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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05834-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05834-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: defecto fáctico. Subtema 2:
desconocimiento del precedente. Subtema 3: relación laboral encubierta.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en primera instancia, la solicitud de amparo interpuesta por Mauricio Cuadros Neira
contra la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare.

1. Síntesis del caso

Mauricio Cuadros Neira interpuso acción de tutela contra la sentencia del 22 de
enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con radicado
85001-33-33-002-2018-00454-01. En dicho proceso pretendió el reconocimiento de
una relación laboral encubierta con el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., a
partir de los contratos de prestación de servicios celebrados entre 2014 y 2016, así
como el pago de las prestaciones y aportes derivados de dicho vínculo. El
accionante atribuye a la providencia cuestionada, principalmente, la configuración
del defecto fáctico y el desconocimiento del precedente, por la valoración de las
pruebas relacionadas con la subordinación y por la aplicación de los criterios fijados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la relación laboral encubierta.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.
El señor Mauricio Cuadros Neira prestó sus servicios al Hospital de Yopal
E.S.E., hoy Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., mediante sucesivos contratos
de prestación de servicios entre el 11 de febrero de 2014 y el 1º de julio de 2016.
En una primera etapa apoyó el área financiera de la entidad y, posteriormente,
desarrolló actividades relacionadas con el saneamiento de aportes patronales del
Sistema General de Participaciones. Durante ese periodo estuvo adscrito
funcionalmente a la Subgerencia Administrativa y Financiera y recibió honorarios
como contraprestación por sus servicios.

3.
El accionante, el 26 de marzo de 2018, presentó reclamación administrativa
ante el Hospital para que se reconociera la existencia de una relación laboral
durante el periodo referido y se pagaran las acreencias derivadas de dicho vínculo.
Mediante Oficio GER-26.2-2018-293 del 8 de junio de 2018, la entidad negó la
solicitud al estimar que la relación estuvo regida por contratos de prestación de
servicios. El actor interpuso recurso de reposición y el Hospital mantuvo su decisión
mediante la comunicación PJ-HORO-26.2-2018-226 del 5 de septiembre de 2018.

4.
Después de agotar la conciliación extrajudicial, Mauricio Cuadros Neira
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., con el propósito de obtener la nulidad de
los actos administrativos mencionados y el reconocimiento de la relación laboral
que, a su juicio, estuvo encubierta mediante los contratos de prestación de servicios.
El asunto se tramitó con el radicado 85001-33-33-002-2018-00454-00 y su
conocimiento correspondió, finalmente, al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Yopal.

5.
En el trámite del proceso ordinario se incorporaron los contratos de prestación
de servicios y distintos documentos relacionados con su ejecución, así como
información sobre la planta de personal y las funciones del Hospital. Además, en
audiencia de pruebas del 20 de octubre de 2023, el Juzgado recibió los testimonios
de Andrea Juliana Asencio Cely y Juan Camilo Ascanio Peñaloza, quienes se
refirieron a las condiciones en las cuales Cuadros Neira desarrolló sus actividades
para la entidad. Este material sirvió de fundamento para las decisiones adoptadas
posteriormente por los jueces de instancia.

6.
Mediante sentencia del 2 de mayo de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Yopal accedió parcialmente a las pretensiones. Consideró
acreditados los elementos de prestación personal del servicio, remuneración y

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 2, certificado 138B6865E7B22109 E4A73455C49003D8
7F8416E1E453ED48 070C17795EE9C31E
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

subordinación, por lo que declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y reconoció la existencia de una relación laboral durante los periodos
indicados en la providencia. Como consecuencia, ordenó al Hospital reconocer
determinadas prestaciones sociales y efectuar los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, y negó las demás pretensiones.

7.
Ambas partes apelaron la decisión. El Hospital cuestionó la valoración
efectuada por el despacho y sostuvo que las circunstancias acreditadas
correspondían a mecanismos propios de coordinación y supervisión contractual, sin
que existiera subordinación. Por su parte, el demandante solicitó modificar la
sentencia respecto de los extremos temporales reconocidos y del periodo empleado
para liquidar las prestaciones, pues advirtió una diferencia entre la motivación y la
parte resolutiva del fallo. Los recursos fueron admitidos por el Tribunal
Administrativo de Casanare el 16 de septiembre de 2025.

8.
El 22 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Casanare revocó la
sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. La
corporación tuvo por acreditadas la prestación personal del servicio y la
remuneración, pero concluyó que las pruebas no demostraban que la dirección y
supervisión ejercidas por el Hospital hubieran excedido la coordinación propia de
los contratos de prestación de servicios. Asimismo, estimó que no se acreditó que
Cuadros Neira desempeñara las mismas funciones de un empleado de planta y
declaró probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

9.
La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 2 de febrero de
2
2026 .

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

10.
En el escrito de tutela, el accionante sostiene que la sentencia del 22 de enero
de 2026 vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso efectivo a la administración de justicia, al trabajo en condiciones dignas y
justas, a la seguridad social y a la primacía de la realidad sobre las formas. Señaló
que la tutela no pretende reabrir el debate ordinario ni constituirse en una tercera
instancia, sino cuestionar la validez constitucional de la providencia por la
configuración de defectos fáctico y sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. A su juicio, el Tribunal Administrativo de
Casanare aplicó un método de valoración que impidió apreciar integralmente los
indicios de subordinación acreditados en el proceso.

11.
En relación con el defecto fáctico, afirmó que el tribunal impuso cargas
probatorias desproporcionadas al exigir respaldo documental para circunstancias
que los testigos habían referido de manera verbal, particularmente la necesidad de
solicitar permiso para ausentarse y la asistencia a actividades institucionales.

2
Esto, de conformidad con el expediente remitido por el Tribunal Administrativo de Casanare, en Samai, exp.
11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 13, certificado 7C46F95E6EF82D54 5BF583668F8877F8
87EB5071C30F4E7B AD9963967C152691.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

También cuestionó que se hubiera restado eficacia al testimonio acerca de la
contratación posterior de otra persona para desarrollar funciones similares y que se
exigiera una coincidencia plena entre las actividades del accionante y las previstas
para cargos de planta.

12.
Añadió a lo anterior que la providencia omitió o valoró de forma fragmentada
elementos como la hoja de inducción, la mención de honor, las autorizaciones de
desplazamiento, el acta de entrega, los aplicativos institucionales y algunos apartes
del informe juramentado rendido por el hospital demandado.

