Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03055-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-03055-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-03055-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
16 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-03055-01
Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y Sección Quinta del Consejo de
Estado
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 7 de julio de
2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la
cual se declaró improcedente la demanda de tutela por operar la cosa juzgada y la
“temeridad en su actuación”.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona las sentencias del 17 de junio y el 29 de agosto de 2024,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, respectivamente, dentro del proceso de nulidad electoral identificado con el
radicado número 05001-23-33-000-2023-01176-03, mediante las cuales se negaron las
pretensiones de la demanda interpuesta contra el acto de elección de Yulieth Lorena
González Ospina como alcaldesa del municipio de Bello (Antioquia) para el periodo 2024-
2027. Se confirma la decisión de primera instancia.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 21 de mayo de 2025, el señor Alberto de Jesús Alzate Correa solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión de
las sentencias proferidas el 17 de junio y el 29 de agosto de 2024, dentro del proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado número 05001-23-33-000-2023-01176-03,
en el que se pretendió la nulidad de la elección de Yulieth Lorena como alcaldesa del
municipio de Bello (Antioquia).
2. El accionante solicitó el juez constitucional lo siguiente:
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / nulidad electoral / doble militancia / improcedencia / carencia
de objeto.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-01
Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
“POR TODO LO INDICADO ANTERIORMENTE, LE SOLICITO
RESPETUOSAMENTE A LOS HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO,
COMPETENTES PARA DECIDIR Y FALLAR LA PRESENTE ACCIÒN DE TUTELA
DE HOY NOVIEMBRE 29 DE 2024, QUE SE REVOQUE, ANULE, A TODO LO
PERMITIDO POR LA LEGISLACIÒN COLOMBIANA, SE REVOQUE, ANULE O LO
CONSIDERADO POR LOS HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO, TODO LO
ACTUADO, DECIDIDO, FALLADO, O SENTENCIADO POR PARTE DE LOS
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, Y DE TODO
LO ACTUADO Y DECIDIDO POR PARTE DE LOS CONSEJEROS DE ESTADO DE
LA SECCIÒN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO.
Y FALLARSE A MI FAVOR LA PRESENTE ACCIÒN DE TUTELA, AMPARANDOME
TODOS LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPIOS UNIVERSALES,
QUE ME FUERON NEGADOS POR PARTE DE LOS MAGISTRADOS DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y LA SECCIÒN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO.
--- DANDOSE COMO DESICIÒN FINAL EN ESTA ACCIÒN DE TUTELA, EL
RECONOCIMIENTO DE QUE SI EN REALIDAD SE DIÒ DOBLE MILITANCIA POR
PARTE DE LA DEMANDADA JULIETH LORENA GONZALEZ OSPINA COMO
ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE BELLO, QUE LE SEAN ANULADOS TODAS LAS
ACTUACIONES Y ACTOS ELECTORALES QUE LE DIERON COMO GANADORA
DE LAS ELECCIONES EL PASADO OCTUBRE 30 DE 2023.
[…]
MÀS PRETENSIONES
FAVOR DECLARAR LA NULIDAD DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA, LA NULIDAD DEL FALLO O SENTENCIA DE LA SECCIÒN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO DE ESTE PROCESO DE LA REFERENCIA Y
COMO CONSECUENCIA DE LOS 2 RECURSOS DE APELACIÓN QUE NO
FUERON TENIDOS EN CUENTA. Y TAMPOCO FUERON TENIDOS EN CUENTA
TODOS LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS EN DICHOS RECURSOS Y EN LOS
ALEGATOS DE CONCLUSIÒN”. (mayúsculas propias del original).
B. Hechos
3.El accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitó la
anulación del acto mediante el cual se declaró elegida a la señora Julieth Lorena
González como Alcaldesa de Bello, Antioquia. Lo anterior, al considerar que incurrió en
doble militancia y recibió apoyo irregular de partidos políticos distintos a los que avalaron
su candidatura.
4.El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 17 de junio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada por el accionante.
