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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06597-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06597-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06597-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06597-00
Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección como alcaldesa de
Bello. Doble militancia en la modalidad de apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende
emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y
reproches carecen de carga argumentativa.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 29 de noviembre de 2024, el señor Alberto de Jesús Alzate Correa, solicitó3 que
se dejaran sin efectos las sentencias de 17 de junio y 10 de octubre de 2024 emitidas
dentro del proceso de nulidad electoral4 que instauró contra la señora Yulieth Lorena
González Ospina, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como
alcaldesa de Bello (Antioquia) para el período 2024-2027, bajo el fundamento de
haber incurrido en doble militancia5.

2.
Mediante la providencia acusada, la autoridad judicial accionada confirmó la
decisión adoptada el 17 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

1 Tribunal Administrativo de Antioquia.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Invocó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e

igualdad.
4 Expediente 05001-23-33-000-2023-01176-03.
5 Artículo 275 (numeral 8) del CPACA: “Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos

previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando (…) 7. Tratándose de la elección por voto popular,
el candidato incurra en doble militancia política”.

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que negó las pretensiones ordinarias. Se determinó que se cuestionaba el apoyo que
recibió la demandada, pero ningún acto desplegado por ella como tal. Por tanto,
como no se demostraron actos positivos de apoyo de aquella, respecto de otros
candidatos que no militan para el partido que la avaló, no se configura la causal de
nulidad, dado que la conducta prohibida es apoyar a candidatos diferentes a los de
su agrupación política, mas no recibir apoyo de estos.

3.
La parte actora sostuvo que no solo se aportaron fotografías extraídas de las redes
sociales de la alcaldesa electa de Bello y de los otros candidatos a esa plaza y al
concejo de ese ente territorial de distintos partidos políticos que daban cuenta del
apoyo en forma ilegal e inconstitucional en la misma campaña electoral, sino también
videos. De este material probatorio se deducía que con su imagen, recorrido político,
figura electoral y candidatura a la alcaldía apoyaba también directamente a esos
candidatos que nunca renunciaron legalmente a sus aspiraciones, por lo anterior, era
evidente el apoyo mutuo, es decir, la alcaldesa electa no siempre fue el sujeto pasivo
del apoyo cuestionado.

4.
Indicó que no se valoraron de manera íntegra los argumentos planteados en el
recurso de apelación interpuesto contra el fallo electoral de primera instancia y en
los alegatos de conclusión que presentó tanto en primera como en segunda
instancia, consistentes básicamente en que no se aportó prueba alguna sobre la
aceptación de la renuncia de los candidatos de los partidos de la U y Liberal ni sobre
la supuesta adhesión de 12 de octubre de 2023 entre los candidatos, pues los
documentos aportados eran falsos, por presentó la respectiva tacha, al constituir un
fraude procesal, por lo que pidió remitir copia de las diligencias a la Fiscalía General
de la Nación por ese ilícito, pero ello le fue negado.

5.
No se tuvo en cuenta que si bien la allí demandada no pronunció de manera
expresa que estaba apoyando a otros candidatos a la alcaldía y al concejo de Bello
de los otros partidos políticos, toda la comunidad tenía la real certeza de que los
estaba apoyando también a ellos.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

6.
Mediante auto de 9 de diciembre de 20246, se ordenó notificar a las autoridades
demandadas y se vinculó a la alcaldesa del municipio de Bello -Yulieth Lorena
González Ospina-, así como a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo
Nacional Electoral, en calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Consejo de Estado, Sección Quinta

6 Notificado el 12 de diciembre de 2024.

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7.
Afirmó que en la sentencia acusada se determinó que no se encontraba acreditado
que la demandada hubiera incurrido en la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo.

8.
Advirtió que el tutelante se limitó a reiterar los argumentos esgrimidos tanto en
primera como en segunda instancia sobre la supuesta configuración de la modalidad
de apoyo de la prohibición de doble instancia, sin embargo, no invocó ninguna causal
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En ese sentido,
se torna improcedente esta acción, porque no se satisface el presupuesto general
de relevancia constitucional.

9.
En todo caso, precisó que la doble militancia se configura por apoyar y no se
demostró que la demandada haya incurrido en esa acción respecto a candidatos
inscritos por colectividades políticas diferentes a la suya, por lo que su
comportamiento no se encuadra en la aludida causal de anulación.

(ii) Tribunal Administrativo de Antioquia

10.
Adujo que la acción de tutela no puede constituir en una tercera instancia para
revivir controversias jurídicas que ya fueron definidas en las sentencias acusadas. El
tutelante manifestó que los documentos aportados eran falsos y no existía una
prueba real, creíble ni confiable, sin embargo, dichas afirmaciones carecen de
fundamento jurídico y probatorio, máxime cuando en la sentencia de primera
instancia se hizo referencia expresa sobre la tacha de falsedad frente al oficio IFI 24
SGPU 405 de 5 de marzo de 2024 emitido por el secretario general del Partido de la
U.

