Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01341-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-01341-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01341-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01341-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante GLORIA ISABEL ARGÜELLO CALBACHE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta en contratos
de prestación de servicios de auxiliar de enfermería (contrato realidad).
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por la señora Gloria Isabel Argüello Calbache, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de marzo de 20241, mediante apoderado judicial, la señora Gloria Isabel
Argüello Calbache instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Huila, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Solicit[o] que, como consecuencia de la efectiva protección de sus garantías fundamentales,
se deje sin efecto la providencia cuestionada y en su lugar se ordene a la autoridad accionada
proferir nueva decisión en el término de treinta días, en el que se tenga en cuenta la totalidad
del material probatorio incorporado en debida forma al proceso, se respete el derecho a la
igualdad y el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO en
asuntos de primacía de la realidad.
En subsidio, solicito dejar sin efecto la mencionada sentencia, y en su lugar confirmar aquella
proferida en primera instancia por el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva del veintiuno
(21) de mayo de dos mil veintiuno (2021) dentro del Medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, siendo Demandante Gloria Isabel Argüello Calbache y
Demandado la ESE Hospital San Antonio de Padua de la Plata Huila, en la que anuló el acto
administrativo mediante el cual el Hospital negó a la accionante el reconocimiento de
prestaciones laborales; y declaró la existencia de una relación de trabajo entre esta y aquel;
y ordenó el pago de las acreencias adeudadas».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Índice 4 en Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
2.1. En el año 2015, la señora Gloria Isabel Argüello Calbache interpuso demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la ESE Hospital San Antonio de Padua de la Plata (Huila), en la que
solicitó (i) la declaratoria de nulidad del acto administrativo por el cual la
entidad demandada se negó a reconocer la relación laboral existente; (ii) la
declaratoria del contrato realidad; y (iii) el pago de las prestaciones de índole
laboral causadas y no canceladas.
2.2. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva conoció en primera instancia el
asunto, bajo el radicado Nro. 41001-33-33-705-2015-00282-00, que mediante
sentencia 21 de mayo del 2021, accedió a las pretensiones de la demanda,
para lo cual, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la
existencia de la relación laboral entre la señora Gloria Isabel Argüello
Calbache y la ESE Hospital San Antonio de Padua de La Plata (Huila) entre el
5 de diciembre de 2001 y al 30 de junio de 2012. En consecuencia, le ordenó
a este último, entre otras disposiciones, pagarle a aquella las correspondientes
prestaciones sociales y cotizar al respectivo fondo de pensiones los aportes a
pensión, en caso de existir diferencia entre los aportes realizados como
contratista y los que se debieron efectuar.
El juzgado fundamentó su decisión en que se acreditó que las tareas
asignadas a la señora Gloria Isabel Argüello Calbache no eran temporales, ya
que pertenecían al objeto social de la entidad demandada; que no se le
reconocían ni autonomía ni independencia para realizar las labores
encomendadas de enfermería; que debía adaptar su actuación a las órdenes
dictadas y cumplir una jornada según un horario de trabajo. Todo lo cual
demuestra un vínculo de subordinación, lo cual tipifica la relación laboral y no
un contrato de prestación de servicios.
2.3. El Hospital San Antonio de Padua de la Plata (Huila) interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
2.4. Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo
del Huila, Sala de Decisión Nro. Cinco revocó la providencia recurrida y en su
lugar negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que en el caso no
se presenta el elemento de la subordinación.
El tribunal sostuvo que no se acreditaron las precisas circunstancias en las
que la demandante prestó sus servicios y, consecuentemente, no se demostró
la existencia del elemento de la subordinación. Por consiguiente, concluyó que
el servicio prestado y los pagos recibidos se causaron en el marco de una
relación contractual.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente/sustantivo, por las razones que a continuación se expondrán.
3.1. Defecto fáctico: la parte actora manifestó que el tribunal accionado incurrió
en tal defecto, porque no analizó sistemáticamente las pruebas testimoniales
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
y documentales recaudadas, a partir de las cuales sí era factible inferir la
acreditación de la subordinación.
Puntualmente, indicó que las órdenes de prestación de servicios y los
contratos tercerizados acreditan que se configuró una relación legal y
reglamentaria entre el 15 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2012 continua
e ininterrumpida, en la que la accionante desarrolló funciones de carácter
permanente, relacionadas con la salud y necesarias para la ejecución del
objeto misional de dicha entidad.
