Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06574-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06574-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06574-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
20 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06574-01
Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06574-01
Demandante: CARLOS ANDRÉS ECHEVERRI VALENCIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Contra providencia judicial dictada en el medio de control de nulidad
electoral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 12
de diciembre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 29 de noviembre de 2024, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el
señor Carlos Andrés Echeverri Valencia pidió la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la confianza
legítima.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de
segunda instancia del 3 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, que confirmó la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la
demanda de nulidad electoral con radicado 05001-23-33-000-2023-01255-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Que se ampare el derecho fundamental a la igualdad, confianza legitima, seguridad jurídico y buena fe.
Que se deje si efectos la sentencia tres (03) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), CP. Gloría María
Gómez Montoya.16
Que se ordene al juez contencioso administrativo correspondiente emitir una nueva sentencia donde se
declare la nulidad electoral.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Carlos Andrés Echeverri Valencia presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral, para que fuera declarada nula la elección del señor Hernán
Darío Torres Álzate, como diputado del departamento de Antioquia, para el periodo
constitucional 2024-2027, al considerar que se trasgredía el numeral 6 del artículo 49 de
la Ley 2200 de 20221, debido a que, según dijo, una sobrina del señor Torres Álzate,
1 Artículo 49. De las Inhabilidades de los Diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la
ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
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Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
dentro de los 12 meses anteriores a su elección, se desempeñaba como contralora
auxiliar grado 01, código 053, del nivel directivo de la Contraloría General de Antioquia y
desempeñaba funciones de autoridad administrativa.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001-23-33-000-2023-01255-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia que, por auto del 29 de febrero de
2024, ordenó la acumulación del proceso del señor Carlos Andrés Echeverri Valencia con
el proceso con radicado 2024-00037-00 iniciado por el señor Nelson Andrés Escalante
Solorza, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 148 del CGP.
Luego, por sentencia del 21 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
denegó las pretensiones de las demandas, al estimar que la sobrina del demandado no
tenía funciones que implicaran el ejercicio de autoridad administrativa, porque no tenía
potestad de mando ni facultades decisorias, debido a que dependía de un superior
jerárquico.
Inconformes, los demandantes y el Ministerio Público apelaron. El Ministerio Público
argumentó que se habían estructurado los elementos que configuraban la inhabilidad
endilgada al demandado, esto es que, había sido elegido diputado, se había demostrado
el parentesco en tercer grado con la señora Castro Torres, que era funcionaria de la
Contraloría General de Antioquia y ejercía funciones del nivel directivo.
El señor Carlos Andrés Echeverri Valencia sostuvo que la señora Castro Torres ejercía
actividades de autoridad civil, lo que demostraría la inhabilidad alegada, que, de acuerdo
con las sentencias del 22 de julio de 2021 y del 5 de mayo de 2021 dictadas por la Sección
Quinta, el Consejo de Estado en los procesos con radicados 05001-23-33-000-2019-
02965-01 y 05001-23-33-000-2021-01485-03, respectivamente, y del 20 de octubre de
2017, del 4 de noviembre de 2022 y del 6 de mayo de 2013 dictadas por el Consejo de
Estado, Sección Primera, en los procesos con radicados 44001-2331-001-2016-00055-
01, 05001-23-33-000-2022-00814-01 y 17001-23-31-000-2011-00637-01, no se requería
el ejercicio material de las funciones de autoridad administrativa para incurrir en la
inhabilidad, que era suficiente tener asignadas esas funciones. Además, cuestionó que
se les diera más relevancia a las pruebas testimoniales que al manual de funciones de la
sobrina del demandado.
Finalmente, manifestó que la señora Castro Torres cumplía funciones de policía judicial
que conllevaba al ejercicio de autoridad civil, de acuerdo con la Ley 610 de 2000.
Por sentencia del 3 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta, confirmó
la decisión apelada, al considerar que no se acreditó el requisito objetivo de la inhabilidad
dispuesta en el 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, porque la sobrina del demandado
no desempeñaba actos de poder, control o dirección sobre ciudadanos o de bienes del
Estado.
Adicionalmente, declaró probada falta de legitimación en la causa de la RNEC y denegó
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Consejo
Nacional Electoral.
Uno de los magistrados que integra el Consejo de Estado, Sección Quinta, presentó
salvamento de voto, al estimar que no era dable pronunciarse sobre la excepción de falta
(…)
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad,
primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo
lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro
del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento
para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento en la misma fecha.
