Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00138-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00138-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00138-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
12 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Incidente de desacato / Solicitud de
inaplicación de la sanción / Elemento subjetivo de la sanción de desacato / Se revoca la
sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia y, en su lugar, se concede el
amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de impugnación presentado por las accionantes contra la
sentencia del 1º de marzo de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección C
de esta Corporación. La primera instancia de tutela declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional.
La acción de tutela se presentó contra los autos del 29 de mayo, 7 de julio, 24 de
agosto y 24 de octubre de 2023 proferidos por el Juzgado Treinta Administrativo de
Medellín, y contra los autos del 2 de junio, 13 de julio, 28 de agosto y 31 de octubre
de 2023 proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En los autos
proferidos por el juzgado se impusieron sanciones por desacato de una orden de
tutela en contra de las accionantes, lo cual fue confirmado en sede jurisdiccional de
consulta en los autos proferidos por el tribunal.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 22 de diciembre de 2023 la señora María Patricia Tobón Yagarí, en calidad de
directora general de la Unidad para las Víctimas; Sandra Viviana Alfaro Yara, en
calidad de directora técnica de Reparaciones de esa unidad; y Andrea Nathalia
Romero Figueroa, en calidad de directora técnica (E) de Reparaciones de esa
unidad, presentaron una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio vulnerados, en su concepto, por las autoridades judiciales accionadas al
imponer y confirmar las sanciones por desacato a una orden de tutela.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):
<<PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las siguientes sanciones:
Sanción calendada el 29 de mayo de 2023 impuesta a la suscrita MARÍA
PATRICIA TOBÓN YAGARI directora general de la Unidad para las
Víctimas, consistente en multa de tres (3) SMMLV. Modificada mediante auto
del 02 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en cuanto
a reducir la sanción de multa a uno (1) SMMLV.
Sanción calendada el 07 de julio de 2023 impuesta a las suscritas MARÍA
PATRICIA TOBÓN YAGARI Directora General de la Unidad para las
Víctimas y ANDREA NATHALIA ROMERO FIGUEROA quien fungió como
Directora (E) Técnica de la Dirección de Reparaciones de la Unidad para las
Víctimas, consistente en multa de tres (3) SMMLV. Sanción modificada
mediante auto del 13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en cuanto a reducir la sanción de multa a cada una a uno (1)
SMMLV.
Sanción calendada el 24 de agosto de 2023 impuesta a las suscritas MARÍA
PATRICIA TOBÓN YAGARI Directora General de la Unidad para las
Víctimas y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA Directora Técnica de la
Dirección de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, consistente en
multa de tres (3) SMMLV. Sanción modificada mediante auto del 28 de
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto a
reducir la sanción de multa a cada una a uno (1) SMMLV.
Sanción calendada el 24 de octubre de 2023 impuesta a las suscritas MARÍA
PATRICIA TOBÓN YAGARI Directora General de la Unidad para las
Víctimas y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA Directora Técnica de la
Dirección de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, consistente en
multa de diez (10) SMMLV. Sanción confirmada mediante auto del 30 de
octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la providencia
del 13 de marzo de 2023 confirmada mediante sentencia de segunda instancia del
26 de abril de 2023, dentro del radicado 05001333303020230006900, en
cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir los actos
administrativos, Resolución No. 04102019-497959 del 13 de marzo de 2020 y
Resolución No. 04102019-1408136 del 12 de noviembre de 2021, que reconocieron
el derecho a la entrega de las indemnizaciones administrativas a JORGE ORLANDO
MENDOZA RODRIGUEZ y dispuso la aplicación del método técnico de priorización
al particular con sus respectivos resultados de los años 2021, 2022 y 2023.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las
sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión al
cumplimiento de la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento
de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato>>.
B. Hechos
3.- Las accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El señor Jorge Orlando Mendoza Rodríguez interpuso acción de tutela contra
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas porque no se había
materializado el pago de las indemnizaciones administrativas reconocidas a su favor
por esa entidad.
