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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06575-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06575-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 6 de febrero del 2025, emitida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06575-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-06575-011
Demandante : Ludgy Lizeth Padilla Moncada
Demandado : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso, seguridad social y al trabajo.
Decisión : Confirmar fallo de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por Ludgy Lizeth Padilla Moncada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso,
seguridad social y al trabajo.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la providencia atacada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

La accionante, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, y al trabajo
presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Por consiguiente, requirió:

«PRIMERO: […] ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”, subsanar el ERROR GRAVE
que se denota de parte de la Justicia al valorar caprichosamente las pruebas allegadas al

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-23-15-000-2024-06575-01
Demandante: Lugdy Padilla Moncada.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

proceso y requiriendo además pruebas documentales, configurándose la exigencia de una
tarifa legal que lo conllevan a desconocer la existencia del vínculo laboral que claramente se
presenta en el caso en tratado.”

SEGUNDO: SOLICITO respetuosamente se ordene por razones de economía procesal y de
manera definitiva; REVOCAR los numeral primero, del fallo de segunda instancia proferido
por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “A”, el 02 de octubre del 2024, notificado el 28 de octubre do 2024,
dentro del Proceso No. 25000234200020190091901 (3383-2022), y en su lugar se confirme
la sentencia de primera instancia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “F”, reconociendo la existencia de
una relación de carácter laboral.»

1.3 Hechos.2

La accionante relató que, entre el 1 de abril de 2013 y 1 de mayo de 2017, celebró varios
contratos de prestación de servicios con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E. S. E. (S.I.S.S. E.S.E.), en los cuales se desempeñó como trabajadora en el centro
asistencial. Que, el 29 de mayo de 2018, solicitó a S.I.S.S. E.S.E el reconocimiento de la
relación laboral junto con el pago de las respectivas prestaciones sociales, petición que
fue despachada desfavorablemente.

Indicó que, el 3 de octubre de 2018, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la S.I.S.S E.S.E., la cual, correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y se le asignó el radicado 25000-23-42-
000-2019-00919-00/01, en el cual, solicitó la nulidad del oficio 20181100133841 por
medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de una relación laboral,
argumentando la existencia de una subordinación al cumplir horario y seguir directrices
de la entidad.

El proceso, fue decidido en primera instancia por el Tribunal mediante sentencia del 8
marzo de 2022, declarando la nulidad del acto administrativo demandado y ordenando el
pago de las prestaciones sociales que devenga un empleado de planta que desempeñe
el cargo de profesional que ejercía la labor de trabajador social. La decisión, fue recurrida
por la S.I.S.S, correspondiente su conocimiento en segunda instancia al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Posteriormente, mediante sentencia del 2 de octubre de 2024, la entidad accionada
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Demandante: Lugdy Padilla Moncada.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

acción por considerar que lo probado no era la subordinación de la demandante sino la
coordinación necesaria para ejecutar el contrato.

1.4 Argumentos de la tutela.

La accionante indicó que, su inconformidad radica en la Sentencia de segunda instancia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Manifestó que, la
providencia incurrió en defecto fáctico, en razón a que, se realizó una valoración arbitraria
de las pruebas obrantes en el proceso.

Sostuvo que, las tareas desempeñadas por la accionante estaban sujetas a directrices
de la entidad, lo que evidenció la existencia de una relación laboral. Resaltó que, los
contratos de prestación de servicios incluyeron funciones propias de la actividad misional
de la entidad; que, el testimonio de Lady Johanna Henao Alemán, confirmó la existencia
de un horario fijo, acreditaba el requisito de la subordinación.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Cuarta3 admitió la
presente acción de tutela el 6 de diciembre de 2024, y ordenó notificar al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, así como vincular a la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte E.S.E como tercero con interés.

2.1 Contestaciones de la acción.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E guardaron silencio pese a ser debidamente notificados.

2.2 Sentencia de primera instancia.4

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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 04
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11.
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Acción de tutela 11001-23-15-000-2024-06575-01
Demandante: Lugdy Padilla Moncada.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, denegó las pretensiones formuladas por la
accionante, al considerar que las pruebas si se valoraron conforme a la sana critica, para
afirmar lo anterior, indicó que:

«En ese orden de ideas, como la autoridad judicial demandada no evidenció que la
demandante cumpliera con las actividades contratadas de manera subordinada, es decir, sin
autonomía e independencia en el cumplimiento de los objetos contractuales, no merece
reproche alguno que haya concluido que no se configuró el elemento de la subordinación,
pues, se insiste, es una inferencia razonable del material probatorio obrante en el expediente
25000-23-42-000-2019-00919-00/01.