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Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Consejo Nacional Electoral,
porque, de acuerdo con el artículo 187 del CPACA, en segunda instancia el fallador solo
se debe pronunciar sobre las excepciones que se encuentren probadas.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en el
siguiente vicio de fondo:
Desconocimiento del precedente fijado en las sentencias del 22 de julio de 2021 y del
5 de mayo de 2023 dictadas por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en los procesos
con radicados 05001-23-33-000-2019-02965-01 y 05001-23-33-000-2021-01485-03,
respectivamente, y del 20 de octubre de 2017, del 4 de noviembre de 2022 y del 6 de
mayo de 2013 dictadas por el Consejo de Estado, Sección Primera, en los procesos con
radicados 44001-23-31-001-2016-00055-01, 05001-23-33-000-2022-00814-01 y 17001-
23-31-000-2011-00637-01, que, a juicio de la parte actora, indicaban que bastaba con
contar con funciones y detentar facultades de autoridad administrativa para que se
configurara la inhabilidad endilgada al señor Hernán Darío Torres Álzate.
5. Intervenciones
El señor Hernán Darío Torres Álzate se opuso a las pretensiones de la parte actora, al
considerar que se pretende utilizar la presente acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario. Dijo que el demandante propone los mismos hechos,
pruebas, argumentos y fundamentos expuestos en el medio de control de nulidad
electoral.
El Consejo de Estado, Sección Quinta, compartió el enlace del expediente de nulidad
electoral con radicado 05001-23-33-000-2023-01255-00/01, sin embargo, no se
pronunció sobre el fondo del asunto.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, el señor Nelson Andrés Escalante Solorza
y el procurador 113 judicial II administrativo, guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 12 de diciembre
de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo, al estimar que no se cumplía el
requisito de relevancia constitucional, debido a que el actor propone un debate que ya
fue resuelto en el proceso ordinario.
El magistrado Martín Bermúdez Muñoz presentó aclaración de voto y argumentó que la
acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, porque el accionante había señalado
el derecho fundamental vulnerado y el defecto en el que presuntamente había incurrido
la autoridad judicial demandada.
Que, sin embargo, se debían denegar las pretensiones del demandante, debido a que en
la sentencia del 3 de octubre de 2024 no se incurrió en desconocimiento del precedente.
Que, si bien la autoridad judicial demandada no se pronunció sobre el precedente que
alega el demandante, lo cierto era que sí realizó un estudio de las funciones y de los
cargos que ejerció la señora Gloria Patricia Castro Torres y concluyó que no implicaban
manifestación de autoridad administrativa o civil, de acuerdo con una sentencia de
unificación del 11 de febrero de 2008 dictada por esta Corporación y la sentencia C-440
de 2016 proferida por la Corte Constitucional.
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7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, conceder el amparo solicitado.
Manifestó que la decisión impugnada confunde el requisito general de relevancia
constitucional con el requisito específico relacionado con el desconocimiento del
precedente. Que la acción de tutela sí tiene relevancia constitucional porque señaló el
derecho fundamental vulnerado.
Que la autoridad judicial demandada sí incurrió en desconocimiento del precedente de
las providencias que citó en el escrito de demanda. Que no pretende reabrir un debate
procesal ya concluido, que la autoridad judicial demandada trasgrede sus derechos
fundamentales porque no justificó porque se apartó del precedente que alegó en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de mayo de 2024, de acuerdo
con la sentencia SU-354 de 2017 dictada por la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, porque la acción de tutela no
cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora la utiliza para
insistir en que se debió declarada la nulidad de la elección del señor Hernán Darío Torres
Álzate, como diputado del departamento de Antioquia, para el periodo constitucional
2024-2027.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la subsidiariedad y, (iii) analizará el caso
concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
4 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad electoral. Básicamente, en el
proceso ordinario y en la acción de tutela la parte actora señala que se debió declarada
la nulidad de la elección del señor Hernán Darío Torres Álzate, como diputado del
departamento de Antioquia, para el periodo constitucional 2024-2027, porque había
incurrido en la inhabilidad contenida en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de
20225.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 21 de mayo de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se lee lo
siguiente:
En conclusión, el ejercicio de autoridad no implica ni conlleva la realización de actuaciones específicas
y concretas que evidencien el ejercicio material de las funciones que le atribuyen al pariente, sino que
se tiene por ejercida la autoridad con el solo hecho de demostrar desde una perspectiva orgánica o
funcional que se ostenta la función, por lo que, se repite, se configura el componente de la causal
relacionado con que “hayan ejercido autoridad” y por esto el tribunal yerra de manera tozuda en la
interpretación de la inhabilidad. Se adjunta relación del precedente vertical y horizontal desconocido:
Precedente
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 22 de julio de
2021. C.P. Roció Araújo Oñate (E), número único de radicación 05001-23-33-000-2019- 02965-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-
01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de noviembre
de 2022, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 0500012333000202200814-01.