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3.2.- Mediante sentencia del 13 de marzo de 2023 el Juzgado Treinta Administrativo
de Medellín concedió la solicitud de amparo y dispuso, entre otras órdenes:
<<SEGUNDO. ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que dentro del término de los DIEZ (10) días hábiles
contados a partir de la notificación de este fallo, INDIQUE al accionante, el periodo
de tiempo o fecha cierta en la cual se le realizará el pago o entrega de la
Indemnización Administrativa, reconocida mediante la Resolución No. 04102019-
497959 del 13 de marzo de 2020 y Resolución No. 04102019-1408136 del 12 de
noviembre de 2021>>.1
3.3.- Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
sentencia del 26 de abril de 2023.
3.4.- Mediante memorial del 27 de abril de 2023, la Unidad para las Víctimas
presentó un informe de cumplimiento en el cual señaló que (i) las solicitudes de
indemnización administrativa elevadas por el señor Mendoza Rodríguez fueron
resueltas de fondo, se reconoció el derecho a la reparación a su favor y se ordenó
aplicar el método técnico de priorización para definir el turno de pago; (ii) no se
acreditó ninguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad en los
términos de la Resolución 1049 de 2019 y 582 de 2021 que permitiera priorizar su
caso; (iii) una vez aplicado el método técnico de priorización para la vigencia de
2022, se definió que el señor Mendoza Rodríguez no cumplía con el puntaje mínimo
para acceder a la entrega de la indemnización en esa vigencia, por lo que debía
volverse a aplicar el método en vigencias futuras; y (iv) dada la imposibilidad de
atender todas las indemnizaciones de forma simultánea y ante la necesidad de
utilizar criterios de priorización, la entidad no podía indicar una fecha cierta de pago.
3.5.- El señor Mendoza Rodríguez presentó una primera solicitud de incidente de
desacato del fallo de tutela a su favor. Durante el trámite del incidente la Unidad
para las Víctimas presentó informe de cumplimiento en el que reiteró los puntos
anteriores.
3.6.- Mediante auto del 29 de mayo de 2023 el Juzgado Treinta Administrativo de
Medellín impuso una multa de tres (3) SMMLV contra María Patricia Tobón Yagarí,
directora general de la unidad. La sanción fue reducida a un (1) SMMLV en auto del
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El proceso fue tramitado bajo el radicado 05001-33-33-030-2023-00069-00/01.
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
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2 de junio de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sede
jurisdiccional de consulta. El 2 de junio de 2023 la unidad solicitó la inaplicación de
la sanción por las razones reseñadas.
3.7.- El señor Mendoza Rodríguez inició un segundo incidente de desacato. En auto
del 7 de julio de 2023 el juzgado impuso sanción de tres (3) SMMLV a la señora
Tobón Yagarí y a la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa, directora técnica (E)
de Reparaciones de esa unidad. La sanción fue reducida a un (1) SMMLV en auto
del 13 de julio de 2023 proferido por el tribunal. Durante el trámite de ese incidente
de desacato la unidad reiteró los argumentos planteados frente al cumplimiento del
fallo.
3.8.- El 24 de agosto de 2023 el juzgado impuso una tercera sanción por desacato,
consistente en una multa de tres (3) SMMLV contra la señora Tobón Yagarí y contra
la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de Reparaciones de esa
unidad. En sede jurisdiccional de consulta del 28 de agosto de 2023 la sanción fue
nuevamente reducida a un (1) SMMLV. Igualmente, la unidad presentó informe en
los términos planteados.
3.9.- El 24 de octubre de 2023 el juzgado impuso una cuarta sanción de multa por
diez (10) SMMLV contra Tobón Yagarí y Alfaro Yara. La sanción fue confirmada por
el tribunal en auto del 30 de octubre de 2023. Durante el trámite del incidente la
unidad reiteró los argumentos planteados.
