Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-00814-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-00814-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2022-00814-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 050012333000202200814-01
Solicitante: Fernando León Cano
Concejal: Edgar Ricardo Cardona Ortiz
Asunto: Resuelve sobre un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Concejal
contra la sentencia de 26 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El señor Fernando León Cano -en adelante el Solicitante- pidió, en ejercicio
del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura del
Concejal del Municipio de Bello -Departamento de Antioquia-, señor Edgar
Ricardo Cardona Ortiz, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el
numeral 2.°1 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, por incurrir en
1 Por violación del régimen de inhabilidades.
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Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
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la inhabilidad establecida en el numeral 4.°3 del artículo 43 de esa misma
normativa.
Pretensiones
2. Las pretensiones4 que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura son
las siguientes:
“[…] 3. PRETENSIONES.
Considerando el acontecer fáctico descrito, acudo al Honorable Tribunal
Administrativo de Antioquia, para que se sirve conceder la siguiente pretensión:
PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura del Concejal Edgar Ricardo
Cardona Ortiz, por su incursión en la causal prevista en el Numeral 2 del Artículo
55 de la Ley 136 de 1994, de conformidad con la transgresión del régimen de
inhabilidades, específicamente lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 45 (sic) de
la Ley 136 de 1994.
SEGUNDO: TOMAR las medidas judiciales que considere pertinente y procedentes
a fin de enviar un sólido mensaje a la ciudadanía sobre el respeto a la Constitución
y la Ley que deben demostrar siempre los servidores públicos de elección popular.
[…]”.
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar su pretensión:
3.1. Señaló que el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz es Licenciado en
Educación Física, especialista en Administración Educativa de la Universidad de
Antioquia y Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Uniminuto;
cuenta con experiencia en contratación pública y ha desempeñado diversos
cargos directivos, públicos y políticos, en el Municipio de Bello. Para el efecto,
afirmó que el acusado fue profesor del Centro de Iniciación de la Secretaría de
Deportes de ese Municipio, desde el año 2011 al año 2013; fue Coordinador del
Gimnasio Tulio Ospina, desde el año 2013 hasta el año 2014; y fue Director
Administrativo de Recreación desde el año 2014 hasta el mes de octubre de 2018.
3 “[…] 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo
municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales […] de las
entidades que presten servicios […] de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio
o distrito […]”.
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Cfr, ver documento denominado “0. Demanda_.pdf” del expediente electrónico.
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Agregó que en octubre de 2018 renunció a este último empleo con el objeto de
aspirar al Concejo Municipal de Bello para el periodo 2020-2023.
3.2. Manifestó que el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz fue elegido como
Concejal del Municipio de Bello, para el periodo 2020 – 2023, según consta en el
Acta de Escrutinio E26-CON de 2019 expedido por la Comisión Escrutadora
Municipal y que tomó posesión el 2 de enero de 2020.
3.3. Indicó que el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz es pariente en segundo
grado de consanguinidad del señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz.
3.4. Afirmó que la E.S.E Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”,
es una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa del orden departamental,
que presta el servicio público de salud en todo el Departamento de Antioquia,
como entidad del Sistema de Seguridad Social en Salud en los regímenes
subsidiado y contributivo. Adicionalmente, advirtió que la E.S.E. tiene su sede y
hospital principal en el Municipio de Bello - Antioquia (Calle 38 Nro. 55 - 310) y
que dicha entidad, durante los años 2018, 2019 y 2020 empleaba más de 500
personas entre empleados públicos y contratistas que, en su gran mayoría,
residían en el Municipio de Bello: domicilio contractual y lugar de cumplimiento de
las obligaciones de los contratos que celebraba la E.S.E Hospital Mental de
Antioquia “María Upegui – HOMO” con sus contratistas, empleados públicos y
proveedores.
3.5. Señaló que el señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz (pariente en segundo
grado de consanguinidad del Concejal) se desempeñó como Gerente de la E.S.E.
Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”, desde el 27 de septiembre
de 2016 hasta el 31 de marzo de 2020.
3.6. Manifestó que el señor Elkin Ricardo Cardona Ortiz ejerció en su calidad
de Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”,
autoridad administrativa en el Municipio de Bello y adicionalmente concluye que
fungió como representante legal de una entidad que presta servicios públicos de
seguridad social en el régimen subsidiado en ese mismo Municipio, desde el 27
de septiembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2020.
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3.7. Por último, indicó que el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz transgredió, a
título de culpa grave, al régimen de inhabilidades supra, toda vez que su pariente
en segundo grado de consanguinidad, señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz, se
desempeñó en el cargo de Gerente de la precitada E.S.E durante los 12 meses
anteriores a la elección del Concejal, lo cual ocurrió el 27 de octubre de 2019.
Indicó que el pariente ejerció, desde la gerencia, autoridad administrativa en el
Departamento de Antioquia y por consiguiente en el Municipio de Bello y agregó
que la E.S.E. presta sus servicios públicos de seguridad social en el régimen
subsidiado del Municipio de Bello.
Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que sustentan la
solicitud
4. El Solicitante manifestó que el Concejal incurrió en el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura sobre violación del régimen de inhabilidades y,
en especial, en las conductas prohibidas por el numeral 4.° del artículo 43 de la
Ley 136 según las cuales, incurrirá en inhabilidad: i) Quien tenga vínculo por
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de
los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa; y ii)
Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan sido
representantes legales de las entidades que presten servicios públicos de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito, las
cuales sustentó de la siguiente manera:
La inhabilidad por el ejercicio de autoridad por pariente
5. En relación con el primer supuesto de inhabilidad, afirmó que se encontraba
probado el vínculo de parentesco, la calidad de funcionario público del pariente en
segundo grado de consanguinidad y el ejercicio de autoridad administrativa dentro
del periodo inhabilitante, en los términos del artículo 190 de la Ley 136 según el
cual la dirección administrativa es aquella facultad que ejercen los gerentes o jefes
de las entidades descentralizadas y que comprende las facultades establecidas
en esa norma.
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6. En efecto, señaló que el Gerente de la precitada E.S.E. en su condición de
representante legal y ordenador del gasto, celebró durante el periodo electoral
cerca de 70 contratos y adicionalmente por la naturaleza de su cargo y conforme
con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad,
el precitado gerente tiene la función de, entre otras, “[…] 10. Nombrar, promover,
remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa, generando los
actos administrativos respectivos de conformidad con las normas vigentes [...] 12.
Representar legal y extrajudicialmente a la entidad […] 13. Actuar como ordenador
del gasto […] [y] 20. Fallar los procesos disciplinarios que se tramitan en segunda
instancia […]”.
La inhabilidad por ser representante legal de entidad que presta servicios
públicos de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio
7. En relación con el segundo supuesto, el Solicitante indicó que el pariente en
segundo grado de consanguinidad del Concejal, en su condición de Gerente de la
E.S.E Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”, ejerció la
representación legal de una entidad prestadora de servicios de seguridad social
en el régimen subsidiado en el Municipio de Bello.
8. Señaló que se encuentra probada la condición de representante legal del
pariente en segundo grado de consanguinidad del Concejal, que la condición de
representante legal se ejerció dentro del periodo inhabilitante y, en especial,
respecto de una empresa prestadora de servicio público de seguridad social en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio.
El elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
9. Afirmó que se encuentra probado la configuración del elemento subjetivo
porque: i) la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige cualquier
cargo al que se aspire por vía electoral es una obligación general para quien
pretende acceder al mismo; ii) el Concejal tiene las condiciones personales,
académicas y laborales que le permitían conocer la existencia de la inhabilidad y
por ello la prohibición de inscribirse y ser elegido concejal municipal; iii) no realizó
consultas o se asesoró ante la duda sobre el régimen de inhabilidades aplicable;
y iv) su conducta fue negligente y poco prudente, lo cual implica que fue
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gravemente culposa en los términos de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 5. Por
último, agregó que, incluso, se podría predicar que en este caso la conducta del
Concejal fue dolosa y que aprovechó el poder burocrático de su pariente en
segundo grado de consanguinidad, gerente de un hospital con más de 500
empleados y contratistas, para ser elegido Concejal.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
10. El Concejal, por conducto de apoderada, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura y solicitó que se
negaran sus pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos6:
10.1. Se pronunció sobre los presupuestos fácticos de la solicitud y señaló que
la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” solamente presta
servicios de patología mental no orgánica con una planta de personal de más de
260 empleados elegidos por las normas que regulan los procesos de vinculación
del sector público y, en especial, concurso de méritos y provisión de empleos por
carrera administrativa realizado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
10.2. Agregó, por un lado, que a pesar de la territorialidad contractual en el
municipio de Bello, no es razón “sine cua non” para que los contratistas sean de
ese mismo Municipio; y, por el otro, que en los términos de la Ley 1797 de 13 de
julio de 20167, el nombramiento del señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz como
Gerente para el periodo 2016-2020 se surtió por orden de la Junta Directiva del
Hospital, en cabeza del Gobernador, y por concurso de méritos realizado por la
Universidad de Pamplona.