La autoridad judicial demandada tampoco pasó por alto que la testigo Lady Johanna Henao
Alemán sostuvo que la «jefe» de la actora era Fanny Rúgeles, sin embargo, consideró que
esa sola afirmación no era suficiente para acreditar un vínculo subordinado, sobre todo
cuando no encontró que se allegaran pruebas de que la demandante ejercía sus actividades
en cumplimiento de directrices que no son propias del contrato de prestación de servicios sino
de un vínculo laboral.

En este punto, resulta oportuno advertir que el hecho de que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, no haya valorado las pruebas en el sentido en que pretendía la
tutelante, no se traduce en la configuración del defecto fáctico, dado que el juez natural tiene
la autonomía de brindarles el grado de certeza que considere adecuado, siempre que atienda
los criterios de la sana crítica.

Además, las conclusiones probatorias del juez natural acerca de la falta de acreditación de la
subordinación de la demandante en el cumplimiento de las actividades contratadas, se reitera,
se fundamentaron en una valoración integral de las pruebas allegadas al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2019-00919-00/01, lo que imposibilita al juez
de tutela cuestionarlas, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional»

2.3 Impugnación5

La accionante impugnó la decisión, indicando que, no se puede hablar de mera
coordinación para satisfacer las necesidades de la entidad, cuando las pruebas obrantes,
especialmente, el testimonio de Lady Johanna Henao Alemán, demostraban la existencia
de la relación laboral encubierta.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo 80 de 12

5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 18.
6
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior
jerárquico correspondiente (…)”.
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le
haya correspondido el reparto”.

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

de marzo del 20199 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 Problema jurídico.

Se debe determinar si la acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos de
procedibilidad; de ser procedente, se analizará si en la Sentencia del 2 de octubre de
2024 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en defecto fáctico,
al concluir, después de valorar las pruebas aportadas que, la relación contractual entre
la accionante y la E.S.E. era coordinada y no subordinada.

3.3 La acción.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017
y 333 de 2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección
de los derechos constitucionales fundamentales.

Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que,
no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.

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“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

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Demandante: Lugdy Padilla Moncada.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201211, en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.6 El debido proceso.

El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.

Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:

a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de
jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.

b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.

10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29
de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de
1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp.
2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de
junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00,
C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28
de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.

d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables.

e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo reconocimiento
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de
administrar justicia ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al
ejecutivo y al legislativo.

f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.13

Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.

3.7 Solución al caso concreto.

3.7.1 Sobre los requisitos de procedibilidad.

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

13
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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providencias judiciales, en el sub lite se observa que:

(i) Relevancia constitucional: El asunto planteado comporta relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que, el posible desconocimiento de
derechos laborales afecta garantías de las que son titulares los trabajadores.

(ii) Subsidiariedad: Contra la decisión objeto de estudio no procede recurso
alguno, dado que fue emitida en sentencia de segunda instancia y se encuentra
ejecutoriada.

(iii) Identificación de los hechos: Se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores.

(iv) Inmediatez: Se satisface el requisito, toda vez que la providencia atacada
adquirió ejecutoría el 5 de noviembre del 202414, y la solicitud de amparo se
presentó el 29 de noviembre del 2024.

(v) Sentencia de tutela: El fallo acusado no se profirió dentro de una acción de
tutela.

3.7.2 Defecto Fáctico.

Sea lo primero indicar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»15

La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra16.

14
Visible expediente digital SAMAI, dentro del expediente de radicado 25000-23-42-000-2019-00919-01, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000201900919011100103
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Acción de tutela 11001-23-15-000-2024-06575-01
Demandante: Lugdy Padilla Moncada.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Como ya se indicó, en el caso a estudio, la accionante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque a su juicio no se valoraron en debida forma
la pruebas aportadas al proceso con radicado 25000-23-42-000-2019-00919-00/01, las
cuales, acreditaban el elemento de la subordinación en la ejecución de los contratos de
prestación de servicios suscritos con la S.I.S.S., que, según su argumento, llevó a una
decisión contraria a la realidad, en particular, el reconocimiento de la relación laboral
encubierta y las garantías prestacionales derivadas de esta. Concluyó que, la autoridad
accionada aplicó una tarifa legal inexistente al afirmar que no se demostró la
subordinación.

