Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06661-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06661-00
Demandante: Henry Mendoza Rivera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Radicación 11001-03-15-000-2024-06661-00
Demandante HENRY MENDOZA RIVERA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad. Relevancia constitucional. Recurso extraordinario de
revisión. La oportunidad del recurso. Derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Henry Mendoza Rivera de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 3 de diciembre 20241, Henry Mendoza Rivera, actuando a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra la Sala Veintidós Especial de Decisión del
Consejo de Estado. Considera que esa autoridad judicial vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al emitir el auto del 21 de marzo de 2024 que rechazó
el recurso extraordinario de revisión por extemporáneo y el auto del 15 de julio de
2024 que confirmó la decisión al resolver la súplica, dentro del proceso nro. 11001-
03-15-000-2024-01079-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se tutelen los derechos fundamentales del actor por existir violación al debido
proceso, al ser imposibilitado de acudir a la jurisdicción, en acción extraordinaria de
revisión.
2. Que se deje sin efecto el auto que negó por extemporáneo el estudio de la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, y en su lugar se ordene a la sala accionada que
admita la acción o recurso extraordinario de revisión, para que se dicte fallo en
derecho.»2.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 5 de marzo de 2024, Henry Mendoza Rivera promovió recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 25000-23-42-000-
2019-00170-01 (Exp. 2846-2021) (Incumplimiento de contrato de comisión especial de
estudios externa).
1
Sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai, índices 1 y 2.
2
Página 3 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06661-00
Demandante: Henry Mendoza Rivera
El recurrente pretendía que se infirmara el fallo judicial que confirmó la decisión
de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las Resoluciones 566 y 984 de 2018, expedidas por la
Universidad Nacional de Colombia, en las que se declaró el incumplimiento del
contrato de comisión especial de estudios externa 59 de 2009, suscrito entre
el accionante y la Universidad.
El señor Mendoza Rivera invocó la configuración de la causal octava del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA). Argumentó que la sentencia del 7 de julio de 2022 (Exp.
2846-2021) desconocía las reglas de decisión que adoptó la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 27 de julio de
2023, con radicación 11001-03-25-000-2019-00926-00 (Exp. 6571-2019) (asunto
disciplinario).
2.2. En auto de ponente del 21 de marzo de 2024, fue rechazado por extemporáneo
el recurso extraordinario de revisión promovido por el actor contra la sentencia
del 7 de julio de 2022 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado (Exp. 2846-2021).
Como fundamento de esta determinación la autoridad judicial argumentó que
la sentencia objeto del recurso se notificó el 29 de septiembre de 2022 y quedó
ejecutoriada el 4 de octubre siguiente. Lo anterior, a su juicio, da cuenta de
que el recurso se interpuso por fuera del término del año siguiente a la
ejecutoria de la sentencia recurrida establecido por el Legislador, pues ese
plazo feneció el 5 de octubre de 2023 y el recurso se radicó el 4 de marzo de
2024.
2.3. El demandante interpuso recurso de súplica contra la anterior decisión.
Argumentó que el término de caducidad debía computarse desde la
notificación de la sentencia del 27 de julio de 2023 (Exp. 6571-2019), dado que
ésta involucró las mismas partes y resolvió el litigio a su favor.
Sostuvo que la causal 8° del artículo 250 del CPACA era aplicable debido a
que la nueva sentencia impedía la caducidad del recurso. Además, consideró
que el auto recurrido desconoció el principio de integración procesal, pues no
se podía interponer el recurso extraordinario antes de conocer el fallo
favorable.
Por lo anterior, pidió que se resolviera el asunto al amparo del principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y alegó que el análisis de
la oportunidad del recurso debía iniciar desde la notificación de la nueva
sentencia, es decir, des del el 28 de septiembre de 2023.
2.4. La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, en proveído
del 15 de julio de 2024, confirmó el auto recurrido y concluyó que el término
para interponer el recurso inició con la ejecutoria de la sentencia del 7 de julio
de 2022 (Exp. 2846-2021), que es la que se cuestiona3. Así las cosas, precisó
que, al tenor del artículo 251 del CPACA, el recurso debió interponerse hasta
el 5 de octubre de 2023, pero el demandante lo radicó el 5 de marzo de 2024,
es decir: fuera del plazo legal.