5 Artículo 49. De las Inhabilidades de los Diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la
ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:
(…)
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad,
primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo departamento; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de
las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en
el respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco
dentro del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento en la
misma fecha.
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Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 6 de mayo de
2013, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Número único de radicación: 17001233100020110063701.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 5 de mayo de
2021. C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 05001-23-33- 000-2021-01485-03.
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación) la parte actora argumenta
lo siguiente:
Este caso, el tribunal administrativo de Antioquia y el consejo de estado correspondientemente, se
apartaron del precedente jurisprudencial en cuanto al ejercicio de autoridad bastaba con contar con
las funciones, detentar tal facultad (competencia), funciones de policía judicial, con todo lo que ello
implica. Se relaciona a continuación la línea argumentada:
Providencia Subregla Decisión
Consejo de Estado, sentencia Con lo anterior, queda Declara probada la inhabilidad
con rad. demostrado que la postura de concejal de Medellín.
17001233100020110063701 vigente y pacífica de la Sala es
del 07/05/2013 que a efectos de acreditar el
elemento de autoridad resulta
suficiente demostrar que el
funcionario tiene la función
asignada y no será perentorio
demostrar su realización, en los
términos ya expuestos. En este
mismo sentido, conviene
señalar que el reparo de la
recurrente según el cual
“…materialmente las funciones
de autoridad administrativa NO
las está ejerciendo el señor
padre de mi poderdante, sino
en su lugar las lleva a cabo el
secretario de educación del
municipio”, claramente carece
de vocación de prosperidad (...)
Consejo de Estado, sentencia Ahora bien, en atención a lo Declara probada la inhabilidad
con rad. manifestado por el apelante en de Concejal de Riohacha.
44001233100120160005501 el sentido que el demandante
del 20/10/2017 ha debido indicar «[…] cuáles
fueron los actos constitutivos
del ejercicio de autoridad
administrativa por parte del
Gerente delegado en los
escasos meses del año
inmediatamente anterior a la
inscripción del candidato al
Concejo Municipal […]», debe
señalarse que esta Sala
comparte la tesis de la Sección
Quinta de esta Corporación
consistente en que la expresión
«[…] hayan ejercido autoridad
[…]», no implica ni conlleva la
realización de actuaciones
específicas y concretas que
evidencien el ejercicio material
de las funciones que le
atribuyen al pariente, esto es,
que la autoridad se tiene por
ejercida con el solo requisito de
demostrar que las funciones
atribuidas al cargo la implican,
de forma que la misma se
ejerce por el solo hecho de
detentarla.
Consejo de Estado, sentencia "No cabe duda entonces que el Declara probada la Inhabilidad
con rad. señor William de Jesús de concejal de Medellín.
05001233300020190296501 Moncada Ospina tuvo
del 22/07/2021 asignadas funciones
relacionadas con la celebración
de contratos o convenios, que a
la luz de la postura histórica de
la Sección Quinta conllevan el
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ejercicio de autoridad
administrativa, por el solo
hecho de ostentarlas,
independientemente de si
fueron materializadas o no."
Consejo de Estado, sentencia 99. Y es que, como lo expuso el Declara inhabilidad de concejal
con rad. Tribunal y lo ha considerado el de Medellín.
050001233300020220081401 Consejo de Estado en diversas
del 04/11/2022 providencias, el propósito de la
precitada inhabilidad no es otro
que evitar que un candidato a
un cargo público de elección
popular se valga de la
autoridad, posición política o
prerrogativas de un pariente en
los grados previstos en la ley,
para comprometer el
cumplimiento de los principios
que rigen los certámenes
electorales como el de la igual-
dad, razón por la cual la
expresión “hayan ejercido” a
que se refiere la inhabilidad,
sub examine, no se puede
interpretar de forma que vacíe
de con-tenido las previsiones
del Constituyente y el
legislador, orientadas a
prevenir, por ejemplo, el
nepotismo. De ahí que, se
reitera, la autoridad se tiene por
ejercida con el solo hecho de
demostrar que las funciones
atribuidas al cargo la implican
y, en ese orden, las mismas se
ejerce por el hecho de
detentarlas.
Consejo de Estado, sentencia 22. En relación con la solicitud Declara inhabilidad de concejal
con rad. relativa a “inaplicar” la de Medellín.
