Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06543-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06543-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06543-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
5 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 5 de mayo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01
Accionante: Sofía Rodríguez Cordero
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Revoca improcedencia –
niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició el auto mediante el cual la autoridad judicial
demandada revocó una sanción impuesta a la directora técnica de Reparaciones de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en grado jurisdiccional de
consulta de incidente de desacato.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
segunda instancia, la impugnación presentada por la parte actora contra
la Sentencia de 7 de febrero de 2025, por la cual la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por falta de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 28 de noviembre de 2024, Sofía Rodríguez Cordero presentó una
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, acceso a
la administración de justicia, dignidad humana e “indemnización
administrativa”, con ocasión del Auto de 25 de septiembre de 2024,
mediante el cual la autoridad judicial accionada revocó la sanción
impuesta a la directora técnica de Reparaciones de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Victimas – UARIV en el trámite
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo
80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia por lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01
Accionante: Sofía Rodríguez Cordero
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Decisión: Revoca y niega
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incidental de desacato, grado jurisdiccional de consulta, que se adelantó
en el marco de la acción de tutela No. 11001-33-42-055-2024-00192-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. Solicito se me tutelen los derechos fundamentales invocados y aquellos del
mismo rango que encuentre violados.
2. Subsidiariamente solicito, ORDENASE al Despacho accionado que en un
término no superior de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación del
respectivo fallo, profiera una nueva decisión que DEJE SIN EFECTOS EL AUTO del
25/09/2024, con el cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió
REVOCAR la providencia del 19 de septiembre de 2024, proferida por el
Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá, D.C; que sancionó de
manera pecuniaria por desacato a la señora Lilia María Rodríguez Albarracín,
directora técnica de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas (UARIV). En su lugar, proferir una nueva orden, que
declare que se incurrió en los defectos aludidos, y como consecuencia de ello
la violación sistemática de los derechos fundamentales protegido por la primera
instancia, porque de acuerdo con los hechos acontecidos fáctica, jurídica y
jurisprudencial no existe ninguna IMPOSIBILIDAD para la UARIV fijar un plazo
aproximado, fecha cierta o razonable para la entrega de la indemnización
administrativa. Adicionalmente, para que se continúe con el procedimiento
que regula el grado de consulta, esto es, determinar que el fallo de tutela de
28/06/2024 se encuentra cumplido o no; y verificar si la multa equivalente a dos
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta por el Juzgado 55
Administrativo el 19/09/2024, resulta proporcional o no, de conformidad con los
parámetros establecidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Sofía Rodríguez Cordero presentó una acción de tutela3 contra la
UARIV, con el objetivo de que le dieran respuesta de fondo a la petición de
15 de mayo de 2024, mediante la cual había solicitado el puntaje y turno
asignado para el pago de la indemnización por desplazamiento forzado.
5. 2) De la anterior acción de tutela conoció el Juzgado 55
Administrativo de Bogotá, el cual, en Sentencia de 28 de junio de 2024,
decidió tutelar el derecho reclamado y ordenó a la entidad accionada dar
una respuesta a la mencionada petición dentro de las 48 horas siguientes a
la notificación del fallo, en lo que no fuera materia de reserva legal.
6. 3) El 12 de julio de 2024, la señora Rodríguez Cordero radicó incidente
de desacato ante el incumplimiento de la orden judicial por parte de la
UARIV.
7. 4) En Auto de 19 de septiembre de 2024, el Juzgado 55 Administrativo
de Bogotá decidió sancionar a la directora técnica de la UARIV, Lilia María
Rodríguez Albarracín, con multa de 2 SMLMV, pues estimó que pese a haber
3 Rad. 11001-33-42-055-2024-00192-00.
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Decisión: Revoca y niega
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otorgado nueva respuesta a la incidentante el 16 de septiembre de 2024,
no había dado cumplimiento a la solicitud consistente en indicarle fecha
cierta o plazo aproximado en el que efectuaría al pago de la
indemnización.
8. 5) La decisión anterior fue objeto de grado jurisdiccional de consulta
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, el cual, mediante providencia de 25 de septiembre de 2024,
revocó la sanción impuesta.