Además, descartó la tesis según la cual, el cómputo debió iniciar con la
ejecutoria de la sentencia del 27 de julio de 2023 (Exp. 6571-2019), debido a que
el artículo 251 del CPACA no establece un cómputo diferenciado para los
eventos en que se invoque la causal 8° del artículo 250 del CPACA. Asimismo,
precisó que esta causal exige que la sentencia que constituye cosa juzgada
3
Esta sentencia cobró ejecutoria el 4 de octubre de 2022.
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Demandante: Henry Mendoza Rivera
sea previa al fallo impugnado, lo que no ocurre en este caso, por lo que indicó
que el actor hizo una indebida interpretación de la causal que invocó.
Este auto se notificó a través de mensaje de datos remitido a los sujetos
procesales el 29 de julio de 20244.
3. Fundamentos de la acción
El accionante sostuvo que la autoridad judicial incurrió en un error al interpretar la
fecha a partir de la cual debía computarse el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión. Afirmó que el rechazo se fundamentó erróneamente en
la fecha de la sentencia inicial que data del 7 de julio de 2022, pero, en realidad, el
término debía iniciar desde la notificación de la nueva sentencia emitida en el
proceso con radicación Nro. 11001-03-25-000-2019-00926-00, esto es, desde del 28
de septiembre de 2023. Destacó que este último fallo tenía importantes efectos
sobre el proceso de revisión, comoquiera que se refería a las mismas partes y al
mismo litigio, por lo que se configuró la causal de procedencia del numeral 8° del
artículo 250 del CPACA.
Expuso que la autoridad judicial accionada omitió aplicar el principio de integración
procesal y desconoció que la existencia de una nueva sentencia con efectos
jurídicos relevantes sobre el proceso invalidaba la exigencia de interponer el recurso
teniendo como parámetro del cómputo la sentencia inicial.
De acuerdo con lo anterior, argumentó la configuración del defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto en los autos del 21 de marzo y del 15 de julio de 2024,
a través de los cuales se rechazó el recurso extraordinario de revisión por él
promovido.
En su consideración, la decisión se fundamentó en una interpretación
excesivamente formalista del término de caducidad que no consideró las
particularidades del caso analizado y que desconoce el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas procesales. Advirtió que la interpretación de la
autoridad judicial accionada hace imposible el ejercicio del recurso extraordinario ya
que le exige demandar la sentencia inicial sin haber conocido el fallo posterior que
fundamentó la solicitud en revisión. Así, estima que la accionada transformó las
formas procesales en obstáculos que restringieron su derecho de acceso a la
administración de justicia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto de 6 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela presentada por Henry Mendoza Rivera, por conducto de
apoderado judicial, contra la Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo
de Estado.
Además, vinculó, en calidad de tercero con interés, a la Universidad Nacional
de Colombia, autoridad que actuó como demandada dentro del recurso
extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2024-01079-00.
4.2. La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, por
conducto del ponente del auto que decidió la súplica5, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela porque no satisface el presupuesto de
relevancia constitucional.
Argumentó que la petición de amparo se fundamentó en los mismos cargos
del recurso de súplica, es decir, que el cómputo de la oportunidad del recurso
4
Samai, procedo nro. 11001031500020240107900. Índice 27.
5
Consejero Milton Chaves García
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Demandante: Henry Mendoza Rivera
extraordinario de revisión debió iniciar desde la notificación de la sentencia del
27 de junio de 2023 y no desde la notificación de la sentencia del 7 de julio de
2022, que es la providencia que se pretende sea revisada.
Expuso que este argumento fue suficientemente estudiado en el trámite del
recurso extraordinario de revisión, pero ante la respuesta que no fue favorable
a las pretensiones del demandante ahora escalan la discusión ante el juez
constitucional en el marco del defecto procedimental. Luego es claro que se
toma la acción de tutela como una instancia adicional para procurar una
decisión favorable.
De otro lado, advierte que las providencias que se discuten fueron emitidas
por una alta Corporación lo que exige un análisis más riguroso de la
procedencia y la identificación de una anomalía de tal entidad que haga
imperiosa la intervención del juez de tutela.
4.3. La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado, por
conducto del ponente del auto que rechazó la demanda6, destacó el carácter
restringido de la acción de tutela contra una providencia judicial dictada por un
órgano de cierre de la jurisdicción, más aún cuando no se justifica
suficientemente su relevancia judicial y cuando parece que se interpone el
mecanismo constitucional como una instancia adicional, como ocurre en el
caso particular.