13.
Respecto del desconocimiento del precedente, alegó que el Tribunal se apartó
de la SUJ-025-CE-S2-2021, pues no examinó de manera conjunta los indicadores
de subordinación relativos al lugar y horario de trabajo, la dirección y control efectivo
de las actividades y la inserción del contratista en la organización de la entidad.
También invocó la providencia dictada en el expediente con radicado 11001-03-15-
000-2024-01341-00 para sostener que los excompañeros de labores constituyen
testigos idóneos sobre las condiciones de prestación del servicio.

14.
Según el accionante, el tribunal atribuyó un alcance excesivo a la naturaleza
intelectual de sus funciones y a la figura de la coordinación contractual, pese a que
la jurisprudencia de unificación no excluye la subordinación por el carácter
profesional de la actividad.

15.
Finalmente, sostuvo que también se configuraron defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución, porque el Tribunal habría otorgado al numeral
3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 un alcance incompatible con los artículos 25
y 53 superiores, al calificar como coordinación contractual circunstancias que, en
criterio del accionante, revelaban subordinación. Indicó que esa interpretación
afectó además su derecho a la seguridad social, pues la negativa a reconocer la
relación laboral incidió en los aportes pensionales correspondientes al periodo
contratado.

16.
Con fundamento en estos reproches, solicitó la protección de los derechos
fundamentales invocados y formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la Igualdad (Art. 13 C.P.), al
Debido Proceso (Art. 29 C.P.), al Acceso Efectivo a la Administración de Justicia (Art.
229 C.P.), al Trabajo en Condiciones Dignas y Justas en concordancia con la
Primacía de la Realidad sobre las Formas (Arts. 25 y 53 C.P.), y a la Seguridad Social
(Art. 48 C.P.), así como las garantías laborales reconocidas en el Bloque de
Constitucionalidad (Convenio 111 de la OIT), de los cuales es titular el señor
MAURICIO CUADROS NEIRA.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida el
veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026) por el Tribunal Administrativo de
Casanare, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
con Radicado No. 85001-33-33-002-2018-00454-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Casanare que, dentro del
término perentorio que su Honorable Despacho considere, proceda a proferir una
sentencia de reemplazo donde proceda a:

I- Aplicar el precedente unificado (SUJ-025-CE-S2-2021) y el principio de primacía
de la realidad, efectuando un escrutinio armónico, integral y no fragmentado del
test indiciario de subordinación. Para ello, deberá proscribir cualquier exceso ritual
manifiesto o imposición de tarifas legales ("pruebas diabólicas"), evaluando
materialmente las probanzas documentales omitidas o descontextualizadas en la
alzada, tales como: (a) la Hoja de Ruta de Inducción institucional; (b) la Mención
de Honor; (c) la solicitud de aprobación de desplazamiento del 8 de septiembre de
2015, dirigida directamente al Gerente Edgar Alberto Dinas Rodríguez (con Visto
Bueno de la Subgerencia); (d) el Acta de Entrega de Cargo del 30 de junio de 2016;
(e) el registro fotográfico y documental que acredita la exigencia de participar en
marchas institucionales, capacitaciones y jornadas de aseo y embellecimiento de
la entidad; y (f) los pantallazos de las plataformas SISPRO y PISIS que
demuestran el reconocimiento del trabajador en representación del Hospital ante
el Ministerio de Salud.

II. Restablezca la eficacia material y asigne pleno mérito probatorio a los
testimonios de cargo rendidos por los señores Andrea Juliana Asencio Cely y Juan
Camilo Ascanio Peñaloza. Para el efecto, el fallador deberá abstenerse de aplicar
presunciones de parcialidad por la existencia de litigios paralelos, acatando de
manera estricta el precedente del Consejo de Estado (Sentencia Rad. 11001-03-
15-000-2024-01341-00) sobre la idoneidad de los excompañeros de labores. A
través de estos testimonios, el Tribunal deberá valorar los indicios irrefutables de
inserción organizativa, consistentes en: la asignación de un puesto de trabajo
físico en la sede, la exigencia de funciones idénticas o similares a las de los cargos
de planta, el acatamiento de manuales y reglamentos internos, y el uso obligatorio
e indelegable de herramientas y sistemas contables institucionales pagados por el
empleador (como el software Dinámica Gerencial).

III. Valore de forma objetiva e integral, sin asimetrías procesales, la confesión
expresa contenida en el Informe Juramentado rendido por el Gerente del Hospital
Regional de la Orinoquía (respuestas a las preguntas 13, 15 y 21). El fallador
deberá reconocer que el sometimiento obligatorio del contratista al Sistema
Integrado de Gestión de Calidad (MECI), so pena de la declaratoria de
incumplimiento y aplicación de cláusula penal pecuniaria, desvirtúa materialmente
cualquier autonomía técnica o administrativa y configura un innegable poder
subordinante y disciplinario por parte de la entidad contratante.

2.3. Trámite procesal

17.
Mediante auto del 27 de julio de 20263, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela promovida por Mauricio Cuadros
Neira contra el Tribunal Administrativo de Casanare, al considerar satisfechos los

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 5, certificado 29CCB6025A27B31C
C4A12865BEF70146 27D3053C6B6AA717 AFDA375DFC4C5092.
5

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requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991. Igualmente, dispuso vincular al
Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. y al Juzgado Tercero Administrativo de
Yopal como terceros con interés, ordenó al tribunal accionado y al juzgado vinculado
remitir el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 85001-33-33-002-2018-00454-00/01, reconoció personería a la abogada
Alexandra Isabel Barrera Alfonso como apoderada del accionante y suspendió los
términos de la tutela mientras se recaudaban las pruebas y elementos necesarios
para decidir.

2.4. Intervenciones

2.4.1. Contestación de la acción de tutela por parte del Tribunal Administrativo
de Casanare

18.
A través de memorial radicado el 30 de julio de 20264, el Tribunal
Administrativo de Casanare se opuso a las pretensiones de la tutela y sostuvo que
la sentencia del 22 de enero de 2026 no vulneró los derechos fundamentales del
accionante ni incurrió en los defectos alegados. Explicó que, al resolver la apelación,
valoró individual y conjuntamente el material probatorio y aplicó la Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021, a partir de la cual concluyó que, aunque se
acreditaron la prestación personal del servicio y la remuneración, no se demostró la
subordinación ni que Mauricio Cuadros Neira desempeñara las mismas funciones
de un empleado de planta.

