RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01355-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01355-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01355-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01355-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

16 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 16 de abril de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: ROGERIO MARTÍNEZ ALBÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Relación laboral encubierta en
contratos de prestación de servicio. Improcedencia de la acción de
tutela. Relevancia constitucional. Reiteración de argumentos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Rogerio Martínez contra el
Tribunal Administrativo del Putumayo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 19 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Rogerio Martínez Albán pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 18
de septiembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Putumayo que confirmó
la decisión de primera instancia de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-33-001-2021-00075-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló la siguiente pretensión:

PRIMERO. Se TUTELEN mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia, los cuales se vulneraron con la sentencia de segunda instancia
del 18 de septiembre del año 2025 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho RADICACIÓN: 86001333300120210007501, misma que fue notificada por correo electrónico
el día (19) de septiembre del año (2025), con ponencia del Honorable Magistrado Ponente: MARCO
ANTONIO MUÑOZ MERA, por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida
el día (29) de junio del año (2023) por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, en
donde resolvió en mi contra lo siguiente:
(…)
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del (18) de septiembre del año
(2025) proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho RADICACIÓN:
86001333300120210007501, misma que fue notificada por correo electrónico el día (19) de septiembre
del año (2025), con ponencia del Honorable Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO MUÑOZ MERA,
por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida el día (29) de junio del año
(2023) por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa.

TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Putumayo, a que dentro del término que se fije,
profiera nueva sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado No. 86001333300120210007501, valorando integralmente el acervo probatorio
conforme a las reglas de la sana crítica y al principio de primacía de la realidad sobre las formas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el actor que suscribió contratos de prestación de servicios desde el 1° de enero
de 1991 hasta el 19 de diciembre de 2019 con la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía -, para cumplir funciones de auxiliar
técnico.

Que el 19 de agosto de 2020 pidió a la mencionada entidad que le reconociera la
existencia de una relación laboral y le pagara todos los emolumentos y prestaciones
sociales dejadas de percibir.

Mediante el Oficio OJ – 1483 del 14 de septiembre de 2020, Corpoamazonía denegó la
petición relacionada en el párrafo anterior. Inconforme, el hoy tutelante presentó recurso
de apelación; sin embargo, la entidad no se pronunció.

3.2. Actuación judicial

El señor Rogerio Martínez Albán promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
Corpoamazonía -, para que se declarara la nulidad del Oficio OJ – 1483 del 14 de
septiembre de 2020 y del acto ficto que, a su juicio, se había configurado al no resolver
el recurso de apelación presentado contra ese oficio. A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se reconociera la existencia de una relación laboral y se le pagaran
todos los emolumentos y prestaciones sociales dejadas de percibir. Adicionalmente, que
se condenara en costas a la entidad demandada.

La demanda se adelantó bajo el radicado 86001-33-33-001-2021-00075-00 y
correspondió al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que, por sentencia del 29 de
junio de 2023, declaró la existencia del acto ficto y denegó las demás pretensiones.

Señaló que la entidad tenía la obligación de pronunciarse sobre el recurso de apelación
presentado contra el oficio OJ – 1483 del 14 de septiembre de 2020, pero que ello no
ocurrió, por lo que se había generado un silencio administrativo negativo.

Que no se encontraban demostrados los elementos necesarios para declarar la
existencia de la relación laboral, en concreto la subordinación, y que las reclamaciones
sobre períodos anteriores al 28 de octubre de 2015 se encontraban caducadas, debido a
que se habían presentado varias interrupciones entre los contratos suscritos por las
partes.

Inconforme, el demandante apeló y manifestó que el juzgado de instancia se había
equivocado al declarar la caducidad y limitar el estudio de las pretensiones solo respecto
de los contratos posteriores al 28 de octubre de 2015, porque había probado que la
relación laboral se presentó desde el 1 de enero de 1999 hasta el 19 de diciembre de
2019, sin solución de continuidad, a pesar de que no pudo aportar todos los contratos
que firmó con la entidad.

Que el término de tres años para reclamar las prestaciones sociales se contaba desde la
finalización del último vínculo, el 19 de diciembre de 2019. Que ese término había sido
suspendido con la reclamación que presentó el 19 de agosto de 2020 y que hubo una
indebida valoración de las pruebas que evidenciaban la prestación personal del servicio,
la remuneración y la subordinación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

Por sentencia del 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Putumayo
confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.
Además, condenó en costas a la parte demandante.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en el siguiente vicio de fondo:

Defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio aportado al expediente
del proceso ordinario, que daba cuenta de la acreditación de los elementos necesarios
para decretar la relación laboral.

Dijo que el tribunal demandado omitió efectuar una valoración integral, sistemática y
razonada del acervo probatorio obrante en el expediente, particularmente de las pruebas
testimoniales y documentales que acreditaban la continuidad en la prestación personal
del servicio.

Que, si bien respecto de determinados períodos no reposaban contratos escritos, ello no
desvirtuaba la ejecución material, continua e ininterrumpida de la labor que desarrollaba.
Que la ausencia del soporte documental de algunos lapsos no podía erigirse como un
criterio excluyente para denegar la existencia de la relación laboral cuando las demás
pruebas permitían reconstruir razonablemente la realidad fáctica.

Que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, lo
jurídicamente relevante no era la denominación asignada a los instrumentos
contractuales, sino las circunstancias materiales en que se ejecutó la prestación del
servicio. Que la realidad probada demostraba continuidad, prestación personal y sujeción
funcional y, en consecuencia, había lugar al reconocimiento de la relación laboral.

Que los testimonios de Gloria Inés Guevara Gómez, Rosa del Carmen Perafán Fajardo,
Nora del Carmen Chávez Cadena y Álvaro Enrique Médicis Cárdenas fueron
concordantes, coherentes y precisos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar
respecto a la forma continua en la que ejerció sus funciones, incluso en los períodos en
los que no existía contrato formal vigente. Que esas declaraciones no fueron desvirtuadas
ni tachadas.

Que la entidad demandada había expedido certificado de tiempo de servicio, pero que
esa documental no fue valorada. Que la autoridad judicial demandada privilegió
indebidamente la forma contractual sobre la realidad material acreditada.

Que de la declaración de los mencionados testigos se podían desprender las siguientes
conclusiones que desarrolló en el siguiente cuadro:

Eje Temático Puntos de Conciencia de los Deponentes
I. Subordinación Gloria Inés Guevara (minutos 9:52 a 31:52), Rosa del Carmen Perafán (minutos 36:00
jerárquica y órdenes a 48:30), Nora Chávez Cadena (minutos 50:00 a 1:03:50) y Álvaro Médicis Cárdenas
directas (1:05:22 a 2:14:18) coinciden unánimemente en que el demandante no gozaba de
autonomía. Recibía órdenes directas de superiores como Leonel Ceballos (Director),
José Ignacio Muñoz y William Rengifo.
Gloria Inés destaca que el jefe le imponía órdenes al actor incluso a través de ella.
II. Extralimitación de Gloria Inés, Nora Chávez y Álvaro Médicis afirman que se le asignaban funciones
funciones ajenas al contrato y al manual de funciones (trabajos de campo, retenes, apoyo en
unidades operativas y ferias en el "CEA").
Nora Chávez subraya que estas órdenes se daban bajo una cláusula de "funciones
adicionales" aplicada de forma impositiva.
III. Suministro de medios Los cuatro testigos confirman que la entidad proveía toda la infraestructura: oficina,
y herramientas de trabajo escritorio, computador, papelería e impresoras.
Especial mención hacen Gloria Inés y Álvaro Médicis sobre la entrega de una
motocicleta Suzuki 125 propiedad de la entidad para el uso del actor.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

IV. Uso de distintivos y Gloria Inés, Rosa Perafán y Nora Chávez coinciden en que el señor Martínez Albán
dotación institucional portaba los mismos elementos que los funcionarios de planta: carné, chalecos, gorras,
camisetas y escarapelas de Corpoamazonía, mimetizando su condición con la de un
servidor público.
V. Régimen disciplinario Gloria Inés y Nora Chávez son enfáticas en señalar que la subordinación era coactiva:
y coacción en el pago el incumplimiento de órdenes acarreaba llamados de atención verbales, memorandos
y, lo más grave, la retención o negación del pago de sus honorarios/prestaciones.
VI. Continuidad laboral y Gloria Inés, Nora Chávez y Álvaro Médicis declaran bajo gravedad de juramento que,
solución de continuidad independientemente de la existencia formal de un contrato escrito, el demandante
siempre estuvo trabajando. Coinciden en que en los periodos de "vacío" contractual, el
actor cumplía sus funciones de manera ininterrumpida.
VII. Permanencia y Rosa Perafán, Nora Chávez y Álvaro Médicis sitúan al demandante dentro de la entidad
vocación de servicio de forma constante por más de dos décadas (desde los años 90 hasta 2019), indicando
(1999 - 2019) que siempre lo vieron sentado en el mismo puesto de trabajo.

