Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2016-03693-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Violación al régimen de inhabilidades: causal de pérdida de investidura de concejal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-42-000-2016-03693-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-42-000-2016-03693-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
25 de mayo de 2017
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Causal de pérdida de investidura de concejal / RÉGIMEN DE INHABILIDADES COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Marco legal / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Concepto / AUTORIDAD CIVIL - Concepto / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - No se configura al determinarse que no ejerció autoridad administrativa, política ni civil en el empleo de Profesional Universitario
[L]a función de promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar las actividades tendientes a la consecución de recursos a través de convenios interadministrativos, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, del adulto mayor, la mujer cabeza de familia y los discapacitados del Municipio prevista en el núm. 3 de las funciones asignadas al cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, no comporta un poder decisorio sobre los ciudadanos, los bienes del municipio ni sobre los sectores sociales y económicos. La función asignada implica una labor de intermediación, con entidades estatales, a fin de que el ente territorial pueda obtener recursos por la vía de los convenios interadministrativos, para los propósitos indicados, proceso que debe desarrollarse por instrucciones de quien tiene a su cargo la función de celebrar esos convenios, esto es, el Alcalde de Cota (Cundinamarca) (literal E., núm. 5, Decreto núm. 013 de 2010), funcionario que materializa la citada labor de intermediación, por lo que el ejercicio de esta función no puede comportar el ejercicio de autoridad civil o administrativa. […] [E]sta Sala no encontró acreditado el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa por parte del señor Marco Antonio Umaña Sierra al desempeñarse en el empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02 de la planta de personal del municipio de Cota (Cundinamarca), supuesto necesario para la configuración de la inhabilidad prevista en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617, esto es, por haber ejercido, como empleado público y dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, causal de pérdida de investidura por virtud del núm. 6 del artículo 48 de la Ley 617, en consonancia con el núm. 2 del artículo 55 de la Ley 136.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 14 de julio de 2016, Radicación 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI), C.P. María Claudia Rojas Lasso; de 17 de noviembre de 2016, Radicación: 44001-23-33-002-2016-00114-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E).
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 NUMERAL 2 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 2 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 2 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 188 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 190
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veinticinco (25) mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-42-000-2016-03693-01(PI)
Actor: MIGUEL ALBINCI CALDERÓN CALDERÓN
Demandado: MARCO ANTONIO UMAÑA SIERRA
Referencia: Medio de control Pérdida de Investidura
Referencia: Violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales / causal de pérdida de investidura por virtud del núm. 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 8 de octubre de 2000, en consonancia con el núm. 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994. / Inhabilidad prevista en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617, esto es, por haber ejercido, como empleado público y dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandante, en contra de la sentencia del 12 de septiembre de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la pretensión de pérdida de investidura presentara el ciudadano Miguel Albinci Calderón Calderón en contra del señor Marco Antonio Umaña Sierra, concejal del municipio de Cota (Cundinamarca), elegido para el período 2016-2019.
I.- Antecedentes
1.- La demanda
1.1.- Las causales de pérdida de investidura alegadas
El ciudadano Miguel Albinci Calderón Calderón, obrando en nombre propio, solicitó que se decretara la pérdida de la investidura del señor Marco Antonio Umaña Sierra, concejal del municipio de Cota (Cundinamarca), por haber incurrido en la inhabilidad prevista en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es, por ejercer como empleado público, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de elección, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo municipio, causal de pérdida de investidura conforme el núm. 6 del artículo 48 de la Ley 617 y el núm. 2 del artículo 55 de la Ley 136.
1.2.- Los hechos que dan sustento a las causales alegadas
El demandante relata que el señor Marco Antonio Umaña Sierra, mediante el Decreto núm. 75 del 21 de junio de 2012, fue nombrado como profesional universitario, código 2019, grado 02, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta globalizada de la Alcaldía Municipal de Cota (Cundinamarca).
Posteriormente, el señor Umaña fue encargado de las funciones del cargo de Secretario Ejecutivo del despacho del Alcalde, mediante Decreto 100.25.00051 del 21 de abril de 2014, empleo que se identifica con el código 438, grado 01, de la planta globalizada de la Alcaldía Municipal de Cota (Cundinamarca), el cual ocupó desde el 21 hasta el 23 de abril de 2014.
Luego, a través del Decreto 100.25.0066 del 13 de junio de 2014, el demandado fue encargado de las funciones del cargo de Secretario de Desarrollo Social, a partir del 16 de junio de 2014, sin que el demandante precise la fecha de terminación del mencionado encargo.
Después, el demandado renunció, por medio de la comunicación del 1 de junio de 2015, al cargo de profesional universitario, código 2019, grado 02 de la planta globalizada de la Alcaldía Municipal de Cota, la cual le fue aceptada por el Decreto 100.25.00056 del 16 de junio de 2015 y notificada el día 17 de junio de 2015.
El demandado explica que en la Resolución núm. 13331 del 11 de septiembre de 2014, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se determinó el período de inscripciones de los candidatos a participar en las elecciones de autoridades locales, el cual iría desde el 25 de junio hasta el 25 de julio de 2015, siguiendo los lineamientos del artículo 30 de la Ley 1475 del 14 de julio de 2011.
Dentro del término indicado anteriormente, el demandado, Marco Antonio Umaña Sierra, se inscribió como candidato al Concejo del municipio de Cota (Cundinamarca) para el período 2016-2019, siendo elegido concejal de aquel municipio en las elecciones realizadas el 25 de octubre de 2015 «(…) con un total de 397 votos (…)» y, en consecuencia, le fue concedida la credencial para el ejercicio de sus funciones.
El demandado encuentra, entonces, que de los hechos anteriormente relatados:
«(…) el Concejal MARCO ANTONIO UMAÑA SIERRA se encuentra inmerso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, dado que entre la fecha de su renuncia y su elección como concejal del Municipio de Cota, únicamente transcurrieron 4 meses y 8 días (…) En cuanto a los requerimientos jurisprudenciales para la prosperidad de la declaratoria de la pérdida de investidura del concejal UMAÑA, indico que los cargos por él ejercidos en las vigencias 2014 y 2015 fueron los de Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde y Secretario de Desarrollo Social, los cuales corresponden a empleos en los cuales se ejerce autoridad política, civil y administrativa dentro del Municipio de Cota, dado que en ellos se maneja personal interno y se ofrecen diferentes servicios a la comunidad de acuerdo con los fines misionales de cada secretaría como se prueba en el manual de funciones adosado para cada uno de estos empleos (…)».
2.- Contestación de la demanda por parte del concejal Marco Antonio Umaña Sierra
En la oportunidad procesal correspondiente, el concejal Marco Antonio Umaña Sierra, mediante apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones.