Además, destacó que no existe anomalía o equivocación atribuible a la
autoridad judicial accionada que afecte la validez del auto del 21 de marzo de
2024. Explicó que la decisión de caducidad se fundamentó en la interpretación
y aplicación de las normas procesales que regulan el recurso extraordinario de
revisión, competencia propia de los jueces naturales de la causa que escapa
del ámbito de acción del juez de tutela.
De manera subsidiaria, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda
porque las providencias acusadas no materializan vulneración alguna del
derecho al debido proceso del demandante. En esa vía, argumentó que el
análisis de la oportunidad del recurso se fundamentó en el contenido del
artículo 251 del CPACA el cual dispone que el recurso debe interponerse
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Como en el
caso particular se discutía la sentencia del 7 de julio de 2022 de la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es esa providencia la que se
erige como parámetro para analizar la oportunidad del recurso.
Agregó que «no era posible hacer una interpretación en contrario o a su favor so pena
de desconocer las claras previsiones del legislador en cuanto al rigor extintivo de la
caducidad de este medio excepcional.».
De manera que a su juicio no se configura el exceso ritual manifiesto en las
providencias judiciales accionadas, sino apenas un desacuerdo del actor con
lo decidido en un sentido desfavorable para sus intereses litigiosos.
4.4. El magistrado Milton Chaves García, miembro de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, radicó memorial en el que manifestó estar incurso en una
causal de impedimento para conocer de esta acción de tutela debido a que,
como parte de la Sala 22 Especial de Decisión de esta Corporación, dictó una
de las providencias cuestionadas por el señor Mendoza Rivera.
En auto del 18 de diciembre de 2024 el despacho ponente declaró fundado el
impedimento, separó del conocimiento del caso al doctor Milton Chaves García
6
Consejero Luis Alberto Álvarez Parra.
4
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06661-00
Demandante: Henry Mendoza Rivera
y envió el expediente a la Secretaría de la Sección Cuarta para que se realizara
el sorteo de dos conjueces ante la imposibilidad de conformar el cuórum
decisorio.
4.5. El 20 de enero de 2025, se realizó la diligencia de sorteo de los conjueces
y fueron designados el doctor Julio Fernando Álvarez Rodríguez y la doctora
Lucy Cruz de Quiñones para conocer del presente proceso constitucional. El
23 de enero del año en curso se les informó sobre su designación.
4.6. Actualmente, con ocasión del nombramiento y posesión del Dr. Luis Antonio
Rodríguez Montaño como magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, queda debidamente conformado el cuórum decisorio de la Sala y, en
consecuencia, se desplazan los conjueces designados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la
sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los
requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los
intervinientes en el proceso.
7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5
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Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo
que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto
adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial
atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de
manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener
en cuenta que, en la sentencia, SU573 de 201711, la Corte Constitucional analizó el
tercer elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Por tratarse de una acción de tutela contra una providencia judicial, la Sala debe
determinar, en primer lugar, si la petición de amparo supera el examen general de
procedibilidad, en especial, si se cumple con el presupuesto de la relevancia
constitucional.
En el evento de que se supere el anterior examen, se analizará si, al proferir los
autos del 21 de marzo y del 15 de julio de 2024, la Sala Veintidós Especial de
Decisión incurrió en defecto procedimental al realizar una interpretación rigurosa,
aislada e injustificablemente formalista de la norma que regula la oportunidad del
recurso en el caso concreto.
4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
11
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Henry Mendoza Rivera
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales” 12. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
4.2. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus
pretensiones.
4.3. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la tutela en estudio es
improcedente porque se emplea como una instancia adicional para discutir la
aplicación e interpretación que hicieron los jueces de la causa respecto de las
normas que regulan la oportunidad del recurso extraordinario de revisión en el
CPACA. Al comparar los argumentos de la acción de tutela (supra 3), con los
cargos expuestos por el actor en el recurso de súplica13 en el trámite del
recurso extraordinario de revisión nro. 11001-03-15-000-2024-01079-00,
evidencia la Sala que, en su mayoría, son coincidentes.
Así pues, conviene recordar los argumentos expuestos en el recurso de súplica
por el señor Henry Mendoza Rivera, para evidenciar su semejanza con los de
la acción de tutela.
Los principales argumentos del recurso fueron los siguientes:
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.
