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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06540-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06540-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Rigoberto Osuna García, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06540-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

7 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06540-00
11001-03-15-000-2024-06655-00 (acumulado)
Demandante: Rigoberto Osuna García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06540-00
11001-03-15-000-2024-06655-00 (acumulado)
Demandante: RIGOBERTO OSUNA GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio
de fondo por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD – La parte
accionante cuenta con el recurso de reposición o el de apelación para controvertir el
auto que decretó la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo de
designación / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No se acreditó estar en presencia de
alguna situación que amerite la intervención urgente del juez de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Rigoberto Osuna García
contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.

I. ANTECEDENTES

Las demandas

Pretensiones

Expediente 11001-03-15-000-2024-06540-00

1. El 27 de noviembre de 20241, el señor Rigoberto Osuna García presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, porque consideró vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:

Primero: se ampare el derecho fundamental al debido proceso a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud, ordenando de manera inmediata, se revoque el
auto admisorio de la demanda en su totalidad.

Segundo: En consecuencia, de lo anterior, se deje sin efecto la orden de suspensión
provisional de la designación del agente especial interventor del Hospital
Departamental María Inmaculada ESE.

Tercero: Se solicita al señor juez que mientras se resuelva de fondo la presente

1 La Sala advierte que, el xxx de febrero de 2025, surtido el trámite de acumulación, el expediente

ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia
correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06540-00
11001-03-15-000-2024-06655-00 (acumulado)
Demandante: Rigoberto Osuna García

acción constitucional, se sirva ordenar la suspensión inmediata de la medida cautelar
decretada, en razón a las irregularidades ya descritas, así como para evitar un
perjuicio irremediable en la gestión pública y cometido estatal donde se encuentra de
por medio la adecuada prestación del derecho fundamental a la salud.

Expediente 11001-03-15-000-2024-06655-00

2. El 3 de diciembre de 2024, el señor Rigoberto Osuna García presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, porque consideró vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud y el señor RIGOBERTO OSUNA GARCIA,
ordenando de manera inmediata, se revoque el auto admisorio de la demanda en su
totalidad por falta de jurisdicción.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la orden de suspensión
provisional de la designación del agente especial interventor de la ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA.

Hechos y argumentos de las tutelas

3. De los escritos de tutela presentados por el señor Rigoberto Osuna García, la Sala
extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

4. Mediante Resolución 20240000007665-6 del 14 de agosto de 2024, expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la toma de posesión inmediata de los
bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar al
Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. En su artículo 4, se designó como
agente especial interventor al señor Rigoberto Osuna García, quien ejercería las
funciones de representante legal del Hospital a partir de la fecha de su posesión.

5. El señor Luis Francisco Ruiz Aguilar interpuso demanda de nulidad electoral en
contra de la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución 20240000007665-6 del 14 de agosto de 2024.

6. Mediante auto del 27 de septiembre de 2024, se corrió traslado de la solicitud de
medida provisional solicitada por el accionante.

7. En providencia del 17 de octubre de 2024, la magistrada Ana María Lozada Vásquez
solicitó que se estudiara la causal de impedimento.

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Demandante: Rigoberto Osuna García

8. Mediante auto del 18 de octubre de 2024, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá no aceptó el impedimento de la magistrada y la separó del
conocimiento del proceso, por otra de las causales.

9. En providencia del 21 de octubre de 2024, dicha corporación admitió la demanda de
nulidad electoral y se suspendió de manera provisional y preventiva la designación
como agente especial interventor del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

10. En el expediente 2024-06540-00, el señor Osuna García sostuvo, en síntesis, que
la autoridad judicial demandada violó su derecho fundamental al debido proceso,
especialmente, la garantía de defensa, al tiempo que desconoció el principio de
congruencia, «por cuanto el artículo primero del auto resuelve no aceptar el
impedimento y paso seguido en el artículo segundo resuelve apartar del conocimiento
del proceso a la doctora Lozada Vásquez».

11. En el expediente 2024-06650-00, el actor expuso que la designación hecha por la
Superintendencia Nacional de Salud no se basó en una relación legal y reglamentaria
servidor público, pues no entró «a llenar la vacante del Gerente en la ESE en cuestión,
no como empleado público, sino fue una designación como AUXILIAR DE JUSTICIA
con funciones de representante legal como lo ordena el Estatuto Orgánico Financiero».

