Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06584-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06584-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06584-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06584-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 25 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional |
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Acto
administrativo de ejecución - Subsidiariedad | Derechos a la salud y seguridad social –
concede amparo.
Síntesis del caso: La parte actora cuestionó (1) unas Sentencias judiciales que declararon la
nulidad de la resolución que le concedió una pensión de jubilación, (2) una resolución
proferida por la UGPP que, en cumplimiento de unas providencias judiciales, ordenó la
suspensión definitiva de la pensión de jubilación y (3) la vulneración de sus derechos a la
salud y seguridad social con ocasión de su retiro de una entidad adaptada de salud.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por María Edith Reyes de
Aguirre contra el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Solicitud de medida provisional. 1.3. Posición
de la parte accionada y demás vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 29 de noviembre de 2024, María Edith Reyes de Aguirre, a través de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por la aparente vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, seguridad social, mínimo vital y el principio de confianza legítima,
con ocasión de expedición de la Resolución de la UGPP No. RDP 14268 de
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
28 de agosto de 2024, a través de la cual se le dio cumplimiento a unas
Sentencias proferidas el 31 de marzo de 20222 y el 2 de mayo de 20243, por
las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-001-2014-
00488-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la justicia, confianza legítima, al mínimo vital y a la seguridad social en pensión
de jubilación a la señora MARÍA EDITH REYES DE AGUIRRE.
SEGUNDO. ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES Y
COBROS PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, DEJAR SIN EFECTOS
la resolución número RDP 014268 del 28 de agosto de 2024 dio cumplimiento a
la providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA SUBSECCION D Y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION II SUBSECCION B de fecha 02 de
mayo de 2024 por el cual, se ordena la SUSPENSION DEFINITIVA de la Resolución
No. 14455 de 17 de julio de 1989 que reconoció la pensión de jubilación a favor
de la accionante.
TERCERA. En consecuencia, que la señora MARÍA EDITH REYES DE AGUIRRE
cuenta con especial protección del Estado por circunstancias de debilidad y
su avanzada edad (88 años) para que dentro de las cuarenta y ocho horas (48)
siguientes contados a partir de la notificación de la sentencia, procedan a
proferir actos administrativos que deje sin efectos la suspensión ordenada a
través de la resolución anteriormente mencionada.
CUARTA. Se ORDENE a la UGPP a pagar las mesadas dejadas de recibir por la
accionante, debidamente indexadas y se continúe con el pago sin solución de
continuidad.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) La señora Reyes de Aguirre nació el 29 de diciembre de 1935 y
trabajó al servicio de distintas autoridades administrativas durante un
periodo superior a 20 años4, además, en consideración a que cumplía con
el requisito de edad (50 años), el Gerente del Terminal Marítimo de
Buenaventura – Empresa de Puertos de Colombia, a través de la Resolución
No. 14455 de 17 de julio de 1989, le concedió una pensión de jubilación en
cuantía de $76.682 a partir de 3 de abril de 1989, de conformidad con una
Convención Colectiva de Trabajo vigente para 1987-1988.
5. 2) Mediante la Resolución No. 60 de 10 de enero de 1992, el Instituto
de Seguros Sociales (patrono) reconoció a la señora Reyes de Aguirre una
2 Notificada a través de mensaje de datos el 20 de abril de 2022.
3 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 2 de julio de 2024.
4 La demandante prestó sus servicios en el Ministerio de Salud Pública – Instituto Nacional de Salud (1 de octubre
de 1956 a 31 de diciembre 1956); Departamento de Valle del Cauca – Servicio de Salud Valle (1 de abril de 1967
a 31 de marzo de 1968) y Puertos de Colombia (1 de enero de 1969 a 31 de diciembre de 1987 y diciembre 6 de
1988 a 2 de abril de 1989). Total tiempo de servicio: 20 años. 2 meses y 27 días.
2 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
pensión de jubilación en cuantía de $265.980, de conformidad con el
artículo 19 del Decreto Ley 1653 de 1977, en atención a que acreditó que
prestó sus servicios al Instituto de Seguros Sociales – Seccional de Valle del
Cauca, del 5 de enero de 1970 al 30 de diciembre de 1991, esto es, por más
de 20 años, y que tenía más de 50 años.
