Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00894-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00894-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00894-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de marzo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Demandante: GRACIELA GARCÍA BAYONA
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL
MECANISMO ES IMPROCEDENTE PORQUE NO
SATISFACE EL REQUISITO DE SUBSIADIARIEDAD.
Síntesis del caso: la actora cuestionó el acto administrativo de ejecución que se expidió en
cumplimiento de una providencia judicial que concedió la medida cautelar solicitada por la UGPP.
No obstante, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en contra del actor administrativo
por su naturaleza de mera ejecución y declarará improcedente la acción por falta de
subsidiariedad en cuanto al auto que concedió la medida provisional en tanto actualmente se
encuentra en curso el recurso de apelación que se presentó en contra de dicho proveído.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Graciela García Bayona en
contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -en adelante UGPP-, para la protección de sus derechos
fundamentales de igualdad, debido proceso, dignidad humana y mínimo vital
consagrados en los artículos 12, 29 y 53 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados por la Resolución del 17 de diciembre de 2025 de la UGPP que dio
cumplimiento a la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
del 20 de noviembre de 2025.
1
Mediante escrito radicado inicialmente el 6 de febrero de 2026 ante el Juzgado Quinto de Familia de
Bucaramanga, despacho judicial que se declaró incompetente y remitió el proceso a esta Corporación, en
la medida que las pretensiones se dirigían en contra del Tribunal Administrativo de Santander (índice 02
de Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora Graciela García Bayona es una persona de la tercera edad, pensionada del
régimen general (Colpensiones) y de la UGPP como sobreviviente de su compañero
permanente.
2) Mediante sentencia laboral proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Bucaramanga, el compañero de la accionante -Pedro Jesús Becerra Pinto (QEPD)-,
obtuvo el reconocimiento de una pensión de jubilación restringida, derivada de sus
derechos laborales adquiridos.
3) En cumplimiento de dicho fallo judicial, la UGPP expidió los actos administrativos
correspondientes para hacer efectivo el derecho pensional (Resoluciones RDP 064 de
2014, RDP 1441 de 2018 y RDP 14370 de 2018 2).
4) La pensión de sobrevivientes le fue otorgada a la actora de conformidad con la
sentencia judicial mencionada, de modo que venía disfrutando legítimamente de dos
prestaciones pensionales compatibles: una del régimen general (Colpensiones) y otra
especial reconocida por la UGPP, sin que ello implicara recibir simultáneamente dos
pensiones plenas a cargo del erario.
5) En el año 2018, la UGPP promovió ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
un proceso de lesividad, con el fin de controvertir la legalidad de las mencionadas
resoluciones pensionales que beneficiaron a la señora García Bayona.
6) Dentro de dicho proceso, en auto de 20 de noviembre de 2025 el Tribunal
Administrativo de Santander decretó una medida cautelar de suspensión provisional de
los efectos de las Resoluciones RDP 064 de 2014, 1441 de 2018 y 14370 de 2018, sin
realizar un análisis de la situación personal de la actora, sino únicamente a
consideraciones legales sobre la posible nulidad de los actos administrativos.
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Por medio de la cual se reconoce pensión de sobreviviente a la actora
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
7) Frente a dicha determinación se presentó oportunamente recurso de reposición y en
subsidio apelación que, a la fecha de presentación de la acción se tutela, se encuentran
pendientes por resolver.
8) En cumplimiento de lo ordenado por la medida cautelar, la UGPP expidió la Resolución
RDP 021772 del 17 de diciembre de 2025, mediante la cual excluyó a la señora Graciela
García Bayona de su nómina de pensionados.
Fundamento de la vulneración
La parte actora alegó que la Resolución RDP 021772 del 17 de diciembre de 2025
proferida por la UGPP vulneró sus derechos fundamentales, por los siguientes
argumentos:
La Resolución RDP 021772 del 17 de diciembre de 2025 se profirió sin el mínimo análisis
de las condiciones en las que vive y le suspendió unilateralmente la pensión más
favorable pues, aunque no vive en la indigencia, la drástica disminución de sus ingresos
compromete seriamente su derecho fundamental al mínimo vital.