A su vez, sostuvo que en el expediente reposan algunos de los cuadros de
turnos que debía cumplir la señora Gloria Isabel Argüello Calbache los cuales
eran establecidos por la entidad oficial a través de la jefe de servicio y por el
coordinador de la tercerizada contratada. Indicó que es de conocimiento
público que en cualquier hospital de Colombia y de cualquier categoría los
auxiliares de enfermería trabajan por turnos. En la ESE Hospital San Antonio
de Padua de La Plata, sostuvo, los turnos de las auxiliares que trabajaban en
misión eran más exigentes, pues siempre se les asignaba los fines de semana
y festivos y en horas nocturnas para no pagar horas extras, recargos y
nocturnos.
También indicó que de los testimonios de las señoras Rosa María Caguano y
Francy Edith Sánchez Caupaz se desprende que la demandante laboraba en
las instalaciones del Hospital San Antonio de Padua de la Plata (Huila) como
auxiliar de enfermería, que recibía órdenes verbales de médicos, enfermeras,
jefes administrativos, que aquella cumplía un «horario esclavizado», porque tenía
turnos nocturnos los fines de semanas, festivos, en horarios de 12 horas
diarias, sin recibir pago alguno, realizaba su trabajo en las instalaciones de la
entidad y ejecutaba actividades propias del objeto misional.
Afirmó que, pese a que dichas declaraciones fueron espontáneas, claras,
contundentes, coherentes y elocuentes, el tribunal accionado les restó todo
crédito sin hacer mención específica de las razones por las cuales no tenían
peso probatorio. La autoridad judicial accionada tan solo indicó que eran
declaraciones sospechosas, sin haberse tachado de falsos tales testimonios.
Por otro lado, sostuvo que el tribunal accionado impuso una tarifa probatoria,
en virtud de la cual solamente con documentos se puede demostrar la relación
laboral administrativa; postura que desconoce tanto la prueba testimonial e
indiciaria como los principios procesales de obligatorio cumplimiento.
De otra parte, manifestó que la autoridad judicial desconoció las pruebas que
acreditaban que la señora Gloria Isabel Argüello Calbache estuvo en una
relación laboral encubierta del 15 de enero de 2000 a junio de 2012 de forma
continua e ininterrumpida. A su juicio, el tribunal no reconoció los siguientes
periodos laborados: los meses de abril y mayo de 2010, septiembre y octubre
del 2007, todo el año 2000 y 2002. Por lo tanto, aseguró que la excepción de
prescripción no está respaldada fácticamente.
Finalmente, sostuvo que la entidad demandada no dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 175 de la ley 1437 del 2011, pues era su obligación
suministrar el expediente de la señora Gloria Isabel Argüello Calbache, que
obligatoriamente debía contener las OPS, los pagos realizados, los contratos
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
que la vinculan con las empresas de servicios temporales o cooperativas,
constancias de pago de pensión, salud, ARL, pólizas, además los contratos
con los tercerizados.
Aseguró que la entidad demandada tenía todos los documentos «relacionados
con los pagos a los contratistas y en especial la parafiscalidad, y que la ESE no quiso
entregarle a la Actora cuando imploró esos documentos, ni acatar la orden del Juzgado, y por
lo tanto, aquí opera el principio procesal de disponibilidad probatoria».
Por lo expuesto, afirmó que, aunque el tribunal accionado sí examinó la prueba
testimonial y documental recaudada, lo hizo de manera irrazonable al no
valorar los medios de prueba en conjunto y no exponer razonadamente el
mérito asignado a estos.
3.2. Desconocimiento del precedente2: la parte actora indicó que el tribunal
accionado invocó la sentencia de 1° de junio de 2017 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, de radicado 05001-23-31-000-1998-03897-01 para
sostener que el cumplimiento de horarios por parte de quien ejerce labores
administrativas no necesariamente conlleva a concluir la existencia de una
relación de subordinación. Sin embargo, aseguró que en dicha providencia se
analizó la situación de un médico general; de manera que esta no guarda
identidad fáctica con el presente caso que versa sobre una auxiliar de
enfermería.
Sostuvo que el propio Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
en sentencia del 21 de junio del 2018, radicado 5 0001-23-33-000-2010-00606-
01 concluyó la existencia de una relación laboral entre una auxiliar vinculada
mediante contrato de prestación de servicios y el Hospital, tras considerar que
las funciones desarrolladas por la demandante implicaban una verdadera
subordinación, pues se desarrollaban en cumplimiento de órdenes directas de
su superior.
