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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00795-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00795-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2024-00795-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 680012333000202400795011
Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de enero de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

TESIS: NO SE CONFIGURA LA INHABILIDAD PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, DE LA LEY 136, EN CABEZA DE LA CONCEJAL
MUNICIPAL DE SAN GIL (SANTANDER), POR SER INTEGRANTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL,
EN REPRESENTACIÓN DE USUARIOS, DEBIDO A QUE NO ERA
EMPLEADA PÚBLICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 21 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, mediante la cual denegó la solicitud de
pérdida de investidura de la señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ
VARGAS, concejal del municipio de San Gil (Santander), por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00795 01
Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ,
actuando en nombre propio2, solicitó decretar la pérdida de la
investidura de la señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS,
concejal del municipio de San Gil (Santander), por hechos sucedidos
dentro del período constitucional 2024-2027, al considerar que
incurrió en la causal prevista el artículo 43, numeral 2, de la Ley 136
de 2 de junio de 19943, modificada por el artículo 40 de la Ley 617
de 6 de octubre de 20004, por violación al régimen de inhabilidades.
Asimismo, que también incurrió en la causal establecida en el artículo
45, numeral 5, de la Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley
617, por transgredir el régimen de incompatibilidades.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
la causal de desinvestidura alegada, por violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, se configura en atención a que la
señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS, al integrar la Junta
Directiva, en calidad de representante de los usuarios, de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, contaba con una ventaja
frente a los demás candidatos electorales.

Ello, por cuanto, el 22 de diciembre de 2022, la señora MÓNICA
DIANA HERNÁNDEZ VARGAS fue elegida representante de los

2 El solicitante presentó solicitud, que fue inadmitida mediante auto de 5 de diciembre de 2024.

Posteriormente, allegó memorial, por el cual subsanó y reformó la solicitud, la cual fue admitida por
auto de 11 de diciembre de 2024.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
DE SAN GIL.

Agregó que la accionada se postuló como candidata electoral del
partido Centro Democrático para las elecciones territoriales del
Concejo Municipal de San Gil (Santander), para el período
constitucional 2024-2027, en la cual el referido partido obtuvo dos
curules en la mencionada Corporación, asignadas a los señores
EDINSON RANGEL GUERRERO y ÁLVARO ENRIQUE MIRANDA
ROJAS.

Indicó que el 14 de agosto de 2024, el señor ÁLVARO ENRIQUE
MIRANDA ROJAS presentó renuncia irrevocable al cargo de
concejal municipal de San Gil (Santander) y, como consecuencia de
ello, el 4 de septiembre de 2024 la señora MÓNICA DIANA
HERNÁNDEZ VARGAS se posesionó como concejal municipal de ese
ente territorial, toda vez que ocupaba la siguiente posición en la lista
del partido Centro Democrático para ejercer ese cargo.

Señaló que la accionada contaba con una ventaja frente a los demás
candidatos al Concejo Municipal de San Gil (Santander), dado que,
en la época de elecciones, ella continuaba en el cargo de
representante de los usuarios y ejercía funciones ante la Junta
Directiva en la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL.

Expresó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado
que el régimen de inhabilidades debe verificarse al momento de la
elección y no al momento del llamado o de la posesión en el cargo.

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Manifestó que las inhabilidades han sido erigidas para garantizar la
pureza del proceso electoral de forma tal que quienes hacen parte de
este accedan en igualdad de condiciones, garantizando la prevalencia
de los intereses generales de la sociedad sobre los personales, sin
que, mínimamente, determinadas situaciones influyan en el
electorado.

Sostuvo que la accionada sí contaba con una ventaja sobre sobre los
demás candidatos al momento de las elecciones, lo cual demuestra
que existía incompatibilidad para ejercer el cargo de concejal; y que
no se garantizaron los intereses generales y la igualdad entre
candidatos, demostrando desventajas en el proceso electoral.

I.3.- La concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura, para lo cual propuso las
siguientes excepciones:

a) “Ausencia de concepto de violación del caso en concreto”, la cual
fundamentó en que el señor HELVER FERNANDO SÁNCHEZ
SUÁREZ, se limitó a transcribir normas, sentencias y a realizar un
recuento de hechos sin precisar cómo se configura la inhabilidad e
incompatibilidad alegadas, cuáles fueron los actos de la accionada
que las generaron, y la transgresión de sus derechos, motivo por el
cual el presupuesto de violación carece de existencia.

Anotó que si bien es cierto que fungió como representante de los
usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
DE SAN GIL desde el 22 de diciembre de 2022, también lo es que
dicha situación no se adecua a la descripción de la inhabilidad

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endilgada en la solicitud, en atención a que la referida calidad no le
confiere jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar
y, en consecuencia, no se encuentra incursa en ninguna de las
circunstancias aducidas.

b) “Inexistencia de causal de nulidad electoral invocada”, porque, a
su juicio, el régimen de inhabilidades resulta aplicable a los
concejales “elegidos”, así como a los “llamados” desde la fecha de
elección y no desde la fecha de su posesión.

Adujo que no ejerció como autoridad política, civil, administrativa o
militar, en razón a que dicha potestad no es propia de los consejos
directivos.

Advirtió que si bien es cierto que los representantes de usuarios de
la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL integran la Junta
Directiva, también lo es que tanto la Corte Constitucional como el
Consejo de Estado han señalado que las inhabilidades son de
aplicación estricta y restrictiva al supuesto fáctico que la norma
prevé, sin que haya lugar a extensiones o analogías interpretativas,
como lo alegó el solicitante, por lo que solicitó denegar las
pretensiones.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 21 de enero de 2025, denegó la
pérdida de investidura de la concejal MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, por cuanto no se acreditaron los elementos constitutivos
de la causal de violación del régimen de inhabilidades, previsto en el

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artículo 43, numeral 2, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, toda vez que no ostentó la calidad de empleada pública
como miembro de la junta directiva de la E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL, ingrediente normativo requerido para
configurar el elemento objetivo de dicha causal, por lo que no resulta
necesario examinar el contenido de las funciones ejercidas por la
accionada, en el órgano de dirección, en aras de señalarlas como
autoridad política, civil o administrativa.

Expresó que si bien está acreditado en el proceso que la parte
demandada fungió en calidad de miembro de la Junta Directiva en
mención, en representación de los usuarios desde el 22 de diciembre
de 2022 hasta el 31 de agosto de 2024, también lo es que dicha
calidad fue ejercida como particular, en ejercicio de la función
pública, sin carácter permanente.