6. 3) El Instituto de Seguros Sociales (asegurador), a través de la
Resolución No. 10007 de 29 de noviembre de 1995, reconoció una pensión
de vejez a favor de María Edith Reyes de Aguirre, en compatibilidad con la
que se había reconocido por esa misma autoridad, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo No. 49 de 1 de febrero de 1990
emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios5, así: a
partir de 30 de diciembre de 1991 en cuantía de $153.341; a partir de 1 de
enero de 1992 por valor de $193.277; a partir de 1 de enero de 1993 en
cuantía de $241.662; a partir de 1 de enero de 1994 por valor de $292.629 y
a partir de 1 de enero de 1995 en cuantía de $358.734. Como fundamento
de esa decisión señaló que la asegurada cumplía con los requisitos mínimos
exigidos para acceder a la pensión reclamada, pese a ello no se hizo
referencia a cuáles fueron los tiempos de servicio con los que se acreditaron
esos requisitos, ni la edad mínima requerida, solo se indicó que el último
patrono fue el Instituto de Seguros Sociales.
7. 4) La UGPP (a quien se le encargó adelantar las actuaciones y
operaciones propias del reconocimiento pensional que se encontraba en
cabeza de la Empresa de Puertos de Colombia) presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho (acción de lesividad) orientada a
que se decretara la nulidad de la Resolución No. 14455 de 17 de julio de 1989
de la Empresa de Puertos de Colombia, pues consideró que la pensión de
jubilación reconocida a María Edith Reyes de Aguirre en ese acto era
incompatible con la pensión de vejez que le fue reconocida por el Instituto
de Seguros Sociales con la Resolución No. 10007 de 29 de noviembre de
1995, toda vez que las 2 prestaciones provenían del erario.
8. 5) El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca el cual, mediante Sentencia de 31 de marzo de 2022, declaró la
nulidad de la Resolución No. 14455 de 17 de julio de 1989, expedida por la
Empresa de Puertos de Colombia, y negó la pretensión de ordenar la
devolución de las sumas pagadas indebidamente a la señora Reyes de
Aguirre. La autoridad judicial concluyó que, con independencia de que la
pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales se fundamentó en el
Decreto 758 de 1990 (cotizaciones al sector privado), las pensiones
reconocidas incluyeron tiempos de servicio prestados en el sector público,
por lo que María Edith Reyes de Aguirre se encontraba percibiendo 2
5 Aprobado mediante el Decreto No, 758 de 1990 del Gobierno Nacional.
3 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
asignaciones que provenían del tesoro público, lo cual las hacía
incompatibles. Aunado a ello, explicó que no era viable la devolución de los
dineros pagados de buena fe y que en el asunto no se demostró una mala
fe de la demandada.
9. 6) María Edith Reyes de Aguirre presentó recurso de apelación en el
que alegó que las asignaciones que percibía eran compatibles en la
medida en que tenían un origen diferente, pues una se originaba en una
convención colectiva fruto de una negociación sindical, y la otra respondía
a lo cotizado por la demandada en el desarrollo de su vida laboral, al
margen de que su origen fuera en el sector público.
10. 7) El 2 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió Sentencia de segunda instancia en la que
confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca. Para el efecto, indicó que, de las pruebas que se decretaron y
practicaron en el proceso, se lograba evidenciar que las prestaciones
pensionales de las que gozaba la señora Reyes de Aguirre eran
incompatibles en la medida en que ambas provenían del erario, pues tenían
origen en los servicios prestados por la demandada en el sector público.
11. 8) Mediante Resolución No. RDP 14268 de 28 de agosto de 2024, la
UGPP dio cumplimiento a la Sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 2 de mayo de 2024 y, en
consecuencia, ordenó la suspensión definitiva de la Resolución No. 14455 de
17 de julio de 1989, que reconoció la pensión de jubilación a María Edith
Reyes de Aguirre.
12. 9) Finalmente la demandante indicó que debido a su avanzada edad
debía asistir a diferentes controles y citas médicas. Que se encontraba
afiliada al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales y era atendida
en la IPS Corpovser pero que, en cumplimiento de la resolución mencionada
en el párrafo anterior, fue retirada de dicho fondo desde el 30 de septiembre
de 2024.
13. El fundamento de la vulneración radicó en que la Resolución No. RDP
14268 del 28 de agosto de 2024 vulneró sus derechos fundamentales en la
medida en que la pensión que le fue suspendida era el único medio de
subsistencia con el que contaba, y que se trataba de una persona de
avanzada edad, que no se encontraba en óptimas condiciones de salud,
lo cual le ha llevado a solicitar ayuda de sus familiares por no contar con los
recursos económicos para sufragar los gastos que demanda su delicado
estado de salud.