13
Samai, proceso nro. 11001-03-15-000-2024-01079-00. Índice 10.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06661-00
Demandante: Henry Mendoza Rivera
4.3.1. «(…) se estableció dentro del proceso por la causal invocada fue por existir una
sentencia posterior (nueva) (que aún no tiene caducidad, ni prescripción para ser
rechazada), y que hace que se considere puede dejar sin los efectos de la anterior
sentencia ( que se demanda y que si es extemporánea), y que al parecer no se tuvo en
cuenta por el H. Mg Ponente, es decir, no avizoro bajo el principio de integración
procesal, porque existe nueva sentencia del H. CONSEJO DE ESTADO, la cual se
considera tiene efectos trascendentales, en la sentencia objeto de reproche. Además
porque del actor no dependía que la nueva sentencia fuera notificada cuando ya estaba
la otra sentencia (inicial) 25000-23 42-000-2019-00170-01 (2846-2021)»
4.3.2. «(…) el yerro radica en que se tomó la fecha aplicada en la sentencia inicial (“primera”)
que se pretende infirmar, y no en la fecha de la nueva ( “segunda”) sentencia, como
quiera que se deberá tomar es esta última porque lo que se pretende es dejar sin
efectos la sentencia primera de fecha siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022), bajo
el Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho, del Expediente: 25000 23-
42-000-2019-00170-01 (2846-2021), donde fungieron las mismas partes».
4.3.3. «El planteamiento del H. Mag Ponente hace imposible que hubiéramos demandado si
no tuvimos conocimiento del nuevo fallo Radicación: 11001 03-25-000-2019-00926-00
(6571-2019), sino solo hasta el día fecha de notificación de esta sentencia, (28 de
septiembre del 2023).»
4.3.4. «De manera respetuosa consideramos que existe decisión de rechazo que privilegió
una norma procesal de rango legal por encima de un principio constitucional, como lo
era la valoración en integración procesal, y la ponderación de los derechos sustantivos
del actor, lo cual convirtió las formas en obstáculo y no en instrumento para la
satisfacción de derechos sustantivos, y con ello incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual que puede lesionar el acceso a la justicia.».
Como se ve, la inconformidad del señor Mendoza Rivera en el trámite del
recurso extraordinario de revisión y ahora en el proceso constitucional se
concentra en la aplicación e interpretación de las normas que regulan la
oportunidad del mencionado recurso. En consideración del actor, a partir de
una interpretación flexible de las leyes y que privilegie el principio de
prevalencia del derecho sustancial, debe iniciarse el cómputo de la
oportunidad del recurso, no desde la notificación de la sentencia del 7 de julio
de 2022 (Exp. 2846-2021), que es la que se cuestiona, sino desde la notificación
de la sentencia posterior del 27 de julio de 2023 (Exp. 6571-2019) en la que el
Consejo de Estado dirimió un conflicto suscitado entre las mismas partes.
4.4. Esta cuestión fue resuelta por la Sala Veintidós Especial de Decisión en el auto
del 15 de julio de 2024. Allí se precisó la forma como se analiza la oportunidad
del recurso extraordinario de revisión según las normas que regulan la materia
y se expusieron las razones por las que el cómputo no podía realizarse
teniendo como parámetro la sentencia del 27 de julio de 2023, como lo
pretende el accionante. Se relaciona el aparte pertinente de la providencia:
«(…) el recurrente insiste en que, los términos para la interposición del recurso deben
contabilizarse desde el 28 de septiembre de 2023, fecha de la notificación del fallo del 27
de julio de 2023, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del expediente con radicado nro. 11001032500020190092600, por cuanto en dicho proceso
fungieron las mismas partes, y se decidió a favor del demandante, por lo tanto, se configuró
la causal 8ª del artículo 250 del CPACA y, en esa medida, ante la existencia del nuevo
pronunciamiento se puede dejar sin efectos la providencia anterior, esta es, la Sentencia del
7 julio de 2022 aquí recurrida.
