBINIM2-S3BINIM2-38.15

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06497-00
Accionante: Luis David Bitar Ríos

consistente en once millones quinientos quince mil doscientos cuarenta y ocho
pesos con ocho centavos (11´515.248.08), decisión frente a la cual el actor no
interpuso recurso alguno.

Por los motivos expuestos, el señor Bitar Ríos demandó la nulidad de la
Resolución no. 1259 del 10 de diciembre de 2018, y a título de restablecimiento
del derecho solicitó el reintegro a la entidad, el pago de las acreencias laborales
no devengadas, los intereses moratorios y comerciales correspondientes.

El proceso correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, autoridad judicial que, a través de la sentencia del 7 de junio
de 2024 negó las pretensiones de la demanda por no encontrar razones
suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión de retiro.
Ante esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

En vista de lo anterior, el proceso correspondió en sede de apelación al Tribunal
Administrativo de Sucre que, mediante providencia del 18 de septiembre de 2024,
confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamentos jurídicos

El señor Luis David Bitar Ríos sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
en las providencias del 7 de junio y 18 de septiembre de 2024 incurrieron en los
siguientes defectos:

• Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues considera
que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el testimonio
practicado al señor Sebastián José Cogollo Turizo y, además, le restaron
valor probatorio, pese a que el testigo afirma «que el actor LUIS DAVID
BITAR RIOS, fue víctima de un montaje, con el fin de sacarlo de la entidad
armada nacional».2

• Violación directa de la Constitución por la vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso derivada del desconocimiento del principio
non bis in ídem, ignoraron que por los mismos hechos que justificaron el
proceso disciplinario adelantado en su contra y su retiro de la institución
ya había sido sancionado al pago de una suma pecuniaria que le fue
impuesta por el segundo comandante del Batallón de Instrucción de
Infantería de Marina No. 2 con sede con Coveñas.

• Defecto procedimental absoluto.3 no desarrolló argumentos
relacionados con esta causal excepcional de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

2 Índice 2 del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-06497-00, del aplicativo
SAMAI.
3 Al respecto, la Sala se pronunciará en el acápite «cuestión previa».

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Accionante: Luis David Bitar Ríos

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden
jurídico preestablecido y violatorio de las garantías Constitucionales y
legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso, el
principio non bis in ídem, y a la correcta administración de justicia para el
accionante.

2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o
similares pronunciamientos.

a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha siete (7)
de junio de dos mil veinticuatro 2024), proferida por el juzgado quinto
administrativo oral del circuito de Sincelejo, Dr. trinidad José López peña,
dentro del medio de control acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, radicado: 70001333300520190018800, promovida por Luis
David bitar ríos, contra el ministerio de defensa – armada nacional.

b.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha dieciocho
(18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el tribunal
administrativo de sucre, magistrada ponente: tulia Isabel jarava cárdenas,
dentro del medio de control acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, radicado: 70001333300520190018801, promovida por Luis
David bitar ríos, contra el ministerio de defensa – armada nacional.

c.-) Que se ordene proferir nueva providencia judicial, dentro del medio
de control acción de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
70001333300520190018800, promovida por Luis David bitar Ríos, contra
el ministerio de defensa – armada nacional, teniendo en cuenta la
observancia del debido proceso, el principio NON BIS IN ÍDEM, y la tutela
jurisdiccional efectiva, dentro del asunto en estudio». (sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 3 de diciembre de 2024, a través del cual ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo como accionados y a la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional como terceros interesados en el resultado del
proceso.

2.4.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional aseguró que la
acción de tutela no cumplió con el requisito de relevancia constitucional, pues
pretendió reabrir una tercera instancia judicial, pese a que no se evidencia
vulneración alguna de derechos fundamentales. Asimismo, sostuvo que no se
desconoció el principio non bis in ídem, toda vez que el acto que dispuso el retiro
del servicio se dio en ejercicio de la facultad discrecional, la cual es independiente
del proceso disciplinario.

Por último, afirmó que las autoridades judiciales valoraron adecuadamente el
material probatorio, por lo que no se configuró el defecto fáctico. En

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Accionante: Luis David Bitar Ríos

consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
referencia.

2.4.2. No se rindieron más informes.

2.5. Sentencia impugnada

Mediante providencia del 23 de enero de 2025 la Sección Primera del Consejo
de Estado consideró que la acción de tutela resultó improcedente por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en tanto el actor expuso
un debate estrictamente legal y probatorio que ya fue resuelto por el juez natural
del proceso ordinario y que el juez constitucional está impedido para
pronunciarse porque ello desconocería los principios de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional para
convertirlo en una instancia adicional.

2.6. Impugnación

La parte accionante reiteró los argumentos de la acción de tutela y manifestó que
la providencia ignoró que la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva y al principio non bis in ídem, otorgó
relevancia constitucional al presente asunto.