Se encuentra en una encrucijada donde dos entidades públicas (Colpensiones y UGPP)
habían reconocido prestaciones pensionales en favor de su difunto esposo y de las cuales
ella es beneficiara, por lo que le resultaba aplicable el principio de favorabilidad laboral y
de seguridad social (artículo 53 de la Constitución Política), según el cual, en caso de
concurrencia o duda, debe preferirse la interpretación o el beneficio más favorable al
trabajador o pensionado.
Con la ejecución de la medida cautelar, se impuso la solución más gravosa para la
accionante, pues se suspendió precisamente la prestación de mayor valor que recibía (la
pensión de la UGPP) y se la dejó únicamente con la de menor cuantía (pensión de
Colpensiones).
Adicionalmente, manifestó ser un sujeto de especial protección constitucional al ser una
persona de la tercera edad que, adicionalmente, en la práctica es cabeza de familia,
puesto que apoya económicamente a varios de sus nietos menores de edad toda vez que
sus progenitores no cuentan con condiciones económicas idóneas para garantizar su
sostenimiento, en condiciones adecuadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
Por último, indicó que padece de artrosis, gastritis y trastornos de sueño, lo que sumado
a su avanzada edad le impide generar otras fuentes de ingreso.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL, LA VIDA
DIGNA, EL DEBIDO PROCESO, LA SEGURIDAD SOCIAL y EL PRINCIPIO
DE BUENA FE de la señora GRACIELA GARCÍA BAYONA, los cuales han sido
vulnerados por la UGPP al suspender unilateralmente y en su totalidad el pago
de su mesada pensional de sobreviviente mediante una figura de compensación
no autorizada.
SEGUNDA: ORDENAR a la UGPP, a través de su representante legal o quien
haga sus veces, que en el término perentorio e improrrogable de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo:
1. Se ordene a la UGPP (autoridad accionada) reasumir de inmediato el pago
de la pensión de jubilación restringida a favor de la señora Graciela García
Bayona, tal como le fue reconocida mediante las Resoluciones RDP 064 de
2014, 1441 de 2018 y 14370 de 2018. En tal sentido, se deberá reintegrar a la
accionante en la nómina de pensionados de la UGPP y efectuar el pago
mensual de la mesada correspondiente, incluido el reconocimiento de las
mesadas dejadas de percibir desde la suspensión ocurrida en diciembre de
2025, “hasta tanto se resuelvan los recursos pendientes” contra la medida
cautelar decretada en el proceso de lesividad o se produzca una decisión
judicial definitiva sobre la legalidad de las citadas resoluciones pensionales, lo
que ocurra primero. La intención de esta pretensión es garantizar que, durante
el tiempo que reste del proceso ordinario, la señora García Bayona cuente con
los ingresos necesarios para su subsistencia digna, sin pronunciarse sobre el
fondo de la controversia legal ni revivir en forma permanente los efectos de los
actos administrativos suspendidos. Se trata de una medida temporal de
protección al mínimo vital, conforme a la jurisprudencia constitucional en la
materia, de tal manera que una vez exista una decisión en firme en el proceso
de lesividad, ésta prevalecerá y la orden de tutela podrá cesar o ajustarse a lo
que dicha autoridad disponga.
2. Prevención sobre futuras afectaciones y otras medidas pertinentes: Que se
prevenga a la entidad accionada (UGPP) y a cualquier otra autoridad que llegue
a conocer del asunto, para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en
actuaciones que agraven la situación de la peticionaria o desconozcan sus
derechos fundamentales, mientras se resuelve el litigio principal. En particular,
se les inste a observar los principios de favorabilidad laboral, confianza legítima
y proporcionalidad en cualquier decisión que involucre la continuidad o
suspensión de prestaciones de la accionante, evitando imponerle cargas
excesivas que comprometan su mínimo vital. Igualmente, solicito al despacho
impartir las demás órdenes e instrumentos necesarios para el efectivo
cumplimiento del amparo concedido, tales como la comunicación inmediata del
fallo de tutela a la UGPP para su acatamiento, y cualquier otro que se estime
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
pertinente a fin de salvaguardar los derechos de la señora Graciela García
Bayona de manera integral.