3.10.- Posteriormente, la unidad presentó una nueva solicitud de inaplicación de las
sanciones impuestas, la cual fue negada por el juzgado mediante auto del 16 de
noviembre de 2023.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Las accionantes alegan que las providencias objeto de reproche vulneraron sus
derechos fundamentales porque incurrieron en (i) un defecto fáctico, (ii)
desconocimiento del precedente constitucional y (iii) una violación directa de la
Constitución, los cuales fueron sustentados de forma conjunta.
4.1.- En términos generales informan que frente a la indemnización administrativa
reconocida mediante la Resolución 04102019-497959 del 13 de marzo de 2020, la
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
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unidad aplicó el método técnico de priorización en 2021, 2022 y 2023, y que el señor
Mendoza Rodríguez no obtuvo el puntaje mínimo. Así mismo, hizo lo propio para
las vigencias de 2022 y 2023 frente a la indemnización reconocida por medio de la
Resolución 04102019-1408136 del 12 de noviembre de 2021.
4.2.- Reiteran que es imposible señalar una fecha cierta de pago de las
indemnizaciones, pues dada la gran cantidad de víctimas reconocidas con igual
derecho a su favor, debía aplicarse un sistema de priorización cada año, según la
disponibilidad presupuestal de la entidad y de conformidad con lo señalado por la
Corte Constitucional en el auto 206 de 2017. Lo anterior, sin perjuicio de que el
señor Mendoza Rodríguez acredite en cualquier momento una situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad que permita priorizar su caso, de conformidad
con las resoluciones 1049 de 2019 y 582 de 2021.
4.3.- Así las cosas, alegan la configuración de un defecto fáctico y un
desconocimiento del precedente porque las autoridades judiciales accionadas no
valoraron debidamente los memoriales radicados por la unidad durante los trámites
incidentales que dan cuenta de las razones por las cuales no ha sido posible dar
una fecha cierta de pago. Reiteran que deben cumplir con el respeto al debido
proceso del procedimiento para el pago previsto en la Resolución 1049 de 2019, así
como la garantía al derecho a la igualdad de todas las víctimas.
4.4.- Al respecto, señalan que la función del incidente de desacato no es
<<sancionar por sancionar>>, sino conminar el cumplimiento del fallo de tutela. En
relación con lo anterior, y como garantía del debido proceso, es necesario que se
acredite un elemento subjetivo en la conducta del incidentado a efectos de imponer
la sanción. Es decir, no basta con acreditar el incumplimiento objetivo de la orden
de tutela, pues también deben estudiarse las particularidades del caso y si existen
razones justificadas que explican el incumplimiento del fallo objeto de desacato. En
otras palabras, la acreditación del incumplimiento no presume automáticamente la
responsabilidad de la autoridad encargada.
4.5.- Para sustentar lo anterior citan varias sentencias de tutela en las que en casos
similares se concedió el amparo y se ordenó la inaplicación de la sanción por
desacato, dado que las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto las
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
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explicaciones que justificaron la falta de cumplimiento de la orden y que
desvirtuaban la configuración del elemento subjetivo de la responsabilidad 2.
4.6.- Finalmente, como consecuencia de lo anterior alegan una violación directa de
la Constitución, pues las decisiones de las autoridades judiciales accionadas
vulneran abiertamente garantías como el debido proceso, la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima y la buena fe.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta Administrativo de
Medellín (accionados), así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (interviniente) fueron debidamente notificados. Sin embargo, guardaron
silencio.
E. Sentencia impugnada
6.- Mediante sentencia del 1º de marzo de 2024 la Sección Tercera, Subsección C
de esta Corporación declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. El juez de tutela de primera
instancia consideró que los argumentos que sustentan la acción de tutela pretenden
revivir la controversia resuelta por el juez de conocimiento y se fundamentan en
divergencias de carácter netamente legal. Además, advirtió que la interpretación de
las pruebas allegadas fue razonable y estuvo conforme con el marco legal y
jurisprudencial aplicable.