9. El tribunal consideró que la autoridad accionada había dado
respuesta a la petición mediante el Oficio No. 2024-1464675-110, en donde
informó que esa entidad no otorgaba turnos para pagar la indemnización a
las víctimas en vigencias posteriores, ya que esa medida de reparación se
entregaba en el marco del sistema de priorización establecido en la
Resolución 1049 de 2019.
10. Por lo expuesto, la entidad accionada concluyó que la respuesta
brindada por la UARIV fue dictada en observancia de los procedimientos
establecidos para el desembolso de la indemnización administrativa; pues,
si el beneficiario no acreditaba alguno de los supuestos establecidos por la
ley para la priorización, la información sobre la fecha en que se dispondría
el giro de los recursos dependía de ser seleccionado en la aplicación anual
del método de priorización.
11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que la
decisión de 25 de septiembre de 2024, proferida por la autoridad judicial
accionada incurrió en los siguientes defectos:
12. Defecto orgánico, ya que el tribunal accionado se alejó de su deber
funcional respecto del cumplimiento de la decisión proferida el 28 de junio
de 2024 y desconoció el procedimiento y el debido proceso, al reabrir el
debate relacionado con la comunicación del plazo con el que se cuenta
para hacer efectivo el pago de la indemnización administrativa, a pesar de
que el momento procesal ya había precluido, pues la UARIV tuvo la
oportunidad de defenderse en el trámite de la acción de tutela.
13. Defecto sustantivo porque, a su juicio, el tribunal desconoció las reglas
establecidas por los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991, para dar
trámite y cumplimiento al incidente de desacato, en tanto no dio tramite al
cumplimiento, a pesar de las reiteradas solicitudes y la renuencia de la
entidad.
14. Defecto fáctico, debido a que la autoridad judicial demandada se
apoyó exclusivamente en las respuestas que emitió la UARIV y en las cuales
se limitó a decir que el pago de la reparación se realizaría conforme al
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Decisión: Revoca y niega
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Método Técnico de Priorización, sin consideración a otro material
probatorio. En ese sentido, afirmó que con la apertura y valoración de las
respuestas y pruebas que aportó de forma extemporánea la UARIV dentro
del incidente de desacato, donde manifestó la imposibilidad de
cumplimiento, sin soporte alguno, reabrió un debate probatorio que ya
había prescrito procesalmente, dentro de la acción de tutela.
15. La accionante también alegó la configuración de un defecto
procedimental porque las razones que tuvo en cuenta el tribunal para
revocar la sanción impuesta al funcionario responsable del cumplimiento,
fueron sustentadas en consideraciones que no son propias del incidente de
desacato, y sin tener en cuenta que la definición de una fecha probable no
es, ni puede ser en manera alguna una decisión de imposible cumplimiento,
pues la entidad está facultada para hacerlo de conformidad con las
Resoluciones 1049 de 2019 y 582 de 2021 y, en todo caso, el escenario para
discutir el acatamiento era el trámite del desacato, y no la consulta. Adujo
que, el tribunal fue permisivo con la incidentada al omitir requerirla para que
cumpliera.
16. Además, indicó que desatendió la jurisprudencia que reconoce como
válida la asignación de un turno y una fecha aproximada para la
indemnización administrativa4.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
17. Mediante Sentencia de 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la
acción por falta de relevancia constitucional. Advirtió que no se cumplió
con dicho requisito porque las objeciones de la accionante respecto de la
providencia censurada daban cuenta de una discrepancia valorativa, con
la intención de que se surtiera una suerte de instancia adicional en la que se
juzgaran las razones de la autoridad para revocar la sanción por desacato.
18. Agregó que existían suficientes elementos para concluir que el
tribunal, lejos de reabrir el debate que se surtió en el trámite de la tutela,
consideró la orden impartida en la Sentencia de 28 de junio de 2024 y revisó
todo el material probatorio obrante en el proceso, pero hizo hincapié en las
respuestas dadas por la UARIV a la accionante, especialmente la última de
8 de mayo de 2024 y, con base en ello, determinó que la misma se ajustaba
al procedimiento establecido para la entrega de las indemnizaciones
administrativas, contenido en la Resolución 1049 de 2019, relativo con el
método técnico de priorización.