TERCERA: ORDENAR a la entidad accionada que, en el mismo término de
cuarenta y ocho (48) horas, PAGUE Y GIRE a favor de mi mandante las
mesadas pensionales que fueron retenidas indebidamente desde el mes de
DICIEMBRE de 2025 hasta la fecha de la sentencia de tutela, garantizando así
el restablecimiento de su capacidad adquisitiva y su mínimo vital.
CUARTA: Las demás medidas que su despacho considere imperativas para
evitar se sigan vulnerando los derechos de mi mandante.”. (fl. 19 de la demanda
de tutela).
Actuación procesal
Mediante auto del 11 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al director de la UGPP y, como tercero con interés, se vinculó al presidente y
magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 04
de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander (índice 0013 de Samai),
en primer lugar, aclaró que aunque la actora afirmó no estar atacando la validez o
legalidad de la decisión judicial adoptada, consistente en el decreto de la medida cautelar
de suspensión de los efectos jurídicos de aquellos actos que le otorgaban el derecho a
percibir la pensión de jubilación de su cónyuge, en calidad de cónyuge supérstite, lo cierto
es que las pretensiones de la acción implican materialmente un cuestionamiento sobre
dicha decisión judicial, por lo que solicitó que se le dé el trámite de acción de tutela contra
providencia judicial.
A su vez, sostuvo que no ha vulnerado de ninguna forma los derechos fundamentales
de la actora, pues, el auto de 20 de noviembre de 2025, por medio del cual se decretó la
medida cautelar de suspensión, está debidamente motivado, e inclusive en auto de 10
de febrero de 2026 se dispuso no reponer la decisión y conceder la apelación ante el
Consejo de Estado, de modo que solicitó negar las pretensiones de la demanda.
La UGPP (índice 0016 de Samai) indicó que la Resolución RDP 021772 del 17 de
diciembre de 2025 se profirió en cumplimiento de la orden judicial del 20 de noviembre
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, sin que se muestre alguna
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
irregularidad en su cumplimiento, adicionalmente, indicó que la acción de tutela no es la
vía adecuada para reclamar prestaciones económicas ni se demuestra un perjuicio
irremediable, por lo cual la acción de tutela resulta improcedente.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
que, de accederse al amparo solicitado, correspondería a dicha autoridad judicial dictar
la providencia de reemplazo y dar cumplimiento a la orden constitucional.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, con el fin de que se protejan los derechos constitucionales antes enunciados,
presuntamente vulnerados por dicha autoridad, debido a que en Resolución RDP 021772
del 17 de diciembre de 2025 dio cumplimiento al auto de 20 de noviembre de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo de Santander y suspendió de manera provisional
los efectos de las resoluciones nos. RDP 064 del 3 de enero de 2014, RDP 1441 del 18
de enero de 2018 y la RDP 14370 del 24 de abril de 2018
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, por razones metodológicas, la
Sala dividirá el estudio de las pretensiones en dos: i) por un lado, se estudiará la
naturaleza del acto administrativo que suspendió de manera provisional los efectos de
las Resoluciones nos. RDP 064 del 3 de enero de 2014, RDP 1441 del 18 de enero de
2018 y la RDP 14370 del 24 de abril de 2018; y, ii) en segundo lugar, se declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad
frente a las pretensiones relacionadas con el auto de 20 de noviembre de 2025 proferido
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones que se exponen a
continuación:
2.1 Sobre los actos administrativos de ejecución
El artículo 74 del CPACA prevé que, por regla general, los recursos administrativos solo
proceden contra los actos administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas, es decir, contra actos definitivos, entendidos como aquellos que “ponen
fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible
continuarla”.
A su vez, según el artículo 75 del CPACA 3, estos actos no pueden ser controvertidos a
través de la interposición de recursos ante la administración, ni por medio de los
mecanismos judiciales dispuestos ante los jueces administrativos.
