Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06540-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06540-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06540-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
25 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06540-01
Accionante: Rigoberto Osuna García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-06540-01
11001-03-15-000-2024-06655-00 (acumulado)
Accionante: Rigoberto Osuna García
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / Requisitos de procedibilidad -
Subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó el actor en contra de la sentencia de 7 de
febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela.
Rigoberto Osuna García, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en la
que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa, los cuales consideró vulnerados por la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo del Caquetá, con ocasión del auto proferido el 21 de octubre de 2024.
Mediante dicha providencia, entre otras decisiones, se ordenó la suspensión
provisional de los efectos de su designación como agente interventor del Hospital
Departamental María Inmaculada E.S.E., en el marco del trámite del medio de control
de nulidad electoral identificado con el radicado núm. 18001-23-33-000-2024-00089-
00.
2. Hechos probados.
De manera preliminar, la Sala considera pertinente precisar que el señor Rigoberto
Osuna García presentó dos acciones de tutela ante esta Corporación, identificadas
con los radicados núm. 11001-03-15-000-2024-06540-0011 y núm. 11001-03-15-000-
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C7FA3519A08672AB 1AB8A7ADF861DA73, ubicado en el índice 2 de SAMAI del proceso de primera
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Rigoberto Osuna García
2024-06655-0022, siendo esta última acumulada al presente trámite. Con fundamento
en lo anterior, a continuación, se exponen los hechos jurídicamente relevantes de las
solicitudes de amparo:
2.1. El señor Luis Francisco Ruiz Aguilar presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral contra la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 20240000007665-6, expedida
el 14 de agosto de 2024. Como medida cautelar, solicitó la suspensión provisional de
los efectos del artículo 4° de dicha resolución.
Este artículo designó al señor Rigoberto Osuna García como agente especial
interventor del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., y le confirió la
representación legal de la entidad y la responsabilidad de asumir, de manera
inmediata, su administración. Lo anterior incluyó la toma de control sobre los bienes,
haberes, negocios y el desarrollo de la intervención forzosa administrativa del Hospital.
2.2. El proceso fue identificado con el radicado núm. 18001-23-33-000-2024-00089-00
y asignado al conocimiento del Tribunal Administrativo del Caquetá. Mediante auto
proferido el 27 de septiembre de 2024, dicha autoridad judicial ordenó correr traslado
de la solicitud de medida cautelar presentada por el señor Luis Francisco Ruiz Aguilar.
2.3. En providencia del 21 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá
admitió la demanda de nulidad electoral y, de manera provisional y preventiva,
suspendió la designación del señor Rigoberto Osuna García como agente especial
interventor del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
2.4. Inconforme con esta decisión, el 28 de octubre de 2024, el señor Osuna García
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Luego, en documento
aparte, presentó una solicitud de complementación del auto del 21 de noviembre de
2021.
2.5. Respecto a la solicitud presentada por el accionante, el Tribunal Administrativo del
Caquetá, mediante auto del 13 de noviembre de 2024, negó la petición de corrección,
adición o aclaración.
2.6. Ahora bien, respecto de los recursos interpuestos, el Tribunal Administrativo del
Caquetá, mediante auto del 3 de febrero de 2025, declaró improcedente el de
reposición y concedió el de apelación en el efecto devolutivo.
instancia surtido en el Despacho de la Dra. María Adriana Marín, Consejera de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
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03F59BB6627B5EC3 9D3D91713BC4D998, ubicado en el índice 2 de SAMAI del proceso de primera
instancia surtido inicialmente en el Despacho del Dr. Wilson Ramos Girón, Consejero de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.
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2.7. Actualmente, el proceso se encuentra en segunda instancia ante el despacho del
Dr. Oswaldo Giraldo López, magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado.