En cuanto a la subordinación de las auxiliares de enfermería, transcribió un
aparte de la Sentencia de 21 de abril de 2016, radicado 13001-23-31-000-2012-
00233-01 (28202014), en la cual se indicó que por regla general la Sección
Segunda del Consejo de Estado presume la subordinación en la prestación de
servicios del cargo de enfermería y que corresponde a las entidades
demandadas desvirtuar tal presunción. Adujo que en la referida providencia se
indicó lo siguiente:
«la labor de enfermero no puede desempeñarse de forma autónoma, ya que quienes ejercen
dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el horario en que prestan sus servicios. Además
de lo anterior, la actividad que desarrollan no se puede suspender sin justificación, pues se
pone en riesgo la prestación del servicio de salud.
De otro lado, se destacó la relación de subordinación que los enfermeros tiene respecto a los
médicos, a quienes les corresponde dictar directrices y órdenes respecto de los cuidados
especiales que requiere cada paciente, lo que implica que el vínculo entre médicos y
enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación».
Indicó que en el caso se configuraron los criterios de una relación subordinada,
de acuerdo con la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, puesto
que las funciones desarrolladas consistieron en tareas de auxiliar de
enfermería realizadas en cumplimiento de parámetros dados por las
2 La parte actora también se refirió a este cargo como defecto sustantivo.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
enfermeras jefes y los médicos del Hospital San Antonio de Padua de la Plata,
que corresponden al giro ordinario de la entidad.
En suma, sostuvo que el tribunal accionado aplicó un precedente judicial
referente a un médico general que cuenta con funciones distintas a la de un
auxiliar de enfermería de un hospital y que omitió aplicar precedentes
judiciales del máximo órgano de cierre de su propia jurisdicción sin ofrecer una
razón motivada para apartarse.
Por otra parte, manifestó que en su caso debe aplicarse el principio de
primacía de la realidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución, bajo
el cual se concluye que, pese a haber sido vinculada mediante contrato de
prestación de servicios o misión por tercerizados, la accionante sostenía una
relación laboral con el hospital dado que trabajó allí durante una década.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto de 2 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela interpuesta por la
señora Gloria Isabel Argüello Calbache contra el Tribunal Administrativo del
Huila; se ordenó notificar en calidad de terceros al Hospital San Antonio de
Padua de la Plata (Huila) y al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva; se
reconoció al abogado Jaime García Carvajal como apoderado judicial de la
parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. La ESE Hospital San Antonio de Padua de la Plata (Huila) sostuvo que no
existen fundamentos de derecho sólidos tanto así que no se logró identificar
de forma precisa cómo se configuran los defectos alegados en el escrito de
tutela.
A su vez, consideró que no existió vulneración al derecho al debido proceso.
De haber sido así, las partes en las diferentes oportunidades tuvieron la
posibilidad de solicitar el saneamiento del proceso o en su defecto de alegar
como causal de nulidad la violación directa de este derecho fundamental. Lo
cual denota que tampoco se configuró transgresión alguna al derecho a la
igualdad, ya que se garantizó la igualdad de armas en el curso del debate
judicial, así como el mismo tratamiento por parte de la autoridad judicial.
Por consiguiente, al no advertir vulneración alguna de derechos
fundamentales, aseveró que el asunto no es de relevancia constitucional.
Finalmente, sostuvo en que en el caso no se configura ningún defecto, puesto
que la autoridad judicial accionada «acató con respeto el procedimiento contenido
en el ordenamiento jurídico, evaluó los argumentos de ambas partes y adoptó una
decisión ajustada a derecho conforme no solo a lo probado en el curso del trámite judicial
a través de los documentos y testimonios, sino al comportamiento de las partes en
relación con los hechos debatidos y las órdenes judiciales».
Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta.
4.3. El Tribunal Administrativo del Huila aseguró que valoró exhaustivamente
los medios probatorios allegados y que la supuesta falta de aplicación de la
sentencia del Consejo de Estado aludida implica «la reiteración de las pretensiones
del proceso». Por ende, aseguró que la tutela interpuesta es improcedente, pues
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
la decisión emitida se fundamentó en las pruebas recaudadas en el proceso y
la verificación y aplicación de la distinta normatividad y jurisprudencia
relacionada con el asunto.
En consecuencia, solicitó negar el amparo, en razón a que ni existe
vulneración de derechos fundamentales ni se configuran los requisitos
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
4.4. El Juzgado Noveno Administrativo de Neiva remitió el expediente del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por la señora Gloria Isabel Argüello Calbache cumple a cabalidad
con los requisitos generales de procedibilidad.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de
26 de septiembre de 2023, en el marco del medio de control tramitado bajo el
radicado Nro. 41001-33-33-705-2015-00282-01, el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala de Decisión Nro. Cinco incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento
del precedente alegados por la parte actora.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y su análisis en el caso
En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente. A su vez, el asunto no se trata de una tutela interpuesta contra una
providencia de tutela.