5.La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de agosto de
2024, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que la señora Julieth Lorena
González no incurrió en doble militancia.
6. El accionante manifestó que presentó una tutela por supuestos fácticos y jurídicos
similares a los del presente asunto, así:
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Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE SÍ INTERPUSE UNA ACCIÓN
DE TUTELA CON CARACTERÍSTICAS PARECIDAS A ESTA, PERO ESTA MISMA
ACCIÓN DE TUTELA NO SE HA PRESENTADO EN NINGUNA PARTE,
--- YA QUE LA ACCIÓN DE TUTELA DE FINALES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y
QUE TIENE RELACIÓN CON ESTA ACCIÓN PRESENTE, FUE DIFERENTE, YA QUE
NO CONSIGNÉ EN LA TUTELA DE FINALES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR
FALTA DE CONOCIMIENTOS, NO CONSIGNÉ LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
HECHO MÀS QUE OBLIGATORIO PARA PODERSE GENERAR LA ACCIÒN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
[…] AL CONSIGNAR EN LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y OTROS HECHOS, HACE QUE LA INICIAL ACCIÓN DE TUTELA
DE FINALES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEA TOTALMENTE DIFERENTE”2 (mayúsculas
propias del original).
C. Fundamentos de la vulneración
7. La accionante sostuvo que en el proceso electoral obran cuarenta pruebas
provenientes de Facebook que demostrarían el apoyo ilegal de candidatos al Concejo a
la campaña de Yulieth Lorena González, y que, pese a ello, las autoridades judiciales
concluyeron erróneamente que los cargos no estaban probados.
8. Resumió los mismos argumentos que expuso en el escrito de apelación contra la
sentencia de primera instancia del proceso de nulidad electoral y pidió que fueran
valorados nuevamente, por considerar que evidencian la vulneración de sus garantías
fundamentales.
9. Insistió en que no se apreciaron adecuadamente las pruebas y hechos aportados al
proceso de nulidad electoral, pues, a su juicio, los magistrados omitieron examinar con
rigor las conductas ilegales atribuidas a la alcaldesa electa, a su apoderada y a otros
intervinientes, y otorgaron mayor credibilidad a la contestación de la demanda, la cual, a
su juicio, está basaba en hechos falsos.
D. Trámite procesal
10. Mediante auto del 23 de mayo de 2025, la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y dispuso la vinculación como terceros con
interés a Yulieth Lorena González Ospina, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y
al Consejo Nacional Electoral.
11. El 7 de julio de 2025, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alzate Correa en contra
del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por operar la cosa juzgada y la temeridad en su actuación
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
12. El 27 de agosto de 2025, el accionante impugnó la decisión de primera instancia. El
recurso fue concedido por auto del 2 de septiembre de la misma anualidad.
13. El 2 de octubre de 2025, los consejeros de Estado Fredy Ibarra Martínez y Alberto
Montaña Plata se declararon impedidos para emitir la decisión de segunda instancia,
dado que habían emitido juicio previo sobre las providencias de 17 de junio y 29 de agosto
de 2024 dictadas en el proceso de nulidad electoral identificado con la radicación 05001-
23-33-000-2023-01176-03 (numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal),
las mismas que fueron objeto de pronunciamiento y análisis por la Subsección en la
acción de tutela con radicación 11001-03-15-000-2024-06597-01, promovida igualmente
por el actor; por tanto, existía identidad de causa, objeto y partes entre aquel trámite y la
presente impugnación, circunstancia que comprometía su imparcialidad y configuraba la
causal de impedimento invocada.
14. El 23 de octubre de 2025, se aceptaron los impedimentos manifestados por los
citados magistrados y se ordenó separarlos del conocimiento del asunto. Se dispuso,
además, la realización del sorteo de conjueces, de conformidad con lo establecido en el
reglamento interno de la Corporación.