Luego de hacer referencia a los hechos de la demanda, el concejal demandado afirma que no ha incurrido en la inhabilidad que se le endilga porque:
«(…) no ejercía la autoridad civil, política y dirección administrativa, en un cargo de nivel profesional que en sus funciones nada tiene que ver con la dirección administrativa, la autoridad civil o política porque el encargo de Secretario Ejecutivo del Despacho del alcalde se desempeñó hasta el 23 de abril de 2014, es decir quince (15) meses y dos (2) días antes de la inscripción y dieciocho (18) meses y dos (2) días antes de la elección. Este es un cargo de nivel asistencial y el encargo como Secretario de Desarrollo Social, se desempeñó desde el 16 de junio de 2014 hasta el veintisiete (27) de junio de 2014, es decir, trece (13) meses y dos días antes de la inscripción como candidato al concejo y dieciséis (16) meses antes de la elección (…)»
Posteriormente propuso la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, esgrimiendo cuatro motivos por los cuales se configuraba dicha excepción, a saber:
El primer motivo alegado fue denominado falta de invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación, el cual explicó de la siguiente manera:
«(…) La acción de Pérdida de Investidura (sic) se puede dirigir contra los concejales por el mismo procedimiento que establece la Ley 144 de 1994 para los congresistas y con causales similares a las de éstos. (…) Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 4 de la ley 144 de 1994 la solicitud sea presentada por cualquier ciudadano ésta deberá formularse por escrito y contener, al menos la invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación (…) Revisado el texto de la demanda presentada por el señor Calderón, se evidencia la falta de del (sic) requisito establecido en el literal c) del artículo 4 de la ley 144 de 1994 (sic), requisito que es obligatorio y sin el cual la demanda es inepta, como ocurre en este caso, tal como lo exige la Sentencia C-237/12 que establece: (…) No se invocó la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y no se dio la debida explicación sobre la forma cómo se configura ésta causal, razón por la cual se debe declarar probada esta excepción (…)».
El segundo motivo invocado fue denominado falta de concepto de violación de las normas en que debía fundarse, consistente en que:
«(…) Esta demanda carece de requisitos legales porque, no se presenta concepto de violación que señala el artículo 162 del C.P.C.A, numeral 4. Situación que no expone el demandante porque le corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada (…) »
El tercer motivo que se aduce por parte del demandado es el no agotamiento del requisitos de procedibilidad previsto en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con los artículos 108 y 265 de la Constitución Política, manifestando que «(…) de haber existido la presunta inhabilidad, se debió previo a cualquier petición jurisdiccional solicitarse la revocatoria de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, conforme se dispone en los citados artículos 108 y 265 de la Constitución Política (…)».
El cuarto motivo expuesto es el consistente en la inexistencia de inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617, el cual fue expuesto así:
«(…) De lo descrito en la norma reseñada, se infiere por un lado el término de doce (12) meses y adicional a esto ejercer como empleado público jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio.
El demandante cita dos encargos que desempeñó el demandado, el primero de ellos, como Secretario Ejecutivo del Despacho del alcalde, código 438, grado 01, cargo asistencial ejercido quince (15) meses y dos (2) días antes de la inscripción y dieciocho (18) meses y dos (2) días antes de la elección y el encargo como Secretario de Desarrollo Social, se desempeñó desde el 16 de junio de 2014 hasta el veintisiete (27) de junio de 2014, es decir es decir (sic) trece (13) meses y dos días antes de la inscripción como candidato al concejo y dieciséis (16) meses antes de la elección. Este último encargo desempeñado por mi poderdante, debía ejercerse durante el período en el cual la titular del cargo gozaría de las vacaciones concedidas a ésta funcionaria a través de la resolución 110.64.00236 de junio 09 de 2014, las cuales fueron interrumpidas por el nominador el 27 de junio de 2014 a través de la Resolución 110.64.0278, fecha en la cual se terminó el encargo al que se refiere el demandante.
La sumatoria de los tiempos se hace con base en los actos administrativos que fueron aportados como prueba en la demanda. De esta forma queda demostrado que ninguno de los dos encargos se ejerció dentro de los doce (12) meses, toda vez que la inscripción del señor UMAÑA se dio el 25 de julio de 2015, como se demuestra en la certificación expedida por la Registradora Nacional del Estado Civil.
Como se observa no ejerció autoridad civil, política y dirección administrativa dentro de los doce (12) meses a los que se refiere el numeral 2 del artículo 40 ni la establecida en el artículo 48 del lay 617 de 2000 (sic).»
Después esbozó las razones por las cuales considera que no se configura la inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617, en la siguiente forma:
«(…) El demandante cita dos encargos que desempeñó el demandado, el primero de ellos, como Secretario Ejecutivo del Despacho del alcalde, código 438, grado 01, cargo asistencial ejercido quince (15) meses y dos (2) días antes de la inscripción y dieciocho (18) meses y dos (2) días antes de la elección y el encargo como Secretario de Desarrollo Social, se desempeñó desde el 16 de junio de 2014 hasta el veintisiete (27) de junio de 2014, es decir es decir (sic) trece (13) meses y dos días antes de la inscripción como candidato al concejo y dieciséis (16) meses antes de la elección. La sumatoria de los tiempos se hace con base en los actos administrativos que fueron aportados como prueba en la demanda. De esta forma queda demostrado que ninguno de los dos encargos se ejerció dentro de los doce (12) meses, toda vez que la inscripción del señor UMAÑA se dio el 25 de julio de 2015, como se demuestra en la certificación expedida por la Registradora Nacional del Estado Civil.
(…)
Los cargos de dirección y confianza están claramente definidos el Decreto 13 de 2009 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DEL NUVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA CUNDINAMARCA”, el cargo desempeñado por el señor UMAÑA es un empleo del NIVEL PROFESIONAL encargado de la ejecución de funciones de coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales, denominación que resulta diferente al cargo desempeñado por el alcalde, los directores administrativos de la entidad y los secretarios de despacho quienes sí tienen autoridad civil, política y dirección administrativa, como se puede ver en la naturaleza de cada uno de esos cargos: (…)»
3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 12 de septiembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda formulada en contra del concejal por el municipio de Cota (Cundinamarca), señor Marco Antonio Umaña Sierra.
Inicialmente, la Corporación se detuvo en el análisis de las excepciones invocadas por el demandado. Así, frente a la ineptitud sustancial de la demanda por falta de invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de investidura y de su debida explicación, consideró que:
«(…) A partir de una lectura integral del escrito que contiene la solicitud de pérdida de investidura, la Sala logra extraer con facilidad que el actor no sólo hace una mención expresa de la causal de inhabilidad establecida en el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, sino que también relaciona los cargos ejercidos por el señor Marco Antonio Umaña Sierra en la administración del Municipio de Cota y describe las circunstancias por las cuales considera que en el demandado concurren los supuestos de hecho que consagra la norma citada, y que a su juicio determinan que aquel deba ser despojado de su investidura de Concejal.
Si bien es cierto que en la demanda no haya un acápite destinado exclusivamente a enunciar la causal por la cual se solicita la pérdida de investidura y desarrollar su explicación, no lo es menos que a lo largo del escrito presentado, la parte demandante expresa claramente las razones por las cuales estima que se configura la causal de inhabilidad que estatuye la precitada disposición, argumentos con los cuales el demandado puede no estar de acuerdo, pero que en criterio de esta Corporación satisfacen la exigencia que contempla el literal c) del artículo 4° de la Ley 144 de 1994.
Es de señalar que por tratarse de una acción pública, la solicitud de pérdida de investidura puede ser elevada por cualquier ciudadano, evento en el cual debe cumplirse, entre otros, el requisito de una debida explicación de la causal endilgada. Esta exigencia, según lo ha interpretado la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad que es traída a colación por la parte demandada al fundamentar su excepción, no se encuentra referida a desplegar una argumentación de nivel o características profesionales propias del área jurídica. Lo que se requiere, según ha precisado el Alto Tribunal, es que además de una relación de hechos, se indiquen las razones por las cuales los mismos se constituyen en causal para solicitar el levantamiento de la investidura.