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En particular, se citaron las siguientes providencias: sentencias C-367 de 2014, T-280 de 2017, SU-034 de
2018 y T-315 de 2020 proferidas por la Corte Constitucional; sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (radicado 11001-02-04-000-2021-02222-00),
sentencia del 9 de febrero de 2022 proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema
de Justicia (radicado 11001-02-03-000-2022-00256-00), sentencia del 15 de diciembre de 2022 proferida por la
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia (radicado 11001-02-03-000-2022-
04143-00), sentencia STL 6606-2023 del 31 de mayo de 2023 proferida por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, sentencia STC 7695-2023 del 3 de agosto de 2023 proferida por la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, sentencia STC 8706-2023 del 30 de agosto de 2023
proferida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia; y sentencia del 11 de
febrero de 2021 proferida por la Sección Primera de esta Corporación (radicado 11001-03-15-000-2020-04776-
00) y sentencia del 20 de mayo de 2022 proferida por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación
(radicado 11001-03-15-000-2022-02006-00).
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
F. Impugnación
7.- Las accionantes impugnan la anterior decisión. Afirman que la solicitud de
amparo sí es constitucionalmente relevante porque se les ha impuesto una sanción
de forma objetiva y sin consideración de las razones dadas y que dan cuenta de la
imposibilidad de cumplir el fallo en los términos señalados en la orden de tutela. Por
lo demás, reiteran los argumentos del escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
8.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional y, en su lugar,
concederá el amparo por la vulneración al debido proceso de las accionantes. Por
lo tanto, se dejarán sin efectos los autos proferidos en los trámites incidentales
05001-33-33-030-2023-00069-02, 05001-33-33-030-2023-00069-03, 05001-33-33-
030-2023-00069-04 y 05001-33-33-030-2023-00069-05 en los que se impusieron
sanciones por desacato en contra de las accionantes: a saber, los autos del 29 de
mayo, 7 de julio, 24 de agosto y 24 de octubre de 2023 proferidos por el Juzgado
Treinta Administrativo de Medellín, y los autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 2 de junio, 13 de julio, 28 de agosto y 30 de octubre
de 2023 que resolvieron, respectivamente, la sede jurisdiccional de consulta.
9.- También se dejará sin efectos el auto proferido el 16 de noviembre de 2023 por
el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, en el cual se negó la solicitud de
inaplicación de la sanción por desacato.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela
10.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) las accionantes identificaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración del derecho al
debido proceso por un defecto fáctico y un desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales en materia de los requisitos para imponer una sanción por
desacato; (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque las
accionantes utilizaron todos los mecanismos judiciales a su alcance para la
protección de sus derechos y contra las providencias atacadas no procede ningún
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
recurso; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto
que la providencia que dio por terminado el primer incidente de desacato fue
proferida el 2 de junio de 2023, ante la cual se presentó una solicitud de inaplicación
que no fue resuelta por las autoridades judiciales y las otras providencias
cuestionadas en los incidentes de desacato fueron proferidas desde el 7 de julio de
2023 hasta el 30 de octubre de 2023, además del auto del 16 de noviembre de 2023
que negó la solicitud de inaplicación de la tutela, y la tutela se presentó el 22 de
diciembre de 2023, es decir, dentro del término de 6 meses precisado tanto por esta
Corporación3 como por la Corte Constitucional 4; y (v) no se trata de una decisión
proferida en sede de tutela.
H. Las autoridades judiciales vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso porque impusieron una sanción sin valorar la conducta de las
accionantes
11.- A diferencia de lo señalado por el juez de tutela de primera instancia, la Sala
considera que en este caso el asunto sí es constitucionalmente relevante porque
atañe al desconocimiento del debido proceso por la imposición de sanciones sin
considerar el elemento subjetivo de la responsabilidad. Además, los defectos
alegados también se predican de las providencias que resolvieron la sede
jurisdiccional de consulta, sin que existan mecanismos judiciales para controvertir
esas decisiones.