4 Corte Constitucional, Autos 2016 de 2017 y 331 de 2019.
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19. Así mismo, puso de presente que de la simple lectura de la Resolución
1049 de 2019, no se podía dar como cierta la obligación de fijar una fecha
aproximada, cierta o razonable de pago a todos los actos administrativos
que reconocieran el derecho a la medida indemnizatoria, y que, por ende,
esta era una afirmación que la actora realizó sin ningún tipo de soporte.
20. En concordancia con lo anterior, determinó que la decisión judicial
tenía sustento en la resolución aludida y en los artículos 27 y 52 del Decreto
2591 de 1991, normas aplicables al asunto para determinar que la respuesta
otorgada por la UARIV había sido de fondo, y que lo pretendido era seguir
con el mismo debate de manera indefinida.
21. Inconforme con el fallo de primera instancia la parte actora presentó
escrito de impugnación en el que manifestó que el Consejo de Estado,
presuntamente incurrió en prevaricato al no pronunciarse de fondo sobre los
cuestionamientos realizados y desconocer el precedente vertical y
horizontal decantados por la Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia y la misma corporación, sobre el cual se sustentó la procedencia de
la acción de tutela y su relevancia constitucional.
22. Expuso que, la relevancia constitucional en el caso se encontraba
acreditada, especialmente por la afectación directa a los derechos
fundamentales enunciados, y mas aún porque la accionante es un sujeto
de especial protección constitucional, por su condición de víctima de
desplazamiento forzado.
23. Indicó que, en atención a dicha situación el Consejo de Estado y el
tribunal accionado debieron tener en cuenta las circunstancias especiales
y no dar prioridad a una norma administrativa como lo es la Resolución 1049
de 2019, sobre los derechos humanos de la accionante. Así mismo, adujo
que el método técnico de priorización imponía restricciones a la
indemnización administrativa, que contradecían el principio de reparación
integral y resultaba violatorio de los derechos fundamentales de las víctimas
al debido proceso, igualdad, no discriminación ante la ley y dignidad
humana.
24. Por otro lado, concluyó que la UARIV, el tribunal y el Consejo de
Estado, desconocieron la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha
indicado que las limitaciones presupuestales no pueden justificar la
negación o desnaturalización de los derechos de las víctimas, y que es
fundamental la definición de plazos razonables frente a su indemnización.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias proferidas en el
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trámite del incidente de desacato. 2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos y defectos
25. A pesar de que la parte actora señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos constitucionales, esta Sala detendrá su estudio en
los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
comoquiera que la presunta vulneración de las garantías constitucionales
se produjo con ocasión de unas actuaciones judiciales. En tal sentido, cobra
relevancia estudiar si en el marco del proceso fueron lesionados estas
garantías.
26. Por otra parte, en relación con los defectos invocados, la Sala ha de
precisar que, si bien la parte accionante alegó varios defectos, lo cierto es
que la argumentación de cada uno confluye en el aparente
desconocimiento normativo y jurisprudencial y la indebida valoración de
pruebas, razón por la cual se analizarán los reparos, únicamente, de cara a
los defectos sustantivo y fáctico.
2.2. Fijación de la controversia
27. Determinar, una vez sean verificados los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en el marco
de los incidentes de desacato de tutela, si la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el Auto de
25 de septiembre de 2024, incurrió en el defecto sustantivo, por el presunto
desconocimiento de normas relativas al trámite del incidente de desacato
y su consulta, así como jurisprudencia constitucional sobre el pago de
indemnizaciones administrativas. Igualmente, si incurrió en defecto fáctico
al valorar unas respuestas y pruebas que aportó la UARIV dentro del
incidente de desacato.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite del incidente de desacato
28. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que, para que la acción de tutela sea procedente cuando se está ante
decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, se requería
la superación de los siguientes requisitos: (1) que se acreditaran los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de una de las
causales específicas (defectos), (2) que la decisión adoptada en el trámite
de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la acción de tutela
era improcedente si se interponía antes de finalizado el trámite, y (3) que los
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argumentos del promotor de la acción de tutela debían ser consistentes con
lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato.
29. La Sala advierte que esta acción de tutela es procedente en la
medida en que (1) se cumplieron los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, pues: no existe recurso
judicial idóneo y eficaz que permita a la parte accionante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada5 y la de interposición de la presente acción de tutela
(28/11/2024). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relaciona con la decisión, en grado de consulta, de un incidente de
desacato de tutela. Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la vulneración derivada de ellos.