Dichas exigencias, como se indicó, las cumple la solicitud presentada por el señor Miguel Albinci Calderón Calderón, lo cual ha permitido a la parte demandada, ejercer en debida forma su derecho de defensa, como se desprende del escrito de contestación a la demanda y demás actuaciones surtidas dentro del presente trámite.
Con fundamento en los argumentos que anteceden, la Sala concluye que la exceptiva propuesta no está llamada a prosperar. (…)».
Se refirió después a la ineptitud sustancial de la demanda por falta de concepto de violación de las normas en que debía fundarse, declarando que la misma no tenía vocación de prosperidad, por cuanto:
«(…) De acuerdo con lo expuesto surge con claridad que los requisitos de la solicitud de pérdida de investidura de Concejales deben analizarse a la luz de la regulación especial que contiene el artículo 4° de la Ley 144 de 1994, y no de las exigencias que contempla el artículo 162 del CPACA, pues esta última disposición está llamada a surtir efectos dentro del proceso contencioso administrativo, previsto para aquellos litigios que no tienen establecido un trámite o procedimiento especial.
Como quiera que en el presente asunto la demanda radicada por el ciudadano Miguel Albinci Calderón Calderón cumple con todos y cada uno de los requisitos descritos en el artículo 4° de la Ley 144 de 1994, era procedente disponer su admisión, como en efecto se hizo por parte del Magistrado Sustanciador, pues no podía ni debía exigirse al solicitante que acreditara requisitos ajenos al procedimiento especial estatuido por el legislador para el trámite de la pérdida de investidura, como es el caso de la exigencia que contempla el numeral 4° del artículo 162 del CPACA, que echa de menos la parte demandada.
Vale la pena indicar que el requisito que establece el numeral 4° del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentra referido a que en toda demanda en la que se impugne un acto administrativo deben indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación, condicionamiento que, como es obvio, no podría predicarse de la solicitud de pérdida de investidura incoada, pues a través de este mecanismo no se persigue la declaratoria de nulidad de acto administrativo alguno, sino la sanción para aquellos miembros de las Corporaciones Públicas que incurran en alguna de las causales descritas de manera taxativa por el Legislador, consistente en la separación definitiva de sus funciones y el impedimento permanente para ocupar cargos de igual naturaleza. (…)».
Posteriormente, desató la alegada ineptitud sustancial de la demanda por falta de agotamiento de requisito de procedibilidad de haberse presentado la presunta inhabilidad, estableciendo que la misma era impróspera, toda vez que:
«(…) La Sala debe precisar que al respecto que el requisito de procedibilidad al que hace referencia el numeral 6° del artículo 161 del CPACA, se encuentra establecido como una condición previa para demandar mediante el ejercicio del medio de control de nulidad electoral, aquellos actos de elección originados en el voto popular, cuando las causales que se alegan son las establecidas en los numerales 3° y 4° del artículo 275 de dicho estatuto, pero no como presupuesto para promover el medio de control de pérdida de investidura de que trata el artículo 143 ibídem.
Si bien la pérdida de investidura y la nulidad electoral, pueden iniciarse contra la misma persona, e incluso con base en la misma causal de inhabilidad; la jurisprudencia ha precisado que se trata de acciones autónomas e independientes, con objetos, finalidades y particularidades propias. En este sentido se ha señalado que mientras que la acción electoral se orienta a preservar la pureza del sufragio y al mantenimiento de la legalidad de los actos de elección, la acción de pérdida de investidura, tiene como finalidad sancionar al elegido por la incursión en conductas que contrarían su investidura, como lo son la trasgresión del régimen de inhabilidades y conflicto de intereses.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el procedimiento de naturaleza especial que rige el presente trámite de pérdida de investidura, no establece el requisito de procedibilidad al que alude la parte pasiva al formular la excepción, forzoso es concluir que la excepción formulada tampoco está llamada a prosperar. (…)».
Descendió al estudio del caso concreto, planteando el problema jurídico, en la siguiente forma:
«(…) 4. Problema Jurídico (…) Conforme a los hechos en los cuales se fundamenta la solicitud de pérdida de investidura, el problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto se circunscribe a establecer si dentro de los 12 meses anteriores a su elección como Concejal del Municipio de Cota – Cundinamarca, el señor Marco Antonio Umaña Sierra ejerció como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar en dicha municipalidad, y si se encontraba incurso por tanto en la causa de inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. (…)»
A partir de las pruebas que obraban en el proceso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca constató que el señor Marco Antonio Umaña Sierra desempeñó el cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, en la Alcaldía del municipio de Cota (Cundinamarca) a partir del 21 de junio de 2012 y hasta el 16 de junio de 2015.
Así mismo que durante el ejercicio del citado cargo, el demandado fue encargado de las funciones del empleo de Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde, Código 438, Grado 01, desde el 21 de abril de 2014 hasta el 23 de abril del mismo año y, posteriormente, de las funciones del cargo de Secretario de Desarrollo Social, Código 020, Grado 03, desde el 16 de junio de 2014 hasta el 30 de junio del mismo año, en tanto que mediante la Resolución núm. 110.64.0278 del 27 de junio de 2014 se interrumpieron las vacaciones concedidas a la titular de ese despacho y se dispuso su reintegro a las funciones a partir del 1 de julio de 2014.
Teniendo en cuenta que el demandado fue elegido concejal del municipio de Cota (Cundinamarca) en las elecciones realizadas el día 25 de octubre de 2015, la primera instancia encontró que:
«(…) si se contabiliza el tiempo transcurrido entre la finalización del primer encargo del que fue objeto el demandado – veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014) – y la fecha en que de acuerdo con la documentación aportada se verificó la elección de aquel como Concejal del Municipio de Cota – veinticinco (25) de octubre de dos mil quince (2015) -. Se logra establecer que transcurrieron en total de 18 meses y 2 días, es decir, un término superior al que consagra el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 para que se configure la causal allí establecida.
A la misma conclusión arriba la Sala si se toma en consideración la fecha en que culminó el segundo encargo del señor Marco Antonio Umaña Sierra – treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014) – y la fecha en que aquel resultó electo como miembro del Concejo Municipal de Cota, pues el tiempo que discurre entre uno y otro momento corresponde a 15 meses y 25 días, esto es, más de los 12 meses que la precitada norma señala como presupuesto para que se estructure dicha inhabilidad.
Debe señalar la Corporación que aún si se tuviera en cuenta como fecha de finalización del encargo de las funciones del empleo de Secretario de Desarrollo Social el día veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), como se indica en la certificación del trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016) que obra en la hoja de vida del demandado, de todas maneras tampoco se configuraría el requisito temporal a que se refiere la normativa ya citada, pues desde este momento y hasta la elección del señor Marco Antonio Umaña Sierra como Concejal de Cota, habrían transcurrido 15 meses y 29 días.
De acuerdo con lo expuesto para la Sala es claro que los supuestos de hecho que consagra el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 no se configuran para el caso concreto, pues incluso considerando que los cargos de Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde, código 438, grado 01 y Secretario de Desarrollo Social, código 020, grado 03 – cuyas funciones ejerció temporalmente el demandado en virtud de la figura del encargo – constituyen cargos que implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa dentro del Municipio de Cota, lo cierto es que entre el ejercicio de las funciones propias de dichos empleos y la elección del señor Umaña Sierra como Concejal de la referida entidad territorial, transcurrió un término superior al que se encuentra previsto en la causal de inhabilidad endilgada.