Lo primero a indicar es que, la actora no indicó de manera puntual que pruebas fueron
omitidas en su valoración o indebidamente valoradas, por lo que, esta Sala se limitará a
analizar el testimonio de la señora Lady Johanna Henao Alemán por ser aquel el único
alegado como desconocido por los jueces de instancia. Al respecto, la testigo indicó:

«Pregunta magistrada: Quisiéramos saber cómo conoció la labor de la señora Lugdy Lizett
Padilla durante el tiempo que estuvo vinculada con esa entidad y quién era usted para ese
momento. Contestó: Bueno, la conocí porque trabajamos en la misma oficina, en el mismo
departamento, que era la Oficina de Atención al Usuario y Participación Social. Yo era la
auxiliar de la ruta, entonces la conocí porque en el momento debíamos trabajar muy unidas
de la mano por el traslado de pacientes, entrega de medicamentos a los pacientes y demás,
entonces siempre trabajamos juntas y además estábamos en la misma oficina, por eso la
conozco a ella. Pregunta: ¿Qué fecha trabajó con ella, de qué época estamos hablando?
Contestó: Pues yo ingresé a trabajar en enero del 2013, ella llegó dos meses, tres meses
después, abril del 2013, como hasta mayo, abril del 2017 trabajamos juntas fueron cinco años,
cinco años que siempre trabajé con ella en la misma dependencia, nuestros jefes eran los
mismos, nuestra jefe era la misma para ella y para mí. Los cinco años trabajamos de corrido.
Pregunta: ¿Y por qué los llama jefes? ¿Qué órdenes les daban? Contestó: Pues en el
momento las dos doctoras que fueron nuestras jefes, porque en los cinco años pasaron dos
por la oficina, nosotros teníamos un horario de llegada, un horario de salida, unos turnos
también para los fines de semana, ellas pues nos indicaban como las tareas asignadas que
debíamos cumplir, pues por eso les digo que eran nuestras jefes, porque ellas eran las que
nos, por decirlo así, eran en nuestro orden jerárquico, eran las que nos daban las órdenes de
lo que debíamos hacer en la subred. Pregunta: ¿Y qué debían hacer? Contestó: Bueno, yo
como auxiliar de la ruta debía cumplir el horario que empezaba el mío a las cinco y media de
la mañana, terminaba entre cuatro y cinco de la tarde, el del Lugdy era pues de siete a cinco,
pero muchas veces nos extendíamos de igual manera seis, siete de la noche. ¿Qué funciones
debíamos cumplir? Entregar pacientes, recogerlos en las casas, llevarlos al hospital, de igual
manera después del hospital regresarlos a sus hogares. Con la señora Lugdy Padilla,
cumplíamos funciones de ir a llevar pacientes que no tenían familiares, quienes, por decirlo
así, fueran a recogerlos, a buscarlos, o los dejaban abandonados allá en el hospital la función
que hacíamos con ella era ir a buscar su familia, llevarlos hasta la casa, buscar dónde viven
muchas veces, porque sin saber dónde viven. También buscarles centros cuando ya
definitivamente la familia no quería estar con ellos. Eso todo era trámite de la señora Lugdy,
buscarles un centro donde los pudieran acoger, donde los pudieran llevar. También muchas
veces pacientes que no cuentan con el medio para pagar la cuenta del hospital, la cuota,
gestionar ayuda para que puedan cancelar esas cuotas, que pagaran esas cuotas
moderadoras. Muchas veces viajar fuera de la ciudad para buscar la familia de los pacientes.
Toda esa gestión era la que se realizaba, realizar los informes de qué se hacía con los
pacientes, qué trámites se realizaban día a día con ellos. Todo eso era como parte de la labor