Señaló que los relatos de los testigos permitían identificar la existencia de la
subordinación, el suministro de recursos necesarios para la ejecución de la labor y que
la prestación del servicio se prestó de forma continua, de acuerdo con la sentencia del
23 de mayo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01341-00.

Que el tribunal demandado dio prevalencia absoluta a las cláusulas contractuales,
soslayando el deber de confrontación con la realidad material expuesta por los testigos.
Que, con lo anterior, se desconoció que los testimonios no solo describían labores, sino
que acreditaban el cumplimiento de funciones bajo sujeción jerárquica y funcional.

Que el tribunal demandado había encontrado demostrado que desarrollaba funciones
técnicas y administrativas, que debía participar en eventos organizados por la entidad,
que estaba sujeto a verificación de informes, al cumplimiento de metas y directrices
impartidas por funcionarios de la entidad, que debía reportar ausencias y acatar
instrucciones, pero que, sin embargo, tuvo por no acreditada la subordinación porque
esas actividades obedecían a instrucciones propias del contrato y que no implicaban
sujeción.

Que la sentencia acusada omitió analizar por qué esas actividades no superaban el
umbral de mera coordinación contractual.

Manifestó que el argumento del tribunal demandado, según el cual la ausencia de
determinados documentos específicos impedía concluir la existencia del elemento
subordinación, transgredía su derecho fundamental a la igualdad y le imponía una tarifa
legal probatoria.

Finalmente, indicó que la sentencia cuestionada le generaba un perjuicio irremediable, al
denegar el reconocimiento de la relación laboral que acreditó por más de 20 años, con lo
que se le causaba una afectación económica continua, grave y actual que comprometía
sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.

5. Trámite procesal

Por auto del 26 de febrero de 2026, el despacho sustanciador admitió la demanda y, entre
otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Putumayo y, en calidad de terceros con interés, al juez primero
administrativo de Mocoa y al director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonía – Corpoamazonía -.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 2 de marzo de
2026.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo del Putumayo, ponente de la sentencia
acusada, pidió que se denegara el amparo deprecado, al considerar que la acción de
tutela es improcedente por incumplir el requisito de relevancia constitucional.

Dijo que se utilizaba la solicitud de amparo como una instancia adicional para reabrir un
debate probatorio ya agotado en el proceso ordinario. Que el actor solo exponía
discrepancias respecto de la sentencia del 18 de septiembre de 2025 y que la presente
acción constitucional no era un mecanismo para sustituir el criterio del juez ordinario ni
para replantear la apreciación probatoria.

Que la providencia cuestionada sí efectuó un examen integral del acervo probatorio del
proceso ordinario, que permitió concluir que no se probó la subordinación exigida en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Que las pruebas valoradas daban cuenta
de la existencia de coordinación y supervisión contractual que no constituía subordinación
laboral.

Que no obraban en el expediente órdenes disciplinarias, memorandos o reclamos
internos aplicables al actor, ni prueba de poder jerárquico permanente. Que la decisión
controvertida no había sido arbitraria ni caprichosa y, por el contrario, fue razonable y
coherente con la jurisprudencia.

El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa y el director de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía – no se
pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Rogerio Martínez Albán para dejar sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo del Putumayo que confirmó la decisión de primera
instancia de denegar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 86001-33-33-001-2021-00075-00/01.

La Sala anticipa que la acción de tutela incumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto la solicitud de amparo reitera los argumentos que fueron
expuestos y decididos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-003, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala
que se debió reconocer la relación laboral encubierta en contratos de prestación de
servicios suscritos con Corpoamazonía desde el primero de enero de 1991 hasta el 19
de diciembre de 2019.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 29 de junio de 2023, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, se lee
lo siguiente:

No obstante, mi inconformidad también va encaminada al tema de la VERDADERA RELACIÓN
LABORAL DE CARÁCTER PÚBLICO, toda vez que el Juzgador no consideró el hecho de que, a pesar
de que existían períodos de tiempo en los cuales no aparecía contratado (mediante contrato físico) el
señor MARTÍNEZ ALBÁN, continuaba laborando de manera ininterrumpida en la entidad demandada y
que solo tenía descanso en las vacaciones colectivas de CORPOAMAZONÍA, tal como lo demostraron
congruentemente el ramillete de testimonios y declaraciones surtidas en la etapa probatoria; situación
que claramente evidencia que se le daba un trato igual que un trabajador con contrato laboral.
(…)
De lo anterior, se resalta que para el presente caso NO HAY SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD al
considerar que a pesar de que no se cuenta con algunos Contratos suscritos por las partes, siempre
existió la ejecución de la labor de mi mandante y por ende no trascurrió más del término establecido
entre un “contrato de prestación de servicios” y otro, por lo que se deben reconocer todas las
pretensiones de la demanda pues así inequívocamente lo demuestran las probanzas.
Por otra parte, manifiesta el Despacho que la prueba idónea de la contratación no son los testimonios,
sino el contrato que se hubiere suscrito, situación que resta la verdadera importancia de este medio
probatorio (las declaraciones de terceros) pues justamente LAS PRUEBAS TESTIMONIALES
SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE Y DECRETADAS POR EL DESPACHO, SUPLÍAN EL
OBJETO DE DEMOSTRAR QUE EFECTIVAMENTE MI REPRESENTADO LABORÓ
ININTERRUMPIDAMENTE EN CORPOAMAZONÍA, testigos que no fueron tachados por inhabilidad e
imparcialidad en ningún momento y por ende se debían considerar para tener por probados los hechos