4 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
14. Aunado a ello, respecto de las providencias judiciales, hizo referencia
al aparente desconocimiento de unas decisiones proferidas por el Consejo
de Estado6, en las que se ha indicado que es viable percibir al mismo tiempo
una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y una
pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros, siempre que esta última
se reconozca por servicios prestados a empleadores particulares.
1.2. Solicitud de medida provisional
15. El 6 de diciembre de 2024, a través de la ventanilla virtual, el
apoderado de la señora Reyes de Aguirre presentó una solicitud para que
se adoptara una medida provisional, en los siguientes términos (se trascribe)
“tomar las medidas provisionales de proteger el derecho a la vida de la
Accionante me permito adjuntar los exámenes médicos requeridos y
dispositivos requeridos para proteger la Salud y que no han sido atendidos”.
1.3. Posición de la parte accionada y demás vinculados7
16. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca solicitó que se negaran
las pretensiones de la acción de amparo en la medida en que, en la
sentencia proferida por esa corporación se acataron los postulados
normativos y jurisprudenciales para resolver el caso en concreto. Indicó que
el hecho de que la decisión proferida haya sido contraria a los intereses de
la señora Reyes de Aguirre, no supone, de por sí, la vulneración de los
derechos fundamentales alegados, pues en la providencia se expresaron las
razones que conllevaron a las conclusiones que fueron expuestas.
17. La UGPP pidió que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela en la medida en que la accionante pretendía utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional, además consideró que la
acción de tutela no superaba el requisito de subsidiariedad ya que no se
acudió al recurso extraordinario de revisión, y no se demostró la existencia
de un perjuicio irremediable. De manera subsidiaria, solicitó que se negaran
las pretensiones de la demanda, toda vez que dicha autoridad dio estricto
cumplimiento a lo ordenado en las sentencias proferidas por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, dichas providencias judiciales no
6 Enunció las Sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en los expedientes: 17001-23-
31- 000-2009-00102-01 (0375- 11); 25000-23- 25-000-2009- 00274-01 (229-11); ”0882-2013”; “procesos acumulados
5708, 5833 y 5937” y “radicación No 8516”.
7 Mediante Auto de 3 de diciembre de 2024, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la acción de
tutela de la referencia y (2) tener como demandados a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y a la UGPP.
• Posteriormente y, en virtud de la medida provisional solicitada por la parte demandante, mediante Auto de 21
de febrero de 2025, el despacho (1) ordenó la vinculación del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales,
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud – ADRES y la IPS Corpovser, en calidad de terceros con interés en el asunto, (2) corrió
traslado a las autoridades demandadas y vinculadas de la medida provisional solicitada por la parte demandante
y (3) requirió a ADRES para que informara el estado actual de la vinculación de María Edith Reyes de Aguirre al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, de cara a su retiro del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales.
5 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
incurrieron en ningún defecto y, en consecuencia, no hubo ninguna
vulneración de los derechos fundamentales reclamados.
18. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES solicitó que se declarara la falta de legitimación
pasiva en la causa en la medida en que, a su juicio, dicha autoridad no ha
desplegado ninguna conducta que vulnerara los derechos fundamentales
de la demandante. Sobre su informe, la Sala advirtió que no realizó ningún
pronunciamiento respecto del requerimiento para que informara el estado
actual de la vinculación de María Edith Reyes de Aguirre al Sistema General
de Seguridad Social en Salud, de cara a su retiro del Fondo Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales.
19. La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones solicitó
que se declarara que no hubo ninguna vulneración de derechos
fundamentales por parte de las autoridades judiciales accionadas. De
manera subsidiaria, solicitó su desvinculación de la presente acción de
tutela.
20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el
Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales y la IPS Corpovser, pese
a haber sido debidamente notificados8, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Solicitudes de desvinculación. 2.2. Sobre la medida provisional. 2.3.
Metodología de estudio 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.5. Procedencia de la acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública.
2.6. Fijación de la controversia. 2.7, Verificación de la vulneración alegada 2.8.
Conclusiones.