3. Pretensiones y argumentos de tutela.
3.1. La parte actora expuso los siguientes argumentos como sustento de sus
pretensiones:
3.1.1. En el proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2024-06540-00 el señor
Rigoberto Osuna García presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Caquetá, porque consideró vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“(...) Primero: se ampare el derecho fundamental al debido proceso a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud, ordenando de manera inmediata, se revoque el
auto admisorio de la demanda en su totalidad.
Segundo: En consecuencia, de lo anterior, se deje sin efecto la orden de suspensión
provisional de la designación del agente especial interventor del Hospital Departamental
María Inmaculada ESE.
Tercero: Se solicita al señor juez que mientras se resuelva de fondo la presente acción
constitucional, se sirva ordenar la suspensión inmediata de la medida cautelar
decretada, en razón a las irregularidades ya descritas, así como para evitar un perjuicio
irremediable en la gestión pública y cometido estatal donde se encuentra de por medio
la adecuada prestación del derecho fundamental a la salud.”3
El accionante argumentó que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, en particular la garantía de defensa. Además, sostuvo
que se desconoció el principio de congruencia, dado que, en su criterio, existía una
contradicción en la decisión adoptada.
3.1.2. Respecto al proceso radicado núm. 11001-03-15-000-2024-06655-00, el señor
Osuna García presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá,
porque consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Al punto,
formuló las siguientes pretensiones:
“(...) PRIMERO: Se ampare el derecho fundamental al debido proceso a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud y el señor RIGOBERTO OSUNA GARCIA,
ordenando de manera inmediata, se revoque el auto admisorio de la demanda en su
totalidad por falta de jurisdicción.
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C7FA3519A08672AB 1AB8A7ADF861DA73, ubicado en el índice 2 de SAMAI del proceso de primera
instancia.
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SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la orden de suspensión
provisional de la designación del agente especial interventor de la ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA.”4
El accionante argumentó que el Tribunal actuó indebidamente al suspender
provisionalmente su designación, sin considerar que no es servidor ni empleado
público, sino un auxiliar de la justicia designado. Sostuvo que su vinculación no se rige
por una relación legal y reglamentaria propia de los servidores públicos, aspecto que,
a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales.
En respaldo de su posición, citó diversas normas y conceptos jurídicos, entre ellos el
Acuerdo 1478 del 3 de julio de 2002, expedido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, el Concepto 367071 de 2020 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, y el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
Finalmente, en relación con el proceso de nulidad electoral, argumentó que este solo
puede promoverse contra actos de elección por voto popular, actos de elección por
cuerpos electorales y actos de nombramiento expedidos por entidades y autoridades
de todo orden. En consecuencia, consideró que la suspensión de su designación no
se ajustaba a derecho.
4. Trámite en primera instancia
4.1. Mediante auto del 04 de diciembre de 20245, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela identificada bajo radicado
núm. 11001-03-15-000-2024-06540-00.
4.2. No obstante, el señor Rigoberto Osuna García presentó una nueva acción de
tutela el 3 de diciembre de 2024, identificada con el radicado núm. 11001-03-15-000-
2024-06540-006. Esta solicitud fue admitida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado mediante auto proferido el 6 de diciembre de 2024.
4.3. Ante esta situación, los despachos sustanciadores analizaron la procedencia de
acumular los procesos. En consecuencia, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto del 27 de enero de 2025, ordenó la acumulación
del proceso núm. 11001-03-15-000-2024-06655-00 —tramitado ante el despacho del
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Archivo electrónico identificado con certificado 7964A514397AC051 9AA21657046FE79F
03F59BB6627B5EC3 9D3D91713BC4D998, ubicado en el índice 2 de SAMAI del proceso de primera
instancia.
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C403533A5DF312F7 3146544D5AD5CBEA, ubicado en el índice 4 de SAMAI del proceso de primera
instancia surtido en la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Archivo electrónico identificado con certificado 7964A514397AC051 9AA21657046FE79F
03F59BB6627B5EC3 9D3D91713BC4D998, ubicado en el índice 2 de SAMAI del proceso de primera
instancia surtido inicialmente en el Sección Cuarta del Consejo de Estado.