10.3. Adicional a lo anterior, en relación con los hechos, manifestó que la E.S.E.
no ha suscrito ningún contrato con el Municipio de Bello; que es falso que el
Gerente sea una autoridad administrativa en ese Municipio y que tampoco presta
servicios de salud ni en los regímenes contributivo ni subsidiado porque el
Municipio de Bello es un “municipio descentralizado” y autónomo; la E.S.E. es una
entidad del orden departamental que no presta servicios de salud básicos o de
5 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.
6 Cfr, ver documento denominado “20ContestaciónPérdidaInvestidura.pdf”, del expediente electrónico.
7 Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones.
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primer nivel de atención dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud
sino que su especialidad es la atención en patologías mentales; y, por último, que
la autoridad administrativa en salud la ejerce el Secretario de Salud Municipal y la
prestación de salud en el régimen subsidiado la ejerce otra empresa Social del
Estado diferente.
10.4. Indicó que la solicitud de pérdida de investidura incurre en afirmaciones
sesgadas y subjetivas que desconocen el liderazgo cívico y político del Concejal,
reforzado por su ejercicio de la función pública en la Rama Ejecutiva del poder
público, lo cual ha generado el apoyo masivo de la comunidad.
10.5. Presentó la excepción que denominó “NO EXPONE EL ELEMENTO
SUBJETIVO EN LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA” y al respecto
argumentó que no basta con poner en conocimiento que se incurre en la
inhabilidad sino que se debe probar el elemento subjetivo. Afirmó que no se
prueba ni en forma sumaria, por un lado, que alguno de los procesos de
contratación que adelantó el señor Elkin Cardona Ortiz como Gerente de la E.S.E.
o alguna acción se hubiere realizado para favorecer la campaña electoral de su
pariente en segundo grado de consanguinidad al Concejo y su gestión pública; y,
por el otro, que la conducta del Concejal haya sido dolosa o gravemente culposa.
10.6. Por último, presentó la excepción que denominó “GENÉRICA O
INNOMINADA” y solicitó que se reconociera de oficio cualquier excepción que se
encontrara probada en el proceso, en favor del Concejal.
La audiencia pública establecida por el artículo 12 de la Ley 1881
11. La audiencia pública8 tuvo lugar el 12 de agosto de 2022 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el Concejal y su
apoderada; y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia de 26 de agosto
de 2022, en primera instancia9, resolvió “[…] DECRÉTASE la pérdida de la
investidura del Concejal de Bello (Antioquia), señor EDGAR RICARDO
8 Cfr. Documento denominado “41ActaAudienciaPública pérdida de investidura” del expediente electrónico.
9 Cfr. Documento denominado “45Sentencia inhabilidad por parentesco, autoridad adm”, del expediente
electrónico.
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CARDONA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número […] de
conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de este proveído
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
13. El Tribunal consideró que el asunto a resolver era “[…] determinar si se ¿Debe
o no decretar la pérdida de investidura del señor EDGAR RICARDO CARDONA
ORTÍZ, por incurrir en inhabilidad por el parentesco, consagrada en el numeral 4°,
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado (no derogado) por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000, en cuanto a que su hermano Elkin de Jesús Cardona Ortiz,
se desempeñó como Gerente del Hospital Mental de Antioquia – María Upegui
HOMO, ubicado en el municipio de Bello, durante los doce meses anteriores a su
elección, ejerciendo según el demandante, autoridad administrativa y prestar esa
entidad el servicio público de seguridad social en el régimen subsidiado en dicho
ente territorial? O por el contrario ¿No se configura la inhabilidad, en consideración
a que el Hospital Mental de Antioquia – María Upegui HOMO, es una entidad del
orden departamental que presta servicios únicamente en patologías mentales, sin
tener ninguna incidencia dentro del municipio de Bello, como lo afirma el
demandado? […]”.
14. El Tribunal estudió los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
sobre la pérdida de investidura y sus características; la inhabilidad por parentesco
con funcionarios que ejercen autoridad administrativa dentro de los 12 meses
anteriores a la elección; la inhabilidad por representación legal de entidades que
prestan servicios de seguridad social en el régimen subsidiado del respectivo
municipio o distrito; y del elemento subjetivo en la pérdida de investidura.
15. Consideró que se encontraba probada la condición de concejal del señor
Edgar Ricardo Cardona Ortiz y realizó un estudio de la causal, en los siguientes
términos:
De la inhabilidad por el ejercicio de autoridad por pariente
16. Consideró que se encontraba probado el vínculo de parentesco en segundo
grado de consanguinidad entre el Concejal y el señor Elkin de Jesús Cardona
Ortiz. Asimismo, que este último tenía la condición de Gerente de la E.S.E.
Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” y que se desempeñó en
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este cargo durante el periodo inhabilitante para las elecciones al Concejo en que
participó el Concejal acusado.
17. En relación con el ejercicio de autoridad encontró probado que el gerente del
precitado Hospital tenía entre sus funciones algunas que comportaban el ejercicio
de autoridad, entre ellas: i) fijar las políticas y adoptar los planes generales de la
E.S.E. y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para
su ejecución; ii) dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la
institución, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas;
iii) velar por la adecuada ejecución del presupuesto anual y sus modificaciones;
iv) nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la
Empresa, generando los actos administrativos respectivos de conformidad con las
normas vigentes; v) actuar como ordenador del gasto; vi) fallar los procesos
disciplinarios que se tramitan en segunda instancia; y vii) celebrar o suscribir los
contratos y convenios de la Empresa Social de Estado, de conformidad con las
autorizaciones que para el efecto expida la Junta Directiva, para el cumplimiento
de los objetivos de la entidad.
18. Adicionalmente, consideró que el ejercicio de autoridad se deriva de los
artículos 14 del Decreto 1876 de 3 de agosto de 199410 y 190 de la Ley 136, por
la naturaleza del cargo y las funciones que desempeña el precitado gerente,
agregando que no era necesario que se hubieran ejercido las funciones para
efectos de configuración de la causal, sino que basta con ostentar la potestad de
ejercerlas.
19. En relación con la territorialidad, explicó que se configura si el funcionario en
cuestión tuvo autoridad en el Municipio en el cual fue elegido su pariente,
independientemente de que el cargo ocupado por aquel sea del sector central o
descentralizado, del nivel nacional o territorial, ya que estas distinciones son
ajenas a la normativa, adicional a lo cual consideró que el departamento en su
conjunto está integrado por los municipios que lo integran. Posteriormente,
consideró que la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”, es
una entidad de carácter departamental, de conformidad con las ordenanzas nums.
24 de 1888 y 17 de 2 de diciembre de 1994, con sede principal en el Municipio de
10 Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con
las Empresas Sociales del Estado.
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Bello y que ejerce función en todo el departamento, incluyendo el precitado
municipio.
20. Teniendo en cuenta lo anterior y, en especial, que el pariente en segundo
grado de consanguinidad del Concejal, ejerció como Gerente de la precitada
E.S.E. durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre de 2016 hasta
el 31 de marzo de 2020, consideró que se encontraba probado el ejercicio de
autoridad por parte del pariente en segundo grado de consanguinidad, dentro del
periodo inhabilitante y en el mismo Municipio en que fue elegido, razón por la cual
consideró que se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades por este aspecto.
De la inhabilidad por la representación legal de entidades que prestan
servicios de seguridad social en el régimen subsidiado
21. Consideró que se encontraba probado que el Hospital Mental de Antioquia
“María Upegui – HOMO” es una Empresa Social del Estado que, de conformidad
con la normativa correspondiente, tiene como objetivo prestar el servicio público
de salud en la especialidad mental en los regímenes contributivo y subsidiado en
el Departamento de Antioquia, como parte integrante del Sistema de Seguridad
Social.
22. A pesar de lo anterior, consideró que no se encontraba probado “[…] que el
Hospital Mental de Antioquia está en la posibilidad de prestar los servicios de
salud en el régimen subsidiado, […]” y que por ello no se encontraba configurada
la inhabilidad por este aspecto y por ello, el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.
El elemento subjetivo
23. El Tribunal consideró que en este caso la conducta del Concejal fue culposa
porque conocía que su pariente en segundo grado de consanguinidad era el
Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”.
Tampoco se alegó que hubiere actuado de buena fe ni con desconocimiento de la
inhabilidad que recaía sobre este en atención al ejercicio de autoridad por un
pariente en segundo grado de consanguinidad.
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24. Consideró que el perfil académico y profesional del Concejal y su desempeño
en cargos públicos, le otorgaba la experiencia y los conocimientos de la
administración pública, de las entidades que la conforman y del régimen de
inhabilidades necesario para comprender que el ejercicio del cargo de Gerente de
la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” por su pariente,
podía constituir un impedimento para su elección, sin que se hubiere probado la
diligencia necesaria para superar la falta de conocimiento sobre la existencia o
interpretación particular sobre la inhabilidad.
25. Por lo anterior, encontró probados la configuración de los elementos objetivo
y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
inhabilidades.
El recurso de apelación presentado por el Concejal
26. El Concejal11 presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque
la sentencia y se niegue la solicitud de pérdida de investidura con fundamento en
los siguientes argumentos.
26.1. Sostuvo que en la sentencia no se fundamentó en pruebas pertinentes,
necesarias y útiles, las cuales se debían practicar para decidir sobre un proceso
de naturaleza sancionatoria. Agregó que, en su criterio, no solamente se vulneran
derechos fundamentales, sino que se desconoce la obligación de practicar y
valorar las pruebas que, según señala, respaldan la ausencia de culpa grave y
dolo en el actuar del Concejal.