19.
En particular, consideró que el cumplimiento de horario, la prestación del
servicio en las instalaciones del hospital, el uso de aplicativos institucionales, el
carné, las actividades de supervisión y las solicitudes de permiso referidas por los
testigos no demostraban que se hubiera excedido la coordinación propia de los
contratos de prestación de servicios.

20.
Finalmente, afirmó que la tutela carece de relevancia constitucional, pues
pretende reabrir el debate probatorio y convertir el amparo en una tercera instancia,
por lo que sostuvo que la providencia cuestionada no incurrió en defecto alguno.

2.4.2. Intervención del accionante sobre la contestación del Tribunal
Administrativo de Casanare

21.
Mediante memorial radicado el 1 de agosto de 20265, el accionante se
pronunció sobre la contestación del Tribunal Administrativo de Casanare y reiteró
que la tutela no busca reabrir el debate ordinario, sino cuestionar la validez
constitucional del método empleado para valorar las pruebas. Sostuvo que el propio
informe del tribunal confirma el defecto fáctico, pues condicionó la eficacia de los
testimonios sobre permisos, horario, órdenes y disponibilidad a la existencia de un

4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 13, certificado 9556DF2A2EC6A8B7
455FC345DC402D07 319945BB4EA5BFE2 3A0A9DEAE2A6E3CC.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 14, certificado C8E8A5AF0CE7ACAF
FD4207E3B1DC4EAB CD84AD4D2735ED5F 8882BC5DBCCCFC78.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

soporte documental adicional, lo que, en su criterio, creó una tarifa probatoria
inexistente y le impuso una carga materialmente imposible de satisfacer.

22.
También afirmó que la corporación fragmentó los distintos indicios de
subordinación, en lugar de examinarlos de forma conjunta conforme a la SUJ-025-
CE-S2-2021, y que valoró de manera asimétrica los testimonios y el informe
juramentado del Hospital demandado. Añadió que no se otorgó la debida relevancia
a documentos como la hoja de inducción, la mención de honor, la comunicación
sobre autorización de desplazamiento y el acta de entrega del puesto de trabajo.
Finalmente, insistió en que estas irregularidades configuran defecto fáctico y
desconocimiento del precedente y solicitó dejar sin efectos la sentencia del 22 de
enero de 2026 y ordenar al tribunal dictar una nueva providencia con valoración
integral del material probatorio.

2.4.3. Intervención del Juzgado Tercero Administrativo de Yopal
23.
Por medio de oficio radicado el 3 de agosto de 20266, el Juzgado Tercero
Administrativo de Yopal remitió al despacho el enlace para acceder a las
actuaciones del expediente 85001-33-33-002-2018-00454-00. La autoridad judicial
no se pronunció sobre los hechos y derechos alegados en la acción de tutela.

2.4.4. Intervención del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
24.
Mediante memorial radicado el 4 de agosto de 20267, el Hospital Regional de
la Orinoquía E.S.E. solicitó, de manera principal, declarar improcedente la tutela por
falta de relevancia constitucional y, subsidiariamente, negar el amparo por
inexistencia de los defectos alegados. Sostuvo que el accionante pretende reabrir
el debate probatorio resuelto por el juez natural y convertir la tutela en una instancia
adicional.

25.
De igual forma, afirmó que el Tribunal Administrativo de Casanare sí valoró los
contratos, testimonios y documentos relevantes, aplicó expresamente la SUJ-025-
CE-S2-2021 y explicó por qué aspectos como el lugar de trabajo, el horario, el carné,
los aplicativos, los permisos, las capacitaciones, la supervisión y la contratación
posterior de otra persona no demostraban una subordinación que excediera la
coordinación contractual.

26.
Añadió que no existió defecto fáctico, pues no se omitió una prueba
determinante ni se alteró su contenido; tampoco defecto sustantivo, ya que la
interpretación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 fue razonable. Finalmente,
descartó el desconocimiento del precedente porque el tribunal identificó y aplicó la
sentencia de unificación, y sostuvo que los demás fallos invocados por el actor no
presentan identidad fáctica, jurídica y probatoria suficiente con su caso.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 15, certificado EBEB9ED7BE276E6C
0BE7F3995CE2D2AB 584E02CE3A1174CA F3EE760D313AB65D.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 16, certificado 90FB175477DA039E
CBE0C230DEC2145D 99412D99DAD76084 86A32740240F2685.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
en el Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en primera
instancia, la acción de tutela promovida por el señor Mauricio Cuadros Neira contra
la sentencia del 22 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

28.
El señor Mauricio Cuadros Neira se encuentra legitimado por activa, pues fue el
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y atribuye a la
sentencia proferida en segunda instancia la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la seguridad social. Además, actúa mediante apoderada
judicial debidamente facultada.

29.
El Tribunal Administrativo de Casanare está legitimado por pasiva, dado que
profirió la sentencia del 22 de enero de 2026, providencia a la que se atribuye la
vulneración alegada. Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Yopal fue vinculado porque emitió la decisión de primera instancia posteriormente
revocada por el tribunal. El Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E. también fue
vinculado como tercero con interés directo, por haber integrado el extremo
demandado en el proceso ordinario y resultar favorecido con la sentencia
cuestionada.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

30.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.

31.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
8

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Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

32.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

33.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución10.

3.4. Problema jurídico

34.
¿La acción de tutela promovida por Mauricio Cuadros Neira satisface los
requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales?

35.
En caso positivo ¿incurrió el Tribunal Administrativo de Casanare, en la
sentencia del 22 de enero de 2026, en defecto fáctico, defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, al valorar las
pruebas relativas a la subordinación y negar la existencia de una relación laboral
encubierta con el Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.?

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

36.
En primer lugar, la controversia tiene relevancia constitucional, pues el
accionante no se limita a manifestar su desacuerdo con la valoración probatoria
realizada por el juez natural, sino que atribuye a la sentencia cuestionada una
afectación concreta de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia. En particular, sostiene que el Tribunal
Administrativo de Casanare valoró de forma fragmentada los indicios de la
subordinación, exigió respaldo documental para hechos acreditados mediante
testimonios y desconoció las reglas fijadas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en materia de contrato realidad. Tales reproches plantean, al menos

10
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

inicialmente, un problema de relevancia constitucional relacionado con el derecho a
la prueba, la motivación judicial y el respeto del precedente.