2.1. Solicitudes de desvinculación
21. ADRES y Colpensiones, en sus respectivos informes, solicitaron su
desvinculación del proceso de la referencia. La Sala negará dichas
solicitudes comoquiera que las autoridades fueron vinculadas a la acción
de tutela como terceros con interés en el asunto, en virtud de la medida
provisional solicitada por la parte demandante, razón por la cual les asiste
interés en lo que aquí se decida.
2.2. Sobre la medida provisional
22. En el curso del trámite del asunto, la señora Reyes de Aguirre, por
intermedio de su apoderado judicial, solicitó que se adoptara una medida
8 Revisar índices 7, 21, 22 y 23 del expediente digital que obra en SAMAI.
6 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
provisional consistente en la protección de su derecho a la salud, dado que
requiere unos tratamientos debido a su avanzada edad, los cuales fueron
suspendidos en virtud de su retiro del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales, por la orden de suspensión de la Resolución No. 14455 de 17 de
julio de 1989, expedida por la Empresa de Puertos de Colombia.
23. En la medida en que, a través de la presente providencia se adoptará
una decisión respecto de la controversia planteada por la parte
demandante, la solicitud de medida provisional será estudiada como una
pretensión adicional de la acción de tutela.
2.3. Metodología de estudio
24. De la revisión del escrito de tutela, logró entreverse que, de un lado,
la demandante cuestionó las sentencias judiciales proferidas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-001-2014-
00488-00/01, lo cual se estudiará como acción de tutela contra providencia
judicial.
25. De otro lado, se estudiará la aparente vulneración de los derechos por
parte de (1) la UGPP con ocasión de la expedición de la Resolución No. RDP
14268 de 28 de agosto de 2024, y (2) el Fondo Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales, con ocasión de la vulneración de los derechos a la
salud y seguridad social de la demandante, en atención a su retiro del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
sentencia proferida en segunda instancia por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, puesto que, pese a que también se enjuició
la Sentencia proferida el 31 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación,
fue la sentencia de segunda instancia la que resolvió la controversia.
Asimismo, ante una eventual decisión favorable a las súplicas de amparo,
será esta última decisión la que se dejará sin efectos.
27. La Sala declarara la improcedencia de la acción de tutela formulada
contra providencia judicial, por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
28. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuáles el aspecto bajo estudio tenía
trascendencia constitucional; y (2) pretendió revivir un debate propio del
7 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
juez natural sobre una situación definida y consolidada. Así, buscó que, a
través de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto,
es decir, utilizarla como una instancia adicional.
29. En primer lugar, la parte actora en el escrito de tutela no expuso los
motivos por los cuales consideraba que el reparo en cuestión revestía
trascendencia constitucional y, en esa medida, era necesaria la
intervención del juez de tutela.
30. En segundo lugar, la parte demandante consideró que la decisión
judicial debía dejarse sin efectos en la medida en que fueron desconocidas
unas sentencias del Consejo de Estado9, con las cuales, a su juicio, era viable
percibir al mismo tiempo una pensión de jubilación por servicios prestados
en el sector público y una pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros
Sociales.
31. La Sala evidenció que la intención de la parte actora con ese reparo
fue reabrir el debate planteado respecto de la posibilidad de percibir 2
pensiones, incluso, si en las 2 hubo aportes provenientes de servicios
prestados en el sector público.
32. Sobre ese aspecto la autoridad judicial realizó un análisis de los hechos
que se encontraban probados y los fundamentos legales y jurisprudenciales
aplicables, para concluir que los reconocimientos pensionales fueron
consecuencia de los aportes que provenían de dineros del Estado y que,
por esa razón, infringían la Constitución (artículo 128) y disposiciones tales
como los artículos 77 y 88 de Decreto 1848 de 1969 y el artículo 19 de la Ley
4 de 1992, entre otros, que prohibían de manera tajante la doble erogación
del erario.
33. Así se evidenció que ese reparo no pretendió más que exponer una
discrepancia entre lo decidido por la autoridad judicial y quien enjuició la
decisión, lo cual no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto era constitucionalmente relevante.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra acción u omisión de
autoridad pública
34. 1) En lo relacionado con la pretensión de dejar sin efectos la
Resolución No. RDP 14268 de 28 de agosto de 2024 de la UGPP, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad.