26.2. Manifestó que el Tribunal en la sentencia apelada consideró que el
Concejal “[…] estaba en condiciones de comprender el hecho o la circunstancia
configurativa de la causal, pero nada se prueba para respaldar dicho supuesto de
hecho […]”. Agregó que la sentencia realizó afirmaciones sin tener respaldo en
las pruebas practicadas en el proceso y que, en todo caso, los argumentos de la
solicitud de pérdida de investidura y su contestación debían ser probados, lo cual
no ocurrió en el marco de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal.
26.3. Explicó el origen y evolución de la naturaleza jurídica de la E.S.E. Hospital
Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” y manifestó que “[…] lo que expone
el honorable tribunal, la parte actora, y el ministerio público es contrario a los
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Mediante apoderada.
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servicios que cumple el hospital mental, ya que este hospital es el único a nivel
departamental y no es a dolo o coincidencia de que esté funcionando en bello
[…]”.
26.4. Posteriormente, reiteró que el Hospital pertenece al orden departamental y
no al municipal y afirmó que por ello no es coherente la decisión tomada por el
Tribunal en cuanto consideró que en este caso se configuraba el elemento
“subjetivo”12.
26.5. Al respecto, indicó que el dolo es la conducta de realizar u omitir una acción
con conocimiento y plena voluntad de realizar la conducta u omitir la acción y que
lo único que buscaba el hoy Concejal “[…] era continuar con su labor social desde
un puesto de elección popular, y continuar con su labor, pues llevaba 8 años
trabajando para este cargo, es importante manifestar que la pareja sentimental de
Edgar Ricardo Cardona Ortiz fue electa concejal del Municipio de Bello para los
periodos 2016-2019, pues juntos realizaban un trabajo social, para llegar al cargo
de concejales del municipio de Bello, después de que la compañera sentimental
terminara dicho periodo seguía él como aspirante al cargo de concejal en el cual
para la fecha fue electo […]”.
Violación al derecho al mínimo vital
26.6. Afirmó se le vulneró su derecho al mínimo vital, lo que genera un número
plural de problemas para él, su familia y, en general, para todos los ciudadanos
de Bello que creyeron en su propuesta política.
26.7. Argumentó que el mínimo vital, en palabras de la Corte Constitucional, es
“[…] la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados
a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la
vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación
12 Para el efecto, cita el siguiente aparte de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia: “[…]
De acuerdo con el análisis precedente, quedó demostrado que el concejal Edgar Ricardo Cardona Ortiz, a
partir de su trayectoria en el sector público y el acceso a la educación en el nivel de posgrado, estaba en
condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causal de desinvestidura, debiendo
saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido concejal municipal de Bello (Antioquia). Aun así,
optó por participar y hacerse elegir en los comicios, de forma gravemente culposa, muy a pesar de que tenía
la capacidad cognitiva de haber reconocido que estaba inhabilitado, pues sabía que tenía un hermano
fungiendo como gerente de la ESE Hospital Mental de Antioquia, cuyas funciones eran ejercidas en el
municipio de Bello; y en caso de cualquier inquietud, estaba en posibilidad de formular las consultas y
adelantar las gestiones pertinentes para alcanzar la comprensión exigible. Sin embargo, se destaca que no
se allegó al proceso prueba alguna que permita determinar o concluir que el demandado obró con la diligencia
y el cuidado requeridos, por lo que su conducta resulta inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa
[…]”.
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[…]” y señaló que el “alto tribunal” no tuvo en cuenta “[…] los aportes hechos por
la constitución política colombiana y menos las actuales jurisprudencias donde el
mínimo vital, es lo más mínimo que necesita el sr humano para satisfacer sus
necesidades sin violar la norma, caso hecho por el honorable concejal donde
desde todo punto de vista no existe el mínimo de inhabilidad expuesto por alto
tribunal […]”.
26.8. Citó el artículo 344 de la Constitución Política y un aparte de la sentencia
T-426 de 1992 proferida por la Corte Constitucional y concluyó indicando que “[…]
el daño ocasionado por la parte demandante en apoyo por el alto tribunal es
descalabrado, sin importar el tipo de perjuicio que están ocasionando a la
población a la de los Bellenitas, y no bastó con solo a ellos sino a todas esas
familias que de una u otra forma dependen del trabajo social que el concejal hace
por ellos. En una decisión en contra se entender bien un problema jurídico y saber
que por esa mala interpretación los resultados son erróneos (sic) […]”13.
Violación del derecho al debido proceso
26.9. Señaló que la causal de inhabilidad, sub examine, y la prohibición en este
caso se refiere al nivel municipal y no al departamental y que la E.S.E. Hospital
Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” es una entidad del orden
departamental. Al respecto, manifestó lo siguiente: “[…] esta ley habla del tema
municipal mas no departamental. Es importante resaltar que el Hospital Mental de
Antioquia es de orden departamental. Mas no Municipal […]”.
26.10. Afirmó que lo anterior vulnera el debido proceso del Concejal porque se
aplicó una norma sin que estén probados los supuestos de hecho de la misma.
26.11. Indicó en relación con la culpabilidad que se debe analizar si conforme con
las circunstancias particulares en que se presentó la conducta, el Concejal
conocía o debía conocer la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión o si se configuró alguna circunstancia que excluya la
responsabilidad del sujeto. Al respecto, señaló que el Tribunal argumentó que el
Concejal estaba en condiciones de comprender el hecho pero que, sin embargo,
nada se probó al respecto. Adicionalmente, manifestó que las consideraciones del
Tribunal se fundamentan en suposiciones carentes de prueba y que “[…] el
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Transcripción literal del texto del recurso de apelación.
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demandante nunca fue capaz de aportar pruebas suficientes como por ejemplo
pruebas de parentesco y otras pruebas contundentes para poder TOMAR una
decisión más asertiva […]”.
26.12. Afirmó que, “[…] para garantizar un orden justo y la efectividad de los
derechos y libertadas de los ciudadanos y de los elegidos democráticamente, la
interpretación que se debía aplicar tenía que apuntar a reprimir o castigar las
conductas reales y efectivas con las que se pudieran influir de manera indirecta o
directa al electorado, produciendo los resultados y efectos que pudieran
efectivamente atentar contra el equilibrio de la contienda electoral y la igualdad
entre candidatos […]”.
Sobre el ejercicio de poder
26.13. Señaló que la simple posibilidad de ejercer poder no es similar a ejercer
poder, porque “[…] lo que pretende la regla es evitar y eliminar el riesgo de que
se obtengan ventajas por cuenta del ejercicio de autoridad del pariente y no
eliminar la posibilidad del riesgo, pues ello es tanto como castigar por la mera
posibilidad, lo que equivale a una responsabilidad objetiva […]”.
26.14. Manifestó que el proceso de pérdida de investidura debe privilegiar el
interés colectivo democrático y al mismo tiempo el derecho subjetivo del concejal.
Agregó que se debe acudir a una interpretación literal y restrictiva de la norma y
que esta “[…] solo prevén un supuesto de inelegibilidad como concejal cuando un
pariente ejerza o haya ejercido el poder, y por ello no es posible establecer vía
interpretación una cortapisa que no consulte la literalidad y el sentido común de
dichas expresiones, y por esa vía se impida ser candidato a un cargo de elección
popular en los supuestos de hecho en que un pariente no ejerza el poder, pues a
las claras se contrariarían las normas imperativas constitucionales y legales objeto
del presente análisis […]”.
La claridad sobre los niveles de complejidad de las entidades de salud en
los órdenes departamental y municipal
26.15. Indicó que La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María Upegui –
HOMO”, es un Hospital de segundo nivel del orden departamental, especializado
en salud mental, que brinda servicios de atención médica psiquiátrica y atención
psicológica, así como rehabilitación física, de lenguaje para personas adultas,
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niños, niñas y adolescentes. Citó los artículos 7 y 8 del Decreto núm. 1760 de
1990, sobre entidades de primer y segundo nivel y agregó que “[…] [d]ado a todo
lo expuesto y siendo que el hospital HOMO (Hospital Mental de Antioquia) es de
origen departamental, no se puede discriminar ninguna persona por su origen en
este caso el municipio de Bello, y mucho menos mi poderdante obtuvo alguna
clase de ayuda por parte del Gerente del HOMO (Hospital Mental de Antioquia)
[…]”.
Traslado del recurso de apelación
27. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Solicitante se opuso al recurso
y reiteró los argumentos de la solicitud de pérdida de investidura. El Ministerio
Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
28. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades; vii) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la inhabilidad establecida en el
numeral 4.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617; viii) el análisis del caso concreto; y ix) las conclusiones.
Competencia de la Sala
29. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre
la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de
concejales y diputados; iii) el artículo 15014 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201115, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el
artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201916: la Sección Primera
14 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
16
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
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de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto.
30. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
31. Vistos los artículos 32817 y 32018 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201219, la
Sala se pronunciará únicamente en relación con los reparos o argumentos
planteados por el apelante.
Problema Jurídico
32. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz incurrió o no en los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral
2.° del artículo 55 de la Ley 136, por incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral
4.° del artículo 4320 de esa misma normativa, según la cual, entre otras, no podrá
ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal quien tenga vínculo por
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que
dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
administrativa, en el respectivo municipio o distrito y, en esa medida, establecer si
se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 26 de agosto de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia.