Segundo, la acción de tutela se presentó (18 de marzo de 2024) transcurrido menos de
seis meses desde la notificación de la sentencia de 26 de septiembre de 2023 (el 12
de octubre de 20236 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación). Esto
demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en la
defensa de sus derechos.
Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que la
parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa idóneos para
exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela.
Cuarto, con relación al requisito general de la relevancia constitucional, no podría
entenderse que la tutela se está empleando como una tercera instancia adicional,
en tanto que no fue la tutelante quien ejerció el recurso de apelación promovido
contra la sentencia de primera instancia, que fue favorable a sus intereses. De
manera que los presuntos errores de la sentencia de segunda instancia no pudieron
ser alegados en el curso del proceso previa a esta, pues solo hasta que se profirió
la decisión atacada estos fueron advertidos.
Así las cosas, al considerar que se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, la Sala proseguirá a estudiar
si el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. Cinco incurrió en los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente.
5. Alcance de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de
las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido,
6 Información obtenida de Samai bajo el radicado 41001-33-33-705-2015-00282-01, índice 19.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso concreto7.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica8, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional9 reconoce dos dimensiones de este defecto. Por una
parte, la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso10; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo11.
La dimensión positiva tiene lugar por actuaciones del juez, tales como (i)
valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión; o (ii) decidir con medios de prueba
que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia12.
5.2. Por su parte, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido
resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. De esa forma se
busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica
para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y así se garantice el
debido proceso del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
7 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en
una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
9 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que
la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del
precedente).
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente y los requisitos para
apartarse válidamente de este, la Corte Constitucional ha precisado que deben
cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud de los
cuales el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la decisión
judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los que
decide apartarse del precedente existente. Entonces, es insuficiente ofrecer
argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues además se debe
demostrar con argumentos sólidos que el precedente vigente no es válido,
correcto o suficiente para resolver el caso sometido a decisión13.
6. Análisis en el caso concreto
6.1. De entrada, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión
Nro. Cinco, contenidas en el siguiente fragmento:
(sic para toda la cita)
«5. El marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad. Sentencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021.
i).- El concepto “término estrictamente indispensable”, al que alude el numeral 3º del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato
(atendiendo el principio de planeación); por lo tanto, se justifica en la necesidad de la
prestación del servicio a favor de la administración, que debe ser esencialmente temporal, y
de ninguna manera con ánimo de permanencia.
ii).- Para que no opere la solución de continuidad, se estableció un lapso de 30 días hábiles
(contado entre la finalización de un contrato y el inicio de la ejecución del siguiente), y cuando
el mismo se excede, se podrá flexibilizar, atendiendo las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas en el expediente.
iii).- En lo relacionado con la omisión de afiliar al contratista al sistema de seguridad social en
salud (por parte de la administración); es improcedente la devolución de los valores que este
13 En este sentido, ver las Sentencias SU–395 de 2017 y SU–309 de 2019, en las que dijo la Corte
Constitucional: «este Tribunal ha precisado que no se configura el defecto siempre que el funcionario
jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y argumente con suficiencia
los motivos por los cuales toma distancia de lo resuelto con anterioridad. Por ello, el manejo legítimo del
precedente obliga a que el juez i) dé cuenta del balance judicial vigente; ii) presente los razonamientos
adecuados y suficientes para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial; y, iii) explique de qué
manera su propuesta hermenéutica desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
hubiera asumido de más, porque los mismos se recaudaron como recursos de naturaleza
parafiscal. Al abordar los elementos consustanciales de la relación laboral, precisó que los siguientes
eventos -consolidados- pueden interpretarse como indicios de una clara e inequívoca
subordinación continuada:
“…2.3.3.2. Subordinación continuada. 102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o
dependencia del trabajador constituye el elemento determinante que distingue la relación
laboral de las demás prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para
exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No
obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según
cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio. 103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha considerado,
como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su
existencia; entre estas, se destacan las siguientes: 104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad
para que el contratista lleve a cabo sus actividades. (…)
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada de
trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y, por
consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá
ser valorada en función del objeto contractual convenido. 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de la
exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de
disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento
de la subordinación. (…)
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas
los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la
relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento
de funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas
en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando
en la ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral
a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.” (…). 7.2. El caso concreto.