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Accionante: Rigoberto Osuna García
magistrado Wilson Ramos Girón— al proceso núm. 11001-03-15-000-2024-06540-00,
cuyo conocimiento corresponde a la magistrada María Adriana Marín 7.
4.4. En el marco de la acción de tutela radicada bajo el núm. 11001-03-15-000-2024-
06540-00, el señor Luis Francisco Ruiz Aguilar manifestó, entre otros argumentos, que
la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto los
recursos interpuestos contra la medida cautelar que suspendió la designación del
señor Osuna García aún se encuentran en trámite. Asimismo, sostuvo que, aunque el
Superintendente dio cumplimiento a dicha medida, esta no era exigible mientras
permaneciera pendiente de decisión el recurso de reposición8. Finalmente, en la
acción de tutela radicada bajo el núm. 2024-06655-00, el señor Luis Francisco Ruiz
Aguilar alegó la existencia de temeridad, al estimar que se interpuso una segunda
acción con idéntico objeto, causa y partes. En esa línea, reiteró los argumentos
expuestos en la primera tutela.
4.5. En la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2024-06540-00, la
Superintendencia Nacional de Salud9 sostuvo que no existe vulneración de
derechos fundamentales ni nexo de causalidad con el accionante. Indicó que la
Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios llevó a cabo la
designación del accionante como agente especial interventor con fundamento en la
toma de posesión e intervención forzosa administrativa.
En el informe presentado dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-06655-00,
precisó que, según el artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el
agente especial interventor actúa como auxiliar de la justicia y representante legal de
la entidad intervenida, sin que ello configure una elección sujeta a control electoral.
Asimismo, aclaró que la Superintendencia no suscribe contratos con los agentes
especiales liquidadores.
4.6. El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., por su parte, indicó que,
conforme a lo dispuesto en la Resolución núm. 2599 de 2016 de la Superintendencia
Nacional de Salud, los agentes interventores, liquidadores y contralores tienen la
calidad de auxiliares de la justicia, son de libre nombramiento y remoción, y ejercen
funciones de representación legal y administración de la entidad intervenida.
Adicionalmente, sostuvo que la condición de auxiliar de la justicia del accionante podría
haberse visto comprometida, aspecto que deberá ser evaluado por el despacho judicial
competente.
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Archivo electrónico identificado con 96444870C330265E BE7083BC727EF52B C07FC1FEBF63AECE
34CFB8732890AFCB, ubicado en el índice 20 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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Archivo electrónico identificado con F47287891EF6AB01 6413FD2CFE0F92E2 AF7B34B70EBAB1EB
039EC34B19E94181, ubicado en el índice 9 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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Archivo electrónico identificado con D8BBCB73CD1E3FF7717115F8D4A35BE9 72F86118BEAE23A8
1724339DDB4B090F, ubicado en el índice 11 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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5. Sentencia de tutela de primera instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia el 07 de febrero de 202510, en la que declaró improcedente la
solicitud de amparo constitucional, al estimar que no superó el requisito de
subsidiariedad.
La Sala determinó que el accionante dispone de mecanismos judiciales idóneos para
la protección de su derecho fundamental, ya que interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el auto del 21 de octubre de 2024, providencia mediante
la cual se suspendió provisionalmente su designación como agente interventor del
Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
En la medida en que estos recursos aún no han sido resueltos, corresponde al Tribunal
Administrativo del Caquetá pronunciarse sobre ellos, conforme al artículo 277 de la
Ley 1437 de 2011. Por tanto, la tutela resulta improcedente, pues pretende que el juez
constitucional reexamine una decisión propia del juez de la nulidad electoral,
sustituyendo los mecanismos ordinarios de defensa.
Asimismo, la Sala evidenció que la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable y que su solicitud de corrección y aclaración requería un análisis de fondo
con pruebas adicionales sobre presuntas irregularidades en los puntajes obtenidos.
Por tanto, la tutela fue declarada improcedente, dado que el accionante cuenta con
mecanismos judiciales adecuados y no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable.