3 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

materia de controversia; situación que no ocurre con la testigo de la demandada, señora ARGENIS
OBDULIA LASSO OTAYA, testigo que taché en su respectiva oportunidad legal. Al respecto hago énfasis al fallador superior, que es muy bien sabido, ampliamente, que las entidades
públicas ejercen este mecanismo para evadir las responsabilidades que dentro del proceso judicial se
reclaman, es decir, que contratan a los trabajadores por prestación de servicios por contratos de tiempo
determinados, los hacen trabajar por 2 o 3 meses y les vuelven a hacer firmar otro contrato, razón por
la cual, respecto de este primer punto que argumento, que es la caducidad, esgrimida por el despacho
como la solución de continuidad, NO es lógico remitirse a decir que el único medio de prueba son los
contratos, puesto que se desdibuja la esencialidad del proceso que es la REALIDAD SOBRE LAS
FORMALIDADES. Contrario sensu a lo fundamentado por el despacho, tal como lo dispone el artículo 221 del Código
General del Proceso, un testimonio debe ser coherente, consistente, exacto y completo, es decir, en él
no deben existir contradicciones. De ello se deriva lo manifestado por varias Corporaciones en las que
se ha establecido que existe la necesidad de apreciar cada una de las pruebas de manera individual y
luego en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, con el fin de evitar a toda costa
conclusiones desmesuradas que resten credibilidad a los testigos. Donde si no se logran evidenciar
contradicciones, no se puede restar valor probatorio a un testimonio, es decir, lo más importante dentro
del proceso realmente debe ser el grado de acercamiento a la verdad que proporcione un testigo,
máxime cuando esta probanza es la única que suple el documento contrato (…)
Ahora bien, frente al análisis realizado por el Despacho frente a la prestación personal del servicio, la
remuneración y la Subordinación, es palpable que mi representado sí devengaba un salario por la
prestación personal de sus servicios y se encontraba subordinado a las especificaciones que le dieran
sus superiores jerárquicos para el desempeño de sus funciones dentro y fuera de la entidad, así como
también, el hecho que contaba con un horario de trabajo y se encontraba sometido a metas, objetivos
y directrices dadas por sus superiores, situaciones que sí fueron demostradas mediante las pruebas
documentales aportadas como los contratos suscritos, las pruebas testimoniales y la Declaración de la
Propia Parte. Por lo tanto, SÍ SE ACREDITÓ LA SUJECIÓN PROPIA DE LA RELACIÓN ENTRE EL
PATRONO Y EL EMPLEADO POR HABER EXISTIDO ÓRDENES DIRECTAS EN CONTRA DE MI
MANDANTE PARA LA EJECUCIÓN DE SU CARGO.
(…)
Ahora bien, respecto de las pruebas testimoniales decretadas y legalmente practicadas, las cuales,
hago entrever al ad quem, fueron limitadas por el juez, sea de manifestar que las mismas no fueron
debidamente analizadas y estudiadas, y que no cumplieron los estándares de ley, de la jurisprudencia
y de la doctrina, puesto que no fueron apreciadas conforme a lo establecido en el artículo 176 del C.G.P.
debido a que no fueron apreciadas en conjunto, de manera íntegra, ni tampoco valoradas bajo las reglas
de la sana crítica, situación que es indispensable para tomar una decisión judicial, motivo ausente que
motiva este recurso de alzada. Se considera, sin lugar a equívocos que sobre estas pruebas
testimoniales NO se valoró la totalidad de lo declarado y probado por cada testigo, quienes demostraron
la existencia de la verdadera relación laboral de carácter público. Basta simplemente evidenciar que en
las consideraciones de la Sentencia el A quo manifiesta muy pocos hechos sobre cada testigo, cuando
estos probaron mucho más en la audiencia de pruebas, tal como paso a manifestar: La señora GLORIA INÉS GUEVARA GÓMEZ, en los minutos 9:52 a 31:52 realmente le probó al
despacho lo siguiente: 1. Que trabajó en CORPOAMAZONÍA desde el año 1999 hasta el año 2010. 2.

Que fue compañera de trabajo del señor ROGERIO MARTÍNEZ en CORPOAMAZONIA, inclusive,
manifestando claramente cada una de las dependencias. 3. Que en CORPOAMAZONIA se le asignaban al señor ROGERIO MARTÍNEZ otras funciones
diferentes a las contratadas o a las del manual de funciones por parte de los superiores o jefes
inmediatos. 4. Que da fe de las funciones del señor ROGERIO MARTÍNEZ, tales como: Trabajos técnicos a campo,
retenes con la policía, apoyo en las unidades operativas; concluyendo que en CORPOAMAZONÍA se
debían cumplir funciones adicionales a las contratadas. 5. Que se percataba o daba cuenta de las funciones de ROGERIO MARTÍNEZ en el puesto de secretaria
porque el jefe le imponía órdenes al señor ROGERIO MARTÍNEZ por intermedio de ella, indicando
incluso que cuando ella pedía apoyo en Villagarzón al funcionario que regularmente le enviaban, era al
señor ROGERIO MARTÍNEZ. 6. Que los horarios eran a disposición de CORPOAMAZONÍA y debía cumplirlos el señor ROGERIO
MARTÍNEZ. 7. Que las funciones que debía cumplir el señor ROGERIO MARTÍNEZ eran dadas por el Dr. LEONEL
CEBALLOS (Director Territorial de la entidad para la época). 8. Que los cargos que el señor ROGERIO MARTÍNEZ desempeñó fueron cargos técnicos de fauna,
flora y toda la parte ambiental. 9. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ desempeñaba sus funciones personalmente. 10. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía un salario por el trabajo realizado. 11. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía órdenes y debía cumplirlas, y si no las cumplía, había
sanciones como llamados de atención verbales, memorando y, en últimas, si no cumplía con las
órdenes, no había pago. 12. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía que ir todos los días a trabajar a CORPOAMAZONÍA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

13. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ, en los periodos de tiempo en los cuales no tenía contrato, a él
siempre le tocaba ir a trabajar, siempre lo vio, siempre estuvo trabajando así no le pagaran por no tener
contrato. 14. Que al señor ROGERIO MARTÍNEZ la entidad demandada siempre le entregó un puesto de trabajo
y dotación para desempeñar sus funciones como trabajador, inclusive, manifestando que le daban
dotaciones como camisetas, carnés, escarapelas; incluso, da fe de una motocicleta que le designó
CORPOAMAZONÍA para cumplir sus funciones. 15. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía que ir a cumplir actividades por fuera de sus obligaciones
contractuales, tales como actividades en el “CEA” como ferias, etc, y era una obligación, y que lo vio
personalmente en esas actividades. 16. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ, desde el 10 de febrero de 1999 al 30 de abril del 2010,
SIEMPRE trabajó para CORPOAMAZONÍA. No obstante lo anterior, de estas dieciséis (16) razones probadas, el despacho de primera instancia
únicamente extrajo una (1) afirmación expresa (la cual se encuentra subrayada y en negrita) de lo
demostrado por la testigo, es decir, no valoró en su totalidad lo expuesto por la señora GLORIA INÉS
GUEVARA GÓMEZ. Siendo así que, no se encaminó a analizar debidamente su declaración. La señora ROSA DEL CARMEN PERAFAN FAJARDO, en los minutos 36:00 a 48:30 realmente le probó
al despacho lo siguiente: 1. Que trabaja en CORPOAMAZONÍA desde el año 1992 hasta la fecha. 2. Que fue compañera de trabajo del señor ROGERIO MARTÍNEZ en CORPOAMAZONÍA, porque fue
contratista de la parte técnica desde el año 1992 que ella empezó a trabajar hasta 2019, manifestando
que todo ese tiempo estuvo vinculado a CORPOAMAZONÍA. 3. Que lo vio al señor ROGERIO MARTÍNEZ trabajando y fue compañera del demandante en
CORPOAMAZONÍA entre 1991 al 2019. 4. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ desempeñaba sus funciones personalmente. 5. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía remuneración económica por el trabajo realizado. 6. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía órdenes y funciones de los supervisores de los contratos,
indicando como nombres a los señores JOSÉ IGNACIO MUÑOZ, y WILLIAM RENGIFO. 7. Que CORPOAMAZONÍA le entregaba al señor ROGERIO MARTÍNEZ implementos para desempeñar
sus labores; es decir, un puesto de trabajo, implementos tales como escritorio, computador, impresoras,
papelería, etc. 8. Que al señor ROGERIO MARTÍNEZ le entregaban por parte de CORPOAMAZONÍA carnet, chaleco,
etc. 9. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ fue compañero de trabajo de la testigo desde el 1992 hasta la
fecha en la cual él dejó de trabajar. Que fue en el año 2019. No obstante lo anterior, de estas nueve (9) razones probatorias anteriores, infortunadamente el
despacho de primera instancia no extrajo ninguna afirmación expresa de lo probado por la testigo, es
decir, no valoró en su totalidad lo expuesto por la señora ROSA DEL CARMEN PERAFAN FAJARDO y
por el contrario arguyó que ella manifestó otras situaciones. Siendo así que, no se analizó debidamente
la declaración de la testigo. La señora NORA DEL CARMEN CHÁVEZ CADENA, en los minutos 50:00 a 1:03:50 realmente le probó
al despacho lo siguiente: 1. Que trabaja en CORPOAMAZONÍA desde el año 2003 hasta la fecha. 2. Que fue compañera de trabajo del señor ROGERIO MARTÍNEZ en CORPOAMAZONÍA, desde el
año 2003 hasta el año 2019. 3. Que se percató y le consta que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía órdenes de los supervisores. 4. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ sí recibía órdenes por fuera de las asignadas en su contrato de
trabajo por parte del subdirector (Manifestación hecha en respuesta a la pregunta realizada por el señor
juez), incluso, indicando la forma como se daban las órdenes. 5. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ debía cumplir las órdenes por fuera del contrato, incluso,
indicando que hay una cláusula que habla de funciones adicionales, aclarándole al despacho que
superiores, supervisores o jefes daban órdenes adicionales. 6.

Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía órdenes y debía cumplirlas, y si no las cumplía, no se le
realizaba el pago. 7. Que siempre miraba en CORPOAMAZONÍA activo trabajando al señor ROGERIO MARTÍNEZ. 8. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía que ir todos los días a trabajar a CORPOAMAZONÍA,
manifestando fielmente lo siguiente: “Yo siempre lo miraba trabajando a él”
9. Que al señor ROGERIO MARTÍNEZ se le entregó una oficina y unos equipos de trabajo, indicando
que la corporación siempre les daba lo necesario, y que a él siempre lo miraba trabajando sentado en
el mismo sitio al lado de una ventana. 10. Que al señor ROGERIO MARTÍNEZ la entidad demandada le designaba elementos distintivos de
CORPOAMAZONÍA como camisetas, chalecos, gorras, carnets, tanto a los funcionarios públicos como
a los contratistas. 11. Que vio y observó al señor ROGERIO MARTÍNEZ en actividades de CORPOAMAZONÍA
desarrolladas por fuera de la institución, en donde manifiesta que invitaba a todo el personal de todas
esas actividades. 12. Que en el periodo de tiempo que ella trabajó en CORPOAMAZONÍA siempre vio trabajando al señor
ROGERIO MARTÍNEZ, probando verbalmente los siguiente: “Sí, yo siempre lo miraba trabajando ahí,
yo estuve diez años en la territorial Putumayo y el siempre trabajando ahí, siempre tuvo”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

13. Que a esta pregunta realiza el suscrito: ¿Independientemente de que el señor ROGERIO
MARTÍNEZ haya tenido o no contrato, usted siempre lo vio trabajando? Responde: “Sí, yo siempre lo
miraba a él allí trabajando”. No obstante lo anterior, de estas trece (13) razones anteriores, el despacho de primera instancia
únicamente extrajo una (1) afirmación expresa (la cual se encuentra subrayada y en negrita) de lo
probado por la testigo, es decir, no valoró en su totalidad lo expuesto por la señora NORA DEL CARMEN
CHÁVEZ CADENA y, por el contrario, arguyó que ella manifestó otras situaciones. Siendo así que no
se analizó debidamente la declaración de la testigo. El señor ÁLVARO ENRIQUE MÉDICIS CÁRDENAS, en los minutos 1:05:22 a 2:14:18 realmente le
probó al despacho lo siguiente: 1. Que trabajó en CORPOAMAZONÍA desde el año 1991 hasta la fecha, fungiendo actualmente como
conductor. 2. Que lo conoce porque han sido amigos y entraron a trabajar a CORPOAMAZONÍA en 1991. 3. Que conoce que las obligaciones de él eran como auxiliar técnico, indicando funciones u obligaciones
como llevar subestaciones de climatología, hacer los aforos a los acueductos, hacer visitas técnicas
ambientales (retenes, autorizaciones de corta de árboles), etc. 4. Que en CORPOAMAZONÍA se le asignaban otras funciones diferentes a las contratadas o a las del
manual de funciones por parte de los superiores o jefes inmediatos. 5. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ recibía una contraprestación por los servicios prestados a
CORPOAMAZONÍA. 6. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía jefes o superiores a quien debía cumplirle órdenes como
al Dr. IGNACIO MUÑOZ, Dr. MAYA PONCE, Dra. ANA MARÍA PAYAN, Dr. LEONEL CEBALLOS, a
quien el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía que cumplirle las funciones asignadas. 7. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía que ir a trabajar directamente a CORPOAMAZONIA. 8. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía que cumplir un horario de trabajo. 9. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía un espacio de trabajo, en donde le entregaron
CORPAMAZONÍA tales como escritorio, computador, e inclusive, una motocicleta Suzuki 125. 10. Que en la motocicleta de CORPOAMAZONÍA como trabajador de la entidad tuvo un accidente y que
se lesiono en desempeño de sus funciones. 11. Que muchas veces tuvo que transportar al señor ROGERIO MARTÍNEZ para hacer trabajos de
CORPOAMAZONÍA. 12. Que cuando se realizaban programaciones de CORPOAMAZONÍA tanto los funcionarios públicos
como los contratistas que participaban en eventos, en donde participaba el señor ROGERIO
MARTÍNEZ. 13. Que el señor ROGERIO MARTÍNEZ podía salir de su trabajo, pero con orden del jefe (pedir
permiso). 14. Que desde que él trabajaba en CORPOAMAZONÍA siempre vio al señor ROGERIO MARTÍNEZ
(1991 hasta 2019) en donde lo vio constantemente desempeñando funciones como trabajador de
CORPOAMAZONÍA, aclarando que en los periodos de tiempo donde no tenía contrato el señor
ROGERIO MARTÍNEZ igual siempre lo vio trabajando en CORPOAMAZONÍA. 15. Que cuando se le pregunta que si el señor ROGERIO MARTÍNEZ tenía autonomía para desempeñar
sus labores o debía cumplir las de CORPOAMAZONÍA manifiesta que tenía que ir a la CORPORACIÓN
a cumplir sus órdenes de trabajo. No obstante lo anterior, de estas quince (15) probanzas anteriores, infortunadamente el despacho de
primera instancia únicamente extrajo cinco (5) afirmaciones expresas (las cuales se encuentran
subrayadas y en negrita) de lo probado por la testigo, es decir, no valoró en su totalidad lo expuesto por
el señor ÁLVARO ENRIQUE MÉDICIS CÁRDENAS. Siendo así que, no se encaminó a analizar
debidamente su declaración.
(…)
Basta sólo con considerar que a pesar de que la entidad demandada expidió las respectivas
Certificaciones en las que se demostró el lapso de tiempo laborado por mi mandante, no fueron tenidas
en cuenta como se debió.

Bien es cierto que como se dijo anteriormente, no se cuenta con contratos
suscritos en algunos lapsos de tiempo, sin embargo, de conformidad con los lineamientos expuestos
por el Consejo de Estado, cuando no se logra la prueba documental directa para acreditar la relación
laboral y el tiempo de servicio prestado a una entidad, el interesado debe acudir a pruebas que puedan
reemplazarlos o hacer creíble su existencia. Situación que se efectuó a cabalidad, pues se recurrió a
los testigos, los cuales demostraron que efectivamente el señor MARTÍNEZ ALBÁN trabajó
ininterrumpidamente en CORPORAMAZONÍA. En ese sentido, se demuestra la necesidad de dar el
verdadero valor probatorio a las pruebas aportadas para consecuencialmente decretar la verdadera
existencia de la PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS y en consecuencia, decretar la
existencia de la relación laboral.

