Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06598-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06598-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06598-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 21 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-00
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Legitimación activa en la
causa
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado, en un proceso de reparación directa.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Oswaldo León
Cadavid Jaramillo contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 29 de noviembre de 2024, Oswaldo León Cadavid Jaramillo2
presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la Sentencia de 31 de julio de 2024, proferida dentro del
proceso de reparación directa No. 05001-23-31-000-2012-00845-03.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1-. De manera respetuosa solicito a ustedes honorables Consejeros, tutelar mis
Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO REAL Y EFECTIVO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrados en los artículos: 29, 228 y 230
de la Constitución Política de Colombia.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Extrabajador de Frontino Gold Mines Limited ELO y exdirectivo de SINTRAMIENERGETICA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000- 2024-06598-00
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar falta de legitimación activa en la causa
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2-. Como consecuencia de la anterior declaración se deje sin valor y efectos la
sentencia de segunda instancia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C., treinta y uno
(31) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Radicación: 05001-23-31-000-2012-
00845-03 (68.020).
3-. Se ordene al accionado que dentro de un término prudencial emita el fallo
que en derecho corresponda otorgándole el valor probatorio a la ratificación
de los poderes, a la carta de aceptación de la cesión de derechos en favor de
los trabajadores y pensionados presentada por el sindicato y el reconocimiento
efectuado por la JEP, a SINTRAMIENERGETICA como víctima, del conflicto
armado en Colombia.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 7 de marzo de 1979, ante el cónsul del estado de Nueva York
(EEUU), la sociedad Frontino Gold Mines Limited presentó un documento por
medio del cual cedió todos sus bienes a sus trabajadores y pensionados. Este
incluyó la administración de la sociedad y los títulos mineros EDKE 01 y RPP
00140.
5. 2) Debido a pérdidas económicas, la mencionada sociedad informó
a la Superintendencia de Sociedades sobre la cesión y su intención de
entregar sus activos como dación en pago a sus empleados.
6. 3) El 6 de agosto de 2003, mediante escritura pública, el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y
Agrocombustible y Energética (SINTRAMINERGÉTICA) aceptó la dación en
pago de los bienes para cubrir deudas laborales y pensionales y, el 14 de
agosto de 2003, informó a la Superintendencia de Sociedades sobre su
aceptación.
7. 4) El 1 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Sociedades
decretó la liquidación forzosa de la sociedad.
8. 5) El 19 de mayo de 2011, SINTRAMINERGÉTICA presentó una demanda
de reparación directa contra la Superintendencia de Sociedades, con el fin
de que se le declarara responsable por la falla en el servicio, al no
reconocer, dentro del proceso de liquidación obligatoria, a los trabajadores
y pensionados de Frontino Gold Mines Limited como propietarios de los
activos de dicha sociedad, dada la cesión de activos hecha en 1979.
9. 6) El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante Sentencia de 21
de octubre de 2021, declaró la falta de legitimación activa en la causa y,
en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Determinó que en
el expediente no obraba prueba que diera cuenta de que los trabajadores
y pensionados de la sociedad Frontino Gold Mines Limited le autorizaran a
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Decisión: Declarar falta de legitimación activa en la causa
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SINTRAMINERGÉTICA su representación judicial para demandar los daños
derivados de las supuestas pérdidas patrimoniales sufridas por las
actuaciones adelantas en el proceso de liquidación tramitado por la
Superintendencia de Sociedades. Precisó que el sindicato no estaba
facultado para representar a los trabajadores no sindicalizados, pues ello
excedería las facultades establecidas en la normativa laboral.
10. Sostuvo que la demanda buscaba el reconocimiento de daños y
perjuicios de carácter individual, por lo que las personas con acreencias en
el proceso de liquidación debían acudir a la jurisdicción de manera
personal. Según el Código Sustantivo del Trabajo (CST), el sindicato puede
actuar en nombre de sus afiliados sin autorización expresa cuando se trata
de reclamos colectivos; sin embargo, en este caso, al tratarse de perjuicios
individuales, solo podía representar a los trabajadores si estos le habían
otorgado una delegación expresa. Señaló que, aunque el sindicato fundó
su legitimación para demandar en diversas actas de reuniones, ninguna de
ellas contenía una autorización clara y expresa por parte de los trabajadores
y pensionados para reclamar los perjuicios en su nombre.
11. 7) Inconforme con dicha decisión, SINTRAMINERGÉTICA presentó
recurso de apelación en el que señaló que declarar la falta de legitimación
activa, 10 años después de haber presentado la demanda, constituyó una
denegación de justicia, pues ya habría operado la caducidad de las
acciones individuales. Indicó que las pretensiones eran comunes a la
colectividad de trabajadores y pensionados de la compañía y, en ese
orden, no se trataba de derechos individuales. Afirmó que el sindicato tenía
la facultad para representar a los trabajadores, ya que en la escritura
pública 245 de 23 de abril de 2010 se protocolizó el acta de la asamblea
general de acreedores de Frontino Gold Mines Limited, en la que 441
empleados y extrabajadores le otorgaron dicha autorización. Además, el
quórum verificado en la asamblea de 10 de diciembre de 2009 respaldó su
legitimación para actuar, comoquiera que, en esa reunión, la junta directiva
del sindicato autorizó a su representante para iniciar acciones legales,
incluida una reparación directa en defensa de los trabajadores,
pensionados y acreedores.