Adicionalmente, sostuvo que no pretende hacer uso del mecanismo
constitucional como una tercera instancia, sino como una herramienta que le
permite al juez de tutela ejercer el control constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

Si bien la parte accionante dirigió la acción de referencia en contra del Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de
Sucre, lo cierto es que la sentencia que dio fin al proceso fue proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre el 18 de septiembre de 2024. Por lo tanto, esta
Sala únicamente abordará el estudio de la decisión judicial proferida en segunda
instancia.

De otra parte, se observa que la parte accionante endilgó un defecto
procedimental absoluto respecto de las providencias proferidas por las
autoridades judiciales accionadas, sin embargo, no desarrolló argumentos
encaminados a demostrar la ocurrencia de la casual excepcional de procedencia

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Accionante: Luis David Bitar Ríos

en la acción de tutela. En ese orden de ideas, se advierte que la Sala se
abstendrá de efectuar pronunciamiento sobre este defecto.

3.3. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si el Tribunal Administrativo de Sucre mediante la providencia del 18 de
septiembre de 2024, incurrió en un defecto fáctico y una violación directa de la
Constitución Política al confirmar la decisión judicial que negó las pretensiones
de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 70001-33-33-005- 2019-00188-01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

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Acción de Tutela
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Accionante: Luis David Bitar Ríos

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que las pretensiones de amparo
constitucional cumplen con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

3.4.1.4. Si bien el juez de tutela de primera instancia declaró la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, la
Sala estima que el asunto a resolver sí cuenta con esta causal de procedibilidad,
pues en el escrito de tutela, la parte accionante argumenta una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia del presunto defecto fáctico y la
violación directa de la Constitución Política.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional4 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

4 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-

456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
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a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»7.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.5.1.- Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

La parte accionante afirma que el Tribunal Administrativo de Sucre en la
providencia del 18 de septiembre de 2024 incurrió en el defecto fáctico por
indebida valoración probatoria del testimonio rendido por el señor Sebastián
Cogollo Turizo en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Al respecto, la autoridad judicial señaló lo siguiente:

«El segundo argumento del recurso se sustenta en la prueba
testimonial, según la cual manifiesta la parte actora que se logra
demostrar que se ejecutó un complot en contra del señor Luis David
Bitar Ríos para retirarlo de la Armada Nacional; sin embargo, de la
declaración del testigo solo puede inferirse que el actor como Cabo
Segundo de la Armada Nacional, nunca le prestó dinero al testigo
señor Sebastián Cogollo Turizo o delante de este, lo que se extrae de
su dicho cuando indicó: “Las veces que él prestó guardia en mi pelotón
nunca lo vi ni prestando plata ni nunca me prestó plata a mí eso es
totalmente falso…”

5 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
6 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle
Correa.
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Ahora bien, es cierto que el testigo manifestó: “...allí llegaron unos
subtenientes … y llegaron imponiendo el orden jerárquico por encima
de los oficiales de manera grotesca, entonces si vi que tuvo
discusiones, pero sin faltarle el respeto con un oficial directamente,
que era un subteniente Murillo”, ello por sí solo no demuestra la
conspiración en contra del actor.

Por lo que para esta Corporación el dicho del testigo no logra
desvirtuar que el retiro del servicio se dio por causa distinta a la
facultad discrecional dispuesta en la ley, máxime que la prueba
testimonial no se encuentra soportada en ningún otro medio
probatorio, en cambio, sí se pudo constatar que el retiro se fundamentó
como en precedencia se expuso en la pérdida de confianza que la
institución había depositado en el militar en ese momento».

De la transcripción literal de la providencia cuestionada, se infiere que la
autoridad judicial accionada realizó un análisis cualitativo y detallado del
testimonio rendido por el señor Cogollo Turizo. Tras dicho examen concluyó que
las afirmaciones del testigo no se encontraban respaldadas por ningún otro medio
probatorio que lograra desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión que
ordenó el retiro del servicio del señor Luis David Bitar Ríos.

En consecuencia, esta Sala considera que no se configuró el defecto fáctico por
parte del Tribunal Administrativo de Sucre en relación con el testimonio del señor
Cogollo Turizo, pues, en efecto, la providencia cuestionada revela que las
afirmaciones del testigo no son suficientes para desvirtuar la presunción de
legalidad de la Resolución no. 1259 del 10 de diciembre de 2018, mediante la
cual, el comandante de la Armada Nacional retiró al señor Bitar Ríos del servicio
activo de la Armada Nacional, con fundamento en la facultad discrecional.

Adicionalmente, resulta imperativo destacar que el testimonio practicado al señor
Cogollo Turizo no resulta determinante, toda vez que la causal de retiro en
ejercicio de la facultad discrecional no obligaba a la Armada Nacional a realizar
una valoración de los cargos relacionados en el proceso disciplinario.

