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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06598-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06598-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor Oswaldo León Cadavid Jaramillo dentro de la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06598-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dos (02) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales. TUTELA-Legitimación en la causa por
activa.

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 21 de
febrero de 20251 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El señor Oswaldo León Cadavid Jaramillo interpuso acción de tutela2 en procura de
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la sentencia
proferida el 31 de julio de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, en el marco del proceso correspondiente al medio de control de
reparación directa identificado con el radicado No. 05001-23-31-000-2012-00845-
03, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera,
Petroquímica, Agrocombustible y Energética — Sintramienergética — contra la
Superintendencia de Sociedades.

1.1. Hechos

1.1.1. Oswaldo León Cadavid Jaramillo afirmó ser extrabajador de Frontino Gold
Mines Limited y exdirectivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética – Sintramienergética
Seccional Segovia, Antioquia.

1 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado FF964F5F0C8AC878
B634EF8518885C64 1E87D24C43464196 41E5A68DEA88A7BE, índice 18.
2 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado 61E5B6BDE58C171B

E442144D3136378E 04D1216D980EC3D1 32F63BFC607E45EF, índice 2.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

1.1.2. El 7 de marzo de 1979, miembros de la Junta Directiva de Frontino Gold
Mines Limited firmaron un documento, en el que decidieron ceder los activos en
Colombia al Gobierno Nacional o a los trabajadores y pensionados, con la
aceptación del Gobierno, como dación en pago del pasivo laboral.

1.1.3. Sintramienergética, el 6 de agosto de 2003, aceptó formalmente la dación en
pago mediante escritura pública, la cual fue remitida a la Superintendencia de
Sociedades.

1.1.4. En 2004, la Superintendencia de Sociedades declaró el incumplimiento del
acuerdo concordatario y dio inicio al proceso de liquidación forzosa de Frontino
Gold Mines, en el cual Sintramienergética no intervino.

1.1.5. Sintramienergética, en el año 2011, presentó demanda de reparación directa
contra la Superintendencia de Sociedades, pero el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia del 21 de octubre de 2021, declaró la falta de legitimación
en la causa por activa del sindicato.

1.1.6. Apelada la decisión por el sindicato, en segunda instancia solicitó el decreto,
como prueba, de 754 poderes individuales de trabajadores y pensionados, pero la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó su
incorporación por extemporáneos, mediante auto del 22 de junio de 2022.

1.1.7. El sindicato interpuso recurso de súplica, el cual fue resuelto de forma
desfavorable en auto del 12 de septiembre de 2022. En auto del 21 de febrero de
2023 se reiteró la negativa a aceptar las pruebas y se llamó la atención al sindicato
por intentar introducir pruebas ya negadas.

1.1.8. Posteriormente, el 15 de julio de 2023 Sintramienergética presentó el escrito
Verdades inaplazables para acreditar la condición de víctimas de los trabajadores
de Frontino, pero el documento fue rechazado por extemporáneo e impertinente
mediante auto del 11 de septiembre de 2023.

1.1.9. Finalmente, mediante sentencia del 31 de julio de 2024, la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia
que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del sindicato.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La parte actora argumenta que la autoridad judicial demandada incurrió en
un defecto fáctico al omitir la valoración de pruebas relevantes y en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al no reconocer el interés colectivo del
sindicato en la defensa de los derechos de los trabajadores y pensionados de
Frontino.

Alega que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado omitió
valorar pruebas determinantes, como los 754 poderes individuales presentados por
los trabajadores y pensionados de Frontino, el auto de la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) que reconoció a Sintramienergética como víctima del conflicto armado
y otros documentos que, según el actor, acreditaban la legitimación en la causa por
activa del sindicato para actuar en el proceso ordinario.

Sostuvo que la negativa a admitir estas pruebas llevó a una decisión inhibitoria que
desconoció el principio de prevalencia del derecho sustancial. Argumentó que el
Consejo de Estado debió actuar en suplir las deficiencias probatorias del sindicato
y garantizar un pronunciamiento de fondo sobre la demanda de reparación directa.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte interesada solicitó textualmente lo siguiente:

“1-. De manera respetuosa solicito a ustedes honorables Consejeros, tutelar
mis Derechos Fundamentales AL DEBIDO PROCESO Y EL ACCESO REAL Y
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, consagrados en los
artículos: 29, 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.