La calificación habilitante
33. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de concejal para el periodo 2020-2023 del señor
Edgar Ricardo Cardona Ortiz, según consta en los documentos aportados como
17 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
18 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
19 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
20 Según la cual, entre otras, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal quien tenga
vínculo por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa, en el respectivo municipio o distrito.
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prueba al proceso, en especial, la copia del Formulario E-26CON y el acta núm.
001 de 2 de enero de 2020 del Concejo Municipal de Bello, Antioquia 21.
34. En este caso, la investidura del Concejal señalado supra se tiene por cierta
en la medida en que los documentos indicados anteriormente constituyen prueba
de dicha calidad y su condición no fue cuestionada durante el proceso ni en el
recurso de apelación, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida
de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
35. Vistos los artículos 18422 de la Constitución Política; 14323 de la Ley 1437 y
las leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio24 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
37. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
21 Cfr. Ver documentos “01. E 26 CONCEJO BELLO” y “02. SESION CONCEJO ACTA 001 DE ENERO 2 DE
2020”.
22 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
23 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
24 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas
que comportan la defraudación del principio de representación.
38. La Sala Plena25 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
39. En esa misma orientación, la Corte Constitucional26 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
40. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 2010 27. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
26 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
27
Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
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41. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
42. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes28, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 29.
43. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo30.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura
44. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa […]”31 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los nacionales como a
28 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
29 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
30 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
31 Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló
sobre el artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico […].
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible
a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de
las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. […].
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del
derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para
evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante
en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades
para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban
ser relevados de cumplirlos […]” (Destacado fuera de texto).
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los extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto el artículo 57 de la
Ley 4 de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político y municipal […]”,
“[…] [l]as leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros,
sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de éstos, los derechos
concedidos por los tratados públicos […]”.
45. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo
de Estado y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a enunciar
algunos de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.
Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016
46. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 201632,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien
ostentaba la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento
objetivo y un elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares
en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.
47. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las
sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la
ocurrencia de una conducta regulada en la ley […], contraria al ordenamiento
jurídico […] y culpable […]”.
48. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura
analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con
culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era
32
Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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necesario verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la
inhabilitación para ser elegido a perpetuidad.
Sentencia de 25 de mayo de 2017
49. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201733, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar
los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si
el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
50. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general
para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta
es culposa o si, por el contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta
de culpa que impidiera el reproche subjetivo de su obrar.
51. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos
con los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran
de obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a
la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de
Cabildante. […]”.
52. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine,
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
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in dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
53. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:
“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés
jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario
al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado,
al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa
se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.
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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente
a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por
el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar […]”.
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
54. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201734, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se
está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa […]”.
Sentencia de 10 de mayo de 2018
55. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201835, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar
un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que
le impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”36.
34 Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José
Fernando Reyes Cuartas.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
36 Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del d deriva en negligente, habida cuenta que no
verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual aspiró, pues ello le hubiera permitido
percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido Concejal Municipal […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de agosto de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante
su deber de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la
correspondiente responsabilidad […]”; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
56. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó
de forma diligente […]”.
Sentencia de 11 de junio de 2020
57. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202037, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los
nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades […]” y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual
se indica que “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
58. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis
del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
59. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa
o gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto
conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
60. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara
que el miembro de la Corporación Pública de elección popular conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de
la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; y por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluyera que el sujeto no conocía la ilicitud de su
Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si
su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según
el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de
2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de
2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
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conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las
medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo,
de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Sentencia de 11 de marzo de 2021
61. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202138, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de
investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.
62. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser
necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías
deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos
se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar
incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura.
La conducta dolosa o gravemente culposa
63. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta
se encontraba prohibida por la Constitución Política y la ley.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
64. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.
65. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades
66. Visto el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la
investidura de concejal, estos perderán su investidura, entre otros, “[…] 2. Por
violación del régimen de inhabilidades […]” (Destacado fuera de texto).
66.1. Las inhabilidades de los concejales fueron desarrolladas en el artículo 43
de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
67. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del
Consejo de Estado39 como la Sección Primera40 de esta Corporación han
sostenido que el mandato establecido en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley
136, sobre pérdida de investidura de concejal “[…] [p]or violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”, se encuentra
vigente, en los términos del numeral 6.° del artículo 48 de la Ley 617, según el
cual los concejales municipales y distritales perderán su investidura “[…] 6. Por
las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la inhabilidad establecida
en el numeral 4.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617
68. Visto el numeral 4.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, sobre inhabilidades de concejal municipal o distrital, estable que
“[…] [n]o podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de junio de 2002, C.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 7177.
40 Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación
080012333000201300249-01 Consejero Ponente, doctor Guillermo Vargas Ayala; y ii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2017, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 250002336000201600731-01
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
[…] 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio
o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado
entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el
mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones
públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha
[…]”.
69. Es importante resaltar que la norma indicada supra establece tres supuestos
fácticos para la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 4.° del
artículo 43 ibidem, a saber:
69.1. El relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio
o distrito.
69.2. El relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con quienes,
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
69.3. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien esté
vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba
por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en
la misma fecha.
70. Si bien es cierto, la solicitud de pérdida de investidura, en el caso sub examine,
se presentó inicialmente con fundamento en los supuestos primero y segundo de
la norma indicada supra, en el recurso de apelación presentado por el Concejal
solamente se controvirtió que el Tribunal, en la sentencia apelada, encontrara
probados los supuestos del primero.
71. En consecuencia, en armonía con el problema jurídico, la Sala limitará su
estudio a los supuestos para la configuración de la inhabilidad relativa a que no
podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien tenga vínculo por
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de
los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa en
el respectivo municipio o distrito.
72. Bajo el contexto fáctico y jurídico antes referido, la Sala procede a realizar el
análisis de los supuestos que configuran la inhabilidad, que, a su vez, constituyen
el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
73. En ese orden, se encuentra que la inhabilidad se estructura siempre que se
prueben los supuestos necesarios para ello41, esto es que:
73.1. Haya sido elegido concejal municipal o distrital.
73.2. Tenga vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los grados
señalados en la ley con funcionario público.
73.3. Dicho vínculo se tenga con funcionario que, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección, haya ejercido autoridad, en este caso administrativa.
41 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: i) sentencia de 17 de
agosto de 2017. Número único de radicación: 680012333000201601085-01. C.P. doctor Carlos Enrique
Moreno Rubio (E1); y ii) sentencia de 20 de octubre de 2017, Número único de radicación:
440012331001201600055-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. En dichas providencias se señaló
lo siguiente: “[…] Para el efecto, entonces, encuentra que para que se estructure la conducta constitutiva de
inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
se requiere la presencia de los siguientes supuestos […] «[…] i) Tener la condición de Concejal; […] ii) Haber
tenido vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los grados señalados en la ley. […] iii) Que
dicho vínculo se tenga con funcionarios que, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio […]».
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
73.4. Que el ejercicio de autoridad por pariente tenga lugar en el respectivo
municipio o distrito en que haya sido elegido el concejal.
Análisis del caso concreto
74. De conformidad con el marco normativo y de conformidad con los desarrollos
jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala
procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Análisis de los supuestos de la inhabilidad que a su vez constituye el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
Que se ostente la calidad de concejal
75. La Sala encuentra probado que Edgar Ricardo Cardona Ortiz fue elegido
como Concejal del Municipio de Bello, según se explicó en el acápite “[…] La
calificación habilitante […]” de esta providencia. En consecuencia, se encuentra
probado el primer supuesto de la inhabilidad sub examine.
Que tenga vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los
grados señalados en la ley con funcionario público
76. La Sala encuentra probado con las copias de los registros civiles de
nacimiento de los señores Edgar Ricardo Cardona Ortiz42 y Elkin de Jesús
Cardona Ortiz43, que son parientes en segundo grado de consanguinidad en la
medida en que son hijos del señor Heriberto Cardona Caro y de la señora María
Alicia Ortiz Zuleta.
77. Asimismo, se encuentra probado que el señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz
tuvo la condición de funcionario público44 entre el 27 de septiembre de 2016 y el
31 de marzo de 2020.
42 Cfr. Documento denominado “29registro civil de Edgar”.
43 Cfr. Documento denominado “30Registro civil de elkin”.
44 Sobre la condición de funcionario público, estos tienen una vinculación legal y reglamentaria que requiere
de un acto de elección o nombramiento que, “[…] implica designación que el Estado hace, por conducto del
funcionario o Corporación competente, en cabeza de una persona para que ejerza las funciones, deberes y
responsabilidades que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto de un determinado cargo […]”; y la
posesión “[…] en cuya virtud la persona asume, en efecto, esas funciones deberes y responsabilidades, bajo
promesa de desempeñarlos con arreglo a la Constitución y la Ley […]”(Corte Constitucional. Sentencia T-003
de 11 de mayo de 1992. M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo).