050012333000202101485031 interpretación actual del
del 05/05/2023 Consejo de Estado, explicó que
la jurisprudencia de esta
Corporación, tanto en sede de
pérdida de investidura como de
nulidad electoral, está
relacionada con que la noción
“ejercer” adquiere una con-
notación de potencialidad
porque su sentido es
preventivo y no
necesariamente de resultado y,
en ese orden, la inhabilidad se
configura al ostentar la
autoridad, independientemente
de si se materializa o no. En
ese orden, explicó que el
Tribunal no se apartaría de los
precedentes y antecedentes
provenientes de decisiones del
Consejo de Estado y que los
acogería y aplicaría con el fin
de garantizar el derecho a la
igualdad en las decisiones
judiciales y los principios de
seguridad jurídica y confianza
legítima de los administra-dos.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en
la sentencia del 3 de octubre de 2024, en la que se consideró:
120. El señor Echeverri Valencia sostuvo que la sobrina del demandado, en su empleo de contralora
auxiliar con funciones en la Contraloría de Recurso Naturales y del Ambiente, (entre el 8 al 16 de febrero
de 2022 y 21 de septiembre de 2022 al 01 de enero de 2023) tuvo como atribuciones las contenidas en
el manual, resaltando de este las de los numerales 3, 7, 14, 15 y 16, de las cuales sostuvo se predica
la autoridad administrativa.
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Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
121. Frente al cargo de contralora auxiliar con funciones en la oficina Asesora de Planeación, señaló
que concretaron el ejercicio de autoridad las que se refieren a los numerales 1, 2, 3, 4, 8, 10 y 14 del
manual de funciones.
(…)
123. Para resolver los anteriores planteamientos, se analizará en primer lugar las funciones ejercidas
en la auxiliar de recursos humanos y, luego de ello, en la oficina de planeación. 124. Contraloría Auxiliar de Recursos Naturales y del Ambiente, ejercido entre el 21 de septiembre de
2022 hasta el 1 de enero de 2023. Se deja claro que el periodo inhabilitante es entre el 29 de octubre
de 2022 al 29 de octubre de 2023, sin embargo, como la función la ejerció de forma ininterrumpida en
el mismo empleo, se analizará aquella, sin que esto implique la extensión del factor temporal.
(…)
125. De lo probado se tiene que la sobrina del demandado tenía un jefe inmediato, que en este caso
era el Contralor Auxiliar Código 035, grado 07, quien en el marco de sus funciones tiene las de dirigir la
dependencia de recursos naturales y ambientales. 126. Del cuadro comparativo de funciones, se tiene que respecto de cada una de ellas, el jefe inmediato
de la demandada tenía el control de la actividad, así, frente a la atribución 3 de la contralora grado 1, se
tiene que su superior funcional dirige (función 3) con los responsables del proceso los temas o asuntos
a auditar; además organiza el equipo auditor (función 8) y lidera y preside las mesas de trabajo en la
solución de las controversias que surjan (función 9).
(…)
135. Sobre este particular, se recuerda que la jurisprudencia de la Sección ha establecido que si las
funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con
autonomía decisoria, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa. 136. De ello, se advierte con toda claridad que la señora Castro Torres, no ostentaba autonomía
decisoria, dado que, como se mostró era competencia de su jefe inmediato dirigir, planear, revisar y
presidir la ejecución de las competencias asignadas al área de Recursos Naturales y de Ambiente.
(…)
138. En conclusión, del estudio de carácter funcional del cargo de contralor auxiliar Código 35 grado 01
en el área de recursos renovables y de ambiente, no se advierte de las ocupaciones que tiene
asignadas, un grado de autonomía jerárquica para la toma de decisiones que implique el ejercicio de
autoridad administrativa. 139. Contralor Auxiliar, Código 035, Grado 01 en la oficina de Planeación, desde el 2 de enero del 2023
hasta el 13 de diciembre del 2023.
(…)
140. De la función relativa a la coordinación, participación y de velar por el cumplimiento de las leyes,
normas, procedimientos, así como la recomendación de los ajustes necesarios, se advierte que ella se
deriva del propósito principal del cargo, que no es otro diferente a garantizar bajo los lineamientos del
responsable del área, la planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos asignados
orientado al cumplimiento de las políticas institucionales46. 141. Las funciones segunda, tercera y cuarta, referentes a la coordinación en asesorías para la
formulación e implementación del sistema de gestión de la entidad, la elaboración del plan estratégico,
no advierten mayor dificultad en tanto no es la contralora auxiliar la que dirige la actividad; por el
contrario, sirve de apoyo a las áreas para su elaboración, lo cual es concordante con la atribución dada
al jefe de Planeación (funciones 2, 3, 4 y 5). 142. En lo que hace a la formulación de propuestas para mejorar el sistema de gestión institucional (8)
se advierte que es una función de apoyo a las áreas que componen la entidad, de la cual no se advierte
dominio o dirección. 143.