30. La controversia tiene relevancia constitucional por las siguientes
razones: (1) conlleva una aparente afectación a derechos fundamentales,
con ocasión al posible desconocimiento normativo y jurisprudencial y a la
indebida valoración de pruebas; (2) no discute un tema simplemente
económico o de legalidad, sino que, por el contrario, pretende cuestionar
la falta en la que incurrieron las autoridades judiciales al no aplicar normas
y jurisprudencia de carácter constitucional; (3) no pretende reabrir un pleito
ya zanjado o debatido, sino que por el contrario se busca evitar una
afectación inminente ante el desconocimiento de garantías fundamentales
con ocasión de la consulta de un incidente de desacato de tutela; (4) la
providencia enjuiciada se encuentra ejecutoriada y (5) los argumentos de
la parte actora fueron consistentes con los planteados en el trámite del
incidente de desacato.
2.4. Verificación de defectos y/o vulneración a los derechos
fundamentales alegados
31. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción por falta del requisito de relevancia
constitucional y, en su lugar, negará la solicitud de amparo, de conformidad
con las razones que a continuación se exponen.
32. De acuerdo con lo establecido por la parte actora, se observa que la
tutela presentada buscó dejar sin efecto el auto mediante el cual la
autoridad judicial demandada revocó una sanción por desacato frente a
una sentencia de tutela que le ordenó a la UARIV la información de un plazo
y orden aproximados para acceder al pago de la indemnización
reconocida por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. La parte
5 La notificación del Auto de 25 de septiembre de 2024 se realizó mediante el envío de mensaje de datos, el 26 de
septiembre de 2024.
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actora reprochó que en dicha providencia no se tuvo en consideración que
la UARIV no dio respuesta de fondo a la petición radicada ante esa misma
entidad en lo relativo al turno asignado y plazo estimado para el pago de la
indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, y que
este era posible de determinar, de conformidad con la Resolución No. 1049
de 2019 de la UARIV, con lo cual era exigible el cumplimiento del fallo de
tutela de 28 de junio de 2024.
33. Al respecto, el juez constitucional de primera instancia, a pesar de
declarar la improcedencia de la acción por falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, esgrimió argumentos de fondo (se
trascribe):
“30. La lectura del auto acusado permite a la Sala advertir que el análisis allí
realizado encuentra sustento, no solo en las competencias funcionales
otorgadas a dicha autoridad, sino en un ejercicio judicial responsable apegado
a los lineamientos de la sana crítica y la libre apreciación probatoria.
31. En el mentado proveído, conforme la petición presentada por la accionante
el 15 de mayo de 2024, el amparo concedido en la decisión de 28 de junio de
2024 y las pruebas arrimadas a lo largo del incidente de desacato; se logró
determinar que la orden a la que se alude se encuentra en la actualidad
cumplida, toda vez que la directora técnica de reparaciones de la UARIV,
mediante comunicación con radicado 2024-1464675-110, dio respuesta a la
petición presentada por la accionante, informando que esa entidad no otorga
turnos para pagar la indemnización a las víctimas en vigencias posteriores, ya
que esa medida de reparación se entrega en el marco del sistema de
priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019.
Del mismo modo, estimó que en esa respuesta la autoridad accionada también
se refirió al caso particular de la accionante y le informó que el 25 de agosto de
2023 aplicó el método técnico de priorización, con el propósito de establecer
el orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor; sin embargo,
de la aplicación del referido método, se concluyó que no era procedente
materializar la entrega de la indemnización reconocida en la vigencia
presupuestal del año 2023.
Así como le indicó que el 8 de mayo de 2024, se aplicó nuevamente el método
técnico de priorización para determinar la viabilidad de realizar el pago a todas
aquellas víctimas que no obtuvieron resultado favorable en las vigencias 2021,
2022 y 2023, y que la entidad está identificando el universo de víctimas que
obtuvieron resultado favorable para recibir el pago con cargo a la vigencia
fiscal 2024.