12. Para tal efecto, citó el Acuerdo 1478 del 3 de julio de 2002, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el Concepto 367071 de 2020,
proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como el
Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y, finalmente,
lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-798 de 2003.

13. Por último, sostuvo que el proceso de nulidad electoral sólo puede promoverse
contra los actos de elección por voto popular, los actos de elección por cuerpos
electorales y los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades de
todo orden, no obstante, el Tribunal demandado suspendió provisionalmente su
designación, sin tener en cuenta que él no es servidor ni empleado público, sino auxiliar
de la justicia designado y no es nombrado por una relación legal y reglamentaria como
servidor público, lo cual, en su criterio, vulnera sus derechos fundamentales.

Trámite impartido

14. Mediante auto del 4 de diciembre de 2024, el Despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la solicitud de amparo (exp. 2024-06540-00) y ordenó que se

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Demandante: Rigoberto Osuna García

notificara a los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, como parte demandada, y al señor Luis Francisco Ruiz
Aguilar y al superintendente nacional de Salud, como terceros con interés. Así mismo
se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

15. La demanda de tutela que el señor Rigoberto Osuna García instauró el 3 de
diciembre de 2024 (exp. 2024-06655-00) fue admitida por auto del 6 de diciembre de
2024, con ponencia del magistrado Wilson Ramos Girón, en el que se dispuso la
vinculación de las mismas autoridades notificadas en el expediente 2024-06540-00 y,
adicionalmente, la del representante legal del hospital departamental María
Inmaculada, en calidad de tercero con interés.

16. Con fines de acumulación, a través de proveído del pasado 25 de enero, el
consejero Ramos Girón remitió el expediente de tutela con radicado 2024-06655-00 al
Despacho de la magistrada sustanciadora, tras percatarse de que en ambos casos se
atribuye la transgresión de los derechos fundamentales al auto dictado el 21 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que, en el marco del proceso de
nulidad electoral (exp. 2024-00089-00) promovido por el señor Luis Francisco Ruiz
Aguilar, decretó la suspensión provisional del acto de designación del señor Rigoberto
Osuna García como agente interventor del hospital departamental María Inmaculada.

17. Mediante auto del 27 de enero de 2025, el Despacho de la magistrada María
Adriana Marín decretó la acumulación del proceso 11001-03-15-000-2024-06655-00,
cuyo trámite adelantaba el magistrado Wilson Ramos Girón, al proceso 11001-03-15-
000-2024-06540-00.

Intervenciones en los procesos objeto de acumulación

18. Dentro de la acción de tutela con radicado 2024-06540-00, el señor Luis
Francisco Ruiz Aguilar indicó, en primer lugar, que el auto que profirió la magistrada
Yaneth Reyes Villamizar sobre el impedimento manifestado por la magistrada Ana
María Lozada Vásquez «contiene brillantez narrativa en su exposición, literalmente no
se necesita hacer un meridiano esfuerzo exegético para entender que se decidió
apartarla del proceso por haberse adecuado una causal de impedimento distinta a la
invocada por la magistrada Lozada Vásquez».

19. De otra parte, manifestó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad
porque están en trámite los recursos impetrados contra el auto del 18 de octubre de
2024, esto es, un recurso de reposición y otro subsidiario de apelación contra la

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Demandante: Rigoberto Osuna García

decisión que adoptó la medida cautelar de suspensión del acto de designación del
señor Osuna García.

20. Asimismo, expuso que el señor Osuna García ignoró el amplio estudio de
competencia que realizó el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el auto que corrió
traslado de la medida cautelar.

21. Pidió que se declare la falta de legitimación en la causa por activa, puesto que el
accionante «se encuentra deslegitimado para solicitar amparo a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud, en virtud que tampoco se reúnen los requisitos
para actuar como agente oficioso».

22. Señaló, además, que la medida cautelar decretada fue cumplida por el
Superintendente Nacional de Salud y relevó del cargo al accionante, «sin embargo, la
medida cautelar no le era exigible cumplirla de acuerdo a la afectación que le impuso
procesalmente el recurso de reposición impetrado contra la misma».