De otra parte, la Sala encuentra pertinente indicar que el lapso de 12 meses que consagra la pluricitada norma no puede contabilizarse, como se sugiere en la demanda, a partir del dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), último día de vinculación del demandado en el cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 02, pues se advierte que respecto de tal empleo no es posible predicar jurisdicción o autoridad civil, política o administrativa.
En primer lugar porque se trata de un cargo del nivel profesional, cuyo propósito principal es la ejecución de funciones de coordinación, supervisión, control y ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, según aparece definido en el respectivo manual específico de funciones y competencias laborales al cual hace referencia la certificación emanada de la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Cota, aludida en el acápite anterior.
Adicionalmente porque las funciones que corresponden al cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 02 y que aparecen detalladas en la certificación ya mencionada, no se traducen en el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa como lo exige el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Concretamente en cuanto a las funciones a que hace referencia la parte demandante en el escrito de alegaciones finales, la Sala encuentra pertinente indicar lo siguiente:
Si bien el cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 02, tiene asignada la función de “promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo internacionales que sean de su competencia” ello no implica que a dicho empleo se encuentre atribuida una facultad de mando orientada a fijar políticas o directrices dentro del Municipio de Cota, ni tampoco para expedir actos u órdenes que estén llamados a ser cumplidos en forma obligatoria por subalternos o por particulares y cuya ejecución pueda hacerse efectiva mediante la imposición de sanciones y otras formas de coacción.
Vale la pena precisar en este punto que la adopción de políticas institucionales y la definición de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico, social, ambiental, y de infraestructura que se deben adelantar en el Municipio de Cota para el logro de su misión y los objetivos del Gobierno Municipal, son funciones que según el Decreto No. 13 del 31 de enero de 2009, contentivo del manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal del nivel central de la Alcaldía de Cota, se encuentran reservadas a cargos del nivel directivo, tales como el de Alcalde y Secretario de Despacho, correspondiendo al Profesional Universitario 219-02 tan sólo una labor de promoción, gestión, coordinación y verificación de la ejecución de tales planes, programas y proyectos, como se desprende de la función previamente transcrita.
Y respecto de la función relativa a “promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar las actividades tendientes a la consecución de recursos a través de convenios interadministrativos, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, del adulto mayor, la mujer cabeza de familia y los discapacitados del municipio”, la Sala advierte que esta competencia otorgada al cargo de Profesional Universitario 219-02 no comporta poder decisorio en cuanto a la consecución de recursos, y tampoco supone una autorización para la celebración de contratos o convenios, ni para ordenar gastos con cargo a fondos municipales, razón por la cual no estarían dados los presupuestos que consagra el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, para predicar el ejercicio de autoridad administrativa.
Se resalta que en los términos del Decreto 13 de 2009, la facultad de ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales, está a cargo del Alcalde del Municipio de Cota, la cual debe ser ejercida de acuerdo con el plan de desarrollo económico y social, así como el presupuesto y las normas jurídicas aplicables. (…)».
4.- El recurso de apelación presentado por la parte demandante
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la parte demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque dicha providencia y, en su lugar, se decrete la pérdida de la investidura que ostenta el señor Marco Antonio Umaña Sierra, como concejal del municipio de Cota (Cundinamarca).
En efecto, el demandante considera que la sentencia de primera instancia desconoció la jurisprudencia de esta Corporación al no realizar un análisis profundo de las funciones que desempeñaba el señor Marco Antonio Umaña Sierra como servidor público de la Alcaldía del municipio de Cota (Cundinamarca) en los meses anteriores a su elección.
Así mismo, subraya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió realizar una valoración en conjunto de las pruebas aportadas en la medida en que se limitó:
«(…) a realizar su planteamiento sobre el cargo de profesional universitario pero no analizó que el mismo depende del despacho del alcalde, que el señor Umaña se desempeñó como secretario de desarrollo social (sic) y por ende es directa la relación entre estos dos cargos, además de no tener en cuenta que los otros cargos por él desempeñados también constituían el ejercicio de autoridad administrativa (…) Si bien es cierto que la denominación del empleo profesional universitario no se encuentra previsto como un cargo de dirección y manejo, las funciones desempeñadas en el caso específico destacan el nivel de injerencia en las decisiones respecto de la inversión de recursos y la ejecución de proyectos en cabeza de la secretaría de desarrollo social, secretaría en la cual el suscrito concejal se desempeñó como secretario, en tal virtud se realizará un análisis de la causal [d]e inhabilidad sobre la cual se edifica la petición de pérdida de investidura, así: (…)
Al analizar, entonces, las funciones propias del empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, conforme a la Resolución 470 del 25 de junio de 2013, destaca que el empleo pertenece a la planta globalizada de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca) y depende del Despacho del Alcalde por lo que, siguiendo el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, es un cargo de libre nombramiento y remoción comprendido en el literal b de la citada norma, señalando, adicionalmente, que:
«(…) Revisadas las funciones para este empleo, tenemos que el mismo no es únicamente un cargo de carácter asistencial sino que comporta el carácter de autoridad administrativa de acuerdo con el grado de una injerencia en ejercicio de sus funciones como representante del ordenador del gasto en la gestión, dado que su empleo depende de este y aunado a ello se encuentran a él encomendadas las gestiones de coordinación, evaluación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo social, máxime cuando también se le confiere la función de consecución de recursos a través de convenios interadministrativos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, entre otras de especial importancia previstas para el ejercicio de este empleo, tanto así que pertenece a los cargos del despacho del alcalde municipal y este es su representante ante la Secretaría de Desarrollo Social de la cual en fecha anterior fue encargado.
Por tanto, en ejercicio de las funciones de este empleo y la materialización de los fines misionales que a diario desempeñó como profesional universitario adscrito al despacho del alcalde municipal de Cota, es dable afirmar que el concejal Umaña ejerció como autoridad política, civil y administrativa del municipio.
Conforme a las funciones del cargo, el Concejal siendo empleado público de la alcaldía, tenía mando e injerencia en la implementación de proyectos en la comunidad, lo que le dio una posición preferencial respecto a los otros candidatos al Concejo Municipal de Cota.
Para el caso bajo estudio, se requiere que la autoridad administrativa que se predica se haya desplegado en el territorio del municipio de Cota, lugar donde se efectuó la elección al Concejo Municipal. Bajo este entendido, queda demostrado que en el asunto se logra acreditar la configuración de los tres factores o supuestos necesarios para estructurarse la inhabilidad para ser Concejal.
(…)
Para el caso específico las funciones asignadas en el último empleo ocupado por el concejal Umaña un año atrás a su elección dentro de la administración municipal de Cota se encaminaron a la ejecución de políticas, planes, proyectos y labores cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, situación que tiene injerencia respecto del electorado pues con lo decidido por dicho funcionario puede beneficiar o no a un conglomerado de habitantes.
Aunado a ello, dentro de sus funciones estaba la coordinación junto con el alcalde de la asesoría y asignación de recursos que contribuyan al logro de los objetivos que sobre desarrollo social se promueven en el municipio, lo cual le da facultades de autoridad administrativa, por ende, debe tenerse en cuenta que desarrollo social es la dependencia más amplia en cuanto a personal a cargo dentro de la administración así como de personas vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios.