37.
También se satisface el requisito de subsidiariedad. La providencia cuestionada
fue proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare al resolver los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia del 2 de mayo de 2025, emitida por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, de modo que puso fin al
proceso ordinario. Contra esa decisión no procedía recurso ordinario alguno y
tampoco se advierte la existencia de un mecanismo extraordinario idóneo y eficaz
que permita examinar los defectos constitucionales que el actor atribuye a la
valoración probatoria y a la aplicación del precedente judicial.

38.
En cuanto a la inmediatez, la sentencia cuestionada fue proferida el 22 de enero
de 2026 y notificada electrónicamente el 26 de enero siguiente11. De acuerdo con
las reglas aplicables a la notificación electrónica y a la ejecutoria de las providencias,
la decisión quedó ejecutoriada al vencimiento del 2 de febrero de 2026. La acción
de tutela fue presentada el 24 de julio de 2026, esto es, antes de que transcurrieran
seis meses desde la ejecutoria de la providencia censurada. En consecuencia, la
solicitud de amparo se promovió dentro de un término razonable y proporcionado.

39.
Respecto de la incidencia de una eventual irregularidad procesal, este requisito
también se satisface, pues, de comprobarse que la sentencia cuestionada incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente o por
violación directa de la Constitución que alega el accionante, tales irregularidades
tendrían un peso directo en el sentido de la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Casanare. En efecto, los reproches formulados se relacionan con
la valoración de las pruebas sobre la subordinación y con la aplicación de las reglas
jurisprudenciales que sirvieron de fundamento para negar la existencia de la relación
laboral encubierta.

40.
La parte actora identificó de manera suficiente los hechos que, en su criterio,
originaron la vulneración y los derechos fundamentales afectados. Individualizó la
sentencia del 22 de enero de 2026 y explicó por qué considera que el tribunal
incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y
violación directa de la Constitución. En particular, señaló los testimonios y
documentos cuya valoración considera indebida o insuficiente y precisó las reglas
de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 que, a su juicio, fueron desconocidas.
Además, tales reproches surgieron con la sentencia de segunda instancia, por lo
que no era posible exigir que hubieran sido formulados con anterioridad dentro del
proceso ordinario.

41.
Finalmente, la providencia objeto de cuestionamiento no fue dictada dentro de
otra acción de tutela, sino en virtud del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Mauricio Cuadros Neira contra el Hospital Regional de la

11
El soporte de las notificaciones 812 y 813, del 26 de enero de 2026, se encuentra en Samai, exp. 11001-03-
15-000-2026-05834-00, índice 13, certificado 7C46F95E6EF82D54 5BF583668F8877F8 87EB5071C30F4E7B
AD9963967C152691.
10

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Accionante: Mauricio Cuadros Neira
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

Orinoquía E.S.E. Por consiguiente, no se desconoce la restricción jurisprudencial
de formular tutela contra sentencia de tutela. Así las cosas, la Sala encuentra
acreditados los requisitos generales de procedibilidad y, por tanto, continuará con
el examen de los defectos específicos atribuidos a la sentencia del 22 de enero de
2026.

3.6. Sobre los defectos alegados en la acción de tutela

3.6.1. Consideración preliminar

42.
Antes de abordar los defectos específicos, la Sala considera necesario precisar
el alcance de los cargos formulados en la solicitud de amparo. Aunque la parte
actora invocó el defecto fáctico, el defecto sustantivo, el desconocimiento del
precedente y la violación directa de la Constitución, el desarrollo argumentativo de
la tutela se concentra, de manera principal, en la forma como el Tribunal
Administrativo de Casanare valoró el material probatorio relacionado con la
subordinación y en la manera como aplicó las reglas jurisprudenciales fijadas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la configuración de una relación
laboral encubierta.

43.
En efecto, los argumentos relativos al defecto sustantivo y a la violación directa
de la Constitución no presentan un desarrollo autónomo, sino que dependen de los
mismos cuestionamientos formulados frente a la apreciación de las pruebas y a la
aplicación del precedente. Por esa razón, la Sala centrará el estudio de fondo en la
eventual configuración de defecto fáctico y desconocimiento del precedente, pues
estos constituyen los ejes sustanciales de la controversia constitucional.

3.6.2. Generalidades sobre el defecto fáctico

44.
La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela contra providencias
judiciales solo procede, en materia probatoria, cuando el error atribuido al juez
resulta evidente y constitucionalmente relevante. No basta, por tanto, con que la
parte discrepe de la forma en que fueron apreciados los medios de convicción o
considere preferible otra lectura del expediente, por lo que resulta necesario que la
decisión judicial se aparte de manera manifiesta de la evidencia disponible y revele
un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional.

45.
En la sentencia T-261 de 2013, por ejemplo, la Corte distinguió entre la
exclusión injustificada de una prueba y su valoración defectuosa. Explicó que esta
última configura un defecto fáctico únicamente cuando el juez se separa por
completo de los hechos debidamente acreditados, resuelve al margen del contenido
objetivo del expediente o funda su decisión en elementos que no podían ser
valorados. De ahí que la intervención del juez constitucional solo sea admisible
cuando la apreciación probatoria resulte caprichosa y se encuentre claramente
desligada de las reglas de la sana crítica12.

12
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
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46.
Ese estándar fue reiterado en la sentencia T-432 de 2018, en la que se precisó
que el defecto fáctico exige identificar un error ostensible, flagrante y manifiesto, con
incidencia directa en la decisión cuestionada. La excepcionalidad del amparo
obedece a que la autonomía judicial comprende la facultad de asignar distintos
grados de credibilidad y fuerza demostrativa a las pruebas, siempre que la
conclusión adoptada sea razonable, esté motivada y encuentre respaldo en el
material obrante en el proceso13.

47.
Más recientemente, la sentencia T-535 de 2023 recordó que las diferencias
acerca de la valoración de la prueba no constituyen, por sí mismas, un defecto
fáctico, pues, nuevamente, este solo se presenta cuando la apreciación judicial
revela un error ostensible, flagrante, manifiesto e irrazonable, derivado de un
proceder caprichoso y con entidad suficiente para determinar el sentido de la
providencia. Conforme con este criterio, el examen del caso concreto deberá
establecer si los reparos formulados demuestran una arbitrariedad probatoria de
esa magnitud o expresan únicamente una lectura alternativa del expediente.