23. Finalmente, en el escrito de intervención en el proceso de tutela con radicado 2024-
06655-00, el señor Ruiz Aguilar aclaró que «el accionante ha activado
concomitantemente la jurisdicción constitucional de forma temeraria al momento de
haber radicado dos acciones de tutela que configuran identidades procesales como
objeto, causa petendi e identidad de partes». En lo demás, reiteró los argumentos
expuestos en la contestación presentada en la acción de tutela con radicado 2024-
06540-00.

24. En respuesta a la acción de tutela con radicado 2024-06540-00, la
Superintendencia Nacional de Salud expuso que no existe nexo de causalidad entre
esa entidad y el actor, puesto que esa entidad no ha infringido los derechos
fundamentales del accionante.

25. Asimismo, informó que desde la Dirección de Medidas Especiales para
Prestadores de Servicios han efectuado diversas actuaciones, entre ellas la
designación del agente especial interventor y los fundamentos que tuvo en cuenta para
la toma de posesión e intervención forzosa administrativa.

26. En el informe rendido dentro del expediente 2024-06655-00, la referida
Superintendencia indicó que, de conformidad con el numeral 6 del artículo 295 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el agente especial interventor designado
tiene la calidad de auxiliar de la justicia, pues actúa como representante legal de la

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Demandante: Rigoberto Osuna García

intervenida y en esa calidad desarrolla las actividades de administración de la entidad.
Asimismo, precisó que en ningún caso la Superintendencia suscribe o celebra algún
tipo de contrato con los agentes especiales liquidadores. De manera que, en su criterio,
la calidad de auxiliar de la justicia «permite dar claridad que no se obra dentro de
elección alguna que implique el carácter de acción electoral».

27. El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. manifestó que la Resolución
2599 del 6 de septiembre de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de
Salud, establece en su artículo primero que los cargos de agente interventor, liquidador
y contralor son auxiliares de la justicia de libre nombramiento y remoción, y en el
artículo segundo dispuso que actuaría como representante legal y administrador de la
entidad objeto de la medida.

28. Adicionalmente, citó el Acuerdo 1478 del 3 de julio de 2002, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y lo considerado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-798 de 2003. Por lo anterior, indicó que
«eventualmente puede estarse generando una afectación hacia el señor Rigoberto
Osuna García, la cual deberá ser determinada por su despacho frente a la
consideración realizada por su calidad de auxiliar de la justicia».

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

29. En primer lugar, la Sala examinará si se satisfacen los presupuestos o requisitos
generales de procedencia, especialmente, el de subsidiariedad. Sólo en el evento de
que se superen, deberá determinarse si el Tribunal Administrativo del Caquetá, al
proferir el auto del 21 de octubre de 2024, que decretó la suspensión provisional del
acto de designación del señor Rigoberto Osuna García como agente interventor del
hospital departamental María Inmaculada, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso.

Análisis de la Sala

El requisito general de subsidiariedad y su cumplimiento en el caso concreto2

30. La acción de tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración

2 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación.

Ver, por ejemplo, sentencia del 1º de junio de 2016 (exp. 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.

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Demandante: Rigoberto Osuna García

de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

31. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

32. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que el amparo solo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó3:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto
de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado
la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es,
por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el
fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer
el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos
esenciales.

33. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

34. Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del

3
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.

35. La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así4: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma
de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de
la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales».

36. El señor Rigoberto Osuna García pretende que se deje sin efectos el auto del 21
de octubre de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá decretó
la suspensión provisional de su designación como agente interventor del hospital
departamental María Inmaculada, providencia dictada en el marco del proceso de
nulidad electoral (exp. 2024-00089-00) promovido por el señor Luis Francisco Ruiz
Aguilar.

37. De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez
que el demandante cuenta con otros mecanismos judiciales que resultan idóneos y
eficaces para el fin pretendido.