En ese sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 16 de marzo de 2017 (proferida
dentro del proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201501326-01. C.P. doctora
María Elizabeth García González), indicó que será funcionario público quien: i) ingrese al servicio público a
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
78. Para el efecto, se aportó, por un lado, la copia del Decreto D2016070005264
de 27 de septiembre de 2016, expedido por el Gobernador de Antioquia y suscrito
por los secretarios de Salud y Protección Social y de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional de Antioquia y el Secretario General de la Gobernación, por medio
del cual se termina un encargo y se nombre como Gerente de la E.S.E. Hospital
Mental de Antioquia al señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz 45, en los términos del
artículo 20 de la Ley 1797 de 13 de julio de 2016 46. Asimismo, se aportó el acta
de posesión del referido funcionario47.
79. Y, por el otro, el Oficio núm. 2421 de 22 de junio de 2022 suscrito por la Líder
de la Oficina de Gestión del Talento Humano de la E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia en la cual hace constar que “[…] El doctor ELKIN DE JESUS CARDONA
ORTIZ se desempeñó como Gerente de la E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE
ANTIOQUIA desde 27 de septiembre del 2016 al 31 de marzo de 2020 […]”.
80. En suma, la Sala considera que se encuentra probado el vínculo de
parentesco entre el Concejal y un funcionario público en los grados previstos en
la ley y, en consecuencia, se probó el segundo supuesto de la inhabilidad, sub
examine.
Que dicho vínculo se tenga con funcionario que, dentro de los 12 meses
anteriores a la elección, haya ejercido autoridad, en este caso administrativa
81. En relación con el ejercicio de autoridad, la Sección Primera de esta
Corporación, en sentencia de 25 de mayo de 201748, consideró que “[…] cada una
de las modalidades de autoridad que tiene previstas la Ley 136 de 1994 viene
caracterizada por el poder de decisión que algunos funcionarios, no todos, de la
través de una designación legal y válida que puede ser nombramiento o elección, según el caso; ii) agotando
el trámite de su respectiva posesión; iii) previo cumplimiento de los requisitos específicos fijados por las
entidades atendiendo los requisitos generales establecidos por el Gobierno Nacional -con excepción de
aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén descritos en la Constitución Política o en leyes
especiales-, y iv) para ejecutar las funciones propias del empleo.
45 Cfr. Documento denominado “07. NOMBRAMIENTO Y ACTA DE POSESION ELKIN DE JESUS
CARDONA GERENTE”.
46 Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones.
47 Cfr. Documento denominado “20ContestaciónPérdidaInvestidura”.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de mayo de
2017 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 25000 23 42 000 2016
03693 01 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).
Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
noviembre de 2016 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 44001-23-33-
002-2016-00114-01(PI) (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés); providencia que se pronunció en el mismo
sentido sobre los elementos configurativos de la inhabilidad.
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administración pública[,] ostentan para distintos fines; la regla general es que son
pocos los empleados públicos a quienes sus funciones les permiten el ejercicio de
autoridad, determinada en algunos casos por un aspecto funcional, esto es por
las competencias que constitucional o legalmente les hayan sido asignadas, y en
otros por un criterio orgánico, pues será su ubicación en la estructura
administrativa la que dirá si el servidor público está investido de autoridad o no.
[…]” (Destacado incluido en el texto).
82. De conformidad con el artículo 190 de la Ley 136, sobre dirección o autoridad
administrativa, y atendiendo a los criterios jurisprudenciales del Consejo de
Estado49 sobre la materia, la autoridad administrativa es, por un lado, desde un
criterio orgánico, aquella facultad que “[…] además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes
o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales […]”; y, por la otra, desde un criterio funcional, la norma establece
adicionalmente que “[…] comprende a los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales;
conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle
nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las
unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan
facultades para investigar las faltas disciplinarias […]”.
83. Precisado lo anterior, la Sala encuentra probado50 que el señor Elkin de Jesús
Cardona Ortiz se desempeñó como Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia “María Upegui – HOMO”, desde el 27 de septiembre de 2016 hasta el
31 de marzo de 2020.
49 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: i) sentencia de 16 de
noviembre de 2011, expediente núm. 2011-00515, C.P. doctora. María Elizabeth García González; ii)
sentencia de 8 de junio de 2017, NUR. 440012333002201600096-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez; iii)
sentencia de 13 de julio de 2017, NUR. 130012333000201600089-01 C.P. doctora María Elizabeth García
González; y iv) sentencia de 20 de octubre de 2017, NUR. 440012331001201600055-01. C.P. doctor Roberto
Augusto Serrato Valdés. Asimismo, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia de 7 de diciembre de 2016. NUR. 52001-23-33-000-2016-00016-01 / 52001-23-33-000-
2015-00840-01. C.P. doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
50 Con la copia del Decreto núm. D2016070005264 de 27 de septiembre de 2016, expedido por el Gobernador
de Antioquia y suscrito por los secretarios de Salud y Protección Social y de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional de Antioquia y el Secretario General de la Gobernación y con el Oficio núm. 2421 de 22 de
junio de 2022 suscrito por la Líder de la Oficina de Gestión del Talento Humano de la E.S.E. Hospital Mental
de Antioquia, y sus anexos.
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Núm. Único de radicación: 050012333000202200814-01
84. Asimismo, se encuentra probado con el “MANUAL ESPECÍFICO DE
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES”51 de la E.S.E. Hospital
Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO”, que el precitado empleo
desempeñado por el pariente en segundo grado de consanguinidad del Concejal
pertenece al nivel “Directivo”, se denomina “Gerente Empresa Social del Estado”,
Código 085 y grado 03, tiene como propósito principal “[…] [d]irigir, formular y
adaptar políticas, planes, programas y proyectos para dar cumplimiento a la visión
y misión institucional y controlar la administración de la empresa, buscando la
generación de rentabilidad social y financiera, en aras de garantizar la debida
prestación del servicio […]” y sus funciones esenciales son las siguientes:
“[…] IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales de la ESE y velar por el
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, acorde a las nuevas condiciones
empresariales establecidas en el marco del SGSSS, garantizando tanto la
eficiencia social, como económica y la competitividad de la institución.
4. Proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que regulan
los procedimientos y trámites administrativos internos.
5. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de
los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información
para la ejecución y seguimiento de los mismos.
6. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo del Hospital, de acuerdo
con los planes y programas establecidos, conforme a las condiciones internas y
externas de la Empresa Social del Estado.
7. Presentar para aprobación de la junta directiva el plan cuatrienal de desarrollo
institucional, las programaciones operativas anuales de la entidad y el
presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los procesos y procedimientos
y con la ley orgánica de presupuesto y sus normas reglamentarias.
8. Coordinar la adopción de medidas conducentes a aminorar todas aquellas
situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico en el Departamento de
Antioquia y la realización de diagnósticos de la situación mental del área de
influencia de la entidad.
9. Velar por la adecuada ejecución del presupuesto anual y sus modificaciones.
10. Nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de
la Empresa, generando los actos administrativos respectivos de
conformidad con las normas vigentes.
51
Cfr. Documento denominado “10. Manual funciones ESE GERENTE”.
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11.Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las reformas
necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlos a aprobación de la
autoridad competente.
12.Representar legal y extrajudicialmente a la entidad.
13.Actuar como ordenador del gasto.
14.Coordinar el diseño de modelos y metodologías para estimular y garantizar la
participación ciudadana.
15.Presentar a la Junta Directiva los informes anuales y periódicos sobre la
marcha general de la Empresa.
16.Convocar a reuniones de Junta Directiva de la Empresa, según la
reglamentación de la E.S.E.
17.Presentar a los diferentes organismos del estado y a otras instituciones los
informes conforme al requerimiento específico.
18.Gestionar la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización,
acorde a las necesidades de la Empresa.
19.Velar por el cumplimiento de las funciones de las dependencias administrativas
y asistenciales.
20.Fallar los procesos disciplinarios que se tramitan en segunda instancia.
21.Presentar los proyectos de Ordenanza a través de los cuales se decidan
situaciones en la ESE que deban ser adoptadas y aprobadas por la Junta
Directiva.
22.Celebrar o suscribir los contratos y convenios de la Empresa Social de
Estado, de conformidad con las autorizaciones que para el efecto expida la
Junta Directiva, para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
23. Propiciar y coordinar el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas
con el fin de establecer las causas y soluciones de problemas de salud mental del
área de influencia.
24. Divulgar, custodiar y contribuir a la ejecución de los acuerdos y actas de la
Junta Directiva.
25. Promover la implementación y mantenimiento de las normas técnicas y
modelos orientados a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de
salud y velar por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados en
el diagnóstico y tratamiento.
26. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en
que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
27. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual
debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
28. Las señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza
del empleo o que le sean asignadas por la Junta Directiva de la Empresa […]”
(Destacado fuera de texto)
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85. De lo anterior se colige que el empleo de gerente de la E.S.E. Hospital Mental
de Antioquia “María Upegui – HOMO” implica, desde un punto de vista orgánico y
funcional, el ejercicio de autoridad administrativa en los términos del artículo 190
de la Ley 136.
86. Por un lado, de conformidad con los artículos 7; 38, numeral 2, literal “d”; y 68
de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199852, sobre descentralización
administrativa e integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden
nacional y entidades descentralizadas, la Rama Ejecutiva del Poder Público en el
orden nacional está integrada en el sector descentralizado por servicios por las
empresas sociales del Estado.