3.6.3. Análisis del defecto fáctico planteado en la acción de tutela

48.
El estándar de control constitucional requerido para resolver el presente asunto
adquiere una dimensión particular, en la medida en que involucra el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política. Si bien es cierto que dicho mandato exige que el juez atienda
las condiciones materiales en las que se prestó el servicio y no se limite a la
denominación formal del vínculo, ello no elimina la necesidad de acreditar los
hechos de los cuales se pretende derivar una determinada consecuencia laboral.

49.
Por esta razón, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado, al estudiar
el defecto fáctico en sede de tutela, que corresponde verificar si el juez natural valoró
razonablemente los elementos de prueba aportados para demostrar la realidad
alegada. Si esa apreciación resulta razonable y encuentra respaldo en el
expediente, no le corresponde al juez constitucional sustituirla por otra valoración
simplemente posible o más favorable a los intereses de alguna de las partes.

50.
Así, la Sección Segunda ha señalado que corresponde a la parte demandante
demostrar los elementos constitutivos de la relación laboral que se alega en la
demanda ordinaria, de conformidad con la regla general prevista en el artículo 167
del Código General del Proceso. Por tanto, cuando los medios de convicción
aportados no permiten tener certeza sobre el elemento cuya acreditación resulta
indispensable para la prosperidad de la pretensión, es válido que el juez natural,
con arreglo a las reglas de la sana crítica contempladas en el artículo 176 del mismo
estatuto, niegue las pretensiones.

13
Corte Constitucional, sentencia T-432 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12

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51.
Por ejemplo, en una oportunidad en la que se debatió, como en este caso, el
principio de primacía de la realidad sobre las formas, se consideró razonable
concluir que el testimonio, el manual de funciones y las certificaciones contractuales
no tenían entidad suficiente para probar la subordinación, pues la afirmación de la
parte actora de haber estado bajo una relación laboral sí había sido expresamente
estudiada, pero no contaba con otros elementos que respaldaran su contenido14.
Señaló la Sala en ese momento que:

Cabe señalar que el hecho de que los magistrados demandados no hayan valorado
las pruebas en el sentido que pretendía la actora, no involucra la causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada
defecto fáctico, pues en ejercicio de sus competencias jurisdiccionales tienen la
potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de esos medios de
convicción, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de la configuración
o no de una relación laboral dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, están precedidas de una valoración objetiva, integral y razonable de las
pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean
evidentemente contrarias a las garantías superiores del ordenamiento jurídico,
supuesto que no se da en el sub lite15.

52.
De manera concordante, se ha precisado que la prueba testimonial o el
interrogatorio de parte no conducen necesariamente al reconocimiento de la
realidad laboral alegada cuando sus afirmaciones son genéricas, no identifican las
órdenes concretamente impartidas o no están corroboradas por otros medios de
convicción. En esos eventos, la exigencia de elementos adicionales no equivale, por
sí sola, a imponer una tarifa probatoria, sino que puede obedecer a la necesidad de
alcanzar certeza acerca de los hechos determinantes del litigio.

53.
En particular, la jurisprudencia ha admitido que la presencia en las instalaciones
de la entidad, el cumplimiento de turnos o la recepción de instrucciones relacionadas
con el servicio pueden ser compatibles tanto con una relación subordinada como
con medidas de coordinación, según las demás circunstancias acreditadas en el
proceso16.

54.
Lo anterior no significa que la forma contractual carezca de relevancia
probatoria, pues los contratos, las certificaciones y los documentos relacionados
con la ejecución del vínculo permiten conocer, entre otros aspectos, el objeto
convenido, las funciones asignadas, la duración de cada periodo, la continuidad de

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2022, exp. 11001-03-15-
000-2022-02808-00, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2022, exp. 11001-03-15-
000-2022-02808-00, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, pág. 14. En general, ver todo el acápite 3.5.2., que
desarrolla, para el caso que resuelve, el defecto fáctico.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, exp. 11001-03-15-
000-2022-03390-01, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13

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la prestación y la remuneración pactada. No obstante, su valoración debe realizarse
conjuntamente con los testimonios y los restantes elementos incorporados al
expediente.

55.
Así, la Sección Segunda ha considerado razonable que el juez diferenciara los
periodos respecto de los cuales estaba demostrada una prestación continua de
aquellos en los que existían interrupciones no explicadas o no se contaba con
prueba suficiente de una sujeción permanente. De ese modo, aunque la realidad
prevalece sobre el contrato, la continuidad y las condiciones materiales de la
prestación no pueden darse por demostradas sin un respaldo probatorio sólido17.

56.
Bajo la misma lógica, la circunstancia de que las actividades desempeñadas
correspondan al funcionamiento ordinario de la entidad, se prolonguen durante
varios periodos o sean similares a las asignadas al personal de planta constituye un
elemento relevante, pero no impone automáticamente una determinada conclusión
jurídica. Esos hechos deben ser apreciados junto con el grado de autonomía del
contratista, la forma en que se organizó la prestación, las órdenes efectivamente
impartidas y los mecanismos de control ejercidos por la entidad.

57.
Por lo anterior, se ha descartado que la exigencia de corroboración documental
configure una tarifa legal cuando la autoridad judicial sí examinó los testimonios y
explicó por qué estos no demostraban que la persona estuviera integrada al círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad. En esas condiciones, y esto es lo
relevante para el caso que nos ocupa, el juez conserva la facultad de asignar a cada
prueba el mérito y la credibilidad que razonablemente le correspondan18.

58.
En efecto, mediante sentencia del 3 de abril de 2025, esta Sala enfatizó que
«(…) el juez ordinario cuenta con la facultad discrecional de otorgar a las pruebas
el peso y credibilidad que considere apropiado, siempre que su valoración se
enmarque en el ejercicio de la sana crítica, fundamentado en un análisis razonable
y coherente del material probatorio presentado»19.

59.
Estas reglas se relacionan directamente con el carácter excepcional del defecto
fáctico, porque como ha indicado la jurisprudencia constitucional previamente
reseñada, la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad por el solo hecho de
que la parte considere que las pruebas admitían una conclusión distinta, o que
algunos elementos debieron recibir mayor fuerza demostrativa.