38. Para empezar, conviene señalar que en el medio de control de nulidad electoral,
luego de proferirse el auto del 21 de octubre de 2024, el señor Osuna García presentó
un memorial 5 en el que solicitó que se indicara «con precisión cuáles son las
“respectivas órdenes, instrucciones y demás medidas pertinentes para ese cometido”
de que trata el numeral noveno de la parte resolutiva del auto que admite la demanda
y decreta medida cautelar de fecha 21 de octubre de 2021». Asimismo, que le indicaran
bajo cuál causal de nulidad electoral se realizó el análisis de la medida cautelar.

39. Posteriormente, el 28 de octubre de 2024, el aquí accionante interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación6 contra la providencia del 21 de octubre de 2024,
medios de impugnación que también ejerció la Superintendencia Nacional de Salud7.

4 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a:

Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
5 Índice 30 del expediente de nulidad electoral.
6 Índice 31 del expediente de nulidad electoral.
7 Índice 33 del expediente de nulidad electoral.

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40. Mediante auto del 13 de noviembre de 2024, el Despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo del Caquetá no accedió a la solicitud de «corregir, adicionar o aclarar el
auto mediante el cual se dispuso la suspensión provisional del acto demandado»,
presentado por el señor Osuna García.

41. Consultadas las actuaciones del proceso de nulidad electoral, la Sala observa que,
a la fecha, el Tribunal Administrativo del Caquetá no ha resuelto los recursos de
reposición que se interpusieron en contra de la providencia cuestionada en el presente
proceso de tutela, ni se ha pronunciado, como es apenas lógico, sobre la procedencia
o no de los recursos de apelación.

42. Así las cosas, en los términos del inciso final del artículo 277 de la Ley 1437 de
2011, contra el auto que resuelva sobre la suspensión provisional del acto
administrativo acusado «solo procede en los procesos de única instancia el recurso de
reposición y, en los de primera, el de apelación».

43. Es claro, entonces, que el señor Osuna García cuenta con otros mecanismos
judiciales de defensa para garantizar la protección del derecho fundamental invocado,
pues quedó acreditado que recurrió —reposición y en subsidio de apelación, el auto
del 21 de octubre de 2024, que decretó la suspensión provisional de su designación
como agente interventor del hospital departamental María Inmaculada. Recuérdese
que al juez constitucional le está vedado invadir la competencia de los jueces
naturales, con mayor razón cuando se cuestionan providencias contra las cuales se
han interpuesto recursos y estos no se han resuelto. Por tanto, en este caso, es al
Tribunal Administrativo del Caquetá, al que le corresponde pronunciarse respecto de
los medios de impugnación ejercidos por la parte actora, en los términos del artículo
277 de la Ley 1437 de 2011.

44. La Sala no desconoce que la acción de tutela está prevista para proteger derechos
fundamentales vulnerados o amenazados, y, si bien la parte actora trata de advertir
que con la providencia atacada se cierne una amenaza sobre la prerrogativa del debido
proceso, lo cierto es que lo expuesto en el escrito de tutela tampoco justifica la
intervención urgente del juez constitucional, en la medida en que, como se vio, no se
trata de una decisión en firme, pues fue impugnada y aún no se han resuelto los
respectivos recursos.

45. De allí que mal haría esta Subsección, en calidad de juez de tutela y sin contar con
el acervo probatorio suficiente, —el cual, valga reiterar, apenas se está recaudando en
el proceso de nulidad electoral— en anticipársele al Tribunal demandado en la

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resolución de un asunto que, conforme lo establece la Ley, es de su exclusiva
competencia. Además, como lo prevé el artículo 229 del CPACA, la decisión que se
adoptó sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento, por lo que lo procedente
es esperar que el juez natural de la causa dicte la sentencia que defina el litigio.

46. No están dadas, pues, las condiciones para que proceda la tutela como mecanismo
transitorio. y, por ende, como se anticipó, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, porque, en últimas, busca
que el juez constitucional asuma el rol del juez de la nulidad electoral, a fin de que se
reexamine la decisión —auto del 21 de octubre de 2024— mediante la cual se
suspendió provisionalmente la designación hecha al aquí actor como agente
interventor del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., lo que, se insiste,
implicaría sustituir los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para la
defensa de los derechos.

47. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Rigoberto Osuna García, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del
Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite
validar su integridad y autenticidad en el enlace:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06540-00
11001-03-15-000-2024-06655-00 (acumulado)
Demandante: Rigoberto Osuna García

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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