Los demás empleos por el ocupados como Secretario del Despacho del Alcalde y Secretario de Desarrollo Social ejercidos días atrás a los 12 meses de su elección como concejal del Municipio de Cota, dejan entrever los fuertes lazos de amistas, confianza e injerencia que este tenía sobre el Alcalde Municipal, quien depositó en múltiples oportunidades su confianza para que este desempeñara cargos directivos que también están dentro de aquellos definidos como autoridad en el artículo 188 de la Ley 136 de 1994 (…)».
5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del agente del Ministerio Público
Mediante el auto del 19 de diciembre de 2016, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia y ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos y al agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.
5.1.- Los alegatos de conclusión formulados por la parte demandada
Solo la parte demandada presentó sus alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos esgrimidos a lo largo del proceso, solicitando la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Al respecto resaltó que el cargo de profesional universitario que ostentó el demandado, no es un cargo de dirección y confianza ni pertenece al nivel directivo, por lo que no estaría incurso en la inhabilidad que se le endilga, en la medida en que el desarrollo de las funciones del citado empleo no comporta el ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa.
5.2.- El concepto del agente del Ministerio Público
Por su parte, el agente del Ministerio Público intervino en esta instancia mediante escrito del 23 de febrero de 2017, en el que solicitó, luego de un estudio integral del proceso judicial, la confirmación de la sentencia de primera instancia, por compartir, en su integridad, los argumentos esgrimidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Así, manifestó que:
«(…) En este contexto, esta Agencia del Ministerio Público comparte el criterio del A-quo en el sentido de que los supuestos de hecho que consagra el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 no se configuran para el caso concreto, pues incluso considerando que los cargos de Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde, código 438, grado 01 y Secretario de Desarrollo Social, código 020, grado 03 – cuyas funciones ejerció temporalmente el demandado en virtud de la figura del encargo – constituyen cargos que implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa dentro del Municipio de Cota; lo cierto es que, entre el ejercicio de las funciones propias de dichos empleos y la elección del señor Umaña Sierra como Concejal de la referida entidad territorial, transcurrió un término superior al que se encuentra previsto en la causal de inhabilidad endilgada.
De otro lado, el lapso de 12 meses que consagra la mencionada norma no puede contabilizarse, como se sugiere en la demanda, a partir del dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015), último día de vinculación del demandado en el cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 02, por la potísima razón que respecto de tal empleo, no es posible predicar jurisdicción o autoridad civil, política o administrativa, por lo siguiente:
Se trata de un cargo del nivel profesional, cuyo propósito principal es la ejecución de funciones de coordinación, supervisión, control y ejecución de planes, programas y proyectos institucionales, según aparece definido en el respectivo manual específico de funciones y competencias laborales al cual hace referencia la certificación emanada de la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de Cota, (fls. 287 – 293). Y porque las funciones que corresponde al cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 02 y que aparecen detalladas en la certificación ya mencionada, no se traducen en el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa como lo exige el numeral 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 (…)»
II.- Consideraciones de la Sala
1.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Reposa en el expediente el formato E-27 (fol. 28, cuaderno principal), mediante el cual los miembros de la comisión escrutadora municipal declaran que el demandado, Marco Antonio Umaña Sierra, fue elegido concejal por el municipio de Cota (Cundinamarca) para el período 2016-2019 y, en consecuencia, le expiden la correspondiente credencial.
Además, se encuentra el acta núm. 1000-01.3-1 que da cuenta de la instalación del concejo municipal de Cota (Cundinamarca) que se llevó a cabo el día 1 de enero de 2016 y en la que tomaron posesión los concejales de ese municipio para el período 2016-2019, incluyendo el demandado (fol. 29-35, cuaderno principal).
Lo anterior es confirmado con la certificación expedida por el presidente del Concejo del municipio de Cota (Cundinamarca), Pablo Virgilio González Romero, en el que manifiesta que el señor Marco Antonio Umaña Sierra, «(…) ejerce su calidad de Concejal del municipio de Cota Cundinamarca a partir del día 01 de Enero del año 2016, y en la actualidad se encuentra ejerciendo su función como Concejal del municipio de Cota (…)» (fol. 289, cuaderno principal).
Finalmente, fue aportado al expediente el formato E-26 (fol. 340-341, cuaderno principal) por el cual se declara la elección de los concejales del municipio de Cota (Cundinamarca) para el período 2016-2019, en el proceso electoral llevado a cabo el día 25 de octubre de 2015, dentro de los que se encuentra el señor Marco Antonio Umaña Sierra.
Así las cosas, el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura, al encontrarse acreditada su elección y posesión como concejal del municipio de Cota (Cundinamarca) para el período 2016-2019.
2.- La causal de pérdida de investidura que se le endilga al señor Marco Antonio Umaña Sierra
Conforme a la demanda de pérdida de investidura presentada por el señor Miguel Albinci Calderón Calderón, al demandado se le atribuye haber violado el régimen de inhabilidades previsto para los concejales, por haber incurrido en la conducta prevista en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617, esto es, por haber ejercido, como empleado público y dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, causal de pérdida de investidura por virtud del núm. 6 del artículo 48 de la Ley 617, en consonancia con el núm. 2 del artículo 55 de la Ley 136. La mencionada disposición es del siguiente tenor:
«(…) ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. (…)»
2.1.- La configuración de la inhabilidad prevista en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617, causal de pérdida de investidura para los concejales por virtud del núm. 6 del artículo 48 de la Ley 617, en consonancia con el núm. 2 del artículo 55 de la Ley 136
Inicialmente debe advertirse que esta Sala, en decisiones judiciales precedentes, ha concluido que la violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales, es causal de pérdida de investidura. Así, en la sentencia del 14 de julio de 2016, se reiteró dicha posición, en la siguiente forma:
«La Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia de 28 de julio de 2002 sostuvo que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no contiene la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, no significa que ésta haya sido suprimida, pues el numeral 6º ibídem establece la posibilidad de que otras normas también consagren causales de pérdida de investidura.
Dijo la Sala:
«Teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló “íntegramente” lo relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando en el numeral 6 dispuso que se perdería la investidura: “por las demás causales expresamente previstas en la ley”. Tal regulación reconoce de manera expresa la vigencia, y por ende, la obligatoriedad de lo que otras leyes señalan al respecto. Y es preciso tener en cuenta que la Ley 617 de 2000, como ya se advirtió, sólo introdujo cambios parciales al Código de Régimen Municipal, pues no se trató de una derogatoria total ni de una “sustitución en bloque”, aspecto en el que resulta muy ilustrativo su título o encabezamiento en el que se precisa su alcance así: “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994...”. Como no existe razón meritoria que induzca a una consideración distinta, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, exégesis que habrá de orientar la definición de esta litis.»
Así, tratándose de la imputación de una causal de inhabilidad, la Sala pasa a considerarla.»
Atendiendo la posición de esta Sala, la cual no es objeto de debate en el presente proceso judicial, resulta procedente el análisis del reproche formulado en contra de la sentencia de primera instancia.