12. 8) Durante la ejecutoria del Auto de 9 de marzo de 2022 que admitió
el recurso de apelación, SINTRAMINERGÉTICA aportó, con fines probatorios,
entre otros documentos, 754 poderes otorgados por trabajadores y
pensionados que asistieron a la asamblea general del sindicato de Frontino
Gold Mines Limited, en los cuales reafirmaban el poder conferido para
actuar en su nombre.
13. 9) Mediante Auto de 22 de junio de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el decreto de las pruebas.
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Determinó que estas no se habían aportado con la demanda y no se podía
utilizar la segunda instancia para subsanar tal omisión. Indicó que no se
configuró alguno de los supuestos del artículo 214 del Decreto 1 de 1984 –
CCA para el decreto de pruebas en segunda instancia. Señaló que a pesar
de que el Auto de 15 de diciembre de 2021 de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) reconoció la calidad de víctima a SINTRAMINERGÉTICA, dicha
providencia no guardaba relación con el objeto del proceso de reparación
directa ni servía para dilucidar los hechos de este.
14. 10) El 30 de junio de 2022, SINTRAMINERGÉTICA formuló recurso de
súplica contra el Auto de 22 de junio de 2022 para que se accediera al
decreto de las pruebas. Manifestó que, con base en el principio de primacía
del derecho sustancial sobre las formas, se debía acceder a la
incorporación de los poderes otorgados por los trabajadores al sindicato,
pues la falta de legitimación activa en la causa debió ser advertida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en la admisión de la demanda y, si
consideraba que no se cumplían los requisitos formales para tramitarla,
debió haberla inadmitido.
15. 11) En Auto de 12 de septiembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el Auto de 22 de junio de
2022, al verificar que las pruebas aportadas en el trámite de segunda
instancia tenían como propósito probar circunstancias presentadas con
anterioridad al ejercicio del derecho de acción, toda vez que los
documentos pretendían acreditar la facultad del sindicato para reclamar
los presuntos perjuicios sufridos por los trabajadores y pensionados de la
sociedad Frontino Gold Mines Limited.
16. 12) Mediante Sentencia de 31 de julio de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera
instancia. Determinó que ni el poder especial otorgado por el representante
legal de SINTRAMINERGÉTICA, Seccional Segovia (Antioquia), para
interponer una demanda de reparación directa contra la Superintendencia
de Sociedades en nombre de la asociación y de los trabajadores y
pensionados de Frontino Gold Mines Limited, ni la copia del acta de la
asamblea de acreedores de 18 de abril de 2010, ni la autorización del
sindicato para emprender acciones judiciales en defensa de la convención
colectiva, acreditaban la fuente del mandato que permitiera al sindicato
reclamar los daños ciertos y personales de los trabajadores y pensionados
derivados del proceso de liquidación.
17. Precisó que, según el CST, los sindicatos están facultados para
representar a sus afiliados cuando se trate de la defensa de los intereses
económicos de la colectividad, en línea de los conflictos relacionados con
la convención colectiva. No obstante, las pretensiones de la demanda no
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se relacionaban con la protección de un interés económico colectivo, sino
de una posible afectación individual, específica y personal para cada uno
de los trabajadores y pensionados en el contexto del proceso de liquidación
de la sociedad.
18. Como fundamento de la vulneración, la parte actora adujo que la
providencia enjuiciada incurrió en los defectos fáctico y procedimental por
exceso ritual manifiesto.
19. Sostuvo que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, erróneamente, afirmó que el sindicato no aceptó la cesión de
activos, cuando en el acervo probatorio se encontraba el escrito de
aceptación de 14 de agosto de 2003, presentado ante la Superintendencia
de Sociedades, que demostraba lo contrario. Esta afirmación, realizada sin
respaldo probatorio, configuró, en su criterio, un “defecto fáctico en una
dimensión negativa”, pues el juez omitió valorar pruebas relevantes dentro
del proceso, como la aceptación integral y la solicitud de adjudicación de
bienes, las cuales no fueron tachadas de falsas ni desconocidas por la parte
demandada.
20. Alegó que al concluir que el sindicato no estaba legitimado para
demandar en favor de los trabajadores y pensionados de la empresa
Frontino Gold Mines Limited, la autoridad judicial demandada no valoró los
poderes que ratificaban tal facultad, que fueron aportados oportunamente
en el curso de la segunda instancia, y tampoco el Auto de 15 de diciembre
de 2021, proferido por la JEP, que (se trascribe)“declaró al sindicato como
víctima de la violencia antisindical del conflicto armado colombiano”. Con
lo anterior, a su juicio, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, ya que el asunto
carecía de relevancia constitucional, debido a que la sentencia
cuestionada se fundó en la valoración de las pruebas legalmente allegadas
al expediente, en estricto apego a la ley y la jurisprudencia. Sostuvo que el
recurso de apelación no se centró en el alcance del contenido de la cesión,
sino en el análisis de las pruebas que respaldaban el interés jurídico del
sindicato para ejercer la acción indemnizatoria en representación de los
trabajadores y pensionados de la empresa. Señaló que no se podía
3 Mediante Auto de 3 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador resolvió (1) admitir la acción de tutela
presentada por Oswaldo León Cadavid Jaramillo contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado; y (2) vincular a la Superintendencia de Sociedades, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Minera Petroquímica Agrocombustibles y Energética (SINTRAMINENERGÉTICA) y al Tribunal Administrativo de
Antioquia, como terceros con interés en el asunto.