2-. Como consecuencia de la anterior declaración se deje sin valor y efectos la
sentencia de segunda instancia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 05001-23-31-000-2012-00845-03 (68.020).

3-. Se ordene al accionado que dentro de un término prudencial emita el fallo
que derecho corresponda otorgándole el valor probatorio a la ratificación de los
poderes, a la carta de aceptación de la cesión de derechos en favor de los
trabajadores y pensionados presentada por el sindicato y el reconocimiento
efectuado por la JEP, a SINTRAMIENERGETICA como víctima, del conflicto
armado en Colombia.”3.

3 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, folio 13, en el certificado 61E5B6BDE58C171B

E442144D3136378E 04D1216D980EC3D1 32F63BFC607E45EF, índice 2.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

2.1. Mediante auto del 3 de diciembre de 20244 el despacho del Magistrado Alberto
Montaña Plata admitió la acción de tutela, notificó a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como demandados y vinculó a la Superintendente
de Sociedades, al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética –
Sintramienergética.

2.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado5 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al considerar que el asunto carecía de relevancia
constitucional. Indicó que la sentencia cuestionada se fundamentó en la valoración
de pruebas legalmente incorporadas al expediente, en la ley y en la jurisprudencia.
Precisó que el recurso de apelación no controvirtió el contenido de la cesión, sino
la legitimación del sindicato para ejercer la acción indemnizatoria. Finalmente,
advirtió que no es procedente invocar la prevalencia del derecho sustancial con el
único propósito de reabrir un debate ya resuelto por el juez natural en sede
ordinaria.

2.3. La Superintendencia de Sociedades6 solicitó declarar improcedente la tutela al
advertir que la falta de legitimación activa derivó de la ausencia de interés legítimo
en la relación sustancial y no de un vicio procesal. Alegó que la sentencia tiene
efecto de cosa juzgada material al haber negado las pretensiones y que el
accionante busca reabrir un debate ya concluido mediante la vía constitucional.

2.4. El Sintramienergética y el Tribunal Administrativo de Antioquia, pese a haber
sido debidamente notificados, guardaron silencio y no se pronunciaron dentro del
trámite de la tutela.

4 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado 7ED8E8F7EDCADF84
9038643CA5FBB2C5 04C920A5442F82FF CC469CA534ECA460, índice 4.
5 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado B73F58D1826140BB

99C1A8D8C308EA89 FAD1E2D9AB5368CA 7ACB9F0620F71F57, índice 8.
6 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado 3DA7569FD2B8D205

FB4DD69954039CD0 63323FDA73977755 35A13F465CD42F7E, índice 10.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

3. Fallo de tutela de primera instancia

3.1. El 21 de febrero de 20257 la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de
Estado declaró la falta de legitimación activa en la causa presentada por el
ciudadano Oswaldo León Cadavid Jaramillo. La Sala consideró que el accionante
no tenía la calidad de titular de los derechos fundamentales cuya protección se
pretendía y que, además, no demostró actuar bajo agencia oficiosa.

3.2. El juez constitucional de primera instancia determinó que Oswaldo León
Cadavid Jaramillo no promovió el proceso ordinario que originó la sentencia
enjuiciada, sino que dicha acción fue ejercida por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y Energética
(Sintramienergética).

4. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada, el señor Oswaldo León Cadavid Jaramillo
presentó8 escrito de impugnación, mediante el que cuestionó la valoración
probatoria realizada por el a-quo.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 11 de marzo de 20259 se concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
No. 080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada en contra del fallo proferido el 21 de febrero de 2025 por la Sección
Tercera Subsección B del Consejo de Estado.