Advirtió que la calidad de miembro de la Junta Directiva de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL no implica per se la categoría
de empleado público, en atención a que el referido organismo está
integrado por particulares, como es el caso de la concejal
demandada.

Sostuvo que tampoco se acreditó la violación al régimen de
incompatibilidades, establecido en el artículo 45, numeral 5, de la
Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617, por cuanto si
bien la accionada ostentó la calidad de representante de los usuarios
de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL y, en consecuencia,
integró la Junta Directiva de la citada institución, presentó renuncia
irrevocable al cargo el 31 de agosto de 2024, esto es, con

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anterioridad a la fecha en la cual tomó posesión del cargo de concejal
en el referido ente territorial, -4 de septiembre de 2024-, y, por ende,
no existió concomitancia entre el ejercicio de la calidad de miembro
de la Junta Directiva y el cargo de concejal.

Precisó que en virtud del artículo 47 de la Ley 136, la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de incompatibilidades
no surge al momento de la candidatura y elección, sino de las
actuaciones simultáneas desde que inicia el período constitucional en
el caso de los “elegidos” y desde la fecha de posesión para los
“llamados” a ocupar el cargo.

Que la anterior diferenciación encuentra sentido en que los “elegidos”
aún sin que medie el acto de posesión tienen certeza del desempeño
del cargo para el período constitucional para el cual inscribieron su
candidatura, -2024 a 2027-, situación que puede generar que el
nuevo concejal haga uso de su rol para representar y gestionar
intereses privados que puedan entrar en colisión con el principio de
moralidad en el ejercicio de la función pública, situación que no
ocurre para los “llamados”.

Por último, declaró no probadas las excepciones de ausencia de
concepto de violación del caso en concreto e inexistencia de causal
de nulidad electoral.

Para el efecto, consideró, frente a la primera excepción, que en la
demanda se invocan causales que, de encontrarse acreditadas,
hacen procedente la declaratoria de pérdida de investidura, como lo
son las previstas en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136.

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Y que la segunda excepción no guarda congruencia con el proceso de
la referencia, ya que se refiere a un proceso de nulidad electoral,
además que del análisis de su contenido se evidencia que lo referido
en dicho acápite no se acompasa con el ejercicio de defensa propio
del apoderado del solicitante, en tanto reafirma la tesis propuesta
que para los “llamados”, como es el caso de la señora MÓNICA
DIANA HERNÁNDEZ VARGAS, el régimen de inhabilidades aplica
desde la fecha de la elección y no desde la fecha de su posesión.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante interpuso recurso de apelación, en el cual pretende que
se revoque la sentencia de 21 de enero de 2025 y, en su lugar, se
decrete la pérdida de investidura de la concejal del municipio de San
Gil (Santander), MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS, por
carecer de las condiciones necesarias de un fallo congruente, en
cuanto no se dio una decisión de fondo relacionada con los hechos
que motivaron la solicitud y el a quo no tuvo en cuenta en el debate
electoral que la acción no va encaminada a determinar si era o no
servidora pública, sino a si la accionada ejerció autoridad
administrativa durante el debate electoral, llevado a cabo el 29 de
octubre de 2023, situación que le permitió tener ventaja frente a los
demás participantes del proceso electoral, posición que pudo incidir
o inclinar la voluntad de una parte del electorado en su favor.

Alega que el Tribunal de primera instancia se limitó a revisar el
ejercicio de funciones como concejal y no la competencia electoral;
que acogió una tesis que no se encuentra acorde al caso bajo estudio,

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pues no puede la jurisprudencia modificar la voluntad del legislador,
que en el caso concreto es para el debate electoral frente a los demás
participantes.

Anota que el concepto núm. 20236000069792 de 16 de febrero de
2023, traído a colación en la sentencia apelada, solo se refiere a la
temporalidad de las funciones de la junta, no sobre “la potestad de
poder” (sic), la cual, a su juicio, en ningún caso puede ser temporal,
sino que es absoluta, durante el término que le fue otorgado el
mandato.

Expresa que la razón de esta inhabilidad está encaminada a que
todos los competidores o candidatos deben estar en igualdad de
condiciones para obtener la intención de voto, que haya un escenario
sin presiones, que no pueda afectar la voluntad popular y que se
impida que salga electo quien tenga una ventaja sobre los demás
competidores.

Aduce que la posición del Tribunal frente a la inhabilidad es
improcedente, pues solo justifica la temporalidad en cuanto a las
reuniones de junta; que no puede argumentar que por el hecho de
no sesionar en la junta permanentemente, la potestad en la toma de
decisiones desaparezca, ya que la calidad de miembro de la junta,
como representante de los usuarios no desaparece por la sesión; y
que este poder existe, es pleno y absoluto, y se extiende durante el
período para el cual fue elegido.

Señala que el Consejo de Estado debe ser más explícito en
determinar el momento en que se da la temporalidad del poder, mas

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no de la función, pues, a su juicio, la línea jurisprudencial citada por
el a quo es con respecto a las sesiones de la junta, pero no ha descrito
o explicado como ese poder, por ser miembro de una junta, tiene
temporalidad.

Arguye que el ejercicio de manera temporal o esporádica no le quita
la condición de ser parte importante para la toma de decisiones a
futuro dentro de la Junta Directiva, lo cual puede afectar o incidir en
la independencia de voto en las personas que se ven cobijadas con
el poder que le da su investidura, como miembro de Junta Directiva.

Argumenta que si la concejal accionada quería participar en el debate
electoral y ser elegida, ha debido despojarse de su investidura de
miembro de la Junta Directiva E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE SAN
GIL, una vez procedió con la inscripción como candidata al Concejo
Municipal de San Gil (Santander); que el hecho de que no se
reunieran diariamente no impedía que ella continuara haciendo
favores, como lo manifestó en la audiencia llevada a cabo el 20 de
enero de 2025; y que esas ayudas pudieran ser parte de las
decisiones que ella tomaría en las próximas asambleas o reuniones
de la junta.

Indica que existe una contradicción con los apartes jurisprudenciales
traídos a colación de la sentencia de 3 de octubre de 20245, citada
por el a quo, pues ello “nada tiene que ver con la inhabilidad
propuesta en mi acción”.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez

Sánchez, núm. único de radicación 680012333000-2024-00220-01.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00795 01
Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

Afirma que el régimen de inhabilidades tiene como finalidad la
preservación de la integridad del proceso electoral, el equilibrio en la
contienda electoral y la igualdad de oportunidades entre los
competidores en una elección.

Sostiene que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia de 23 de mayo de 20176 señala que las circunstancias de
inelegibilidad son límites al derecho de acceso a los cargos públicos
y al derecho a elegir y ser elegido, inspiradas en razones de interés
general y el bien común.