(iii) Consejo Nacional Electoral

11.
Señaló que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
tiene injerencia en los hechos y pretensiones que fundamentan la acción de tutela,
ni guardan relación con la motivación de su vinculación ni tienen la potestad de
intervenir en las decisiones judiciales; por consiguiente, pide se le desvincule de las
presentes diligencias constitucionales.

(iv) Yulieth Lorena González Ospina

12.
Sostuvo que el accionante se encuentra inmerso en una actuación temeraria, pues
invoca una vulneración de derechos fundamentales de manera genérica, por lo que
solicita imponer las sanciones pertinentes.

13.
Anotó que el escrito de tutela es de difícil entendimiento y en su mayoría contiene
apartes de la decisión judicial adoptada por el Consejo de Estado, la cual se profirió
con los fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales pertinentes y
apoyado en las pruebas obrantes al expediente, haciendo tránsito a cosa juzgada.
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14.
Finaliza precisando que no se cumplen los presupuestos generales de
procedencia, en especial el relativo a la relevancia constitucional, pues el tutelante
pretende revivir el debate probatorio y eso se hace evidente en que no planteó los
fundamentos legales y constitucionales por los cuales considera que se vulneraron
sus garantías superiores.

(v) Registraduría Nacional del Estado Civil

15.
Indicó que no tiene injerencia alguna en el presente trámite constitucional, en la
medida en que los hechos y pretensiones se dirigen contra decisiones judiciales, por
tanto, carece de competencia para atender lo requerido por el tutelante, por cuanto
la providencia que motiva la acción de amparo constitucional fue proferida por un
despacho judicial el cual resolvió un asunto, en el marco de su autonomía e
independencia judicial, más allá de que su posición sea compartida o no, por ende,
se debe declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y proceder a su
desvinculación.

16.
No obstante, para que se conceda el amparo reclamado cuando se controvierte
una providencia judicial se deben probar unas causales específicas para tal
propósito, las cuales no se demostraron en este caso, por el contrario, se evidencia
que se pretende reabrir un debate de tercera instancia.

(vi) Memoriales adicionales de la parte actora
17.
Mediante escritos de 14 y 15 de enero de 2025, la parte actora aduce que los
accionados guardaron silencio, lo cual le resulta favorable para que se acceda al
amparo que reclama. Solo contestó la tutela el consejero Luis Alberto Álvarez Parra,
sin embargo, tal respuesta no es legal, porque la Sección Quinta del Consejo de
Estado está conformada por varios magistrados y el doctor Álvarez Parra no actúa
como apoderado judicial de los demás.

18.
Además, la tercera interesada, Yulieth Lorena González Ospina, contestó (i) de
manera extemporánea, pues lo hizo el 19 de diciembre de 2024, a pesar de que el
12 del mismo mes y año le fue notificado el auto admisorio y se le concedieron 2 días
para tal propósito; y, (ii) a través de la secretaria jurídica de la alcaldía de Bello
(Carmen Torres Sánchez), lo cual no es aceptable, por cuanto la acción de tutela es
personal y no se pueden destinar recursos de la alcaldía para actuaciones
personales.

19.
Pidió que se ingresara a la página electrónica del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública (Secop), con el fin de que se verificara la vigencia de los
contratos y vigencia de los ingresos públicos de la abogada Torres Sánchez,
actuando como apoderada de la alcaldesa durante el 2024 y enero de 2025.

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20.
Insistió en que no se valoraron algunas pruebas, se omitió que en diferentes
oportunidades se demostró la ocurrencia de fraude procesal y no se analizaron en
su totalidad los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en los alegatos
de conclusión.

21.
Por auto de 29 de enero de 2025 se aceptó el impedimento presentado por el
consejero Fernando Alexei Pardo Flórez.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestiones previas

Sobre los memoriales adicionales de la parte actora

22. En el marco de esta acción de amparo, no se surten etapas procesales de
contradicción adicionales, como en los procesos ordinarios, en razón a la celeridad
que se le debe impartir a este tipo de asuntos, y el juez de tutela tiene el deber de
decidir el caso con fundamento en la información allegada a las diligencias
constitucionales, por ende, no es dable emitir pronunciamiento alguno acerca de los
aludidos memoriales.

23. De igual modo, no se examinará la viabilidad de la solicitud de consulta del Secop,

en razón a que, además de no explicar la razón de dicho pedimento, se relaciona
con la aludida exclusión de las contestaciones.

Sobre las solicitudes de desvinculación

24.
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitaron su desvinculación del trámite constitucional, en razón a que no tienen
injerencia en los hechos que lo fundamentan ni competencia para atender lo
solicitado, pues se dirige contra una providencia judicial que no emitieron.

25.
La Sala negará las anteriores peticiones, dado que dichas vinculaciones,
dispuestas en el auto admisorio de la tutela, no se realizaron en condición de
accionados, sino a efectos de integrar el contradictorio y garantizar los derechos de
contradicción y defensa de las personas a quienes se les podría generar una
afectación iusfundamental7.