7 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado FF964F5F0C8AC878
B634EF8518885C64 1E87D24C43464196 41E5A68DEA88A7BE, índice 18.
8 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado 064BA9191824D781

35B409E0BE6625D3 E49C396CB2873231 2210AA15F173FD1A, índice 23.
9 Obra en expediente No.11001-03-15-000-2024-06598-00, en el certificado 4A71289316E82839
241EE32BD5208175 76454D16DF1BEA17 DED963FFF4AD273D, índice 25.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se incurrió en la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

3. Cuestión Previa

Dado que la impugnación fue propuesta únicamente por el señor Oswaldo León
Cadavid Jaramillo y que ninguno de los demás interesados en el presente litigio
manifestó oportunamente algún tipo de inconformidad con la decisión tomada por
el a quo, esta Sala, en calidad de juez de segunda instancia, se limitará a examinar
únicamente la conducta del ciudadano impugnante con el fin de determinar si en
efecto se incurrió o no en una violación de los derechos fundamentales.

4. Legitimación por activa en acción de tutela

Los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991 indican que «toda
persona» podrá interponer acción de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional,
en repetidas ocasiones, ha manifestado que la acción solo procede cuando el
derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental
propio del demandante y no de otra persona 10 . Este requisito constituye la
legitimación en la causa por activa. Las personas, además, pueden actuar por
medio de agente oficioso o apoderado judicial.

Respecto de este requisito en el marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han coincidido
en que:

“cuando los jueces incurren en una vía de hecho en el trámite y decisión de los
casos puestos en su consideración, vulneran el derecho fundamental al debido
proceso que asiste a quienes intervienen en el respectivo proceso judicial. Por
el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él,
carecen de legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una actuación
judicial. En tales circunstancias mal puede una persona alegar que se
conculcaron sus derechos al debido proceso, por cuanto la violación de éstos
necesariamente presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí

10 Corte Constitucional. Sentencias T-086 de 2010; T-176 de 2011; T-435 de 2016, entre otras.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

donde ha ocurrido la vulneración, por causa o con motivo de la actuación
judicial, arbitraria e irregular.”11

Así pues, no se admite que quien no ha intervenido en el proceso, pudiendo hacerlo,
alegue que un juez afectó sus derechos fundamentales.

5. Verificación del requisito de legitimación en la causa en el caso concreto

5.1. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que encuentra
improcedente la acción de tutela, al no acreditarse la legitimación por activa del
accionante. En efecto, este no ostenta la calidad de parte procesal en la reparación
directa que dio lugar a las decisiones cuestionadas, no agotó los mecanismos
pertinentes para asegurar su intervención en el trámite judicial respectivo, ni
demostró una afectación directa y concreta a sus derechos fundamentales.

5.2. Si bien el accionante está afiliado al sindicato Sintramienergética, organización
que sí intervino en el proceso judicial mencionado, dicha circunstancia no lo habilita
para reclamar en nombre propio derechos procesales del sindicato anunciado. Tal
como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, las personas jurídicas tienen
capacidad procesal independiente de la de sus miembros, y por tanto, es el
sindicato, y no cada afiliado individualmente considerado, quien ostenta
legitimación para accionar en defensa de sus derechos fundamentales en el marco
de los procesos donde actúa como parte.

5.3. Adicionalmente, obra en el expediente que el accionante no solicitó su
intervención en el proceso judicial que ahora cuestiona, a pesar de tener la
posibilidad de hacerlo. En este contexto, la ausencia de relación jurídica entre el
actor de la tutela y el proceso de reparación directa no puede ser subsanada por el
juez constitucional.

5.4. Tampoco puede derivarse legitimación de las solicitudes de incorporación de
pruebas sobrevinientes en las que se allegaron poderes, ya que estas actuaciones
pretendían ratificar la actuación del sindicato como parte demandante, mas no
constituían un llamado expreso a la intervención de sus afiliados. En consecuencia,
el accionante no hizo parte de la relación procesal originaria y, por ende, carece de

11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2024. C.P. Myriam Stella Gutiérrez

Argüello. Rad. 11001-03-05-000-2024-01500-01. Citando: Corte Constitucional. Sentencias T-240 de 2004.
M.P. Jaime Córdoba Triviño. T-1191 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-487 de 2019. M.P. Carlos
Bernal Pulido y T-461 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06598-01
Accionante: Oswaldo León Cadavid Jaramillo
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A

legitimación en la causa por activa para impugnar las providencias judiciales a
través de esta acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la
Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa del señor Oswaldo León Cadavid Jaramillo
dentro de la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado

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