Concluye que con los fundamentos anteriormente expuestos se
configura que la concejal MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS,
al ser parte de la junta, como representante de los usuarios, de la
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, en época electoral,
favoreció su imagen como candidata, la cual le posibilitó de manera
privilegiada el favor electoral, razón por la cual debe declararse su
pérdida de investidura.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20187, fue descorrido
por la accionada a través de memorial de 24 de febrero de 2025, en
el cual solicita que se confirme la sentencia de primera instancia.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez, núm. único de radicación 11001-03-28-000-2016-00025-00.
7 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00795 01
Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

Señala que si bien es cierto que se demostró que fue miembro de la
Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, en
representación de los usuarios, doce (12) meses antes de realizarse
las elecciones al Concejo Municipal de ese ente territorial, también lo
es que ello no le dio la condición de empleada pública.

Que, en tal sentido, no se acreditaron los elementos de la causal de
inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2, de la Ley 136,
modificada por el artículo 40 de la Ley 617, toda vez que no ostentó
la calidad de empleada pública como miembro de la Junta Directiva
del referido Hospital, por lo que es innecesario el estudio orientado a
establecer si las funciones de las juntas directivas implican el
ejercicio de la autoridad administrativa o jurisdicción por parte de sus
miembros.

Indica que según el concepto núm. 20236000069791 de 16 de
febrero 2023, las juntas o consejos directivos de las entidades
descentralizadas se conforman tanto por servidores públicos como
por particulares, como es el caso de la representación de usuarios; y
que la calidad de empleado público deviene de la vinculación laboral
y no por ser miembro de la junta.

Alega que tampoco se acreditó la violación al régimen de
incompatibilidad establecido en el artículo 45, numeral 5, de la Ley
136, ya que si bien ostentó la calidad de representante de los
usuarios de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL y, en
consecuencia, integró la Junta Directiva de la citada institución desde
el 22 de diciembre de 2022, también lo es que presentó renuncia
irrevocable el 31 de agosto de 2024, es decir, con anterioridad a la

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fecha en que tomó posesión del cargo de concejal en el municipio de
San Gil (Santander), esto es, el 4 de septiembre de 2024 y, por ende,
no existió concomitancia entre el ejercicio de la calidad de miembro
de la junta directiva y el cargo de concejal.

Advierte que ejerció dicha calidad como particular en ejercicio de la
función pública sin carácter permanente, motivo por el cual no
ostentó la calidad de servidora pública.

IV.2.- Por su parte, el agente del Ministerio Público también solicita
que se confirme la sentencia apelada.

Para el efecto, señala que de conformidad con los artículos 194 y
195, numeral 5, de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19938 la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL es una entidad pública
descentralizada, con el carácter de Empresa Social del Estado, cuyo
servidores públicos pueden ser empleados públicos o trabajadores
oficiales, pero que en ninguna de las referidas normas se determina
cual es la naturaleza de los miembros directivos de la Junta Directiva
de esa Empresa Social del Estado, por cuanto no todos se encuentran
vinculados laboralmente a la misma.

Aclara que la accionada al haber sido representante de los usuarios
en la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN
GIL no adquirió la condición de empleada pública por dicho hecho.
Aunque la Junta Directiva desempeña una función pública, no todos
sus miembros son considerados servidores públicos, ya que está

8 “[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.

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integrada por personas particulares, como los representantes de los
usuarios, así como por servidores públicos.

Resalta que los servidores públicos en estos cuerpos colegiados no lo
son por su pertenencia a la Junta, sino por el cargo que desempeñan
dentro de la entidad.

Anota que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han
reiterado que para que se configure una inhabilidad, el cargo debe
implicar la ejecución de funciones administrativas o de autoridad en
el contexto del municipio, no meras funciones consultivas o de
representación.

Expresa que la jurisprudencia ha precisado que los representantes
de los usuarios en las juntas directivas no son considerados
empleados públicos, ya que su función no implica ejercer funciones
de autoridad o jurisdicción, sino simplemente representar a los
intereses de los usuarios. Además, ha indicado que los servidores
públicos que ocupan estos cargos son considerados así, en virtud del
cargo específico que desempeñan dentro de la entidad pública, no
por su pertenencia a la Junta Directiva.

Considera que los miembros de las juntas directivas de las Empresas
Sociales del Estado, por el solo hecho de tener esa condición no
desempeñan empleo público ni adquieren la categoría de empleados
públicos, pues no ocupan cargos de libre nombramiento y remoción
o de carrera administrativa en esas entidades. La calidad de miembro
de la Junta Directiva no implica vinculación laboral al hospital público

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y la calidad de empleado público no deviene del carácter de miembro
de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado.

Concluye que quedó demostrado que si bien la accionada fue
miembro de la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
DE SAN GIL, ese carácter no le da la calidad de empleada pública y
que como la inhabilidad, que invoca el solicitante, se refiere
únicamente al ejercicio de autoridad como empleado público, resulta
indudable señalar que la señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ
VARGAS no se encontraba incursa en la inhabilidad endilgada.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, únicamente, en los precisos
términos del recurso de apelación, y en consonancia con la solicitud
inicial, si la concejal del municipio de San Gil (Santander), señora
MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS, incurrió en violación del
régimen de inhabilidades, de conformidad con lo establecido en el
artículo 43, numeral 2, de la Ley 136, este último modificado por el
artículo 40 de la Ley 617, por haber integrado la Junta Directiva, en
representación de los usuarios, de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
DE SAN GIL, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección,
actividad en la cual, según el apelante, ejerció autoridad
administrativa.

V.2.- La Sala pone de presente que la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 45, numeral 5, de la Ley 136, que

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fue invocada en la solicitud inicial, por violación al régimen de
incompatibilidades, no fue sustentada por el accionante, en el
recurso de apelación, razón por la cual la Sala se abstendrá de hacer
pronunciamiento alguno, manteniendo incólume la respectiva
decisión del Tribunal.

V.3.- De la inhabilidad por ejercer autoridad dentro de los
doce (12) meses anteriores a la elección, como causal de
pérdida de investidura de concejales

La causal de pérdida de investidura que se le endilga a la concejal
consiste en la comisión de la inhabilidad prevista en la primera parte
del artículo 43, numeral 2, de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, que ordena lo siguiente:

“[…] CAPÍTULO IV.

CONCEJALES
(…)
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha
de la elección haya ejercido como empleado público,
jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar, en el respectivo municipio o distrito; […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A partir de lo determinado por la norma, esta causal de inhabilidad,
para ser elegido concejal, se estructura siempre que concurran los
siguientes requisitos configurantes:

(i) Que el accionado tenga la condición de concejal.