6. Impugnación
El accionante presentó escrito de impugnación11, en el que solicitó la revocatoria del
fallo de primera instancia y, en su lugar, el otorgamiento del amparo solicitado.
En su argumentación, reiteró sus planteamientos iniciales y destacó lo siguiente: i) que
la vulneración de sus derechos tiene como sustento la suspensión provisional de su
designación como Agente Especial Interventor del Hospital Departamental María
Inmaculada E.S.E., dentro del proceso de nulidad electoral; ii) que el Tribunal
Administrativo del Caquetá carece de competencia y jurisdicción para conocer del
caso, dado que el nombramiento del interventor fue realizado por la Superintendencia
Nacional de Salud; y, iii) que la suspensión provisional de su designación ha generado
afectaciones en la administración del Hospital y en la prestación del servicio de salud
en el departamento del Caquetá, por lo que solicita su revocatoria.
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987DE9A019AE660A, ubicado en el índice 26 de SAMAI del proceso de primera instancia.
11 Archivo electrónico identificado con A7BD69F1132D2A74 D1224BAF54B543FE 2E034EBD90BB00F9
4BB1EE6469CC6259, ubicado en el índice 30 de SAMAI del proceso de primera instancia.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Una vez verificados los requisitos de procedencia del amparo constitucional de la
referencia, corresponde a la Sala determinar si el auto proferido el 21 de octubre de
2024 por el Tribunal Administrativo del Caquetá —mediante el cual se decretó la
suspensión provisional del acto que designó al señor Rigoberto Osuna García como
agente interventor del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.— vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.
3. Legitimación en la causa
La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor
Rigoberto Osuna García, al ser el titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados,
dado que su condición como Agente Interventor del Hospital Departamental María
Inmaculada E.S.E., la cual fue suspendida por medio de auto del 21 de octubre de
2024, en el proceso de nulidad electoral identificado con radicado núm. 18001-23-33-
000-2024-00089-00.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Caquetá, por cuanto actuó como juez dentro del proceso
mencionado, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de
sus garantías constitucionales.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela13, y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.
4.1 Subsidiariedad.
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo
86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º
del Decreto 2591 de 199116.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional17 ha sostenido que es deber de la parte
accionante desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así se correría el
riesgo de interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe
acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos
y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de
sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos,
ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial18.
13
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que
en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
14
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto
procedimental; defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de
motivación; defecto por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
15
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
17
Sentencia C-590 de 2005.
18
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
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Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó
los siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial
por no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii)
si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”19, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.
En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando el proceso aún se encuentra trámite. En tal sentido, la Corporación
Constitucional ha sido enfática al considerar:
“(…) el requisito de subsidiariedad cuando se atacan decisiones judiciales, se
puede presentar en dos escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii)
se encuentra en curso. En el segundo de los escenarios, la intervención del
juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no
constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas
jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario.”20
Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo sustitutivo de los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo en casos excepcionales en los
que se configure un perjuicio irremediable. Su carácter subsidiario impone la obligación
de agotar previamente las instancias establecidas en el ordenamiento jurídico,
garantizando así la seguridad jurídica y el respeto por la competencia de las distintas
jurisdicciones. Esto responde al principio de subsidiariedad, que impide que la tutela
se convierta en una instancia adicional del proceso judicial.
5. Caso concreto.
La Sala anticipa que la presente acción de tutela no cumplió con el requisito de
subsidiariedad, debido a que el proceso ordinario que dio inicio al presente amparo se
encuentra actualmente en trámite, debido a que por reparto le correspondió a la
Sección Primera del Consejo de Estado estudiar la admisibilidad del recurso de
apelación concedido por el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante auto del 03
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
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Corte Constitucional. Sentencia T-396 de 214.