Por su parte, en la acción de tutela la parte actora argumenta lo siguiente:

El tribunal omitió efectuar una valoración integral, sistemática y razonada del acervo probatorio obrante
en el expediente, particularmente de las pruebas testimoniales y documentales que acreditaban la
continuidad en la prestación personal del servicio. Tal omisión desatiende el deber constitucional de
apreciación probatoria conforme a las reglas de la sana crítica y compromete la validez de la decisión
adoptada.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

Si bien en determinados períodos no reposan contratos escritos formalmente suscritos entre las partes,
dicha circunstancia no desvirtúa la ejecución material, continua e ininterrumpida de la labor desarrollada.
La ausencia de soporte documental en algunos lapsos no puede erigirse en criterio excluyente para
negar la existencia del vínculo, cuando el conjunto de los medios de convicción permite reconstruir
razonablemente la realidad fáctica acreditada.
En consecuencia, carece de sustento jurídico sostener que transcurrió un término que interrumpiera la
relación, pues tal conclusión se fundamenta exclusivamente en un entendimiento formal del vínculo
contractual. En aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, lo jurídicamente
relevante no es la denominación asignada a los instrumentos contractuales, sino las circunstancias
materiales en que se ejecutó la prestación del servicio. Cuando la realidad probada demuestra
continuidad, prestación personal y sujeción funcional, se impone el reconocimiento de la relación laboral.
Los testimonios rendidos por Gloria Inés Guevara Gómez, Rosa del Carmen Perafán Fajardo, Nora del
Carmen Chávez Cadena y Álvaro Enrique Médicis Cárdenas fueron concordantes, coherentes y
precisos en la determinación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, al afirmar que laboré de
manera continua, incluso en períodos en los que no existía contrato formal vigente. Tales declaraciones
no fueron desvirtuadas ni objeto de tacha eficaz, por lo que su desconocimiento comporta una valoración
arbitraria del material probatorio.
De igual manera, pese a que la entidad demandada expidió certificaciones en las que consta el tiempo
de servicios prestados, dichos documentos no fueron apreciados con el rigor exigido por las reglas de
la sana crítica. Si bien, como se dijo anteriormente, no se cuenta con contratos suscritos en algunos
lapsos de tiempo, de conformidad con los lineamientos expuestos por el Consejo de Estado, cuando no
se logra la prueba documental directa para acreditar la relación laboral y el tiempo de servicio prestado
a una entidad, el interesado debe acudir a pruebas que puedan reemplazarlos o hacer creíble su
existencia. En el presente asunto, dicha carga fue satisfecha mediante pruebas testimoniales
coincidentes, lo que imponía una valoración conjunta, armónica y motivada.
Así las cosas, la decisión cuestionada privilegió indebidamente la forma contractual sobre la realidad
material acreditada, desconociendo el principio de primacía de la realidad sobre las formas y el mandato
de prevalencia del derecho sustancial. En tal virtud, resulta imperativo reconocer la configuración de
dicho principio y, como consecuencia necesaria, declarar la existencia de la relación laboral en los
términos acreditados en el proceso. Haciendo una análisis y reseña de lo declarado por los testigos, se
desprende lo siguiente:

Eje Temático Puntos de conciencia de los Deponentes
I. Subordinación Gloria Inés Guevara (minutos 9:52 a 31:52), Rosa del Carmen Perafán (minutos 36:00 a 48:30), Nora
jerárquica y órdenes Chávez Cadena (minutos 50:00 a 1:03:50) y Álvaro Médicis Cárdenas (1:05:22 a 2:14:18) coinciden
directas unánimemente en que el demandante no gozaba de autonomía. Recibía órdenes directas de superiores
como Leonel Ceballos (Director), José Ignacio Muñoz y William Rengifo.
Gloria Inés destaca que el jefe le imponía órdenes al actor incluso a través de ella.
II. Extralimitación de Gloria Inés, Nora Chávez y Álvaro Médicis afirman que se le asignaban funciones ajenas al contrato y al
funciones manual de funciones (trabajos de campo, retenes, apoyo en unidades operativas y ferias en el "CEA").
Nora Chávez subraya que estas órdenes se daban bajo una cláusula de "funciones adicionales" aplicada
de forma impositiva.
III. Suministro de medios y Los cuatro testigos confirman que la entidad proveía toda la infraestructura: oficina, escritorio,
herramientas de trabajo computador, papelería e impresoras.
Especial mención hacen Gloria Inés y Álvaro Médicis sobre la entrega de una motocicleta Suzuki 125
propiedad de la entidad para el uso del actor.
IV. Uso de distintivos y Gloria Inés, Rosa Perafán y Nora Chávez coinciden en que el señor Martínez Albán portaba los mismos
dotación institucional elementos que los funcionarios de planta: carné, chalecos, gorras, camisetas y escarapelas de
Corpoamazonía, mimetizando su condición con la de un servidor público.
V. Régimen disciplinario y Gloria Inés y Nora Chávez son enfáticas en señalar que la subordinación era coactiva: el incumplimiento
coacción en el pago de órdenes acarreaba llamados de atención verbales, memorandos y, lo más grave, la retención o
negación del pago de sus honorarios/prestaciones.
VI. Continuidad laboral y Gloria Inés, Nora Chávez y Álvaro Médicis declaran bajo gravedad de juramento que,
solución de continuidad independientemente de la existencia formal de un contrato escrito, el demandante siempre estuvo
trabajando. Coinciden en que en los periodos de "vacío" contractual, el actor cumplía sus funciones de
manera ininterrumpida.
VII. Permanencia y Rosa Perafán, Nora Chávez y Álvaro Médicis sitúan al demandante dentro de la entidad de forma
vocación de servicio constante por más de dos décadas (desde los años 90 hasta 2019), indicando que siempre lo vieron
(1999 - 2019) sentado en el mismo puesto de trabajo.

Las declaraciones reseñadas no constituyen relatos aislados ni meros testimonios anecdóticos;
conforman una prueba directa y trasladada de la realidad material que el Tribunal Administrativo omitió
valorar de manera sistemática. La convergencia de los testimonios permite identificar tres pilares
fácticos que resultan determinantes para reconocer la existencia de una relación continua y
subordinada:

1. Subordinación técnica y administrativa: La existencia de jefes inmediatos (Ceballos, Muñoz, Rengifo)
y la imposición de sanciones tales como memorandos y la retención de pagos, evidencia la
subordinación funcional del contratista. Este elemento desvirtúa por completo la naturaleza jurídica de
un contrato de prestación de servicios, el cual, conforme a la doctrina consolidada, presupone
autonomía funciona y plena y ausencia de control jerárquico directo.

2. Ajenidad de medios: La provisión por parte de la entidad de los recursos necesarios para la ejecución
de la labor, desde mobiliario de oficina hasta una motocicleta para desplazamiento, demuestra que el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

contratista no aportaba medios propios, sino que se encontraba incorporado dentro de la estructura
orgánica de la entidad, en condiciones materialmente equivalentes a un vínculo laboral.