Para la configuración de esta inhabilidad, es necesaria la concurrencia de los siguientes supuestos, a saber:
«(…) La inhabilidad endilgada al demandado exige unos supuestos a saber: (i) que el candidato al Concejo haya ejercido como empleado público; (ii) que en su condición de empleado público ejerza jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, (iii) que el ejercicio de tales funciones se hayan realizado durante el año anterior a la elección como concejal, y (iv) que el ejercicio del cargo se lleve a cabo en el respectivo municipio (…)»
2.1.1.- En relación con el primer supuesto, esto es, que el candidato al concejo haya ejercido como empleado público, dentro del expediente reposa copia del Decreto 0075 del 21 de junio de 2012 (fol. 4, 80 y 320, cuaderno principal), expedido por el Alcalde del municipio de Cota (Cundinamarca) el cual dispuso:
«(…) ARTÍCULO PRIMERO: Nombrase a partir de la fecha al Doctor MARCO ANTONIO UMAÑA SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía número 80.549.331 expedida en Zipaquirá, en el cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional Código 219, Grado 02, cargo de libre nombramiento y remoción. (…)».
El demandado tomó posesión del cargo el día 21 de junio de 2012, conforme consta en el acta de posesión (fol. 12, 79 y 319, cuaderno principal).
Posteriormente, el 1 de junio de 2015, el señor Marco Antonio Umaña Sierra presentó su renuncia (fol. 135 y 375, cuaderno principal) al cargo que venía desempeñando como «(…) profesional universitario, Nivel profesional código 219, grado 02 (…)», la cual fue aceptada mediante el Decreto núm. 100.25.00056 del 16 de junio de 2015 (fol. 136 y 376, cuaderno principal), así:
«(…) ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia del funcionario MARCO ANTONIO UMAÑA SIERRA al cargo de profesional universitario, código 19, grado 02, empleo de libre nombramiento y remoción dependiente del despacho, a partir de la fecha (…)».
Lo anterior es confirmado por la certificación expedida por directora de Talento Humano de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca), Carime Patricia Tamara de la Ossa, allegada al expediente como anexo al oficio núm. 120.73.010303, radicado en Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de agosto de 2016 (fol. 287, cuaderno principal), cuyo contenido es el siguiente:
«(…) Que mediante Decreto No. 0075 del 21 de junio de 2012 fue nombrado en el cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 02, cargo de libre nombramiento y remoción, desde el 21 de junio de 2012 hasta el 16 de junio de 2015, fecha en la cual por medio del Decreto No. 100.25.00056 de la misma fecha se aceptó su renuncia (…)»
El demandado, entonces, ostentó la condición de empleado público entre el día 25 de octubre de 2014 hasta el día 16 de junio de 2015 (fecha en la que le fue aceptada su renuncia), esto es, dentro del año anterior a las elecciones para elegir a los concejales del municipio de Cota (Cundinamarca) para el período 2016-2019, que se desarrollaron el día 25 de octubre de 2015. No sobra advertir que el término previsto en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 corrió, en el presente caso, desde el 25 de octubre de 2014 hasta el citado 25 de octubre de 2015.
2.1.2.- El segundo supuesto previsto en el citado núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617 es el consistente en que en su condición de empleado público, el demandado hubiera ejercido jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar.
Es este punto en el que el apelante centra su inconformidad con la sentencia de primera instancia. Inicialmente indica que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no analizó que el cargo de profesional universitario depende del despacho del alcalde y agrega que:
«(…) el señor Umaña se desempeñó como secretario de desarrollo social (sic) y por ende es directa la relación entre estos dos cargos, además de no tener en cuenta que los otros cargos por él desempeñados también constituían el ejercicio de autoridad administrativa. (…)».
Posteriormente, concluyó del estudio de las funciones del empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02 que en desarrollo del mismo el demandante ejerció autoridad política, civil y administrativa, en la medida en que tenía mando e injerencia en la implementación de proyectos en la comunidad, lo que le dio una posición preferencial respecto a los otros candidatos al Concejo Municipal de Cota. En relación con el ejercicio de la autoridad administrativa, manifestó que:
«(…) de acuerdo con el grado de una injerencia en ejercicio de sus funciones como representante del ordenador del gasto en la gestión, dado que su empleo depende de este y aunado a ello se encuentran a él encomendadas las gestiones de coordinación, evaluación y ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo social, máxime cuando también se le confiere la función de consecución de recursos a través de convenios interadministrativos tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables, entre otras de especial importancia previstas para el ejercicio de este empleo, tanto así que pertenece a los cargos del despacho del alcalde municipal y este es su representante ante la Secretaría de Desarrollo Social de la cual en fecha anterior fue encargado (…)»
Para el desarrollo de las acusaciones formuladas en contra de la sentencia de primera instancia debe indicarse, inicialmente, que de acuerdo con la certificación expedida por la directora de Talento Humano de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca), Carime Patricia Tamara de la Ossa, documento anexo a la comunicación núm. 120.73.010303, radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 26 de agosto de 2016 (fol. 286-293, cuaderno principal), el demandante desempeñó, en encargo, la funciones de Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde, Código 438, Grado 01 de la planta globalizada de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca), nombramiento que se le hizo mediante el Decreto núm. 100.25.00051 del 21 de abril de 2014, desde «(…) el 21 de abril de 2014 hasta el 23 de abril de 2014 (…)» (fol. 289, cuaderno principal).
Luego, según dicha certificación, fue encargado de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca), nombramiento que se le hizo mediante el Decreto núm. 100.25.0066 del 13 de junio de 2014, «(…) a partir del 16 de junio de 2014 hasta el día 30 de junio de 2014 (…)» (fol. 291, cuaderno principal).
Si tenemos en cuenta que el término previsto en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 corrió, en el presente caso, desde el 25 de octubre de 2014 hasta el citado 25 de octubre de 2015, y si se considerara, en gracia de discusión, que el ejercicio de las funciones de dichos cargos implica el ejercicio de autoridad política, civil y administrativa, lo cierto es que el demandado, Marco Antonio Umaña Sierra, ejerció tales atribuciones por fuera del período señalado en la mencionada disposición legal, por lo que se comparten las apreciaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al señalar lo siguiente:
«(…) De acuerdo con lo expuesto para la Sala es claro que los supuestos de hecho que consagra el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 no se configuran para el caso concreto, pues incluso considerando que los cargos de Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde, código 438, grado 01 y Secretario de Desarrollo Social, código 020, grado 03 – cuyas funciones ejerció temporalmente el demandado en virtud de la figura del encargo – constituyen cargos que implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa dentro del Municipio de Cota, lo cierto es que entre el ejercicio de las funciones propias de dichos empleos y la elección del señor Umaña Sierra como Concejal de la referida entidad territorial, transcurrió un término superior al que se encuentra previsto en la causal de inhabilidad endilgada (…)».
Tratándose del ejercicio de la autoridad civil y administrativa que se le atribuye al demandado, Marco Antonio Umaña Sierra, al encontrarse vinculado a la administración del municipio de Cota (Cundinamarca) como Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 02, esta Sala, en relación con los conceptos de autoridad civil y administrativa, ha precisado lo siguiente:
«(…) En torno al tema, esta Corporación, en sentencia de 16 de noviembre de 2011, hizo las siguientes precisiones que, por su importancia y pertinencia, se reiteran en esta oportunidad:
“… 3.2. Segundo requisito: Que el pariente del aspirante al Congreso ejerza “autoridad civil o política”.