9 Revisar pie de página 6.
8 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
35. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que el
artículo 610 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 8611
Constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
36. En ese orden, la Corte Constitucional12 ha determinado que, por regla
general, no es procedente acudir a la acción de tutela para cuestionar
actos administrativos de carácter particular, pues para tal propósito están
previstos otros medios de control en la Ley 1437 de 2011. Así mismo, ha
indicado que es regla es aún más exigente cuando se trata de cuestionar
actos administrativos de ejecución (expedidos para dar cumplimiento a un
fallo judicial), ya que la administración no manifiesta su voluntad, sino que
se limita a ejecutar una decisión contenida en una sentencia judicial
amparada por el efecto de la cosa juzgada. En ese sentido, ha establecido
que la procedencia de la acción de tutela respecto de ese tipo de actos
estaba supeditada a que se desbordara el mandato judicial para, en su
lugar, adoptar un acto definitivo.
37. En ese orden de ideas, la Sala evidenció que la Resolución No. RDP
14268 de 28 de agosto de 2024 de la UGPP dispuso: (1) dar cumplimiento a
la providencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 2 de mayo de 2024 y, en consecuencia, (2) suspender
definitivamente la Resolución No. 14455 de 17 de julio de 1989, expedida por
la Empresa de Puertos de Colombia.
38. Lo anterior dejó en evidencia que, la Resolución No. RDP 14268 de 28
de agosto de 2024 de la UGPP se limitó al cumplimiento de una orden
judicial, y que, en el presente asunto, no se probó que dicho acto de
ejecución desbordara el mandato judicial, situación que permitiría, en
términos de la Corte Constitucional, la procedencia excepcional de la
acción de tutela.
39. 2) Respecto de la solicitud para que se adoptaran medidas tendientes
a proteger la vida de la demandante, de cara a su retiro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, la acción de tutela es procedente ya
10 Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)
11 Artículo 86—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable (…)”.
12 Ver la Sentencia SU-575 de 2019.
9 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
que esta se orientó, principalmente, a obtener la protección de los derechos
fundamentales13 a la salud y a la seguridad social. María Edith Reyes de
Aguirre es la titular de los derechos invocados, por lo cual, se tiene por
acreditada la legitimación activa en la causa14. El Fondo Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales era la autoridad a la que se encontraba afiliada
la demandante y que se encargaba de garantizar la prestación de los
servicios de salud que requería, motivo por el que está acreditada su
legitimación pasiva en la causa15.
40. Respecto del requisito de subsidiariedad16, la Sala lo tendrá por
superado por no existir recurso idóneo y eficaz que le permita a la
accionante alegar los reparos planteados vía tutela.
41. En relación con el requisito de inmediatez17, este se cumple, pues,
entre el retiro del Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales
(30/9/2024) y la radicación de la acción de tutela (29/11/2024), hubo un
plazo razonable.
2.6. Fijación de la controversia
42. Corresponde a la Sala determinar si el Fondo Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales vulneró los derechos fundamentales a la salud y
seguridad social de María Edith Reyes de Aguirre, por la suspensión de sus
servicios de salud, de cara a su retiro.
2.7. Verificación de la vulneración alegada
43. La Sala accederá al amparo de los derechos a la salud y seguridad
social de María Edith Reyes de Aguirre, conforme con las razones que pasan
a exponerse:
44. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la demandante es una
persona de 89 años, que se encontraba afiliada al Fondo Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales18, como Entidad Adaptada al Sistema General
de Salud - EAS19.
13 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del
14 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
15 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1.
16 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
17 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
18 https://www.fps.gov.co/corporativo/la-entidad/15:” El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, es una empresa del sector público adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
El FONDO es una ENTIDAD ADAPTADA EAS que presta servicios de salud a los pensionados de los Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, Puertos de Colombia y a sus respectivos beneficiarios.”
19 De conformidad con el artículo 136 de la Ley 100 de 1993 (se trascribe) “Las cajas, fondos y entidades de
seguridad social del sector público, empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que con
anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley presten servicios de salud o amparen a sus afiliados riesgos
de enfermedad general y maternidad (...) podrán continuar prestando los servicios de salud a los servidores que
se encuentren vinculados a la respectiva entidad en la fecha de iniciación de vigencia de la presente Ley y hasta
el término de la relación laboral o durante el período de jubilación, en la forma como lo vienen haciendo.”
10 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
45. En el curso del proceso solicitó que se adoptaran las medidas para la
protección de sus derechos a la salud y seguridad social, toda vez que,
según certificación de 7 de noviembre de 2024, de la Ortopédica San
Carlos, a la demandante se le debía realizar la entrega de un (se trascribe)
“dispositivo de asistencia para la marcha tipo caminador de 4 ruedas con
frenos delanteros”.