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(ii) Que el accionado, desde su época de candidato al concejo, haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito.

(iii) Y, que, lo anterior, haya ocurrido dentro de los doce (12) meses
anteriores a la fecha de la elección.

V.4.- Del ejercicio de autoridad administrativa

Ahora bien, para determinar si en desarrollo de tales funciones se
ostentó autoridad administrativa, la Sala encuentra que el artículo
190 de la Ley 136 la define así:

“[...] Artículo 190o. Dirección administrativa. Esta facultad
además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes
de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las
entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales como superiores de los correspondientes
servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para
celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos
municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas,
decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o
verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas
extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al
personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las
unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente
tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias [...]”.

La Sala, al respecto, ha insistido en que:

“[…] No obstante, por autoridad administrativa podría
entenderse como el poder del cual está investido un
funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco
funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes
o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas
necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y

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la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses
de sus administrados, función que también puede ejercer
quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder
de las decisiones generales.

En relación a la autoridad administrativa, el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994, describe de la siguiente manera las
funciones que corresponden a la Dirección Administrativa:
(...)

4.7. En dicho enunciado se observa que como elementos
básicos de la autoridad administrativa hay un elemento
orgánico, como quiera que por definición legal la ostentan:

• El alcalde,

• Los secretarios de la alcaldía,

• Los jefes de departamento administrativo;

• Los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas;

• Los jefes de las unidades administrativas especiales, como
superiores de los correspondientes servicios municipales;

• Quien teniendo la condición o status de “empleado oficial”, se
encuentre autorizado para: i) celebrar contratos o convenios; ii)
ordenar gastos con cargo a fondos municipales, iii) conferir
comisiones, licencias no remuneradas, iv) decretar vacaciones y
suspenderlas, v) trasladar horizontal o verticalmente los
funcionarios subordinados; vi) reconocer horas extras, vii) vincular
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta;

• Los funcionarios que hagan parte de las unidades de control
interno y,

• Quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para
investigar las faltas disciplinarias […]”9 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

En sentencia proferida el 25 de mayo de 2017, la Sala reiteró que
“[…] cada una de las modalidades de autoridad que tiene previstas

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de

diciembre de 2010, número único de radicación 44001-23-31-000-2010-00092-01(PI), consejero
ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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la Ley 136 de 1994 viene caracterizada por el poder de decisión que
algunos funcionarios, no todos, de la administración pública ostentan
para distintos fines; la regla general es que son pocos los
empleados públicos a quienes sus funciones les permiten el
ejercicio de autoridad, determinada en algunos casos por un
aspecto funcional, esto es por las competencias que
constitucional o legalmente les hayan sido asignadas, y en
otros por un criterio orgánico, pues será su ubicación en la
estructura administrativa la que dirá si el servidor público
está investido de autoridad o no […]”10 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

La Sección Quinta de la Corporación, por su parte, realizó las
siguientes precisiones en cuanto a dicho concepto:

“[...] 8.4.5. El ejercicio de autoridad administrativa
(...)
Son numerosos los pronunciamientos en donde se ha desarrollado
esos conceptos. Específicamente, la Sala Plena indicó, por
ejemplo, que la autoridad administrativa se ejerce para
‘hacer que la administración funcione, también ejerciendo
mando y dirección sobre los órganos del aparato
administrativo, nombrando y removiendo sus agentes,
celebrando contratos, supervigilando la prestación de
servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo
eso y más, es la autoridad administrativa’11.

Adicionalmente, esta Sección ha indicado que el concepto de
autoridad administrativa radica en la capacidad de un
servidor de ejercer poder de conformidad con sus
competencias y con la estructura misma de la entidad. En

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

mayo de 2017, número único de radicación 25000234200020160369301, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés. Ver Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre de 2016,
número único de radicación 44001233300220160011401(PI), consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia que se pronunció en el mismo sentido sobre los elementos configurativos
de la inhabilidad.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio de 1998,

expediente AC-5779.

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sentencia de octubre de 2008 se determinó lo siguiente:
“[…] el poder del cual está investido un funcionario para que
dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el
objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su
cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el
cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y
preservación de la necesidades e intereses de sus
administrados [...]"12.

Bajo esas condiciones esta Sala Electoral ha señalado que para
poder determinar si un funcionario ejerce autoridad civil o política,
o si cuenta con dirección administrativa, “es necesario acudir a dos
criterios fundamentales. Uno de ellos corresponde al criterio
orgánico, por virtud del cual el legislador entiende que
determinados funcionarios de la administración, pertenecientes a
niveles superiores de la misma, se hallan revestidos de esas
prerrogativas, las que a nivel local están dadas a los alcaldes, los
secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo,
gerentes de entidades descentralizadas y jefes de unidades
administrativas especiales; llevando lo anterior al nivel seccional es
claro que bajo ese criterio orgánico lo mismo se puede predicar de
los gobernadores, sus secretarios de despacho y demás jefes o
gerentes de las entidades precitadas, a quienes no les resulta
extraño el ejercicio de la autoridad que se examinan”13. El criterio
orgánico, entonces, si bien permite señalar que el ejercicio
de autoridad indefectiblemente coincide con el ejercicio de
las funciones de cargos del nivel directivo que son aquellos
que “comprenden los empleos a los cuales corresponden
funciones de dirección general, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de planes, programas y
proyectos...”14 (Decretos 770 y 785 de 2005, artículo 4, numeral
4.1.).

No obstante, existen otros empleos que no siendo de
dirección en la correspondiente estructura de la entidad
comportan el ejercicio de autoridad -criterio funcional o
material- por tener señaladas atribuciones que implican el
ejercicio un poder de mando o la capacidad de influir en las

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de

octubre de 2008, consejero ponente Mauricio Torres Cuervo. Asimismo, en Sección Quinta, sentencia
de 20 de febrero de 2009, consejera ponente Susana Buitrago Valencia se manifestó que: “[...] la
autoridad administrativa es aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la
administración nacional, general y municipal o de los órganos electorales y de control que
impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la
sociedad [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio

de 2003, expediente núm. 2003-03090.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de

marzo de 2014, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez.

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decisiones de la entidad. Desde esta perspectiva su existencia
está atada al “[...] conjunto de funciones, tareas y responsabilidades
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de
los planes de desarrollo y los fines del Estado [...]” (Ley 909 de
2004, artículo 19).