87. A su turno, el parágrafo 1.° del artículo 68 ibidem establece que “[…] [d]e
conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, el
régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a
las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por
la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. […]”.
88. La regulación normativa sobre las empresas sociales del Estado del orden
territorial se encuentra prevista en los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de
23 de diciembre de 199353; normas que fueron reglamentadas por el Decreto núm.
1876 de 3 de agosto de 199454, aclarado por el Decreto núm. 1621 de 1995. Estas
normas establecen, en lo pertinente: i) que la prestación de servicios de salud en
forma directa, por la Nación o por las entidades territoriales, se hará
principalmente a través de las empresas sociales del Estado; y ii) que las
empresas sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, creadas por la ley, las asambleas o concejos, según el caso.
89. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que, desde el punto de vista orgánico,
al haberse desempeñado el señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz como gerente de
una entidad descentralizada, en especial, una empresa social de Estado, se
entiende que ejerció autoridad administrativa.
52 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
53 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
54 por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con
las Empresas Sociales del Estado.
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90. Igualmente, se encuentra probado que, desde un punto de vista funcional, el
señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz ejerció autoridad administrativa al
desempeñarse como Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia “María
Upegui – HOMO”, en la medida en que las funciones relativas a: i) nombrar,
promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la Empresa,
generando los actos administrativos respectivos de conformidad con las normas
vigentes; ii) actuar como ordenador del gasto; iii) fallar los procesos disciplinarios
que se tramitan en segunda instancia; y iv) celebrar o suscribir los contratos y
convenios de la Empresa Social de Estado, de conformidad con las autorizaciones
que para el efecto expida la Junta Directiva, para el cumplimiento de los objetivos
de la entidad; implican su ejercicio.
91. Adicional a lo anterior, para esta Sala no son de recibo los argumentos
presentados por el Concejal, en cuando señaló que no se probó el ejercicio
material de autoridad porque ostentar la función no implica su ejercicio.
92. Al respecto y como lo explicó esta Sección en la sentencia de 20 de octubre
de 201755, la expresión “[…] hayan ejercido autoridad […]” contenida en la
inhabilidad, sub examine, no implica ni conlleva la realización de actuaciones
específicas y concretas que evidencien el ejercicio material de las funciones que
le atribuyen al pariente, sino que se tiene por ejercida la autoridad con el solo
hecho de demostrar desde una perspectiva orgánica o funcional que se ostenta la
función. En dicha sentencia se consideró lo siguiente:
“[…] Ahora bien, en atención a lo manifestado por el apelante en el sentido
que el demandante ha debido indicar «[…] cuáles fueron los actos
constitutivos del ejercicio de autoridad administrativa por parte del Gerente
delegado en los escasos meses del año inmediatamente anterior a la
inscripción del candidato al Concejo Municipal […]», debe señalarse que esta
Sala comparte la tesis de la Sección Quinta de esta Corporación consistente
en que la expresión «[…] hayan ejercido autoridad […]», no implica ni conlleva
la realización de actuaciones específicas y concretas que evidencien el
ejercicio material de las funciones que le atribuyen al pariente, esto es, que la
autoridad se tiene por ejercida con el solo requisito de demostrar que las
funciones atribuidas al cargo la implican, de forma que la misma se ejerce por
el solo hecho de detentarla.
Es así como a propósito del análisis de la causal de inhabilidad de prevista en
el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000, prevista para los
Gobernadores, que resulta ser idéntica a la que aquí se analiza, dicha Sala56
ha señalado:
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01.
56 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA.
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá D.C., seis (06) de mayo de dos mil trece (2013).
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«[…] Pues bien, si la norma hace referencia al ejercicio y no a la titularidad del
cargo según acabamos de ver, para finalizar el estudio de los requisitos
establecidos por la ley como configurativos de la causal de inhabilidad
atribuida, resulta imprescindible revisar la interpretación que tradicionalmente
esta Sección ha otorgado a la expresión “haya ejercido”.
Recordemos que la norma en su literalidad se refiere a quien tenga vínculo
por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro
de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil,
política, administrativa o militar en el respectivo departamento.
[…]
Las anteriores citas nos obligan a concluir que la interpretación de la expresión
“hayan ejercido” a que se refiere la causal de inhabilidad objeto de estudio, no
implica ni conlleva la realización de actuaciones específicas y concretas que
evidencien, por parte del funcionario pariente, el ejercicio material de las
funciones a él atribuidas.
En suma, para la Sala Electoral, la autoridad se tiene como ejercida con el
solo requisito de demostrar que las funciones atribuidas al cargo la implican,
de forma que, la misma, se ejerce por el solo hecho de detentarla […]”.
93. Adicional a lo anterior, la Sala encuentra probado que la precitada autoridad
se ejerció durante el periodo inhabilitante, teniendo en cuenta que las elecciones
al Concejo Municipal de Bello se realizaron el 27 de octubre de 2019, lo cual
implica que el ámbito temporal de la inhabilidad inició el 27 de octubre de 2018 y
finalizó el 27 de octubre de 2019.
94. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el pariente en segundo grado
de consanguinidad del Concejal ostentó el cargo de Gerente de la E.S.E. Hospital
Mental de Antioquia, ““María Upegui – HOMO” entre el 27 de septiembre de 2016
hasta el 31 de marzo de 2020, se entiende que ejerció autoridad administrativa
dentro del periodo inhabilitante para las elecciones al Concejo Municipal de Bello.
95. En suma, la Sala considera que se encuentra probado que el pariente del
Concejal, en su condición de Gerente de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia,
“María Upegui – HOMO”, ejerció autoridad administrativa dentro del periodo
inhabilitante; y, en consecuencia, se encuentra probado el tercer supuesto de la
inhabilidad, sub examine.
Radicación número: 17001-23-31-000-2011-00637-01. Actor: PILAR ROSARIO RUIZ CASTAÑO Y OTRO.
Demandado: GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.
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Que el ejercicio de autoridad tenga lugar en el respectivo municipio o distrito
en que haya sido elegido el concejal
96. Corresponde a la Sala determinar si se configura el supuesto relativo a que el
ejercicio de autoridad administrativa tenga lugar en el mismo municipio o distrito
en el que fue elegido el Concejal.
97. En el caso sub examine, se encuentra probado que el señor Edgar Ricardo
Cardona Ortiz fue elegido Concejal Municipal de Bello Antioquia.
98. Asimismo, se encuentra probado con la constancia y certificación expedida
por el Director de Asuntos Legales de la Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia57, que “[…] la entidad denominada HOSPITAL
MENTAL DE ANTIOQUIA del Municipio de Bello, fue creada mediante Ordenanza
Departamental No. 12 del 10 de diciembre de 1970, dedicada a la prestación de
servicios de salud, con énfasis en problemas de salud mental, perteneciente al
subsector oficial del sector salud […] Ubicado en la calle 38 55-310, Santa Ana-
Bello […]”. Asimismo, certifica que se trata de una “[…] EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, descentralizada del Orden Departamental, dotada de personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen
jurídico previsto en el Capítulo III, Título II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de
diciembre de 1993 […]” y que su denominación es la de “Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia “maría Upegui-HOMO”.
99. Se aportó adicionalmente el Oficio núm. 2421 de 22 de junio de 2022,
indicado supra, suscrito por el Líder de la Oficina de Gestión del Talento Humano,
en el cual se certifica que “[…] LA E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
MARÍA UPEGUI -HOMO- presta servicios especializados en salud mental con
altos estándares de calidad y eficiencia, a través de un talento humano
competente, comprometido a nivel social, humano y científico orientado a
satisfacer las necesidades de los usuarios. La sede Principal está ubicada en la
dirección: Calle 38 Nº 55 – 310 en Bello – Antioquia […]”.
100. La Sala considera, teniendo en cuenta las pruebas decretadas, en especial,
las indicadas anteriormente, que se encuentra probado que el ejercicio de
autoridad por parte del señor Elkin de Jesús Cardona Ortiz en su condición de
57
Cfr. Folio 20 del documento “20ContestaciónPérdidaInvestidura”.
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gerente de la precitada entidad descentralizada del orden territorial, tuvo lugar en
el mismo municipio en que resultó elegido el Concejal, a saber, el Municipio de
Bello, Antioquia.
101. Al respecto, es importante resaltar que el pariente en segundo grado de
consanguinidad del Concejal ejerció esa autoridad administrativa en el Municipio
de Bello, en la medida en que el cargo desempeñado es precisamente el de
gerente de una entidad descentralizada del Departamento de Antioquia, siendo el
Municipio de Bello uno de los que integran el precitado Departamento, y en el que
tiene su sede principal. Al respecto, esta Sala en diversas providencias, entre ellas
las sentencias de 8 de junio de 201758 y de 20 de octubre de 201759, ha
considerado lo siguiente:
“[…] La Sala debe constatar si la autoridad civil y política ejercida por la señora Sixta
Rosa Mejía Brito lo fue en la circunscripción territorial para la cual fue elegido
Diputado el señor Bienvenido José Mejía Brito, para lo cual resulta necesario hacer
referencia a la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante
sentencia de 28 de mayo de 2002[60] estableció que, en relación con los
Representantes a la Cámara, las circunscripciones departamental y municipal son
coincidentes para efectos de aplicar la inhabilidad prevista en el numeral 5º del
artículo 179 Superior. En efecto, la Corporación consideró:
“En este sentido, para la elección de Representantes a la Cámara cada
Departamento y el Distrito Capital de Bogotá conformarán una circunscripción
territorial. En consecuencia, los municipios que integran un departamento hacen
parte de la misma circunscripción territorial y por ello estaba inhabilitado para
inscribirse como Representante a la Cámara quien tenga vínculos por matrimonio,
unión permanente, o parentesco, en los términos señalados en la ley, con
funcionarios que ejerzan autoridad civil […]”.
Posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 20 de febrero de 2012[61], precisó que:
“resulta evidente que en materia electoral existen distintas circunscripciones, como
son la nacional, la departamental, la municipal y la de las localidades, dentro de las
cuales se convocan y practican las distintas elecciones, en unos casos para elegir
autoridades territoriales y en otros para elegir autoridades nacionales. Con todo, en
las elecciones realizadas por circunscripción departamental, como lo es la elección
de Representantes a la Cámara, la participación de todos los electores del
departamento comprende a una misma sin que se escindan los electores del
departamento de los electores de sus municipios, ya que son los habitantes de
estos últimos –que sumados conforman los del departamento al cual dichos entes
territoriales pertenecen- los que deciden en quienes recae la representación ante el
Congreso de la República.”
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de
2017. NUR 44001-23-33-002-2016-00096-01 C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre
de 2017. NUR. 440012331000201600055-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
60 Expediente: PI-033 y PI-034, M.P. Jesús María Lemos Bustamante.
61
Expediente: IJ 2010-00063, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.
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Así las cosas, esta Corporación unificó jurisprudencia e impuso la regla jurídica
según la cual el criterio determinante en estos casos resulta ser la circunscripción
en la cual deba efectuarse la respectiva elección, regla que quedó expuesta en los
siguientes términos:
“En tratándose de Representantes a la Cámara, por circunscripción departamental
valga la aclaración, el debate se ha suscitado en torno a si para que se estructure
tal inhabilidad es preciso que esa autoridad deba cumplirse en una entidad del
ámbito departamental o si también se presenta cuando se desarrolla en un cargo o
empleo del ámbito municipal. En el sub examine se discute si se configura esta
inhabilidad frente al doctor Libardo Enrique García, Representante por el
departamento del Magdalena, debido a que su padre el doctor Libardo Sucre García
Nassar, actuó para el día de las elecciones como alcalde del municipio de
Fundación – Magdalena, que forma parte del mismo departamento. No obstante los
precedentes que sobre este asunto tenía la Sección en su conformación de otrora,
es preciso que ahora la Sala Plena, en vista que el presente caso hace parte de los
primeros que la Sección Quinta en su conformación actual tiene a su cargo como
proceso de nulidad electoral atinente a esa causal, unifique la línea de pensamiento
que sobre el tema ha desarrollado vía procesos de pérdida de investidura, en el
sentido de acoger una línea de pensamiento que se ajuste más al verdadero sentido
y alcance de esta inhabilidad. Queda en claro que la inhabilidad en examen, por
matrimonio o por parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad se cumple
cuando dicha potestad se materializa o desarrolla “…en la circunscripción en la cual
deba efectuarse la respectiva elección”. De suerte que si se trata de un
Representante a la Cámara la prohibición de postularse y ser elegido como tal
opera tanto si el cónyuge o pariente ejerce autoridad en una entidad del nivel
departamental por el cual se surte la elección, como si el ejercicio de autoridad se
lleva a cabo en una entidad del nivel municipal, siempre y cuando este último haga
parte del departamento por el cual se aspira a ser congresista, pues de esta manera
precisamente tiene lugar “en” la circunscripción del departamento que es a la cual
corresponde la elección de Representantes a la Cámara.
Es evidente que en materia electoral existen distintas circunscripciones, como son
la nacional, la departamental, la municipal y la de las localidades, dentro de las
cuales se convocan y practican las distintas elecciones, en unos casos para elegir
autoridades territoriales y en otros para elegir autoridades nacionales. Con todo, en
las elecciones realizadas por circunscripción departamental, como lo es la elección
de Representantes a la Cámara, la participación de todos los electores del
departamento comprende a una misma sin que se escindan los electores del
departamento de los electores de sus municipios, ya que son los habitantes de
estos últimos –que sumados conforman los del departamento al cual dichos entes
territoriales pertenecen -, los que deciden en quienes recae la representación ante
el Congreso de la República.” (…)
Si la excepción prevista en el último inciso del artículo 179 de la Constitución
Política sólo opera frente a los congresistas que se eligen por la circunscripción
nacional, la inhabilidad en estudio (5ª) se configura plenamente respecto de los
aspirantes a integrar la Cámara de Representantes cuando son cónyuges o
parientes de funcionarios que para el día de las elecciones están investidos de
autoridad civil o política, bien sea en el mismo departamento o en cualquiera de los
municipios que lo integran, los cuales hacen parte de esa circunscripción territorial,
que así está igualmente conformada para efectos electorales. Todo lo dicho permite
reafirmar que la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 179 de la
Constitución Política sí se configura frente a los aspirantes a integrar la Cámara de
Representantes, cuando su cónyuge o compañero permanente, o pariente en los
grados allí indicados, ejerce autoridad civil o política, en uno de los municipios que
conforman el departamento por el cual se postula. Ahora bien, queda pendiente
establecer si los alcaldes municipales ejercen autoridad civil o política, lo cual no
plantea mayores dificultades porque así lo define la Ley 136 del 2 de junio de 1994
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“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”, ya que en lo atinente a la autoridad política es
explícita en disponer que “Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio.” (Art.
189), postulado que además armoniza con las atribuciones constitucionalmente
asignadas (Art. 315), según las cuales la conducción de las políticas públicas
locales está a su cargo, para lo cual debe observar en todo caso las directrices
trazadas por el Gobierno Nacional. Por otra parte, en lo relativo al ejercicio de
autoridad civil, potestad que, según la Sala Plena de esta Corporación, corresponde
al “…ejercicio de actos de poder y mando…”, como reflejo de la autoridad pública,
es claro que no admite discusión alguna el hecho de que los alcaldes detentan tal
forma de autoridad, puesto que basta consultar lo dispuesto en el artículo 188 de la
ley 136 de 1994, para advertir que tales atribuciones son propias de ese cargo,
como así lo corroboran las distintas funciones fijadas en el artículo 315
Constitucional.”
Esta posición jurisprudencial ha sido recientemente reiterada por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo al resolver el recurso especial de revisión de un fallo
de pérdida de investidura de congresista. La Sala, en este caso, prohijó la posición
antes resaltada bajo los siguientes argumentos:
“En esas condiciones, con apego a los pronunciamientos aludidos y dentro del
contexto ofrecido por la jurisprudencia emanada de la Sala Plena de esta
Corporación, en el caso de pérdida de investidura, al Congresista Héctor Javier
Vergara Sierra no le asiste razón cuando estima que la circunscripción
Departamental, para los fines de la elección de Representantes a la Cámara, sólo
incorpora las entidades del orden Departamental y no las del orden municipal. Esto,
por cuanto es evidente que los municipios que integran un Departamento hacen
parte de la misma circunscripción territorial, y por ello, está impedido para inscribirse
como representante a la Cámara quien tenga vínculos por matrimonio, unión
permanente, o parentesco dentro de los grados expresamente definidos por la
Constitución, en los términos señalados en la ley, con funcionarios que ejerzan
autoridad civil o política en los municipios del mismo Departamento donde se
inscribe.
Siendo notoria la continuidad y consistencia de la línea jurisprudencial definida por
esta Sala Plena, en forma alguna se puede aceptar la posición del recurrente de
haberse desobedecido el precedente jurisprudencial, lo que se traduce en que no
se vulneraron los valores de seguridad jurídica e igualdad de trato y, en
consecuencia, no se atentó contra el principio de confianza legítima, en desmedro
del postulado de la buena fe constitucional.”[62]
De lo anterior se colige que la inhabilidad en estudio se configura plenamente como
quiera que el municipio de Dibulla hace parte de la circunscripción electoral del
Departamento de la Guajira. Al respecto es importante destacar que la inhabilidad
pretende impedir que el candidato, haciendo uso de la autoridad que ostentan sus
familiares o parientes, influya sobre sobre los ciudadanos, alterando la libertad en
que debe ejercerse el derecho al sufragio y el principio de igualdad que debe irradiar
la contienda electoral […]”.
102. Lo anterior constituye razón suficiente para desestimar el argumento
presentado por el apelante, relativo a que, en este caso, la E.S.E. Hospital Mental
de Antioquia “María Upegui - HOMO” pertenece al orden departamental de
62 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente 2013-00070. Fallo de 4 de
agosto de 2015. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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Antioquia y no al Municipal de Bello y que por ello se inhibe la configuración de la
inhabilidad sub examine por cuanto no se prueba el elemento territorial.
103. Al respecto y como se explicó supra, la precitada E.S.E. es una entidad
descentralizada del orden departamental de Antioquia, dedicada a la prestación
de servicios de salud, con énfasis en problemas de salud mental, perteneciente al
subsector oficial del sector salud y, como elemento relevante, se encuentra
probado que tiene su sede principal en el Municipio de Bello, lo cual permite a la
Sala concluir, por un lado, que el área de influencia del Hospital, tanto a nivel
administrativo como funcional, comprende al Municipio en que tiene su sede
principal; y, por el otro, en consecuencia, que el Gerente del Hospital ejerce
autoridad administrativa en el Municipio de Bello, donde resultó elegido el
Concejal.