(…)
36. Para la Sala, esos elementos permiten concluir que el Tribunal, lejos de reabrir
el debate que se surtió en el trámite de la tutela o hacer un estudio parcializado
del asunto, consideró la orden impartida en el fallo de 28 de junio de 2024 y
revisó todo el material probatorio obrante en el proceso, pero hizo hincapié en
las respuestas dadas por la UARIV a la accionante, especialmente la última y,
con base en ello determinó que la misma se ajustaba al procedimiento
establecido para la entrega de las indemnizaciones administrativas, contenido
en la Resolución 1049 de 2019, relativo con el método técnico de priorización.
Esta posición que tiene respaldo jurisprudencial, así como asidero jurídico; pues
ante la existencia de un procedimiento específico para el pago de la
indemnización administrativa, dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, es claro
resulta necesario agotar el mismo con el fin de determinar para cada vigencia
las víctimas que cumplan con los criterios de priorización y de esa manera
otorgarles el pago, motivo por el cual no puede ser motivo de censura
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constitucional el razonamiento de la autoridad judicial, y mucho menos puede
dar lugar a señalarlo como violatorio de garantías ius fundamentales como el
derecho a la igualdad, la petición o el debido proceso.
(…)”.
34. La Sala comparte el análisis efectuado en primera instancia en
relación con la razonabilidad de la decisión adoptada por el tribunal, toda
vez que esta se dictó de conformidad con la normativa aplicable al caso
como lo es la Resolución 1049 de 2019, en lo relativo al método técnico de
priorización y con observancia de la normatividad aplicable al trámite del
incidente de desacato.
35. Para la Sala, es importante poner de presente que la Corte
Constitucional, mediante Auto 206 de 2017, resolvió, entre otros6, ordenar al
director de la UARIV que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación, reglamentara
el procedimiento que debían agotar las personas desplazadas para la
obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y
objetivos.
36. En virtud de lo anterior, la UARIV expidió la Resolución No. 1049 de 15
de marzo de 2019, a través de la que se adoptó el procedimiento para
reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa y se creó el
método técnico de priorización que tenía como objetivo generar unas listas
6 Adicional a ello: (a) negó una solicitud de la UARIV relacionada con exhortar a los jueces de la República para
que se abstuvieran de impartir órdenes relacionadas con reconocimientos económicos, y para posponer las
sanciones por desacato en materia de ayuda humanitaria; (b) exhortó a los jueces de la República para que, en
el momento de resolver las acciones de tutela que reclamaran el reconocimiento de las medidas de ayuda
humanitaria y/o la protección del derecho de petición, observaran tanto las reglas generales relacionadas con:
la procedencia de la acción de tutela a favor de las personas desplazadas, la aplicación de la presunción de
veracidad, y el decreto oficioso de pruebas por pare del juez constitucional; (c) requirió a las autoridades judiciales
para que ampliaran el plazo y fijaran un término razonable, acorde con las dificultades que afrontaba la UARIV
para cumplir con la orden de dar una respuesta oportuna y adecuada a las peticiones relacionadas con la ayuda
humanitaria; (d) concedió la solicitud presentada por la UARIV y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado consistente en que se exhortara a los jueces de la República para que, en lo concerniente a la
indemnización administrativa, se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes relacionadas con
reconocimientos económicos, y para posponer las sanciones por desacato que exigían su cumplimiento; (e)
exhortó a los jueces de la república para que, en materia de indemnizaciones administrativas, concedieran la
tutela del derecho de petición, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad formal y
material, pero ordenaran que la UARIV tenía hasta el 31 de diciembre de 2017 para cumplir con el fallo. Además,
se abstendrían de impartir órdenes relacionadas con reconocimientos económicos durante ese lapso. Al
pronunciarse sobre los incidentes de desacato ocasionados por el incumplimiento de la UARIV a las órdenes de
tutela impartidas en casos de indemnización administrativa, los jueces suspenderían las sanciones por desacato,
tanto de arresto como de multa, dictadas a partir del 01 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2017; (f)
se ordenó el levantamiento de sanciones cuando mediara un hecho superado, carencia actual de objeto e
inexistencia de responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento de la orden; (g) se reiteró a los
jueces de la República el precedente concerniente al levantamiento de las sanciones por desacato adelantado
en contra de funcionarios y ex funcionarios de la UARIV, sin perjuicio de las sanciones que fueron confirmadas en
grado de consulta por el superior, y de que se haya decretado su ejecución.; (h) exhortó al Consejo Superior de la