Por tanto, cuando se pretenda indagar si una persona ejerció
o no autoridad, no basta con determinar la categoría que su
cargo tiene en la estructura de la administración, pues si
bien aquel puede no hacer parte del nivel directivo, es
posible que por las competencias asignadas a este se pueda
determinar su presencia de aquella, por tenerlas
expresamente atribuidas a ese cargo, en la Ley, el
reglamento o el correspondiente manual de funciones15 […]16
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que existe una
definición legal orientadora que establece el alcance y contenido del
concepto de autoridad administrativa y desde el cual la propia
jurisprudencia ha elaborado su casuística para cada evento en
particular.

Aquel atiende al pluricitado artículo 190 de la Ley 136, que establece
claramente dos criterios: el orgánico según el cual, al margen de las
labores que efectivamente lleguen a desarrollar, son considerados
servidores públicos con autoridad administrativa, per sé, los alcaldes,

15 Sobre el particular, esta Sección ha indicado que: “[...] Corresponde al juez determinar en cada

caso concreto si un servidor público ejerce o no autoridad administrativa, en consideración con el
análisis de dos elementos fácticos. De una parte, debe estudiarse el carácter funcional del cargo, o,
dicho de otro modo, debe averiguar qué tipo de funciones tiene asignadas y, de otro lado, debe
analizar el grado de autonomía en la toma de decisiones, esto es, la estructura orgánica del empleo.
De tal manera que, si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad
de mando, de dirección y autonomía decisoria, se podría concluir que el servidor público ejerce
autoridad administrativa' (Sección Quinta, sentencia de 28 de febrero de 2002, expediente 2804).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de

diciembre de 2016, número único de radicación
52001233300020160001601/52001233300020150084001 (acumulados), consejera ponente Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Posición reiterada por la Sección Primera, entre otras, en sentencia
de 20 de octubre de 2017, número único de radiación 44001233100120160005501(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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secretarios de la alcaldía, jefes de departamento administrativo y
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, jefes de las
unidades administrativas especiales como superiores de los
correspondientes servicios municipales y funcionarios que hagan
parte de las unidades de control interno17.

Y el funcional según el cual, también ejercen autoridad
administrativa, sin ser necesariamente los antes mencionados,
aquellos empleados autorizados para celebrar contratos o convenios,
ordenar gastos con cargo a fondos municipales, conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para
trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados,
reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle
nueva sede al personal de planta; de igual forma la tienen los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y
quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para
investigar las faltas disciplinarias18.

V.5.- El ejercicio de autoridad administrativa como elemento
de la inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2, de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, requiere
de la condición de empleado público.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 13 de

julio de 2017, número único de radicación 13001233300020160008901(PI), consejera ponente
María Elizabeth García González y de 25 de marzo de 2022, número único de radicación
25000231500020200258501, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
18 Ídem.

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Sobre la causal de pérdida de investidura endilgada a la concejal, la
Sección Primera, en la sentencia de 17 de julio de 200819, precisó
que el ejercicio de autoridad administrativa como elemento de
la inhabilidad en comento requiere de la condición de
empleado público, pues la norma claramente señala que
incurre en ella quien la haya ejercido como empleado público.

Asimismo, indicó que, en ese caso, la circunstancia de ser
miembro de la Junta Directiva de una ESE Hospital no le daba
el carácter de empleado público al concejal accionado, al tratarse
de un particular.

Así discurrió la Sala en dicha oportunidad:

“[…] 4. La causal invocada

Esta situación, según la demanda, constituye violación del
régimen de inhabilidades en lo previsto en el artículo 43,
numeral 2, de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y del régimen de
incompatibilidades, en lo señalado en el artículo 45, numeral 5,
de la Ley 136 de 1994, que en su orden a la letra dicen:

“ART. 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo
43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
ART. 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(...)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de
la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción
o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo
municipio o distrito, o quien, como empleado público del orden
nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de

julio de 2008, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, núm. único de radicación 44001-23-31-000-
2008-00005-01(PI).

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celebración de contratos, que deben ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito.”

[…]

5. Examen del recurso

El recurso plantea dos problemas, a saber: Uno, relativo al
alcance de la causal de inhabilidad invocada, en cuanto el
actor aduce ahora el ejercicio de autoridad administrativa
en el municipio, dentro de los 12 meses a anteriores a la
elección de concejal, por el inculpado como parte del
máximo órgano administrativo del Hospital.

El otro, referente al momento en que empiezan a operar las
incompatibilidades para los concejales.

5.1. Sobre lo primero se ha de precisar que el ejercicio de
autoridad administrativa como elemento de la inhabilidad
en comento requiere de la condición de empleado público,
pues la norma claramente señala que incurre en ella quien
la haya ejercido como empleado público, que por lo demás
lo debe hacer en el respectivo municipio, situaciones que no se
dan en cabeza del demandado, por cuanto como lo demuestra el
a quo, y no lo controvierte el impugnante, la circunstancia de
ser miembro de la aludida Junta Directiva de la ESE
Hospital Nuestra Señora de los Remedios no le daba el
carácter de empleado público al señor LEANDRO JOSE
MEJIA DIAZ, menos cuando se trataba de un particular20,
y esa junta es de un organismo de orden departamental.

De modo que por el sólo hecho de no ser empleado público
hace imposible la configuración u ocurrencia de la causal
de inhabilidad en el caso bajo examen. […]” (Destacado fuera
de texto).

20 Así lo establece el artículo 5º del Decreto 1950 de 1973, y lo reafirma el artículo 74 de la Ley 489

de 1998, que a la letra dice: “ARTICULO 74. CALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS
DIRECTIVOS. Los particulares miembros de los consejos directivos o asesores de los
establecimientos públicos, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo
hecho la calidad de empleados públicos. Su responsabilidad, lo mismo que sus
incompatibilidades e inhabilidades, se regirán por las leyes de la materia y los estatutos
internos del respectivo organismo.”

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Posteriormente, la Sección Primera, en sentencia de 19 de abril de
202121, en cuanto a la condición de empleado público, puntualizó
lo siguiente:

“[…] La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 30
de mayo de 201922, sostuvo:

[…] 2.5.1. Servidor Público

2.5.1.1. El artículo 123 de la Carta Política de 1991 estableció una
gran categoría que denominó servidores públicos, los cuales se
desagregan en tres clases, a saber i) empleados públicos, ii)
miembros de corporaciones públicas y iii) trabajadores oficiales.