Huelga recordar que, la entidad recurrente esgrime que i) se demostró con la prueba
testimonial que las actividades realizadas por la demandante correspondieron con el
cumplimiento autónomo del proceso asistencial contratado por cooperativas, resaltando que
el cumplimiento de turnos no genera subordinación y que a las deponentes Rosa María
Caguano y Francy Edith Sánchez les asiste interés en el presente asunto por haber promovido
iguales pretensiones, ii) la vinculación contractual de la demandante obedeció al cumplimiento
de la medidas de reestructuración realizadas en la institución.
i) Frente a la alegada inexistencia de subordinación, la Sala encuentra que si bien la
apelante no tachó en su oportunidad a las testigos Rosa María Caguano y Francy Edith
Sánchez, le asiste razón cuando advierte que resta credibilidad a las mismas, el hecho de
haber incoado iguales pretensiones que la aquí demandante y que incluso ésta (la actora)
hubiera servido de testigo en los procesos promovidos por aquellas (como lo aceptó en su
interrogatorio), pues es evidente que a las deponentes mencionadas le asiste interés en las
resultas del presente litigio y ello tiene la virtud de parcializar su relato.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Aunado a lo anterior, su narrativa no encuentra respaldo en prueba documental alguna,
obsérvese que mientras señalan que la demandante prestó sus servicios en forma continua e
ininterrumpida, las órdenes de prestación de servicios y los contratos suscritos con
cooperativas que fueron allegados, dan cuenta que la demandante presentó múltiples
interrupciones en la ejecución de sus actividades tal y como se consignó en el acápite de lo
probado de este proveído. También señalan las declarantes que cumplían funciones al igual
que las auxiliares de enfermería de planta y si bien se allegó el Acuerdo 027 de 200731 al
igual que las Resoluciones 1075 de 2008 y 1007 de 200032 que dan cuenta de la existencia
de dicho cargo en la E.S.E. demandada, no se arrimó acto administrativo alguno contentivo
de las funciones asignadas al mismo, lo cual hubiera permitido corroborar su correspondencia
con las actividades realizadas por la aquí demandante durante las ejecuciones contractuales. De igual forma, las señoras Rosa María Caguano y Francy Edith Sánchez depusieron que
junto a la demandante cumplían horario, obrando en el plenario los turnos de las auxiliares de
enfermería durante los años 2009 a 2012 de la E.S.E. Hospital San Antonio de Padua de la
Plata, sin apreciarse que la demandante figurara como responsable de turno alguno, salvo en
el mes de febrero de 2011
No obstante, tal cuadro no da cuenta de las funciones desarrolladas por la demandante y no
se tiene certeza sobre su autor, pues pese a que el testimonio de Francy Edith Sánchez
Caupaz indicó que dichos cuadros eran firmados por quien los realizaba, los allegados no
fueron rubricados por persona alguna, resultando insuficiente para acreditar el cumplimiento
habitual de un horario por la señora Gloria Isabel Arguello Calbache y aun así, el
obedecimiento del mismo no genera per se subordinación:
“Así las cosas, para demostrar la subordinación será necesario que se acrediten una serie de
sucesos que giran en torno al contrato, los cuales de manera conjunta llevan a la convicción
de este elemento esencial, como por ejemplo las condiciones en que se debe ejecutar la labor
contratada, el objeto social de la entidad estatal donde se presta el servicio, las necesidades
que justifican la contratación, la temporalidad de la prestación del servicio, entre otras. Empero, es importante aclarar, que los criterios fácticos que se deben acreditar para llegar a
concluir que una relación contractual estuvo orientada por la subordinación, son disímiles en
cada caso, de tal forma que, a modo de ejemplo, no siempre que haya cumplimiento de horario
implica per se que nos encontremos ante una relación laboral”. El testimonio del señor Rafael Luna Joya, también traído por la parte demandante, tampoco
logra acreditar los supuestos propios de la subordinación, pues aduce no haberle constado la
forma ni particularidades en que la señora Arguello desempeñó sus actividades, tampoco tener
conocimiento que hubiera actuado en forma dependiente. Así las cosas, los testigos traídos
por la actora resultan insuficientes para acreditar las precisas circunstancias en que la
demandante prestó sus servicios (cumplimiento de horario, órdenes impartidas, permisos y
llamados de atención), pues como se indicara, no obra prueba que de fuerza a su relato al
cual se le resta credibilidad en razón a su particular interés en esta causa.