15. El 28 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de conjueces, y resultaron
designados los consejeros Nicolás Yepes Corrales y William Edgardo Barrera Muñoz. Sin
embargo, posteriormente se advirtió que ambos habían suscrito la sentencia de primera
instancia dentro de esta misma acción de tutela, circunstancia que impedía su
participación en la decisión de segunda instancia.
16. El 19 de noviembre de 2025, se efectuó un nuevo sorteo de conjueces en el cual
fueron designados los consejeros de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez y María
Adriana Marín. Empero, ambos consejeros manifestaron estar impedidos para conocer
el presente asunto, el primero, debido a su estrecha relación de amistad con uno de los
magistrados que suscribió la providencia cuestionada en el presente asunto (numeral 5
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal), y la segunda, porque “emitió juicio
sobre las providencias aquí cuestionadas”.
17. Por auto del 9 de diciembre de 2025, fueron declarados fundados los impedimentos
suscritos por el magistrado Pardo Flórez y la entonces magistrada Marín3, motivo por el
cual, el 13 de enero de 20264, por sorteo, fueron designados conjueces externos los
doctores Juan Pablo Cárdenas Mejía y Alier Hernández Enríquez.
E. Oposiciones e intervenciones
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el expediente de nulidad electoral en
medio digital y solicitó que se desestimen las pretensiones de la acción de tutela. Para
ello, indicó que lo que se pretende es reabrir el debate probatorio ya agotado y, que, en
todo caso, el accionante no expuso la carga argumentativa pertinente para demostrar que
se incurrió en una indebida valoración de los elementos de convicción. Agregó que, la
3
Índice 0027 del aplicativo SAMAI.
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Índice 0032 del aplicativo SAMAI.
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Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
providencia reprochada analizó todos los argumentos expuestos por las partes y cuenta
con suficiente motivación.
19. La Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitó declarar la temeridad en la
actuación del tutelante, debido a que en oportunidad anterior presentó otra acción
constitucional con fundamento en los mismos hechos y en contra de las mismas
providencias judiciales.
20. Dicho asunto se identificó con el número de radicado 11001-03 15-000-2024-06597-
00 en el que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dictó fallo del 7 de
febrero de 2025, en el sentido de declarar improcedente el amparo por falta de relevancia
constitucional. Además, indicó que, sin perjuicio de lo anterior, los argumentos planteados
en esta oportunidad no resultan suficientes para superar dicho requisito.
21. Asimismo, señaló que la providencia cuestionada no vulneró las garantías
fundamentales del actor.
22. El Consejo Nacional Electoral presentó informe en el que sostuvo que no desconoció
los derechos de la parte actora y que carece de legitimación en la causa por pasiva, dado
que los fundamentos de la demanda no tienen relación con las competencias legales y
constitucionales de dicho órgano.
23. La Registraduría Nacional de Estado Civil solicitó ser desvinculada de este trámite,
en la medida que no tiene injerencia en las decisiones de los jueces y magistrados de la
República.
24. Por último, la señora Yulieth Lorena González Ospina informó que el señor Alzate
Correa interpuso una acción de tutela anterior en contra de las sentencias de primera y
segunda instancia dictadas en el marco del proceso de nulidad electoral, la cual se
adelantó bajo el radicado número 11001-03-15- 000-2024-06597-00. En dicha acción se
formularon las mismas pretensiones del presente caso y fue desestimadas por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en primera instancia.
F. Sentencia impugnada
25. Mediante sentencia del 7 de julio de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado concluyó que la acción de tutela promovida por Alzate Correa
presenta identidad de parte, causa y objeto con el trámite identificado con el radicado
11001-03-15-000-2024-06597-00/01 y, en tal sentido, opera la cosa juzgada.
26. Por consiguiente, declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional y
ordenó al actor abstenerse de presentar nuevas acciones de tutela que tengan identidad
de parte, causa y objeto, so pena de proceder de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
26.1. La parte resolutiva del fallo de primera instancia, en sentido literal, dispuso:
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-01
Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Alberto de
Jesús Alzate Correa en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, por operar la cosa juzgada y la temeridad en su actuación, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a Alberto de Jesús Alzate Correa que se abstenga de presentar
nuevas acciones de tutela que presenten identidad de parte, causa y objeto, so pena de
proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
[…].