En esa medida, se advierte que los únicos actos definitivos son aquellos que contienen
la voluntad unilateral de la administración y que crean, modifican o extinguen alguna
situación jurídica4, razón por la que cuentan con los mecanismos judiciales dispuestos en
la ley para ser controvertidos, al tanto que los actos de ejecución se limitan, única y
exclusivamente, a dar cumplimiento a las providencias expedidas por las autoridades
judiciales y, en consecuencia, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica ni
reflejan en modo alguno la voluntad de la entidad correspondiente, pues, se reitera, se
reducen al cumplimiento de una decisión judicial.
3
“Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de
trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”.
4
Corte Constitucional. Sentencia T-177 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela contra actos de ejecución,
por regla general, resulta improcedente, debido a que no crean, modifican o extinguen
una situación jurídica, sino que se restringen a un debate judicial ya concluido y que se
encuentra protegido por la institución de la cosa juzgada, del que, prima facie, no resulta
procedente reabrir la discusión en el momento de su ejecución5.
En ese orden, solamente pueden ser controvertidos judicialmente los actos de ejecución
cuando esté acreditado que la administración profiere la decisión apartándose del
alcance de la providencia y, en lugar de obedecer el efecto de cosa juzgada, adopta una
decisión de fondo que desborda el mandato, en la medida en que la inadecuada
aplicación de la providencia podría implicar la vulneración de derechos fundamentales6.
2.2 Frente al acto administrativo de ejecución
1) En el caso sub examine, la demandante alegó que la Resolución RDP 021772 del 17
de diciembre de 2025 vulneró sus derechos constitucionales fundamentales al ordenar
la suspensión provisional de las resoluciones nos. RDP 064 del 3 de enero de 2014, RDP
1441 del 18 de enero de 2018 y la RDP 14370 del 24 de abril de 2018.
2) Sin embargo, de entrada, se observa que tal acto fue expedido en estricto acatamiento
de lo ordenado en el auto proferido el 20 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Santander en un proceso promovido por la UGPP en el que se decretó
la suspensión de las resoluciones antes referidas.
3) En consecuencia, en los términos explicados en el capítulo precedente, en primer
lugar, se debe aclarar que el acto es de mera ejecución en tanto se limitó a dar
cumplimiento a una decisión judicial, sin que pueda afirmarse que de él surjan
situaciones jurídicas diferentes a las dispuestas en la providencia que ordenó su
expedición.
4) Así las cosas, como lo ha sostenido esta misma Sala de Decisión en ocasiones
anteriores7, los actos de ejecución mediante los cuales se hace efectiva una providencia
5
Corte Constitucional. Sentencia T-177 de 2019.
6
Ibidem.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 13 de mayo de 2025, exp. 11001-03-
15-000-2025-02323-00 (AC) MP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
judicial no son enjuiciables ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo mediante
un mecanismo de control de legalidad y tampoco pueden ser cuestionados en sede de
tutela, salvo que excedan, parcial o totalmente, lo dispuesto en la providencia.
5) En efecto, en la sentencia SU-575 de 2019 la Corte Constitucional determinó que la
procedencia de la acción de tutela respecto de ese tipo de actos estaba supeditada a
que se desbordara el mandato judicial para, en su lugar, adoptar un acto definitivo.
6) Por consiguiente, para la Sala resulta claro que la Resolución RDP 021772 del 17 de
diciembre de 2025 es un mero acto de ejecución porque no contiene una manifestación
de voluntad que produzca efectos jurídicos por sí mismo, esto es, diferentes a cumplir o
ejecutar lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander, ya que no decide
directa o indirectamente el fondo del asunto.
7) Por el contrario, a través de dicha resolución la UGPP se limitó a acatar el auto de 20
de noviembre de 2025 que accedió a la medida cautelar y ordenó suspender
provisionalmente el pago de una de las pensiones que devengaba la actora, es decir, se
contrajo al cumplimiento de una orden judicial, y sin que en este caso se haya
demostrado que dicho acto de ejecución desbordara el mandato judicial, situación que
permitiría, en términos de la Corte Constitucional, la procedencia excepcional de la
acción de tutela, por lo cual es forzoso concluir que la acción de tutela resulta
improcedente para cuestionarlo.