… Esta Corporación, en una providencia más reciente, reiteró algunas ideas de las que se vienen destacando –el concepto de autoridad, la relación de género a especie que existe entre la autoridad civil y la administrativa, el apoyo normativo que brinda el art. 188 de la ley 136-, pero agregó que la autoridad civil no sólo se ejerce sobre los ciudadanos, sino que tiene, además de esa expresión exógena, una manifestación endógena, es decir, el ejercicio, al interior de la propia administración, del poder de mando y dirección. Sobre el particular se puntualizó:
“Los referentes normativos más cercanos que se tienen en el ordenamiento jurídico para comprender los conceptos de autoridad civil, política o administrativa, y que pueden ser empleados por vía analógica, están dados por la Ley 136 del 2 de junio de 1994 ‘Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios’, donde el legislador previó: (…)
Como se logrará advertir, cada una de las modalidades de autoridad que tiene previstas la Ley 136 de 1994 viene caracterizada por el poder de decisión que algunos funcionarios, no todos, de la administración pública ostentan para distintos fines; la regla general es que son pocos los empleados públicos a quienes sus funciones les permiten el ejercicio de autoridad, determinada en algunos casos por un aspecto funcional, esto es por las competencias que constitucional o legalmente les hayan sido asignadas, y en otros por un criterio orgánico, pues será su ubicación en la estructura administrativa la que dirá si el servidor público está investido de autoridad o no.
“Así, por ejemplo, la autoridad civil es caracterizada por el legislador porque el empleado público está investido de capacidad legal y reglamentaria para emplear el poder público ‘en función de mando’ con el propósito de desarrollar los altos fines perseguidos por la ley, y en caso de desacato por el destinatario de la respectiva orden, hacerse obedecer con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario. De igual forma al ejemplificar el artículo 188 la autoridad civil cuando se ejerce el poder de nominación, bien para designar o ya para remover libremente a los empleados de su dependencia, o cuando se ejerce la potestad disciplinaria sobre los empleados, se logra entender que la autoridad civil tiene un reflejo endógeno y otro reflejo exógeno; por el primero se comprende el ejercicio de esa potestad intraorgánicamente, cuando el funcionario público la emplea respecto de los empleados bajo su dirección, o también cuando entra a disciplinarlos por la realización de una conducta tipificada en el ordenamiento disciplinario; y el reflejo exógeno de la autoridad civil es la manifestación de la voluntad de la administración teniendo como destinatarios a personas ajenas a la administración, como cuando a través de actos administrativos se imparten órdenes a terceros o se les imponen sanciones por no dar cumplimiento a esos mandatos de actuación o de abstención. (…)
“Y, en lo atinente a la autoridad administrativa ella es definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no solo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenar el gasto, decidir situaciones administrativas laborales e investigar faltas disciplinarias). Con todo, si se detallan los alcances de la autoridad administrativa frente a los de la autoridad civil, se podrá inferir que las competencias de la primera están inmersas en las competencias de la última, la que además puede proyectarse externamente, hacia los particulares, de modo que pueda recurrirse a la compulsión o a la coacción con el concurso de la fuerza pública.” (Negrillas fuera de texto)
Recientemente la Sala Plena analizó una vez más el tema, y concluyó, retomando la historia de este concepto –sentencia del 11 de febrero de 2008, exp. 11001-03-15-000-2007-00287-00-, que: “De las distintas nociones de autoridad civil que a lo largo de estos años ha empleado la Sala, no cabe duda, por lo inocultable, que se carece de un criterio unificado al respecto. Incluso, y peor aún, algunos de los sentidos utilizados son contradictorios en ciertas vertientes de su contenido. Por esta razón, se necesita consolidar el sentido y alcance de este concepto.
(…)
“En tercer lugar, y ya en sentido positivo, considera la Sala que la remisión que se ha hecho al artículo 188 de la ley 136 de 1994, para construir en parte el concepto de autoridad civil –donde se incluye la potestad de nombrar y remover funcionarios, así como la de sancionarlos, e igualmente la potestad de mando e imposición sobre los particulares-, ha significado un recurso interpretativo válido, pues existiendo en la ley esta noción, que por cierto no contraviene la Constitución, resulta adecuado servirse de ella para entender que por lo menos en eso consiste la autoridad civil.
(…)
“Estima la Corporación que la autoridad civil, para los efectos del artículo 179.5 CP., es una especie de la autoridad pública –como lo es la jurisdiccional, la política, la militar, la administrativa, entre otras-, y consiste en el ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante típicos actos de autoridad, así como a través de la definición de la orientación de una organización pública, y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general –expresión exógena de la autoridad civil- como al interior de la organización estatal –expresión endógena de la autoridad civil-.
“En esta medida, es claro que si bien el artículo 188 ayuda bastante en la tarea de hallar el sentido mismo de esta forma de autoridad, también es cierto que dicho concepto es algo más que eso, aunque la norma contiene el reducto mínimo de aquella. En tal caso, para la Sala, este tipo de autoridad hace referencia, además de lo que expresa dicha norma, a la potestad de dirección y/o mando que tiene un funcionario sobre los ciudadanos, lo que se refleja en la posibilidad –no necesariamente en el ejercicio efectivo- de impartir órdenes, instrucciones, o de adoptar medidas coercitivas, bien de carácter general o particular, de obligatorio acatamiento para éstos.
“En tal sentido, la autoridad civil suele expresarse a través de i) la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o ii) de la ejecución de las mismas. Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a cargo-, sino de aquella que determinan originariamente el modo de obrar mismo del Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad, y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública.”
De lo que ha quedado reseñado, se concluye que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, precisó que la autoridad civil se expresa por medio de i) la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o ii) por la ejecución de las mismas. Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a cargo-, sino de aquellas que determinan originariamente el modo de obrar mismo del Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad, y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública.
Asimismo, concluyó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo que la “autoridad administrativa” está definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no solo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenación del gasto, decisión de situaciones administrativas laborales e investigación de faltas disciplinarias). Con todo, si se detallan los alcances de la autoridad administrativa frente a los de la autoridad civil, se podrá inferir que las competencias de la primera están inmersas en las competencias de la última, la que además puede proyectarse externamente, hacia los particulares, de modo que pueda recurrirse a la compulsión o a la coacción con el concurso de la fuerza pública.
Igualmente, se ha advertido que la determinación en cada caso concreto de si un servidor público ejerce o no autoridad civil, debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su cargo y así se podrá establecer el tipo de poderes que ejerce y las sujeciones a las cuales quedan sometidos los particulares. Si dichas potestades revisten una naturaleza tal que su ejercicio permita tener influencia en el electorado, las mismas configuran la autoridad civil que reclama la Constitución para la estructuración de la causal de inhabilidad de que se trata. En consecuencia, lo que pretende la institución constitucional es impedir que la influencia sobre el electorado proveniente del poder del Estado se pueda utilizar en provecho propio o en beneficio de parientes o allegados. (…)»
Realizadas las precisiones anteriores y teniendo en cuenta que el cargo que ostenta el demandado, Marco Antonio Umaña Sierra, no es de aquellos a los que se refiere el artículo 190 de la Ley 136, esto es, «(…) además del alcalde (…) los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales (…)» (criterio orgánico), deberá indagarse si las funciones propias del cargo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 02, le permite el ejercicio de autoridad civil o administrativa, conforme los artículos 188 y 190 de la Ley 136 (criterio funcional).