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que realizábamos en la subred. Pregunta: ¿Y entonces en qué era que recibían órdenes?
¿Cómo las recibían? ¿Cómo vio usted un caso particular en que la señora Lugdy Padilla
recibiera una orden por parte de quienes usted llama jefes? Contestó: Órdenes nos daban,
veía yo que le daban a ella el momento de cumplir un horario, de cumplir funciones específicas
con los pacientes, tareas específicas. Pregunta: Un ejemplo, que cuando usted escuchó que
le dieran a ella una orden en específico. Contestó: Por ejemplo, muchas veces ella pidió,
pedía permisos para cuando estuvo embarazada o cuando estaba estudiando para poder
llegar un poco más tarde o salir un poco más temprano, nunca le otorgan el permiso porque
la orden es que se debe cumplir el horario, que el de ella era de 7 a 5 de la tarde. Lo mismo,
que no se podía ausentar de la unidad de salud mental porque su labor la debía cumplir solo
en la unidad de salud mental y no se podía retirar de la misma. Muchas veces cuando no
había la posibilidad para un paciente, la familia, encontrarla, la orden era que no podíamos
volver al hospital sin haber dejado al paciente con la familia, que teníamos que buscar o
buscar la familia donde fueran a la hora que nos dieran. Esas fueron como varias así que en
el momento pude evidenciar. Pregunta: Un caso en específico en el cual ella recibiera una
orden. O sea, el caso que tú más recuerdas porque se le ordenó en específico llevar a esta
persona. Contestó: Claro, recuerdo muchos casos, pero bueno, recuerdo mucho un caso de
un familiar que era muy persistente, que nunca iba por el paciente al hospital. Siempre
íbamos, lo llevábamos y no lo recibían. Nos decía que no le importaba, o sea, la familia nos
decía que no le importaba al paciente. Lo regresábamos al hospital. Nuestra jefe nos devolvía,
no importaba la hora que fuera, que lo volviéramos a llevar, que esa era nuestra función,
dejarlo con su familia, pero pues obvio los pacientes no se pueden dejar en la calle. Llegó el
momento que el familiar del paciente nos sacó cuchillo, nos puso a correr por toda la calle,
nosotras desesperadas, con el paciente además corriendo con nosotros, un paciente
psiquiátrico, recién salido de una hospitalización. Volvimos a llevarlo al hospital. Nuestra jefe
nos llama y nos dice que no sabe, que a ella no le interesa que hagamos con el paciente,
pero que debíamos volverlo a llevar. Ese caso lo recuerdo mucho porque pues nuestra vida
estuvo en peligro, que como le digo el familiar del paciente alterado nos sacaba cuchillo cada
vez que fuimos. Otro caso que recuerdo mucho fue cuando teníamos que salir de la ciudad a
una parte que se llama Sumapaz, a llevar pacientes a ese hospital de allá. La orden de nuestra
jefe era que debíamos estar en el carro a las cinco y media de la mañana, llevar los pacientes,
dejarlos allá, entregarlos y volvíamos a Bogotá entre siete, ocho de la noche. Se le
manifestaba que pues las dos estudiábamos, que pues no podríamos cumplir esa función de
ir tan lejos, salir de la ciudad para llevar un paciente. Entonces muchas veces llegamos a salir
de Bogotá más de cuatro o cinco veces a entregar pacientes. Pregunta: Y en esas
oportunidades quedó algún soporte, ¿les dieron alguna orden por escrito, o eran solo órdenes
verbales? Contestó: Cuando hacíamos esos traslados, pues por ejemplo mi parte que era la
ruta de la salud, lleva un registro de a qué hora se inicia un recorrido, qué paciente se lleva,
hacia dónde va trasladado, a qué hora se llega a que lo reciben en el punto a que vamos, si
nos firma el familiar, si no pues se deja igual evidencia y a qué hora retornamos. Ese es el
control que se lleva de la ruta. Con eso se hace como un registro mensual de todos los
pacientes que fueron trasladados y se le entrega a nuestra jefe. A ella le entregamos los
soportes de todos los traslados que hacíamos en esa ruta. Pregunta: ¿Vio usted en alguna
oportunidad un caso en específico en el que le llamaran la atención a la señora Lugdy Padilla?
Contestó:

Cuando ella estuvo embarazada, le llamaba mucho la atención porque ella de
pronto solicitaba permisos para cumplir sus controles prenatales. Tuvo muchos
inconvenientes en el periodo de su embarazo porque pues no le eran concedidos estos
permisos para asistir a sus citas. En ese momento nos enfatizaba mucho que nosotros no
teníamos derecho a permisos de citas porque nuestros contratos eran prestaciones de
servicios, que debíamos buscar espacios fuera de nuestros horarios laborales para nuestras
citas médicas, pues horarios laborales que eran muy extendidos y se dificultaba un poco pues
agendar citas o algo para horas distintas. Vi mucho que le llamaban la atención en ese
momento por ella solicitar sus citas para cumplir sus controles de su embarazo. Pregunta: Exactamente qué le decían, estuvo en alguna oportunidad en que le llamaron la
atención a ella directamente, qué le decían, cómo le hablaban, qué le decían, quién le llamó. Contestó: La jefe del momento que se llama la doctora Fanny Rúgeles no le concedía los
permisos que porque no contaba con un contrato fijo, sino que nuestros contratos eran de
prestaciones de servicios y nosotros no contábamos con los privilegios de los otros contratos
que era solicitar permisos para citas o incapacidades o permisos para incapacidades y todo
eso, no contábamos con esos permisos por eso no le podían dar los permisos. Si ella se
llegaba a ausentar media hora antes, el llamado de atención que, por dejar el puesto votado
en una ocasión, nuestra jefe pues le llamó la atención por haberse retirado media hora antes,
que porque eso era abandono del cargo del puesto, porque ella no le había autorizado
ninguna salida antes. Pregunta: ¿Algún otro llamado de atención aparte de este llamado de

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atención por tiempos, es decir, en razones que no hubiese cumplido alguna labor ordenada
por la jefe? Contestó: Nuestra jefe le llamó allá varias veces la atención porque no se hacían
las entregas de determinado paciente en un tiempo de un día o dos días. O sea, ya le decía,
necesito que entregues a este paciente para hoy mismo, no se podía gestionar la entrega, no
contábamos con la familia hasta que ella gestionara un lugar para llevarlo de acogida. Entonces le llamó la atención varias veces porque se demoró más de cuatro o cinco días
gestionando la entrega de un paciente, algo que no es muy fácil. También vi cómo le llamó la
atención en varias ocasiones por eso, por la demora para ir a gestionar la entrega de un
paciente o de algún medicamento. Pregunta apoderada demandante: Usted podría
informarle a este despacho, hace un momento usted mencionaba que la señora Lugdy
contaba con horario de 7 a 5. ¿Podría informarle al despacho si existía algún tipo de control
sobre ese horario? Contestó: Claro, sí señora. Cada vez que llegábamos a trabajar en el
horario que tuviera cada uno estipulado, se debía ingresar a la oficina de atención al usuario
y presentarnos con la jefa que estuviera encargada de turno en ese momento, con la líder del
momento y de igual manera se contaba con un chat grupal y se debía avisar la hora de llegada
y lo mismo la hora de salida. Los fines de semana también la hora de entrada, la hora de
salida y control pues constante durante todo el día, qué está haciendo, dónde está, cómo va
tal cosa. Entonces sí nos presentamos a la hora de llegada y a la hora de salida. Pregunta: ¿Podría indicarle a usted al despacho si durante el tiempo que compartió con la
señora Luz de Vicente, a usted le consta si esa prestación fue continua con la señora Luz de
Vicente? Contestó: Sí, nosotros firmamos un contrato mes a mes, era un contrato y nos
hacían prórrogas todos los meses, firmamos la prórroga, la prórroga y fue continuo, nunca
por decir así paramos seis meses, nos quedamos sin empleo y volvimos, no, siempre
trabajamos continuamente. Pregunta: ¿Podría indicarle al despacho, en el caso de las
actividades que desempeñaba la señora Lugdy, en algún momento le entregaron algún tipo
de distintivo de la institución? Contestó: Distintivo en cuanto a, o sea, como una
identificación. Pregunta: Sí, sí señora. Contestó: Sí señora, nosotros contamos con nuestro
carnet de identificación de la entidad, donde pues está nuestra foto, nuestro nombre, nuestra
identificación y el cargo que desempeñamos en la institución y si somos contratistas, si somos
de contrato indefinido o empleados del estado, así está definido en el carnet nuestra
identificación. Pregunta: ¿Usted podría indicarle al despacho, si sabe o le consta con qué
elementos desarrollaba la función de la señora Ludgy? Contestó: Pues en el en el área donde
se trabaja hay un computador y el resto todo es papelería que nos le entregan para diligenciar. Pregunta: Hace un momento, en su relato manifestaba que debían llevar, trasladar pacientes.
¿Qué medio utilizaban para esos traslados? Contestó: Un vehículo de la subred que estaba
destinado para otras funciones, pero pues como estábamos bajo la misma jefa para las dos
áreas, ella lo destinaba para realizar estas funciones de traslado de pacientes. Pregunta: ¿Podría indicarle a este despacho, si usted sabe o le consta si durante el tiempo
que usted compartió con la señora Lugdy en la planta de la subred existía alguien de la planta
nuevamente con esas mismas funciones? Contestó: Bueno, pues en lo general todas las
trabajadoras sociales debían cumplir esas funciones, las trabajadoras sociales de contratos
de prestación de servicios. Entonces, la que estaba en la unidad del Simón Bolívar, la que
estaba en la unidad de la FRAI, debían cumplir las de hospitalización, casi todas debían
cumplir las mismas funciones. Pregunta:

Sí, pero ¿Ellas también eran contratistas o eran de
la planta de personal? ¿No había de planta de personal? Contestó: Sí, había de planta, pero
ellas no realizaban estas funciones así de ir a entregar casi los pacientes, ellas muy
esporádicamente salían del hospital. Pregunta: ¿Qué funciones cumplían ellas?
Contestó: Igual administrativas dentro del hospital, el seguimiento a pacientes, gestionarles
en el momento algún tipo de ayuda si no cuentan con ella dentro del hospital. Pregunta: Podría indicarle al despacho, señora Leidy, si en dado caso, si sabe le consta, si
la señora Lugdy hubiera querido enviar un reemplazo a nombre de ella, ¿ella lo podía hacer?
Contestó: No, no estaba permitido enviar reemplazos. Debía cada quien cumplir la función. Pregunta: ¿Podría indicarle a este despacho, si sabe le consta, si la señora Lugdy debía
entregar algún tipo de informe? Contestó: Claro que sí, por cada trámite o cada gestión que
ella realizara diariamente se deben entregar informes con cada paciente, lo que se haga diario
con cada paciente se debe entregar el informe, sí señora. Pregunta: Para esas funciones
que usted le consta que ha desempeñado la señora Lugdy, ¿podría indicarle al despacho si
existía algún tipo de manual o lineamiento que se debiera seguir? Contestó: Sí, pues existe
un lineamiento en trabajo social de todas las funciones que se deben seguir que están
estipuladas con cada situación se deben seguir unos parámetros, una orden, un orden de
como de funciones (sic) hasta llegar a lo más adecuado para cada paciente. Pregunta: Durante el tiempo que usted compartió con la señora Lugdy, ¿usted sabe o conoce
si ella recibió algún tipo de capacitación para desempeñar las funciones? Contestó: Pues las
capacitaciones allá son muy pobres en cuanto a humanización o a entregas de cargos, uno

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va un día antes y esa es la capacitación que recibe para empezar a desarrollar su cargo.
Pregunta: ¿Podría indicarle al despacho, si usted sabe o le consta, la señora quien sufragaba
los costos de seguridad social de la señora Lugdy? Contestó: Cada quien realiza los pagos,
a nosotros, por decirlo, nos pagaban mensual o mes y medio cuando se atrasaban y cada
quien tiene que pagar su salud, su pensión y su ARL y debemos entregar la planilla de pago
donde salga que se pagó el mes de febrero, un ejemplo, que están pagos los tres y entregarla
a nuestro jefe con la, con nuestra orden para, de los, de las actividades mensuales para que
nos puedan realizar el pago».

Conforme a estas pruebas, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 2 de octubre de 2024, revocó la decisión de primera instancia
argumentando lo siguiente:

«A partir de la declaración rendida dentro del proceso por la señora Lady Johanna Henao
Alemán, se logra establecer que la señora Lugdy Lizett Padilla Moncada cumplía con un
horario para ejecutar (sic) las labores contratadas, el cual se extendía desde las 7 de la
mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes, existiendo la posibilidad de que este se
prorrogara hasta las 6 o 7 de la noche dependiendo del servicio que se estuviera prestando.
Asimismo, la testigo agregó que el cumplimiento de horarios era comprobado por la entidad
contratante, dada la necesidad que tenía la actora de presentarse a la jefe de personal en la
oficina de atención al usuario, una vez iniciaba el turno.

Esta Corporación ha sostenido que el cumplimiento de horarios no lleva consigo el elemento
de la subordinación pues entre las partes contratantes puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores,
o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación» .