2.5.1.2. En palabras del máximo tribunal constitucional “La
Constitución de 1991 ha utilizado la expresión genérica ya
mencionada -servidores públicos- para resaltar que quienes
pertenecen a esta categoría están al servicio del Estado y de la
comunidad (art. 123 C.P.) y que no desempeñan los cargos o
empleos -por importantes que ellos sean- en su propio beneficio
e interés, sino en el colectivo, siendo por tanto depositarios de la
confianza pública, que no pueden defraudar, respondiendo en
consecuencia por sus acciones u omisiones (art. 6 C.P.)” .

2.5.1.3. Dicho de otra manera, el servidor público es el
género y los empleados públicos, trabajadores oficiales y
los miembros de las corporaciones públicas son la especie
de esa gran categoría.

2.5.2. Empleado público

2.5.2.1. Ahora bien, en lo que respecta al empleado público
el artículo 122 Superior en consonancia con el artículo 123
de la misma norma, enuncia ciertos requisitos con los que
debe contar este tipo de vinculación, como lo es que i) las
funciones se encuentren detalladas en la ley o reglamento,
ii) tengan remuneración, iii) hagan parte de la respectiva
planta de personal de la entidad, iv) sus emolumentos se
encuentren previstos en el presupuesto correspondiente

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 13001-23-33-000-
2020-00066-01(PI).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de

mayo de 2019, número de radicado: 11001-03-28-000-2018-00091-00 y 11001-03-28-000-2018-
00601-00 (Acumulado), actor: Jorge Lara Bonilla y otros, demandado: Horacio José Serpa Moncada,
MP: Rocío Araujo Oñate.

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y, v) su vinculación se efectué por un acto de
nombramiento.

2.5.2.2. A su vez, el inciso 3° del artículo 1 de la Ley 909 de 2004,
definió cuales eran las clases de empleos públicos:

“De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley,
hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales”.
2.5.2.3. En apoyo a esta definición la doctrina ha indicado que:

“el empleado del Estado, es la persona que por regla general
presta sus servicios en forma subordinada, en un empleo público,
y cuya denominación generalizada es la de “empleado público o
funcionario público”. Su relación laboral, es igualmente de
derecho público, estatutaria, legal y reglamentaria, porque el
conjunto de sus derechos, deberes, y obligaciones, se encuentran
en un estatuto legal, por lo tanto unilateralmente fijado y
expedido por el Estado” .

2.5.2.4. En síntesis, el empleado público es aquel que está
vinculado a la administración mediante una relación legal
y reglamentaria, nombrado y posesionado en los
respectivos empleos que han sido creados, de
conformidad con la nomenclatura, clasificación, funciones,
requisitos y grado salarial, expresamente previstos en las
normas pertinentes.

[…]

De conformidad con los anteriores derroteros normativos
y jurisprudenciales, el empleado público se encuentra
vinculado con el Estado mediante acto administrativo y su
relación es estatutaria, legal y reglamentaria pues los
derechos, deberes, responsabilidades, obligaciones,
condiciones de acceso, formas de retiro y el régimen
disciplinario se encuentran previamente definidos en
normas generales. […]” (Destacado fuera de texto).

V.6.- Del caso concreto

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V.6.1.- Del acervo probatorio que reposa en el expediente23, y que
guarda estrecha relación con la resolución del problema jurídico, la
Sala pudo comprobar: que la señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ
VARGAS, obtuvo la curul como concejal del municipio de San Gil
(Santander), para el período constitucional 2024-2027, en
representación del partido Centro Democrático, de conformidad con
el Formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023, expedido por
los miembros de la Comisión Escrutadora de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Y que se posesionó en el referido cargo, según consta en el Acta de
posesión núm. 03 de 4 de septiembre de 2024, luego de que el 14
de agosto de 2024 el señor ÁLVARO ENRIQUE MIRANDA ROJAS
presentara renuncia irrevocable al cargo de concejal municipal de ese
municipio, y que obtuvo la siguiente mayor votación en la misma lista
del partido Centro Democrático del ex mencionado concejal.

Que, según el Acta núm. 108 de 29 de noviembre de 2022, la
Asamblea General de Usuarios eligió a la señora MÓNICA DIANA
HERNÁNDEZ VARGAS como representante de los usuarios ante la
Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL.

Que el 22 de diciembre de 2022, la mencionada accionada inició
actividades como representante de los usuarios ante la Junta
Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL; y el 31
de agosto de 2024 presentó renuncia irrevocable en la referida Junta
Directiva.

23 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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Aunado a lo anterior, se observa que mediante Oficio GGE-1715-
2024 de 17 de octubre de 2024, el gerente de la E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL, informó, en respuesta a un derecho de
petición presentado por el solicitante, lo siguiente:

“[…] La señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS
identificada con la cédula de ciudadanía número 37.898.016 no
ostenta ni ostentó ningún cargo en la planta de personal
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL. La mencionada
señora HERNÁNDEZ VARGAS ejerció como representante de los
usuarios ante la Junta Directiva en el período del 22 de
diciembre de 2022 al 31 de agosto de 2024.

El Decreto 1876 de 1994 que reglamenta el Decreto Ley 1298 en
lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado, compilado
en el Decreto 780 de 2016, establece la conformación de las
Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado de carácter
territorial, señalando que:

ARTÍCULO 6. De la Junta Directiva. La Junta Directiva de las
Empresas Sociales del Estado de las órdenes nacional y territorial,
estarán integradas de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 del Decreto- Ley 1298 de 1994, así: una tercera parte
de sus miembros serán representados del sector político
administrativo o, otra tercera parte representará al sector
científico de la salud y la tercera parte restante será
designada por la comunidad.

De conformidad con lo anterior, los dos (2) representantes de la
comunidad son designados de la siguiente manera: uno (1) de
ellos es designado por las alianzas o asociaciones de
usuarios mediante convocatoria realizada por la Dirección
Departamental de Salud, y el segundo representante es
designado por los gremios de producción del área de influencia de
la ESE. En tal sentido, la Secretaría de Salud Departamental de
Santander realizó la convocatoria a elección de representantes de
los usuarios ante la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL mediante resolución No. 22199 del 3 de
octubre de 2022, y convocando a la Asamblea General de
Usuarios para el día 29 de noviembre de 2022 en el Municipio de
San Gil. Celebrada dicha asamblea de usuarios en la fecha
antes señalada, fue escogida por la asamblea de usuarios
la señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS como su
representante ante la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL

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Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

REGIONAL DE SAN GIL, iniciando sus actividades el día 22
de diciembre de 2022.