11.1.- Recientemente, esta Sala resolvió dos acciones de tutela similares,
presentadas por las señoras Tobón Yagarí y Alfaro Yara, acá accionantes, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia con ocasión de la imposición de sanciones de
desacato, justamente porque no se habían informado las fechas exactas de pago
de indemnizaciones administrativas reconocidas por la Unidad para las Víctimas 5.
11.2.- En los dos antecedentes referidos la Sala concedió el amparo al debido
proceso, ordenó dejar sin efectos las providencias proferidas en los incidentes de
desacato que impusieron las sanciones y ordenó proferir providencias de
reemplazo. Dada la identidad entre los hechos y fundamentos de esas acciones de
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5
Sentencias del 28 de mayo de 2024 proferidas por esta Subsección en los procesos de tutela 11001-03-15-
000-2024-01620-00 y 11001-03-15-000-2024-01568-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
tutela y el caso en estudio, es pertinente hacer referencia a las consideraciones
expuestas por la Sala en esos antecedentes:
<<39. Al respecto, es importante poner de presente que la Corte Constitucional,
mediante Auto 206 de 2017, resolvió, entre otros, ordenar al director de la Unidad
para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y el Departamento Nacional de Planeación, reglamentara el procedimiento
que debían agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización
administrativa, con criterios puntuales y objetivos.
40. En virtud de lo anterior, la UARIV expidió la Resolución No. 1049 de 15 de marzo
de 2019, a través de la que se adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa y se creó el método técnico de priorización que
tenía como objetivo generar unas listas ordinales que indicaran la priorización para
el desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicara
anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
41. Aunado a ello, como se mencionó líneas atrás, la Corte Constitucional, a través
de la Sentencia SU-34 de 2018, se pronunció respecto de la procedencia de las
acciones de tutela presentadas en contra de las providencias proferidas en
incidentes de desacato y también se refirió a las sanciones por desacato impuestas
por temas relacionados con el pago de indemnizaciones administrativas.
42. Así, la mencionada corporación recordó que existía un estado de cosas
inconstitucional, ante la vulneración masiva de los derechos de las víctimas del
conflicto y que para la UARIV existía una imposibilidad de efectuar todos los pagos
de indemnizaciones, en el escaso término otorgado por una sentencia de tutela.
43. En ese orden, indicó que las autoridades judiciales deberían contemplar la
situación que ha venido afrontando la UARIV, para cumplir con la obligación de
reparar integralmente a todas las víctimas del conflicto y, con base en esa
perspectiva, entender la imposibilidad de ejecutar de manera inmediata los fallos de
tutela que imponen órdenes de pago de reparaciones, aspecto que, además,
escapaba de la capacidad funcional de la persona encargada de cumplir lo dispuesto
en el fallo de tutela. (…)
45. Ahora, respecto del asunto bajo estudio, se evidenció que la orden de tutela de
la que se predicó su falta de cumplimiento consistía en que la UARIV debía otorgar
una respuesta a la accionante, en la que se informara el plazo aproximado y/o el
orden en el que podría acceder a la medida de reparación que le fue reconocida.
46. En el marco del incidente de desacato propuesto por la señora Gutiérrez Yépez,
se sancionó a María Patricia Tobón Yagarí, en su calidad de directora de la UARIV,
tras considerar que no había otorgado respuesta a la solicitud de la demandante,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
pues no le informó la fecha aproximada, ni el orden en que se podía otorgar la
indemnización administrativa.