46. Además, de acuerdo con un soporte de historia clínica que ella misma
allegó a la acción de tutela, se le diagnosticó (se trascribe) “hipoacusia
neurosensorial bilateral”, motivo por el que su médico tratante, el 2 de
diciembre de 2024, expidió una orden para un monitoreo de prótesis y
ayudas auditivas y un control y seguimiento por especialistas en
otorrinolaringología.
47. A pesar de lo anterior, debe indicarse que, en virtud de la ejecución
de la Resolución No. RDP 14268 de 28 de agosto de 2024 de la UGPP, la
demandante fue retirada de la EAS20 a la que estaba afiliada en el Sistema
Integral de Seguridad Social en Salud, a partir del 30 de septiembre de 2024,
y no se evidencia que actualmente se encuentre afiliada, o que la garantía
de sus servicios de salud haya recaído en otra entidad promotora de los
servicios de salud21.
48. La Sala no pasa por alto que la certificación y orden médica allegada
a la acción de tutela con el fin de demostrar las afecciones de salud y
tratamientos de la accionante, son posteriores a la fecha de retiro de la EAS,
pese a ello, la información verificada da cuenta que su retiro del Fondo
Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales se produjo el 30 de septiembre
de 2024 y ello permite inferir que actualmente María Edith Reyes de Aguirre
no cuenta con los servicios de salud que requiere.
49. Bajo el marco expuesto, sea lo primero indicar que la señora Reyes de
Aguirre es un sujeto de especial protección constitucional, pues como lo ha
señalado la Corte Constitucional22 los adultos mayores se enfrentan a
circunstancias de debilidad por el deterioro de su salud.
50. Además, esa condición de sujetos de especial protección
constitucional adquiere mayor relevancia cuando: (1) los reclamos se
realizan en el plano de la dignidad humana o (2) está afectada, entre otras
condiciones, su salud23.
20 Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales
21 Dicha Información puede ser consultada en la página de ADRES, a través del siguiente enlace:
https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps. Tras realizar la consulta en el enlace, la Sala constató que el estado de
la accionante es “retirado” y como fecha de finalización aparece 30/09/2024.
22 Ver Sentencia T-066 de 2020 de la Corte Constitucional.
23 Ibidem
11 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
51. En el presente asunto, la señora Reyes de Aguirre tiene una avanzada
edad, tiene una afectación relacionada con su salud, respecto de la que
reclama atención, pues indicó que requiere que se adopten medidas de
carácter urgente, con el fin de conjurar la falta en la prestación de servicios.
Situación que no fue desvirtuada por el Fondo Pasivo Social de los
Ferrocarriles Nacionales, el cual fue vinculado y se le corrió traslado de la
acción de tutela, pero no emitió ningún pronunciamiento alguno, motivo
por el que es procedente aplicar la presunción de veracidad, de
conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
52. Bajo esa línea, la Corte Constitucional24 se ha referido a la continuidad
en la prestación de los servicios de salud para indicar que para las Entidades
Promotoras de Salud se encuentra prohibido suspender tratamientos con
fundamento en cuestiones administrativas, contractuales o económicas.
Adicional a ello dichas entidades están en la obligación de continuar el
tratamiento médico hasta su culminación.
53. La Corte Constitucional25, además, ha identificado unas justificaciones
de las Entidades Promotoras de Salud, que no son válidas para negar la
continuidad en la prestación de los servicios de salud, a saber: (1) que la
persona encargada de realizar los aportes dejó de pagarlos, (2) que el
paciente ya no se encuentra inscrito en la EPS, por su desvinculación del
lugar de trabajo, (3) porque la persona perdió la calidad que lo hacía
beneficiario, (4) porque la EPS considera que la persona no reunió los
requisitos para haberse inscrito, pese a que fue afiliada, (5) porque el afiliado
se trasladó a otra EPS, y su empleador no ha hecho aportes a la nueva
entidad, o (6) porque se trata de un servicio específico que no se había
brindado antes al paciente.