De otra parte, le informo que el pasado 31 de agosto de 2024
la señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS presentó
renuncia irrevocable como representante de los usuarios
ante la Junta Directiva; copia de la misma fue remitida a la
Secretaria de Salud Departamental de Santander para el trámite
correspondiente ante la Oficina de Participación Social. La última
actividad ejercida por la señora HERNÁNDEZ VARGAS
como representante de los usuarios ante la Junta Directiva
se realizó en el desarrollo de la reunión ordinaria de junta
directiva del día 9 de agosto de 2024. Entre el 9 de agosto,
día de la última reunión a la que asistió la señora HERNÁNDEZ y
el 31 de agosto de 2024, día de su renuncia, no se realizaron más
actividades de la junta directiva.

La mencionada representante recibió honorarios por asistencia a
cada sesión de la Junta Directiva correspondientes a medio salario
mínimo mensual legal vigente por cada sesión asistida, valor
fijado mediante decreto departamental para los miembros de
junta directiva que no sean servidores públicos. […]”
(Destacado fuera de texto).

Posteriormente, a través de Oficio núm. GGE-1865-2024 de 14 de
noviembre de 2024, el gerente de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL
DE SAN GIL comunicó al solicitante, lo siguiente:

“[…] Me permito señalarle que las funciones de la Junta
Directiva se encuentran establecidas en el artículo 11 del
Decreto 1876 de 1994 que reglamenta el Decreto Ley 1298 de
1994 en los relacionado con las Empresas Sociales del Estado, al
igual que en el artículo 2.5.3.8.4.2.7 del Decreto 780 de
2016 reglamentario del sector salud. […]” (Destacado fuera de
texto).

Y, por Oficio núm. GGE-1961-2024 28 de noviembre de 2024, el
gerente en mención, amplió la respuesta otorgada al solicitante, en
los siguientes términos:

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00795 01
Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

“[…] De conformidad con el Decreto 2400 de 1968 compilado en
el Decreto 1083 de 2015, la renuncia de un servidor público,
incluyendo los representantes de usuarios en las juntas directivas
de las Empresas Sociales del Estado (ESE), es un acto unilateral
que no requiere aceptación mediante acto administrativo para
surtir efectos legales. La renuncia consiste en una manifestación
escrita, espontánea, clara y voluntaria por parte del renunciante,
siendo suficiente su radicación para que sea válida.

Adicionalmente, revisado el Manual de Funciones y Competencias
Laborales de la ese Hospital Regional de San Gil, se evidencia que
no existe disposición o procedimiento alguno que contemple la
emisión de un acto de aceptación de la renuncia de los
representantes de usuarios ante la junta directiva. Esto ratifica
que la renuncia tiene plena validez desde su presentación,
siempre que cumpla con los requisitos básicos de claridad y
voluntariedad.

En el caso particular de la renuncia irrevocable presentada por la
señora Mónica Diana Hernández Vargas, se encuentra que
cumple con las condiciones normativas al ser un documento
escrito donde manifiesta expresamente su decisión de dejar el
cargo a partir del 31 de agosto de 2024. Por lo tanto, no es
necesario emitir una resolución o acto administrativo adicional
para validar dicha renuncia.

Este procedimiento es coherente con los principios de eficiencia y
agilidad administrativa que rigen la función pública, conforme a
los lineamientos del Decreto 1083 de 2015 y el concepto 226471
de 2018 del Departamento Administrativo de la Función Pública.
[…]”.

En este orden de ideas, la Sala encuentra probado que la señora
MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS ejerció como
representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, desde el 22 de diciembre de
2022 hasta el 31 de agosto de 2024, pero que no ostentó ningún
cargo en la planta de personal en la mencionada E.S.E. y recibió
honorarios por asistencia a cada sesión de la Junta Directiva,
correspondiente al valor fijado mediante decreto departamental para
los miembros de junta directiva que no son servidores públicos.

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Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

V.6.2.- Ahora, frente a la integración de los consejos de los
establecimientos públicos y la calidad de miembros de los consejos y
juntas directivas, debe ponerse de presente que la Ley 489 de 29 de
diciembre de 199824, en sus artículos 73 y 74, establece lo siguiente:

“[…] Artículo 73. Integración de los consejos de los
establecimientos públicos y deberes de sus miembros.

Los consejos directivos de los establecimientos
públicos se integrarán en la forma que determine el
respectivo acto de creación.

Todos los miembros de los consejos directivos o asesores de
los establecimientos públicos deberán obrar en los mismos
consultando la política gubernamental del respectivo sector y
el interés del organismo ante el cual actúan.

Los consejos de los establecimientos públicos, salvo
disposición legal en contrario, serán presididos por el
Ministro o el Director de Departamento Administrativo
a cuyo despacho se encuentre adscrita la entidad o por
su delegado.

Artículo 74.- Calidad de los miembros de los consejos
directivos. Los particulares miembros de los consejos
directivos o asesores de los establecimientos públicos,
aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por
ese sólo hecho la calidad de empleados públicos. Su
responsabilidad, lo mismo que sus incompatibilidades e
inhabilidades, se regirán por las leyes de la materia y los
estatutos internos del respectivo organismo. […]” (Destacado
fuera de texto).

Por su parte, el artículo 11 del Decreto 014 de 25 de enero de 200625,
expedido por el Gobernador de Santander, por el cual se creó la

24"[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones. […]" .
25 “[…] Por el cual se crea la Empresa Social del Estado Hospital Regional de San Gil […]”.

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Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, dispone que su Junta
Directiva estará integrada, así:

“[…] Artículo 11. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL, de primer y segundo nivel, de carácter
Departamental, estará integrada de conformidad, así: una
tercera parte de sus miembros serán representantes del
sector político administrativo, otra tercera parte representará
al sector científico de la salud y la tercera parte restante será
designada por la comunidad.

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL tendrá seis miembros y estará
conformada de la siguiente manera:

[…] 3. Los dos representantes de la comunidad serán designados
de la siguiente manera:

Uno (1) de ellos será designado por las Alianzas o
Asociaciones de Usuarios legalmente establecidos,
mediante convocatoria realizada por parte de la Secretaria de
Salud de Santander, procedimiento que será reglamentado por la
junta Directiva de la Empresa Social del Estado HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL. El segundo representante será designado
por los gremios de la producción del área de influencia de la
Empresa Social del Estado HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, en
caso de existir Cámara de Comercio dentro de la jurisdicción
respectiva de la Secretaria de Salud de Santander, solicitará la
coordinación por parte de ésta, para la organización de la elección
correspondiente. No obstante, cuando éstos no tuvieren
presencia en el lugar sede de la Empresa Social del Estado
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, corresponderá designar el
segundo representante al Comité de Participación Comunitaria del
área de influencia de la Empresa Social del Estado HOSPITAL RE
NONAL DE SAN GIL. Este procedimiento será igualmente
reglamentado por la Junta Directiva de la Empresa Social del
Estado HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL. […]” (Destacado fuera
de texto).