Con anterioridad a emprender el análisis propuesto, debe quedar claro que en relación con el ejercicio de las funciones del empleo de Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 02, por parte del demandado, Marco Antonio Umaña Sierra, el mismo no implica el ejercicio de autoridad política en la medida en que esta la ejerce:
«(…) el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política. (…) Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo (…)» (Artículo 189, Ley 136 de 1994).
Ahora bien, retomando el análisis de la cuestión debatida, debe subrayarse que las funciones del mencionado cargo fueron fijadas en el Decreto núm. 013 de 2009, expedido por el Alcalde de Cota (Cundinamarca) (fol. 193 y 287-288, cuaderno principal), en la siguiente forma:
«(…) II. NATURALEZA DEL EMPLEO Y PROPÓSITO PRINCIPAL (…) Es un empleo del nivel profesional encargado de la ejecución de funciones [de] coordinación, supervisión y control y ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar los conocimientos propios de su profesión en los procesos y procedimientos de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la dependencia.
2. Promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo social que se adelanten a través de entidades nacionales e internacionales y que sea de su competencia.
3. Promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar las actividades tendientes a la consecución de recursos a través de convenios interadministrativos, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, del adulto mayor, la mujer cabeza de familia y los discapacitados del Municipio.
4. Coordinar con las autoridades de planeación la elaboración de proyectos que en materia social ameriten ser presentados e inscritos en las respectivas entidades de cofinanciación del orden nacional y departamental.
5. Coordinar con el Alcalde Municipal la consecución de asesoría, transferencia de tecnología y asignación de recursos que contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo social que promueva el Municipio.
6. Coordinar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el establecimiento de los medios y mecanismos de divulgación e información necesarios para la difusión de los planes, programas, proyectos y eventos de salud, educación, vivienda de interés social y desarrollo social que sean de interés para la comunidad.
7. Diseñar e implementar y apoyar las metodologías y mecanismos para la identificación, factibilidad, viabilidad formulación y evaluación de los programas y proyectos ajustada a MGA establecidos por DNP y la Ley para tales efectos.
8. Realizar estudios de conveniencia y oportunidad.
9. Modificar crear y evaluar los bancos de proyectos del área.
10. Tramitar el pago de honorarios del personal del área que esta por OPS
11. Colaborar con los jefes de dependencia en la realización de estudios e investigaciones y diseño de sistemas e instrumentos normativos que requieran de sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la misión de la dependencia.
12. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la dependencia y sus diferentes áreas.
13. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los métodos y procedimientos administrativos establecidos.
14. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la dependencia.
15. Brindar asesoría en el área de desempeño, de acuerdo con las políticas y las disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas.
16. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia de acuerdo con las disposiciones y políticas del Municipio.
17. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.
18. Responder por resultados óptimos de gestión, dirección de personal, manejo de la información y relaciones internas y externas de trabajo, encaminados al mejoramiento continuo del clima organizacional.
19. Cumplir en el área de trabajo que se le asigne, las actividades específicas que le señale el superior jerárquico, acordes con la naturaleza del empleo y necesidad del servicio.
20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. (…)».
Dentro de las funciones detalladas anteriormente, no se le asigna al Profesional Universitario, Nivel Profesional, Código 219, Grado 02 que ejerció el demandado Marco Antonio Umaña Sierra, facultad alguna de las señaladas en el artículo 190 de la Ley 136, las cuales son indicativas del ejercicio de autoridad administrativa, esto es, las facultades de celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; y de investigar faltas disciplinarias.
En materia contractual, conforme las funciones que para dicho cargo contempla el Decreto núm. 013 de 2009, le está asignado únicamente la función de realizar estudios de conveniencia y oportunidad (núm. 8).
Solamente se le otorgaron facultades para que tramite el pago de honorarios del personal del área que esta por orden de prestación de servicios y para la labor de promoción, gestión, coordinación, evaluación y control de las actividades tendientes a la consecución de recursos a través de convenios interadministrativos, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, del adulto mayor, la mujer cabeza de familia y los discapacitados del Municipio, las cuales no implican la asignación de funciones en materia contractual o de manejo de personal de la Alcaldía de Cota (Cundinamarca).
El Decreto núm. 013 de 2009 reserva al Alcalde de Cota (Cundinamarca) la función de ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales (literal E., núm. 5), así como la posibilidad de ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia (literal E., núm. 11) y de velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales, dictando los actos necesarios para su administración (literal E., núm. 7).
Por otra parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, tal como se dijo líneas atrás, precisó que la autoridad civil se expresa por medio de la «(…) i) la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o ii) por la ejecución de las mismas. (…)», que fueron explicadas de la siguiente manera:
«(…) Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a cargo-, sino de aquellas que determinan originariamente el modo de obrar mismo del Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad, y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública (…)».
Contrario a lo manifestado por el apelante, la función de promover, gestionar, coordinar, evaluar y controlar las actividades tendientes a la consecución de recursos a través de convenios interadministrativos, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil, del adulto mayor, la mujer cabeza de familia y los discapacitados del Municipio prevista en el núm. 3 de las funciones asignadas al cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, no comporta un poder decisorio sobre los ciudadanos, los bienes del municipio ni sobre los sectores sociales y económicos.
La función asignada implica una labor de intermediación, con entidades estatales, a fin de que el ente territorial pueda obtener recursos por la vía de los convenios interadministrativos, para los propósitos indicados, proceso que debe desarrollarse por instrucciones de quien tiene a su cargo la función de celebrar esos convenios, esto es, el Alcalde de Cota (Cundinamarca) (literal E., núm. 5, Decreto núm. 013 de 2010), funcionario que materializa la citada labor de intermediación, por lo que el ejercicio de esta función no puede comportar el ejercicio de autoridad civil o administrativa.
3.- Conclusiones
De acuerdo con los razonamientos expuestos, esta Sala no encontró acreditado el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa por parte del señor Marco Antonio Umaña Sierra al desempeñarse en el empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02 de la planta de personal del municipio de Cota (Cundinamarca), supuesto necesario para la configuración de la inhabilidad prevista en el núm. 2 del artículo 40 de la Ley 617, esto es, por haber ejercido, como empleado público y dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, causal de pérdida de investidura por virtud del núm. 6 del artículo 48 de la Ley 617, en consonancia con el núm. 2 del artículo 55 de la Ley 136, por lo que resulta procedente la confirmación de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.
Artículo 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI). Actor: JAIRO NÚÑEZ MARTÍNEZ. Demandado: HERNAN TORRES SAENZ, Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL
Radicación 7177. Actor: Julio Vicente Niño Mateus. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E). Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 44001-23-33-002-2016-00114-01(PI). Actor: AMILCAR HERNANDO GÓMEZ TORO. Demandado: CHARLES DE JESÚS AGUILAR MEDINA. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – RIOHACHA (GUAJIRA). Referencia: No se da la violación al régimen de inhabilidades porque el cargo de docente de institución educativa pública no es de aquellos que implica el ejercicio de autoridad administrativa, civil o política en el respectivo municipio.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E). Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 44001-23-33-002-2016-00114-01(PI). Actor: AMILCAR HERNANDO GÓMEZ TORO. Demandado: CHARLES DE JESÚS AGUILAR MEDINA. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – RIOHACHA (GUAJIRA).
Expediente 2011-00515, Actor: MISAEL ELIAS NUÑEZ OCHOA, M.P. Dra. María Elizabeth García González.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2007. Exp. 00016.
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