60.
Como se ha mencionado con antelación, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, para que se configure este defecto el error debe ser ostensible,
flagrante y manifiesto; debe tener incidencia directa en el sentido de la providencia
y evidenciar que la decisión carece de respaldo probatorio, se fundó en una prueba

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de marzo de 2022, exp. 11001-03-15-
000-2022-01096-00, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, exp. 11001-03-15-
000-2024-06575-01, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de abril de 2025, exp. 11001-03-15-
000-2024-06575-01, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, pág. 15.
14

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inepta o ignoró injustificadamente un elemento determinante. En ese sentido,
cuando la autoridad judicial estudió las pruebas relevantes, las contrastó y adoptó
una inferencia razonable de acuerdo con la sana crítica, el juez constitucional no
puede sustituir esa valoración por otra que el accionante estime más convincente20.

61.
Sentado lo anterior, y aplicadas las anteriores reglas al asunto concreto, la Sala
no encuentra acreditado el defecto fáctico alegado en el recurso de amparo.
Efectivamente, la sentencia del 22 de enero de 2026 muestra que el Tribunal
Administrativo de Casanare identificó como punto determinante la prueba de la
subordinación y, con ese propósito, examinó los testimonios, las condiciones de
ejecución de los contratos, el lugar y horario de prestación del servicio, las
actividades de supervisión, el uso de aplicativos institucionales, los
desplazamientos, la planta de personal y el informe rendido por el mismo Hospital.

62.
A partir de ese conjunto de circunstancias concluyó que los elementos
acreditados no permitían establecer que la coordinación contractual hubiera
adquirido el carácter de subordinante.

63.
En particular, no se advierte que el tribunal hubiera desconocido la eficacia de
los testimonios de Andrea Juliana Asencio Cely y Juan Camilo Ascanio Peñaloza,
ni que los hubiera descartado por la existencia de procesos judiciales promovidos
por ellos contra la entidad, como sostiene la tutela. Por el contrario, la providencia
reprodujo y examinó varios aspectos de sus declaraciones, entre ellos el horario del
actor, la prestación presencial del servicio, las instrucciones de la supervisora, los
permisos para ausentarse y la forma como se verificaba el cumplimiento de sus
actividades21. La discrepancia de la parte accionante radica, entonces, en el mérito
demostrativo que el tribunal atribuyó a esas manifestaciones.

64.
Es cierto que, al referirse a los permisos para ausentarse, el tribunal señaló que,
aparte de las declaraciones, «no obra otra evidencia que acredite este indicio» y
después reiteró que no existía soporte de esa afirmación22. Sin embargo, esa
expresión, apreciada dentro de la motivación completa, no permite concluir que se
hubiera creado una tarifa documental para demostrar la subordinación. El tribunal
no sostuvo que el testimonio fuera un medio jurídicamente inepto para acreditar ese
hecho, sino que consideró que tales declaraciones no alcanzaban, junto con los
restantes elementos del expediente, el grado de convicción necesario para
establecer que el actor estaba sometido al poder de dirección del Hospital.

65.
Esta conclusión cobra relevancia porque la providencia no redujo el análisis a
la ausencia de documentos sobre los permisos, pues también tuvo en cuenta que
los testigos no conocieron sanciones impuestas al actor por incumplimiento del

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de junio de 2022, exp. 11001-03-15-
000-2022-02808-00, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 6 de octubre de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-03390-01, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21
Por ejemplo, el análisis sobre las etapas contractuales diferenciadas que efectúa la autoridad judicial. Ver
Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, exp. 85001-3333-002-2018-00454-
01, M.P. Aura Patricia Lara, págs. 51 a 56, en Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05834-00, índice 13,
certificado 7C46F95E6EF82D54 5BF583668F8877F8 87EB5071C30F4E7B AD9963967C152691.
22
Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, op. cit., pág. 53.
15

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horario o de sus funciones; que la supervisora podía solicitar correcciones y verificar
la calidad y cantidad del trabajo; que el objeto contractual exigía el uso de sistemas
disponibles en la sede del Hospital, y que el cumplimiento de horarios coincidía con
las condiciones requeridas para ejecutar las actividades contratadas. Incluso valoró
la afirmación de Andrea Asencio acerca del carácter intelectual del trabajo y las
referencias de Juan Camilo Ascanio a las instrucciones impartidas desde la
Subgerencia23.

66.
Tampoco prospera el reproche según el cual el Tribunal Administrativo de
Casanare omitió de manera generalizada las pruebas documentales que favorecían
la tesis del demandante. La sentencia relacionó expresamente la mención de honor,
el carné y las fotografías, los pantallazos de los aplicativos, el acta de entrega del
30 de junio de 2016, la circular dirigida al personal administrativo, las actas de
desplazamiento a Bogotá y el empleo de Profesional Universitario código 219, grado
424. Por tanto, no se advierte una omisión generalizada de esos elementos
probatorios, sino la inconformidad con el alcance que la autoridad judicial les
reconoció dentro del expediente.

67.
Además, según la lógica del Tribunal, la mención de honor y la participación en
actividades institucionales podían mostrar cercanía con la organización, pero no
necesariamente acreditaban el ejercicio de un poder directivo sobre el demandante.
De igual forma, el acta denominada «entrega del cargo» daba cuenta de la entrega
de los expedientes y del inventario al finalizar el vínculo, mientras que el carné, los
aplicativos y el puesto de trabajo estaban vinculados a la forma material como se
ejecutaba el objeto contratado. Que estos elementos admitan también una lectura
favorable a la pretensión ordinaria no torna manifiestamente irrazonable la
apreciación efectuada por el tribunal.

68.
La misma conclusión corresponde frente a la comunicación del 8 de septiembre
de 2015 relativa al desplazamiento a Bogotá y al informe bajo juramento del
Hospital, que el solicitante menciona en la solicitud de amparo. Aunque no se
advierte que el Tribunal hubiera efectuado una valoración específica de aquella
comunicación, esta circunstancia no permite, por sí sola, configurar un defecto
fáctico, pues los contratos contemplaban desplazamientos para adelantar las
gestiones de saneamiento de aportes y el reconocimiento de los gastos respectivos.
En ese contexto, la necesidad de aprobación para un desplazamiento financiado
por la entidad podía razonablemente asociarse al control de la ejecución contractual
y no constituía, aisladamente considerada, una prueba determinante de
subordinación.

69.
Del mismo modo, el informe indicó que el contratista debía conocer y aplicar el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y que su incumplimiento podía producir
las consecuencias previstas para el incumplimiento del contrato, incluida la cláusula

23
Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, op. cit., pág. 50.
24
Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, op. cit., págs. 42 y 43.
16

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penal. Tales circunstancias no obligaban al juez natural a asimilarlas a una potestad
disciplinaria de naturaleza laboral25.