Por consiguiente, concluye esta Sala que la autoridad judicial valoró en debida
forma el testimonio practicado al señor Cogollo Turizo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin encontrar elementos suficientes que lograran
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que dispuso el retiro
del servicio por la facultad discrecional en razón a la pérdida de confianza de la
Armada Nacional en el señor Luis David Bitar Ríos.

En ese sentido, es importante recordar que la causal de defecto fáctico exige en
su configuración una indebida valoración probatoria por conductas arbitrarias o
irracionales del operador jurídico. Sin embargo, se demostró que en el caso
concreto la argumentación de la providencia es razonable.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con
que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva
fundada en la lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar

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los pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto
puesto que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable
al amparo de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial8.

Por consiguiente, esta Sala no encuentra configurado el defecto fáctico por
indebida valoración probatoria de la autoridad judicial accionada.

3.6. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial.

En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre
otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho
defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición
constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en
una interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una
violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite
su declaración por alguna de las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino
que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe
señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen
mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades
y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados»9.

3.6.1. Análisis de la presunta configuración de la violación directa de la
Constitución en el caso concreto

La parte accionante adujo que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en la
violación directa de la Constitución en relación con el artículo 29 y, en
consecuencia, vulneró el principio non bis in ídem al ignorar que se le sancionó y
retiro del servicio con fundamento en los mismos hechos.

Sobre el particular, el Tribunal Administrativo de Sucre determinó lo siguiente:

8 Sentencia T-106 de 2000.
9 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente:

Alberto Rojas Ríos.
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Accionante: Luis David Bitar Ríos

«En este contexto, no se acogen los argumentos del recurrente referente
al hecho de que con la expedición del acto de retiro y el fallo sancionatorio
dentro del proceso disciplinario se enjuició en dos oportunidades al actor
por los mismos hechos, resultando el acto acusado a su juicio subjetivo,
infundado, ilegal y desproporcional, en razón a que, la facultad discrecional
es una medida de carácter administrativo destinada a la defensa del interés
general y el mejoramiento del servicio público, y la potestad disciplinaria es
una modalidad de los poderes sancionatorios, que busca la materialización
de los principios propios del Estado Social de Derecho, asegurando la
apropiada gestión de la administración pública.

Tenemos entonces que el hecho de que exista una investigación
disciplinaria no suspende el ejercicio de la potestad discrecional y
viceversa, pues las mismas pueden ejercerse concomitantemente, tesis
que ha sido acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que al
respecto ha sostenido:

“… estima la Sala que la administración está facultada para
que, de manera simultánea, haga uso tanto de la facultad
discrecional como la disciplinaria en los casos en que resulta
evidente la afectación del servicio para lo cual, deberá
verificar cada caso en concreto la necesidad y razonabilidad
en la adopción de dicha medida…”

De acuerdo a lo anterior y lo probado en el asunto, se tiene que si bien se
inició la investigación disciplinaria N° 009-SCBINIM2-2018-ARC contra el
señor Luis Bitar Ríos por “El préstamo de dinero al interés y Ofrecimiento
de certificados” en la cual se probó tal como quedó consignado en el fallo
de fecha 28 de diciembre de 2018 la responsabilidad disciplinaria de este,
la motivación del retiro del actor tuvo su génesis como antes se expuso en
las conductas irregulares por el desplegadas, las cuales contrariaron los
principios y objetivos misionales de la institución-Armada Nacional-, lo que
conllevó al uso de la facultad discrecional para garantizar así el buen
funcionamiento de la administración pública».

De lo anterior, se observa que en la providencia cuestionada el Tribunal le recordó
al accionante que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la
facultad discrecional es una medida administrativa que propende por la defensa
del interés general y el mejoramiento del servicio público, mientras que la potestad
disciplinaria es una modalidad de la facultad sancionatoria destinada a
materializar los principios del Estado Social del Derecho, las cuales pueden
ejercerse concomitantemente.

Como resultado de lo anterior, respecto de la presunta vulneración del artículo 29
de la Carta Política y el principio non bis in ídem, es imperativo destacar que las
actuaciones surtidas por el Tribunal Administrativo de Sucre no evidencian
vulneración alguna de los derechos fundamentales del señor Bitar Ríos, pues la
providencia del 18 de septiembre de 2024 se fundamentó de manera razonable
en la jurisprudencia vigente de esta Corporación, según la cual, la facultad
discrecional y disciplinaria se pueden ejercer de manera simultánea.

Así las cosas, se deduce que la inconformidad del señor Luis Bitar Ríos reside
exclusivamente en una desavenencia con la decisión judicial cuestionada y no en
una afectación real de garantías constitucionales, por lo que no se encuentra
configurada la violación directa de la Constitución Política en el caso concreto.

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Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06497-00
Accionante: Luis David Bitar Ríos

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la providencia del 23 de enero de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado y en su lugar:

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Luis David Bitar Ríos por las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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