3. Primacía de la realidad sobre las formas: Los testimonios coinciden de manera unívoca en que la
prestación de servicios se realizó de forma continua, incluso en períodos sin contrato escrito vigente. La
decisión impugnada desestimó este elemento fundamental al privilegiar la “verdad formal” de los
documentos contractuales sobre la “verdad material” de los testimonios.
(…)
La valoración probatoria efectuada por la autoridad accionada se limitó a resumir los testimonios y
señalar que resultaban insuficientes para desvirtuar la relación de coordinación inherente a la ejecución
contractual, sin efectuar contraste alguno, ni siquiera somero, entre ellos. De ello no se desprende que
los testimonios carecieran de idoneidad; tampoco se examinó su contenido ni se los ponderó en
términos de credibilidad, desestimando factores determinantes como el estado cognitivo y mental de los
declarantes, las condiciones de percepción durante la declaración, el proceso de rememoración, la
coherencia interna de sus respuestas, el sentido lógico de lo afirmado, los intereses particulares o
circunstancias que pudieran influir en su manifestación, y la concordancia o discordancia con otros
medios probatorios. Tampoco se los tachó de confusos, inconsistentes o imprecisos. En contraste,
adoptó una interpretación rígida y exegética de los documentos contractuales, soslayando el principio
de primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en la jurisprudencia laboral y constitucional. En consecuencia, la autoridad accionada incumplió el deber de exponer fundadamente las razones por
las cuales consideraba que las declaraciones no resultaban suficientes e idóneas para desvirtuar la
relación de coordinación, determinando que la valoración integral de la prueba fuese manifiestamente
arbitraria. Este déficit constituye una vulneración de la lógica jurídica y del debido proceso, al fragmentar
el análisis de los hechos probados —prestación de servicios y remuneración— para eludir la
consecuencia jurídica que de ello se derivaría: el reconocimiento de una relación laboral continua y
subordinada. Por todo lo anterior, se concluye que la manera aislada y formalista en que la autoridad
examinó la prueba documental, prescindiendo del contexto que aportaba la prueba testimonial y de la
coherencia sistemática del acervo probatorio, condujo erróneamente a la conclusión de que no se
encontraba acreditado el elemento de subordinación, constituyendo un defecto fáctico grave con
afectación directa al debido proceso.
(…)
Siguiendo con el análisis de los fundamentos en base a los cuales fallo el Tribunal, se tiene que, en
efecto, la propia sentencia reconoce que de la declaración de parte y de los testimonios se desprende
que como trabajador de la entidad desarrolle funciones técnicas y administrativas, debía participar en
eventos organizados por la entidad, estaba sujeto a verificación de informes, al cumplimiento de metas
y a directrices impartidas por funcionarios designados. Asimismo, admite que mis labores podían
extenderse más allá de la jornada ordinaria y que debía reportar ausencias o acatar instrucciones. No obstante, pese a aceptar esos supuestos fácticos, el tribunal concluye que no existía subordinación,
limitándose a afirmar que tales circunstancias obedecían a instrucciones propias del contrato y que no
implicaban sujeción a un horario rígido ni a órdenes directas. Esta conclusión resulta manifiestamente
irrazonable, pues desconoce que la subordinación no exige sujeción absoluta o permanente, sino la
existencia de un poder jurídico de dirección susceptible de ejercerse.

Además, dichas circunstancias
fácticas de las que el propio tribunal hace alusión no formaban parte del contenido obligacional del
contrato de prestación de servicios y desbordaban el ámbito de la mera coordinación propia de las
relaciones autónomas, relevando, por el contrario, la presencia de facultades típicamente
subordinantes.
(…)
Más aún, el tribunal pretende neutralizar el alcance probatorio de los elementos fácticos acreditados sin
efectuar un examen material y conjunto de su contenido. La sentencia de segunda instancia omite
analizar por qué tales hechos no superan el umbral de la mera coordinación contractual y, sobre todo,
por qué no podrían – valorados en su dimensión real y no meramente formal – mutar en condiciones
propias de un contrato realidad, configurativas de un verdadero vínculo laboral. En lugar de confrontar
los hechos probados con el concepto jurídico de subordinación, el tribunal los subsume
automáticamente en la categoría formal del contrato de prestación de servicios, prescindiendo de su
análisis integral.
(…)
Asimismo, el argumento de la providencia cuestionada según el cual la ausencia de determinados
documentos específicos impediría concluir la existencia del elemento subordinación, vulnera el derecho
fundamental a la igualdad, consignado al efecto que:
(…)
Dicha argumentación constituye una limitación ilegítima de la libertad probatoria, principio constitucional
y legalmente protegido en el artículo 165 del Código General del Proceso, al imponer un estándar
probatorio más gravoso y no previsto en la ley para acreditar un elemento constitutivo de la relación
laboral. Esta exigencia implícita coloca al accionante en una situación de desventaja injustificada frente
a otros trabajadores, quienes pueden demostrar la realidad laboral mediante cualquier medio idóneo
reconocido por la norma. Tal exigencia, que se traduce en una tarifa legal probatoria no prevista, vulnera
la uniformidad en la aplicación del derecho y afecta la garantía constitucional de trato igual ante la ley,
fundamento esencial del debido proceso.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

El hecho de que el Juez eche de menos documentos distintos a los que fueron recaudados dentro del
proceso no es razón suficiente para restarle mérito probatorio a estos últimos, pues ello implicaría
priorizar formalismos sobre la realidad fáctica.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia
del 18 de septiembre de 2025, en la que consideró:

En suma, se encuentra acreditado que el señor Rogerio Martínez Albán fue vinculado por
CORPOAMAZONIA mediante contratos de prestación de servicios, en los que se obligó a prestar de
manera personal labores como auxiliar técnico y auxiliar operativo, cuyas funciones variaban según el
objeto contractual. Dichas actividades comprendieron tareas relacionadas con la gestión ambiental, el control y vigilancia
de los recursos naturales y el monitoreo ambiental en el departamento del Putumayo, que incluían tanto
labores de campo (como visitas técnicas, toma y procesamiento de datos, instalación de puntos de
monitoreo y seguimiento de plantaciones), como funciones administrativas y técnicas, tales como la
elaboración de informes, la consolidación de información meteorológica y el apoyo en los procesos de
licenciamiento y evaluación ambiental. 2. Se encuentra acreditado que, para que se efectuara el pago correspondiente al valor del contrato,
era necesario, entre otros requisitos, presentar informes detallados de las actividades ejecutadas, los
cuales debían contar con la aprobación del supervisor del contrato. 3. Conforme con las actas de liquidación y cuentas de cobro que reposan en el expediente, la entidad
demandada canceló al demandante, cada una de las órdenes de prestación de servicios, comprendidas
entre los periodos de 1991 al 2019. 4. Fueron allegados al plenario los Manuales de Funciones de CORPOAMAZONIA, correspondientes a
los periodos comprendidos entre 1995 hasta 2020. 5. De acuerdo con la hoja de vida del señor Rogerio Martínez Albán, este cuenta con formación
académica de bachiller académico, título obtenido el 18 de diciembre de 1998, y registra como
experiencia laboral la celebración de diversos contratos con CORPOAMAZONIA entre el 1 de enero de
1991 y el 19 de febrero de 2019. 6. La Profesional del Área de Talento Humano, expidió certificación del 17 de junio de 2021, en la que
consta que CORPOAMAZONIA, no ha programado ni declarado vacaciones colectivas, desde el año
1991 al 2019. 7. El 19 de agosto de 2020, el señor Rogelio Martínez Albán, mediante apoderado judicial, elevó
reclamación administrativa ante CORPOAMAZONIA, con el fin de que se le reconociera su relación
laboral, se pagara sus prestaciones laborales, sociales, y demás emolumentos. 8. Con oficio OJ – _1483 de fecha 14 de septiembre de 2020, CORPOAMAZONIA resolvió
desfavorablemente la petición del accionante, aduciendo que la vinculación se efectuó a través de
contratos de prestación de servicios, por lo tanto, no tenía derechos a tales prestaciones, como se pasa
a ver:
(…)
9. El 29 de agosto de 2020, el demandante mediante correo electrónico interpuso recurso de apelación
en contra del oficio OJ – _1483 de fecha 14 de septiembre de 2020, expedido por CORPOAMAZONIA. 10. En audiencia de pruebas celebrada el 08 de noviembre de 2022, se recibieron los siguientes
testimonios:
• La señora Gloria Guevara, manifestó haber laborado en CORPOAMAZONIA durante 11 años, entre el
10 de febrero de 1999 y el 30 de abril de 2010, en distintas áreas administrativas. Señaló conocer al
demandante por desempeñarse en el área operativa, donde realizaba labores técnicas en fauna y flora,
bajo órdenes de la entidad, con jornadas que excedían las 8 horas según las necesidades. Indicó que
su trabajo era controlado mediante informes, lo desarrollaba personalmente y recibía una remuneración
mensual.
• Por su parte, la señora Rosa Perafan Fajardo, quien se desempeñó en CORPOAMAZONIA y tuvo a
su cargo la elaboración de certificaciones, declaró haber sido compañera de trabajo del demandante
entre 1992 y 2019.