70.
Algo similar ocurre con la contratación de otra persona después de la
terminación del vínculo del señor Cuadros Neira. En efecto, el informe del Hospital
reconoció que entre el 5 de julio y el 4 de octubre de 2016 se celebró otro contrato
para desarrollar el mismo objeto y funciones similares26. No obstante, este elemento
admitía más de una inferencia: podía constituir un dato favorable a la continuidad
de la necesidad administrativa, pero también era compatible con la tesis de que esta
se atendió temporalmente mediante personal externo. En cualquier caso, la
permanencia de una actividad no demostraba, por sí sola, que durante la ejecución
de los contratos hubiera existido subordinación, aspecto que constituía el punto
central del litigio.

71.
Por otra parte, la tutela afirma que el tribunal exigió una coincidencia del ciento
por ciento entre las actividades del demandante y las funciones de un empleo de
planta. Esa caracterización no se desprende literalmente de la sentencia
cuestionada. La autoridad judicial tomó en consideración el informe institucional
según el cual no existía un empleo que recogiera íntegramente las actividades
desarrolladas por el señor Cuadros Neira y algunas de ellas eran complementarias
de las funciones de la Subgerencia Administrativa y Financiera27. Con base en ese
elemento y en los demás medios de convicción, concluyó que no se acreditó que el
actor ejecutara las mismas labores de un servidor de planta. De cara al defecto
fáctico, esta conclusión dista de ser manifiestamente irrazonable.

72.
En síntesis, es válido afirmar que la providencia demandada examinó los
principales elementos de convicción, explicó el mérito que les reconoció y expuso
las razones por las cuales estimó que no acreditaban una dependencia que
excediera la coordinación contractual. Por tanto, aun si se acepta que las pruebas
admiten una lectura distinta, la conclusión alcanzada por el Tribunal Administrativo
de Casanare no resulta manifiestamente irrazonable ni carente de respaldo
probatorio. En consecuencia, no se configura el defecto fáctico alegado.

3.6.4. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en el caso bajo
examen

73.
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como la sentencia o
conjunto de sentencias anteriores que, por la semejanza de sus hechos y problemas
jurídicos, contienen una regla que debe ser considerada al resolver un caso

25
Por otra parte, el Tribunal sí tuvo en cuenta la relación de contratos de prestación de servicios, en los que se
encontraban los rubros relativos a los desplazamientos. Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22
de enero de 2026, op. cit., págs. 25 a 27.
26
Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, op. cit., pág. 42.
27
Señala la autoridad judicial que «[l]a Sala tampoco encuentra que la parte actora acreditara que el actor
cumpliera las mismas labores que un empleado de planta; eran claras las actividades a desarrollar en los
contratos suscritos, las cuales no se pueden calificar como misionales. […] Asimismo, que no existe cargo de
planta con las funciones desempeñadas por el señor Cuadros, por ser transitorias y se contrató personal externo
para solventar la necesidad. Precisó en dicho informe que la institución no ha creado un cargo de planta para
tales actividades, ni existen empleos que contemplen funciones idénticas o similares en el manual de funciones
vigente». Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, op. cit., pág.55.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05834-00 (9210)
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posterior. Su carácter vinculante recae sobre la «ratio decidendi»28, no sobre
cualquier consideración contenida en la providencia. Para determinar su
aplicabilidad debe verificarse que exista una regla jurisprudencial pertinente, que el
problema jurídico sea semejante y que los hechos jurídicamente relevantes sean
equiparables29.

74.
El precedente puede ser horizontal, cuando proviene de la misma autoridad o
de otra de igual jerarquía, o vertical, cuando lo establece el superior funcional o el
órgano encargado de unificar la jurisprudencia de la respectiva jurisdicción. Este
último limita con mayor intensidad la autonomía judicial, debido a su función de
asegurar la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la coherencia del
ordenamiento jurídico. Sin embargo, la fuerza vinculante del precedente no impide
que el juez se aparte de él, siempre que identifique expresamente la regla aplicable
y exponga razones suficientes que justifiquen por qué el caso exige una solución
distinta.

75.
Por tanto, el defecto se configura cuando existe un precedente aplicable y
vigente, y la autoridad judicial adopta una regla incompatible con aquel sin satisfacer
las cargas de transparencia y suficiencia. No basta que la parte invoque una
decisión anterior ni que considere que el precedente habría debido conducir a un
resultado diferente. Es necesario demostrar que la providencia cuestionada
desconoció la regla de decisión que resultaba vinculante para el caso. De ahí que
la sola diferencia en la valoración de los hechos o en el resultado del litigio no
configure este defecto cuando el juez emplea la regla jurisprudencial aplicable y
explica su conclusión a partir de las circunstancias particulares acreditadas.

76.
Ahora bien, es necesario precisar cuál es el alcance del precedente invocado
por el accionante, es decir, la sentencia de unificación de la Sección Segunda del
Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021 (SUJ-025-CE-S2-2021)30, decisión
en la que esta corporación formuló expresamente tres reglas de unificación en
relación con las relaciones laborales encubiertas o subyacentes, a saber: el alcance
del «término estrictamente indispensable» previsto en el numeral 3 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, el término de treinta días hábiles como parámetro para
establecer la solución de continuidad y la improcedencia de devolver los aportes
efectuados en exceso al sistema de salud. Ninguna de esas tres reglas constituye,
en sentido estricto, el objeto de la controversia que aquí se examina.

77.
Sin embargo, en esa misma providencia la Sección Segunda consolidó su
jurisprudencia acerca de los criterios que permiten identificar la subordinación
continuada, elemento determinante para distinguir una relación laboral de un
contrato de prestación de servicios. Para ese efecto, señaló como indicios
relevantes el lugar de trabajo, el horario, la dirección y control efectivo de las
actividades, y la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
28
Literalmente, «fundamento de la decisión». En Real Academia Española, Diccionario Panhispánico del
Español Jurídico, RAE, 2025, en https://dpej.rae.es/lema/ratio-decidendi.
29
Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencias SU-053 de 2015, SU-354 de 2017 y SU-087 de 2022.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 05001-
23-33-000-2013-01143-01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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asignadas al personal de planta. Tales criterios no fueron expuestos de manera
incidental, pues sirvieron a la Sala para resolver el problema relativo a la existencia
de una relación laboral encubierta en el caso concreto.