G. Impugnación
27. El accionante sostiene que las autoridades judiciales que conocieron la demanda de
nulidad electoral y las posteriores acciones de tutela incurrieron en una vulneración grave
de su derecho al debido proceso, al negarse a valorar integralmente los alegatos de
conclusión, el recurso de apelación y las numerosas pruebas aportadas, entre ellas más
de cuarenta fotografías y varios videos extraídos de redes sociales. A su juicio, dicho
material demostraba el apoyo político recíproco e irregular entre la entonces candidata
Yulieth Lorena González Ospina y diversos aspirantes a la alcaldía y al concejo de Bello
pertenecientes a otros partidos, quienes -según afirma- continuaron en campaña sin
renunciar legalmente a sus candidaturas, obteniendo incluso votación el día de las
elecciones.
28. Sostiene que estas circunstancias constituían un claro supuesto de doble militancia
y otras irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pese a que también, según afirma, acreditó
un presunto documento falso de renuncia y otros hechos que, en su criterio, configuraban
fraude procesal.
29. En este sentido, afirma que ni en el proceso de nulidad ni en la acción de tutela fueron
valoradas las pruebas que, en su concepto, evidenciaban el apoyo político ilegal, el uso
de la imagen de la alcaldesa electa para respaldar a otros candidatos y la publicación
generalizada de tales actos en redes sociales.
30. Finalmente, sostiene que esta omisión probatoria y la decisión de otorgar credibilidad
a las respuestas de los accionados, sin contrastarlas con el material allegado, constituyen
una afectación directa a su derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
justicia. Según el accionante, la reiterada falta de consideración de sus argumentos y
documentos por las instancias judiciales configura un desconocimiento de la legalidad
electoral y de los principios constitucionales que rigen la materia.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
31. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-01
Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
I. Cuestión previa
32. En vista de que no fueron resueltas por el a quo constitucional, la Sala negará la
solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
33. La presente sentencia se suscribe por el magistrado ponente, el doctor Diego Enrique
Franco Victoria, y el conjuez Juan Pablo Cárdenas Mejia, habida cuenta que el doctor
Alier Hernández Enríquez fue retirado de la lista de conjueces de la Sección Tercera del
Consejo de Estado para el año 2026.
J. Sentido de la decisión
34. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por operar la cosa juzgada y la temeridad en su actuación. En ese
sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la verificación de
los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela5.
K. Procedibilidad de la acción
35. En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial el juez de
tutela debe, en forma preliminar, realizar un examen de procedibilidad general de la
acción, pues solo una vez verificada la observancia de los requisitos que la determinan,
procede el pronunciamiento de fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor
plantea, en función de los defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
36. Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto6.
37. Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
5 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
6 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-03055-01
Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte
de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”7.
L. El análisis del caso en segunda instancia
38.La Sala observa que la decisión de primera instancia realizó un estudio amplio,
coherente y suficiente respecto de los presupuestos de procedibilidad del amparo
constitucional, particularmente en lo relacionado con la configuración de la cosa juzgada
constitucional y de la actuación temeraria.
39. En efecto, el a quo verificó que el actor ya había promovido una tutela previa, dirigida
contra las mismas decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad electoral
instaurado para cuestionar la elección de la alcaldesa de Bello, trámite identificado con
el radicado 11001-03-15-000-2024-06597-00. En ese escenario anterior, el juez de tutela
examinó los mismos reproches dirigidos tanto al Tribunal Administrativo de Antioquia
como a la Sección Quinta del Consejo de Estado, relacionados con la presunta indebida
valoración probatoria, el desconocimiento de alegatos y recursos y la supuesta omisión
de examinar las pruebas fotográficas y audiovisuales allegadas en la demanda electoral.
40.Tales cuestionamientos fueron despachados desfavorablemente en esa oportunidad,
quedando ejecutoriada la decisión.