47. La señora Tobón Yagarí explicó, en los informes rendidos en el marco del
incidente de desacato, que sí brindo una respuesta a Marta Lucía Gutiérrez Yépez,
en la cual le informó que el pago de la indemnización administrativa se evaluaba
para cada vigencia, a través del método técnico de priorización y que, una vez
realizado el estudio respectivo se encontró que no cumplía con los requisitos para
ser priorizada en la vigencia 2023. Adicional a ello le señaló que no era posible
otorgarle una fecha aproximada o asignarle un orden de pago pues eso dependía
del estudio que se realizaba para cada vigencia.
48. Lo expuesto permite evidenciar que se configuró el desconocimiento de la
Sentencia SU-34 de 2018, pues pese a que la señora Tobón Yagarí, en el trámite
de desacató, demostró que realizó acciones tendientes al cumplimiento del fallo de
tutela, no era viable el cumplimiento del mismo, toda vez que, ante la existencia de
un procedimiento para el pago de la indemnización administrativa, dispuesto en la
Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV, era necesario agotar el mismo con el fin
de determinar, para cada vigencia, las víctimas que cumplían con los criterios de
priorización y de esa manera otorgarles el pago>>.
11.3.- Las anteriores consideraciones son aplicables a este caso, pues se advierte
que las accionantes dieron respuesta a las solicitudes en la medida de lo jurídica y
materialmente posible y argumentaron de manera reiterada, suficiente, razonada y
conforme a la jurisprudencia constitucional, por qué no podían indicar una fecha
cierta o un turno de pago de la indemnización administrativa.
11.4.- Esas explicaciones no fueron tenidas en cuenta en los trámites incidentales
05001-33-33-030-2023-00069-02, 05001-33-33-030-2023-00069-03, 05001-33-33-
030-2023-00069-04 y 05001-33-33-030-2023-00069-05 en los que, mediante
providencias del 29 de mayo, 7 de julio, 24 de agosto y 24 de octubre de 2023,
respectivamente, el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín impuso sanciones
por desacato.
11.5.- Además, tampoco fueron tenidas en cuenta por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que, mediante autos del 2 de junio, 13 de julio, 28 de agosto y 30 de
octubre de 2023, en su orden, resolvió en sede de consulta los anteriores desacatos
y confirmó (total o parcialmente) la imposición de las sanciones.
11.6.- Las accionantes tienen razón cuando reprochan una ausencia de valoración
de su conducta en los trámites incidentales, que en la práctica se traduce en la
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad para la imposición de una
sanción, lo cual es contrario a la jurisprudencia invocada en el escrito de tutela, a la
naturaleza del incidente de desacato y a los principios del debido proceso
sancionatorio.
11.7.- Por las mismas razones se dejará sin efectos el auto que negó la solicitud de
inaplicación de la sanción por desacato proferido el 16 de noviembre de 2023 por el
Juzgado Treinta Administrativo de Medellín.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 1º de marzo de 2024 por la
Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. En su lugar, AMPÁRASE el derecho fundamental al
debido proceso de las accionantes frente a las providencias proferidas en los otros
trámites incidentales: 05001-33-33-030-2023-00069-02, 05001-33-33-030-2023-
00069-03, 05001-33-33-030-2023-00069-04 y 05001-33-33-030-2023-00069-05.
SEGUNDO: En consecuencia, DÉJANSE SIN EFECTOS las providencias del 29
de mayo, 7 de julio, 24 de agosto, 24 de octubre de 2023 y 16 de noviembre de
2023 proferidas por el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, y los autos del 2
de junio, 13 de julio, 28 de agosto y 30 de octubre de 2023 proferidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que, respectivamente, resolvieron en sede de consulta
los anteriores incidentes de desacato.
TERCERO: ORDÉNASE al Juzgado Treinta Administrativo de Medellín que, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera nuevas
providencias en los trámites de incidente de desacato indicados, en las que tenga
en cuenta las consideraciones señaladas en esta decisión.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00138-01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y otras
Se revoca y se concede el amparo
QUINTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
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