Por lo anterior, los elementos probatorios aportados no permiten tener por demostrada
la relación laboral deprecada por la demandante, dado que la prestación del servicio que
llevó a cabo la misma de manera personal y los pagos recibidos (aspectos sobre los cuales
no hubo controversia), se causaron en razón al cumplimiento de las obligaciones
contractuales suscritas con la contratante sin existir subordinación y en tal virtud, el
primer argumento de la apelación está llamado a prosperar, lo cual resulta suficiente para
revocar el fallo recurrido y denegar las pretensiones» (Negrillas propias).
6.2. Como se advierte del aparte transcrito, el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala de Decisión Nro. Cinco, en primera medida, se refirió a la Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, en la cual la
Sección Segunda del Consejo de Estado fijó las siguientes tres reglas
tratándose de contrato realidad: (i) El concepto “término estrictamente
indispensable” es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato; (ii) el término de la no solución de continuidad es de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente; y (iii)
en lo relacionado con la omisión de afiliar al contratista al sistema de seguridad
social en salud, es improcedente la devolución de los valores que este hubiera
asumido de más.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
Seguido, el tribunal accionado se adentró al estudio de la subordinación y
concluyó que las pruebas allegadas, entre estas, varios testimonios a
practicados a solicitud de la parte demandante no acreditaban que en el caso
se configurara este elemento. Por ende, optó por revocar la decisión de
primera instancia, en la cual se había accedido a las pretensiones de la
accionante.
6.3. Es incuestionable, entonces, que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Decisión Nro. Cinco se refirió al precedente unificado de la Sección Segunda
en materia de contratos realidad. Pese a tal labor, la Sala advierte que la
autoridad judicial accionada pasó por alto una de las reglas allí consagradas
en lo relacionado con el análisis del elemento de subordinación.
Al respecto, en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 la Sección Segunda de esta Corporación reiteró que la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las otras formas de
prestaciones de servicios, pues implica la facultad del empleador de exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su
poder disciplinario.
La Sección Segunda reconoció que la subordinación es un concepto abstracto
que se manifiesta de diversas formas. Atendiendo a ese carácter etéreo, dicha
autoridad de cierre se pronunció sobre algunas circunstancias que fungen
como indicios de la subordinación. Entre estos indicios se encuentran: el lugar
de trabajo, el horario de labores, la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar y que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta.
Con relación al horario, la Sección Segunda explicó que la existencia de este
último no siempre implica la existencia de subordinación. Aun así, puso de
presente que «ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el
sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas», lo cual puede constituir indicio de la
existencia de una subordinación subyacente. Sin embargo, sostuvo que esa
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
Frente a la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, la Sección
Segunda explicó que constituye indicio de subordinación la exigencia del
cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi. Subrayó que la dirección y control
efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación.
Asimismo, la Sección Segunda de esta Corporación manifestó que el hecho
de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma
permanente a los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
En suma, resaltó que, a diferencia de la relación laboral, la existencia del
contrato de prestación de servicios exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral. Y subrayó la importancia de los indicios para dilucidar
la existencia o no de subordinación en el caso concreto.
6.4. Con relación a lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que el tribunal
accionado pasó por alto la regla contenida en la Sentencia de Unificación SUJ-
025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 relativa a los indicios de la
subordinación, pues desestimó la información contenida en los testimonios
practicados en el curso del debate judicial de los cuales se desprendía,
justamente, indicios de la existencia de subordinación en el caso. Entre estos
se encuentran los testimonios rendidos por las señoras Rosa María Caguano
Guacho, y Francy Edith Sánchez Caupaz, quienes fueron compañeras de
trabajo de la actora, pues se desempeñaron como auxiliares de enfermería en
el Hospital San Antonio de Padua de la Plata.
El Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. Cinco desestimó los
testimonios rendidos, bajo el argumento de que estos carecían de credibilidad,
debido a que las declarantes también interpusieron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Hospital San Antonio de Padua de la
Plata por los mismos hechos que la señora Gloria Isabel Argüello Calbache.
Igualmente, la autoridad judicial accionada mencionó que «incluso ésta (la
actora) hubiera servido de testigo en los procesos promovidos por aquellas».
A juicio de la Sala, tales circunstancias pudieron llevar al Tribunal a valorar con
mayor rigor lo declarado por las testigos, pero no a descartar tales
declaraciones, como quiera que justamente son los propios compañeros de
trabajo las personas que pueden dar cuenta de manera personal y directa de
las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrolla determinada
actividad o se presta un servicio14.