De las citadas normas, se colige que los consejos directivos de los
establecimientos públicos: (i) se integran en la forma que determine
el respectivo acto de creación; (ii) deben ser presididos por el

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Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

ministro o director de departamento administrativo a cuyo despacho
se encuentre adscrito el establecimiento, o por su delegado, salvo
que una ley especial disponga lo contrario; (iii) pueden estar
integrados por servidores públicos y particulares; (iv) los citados
particulares no adquieren, por el solo hecho de formar parte
del consejo, la calidad de empleados públicos, aunque
cumplan funciones públicas; (v) los miembros que sean
servidores públicos pueden designar delegados, quienes deben
corresponder al nivel directivo o asesor de sus correspondientes
dependencias administrativas, o de organismos adscritos o
vinculados.

Y de acuerdo con el acto de creación de la E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL, una tercera parte de los miembros de la
Junta Directiva de la E.S.E. en mención será designada por la
comunidad, quien tendrá dos (2) representantes, entre ellos, uno
(1) será designado por las alianzas o asociaciones de usuarios
legalmente establecidos, como lo fue la concejal accionada.

V.6.3.- Ahora, como se puso de presente anteriormente, la señora
MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS ejerció como
representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL desde el 22 de diciembre de
2022 hasta el 31 de agosto de 2024, pero no ostentó ningún
cargo en la planta de personal en la mencionada E.S.E. y recibió
honorarios por asistencia a cada sesión de la Junta Directiva,
correspondiente al valor fijado mediante decreto departamental para
los miembros de Junta Directiva que no eran servidores públicos.

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Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

Al no ostentar cargo alguno en la planta de la E.S.E., no estar
vinculada mediante una relación legal y reglamentaria, nombrada y
posesionada en un empleo o cargo y no recibir un salario
correspondiente a un servidor público, la Sala observa, siguiendo la
jurisprudencia antes traída a colación, que la concejal accionada
cuando ejerció como representante de los usuarios, en la Junta
Directiva de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, no tenía
el carácter de empleada pública, toda vez que la circunstancia de
ser una particular, miembro de la aludida Junta Directiva, no le daba
el carácter de empleada pública, menos aún con ejercicio de
autoridad administrativa o civil.

Cabe reiterar que los particulares no pierden su calidad por el solo
hecho de participar en estos órganos colegiados, es decir, que no se
transforman en empleados públicos, aunque tengan a su cargo el
ejercicio de funciones públicas.

Por lo tanto, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el
segundo de los elementos o requisitos de la causal de pérdida de
investidura alegada, prevista en el artículo 43, numeral 2, de la Ley
136, esto es, por violación al régimen de inhabilidades, dado que no
está probado que la accionada, desde su época de candidata al
Concejo Municipal de San Gil, haya ejercido como empleada pública,
jurisdicción o autoridad civil o administrativa, en el respectivo
municipio, motivo por el cual le asistió razón al fallador de primera
instancia al evaluar y determinar que la accionada no era servidora
pública (empleada pública), en orden a verificar si había incurrido en
la inhabilidad endilgada.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00795 01
Solicitante: HELVER FERNANDO SÁNCHEZ SUÁREZ

En tal sentido, no acertó el apelante al sostener que la acción no va
encaminada a determinar si era o no servidora pública, durante el
debate electoral llevado a cabo el 29 de octubre de 2023; y que la
sentencia apelada fue incongruente, debido a que la misma estuvo
relacionada con los hechos puesto en la solicitud, esto es, con la
causal de inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2, de la Ley,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, por haber integrado la
Junta Directiva, en representación de los usuarios, de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección.

Y tampoco es cierto que por el hecho de que la accionada integró la
Junta Directiva, en representación de los usuarios, de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, haya podido afectar la
voluntad popular o llevarla a tener ventaja frente a los demás
participantes del proceso electoral, ni incidir o inclinar la voluntad de
una parte del electorado en su favor, como lo alegó el apelante.

Por consiguiente, en este estadio de la controversia, no resulta
necesario indagar acerca de la temporalidad del “poder” o
temporalidad del ejercicio de la autoridad administrativa de la
accionada, por ser miembro de una Junta Directiva de la E.S.E.
HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL, ni sobre el concepto núm.
20236000069792 de 16 de febrero de 2023, traído a colación en la
sentencia apelada, entre otros, que, a juicio del apelante, no se
refieren sobre el poder absoluto que ella tiene por el término que le
fue otorgado el mandato, habida cuenta que quedó demostrado que
dicha representación no fue en ejercicio de autoridad administrativa
alguna.

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V.6.4.- En cuanto al argumento del apelante, según el cual, como la
accionada manifestó en la audiencia de 20 de enero de 2025, que
ella realizaba favores o ayudaba a la gente, tales ayudas pudieran
ser parte de las decisiones que ella tomaría en las próximas
asambleas o reuniones de la Junta Directiva de la mencionada E.S.E.,
la Sala advierte que dichas actividades, lejos de probar su calidad de
empleada pública con funciones de autoridad administrativa, son un
indicador de su misión particular como representante de las alianzas
o asociaciones de usuarios que al interior de E.S.E. HOSPITAL
REGIONAL DE SAN GIL requerían un vocero que interviniera por
sus derechos.

V.6.5.- Por último, cabe anotar que el recurrente también indicó que
existe una contradicción con los apartes jurisprudenciales traídos a
colación de la sentencia de 3 de octubre de 202426, citada por el a
quo, pues ello “nada tiene que ver con la inhabilidad propuesta en mi
acción”; no obstante, la Sala debe señalar que, en efecto, los apartes
traídos a colación de esa sentencia en el fallo apelado, que señalan
que el accionado en ese caso había detentado autoridad
administrativa, en virtud de su condición de empleado público, como
docente oficial, no resultan aplicables al presente caso, en tanto que
aquí la accionada no ostenta la condición de empleada pública.

V.7.- Con fundamento en lo considerado, al descartarse la
configuración del elemento objetivo de la causal de violación del
régimen de inhabilidades, prevista en el artículo 43, numeral 2, de la
Ley 617, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, lo que, por

26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 680012333000-2024-00220-01.

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demás, impide proseguir con el examen del elemento subjetivo, la
Sala confirmará la sentencia de 21 de enero de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó la pérdida de
investidura de la concejal del municipio de San Gil (Santander),
señora MÓNICA DIANA HERNÁNDEZ VARGAS.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 29 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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