78.
La sentencia precisó, además, que ninguno de esos elementos permite, por sí
solo, concluir que existe subordinación. El lugar de prestación del servicio y el
cumplimiento de un horario deben apreciarse de acuerdo con las necesidades
propias del objeto contractual. De manera similar, la ejecución de actividades
semejantes a las del personal de planta constituye un indicio que debe concurrir con
los demás elementos de la relación laboral. El criterio de mayor relevancia reside
en establecer si la entidad ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones de
prestación del servicio y si el contratista quedó inserto en su «círculo rector,
organizativo y disciplinario»31.

79.
A partir de estas precisiones, la Sala no advierte que el Tribunal Administrativo
de Casanare hubiera desconocido los criterios jurisprudenciales consolidados en la
SUJ-025-CE-S2-2021, pues la sentencia del 22 de enero de 2026 identificó
expresamente esa providencia y estructuró el examen de la subordinación a partir
del lugar de prestación del servicio, el horario, las instrucciones y controles ejercidos
por el Hospital y la correspondencia entre las actividades del actor y las funciones
previstas para el personal de planta. Por tanto, no se trató de una referencia
meramente nominal al precedente, sino de la utilización de los parámetros allí
desarrollados para resolver el asunto concreto.

80.
Así, respecto del lugar y del horario de trabajo, el tribunal reconoció que el
demandante prestaba sus servicios en las instalaciones del Hospital y que los
testigos afirmaron que asistía dentro del horario administrativo. No obstante,
consideró que tales circunstancias podían explicarse por las características del
objeto contractual y por la necesidad de utilizar aplicativos disponibles en la entidad.
Esta conclusión coincide con la premisa de la SUJ-025-CE-S2-2021 según la cual
la presencia física y el horario constituyen indicios cuya fuerza demostrativa
depende de las condiciones particulares de ejecución del contrato y no comportan,
de manera automática, la subordinación.

81.
El tribunal también examinó las declaraciones relativas a las instrucciones, la
supervisión, los permisos y el control sobre las actividades del accionante32. A partir
de esos elementos concluyó que no se acreditó una facultad de dirección que
excediera la coordinación contractual ni una influencia decisiva sobre el modo,
tiempo o cantidad de trabajo. Para efectos del precedente, lo relevante es que el
Tribunal Administrativo de Casanare utilizó como criterio diferenciador precisamente
la existencia de una dirección y control efectivos que superaran la coordinación
permitida en un contrato de prestación de servicios33.

31
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, op. cit.,
párrafo 106.
32
Tribunal Administrativo de Casanare, sentencia del 22 de enero de 2026, op. cit., págs. 53 a 56.
33
La unificación señala que debe acreditarse una influencia decisiva de la entidad sobre las condiciones de
ejecución, a través de órdenes sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo, reglamentos, potestad disciplinaria
u otras manifestaciones de control que excedan la coordinación normal del contrato. El tribunal aplicó justamente
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82.
Tampoco se advierte que el operador judicial hubiera convertido la identidad
con las funciones de planta en un requisito indispensable para reconocer una
relación laboral. De hecho, la providencia examinó ese aspecto como uno de los
elementos relevantes y concluyó que no se acreditó que el actor desarrollara las
mismas funciones de un empleado de planta. De cara al precedente, esa
aproximación no contradice la sentencia de unificación, que atribuye carácter
indiciario a la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes, pero no
establece que su sola presencia determine la existencia del vínculo ni que su
ausencia excluya automáticamente la subordinación.

83.
Por consiguiente, no se encuentra acreditado el defecto por desconocimiento
del precedente, pues el Tribunal Administrativo de Casanare identificó la SUJ-025-
CE-S2-2021 y aplicó los criterios allí consolidados para establecer la existencia de
subordinación.

4. Conclusión

84.
La Sala concluye que la acción de tutela satisface los requisitos generales de
procedibilidad, pues plantea una controversia de relevancia constitucional
relacionada con la valoración de las pruebas sobre la subordinación y con la
aplicación de los criterios jurisprudenciales sobre relaciones laborales encubiertas.
Sin embargo, el examen de la sentencia del 22 de enero de 2026 no permite advertir
la configuración de los defectos específicos que sustentan la solicitud de amparo.

85.
En cuanto al defecto fáctico, el Tribunal Administrativo de Casanare examinó
los principales elementos probatorios relacionados con el lugar y horario de
prestación del servicio, las instrucciones impartidas, la supervisión contractual, los
permisos, las actividades desarrolladas y la correspondencia con las funciones del
personal de planta. A partir de ese material concluyó que no se acreditó una
subordinación que excediera la coordinación propia de los contratos de prestación
de servicios.

86.
Los reparos del accionante expresan, en esencia, una lectura distinta del mismo
acervo probatorio y atribuyen mayor fuerza demostrativa a determinados
testimonios y documentos. No obstante, la inferencia adoptada por el tribunal no
resulta manifiestamente irrazonable, contraevidente ni carente de respaldo en el
expediente. En consecuencia, no se acreditó el defecto fáctico alegado.

87.
Tampoco se configuró el desconocimiento del precedente, pues el tribunal
identificó la SUJ-025-CE-S2-2021 y aplicó los criterios allí consolidados sobre lugar
de trabajo, horario, dirección y control efectivo y semejanza con funciones de planta.
La diferencia entre la decisión cuestionada y la postura del accionante recae en el

ese parámetro: examinó las instrucciones de la supervisora, las solicitudes de corrección, las llamadas a su
oficina, los permisos mencionados por los testigos y el control sobre el cumplimiento del objeto, pero concluyó
que tales circunstancias no demostraban órdenes sobre el modo, tiempo o cantidad de trabajo, imposición de
reglamentos o ejercicio de poder disciplinario.
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resultado de la valoración de esos indicios, no en la aplicación de una regla
jurisprudencial incompatible con el precedente.

88.
Finalmente, los cargos por defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución carecen de un desarrollo autónomo y dependen de los reproches
fácticos y jurisprudenciales ya examinados. Como ninguno de estos prosperó, la
Sala negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por Mauricio
Cuadros Neira.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social
invocados por Mauricio Cuadros Neira, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Reconocer personería a la abogada Enyth Elvira Barrera Estrada como
apoderada judicial del Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E., en los términos y
para los efectos del poder conferido.
Tercero: Notificar esta providencia a las partes y a los demás interesados por el
medio más expedito posible.
Cuarto: En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV

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