Al margen de la justificación dada por el tribunal accionado, la Sala resalta que
la declaraciones de las testigos de la parte demandante, contienen indicios
constitutivos del elemento subordinación propio de una verdadera relación
laboral, en los términos indicados por la Sección Segunda de esta Corporación
en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de
2021, por ejemplo, (i) los relativos al cumplimiento de horarios; (ii) el
establecimiento de turnos por parte de superiores, para efectuar las labores
asignadas, como atención del paciente, suministro medicamentos,
canalización, arreglo de la unidad, atención del parto, toma de signos vitales,
14 Como respaldo de lo afirmado, la Sala trae a colación la sentencia del 14 de marzo de 2024, en el Expediente
Nro. 41001-23-33-000-2015-00250-01 (3334-2022), proferida por la Sección Segunda, Subsección B de
esta Corporación, en la que se resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesto por la señora Rosa María Caguano Guacho, testigo en el medio de control instaurado por la
señora Gloria Isabel Argüello Calbache y quien también fungió como enfermera del Hospital San Antonio de
Padua de la Plata, para recalcar que la credibilidad de un testigo se desdibuja tan solo por el hecho de haber
presentado demanda semejante. Si bien puede revestir un interés mancomunado, este no invalida las
condiciones de tiempo, modo y lugar narradas por el testigo.
Justamente, la citada sentencia de 14 de marzo de 2024 da cuenta de ese aspecto, pues allí se le dio valor
probatorio al testimonio de la señora Gloria Isabel Argüello Calbache, independientemente de que aquella
también instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital San Antonio
de Padua de la Plata por hechos semejantes a los narrados por la señora Rosa María Caguano Guacho.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
toma de muestras de laboratorio, elaboración de historia clínicas, entre otras
labores; (iii) el cumplimiento de funciones de manera presencial y continua en
las instalaciones del Hospital San Antonio de Padua de la Plata, bajo la
supervisión y control de médicos y enfermeras jefe; (iv) asimismo, que en la
planta de personal del hospital había otras personas nombradas para llevar a
cabo las mismas funciones bajo el cargo de auxiliar de enfermería.
Aspectos que de acuerdo con la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-
2021 de 9 de septiembre de 2021 son determinantes para establecer si en el
caso existe o no subordinación.
Incluso, los testimonios rendidos por los testigos solicitados por el Hospital San
Antonio de Padua de la Plata también proporcionan indicios de la
subordinación en el caso de la señora Gloria Isabel Argüello Calbache. Entre
estos se encuentra testimonio la señora Carolina Yasnó Gómez, quien fue
compañera de trabajo de la actora, pues se desempeñó como auxiliar de
enfermería en el Hospital San Antonio de Padua de la Plata y quien para la
fecha de la declaración fungía como auxiliar administrativo en la Secretaría de
Gerencia de dicha institución. De su testimonio también es posible advertir que
la prestación del servicio se efectuaba en las instalaciones del Hospital San
Antonio de Padua de la Plata bajo horarios y turnos de seis o doce horas
preestablecidos por las enfermeras jefe, así como el acatamiento de órdenes
dictadas por parte de estas últimas y por los médicos tratantes.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en el caso analizado el
tribunal accionado pasó por alto indicios relevantes sobre la configuración del
elemento de la subordinación contenidos en los testimonios practicados en el
proceso, valorados de manera conjunta y armónica con los demás medios de
prueba obrantes en el proceso, y que apuntan a la existencia de varios
elementos constitutivos de subordinación.
En este punto, la Sala resalta que el juez natural es autónomo e independiente
en la valoración probatoria y que no es labor del juez de tutela suplantar el
ejercicio valorativo de aquel. Aun así, la Sala encuentra que en el caso la
señora Gloria Isabel Argüello Calbache se pasaron por alto indicios de
subordinación contenidos en el material probatorio obrante en el expediente,
que de acuerdo con la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021 deben ser valorados especialmente por el juez de la
causa, debido a que a que la subordinación, justamente, «constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios».
6.5. Y aunque lo anterior es suficiente para conceder el amparo solicitado por la
señora Gloria Isabel Argüello Calbache, lo cierto es que el Tribunal accionado
tampoco se refirió al precedente jurisprudencial aplicable al caso.
Sobre este punto, en el escrito de tutela la parte actora invocó como
desconocido el precedente contenido en: (i) Sentencia de 21 de abril de 2016,
radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01, y (ii) Sentencia del 21 de junio del 2018,
radicado 50001-23-33-000-2010-00606-01, proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en las que se ha sostenido que las labores de enfermería,
por la naturaleza misma de la actividad, no pueden considerarse prestadas de
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
forma autónoma15. Según esta tesis jurisprudencial, la entidad demandada es
la llamada a probar que la ejecución de las labores fue autónoma e
independiente, sin desconocer que existen casos en los cuales es factible que
quien ejerce tal labor actúe sin que se cumpla con elemento subordinación.