26.
Con base en lo anterior, comoquiera que las dos entidades fueron vinculadas al
proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante auto
de 27 de noviembre de 2023, que admitió la demanda de nulidad electoral formulada
por la tutelante, resultaba indispensable que fueran llamadas a estas diligencias
como terceras interesadas, pues les asiste interés respecto de la decisión que se
adopte frente a su validez.

7 Ver sentencia SU-116 de 2018 de la Corte Constitucional.

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D. Análisis del caso concreto

27. La Sala advierte que el escrito de tutela resulta confuso, pues, además de lo

extenso, no cuenta con una argumentación concreta y suficiente sobre el origen de
la afectación constitucional que se alega, y no se invoca alguna causal específica
de procedibilidad de la tutela que permita abordar su estudio desde el plano
constitucional.

28. Aunque la argumentación presentada pudiera enmarcarse dentro de la causal

específica de procedibilidad de la tutela de defecto fáctico, la Sala considera que no
se satisface el presupuesto de relevancia constitucional. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la parte actora pretende emplear esta tutela como si fuera una instancia
adicional del medio de control de nulidad electoral, con fundamento en que no está
de acuerdo con la providencia acusada, al no compartir la manera como la autoridad
judicial accionada zanjó el litigio, sin que para ello desarrolle una suficiente carga
argumentativa con el fin de demostrar los yerros constitucionales que motivaron la
presentación de esta acción.

29. La autoridad judicial concluyó que no se había configurado la causal de nulidad

electoral de doble militancia, por cuanto no se demostraron actos positivos de apoyo
de la allí demandada, avalada por el partido Centro Democrático para su candidatura
a la alcaldía de Bello, a otros candidatos diferentes a los de su agrupación política,
que aspiraban a dicha alcaldía y al concejo de ese municipio y pertenecían a los
partidos de la U y Liberal, respectivamente, sino que estos le brindaron su apoyo.

30. Frente a lo anterior, el tutelante no despliega argumentación dirigida a desvirtuar

dicha afirmación ni a demostrar arbitrariedad alguna que implique vulneración de
derechos fundamentales. Insiste en que existió apoyo mutuo entre los candidatos
electorales, sin que se comprobara que ese apoyo se originó en algún acto positivo
y concreto de la allí demandada, el cual constituye el presupuesto objetivo para la
configuración de la doble militancia alegada y fue el fundamento principal para negar
la anulación del acto de elección censurado.

31. Por lo descrito, no es válido que la parte actora pretenda que se le imponga a la

autoridad accionada dar por cierto el apoyo electoral de la allí demandada a
candidatos avalados por partidos diferentes al que ella le otorgó el aval, con base
en la presunción de que toda la comunidad tenía la convicción de ese apoyo entre
ellos, pues -se insiste- para tal efecto se requiere la acreditación de una conducta
positiva y concreta que dé cuenta de ese apoyo.

32. Además, el tutelante hace referencia a que no se tuvieron en cuenta sus
argumentos referentes a la irregularidad en las renuncias de los candidatos de los
partidos de la U y Liberal, y en la presunta adhesión entre los aspirantes electorales.
No obstante, se evidencia que sobre tal reproche se pronunció la Sección Quinta del
Consejo de Estado, al estimar que con esa argumentación se pretendía endilgarle a
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la demandada la conducta de terceros, en la medida en que se debía examinar
únicamente su conducta.

33. Con base en dicha afirmación, si aquellos candidatos “renunciaron o no a sus

candidaturas a cargos de elección popular o si dichas renuncias fueron aceptadas o
comunicadas la comunidad, son aspectos irrelevantes para el presente litigio, el cual
se centra en determinar si la demandada incurrió o no en doble militancia en la
modalidad de apoyo, y no las acciones que hayan podido desplegar terceros; por lo
tanto, tampoco hay lugar a pronunciarse sobre aquellas, ni a resolver si dichas
renuncias fueron irregulares o no, aspecto que, además, debió haber sido
controvertido en el trámite de primera instancia”.

34. Porlo expuesto, carece de la potencialidad de modificar la decisión judicial
reprochada lo atinente a que se tacharon de falsos unos documentos, en la medida
en que la autoridad judicial estableció que estos no se relacionaban de manera
directa con el litigio que se pretendía zanjar, por lo que no se emitiría
pronunciamiento sobre el particular.

35. En ese orden de ideas, las inconformidades del tutelante no demuestran
afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que
acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida
por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la
configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta
con la Carta política.

36. Así las cosas, se evidencia que el demandante pretende imponer su tesis frente

al modo como se debió zanjar el litigio, sin que se acredite que de la manera en que
lo hizo la autoridad accionada comporte algún tipo de arbitrariedad, solamente
porque no comparte su decisión, sin tener en cuenta que se explicaron cuáles
presupuestos se debían satisfacer para declarar configurada la doble militancia en
la modalidad de apoyo, entre los cuales estaba el elemento objetivo, consistente en
que el apoyo emane de la persona cuyo acto de elección se reprocha.

37. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción

de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.

38.
En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

39.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil por las
razones expuestas en la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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