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de febrero de 2025. Al no encontrarse superado este requisito de procedencia, ni
evidenciada la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la
parte actora, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, por las razones que se
explican a continuación:
5.1. De la revisión de las actuaciones del expediente del proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado núm. 18001-23-33-000-2024-00089-00, se encuentran
demostrados los siguientes hechos:
• El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante auto fechado del 27 de
septiembre de 2024, ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar
presentada por el señor Luis Francisco Ruiz Aguilar, consistente en la suspensión
provisional de los efectos del artículo 4° de la Resolución 2024420000007665-6
del 14 de agosto de 2024.
• El 21 de octubre de 2024, dicha corporación admitió la demanda de nulidad
electoral y suspendió de manera provisional y preventiva la designación del señor
Osuna García como Agente Especial Interventor del Hospital Departamental
María Inmaculada E.S.E.
• Inconforme con la decisión del Tribunal, el señor Osuna García interpuso: i)
recurso de reposición y en subsidio de apelación; y ii) solicitud de corrección,
aclaración o adición del precitado auto.
• De acuerdo con lo solicitado, el Tribunal Administrativo de Caquetá mediante auto
del 13 de noviembre de 2024, resolvió no acceder a la petición de corrección,
aclaración o adición el auto mediante el cual se dispuso la suspensión provisional
del acto demandado.
• El 03 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Caquetá, declaró
improcedente el recurso de reposición y concedió en efecto devolutivo, el recurso
de apelación.
• Actualmente, el proceso se encuentra en trámite de segunda instancia ante el
despacho del Doctor Oswaldo Giraldo López, magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado.
5.2. Las incidencias procesales descritas permiten concluir, sin dificultad, que el
proceso de nulidad electoral identificado con el radicado núm. 18001-23-33-000-2024-
00089-00 se encuentra actualmente en curso, específicamente en la etapa de estudio
de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que decretó la
medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo impugnado.
Este recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo del Caquetá mediante auto
del 3 de febrero de 2025 y, de acuerdo con el sistema de reparto, fue asignado el 21
de marzo de 2025 al despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López, integrante de
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la Sección Primera del Consejo de Estado. Lo anterior demuestra que el mecanismo
ordinario previsto para controvertir la decisión adoptada en el proceso principal se
encuentra activo y en trámite, lo que excluye la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo principal o alternativo.
En tal contexto, el amparo constitucional resulta improcedente, en tanto no se ha
acreditado que el medio judicial ordinario resulte ineficaz ni que la situación planteada
configure un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional
de manera excepcional y transitoria.
5.3. De este modo, no puede afirmarse que se haya materializado la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte actora en los términos expuestos en la solicitud de
amparo, ya que aún no se ha resuelto de fondo el asunto, por lo que sería inapropiado
que la Subsección se apartara de la jurisprudencia constitucional, la cual establece que,
antes de pretender la defensa por vía de tutela, el interesado debe buscar la protección
a través de otros medios judiciales que resulten eficaces y que estén disponibles, por
cuanto la acción de tutela no tiene la virtud de desplazar los mecanismos previstos en
la normatividad vigente; de lo contrario, se estaría haciendo un uso indebido de este
mecanismo, lo que conllevaría al desgaste innecesario de la justicia constitucional y
una paulatina desarticulación de las competencias asignadas a autoridades
jurisdiccionales.
5.4. Por tanto, la presente acción de tutela se torna improcedente, pues aceptar lo
contrario implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por el legislador
para la protección de los derechos. Debe recordarse que la solicitud de amparo
constitucional es de carácter supletorio y residual, lo que implica que no debe ser
utilizada como un elemento alternativo de aquellos a los que el legislador ha
determinado para solución de conflictos, dado que estos mecanismos establecen las
pautas conforme a las cuales deben debatirse y solucionarse las controversias que se
deriven de actos administrativos.
En virtud de lo expuesto, la Sala estima que la acción de tutela resulta improcedente
debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Aceptar lo contrario implicaría
reemplazar los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para la protección
de los derechos. En ese orden, se confirmará la decisión impugnada.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 07 de febrero de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
ECG
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