8) En todo caso, como acertadamente lo puso de presente el tribunal accionado en su
contestación, si bien la actora no lo menciona expresamente, se aprecia que en el fondo
lo que pretende es cuestionar la providencia del 20 de noviembre de 2025 mediante la
cual se ordenó la suspensión provisional de las resoluciones que le reconocieron una
pensión, pues esa providencia es el sustento de la Resolución RDP 021772 del 17 de
diciembre de 2025.
9) En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente frente a la Resolución RDP
021772 del 17 de diciembre de 2025 toda vez que se trata de un acto de mera ejecución,
sin embargo, la Sala procederá a analizar si se cumplen los requisitos de procedibilidad
B, sentencia de 25 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2024-06584-00 (AC), MP Alberto Montaña
Plata.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
de la acción de tutela para cuestionar el auto del 20 de noviembre de 2025, con base en
el cual se expidió la Resolución RDP 021772 del 17 de diciembre de 2025.
Acción de tutela contra providencia judicial
a. Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
b. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
1) Como se aclaró previamente, materialmente el cuestionamiento de la actora se dirige
en contra de la providencia del 20 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, porque al afirmar que con el acto de cumplimiento de esa
decisión se desconoció la situación particular de la actora y sus derechos fundamentales
de dignidad humana y mínimo vital en realidad se está cuestionando es la providencia
judicial que dispuso suspender el pago de la mesada pensional a la interesada.
2) Puntualmente, la demandante aseguró que la medida cautelar le impuso la solución
más gravosa, pues se suspendió precisamente la prestación de mayor valor que recibía
(la pensión de la UGPP) y se le dejó únicamente con la de menor cuantía, por lo que
sería del caso analizar si la providencia judicial vulneró tales garantías fundamentales.
No obstante, a partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala
resulta claro que, en todo caso si lo que en el fondo se pretende es atacar el contenido
del auto de 20 de noviembre de 2025, la acción de tutela resulta igualmente improcedente
en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en
razón a que contra el auto de 20 de noviembre de 2025, que dispuso la suspensión
provisional de las resoluciones, se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio
apelación y si bien en auto de 10 de febrero de 2026 se resolvió el primero de ellos y se
concedió el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, lo cierto es que este último
se encuentra actualmente en trámite y pendiente de decisión.
3) Además, la Sala advierte que, si la demandante en realidad considera que dicho auto
le causó un perjuicio grave y ostensible, en cualquier momento del proceso ordinario
podría solicitar el levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional, en los
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
términos del artículo 235 de la Ley 1437 de 20118, medida que constituye un medio de
ágil y efectivo.
4) En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo del
asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues la interesada cuenta
con un medio de defensa judicial efectivo e idóneo que se encuentran en curso, en
atención a que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley.
5) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales, máxime cuando del acervo probatorio se desprende que la
demandante actualmente se encuentra gozando de la pensión del régimen general
(Colpensiones).
6) En ese orden de ideas, la Sala concluye que no se acreditan los presupuestos
constitucionales que permitan la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, en
atención a que no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable.
7) En consecuencia, esta Sala declarará improcedente el amparo por el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.
8
“ARTÍCULO 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El demandado o
el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a
satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de
la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o
a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su
otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se
cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior.
La parte a favor de quien se otorga una medida está obligada a informar, dentro de los tres (3) días
siguientes a su conocimiento, todo cambio sustancial que se produzca en las circunstancias que
permitieron su decreto y que pueda dar lugar a su modificación o revocatoria. La omisión del cumplimiento
de este deber, cuando la otra parte hubiere estado en imposibilidad de conocer dicha modificación, será
sancionada con las multas o demás medidas que de acuerdo con las normas vigentes puede imponer el
juez en ejercicio de sus poderes correccionales.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00894-00
Actor (a): Graciela García Bayona
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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