Judicatura para que, por intermedio de los Consejos Seccionales, instara a los jueces para que verificaran de
manera rigurosa los requisitos propios de la agencia oficiosa cuando se trata de población desplazada, de
acuerdo con los criterios fijados en la Sentencia T-025 de 2004; (i) solicitó a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura que presentara un informe respecto de la comunicación de esa providencia a todos los
jueces de la República, en un plazo de dos (2) semanas contado a partir de su notificación; (j) negó una solicitud
sobre la práctica de una inspección judicial u ocular en relación con los casos que la UARIV denunció ante la
Fiscalía General de la Nación, para examinar la situación de intermediarios con el fin de comprobar el hecho del
abuso del derecho o la desinformación a la que estaban sometidas las víctimas; y (k) solicitó a la Fiscalía General
de la Nación que presentara informes semestrales, con exposición los avances logrados en investigaciones
concernientes a la posible configuración de conductas punibles (i.e. acceso abusivo a sistemas informáticos,
violación de datos, concierto para delinquir, fraude procesal, entre otras), en el marco de los hechos de fraude y
corrupción registrados en contra de las víctimas y del erario público
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01
Accionante: Sofía Rodríguez Cordero
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y niega
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ordinales que indicaran la priorización para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa y se aplicara anualmente para la asignación
de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en
la respectiva vigencia fiscal.
37. Aunado a ello, la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU-34
de 2018, se pronunció respecto de la procedencia de las acciones de tutela
presentadas en contra de las providencias proferidas en incidentes de
desacato y también se refirió a las sanciones por desacato impuestas por
temas relacionados con el pago de indemnizaciones administrativas.
38. La mencionada corporación recordó que existía un estado de cosas
inconstitucional, ante la vulneración masiva de los derechos de las víctimas
del conflicto y que para la UARIV existía una imposibilidad de efectuar todos
los pagos de indemnizaciones, en el escaso término otorgado por una
sentencia de tutela.
39. En ese orden, indicó que las autoridades judiciales deberían
contemplar la situación que ha venido afrontando la UARIV para cumplir
con la obligación de reparar integralmente a todas las víctimas del conflicto
y, con base en esa perspectiva, entender la imposibilidad de ejecutar de
manera inmediata los fallos de tutela que imponen órdenes de pago de
reparaciones, aspecto que, además escapaba de la capacidad funcional
de la persona encargada de cumplir lo dispuesto en el fallo de tutela.
40. Por lo expuesto, la Sala concluye que, en el caso concreto, la decisión
enjuiciada tuvo sustento normativo (Resolución No. 1049 de 2019) y
jurisprudencial de la Corte Constitucional7 y del Consejo de Estado8, y el
hecho de que haya valorado los memoriales rendidos por la UARIV9, sobre
la imposibilidad de que la UARIV determine una fecha aproximada y
razonable para proceder al pago de la indemnización y la aplicación del
método de priorización, no comporta la configuración de los defectos
invocados ni tampoco va en contravía del trámite del incidente de
desacato y el grado jurisdiccional de consulta, pues ello era fundamental
para determinar, como autoridad competente de conformidad con el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, si confirmaba o revocaba la sanción
que impuso el Juzgado 55 Administrativo de Bogotá, en el Auto de 19 de
septiembre de 2024.
2.5. Conclusión
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-34 de 2018.
8 Consejo de Estado, Sentencias de 28 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2024-01568-00 y Sentencia de 12
de junio de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2024-00138-01.
9 La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV, con el informe rendido9 aportó las
comunicaciones No. 2024-1069529-1 de 20 de junio de 2024 y 2024-0910506-1 de 22 de mayo de 2024, en donde
daba respuesta a la solicitud de la ahora accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06543-01
Accionante: Sofía Rodríguez Cordero
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca y niega
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41. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negará la solicitud de amparo, ya que no se configuró
vulneración alguna ni se comprobó la configuración de los defectos
alegados por la accionante.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 7 de febrero de 2025 por medio del
cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de Relevancia Constitucional. En su lugar, NEGAR la solicitud de
amparo de Sofía Rodríguez Cordero, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclaración de voto
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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