Señaló que, aunque laboraban en áreas distintas y no le constan los periodos en
que el actor no ejecutó funciones, sí tenía conocimiento de que éste recibía honorarios como contratista
y que contaba con supervisores responsables de verificar el cumplimiento del objeto contractual de cada
uno de los contratos de prestación de servicios durante los tiempos en los cuales estuvo vinculado el
señor Rogerio Martínez Albán.
• La señora Carmen Chaves Cadena, empleada de carrera de CORPOAMAZONIA desde el año 2003
en el cargo de secretaria ejecutiva, manifestó conocer al demandante desde la época de secundaria y
señaló que este prestó sus servicios en la entidad en calidad de contratista hasta el año 2019. Indicó
que se encontraba bajo la supervisión de un funcionario encargado de verificar el cumplimiento de metas
y objetivos, con la posibilidad de suspender o no pagar los contratos en caso de incumplimiento. Expresó
que, aunque no estaba sujeto a un horario, debía acudir a la sede de CORPOAMAZONIA, donde en
varias ocasiones lo vio trabajando en la misma oficina, aunque sus labores eran mayoritariamente fuera
de la sede. Asimismo, refirió que el demandante participaba en eventos programados por la entidad
junto con los demás empleados, aclarando que no le constan las fechas exactas de su vinculación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

• Por otro lado, el señor Álvaro Enrique Medicis Cárdenas, conductor de CORPOAMAZONIA desde
1981 hasta la fecha de su declaración, manifestó conocer al demandante desde antes de 1991 y
posteriormente en CORPOAMAZONIA desde ese año. Señaló que el demandante se desempeñó como
auxiliar técnico, cumpliendo funciones relacionadas con la leva de subestaciones de climatología, aforos
de cuencas de abastecimiento de acueductos, retenes y autorizaciones para el corte de árboles. Indicó
que recibía una contraprestación por los servicios pactados, que durante su vinculación contó con
superiores o jefes inmediatos que controlaban el cumplimiento de sus funciones, las cuales debía
desarrollar en un horario de trabajo y en la sede de CORPOAMAZONIA. Expresó que el demandante
participaba en actividades lúdicas y eventos organizados por la entidad, que debía solicitar autorización
a su jefe inmediato para ausentarse de la institución, y que lo veía trabajando permanentemente, aunque
aclaró que no le consta si en todos esos periodos contaba con contrato vigente.
(…)
En atención al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, corresponde a esta
Corporación, con carácter previo al examen sobre la configuración de una relación laboral entre las
partes, determinar si operó la caducidad de la acción de nulidad y restableciendo del derecho, respecto
de los periodos anteriores al 28 de octubre de 2015, tal como lo concluyó la primera instancia. En ese orden de ideas, se procederá a establecer si el derecho reclamado se encuentra extinguido por
el transcurso del término trienal previsto en la normativa aplicable y, en consecuencia, si resulta viable
el reconocimiento de prestaciones sociales únicamente respecto de los periodos posteriores a dicha
fecha. Bajo ese entendido, del material probatorio obrante en el expediente, se constata que el demandante
prestó sus servicios personales en los siguientes periodos:(…)
Así, con base en el criterio de la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 09 de septiembre
de 2021, que consideró que una interrupción mayor a 30 días hábiles rompe la continuidad del vínculo
laboral, se procede a analizar los periodos, en los cuales hubo interrupciones: 1. Entre el 31 de enero de 1991 y el 01 de marzo de 1992: La interrupción es de 13 meses, se configura
la solución de continuidad. 2. Entre el 30 de junio de 1993 y el 29 de febrero de 1994: Esta interrupción es de aproximadamente 8
meses (más de 30 días hábiles). 3. Entre el 31 de diciembre de 1995 al 01 de junio de 1995: Esta interrupción es de aproximadamente 5
meses (más de 30 días hábiles). 4. Entre el 30 de diciembre de 1997 al 26 marzo de 1998: Esta interrupción es de aproximadamente 3
meses (más de 30 días hábiles). 5. Entre el 31 de diciembre de 1998 al 09 de marzo de 1999: Esta interrupción es de aproximadamente
2 meses (más de 30 días hábiles). 6. Entre el 31 de julio de 1999 al 03 de noviembre de 1999: Esta interrupción es de aproximadamente 3
meses (más de 30 días hábiles). 7. Entre el 30 de diciembre de 2000 al 15 de febrero de 2001: Esta interrupción es de aproximadamente
33 días (más de 30 días hábiles). 8. Entre el 30 de diciembre de 2001 al 15 de febrero de 2002: Esta interrupción es de aproximadamente
31 días (más de 30 días hábiles). 9. Entre el 30 de diciembre de 2002 al 10 de abril de 2003: Esta interrupción es de aproximadamente 4
meses (más de 30 días hábiles)
10. Entre el 31 de diciembre de 2003 al 01 de mayo de 2004: Esta interrupción es de aproximadamente
4 meses (más de 30 días hábiles). 11. Entre el 10 de enero de 2012 al 01 de marzo de 2012: Esta interrupción es de aproximadamente 38
días (más de 30 días hábiles). 12. Entre el 31 de diciembre de 2012 al 12 de abril de 2013: Esta interrupción es de aproximadamente
3 meses (más de 30 días hábiles). 13. Entre el 24 de agosto de 2015 al 28 de octubre de 2015: Esta interrupción es de aproximadamente
2 meses (más de 30 días hábiles).

De acuerdo con lo expuesto, al haber operado la solución de continuidad en varios interregnos, es decir,
que el servicio dejó de prestarse por más de 30 días hábiles, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de modo independiente para cada uno de ellos. Tal como se indicó, estas interrupciones afectaron sustancialmente la permanencia del vínculo laboral,
por lo que las pretensiones relacionadas con cada una de esas etapas debieron ser formuladas ante la
administración dentro del término de tres años contados a partir de la finalización de cada relación
contractual. A continuación, se detallan los períodos a considerar:
• Para el que finalizó el 31 de enero de 1991, la reclamación debió elevarse el 31 de enero de 1994.
• Para el que finalizó el 30 de junio de 1993, la reclamación debió elevarse el 30 de junio de 1997.
• Para el que finalizó el 31 de diciembre de 1995, la reclamación debió elevarse el 31 de diciembre de
1998.
• Para el que finalizó el 30 de diciembre de 1997, la reclamación debió elevarse el 30 de diciembre de
2000.
• Para el que finalizó el 31 de diciembre de 1998, la reclamación debió elevarse el 31 de diciembre de
2001.
• Para el que finalizó el 31 de julio de 1999, la reclamación debió elevarse el 31 de julio de 2002.
• Para el que finalizó el 30 de diciembre de 2000, la reclamación debió elevarse el 30 de diciembre de
2003.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