104. En este punto, la Sala resalta que no son de recibo los argumentos
presentados en el recurso de apelación relativos a que el Tribunal al proferir la
sentencia, en primera instancia, incurrió en una indebida valoración probatoria en
cuanto encontró probados los supuestos del elemento objetivo de la inhabilidad
que constituye causal de pérdida de investidura, sub examine, en la medida en
que lo explicado anteriormente evidencia que en este caso el Concejal incurrió en
los supuestos de la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 43 de la Ley
136.
105. Asimismo, la Sala considera que los argumentos presentados en el recurso
de apelación, sobre la violación del “mínimo vital” del Concejal, su familia y su
electores, no es un argumento orientado a controvertir la configuración de los
supuestos del elemento objetivo e, incluso, del elemento subjetivo de la
inhabilidad que constituye causal de pérdida de investidura, sub examine, razón
por la cual no es procedente realizar otro pronunciamiento sobre el particular.
106. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala encuentra probada la
configuración del cuarto supuesto de la inhabilidad sub examine; y,
consecuencialmente, el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de inhabilidades.
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Análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura en el
caso sub examine
107. La Sala analizará el elemento subjetivo de la causal de pérdida de
investidura en el caso sub examine, con fundamento en los parámetros
establecidos por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 201763, referida supra.
108. El Concejal en el recurso de apelación manifestó que, en este caso, no se
configuró el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de inhabilidades porque su conducta no fue gravemente culposa o
dolosa, en la medida en que asumió que al pertenecer la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia “María Upegui - HOMO” al orden
departamental de Antioquia no se configuraba el elemento territorial porque su
elección sería en el Municipio de Bello.
109. Al respecto, la Sala considera que, de conformidad con la presunción
establecida en los artículos 4 de la Constitución Política; 9.° y 18 del Código Civil;
y 57 de la Ley 4 de 1913, el señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz conocían sus
deberes constitucionales, legales y reglamentarios y, consecuencialmente, tenía
el deber de conocer que su comportamiento configuraba la inhabilidad establecida
en el numeral 4.º del artículo 43 de la Ley 136, como causal de pérdida de
investidura en los términos del numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136.
110. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la jurisprudencia de esta
Corporación ha considerado que el estudio del elemento subjetivo debe realizarse
de acuerdo con las condiciones personales del sujeto y las circunstancias
particulares de cada caso: la Sala procederá a analizar, en el caso sub examine,
si el Concejal incurrió o no en el elemento subjetivo de la causal, para lo cual se
reitera que corresponde al Solicitante y al Concejal probar los supuestos de hecho
de las normas que establecen el efecto jurídico que persiguen.
111. En el expediente no se encuentra probado que el Concejal hubiere
realizado indagaciones o consultas jurídicas o de antecedentes jurisprudenciales
con el objeto de establecer si al haberse inscrito y resultar elegido como Concejal
del Municipio de Bello, pese a que su pariente en segundo grado de
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
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consanguinidad ejerció autoridad administrativa en los términos del numeral 4.º
del artículo 43 de la Ley 136, incurría en algún tipo de prohibición y, en especial,
en la inhabilidad sub examine, como causal de pérdida de investidura.
112. Asimismo, la Sala encuentra probado que el Concejal estaba en
condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causal de
pérdida de investidura, en la medida en que, de conformidad con las pruebas
decretadas, en especial, la hoja de vida64 y el “FORMULARIO ÚNICO DE
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD
ECONÓMICA”65 del señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz, la cual no fue tachada
por las partes, el Concejal es Licenciado en Educación Física y ostenta
especializaciones en, por un lado, Administración Educativa y, por el otro,
Gerencia de Proyectos. Asimismo, se encuentra probado que en su trayectoria
profesional se ha desempeñado como docente y empleado público de las
Secretarías de Deporte y Recreación del Municipio de Bello, siendo su último
cargo registrado el de Director Administrativo de Recreación de la precitada
Secretaría, entre los años 2014 y el 2018.
113. Lo anterior implica, como lo consideró el Tribunal, que se encuentra
probado que la capacidad cognitiva del Concejal le permitía entender y premeditar
su actuar o, al menos, indagar sobre si incurría en algún tipo de prohibición al
postular su candidatura y ser elegido Concejal del Municipio de Bello, pese a que
su pariente en segundo grado de consanguinidad tenía la condición de Gerente
de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia “María Upegui -
HOMO” y como tal ejercía autoridad administrativa en el Municipio de Bello,
durante el periodo inhabilitante, como se indicó anteriormente.
114. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el Concejal ponga
de presente la convicción que tenía sobre la rectitud de su conducta, sino que es
necesario que el juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba o
no en condiciones de superar el error66, en virtud de la diligencia requerida para
el desarrollo de su actividad y, en ese marco, no basta con que se alegue por el
miembro de la corporación pública de elección popular que obró de buena fe, sino
que debe acreditar la buena fe calificada, motivada por un error invencible, bien
64 Cfr. Documento denominado “16. perfil publicado página concejo de bello”.
65 Cfr. Documento denominado “04. Respuesta Concejal”.
66
O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible sustraerse.
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sea porque actuó al amparo de la jurisprudencia vigente para la época o porque
se asesoró adecuadamente y pese a ello incurrió en la conducta reprochable.
115. Sobre el particular, la Sala observa que el Concejal no solicitó conceptos o
asesorías o realizó indagaciones frente a sus aspiraciones y, en especial, sobre
el régimen de inhabilidades que le era aplicable, que permitiera determinar o
concluir que obró con el cuidado requerido o que adelantó gestiones tendientes a
informarse que para los concejales municipales constituye inhabilidad que un
pariente en segundo grado de consanguinidad ejerza como funcionario público
autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la elección, en el
respectivo municipio o distrito de elección, lo cual constituye una conducta
inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa.
116. En ese sentido, al Concejal le era exigible una actitud de mayor diligencia,
sin que sea de recibo para la Sala el argumento de que su convicción sobre la
rectitud de su conducta constituya razón suficiente para acreditar que actuó de
buena fe porque lo cierto es que constituye obligación de todo servidor público
estudiar los requisitos, naturaleza y prohibiciones de sus aspiraciones y para el
ejercicio del cargo público; en ese sentido, al Concejal le era exigible, por un lado,
conocer la Ley 136 en la medida en que, en ella, se establecen expresamente las
inhabilidades, incompatibilidades, funciones, deberes y prohibiciones del cargo y,
en caso de duda, solicitar concepto a las autoridades o entidades públicas
competentes o acudir a la asesoría idónea por parte de profesionales, respecto
de su situación particular, lo cual, se reitera, no se probó en este caso.
117. Tampoco se observa que el Concejal hubiere actuado al amparo de
decisiones judiciales que, aplicadas al caso particular, hubieren generado una
duda razonable; mucho menos se probó que hubiere revisado la jurisprudencia de
esta Corporación con el objeto de informarse sobre el criterio jurisprudencial
vigente en relación con la violación del régimen de inhabilidades por el ejercicio
de autoridad por pariente. Por el contrario, la jurisprudencia de la Sección Primera
del Consejo de Estado ha sido clara y armónica en relación con cada uno de los
supuestos constitutivos de la inhabilidad, sub examine, en especial, el relativo a
que la circunscripción departamental para efectos del ejercicio de autoridad está
conformada por cada uno de los municipios que integran el respectivo
departamento.
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118. La Sala, en el caso sub examine, no puede concluir que el Concejal obró
con la diligencia requerida y, por el contrario, se evidencia que este no hizo una
verificación de las normas que establecían la inhabilidad de los concejales
derivada de la prohibición relativa a que no podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad, en este caso administrativa, en el respectivo municipio o
distrito, lo cual constituye una conducta inexcusable y por consiguiente
gravemente culposa que, según explicó esta Sala, “[…] es la propia de las
personas negligentes o de poca prudencia […] que desconoce normas
constitucionales y legales [que] […] los concejales deben conocer, de un lado,
porque la ignorancia de la ley no sirve de excusa al tenor del artículo 9° del Código
Civil y, por el otro, porque son disposiciones que regulan […]”67, en este caso, el
ingreso al cargo de elección popular.
119. En ese orden de ideas, la Sala considera que se reunieron los criterios
establecidos por esta Corporación para la configuración del elemento subjetivo de
la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades.
120. De conformidad con lo anterior, al encontrarse acreditada la inhabilidad
establecida en el numeral 4.º del artículo 43 de la Ley 136 y por consiguiente los
elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en
el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, se confirmará la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, en cuanto
decretó la pérdida de investidura del señor Edgar Ricardo Cardona Ortiz como
Concejal del Municipio de Bello – Departamento de Antioquia.
Conclusiones de la Sala
121. La Sala considera que, en el caso sub examine, se probó la configuración
de los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades del Concejal. En consecuencia, la Sala
confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de febrero de
2021, Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201900916-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de sentencia de 26 de agosto de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado Ausente en comisión
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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