No obstante, la Sala no pierde de vista que en algunas oportunidades la
Sección Segunda de la Corporación, aunque acoge esta tesis, al momento de
efectuar la valoración probatoria la orienta a establecer si se acreditó en el
caso concreto la configuración del elemento subordinación. Por ende, es claro
que el hecho de ejercer la enfermería no conlleva per se a que
automáticamente se accedan las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento del contrato laboral. Sin embargo, tampoco pueden
desconocerse circunstancias evidentes relacionadas con la forma como, por
regla general, opera el servicio de enfermería. Esas condiciones, justamente,
son las que han dado origen a la postura de la Sección Segunda de esta
Corporación, según la cual por regla general «la labor de enfermera no puede
desempeñarse de forma autónoma», y a reconocer que la subordinación es un
concepto abstracto que se manifiesta de diversas formas, por lo que algunas
circunstancias fungen como indicios de la subordinación, entre estos, el lugar
de trabajo, el horario de labores, la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar y que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, como se
indicó en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021.
Análisis que sea de paso decirlo, no fue el efectuado por la autoridad judicial
accionada en la sentencia que se revisa en esta oportunidad.
7. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala de Decisión Nro. Cinco incurrió en defecto fáctico y por desconocimiento
del precedente contenido en la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de
9 de septiembre de 2021, al pasar por alto los indicios constitutivos de subordinación
en el caso de la señora Gloria Isabel Argüello Calbache contenidos en la prueba
testimonial practicada y demás medios de prueba obrantes en el proceso; y al
desconocer la importancia de los indicios en el esclarecimiento del elemento de la
subordinación, en los términos señalados en la providencia de unificación
mencionada.
Por lo tanto, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de la señora Gloria Isabel Argüello Calbache y, por ende, se dejará sin
efectos la sentencia de 26 de septiembre de 2023.
15 El precedente invocado como desconocido por la actora ha sido reiterado por las diferentes Subsecciones
de la Sección Segunda del Consejo de Estado: A manera de ejemplo: (i) Sentencia de 21 de abril de 2016,
radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14); (ii) Sentencia de 18 de julio de 2018, radicado 52001-
23-31-000-2011-00207-01(0501-17); (iii) Sentencia de 12 de mayo de 2022, radicado 25000-23-42-000-
2017-00635-01 (5002-2019); (iv) Sentencia de 18 de agosto de 2022, radicado 81001-23-33-000-2013-
00071-01 (4428-2014); (v) Sentencia de 14 de septiembre de 2022, radicado 66001-23-33-000-2017-
00063-01 (5036-2019); (vi) Sentencia de 29 de junio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2017-02041-01
(3667-2019); (vii) sentencia de 30 de noviembre de 2023, radicado: 23001-23-33-000-2016-00320-01(4184-
2019); (viii) Sentencia de 12 de diciembre de 2023, radicado 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020)
B; (ix) Sentencia 15 de febrero de 2024, radicado: 05001-23-33-000-2016-01454-01 (1056-2023).
Esta tesis también ha sido acogida por la Corte Constitucional en las Sentencias T-388 de 2020 y T-366
de 2023.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01341-00
Demandante: Gloria Isabel Argüello Calbache
En consecuencia, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Decisión Nro. Cinco proferir decisión judicial de reemplazo, en el cual, a la luz de
las normas y precedentes aplicables al caso, valore integralmente todos los medios
de prueba obrantes en el proceso y los indicios de subordinación que se desprenden
del material probatorio contenido en el expediente, a fin de definir si en el caso
concreto se acreditaron o no los elementos de un contrato realidad.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
señora Gloria Isabel Argüello Calbache.
2. Dejar sin efectos la providencia de 26 de septiembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. Cinco, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
3. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Decisión Nro. Cinco que, dentro del término de veinte (20) días, profiera
decisión judicial de reemplazo, en la cual, a la luz de las normas y precedentes
jurisprudenciales aplicables al caso, valore integralmente todos los medios de
prueba obrantes en el proceso y los indicios de subordinación que se
desprenden del material probatorio contenido en el expediente, a fin de definir
si en el caso concreto se acreditaron o no los elementos de un contrato
realidad.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Aclara el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclara el voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.