• Para el que finalizó el 30 de diciembre de 2001, la reclamación debió elevarse el 30 de diciembre de
2004.
• Para el que finalizó el 30 de diciembre de 2002, la reclamación debió elevarse el 30 de diciembre de
2005.
• Para el que finalizó el 31 de diciembre de 2003, la reclamación debió elevarse el 31 de diciembre de
2006.
• Para el que finalizó el 10 de enero de 2012, la reclamación debió elevarse el 10 de enero de 2015.
• Para el que finalizó el 31 de diciembre de 2012, la reclamación debió elevarse el 31 de diciembre de
2015.
• Para el que finalizó el 24 de agosto de 2015, la reclamación debió elevarse el 24 de agosto de 2018. No obstante, al haberse presentado la reclamación el 19 de agosto de 2020, y que la presentación de
la demanda data del 2021, resulta evidente que ha operado la caducidad del medio de control para los
contratos ejecutados con anterioridad al 28 de octubre del año 2015, de conformidad con el término
trienal previsto para este tipo de pretensiones. En ese orden, esta Corporación comparte la decisión
adoptada por el a quo, al limitar el estudio de las pretensiones a los contratos posteriores al 28 de
octubre de 2015. Lo anterior, toda vez que, como se desprende del análisis efectuado, los contratos
suscritos entre las partes no tuvieron continuidad en el tiempo, sino que estuvieron marcados por
diversas interrupciones que impiden considerar la prestación de servicios del demandante como una
relación única y continua. Por consiguiente, la Sala desestima el planteamiento del recurrente, según el
cual la relación se habría prolongado de manera ininterrumpida desde el 1° de enero de 1991 hasta el
19 de diciembre de 2019. Resuelto lo anterior, y en atención al segundo argumento esgrimido en el recurso de apelación,
corresponde a esta Judicatura determinar si entre el señor Rogerio Martínez Albán y la entidad
demandada se configuró una verdadera relación laboral y, en consecuencia, si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales y sociales reclamadas. De conformidad con lo establecido por el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo, en casos
como el presente, es necesario constatar la presencia de los contratos suscritos entre las partes, “en
procura de destacar su objeto temporalidad, funciones y demás aspectos que permitan establecer la
existencia de los elementos de una posible relación laboral, lo que implica que no es posible realizar un
análisis de los periodos sobre los cuales estos no obren4.”
En atención a la jurisprudencia del Consejo de Estado previamente citada, debe señalarse que una
relación de trabajo se configura por la concurrencia de tres elementos esenciales: la prestación personal
del servicio, la subordinación y la remuneración. En ese orden, se procederá al análisis individual de
cada uno de estos componentes, conforme a las pruebas allegadas. Del análisis de los contratos de prestación de servicios allegados al expediente, se desprende que el
señor Rogerio Martínez Albán fue contratado por CORPOAMAZONIA para prestar sus servicios de
manera personal como auxiliar técnico y auxiliar operativo, durante distintos periodos comprendidos
entre el 1 de enero de 1991 y el 19 de diciembre de 2019. Conforme se colige de lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de demanda y
contestación, se encuentra plenamente demostrado que el actor se obligó a prestar personalmente los
servicios contratados, circunstancia que se acredita con los cincuenta y un (51) contratos de prestación
de servicios suscritos con la entidad, así como con la certificación expedida por CORPOAMAZONIA. De igual manera, los testimonios recaudados en sede procesal corroboran que el demandante ejecutó
directamente las labores encomendadas, tanto en las instalaciones de la entidad como en actividades
de campo, lo cual robustece la acreditación del elemento de prestación personal del servicio.

En lo que respecta al elemento de la remuneración, del análisis de los contratos de prestación de
servicios y demás pruebas obrantes en el expediente, se tiene demostrado que el señor Rogerio
Martínez Albán percibió una contraprestación económica por las labores realizadas. En efecto, en
dichos contratos se estipuló de manera expresa el valor de los servicios, cuyo pago se encontraba
condicionado a la presentación de los informes de actividades ejecutadas, la certificación de
cumplimiento expedida por el interventor y la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad
social en salud y pensiones. De igual forma, se constató que la cancelación de los honorarios se efectuaba parcialmente, mediante
un porcentaje inicial y pagos periódicos posteriores, previa verificación de las obligaciones
contractuales. En consecuencia, se encuentra debidamente acreditado que el actor recibió una
remuneración periódica y continua, ajustada a las condiciones previstas en los contratos de prestación
de servicios celebrados con la entidad demandada. En cuanto al elemento de la subordinación, resulta pertinente recordar que, conforme al artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, esta consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al
trabajador “el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato”. Si bien la entidad demandada está limitada en el uso de contratos de prestación de servicios (pues no
pueden destinarse a suplir funciones propias y permanentes), del examen de los contratos y la prueba

4 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda -Subsección "B".

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación número: 50001-23-33-000-2014-00141-01(4594-
17), sentencia de 26 de junio de 2020

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

testimonial se observa que las labores del actor correspondían a tareas de apoyo técnico y
administrativo necesarias para el normal funcionamiento de la entidad.
(…)
En consecuencia, lo acreditado en el proceso demuestra la existencia de un esquema de coordinación
y control indispensable para la adecuada ejecución del objeto contractual, pero no de una relación de
subordinación en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que las
instrucciones recibidas se limitaban a la organización y seguimiento propios de la naturaleza contractual,
sin que pueda predicarse la existencia de un poder subordinante del empleador.
(…)
Ahora bien, la parte demandante, en su recurso de apelación, sostiene que, de los contratos de
prestación de servicios, testimonios y su propia declaración se desprende la existencia de una
subordinación continua, en tanto se evidenciaría la sujeción a órdenes directas para el cumplimiento de
las funciones encomendadas.
No obstante, esta Sala advierte que del análisis integral del acervo probatorio no se acredita que
CORPOAMAZONIA hubiese ejercido un control efectivo, permanente o directo sobre las actividades
desarrolladas por el señor Martínez Albán. En efecto, aunque las funciones ejecutadas implicaban una
necesaria coordinación con los lineamientos institucionales, ello no configura subordinación jurídica,
pues no se demostró que el actor estuviese sometido de manera continua a órdenes directas de la
entidad ni a controles disciplinarios o jerárquicos propios de una relación laboral.
Tampoco obran en el expediente documentos que den cuenta de órdenes, instrucciones, reglamentos,
memorandos o circulares que acrediten un poder de dirección y control efectivo por parte de la entidad,
más allá de la coordinación propia de la ejecución contractual.
Adicionalmente, no se allegó prueba útil que permita establecer que el actor desempeñara funciones
propias del personal de planta o en condiciones equiparables a las de un empleado público o trabajador
oficial. Por el contrario, su contratación respondió de manera reiterada a su experticia técnica, lo cual
se evidencia en los manuales de funciones de la entidad, aportados para los periodos 1995 a 2019, en
los que no se contempla que las obligaciones asignadas al señor Rogerio Martínez Albán hubiesen
correspondido a las previstas para los funcionarios de planta.
Así pues, se precisa que los elementos de coordinación administrativa, supervisión técnica o exigencia
de informes periódicos deben entenderse como inherentes a la lógica de la contratación estatal, en la
medida en que buscan garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual y la correcta
ejecución de los recursos públicos. Tales mecanismos responden a los principios de planeación, control
y eficiencia que rigen la función administrativa, y no pueden, por si solos, erigirse en prueba suficiente
para configurar un vínculo laboral.
En consecuencia, no resulta procedente sostener que se hubiese encubierto una relación laboral
mediante la figura del contrato de prestación de servicios, máxime cuando las labores desempeñadas
se enmarcaban en funciones de apoyo eminentemente técnico, distintas de las de naturaleza
administrativa.
Cabe advertir, adicionalmente, que la inactividad probatoria de la parte actora constituyó un obstáculo
insalvable para acreditar la existencia del elemento de subordinación. En efecto, los medios de
convicción allegados al proceso, así como la prueba testimonial recaudada, resultaron insuficientes para
desvirtuar la relación de coordinación inherente a la ejecución contractual. En tal virtud, esta
Corporación concluye que no se acreditó la existencia de una verdadera relación laboral, razón por la
cual la pretensión principal, al igual que la solicitud de nulidad del acto administrativo acusado, no están
llamadas a prosperar.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Putumayo, que explicó que no podía estudiar los períodos anteriores
al 28 de octubre de 2015, debido a que se presentaron interrupciones entre los contratos
de prestación de servicios celebrados hasta esa fecha. Lo anterior implicó que el análisis
respecto a la acreditación de los elementos que configuran la relación laboral se limitara
a los períodos posteriores al 28 de octubre de 2015.

Que no se probó la configuración del elemento subordinación para declarar la existencia
de una relación laboral entre el señor Martínez Albán y la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía -, de los períodos comprendidos
entre el 28 de octubre de 2015 y el 19 de diciembre de 2019.

En el escenario que propone la parte actora, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, en el que confirmó la decisión de primera instancia de declarar la
caducidad de las reclamaciones sobre periodos anteriores al 28 de octubre de 2015 y
tuvo por no acreditados los elementos de una relación laboral.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01355-00
Demandante: Rogerio Martínez Albán

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar esos
asuntos como lo pretende la parte actora. La acción de tutela es un valioso instrumento
para proteger derechos fundamentales, que no puede utilizarse como una instancia
adicional para obtener una opinión jurídica diversa o tratar de imponer una decisión
distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales de instancia.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para declarar
improcedente la solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1.Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.