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pretender, bajo el interés de querer obtener una decisión favorable, justificar
la prevalencia de un derecho sustancial cuando la decisión se había
dictado en derecho y, por ello, resultaba evidente que el accionante
buscaba reabrir el debate concluido por el juez natural.
22. La Superintendencia de Sociedades solicitó que se negara la solicitud
de amparo por improcedente, ya que la declaración de falta de
legitimación activa se derivó de la carencia de un interés legítimo en la
relación jurídica por parte del demandante. Enunció que dicha cuestión
correspondía al derecho sustancial y no al procesal, pues aludía a la
pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos esenciales del proceso.
Indicó que la sentencia enjuiciada tiene fuerza de cosa juzgada material,
pues negó las pretensiones y con ello cerró definitivamente el litigio de
reparación directa. Argumentó que, a pesar de lo anterior, el demandante
pretendía reabrir el debate vía tutela.
23. El SINTRAMINENERGÉTICA y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
pese a haber sido debidamente notificados4, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
24. En el presente caso, la Sala declarará la falta de legitimación activa
en la causa de Oswaldo León Cadavid Jaramillo, con fundamento en las
siguientes consideraciones.
25. El artículo 86 de la Constitución Política, así como el artículo 1 del
Decreto 2591 de 1991, establecen que toda persona puede acudir a la
acción de tutela (se trascribe) “para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
26. En el mismo sentido, el artículo 105 del aludido decreto dispone que,
pese a que la acción de tutela puede ser presentada por cualquier persona,
4 Índices 007 y 009 del aplicativo SAMAI.
5 (Se trascribe) “Artículo 10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.
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para que sea procedente se requiere una vulneración o amenaza de sus
derechos. En los términos de la Corte Constitucional (se trascribe) “la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados”6.
27. Asimismo, se destaca que la Corte Constitucional, en atención a la
naturaleza propia de esta acción constitucional y sin desconocer su
carácter informal, ha precisado que el ejercicio de esta acción está
sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad,
entre los que se encuentra la legitimación.
28. En el presente caso, la presunta vulneración de los derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia surgió con ocasión de la
Sentencia de 31 de julio de 2024, proferida dentro del proceso de reparación
directa No. 05001-23-31-000-2012-00845-03. Ahora bien, por lo relatado en el
escrito de tutela, se tiene que el aquí accionante no fue quien promovió el
proceso ordinario en mención, sino que fue el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y
Energética (SINTRAMINERGÉTICA).
29. Además, la Sala observa que en el trámite de segunda instancia se
presentaron 754 poderes otorgados por los trabajadores y pensionados de
Frontino Gold Mines Limited, incluido el señor Cadavid Jaramillo, para
ratificar la representación judicial de SINTRAMINERGÉTICA y ser considerados
como prueba. Sin embargo, mediante los Autos de 22 de junio y 12 de
septiembre de 2022, se negó aquella incorporación probatoria y, en súplica,
se confirmó dicha decisión.
30. En este orden de ideas, si se llegó a causar alguna vulneración con la
providencia enjuiciada, quienes se habrían visto afectados y, por ende,
legitimados para atacar estas providencias, bien sea mediante los recursos
ordinarios correspondientes o, eventualmente, a través de la acción de
tutela, eran las partes del proceso ordinario, no el señor Cadavid Jaramillo
quien no fue parte ni interviniente en el proceso en el que actuó el sindicato.
31. Así, se colige que Oswaldo León Cadavid Jaramillo solicitó, en nombre
propio, el amparo de unos derechos fundamentales de los cuales no es
titular y, por tanto, existe mérito suficiente para declarar la falta del
comentado requisito adjetivo de procedibilidad. Adicionalmente, es preciso
indicar que no logró demostrarse circunstancia alguna que pudiera dar por
configurada la agencia oficiosa en el presente caso.
6 Sentencia T-552 de 2006
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Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declarar falta de legitimación activa en la causa
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32. Finalmente, cabe señalar que la Sala conoció de una acción de
tutela (Rad. 2024-06602-00), en la que se planteó una controversia con los
mismos hechos y pretensiones, la cual fue resuelta de igual forma a como se
decide el asunto de la referencia.
2.2. Conclusión
33. En el presente caso, la Sala declarará la falta de legitimación activa
en la causa de Oswaldo León Cadavid Jaramillo, ya que no es el titular de
los derechos fundamentales cuya protección se pretendió.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA de
Oswaldo León Cadavid Jaramillo, por las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 7.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
7 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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