41. Con fundamento en esa constatación, la primera instancia concluyó, con acierto, que
entre la tutela previamente decidida y la que ahora ocupa a esta subsección existe una
plena identidad jurídica de partes, objeto y causa petendi.
42. Aunque el actor sostuvo que existían circunstancias adicionales y reiteró
extensamente sus inconformidades con el trámite electoral, lo cierto es que estas no
modifican la sustancia del litigio constitucional ni introducen elementos fácticos o jurídicos
novedosos que tengan la entidad de desvirtuar la cosa juzgada.
43. La jurisprudencia constitucional ha sido clara al indicar que la identidad no exige una
coincidencia literal o formal, sino una equivalencia material entre los problemas jurídicos
planteados y las pretensiones formuladas8. Cabe precisar, entonces, que, en este asunto,
el propósito perseguido por el accionante -que se deje sin efectos las sentencias del 17
de junio y 29 de agosto de 2024 y que se declare la nulidad de la elección por doble
militancia- es idéntico en ambas acciones, de modo que el a quo acertó al declarar
configurado el fenómeno de la cosa juzgada.
44. De igual manera, la sentencia de primera instancia examinó de forma suficiente la
posible configuración de temeridad, resaltando que el accionante, aun cuando conocía la
existencia de la tutela anterior y la decisión que la resolvió, decidió promover un nuevo
amparo replicando los mismos planteamientos sin ofrecer una justificación razonable que
permitiera considerar excepcionalmente procedente un nuevo estudio.
7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8 Sentencia T-219 de 2018 de la Corte Constitucional.
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Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
45. Tal comportamiento se ajusta plenamente a la hipótesis prevista en el artículo 389 del
Decreto 2591 de 1991, pues la nueva tutela se interpone respecto de los mismos hechos,
los mismos derechos invocados, frente a las mismas autoridades judiciales e, incluso,
con la misma finalidad, evidenciándose un uso indebido del mecanismo constitucional.
46. La primera instancia también destacó, y así lo comparte esta subsección, que el actor
no acreditó ninguno de los supuestos excepcionales que la jurisprudencia reconoce para
excluir la temeridad, como la existencia de hechos sobrevinientes con vocación de
modificar el análisis jurídico, asesoría profesional defectuosa, o situación de indefensión
que afecte su capacidad de comprensión o actuación; por el contrario, el accionante
reiteró argumentos ya resueltos e insistió en pretensiones inviables en sede
constitucional, lo cual confirmó la improcedencia del amparo.
47. Así las cosas, se constata que los fundamentos de la decisión apelada son
suficientes, coherentes y plenamente ajustados al marco constitucional y jurisprudencial.
Los argumentos allí expuestos resultan integrales y no dejan aspectos relevantes sin
resolver.
48. Además, en esta segunda instancia no se advierten razones adicionales, ya sea por
la intervención de las partes o por circunstancias procesales sobrevinientes, que exijan
un análisis distinto o más amplio que el realizado por la primera instancia. Muy por el
contrario, se verifica que los argumentos del actor se limitan a reiterar los mismos
reproches ya estudiados y desestimados, sin introducir elementos novedosos o
desatendidos que hagan procedente reabrir un debate constitucional que ya ha sido
resuelto y se encuentra amparado por la cosa juzgada.
49. Por estas razones, la Sala reitera plenamente la conclusión expuesta en la sentencia
impugnada y confirma que la acción de tutela es improcedente, tanto por la existencia de
cosa juzgada constitucional como por la acreditada actuación temeraria del actor, quien
insiste en utilizar el mecanismo de amparo previsto por el artículo 8610 de la Carta de
Derechos Fundamentales para replantear cuestiones ya definidas por el juez natural y
por la jurisdicción constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
9 Artículo 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
10 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…].
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Accionante: Alberto de Jesús Alzate Correa
Se confirma la decisión de primera instancia
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 7 de julio de 2025
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: Una vez notificada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA JUAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA
Magistrado Conjuez
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