De conformidad con ello, en este caso únicamente se tiene el dicho de la testigo quien indicó
que la demandante cumplía un horario de 7 a.m. a 5 p.m., horario que no fue determinado en
el introductorio por la parte interesada, pero que en todo caso, aunque se hubiere establecido,
ello no demuestra per se el elemento de la subordinación.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de recordar que, de acuerdo
con la sentencia de unificación previamente referenciada de 9 de septiembre de 2021, este
indicio constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
elemento de subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que
demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo
el cumplimiento de su objeto contractual».

En esos términos, la Sala observa que dentro del proceso no existen elementos probatorios
con los cuales se pueda establecer que la demandante en la ejecución de su labor estaba
sujeta a directrices u órdenes de un superior, o que debía ejecutar los contratos en las
condiciones impuestas por la entidad.

Pues si bien la testigo refirió en su declaración que la demandante debía entregar pacientes
a sus familiares o buscar a éstos en caso de abandono de aquellos, o no poder regresar a las
instalaciones del hospital hasta tanto no garantizar la entrega del paciente en su hogar, tales
funciones no constituyen per se una subordinación, por el contrario, de esa narración se tiene
una verdadera coordinación en la ejecución de la labor.

En efecto, de las pruebas documentales del expediente no permiten avizorar la existencia de
órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar por parte de
la entidad sobre la señora Padilla Moncada a partir de los cuales se logre advertir su inserción
en el círculo rector, organizativo y disciplinario del hospital demandado. Por el contrario, de
las documentales se evidencian únicamente rendición de informes de actividades ejecutadas
por la actora y contratos de prestación de servicios; elementos que, en modo alguno, pueden

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considerarse como indicios de acciones subordinantes por parte de la entidad. Pues, la
rendición de informes resultan ser actividades que devienen de la coordinación inherente que
debe existir en la ejecución del objeto contratado.

Con todo, es menester rememorar en este punto que, de acuerdo con la jurisprudencia
emanada por esta Corporación, no toda relación de servicios en los que medien actividades
de cumplimiento de deberes por parte del contratista implica necesariamente la existencia de
subordinación. Pues entre las partes del contrato de prestación de servicios debe existir una
relación de coordinación de actividades, donde el contratista, aunque autónomo en el
desarrollo de sus funciones, es libre de someterse a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la labor encomendada, tales como: i) un horario; ii) el hecho de recibir
una serie de instrucciones de sus superiores, o iii) tener que reportar informes sobre sus
resultados, tal y como ocurre en el presente caso, sin que ello transmute la coordinación
existente en subordinación».

Visto lo anterior, la sala considera que, los argumentos presentados por la autoridad
accionada para negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, no se basan en inferencias probatorias arbitrarias y caprichosas. En efecto, de
los elementos analizados, es razonable concluir que no se demostró que la actora
cumpliera las actividades consignadas en los diferentes contratos de prestación de
servicios bajo órdenes o directrices que evidenciaran una relación de subordinación o
dependencia laboral. Si bien, se acreditó que la actora atendía un horario específico, este
hecho, por sí solo, no es suficiente para configurar los mandatos propios de una relación
laboral, al considerar que, el objeto contractual debía ser desarrollado en momentos
específicos del día que garantizaran la atención a los pacientes y sus familiares, así como
la concurrencia de otras entidades o instituciones que intervinieran en los procesos en
los que participaba la actora.

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia de unificación17, ha señalado que, el
cumplimiento de un horario, por sí solo, no configura una relación laboral ni implica
subordinación, sino que corresponde a una facultad propia de la coordinación en la
ejecución de un contrato de prestación de servicio. En este sentido, ha precisado que la
fijación de horarios puede ser una medida necesaria para garantizar el cumplimiento
eficiente del objeto contractual, sin que esto implique la existencia de un contrato de
trabajo, siempre que, el contratista conserve autonomía en la ejecución de sus funciones.

En ese sentido, es importante destacar que el juez ordinario cuenta con la facultad
discrecional de otorgar a las pruebas el peso y credibilidad que considere apropiado,
siempre que su valoración se enmarque en el ejercicio de la sana critica, fundamentado
en un análisis razonable y coherente del material probatorio presentado. Por tal motivo,
esta sala concluye que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no

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SU -01143 de 2021 Consejo de Estado, Sección Segunda
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incurrió en defecto fáctico al momento de valorar las pruebas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

IV. DECISIÓN

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 6 de
febrero del 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó la acción
de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 6 de febrero del 2025, emitida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

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(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

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