54. Aunado a lo anterior, cabe anotar que, para la Corte Constitucional26,
las EPS deben garantizar a sus usuarios el debido proceso en la desafiliación,
es decir, que deberá verificar si tiene un tratamiento médico en curso, con
el fin de garantizar que continúe la prestación de servicios y que si el usuario
perdió la calidad que lo hacía beneficiario, la EPS lo debe acompañar y
brindarle asesoría hasta que logre vincularse nuevamente al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
55. En el presente asunto logró advertirse que el Fondo Pasivo Social de
los Ferrocarriles Nacionales como EAS de la demandante vulneró sus
derechos a la salud y seguridad social, pues no brindó la continuidad en los
servicios que requería, pese a que existía un diagnóstico “hipoacusia
neurosensorial bilateral” y se encontraban pendientes unos servicios y unas
24 Ver Sentencia T-067 de 2015.
25 Sentencia T-170 de 2002.
26 Revisar la Sentencia T-152 de 2019.
12 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
ordenes de su médico tratante con el fin de brindarle el tratamiento que su
salud requería. Además, se estableció que la EAS vulneró el debido proceso
en la desafiliación toda vez que, en desatención al tratamiento médico que
se encontraba en curso, retiró a la demandante de su red de afiliados, y
omitió brindarle acompañamiento y asesoría en dicho proceso.
56. Así, el hecho de que, en virtud de una decisión judicial, la UGPP
suspendiera el pago de la pensión otorgada por la Empresa de Puertos de
Colombia, no era razón suficiente para que la EAS retirara a la demandante
del Sistema General de Seguridad Social en Salud pues (1) se trata de un
sujeto de especial protección constitucional, (2) tiene un tratamiento en
curso, (3) no se siguió el debido proceso para la desafiliación y (4) en todo
caso, se continuaron realizando los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, pues la demandante percibía otra pensión a cargo de
Colpensiones27.
57. En ese orden, para la Sala se vulneraron los derechos a la salud y a la
seguridad social de María Edith Reyes de Aguirre y, en consecuencia, se
ordenará al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales que continue
garantizando la prestación de los servicios de salud que requiere la actora
hasta que culmine el tratamiento de las patologías que padece y, con
posterioridad a ello, guie a la demandante para realizar un traslado de la
EAS del régimen excepcional al que estaba afiliada, a una EPS del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
58. Además, se prevendrá al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales de que no puede sustraerse de su obligación de garantizar los
servicios de salud que requiera la demandante hasta que culmine el
tratamiento en curso, y, con posterioridad a ello, tenga certeza de que
efectivamente fue trasladada a una EPS.
2.8. Conclusiones
59. La Sala considera que (1) se debe declarar la improcedencia, por
falta de relevancia constitucional, respecto de la tutela presentada contra
la Sentencia de 2 de mayo de 2024, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado; (2) se debe declarar la
improcedencia frente a la pretensión de dejar sin efectos la Resolución No.
RDP 14268 de 28 de agosto de 2024 de la UGPP, por no superar el requisito
de subsidiariedad; y (3) se debe conceder el amparo de los derechos a la
salud y a la seguridad social de la accionante, vulnerados por el Fondo
27 Esa información fue consultada en el Sistema Integral de Información de la Protección Social, a través del
siguiente enlace: https://ruaf.sispro.gov.co/Filtro.aspx
13 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales, con ocasión de su retiro, y la
consecuente suspensión en la prestación de los servicios de salud.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por ADRES
y Colpensiones, con fundamento en las razones dadas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
María Edith Reyes de Aguirre respecto de la Sentencia de 2 de mayo de
2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado; y la Resolución No. RDP 14268 de 28 de agosto de 2024 expedida
por la UGPP, por las razones expuestas.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la salud y a la
seguridad social de María Edith Reyes de Aguirre y, en consecuencia,
ORDENAR al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales que,
atendiendo a la situación de vulnerabilidad de la accionante, en un término
de 48 horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia,
garantice la prestación de los servicios de salud que requiere hasta que
culmine el tratamiento de las patologías que padece y, con posterioridad a
ello, guie a la señora Reyes de Aguirre para realizar el traslado de la EAS
(régimen excepcional) al que se encontraba afiliada, a una EPS del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
CUARTO: PREVENIR al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales
sobre el hecho de que no puede sustraerse de su obligación de garantizar
los servicios de salud que requiera la demandante hasta que culmine el
tratamiento en curso y, con posterioridad a ello, tenga certeza de que
efectivamente fue trasladada a una EPS.
QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 28.
28 secgeneral@consejodeestado.gov.co
14 de 15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06584-00
Demandante: María Edith Reyes de Aguirre
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros
Decisión: Declara improcedencia y concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________
SEXTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
15 de 15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.