Frente a la coordinación en la rendición de la cuenta ante la Auditoría General de la República, se
advierte que esa actividad la dirige y coordina el jefe de la oficina de Planeación (función 10); por lo que
no se advierte el ingrediente necesario para catalogarla como autoridad administrativa. 144. Y finalmente, la cláusula residual que señala que debe cumplir las funciones encomendadas, de
ella no se puede colegir de suyo el ejercicio de autoridad administrativa. 145. En conclusión, se advierte que en los manuales de funciones de los empleos desempeñados por
la señora Gloria Patricia Castro Torres, no se advierte la concreción del elemento objetivo de la
inhabilidad estudiada y, por ello, no hay lugar a revocar el fallo de primera instancia frente a este
aspecto.
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por la autoridad
judicial demandada, que explicó que no se acreditó el elemento objetivo de la inhabilidad
contenida en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que las sentencias del 22 de julio de 2021 y
del 5 de mayo de 2023, dictadas por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en los
procesos con radicados 05001-23-33-000-2019-02965-01 y 05001-23-33-000-2021-
01485-03, respectivamente, y del 20 de octubre de 2017, del 4 de noviembre de 2022 y
del 6 de mayo de 2013 dictadas por el Consejo de Estado, Sección Primera, en los
procesos con radicados 44001-23-31-001-2016-00055-01, 05001-23-33-000-2022-
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06574-01
Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
00814-01 y 17001-23-31-000-2011-00637-01, no resultan aplicables al caso concreto,
porque se trata de supuestos fácticos y jurídicos distintos a los estudiados en esta acción
de tutela.
En primer lugar, en la sentencia del 22 de julio de 2021 se declaró la nulidad electoral de
un concejal de Medellín que incurrió en la inhabilidad contemplada en el artículo 40.4 de
la Ley 617de 2000, porque su hermano desempeñó el cargo de subgerente de fomento
y desarrollo de Indeportes Antioquia dentro de los 12 meses anteriores a la elección y
tenía facultades contractuales con las que ejerció autoridad administrativa en Medellín.
En la sentencia del 5 de mayo de 2023 se declaró la pérdida de investidura de una
concejal de Medellín, porque se encontró acreditada la inhabilidad prevista en el numeral
4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, porque un pariente de la concejal en segundo
grado de consanguinidad ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses antes
de su elección en el distrito de Medellín, en su condición de subgerente comercial de
fomento y desarrollo del Instituto para el Desarrollo de Antioquia.
En la sentencia del 20 de octubre de 2017 se declaró la pérdida de investidura de un
concejal del municipio de Riohacha, debido a que incurrió en la inhabilidad regulada en
el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, puesto que un pariente dentro del
segundo grado de consanguinidad ejerció autoridad administrativa como gerente
departamental de la gerencia departamental de la Guajira de la Contraloría General de la
República, dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
En la sentencia del 4 de noviembre de 2022 se declaró la pérdida de investidura de un
concejal del municipio de Bello, departamento de Antioquia, ya que un pariente dentro
del segundo grado de consanguinidad había ejercido autoridad administrativa como
gerente de la ESE Hospital Mental de Antioquia, con sede principal en el municipio de
Bello, dentro de los 12 meses anteriores a la elección.
Finalmente, en la providencia del 6 de mayo de 2013 se declaró la nulidad de la elección
del gobernador de Caldas, porque se había configurado la causal de inhabilidad prevista
en el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, en razón a que su cónyuge había
ejercido como autoridad política y administrativa al ejercer como secretaria de hacienda
del municipio de Manizales, dentro de los 12 meses anteriores a la elección del
gobernador.
Como se vio, las sentencias antes mencionadas estudiaron casos con supuestos fácticos
y jurídicos distintos a los de la presente acción de tutela, en las que se acreditó que los
parientes sí había ejercido como autoridad administrativa durante los 12 meses antes de
la correspondiente elección.
De modo que la Sala advierte que, con los cargos formulados por el demandante, en
realidad se pretende reabrir un debate propio del proceso ordinario y en que la Sala
estaría obligada a examinar nuevamente un asunto que ya fue resuelto por los jueces
naturales del asunto, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
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Demandante: Carlos Andrés Echeverri Valencia
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del
Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos
de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de
la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia.
Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el
alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia
judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener
una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.
Las anteriores razones son suficientes para que la Sala confirme la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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