(…) el recurso extraordinario de revisión es un proceso independiente de aquel que
origina su interposición. Significa que no puede considerarse como una instancia más
para que las partes continúen exponiendo las inconformidades ya debatidas en el proceso
ordinario. En ese entendido, el término para interponer el recurso extraordinario depende
de la fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia que se cuestiona. De manera que,
como el término para interponer el recurso extraordinario de revisión comenzó a correr en
vigencia del CPACA, la parte interesada debió formularlo, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 251 ejusdem, esto es, “dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la respectiva sentencia”. Regla que rige para el presente asunto,
teniendo en cuenta que el recurso se fundó en la causal prevista en el numeral 8 del
artículo 250 del CPACA, mientras que las únicas que tienen precisiones diferentes para
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el conteo de la caducidad son las causales 3, 4 y 7del referido artículo y el artículo 20 de
la Ley 797 de 20039.
En el sub examine, la sentencia del 7 de julio de 2022, contra la cual se promovió el recurso
extraordinario de revisión, se notificó por edicto electrónico desfijado el 29 de septiembre del
mismo año, por lo que, conforme con lo previsto en el artículo 302 del CGP, quedó ejecutoriado
a los tres días siguientes, es decir, el 4 de octubre de 2022, motivo por el cual no resulta
adecuado considerar que los términos correrán a partir de la ejecutoria de la sentencia del 27
de julio de 2023.
En ese orden de ideas, en este caso, el plazo para presentar el recurso extraordinario de
revisión feneció el 5 de octubre de 2023. No obstante, según el sistema de consulta de
procesos SAMAI, el recurrente interpuso el recurso el 5 de marzo de 2024, fecha que excede
el término en el que debió radicarse.» (Subraya la Sala)
4.5. Relativo al cómputo de la oportunidad del recurso extraordinario de revisión
que propuso el señor Mendoza Rivera en su escrito de súplica y que reitera
ahora en la acción de tutela, la autoridad judicial competente indicó:
«Ahora, no es de recibo el argumento expuesto por la parte recurrente, referente a que, en
atención a que se invoca la causal prevista en el numeral 8° del artículo 250 del CPACA, debe
tenerse en cuenta para efectos de la interposición del recurso, la fecha en que quedó
ejecutoriada la sentencia que aduce que es contraria y constituye cosa juzgada en su caso,
pues el artículo 251 – en el cual se establece el término para promover el recurso
extraordinario - no previó un término diferente cuando se invoque la referida causal.
Aunado a ello, recuérdese que uno de los presupuestos de procedencia de la causal 8ª del
artículo 250 del CPACA, es que exista una sentencia ejecutoriada anterior al fallo recurrido
que constituya cosa juzgada entre las partes y en este caso ello no procede, toda vez que la
sentencia que se alega es posterior, a pesar de que en esta versaban las mismas partes, pues
fue proferida el 27 de julio de 2023. El recurrente interpreta equivocadamente esta causal para
justificar la tardanza de la presentación del recurso extraordinario de revisión.
En consecuencia, no es posible tramitar el recurso interpuesto por extemporáneo y se
confirmará la decisión suplicada, con el fin de que el ponente continúe con el trámite
correspondiente.» (Subraya la Sala)
4.6. Como se observa, las inconformidades presentadas en la acción de tutela
fueron ya estudiadas en el trámite del recurso extraordinario de revisión sub
examine, pero el accionante está en desacuerdo con el análisis legal que
hicieron los jueces naturales de la causa que llevaron a rechazar el recurso
por extemporáneo. En esa línea, resulta claro que los argumentos de la acción
de tutela no se dirigen a evidenciar la concreción de una irregularidad flagrante
y ostensible en el fundamento fáctico y jurídico de las providencias acusadas,
sino a sugerir la interpretación y aplicación de la Ley al caso particular, cuestión
que escapa de la competencia del juez de tutela.
Ahora, se tiene que en la providencia judicial accionada se expusieron las
razones por las cuales la autoridad judicial considera que el cómputo de la
oportunidad del recurso debe iniciar con la ejecutoria de la sentencia que se
cuestiona y expuso el marco jurídico que sustenta su determinación y la
interpretación de esas disposiciones normativas con miras a resolver el caso
concreto, sin que se observe de entrada arbitrariedad o capricho.
De acuerdo con lo anterior, conviene recordar que la jurisprudencia
constitucional ha sido consistente en destacar la improcedencia de la acción
de tutela cuando se la utiliza para discutir asuntos de mera legalidad que son
de la competencia de los jueces naturales de la causa, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario 14, más
aún cuando se discuten providencias emitidas por los órganos de cierre de la
jurisdicción. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó:
14
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
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«Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional
y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”15 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los
jueces naturales”16.» (Subraya la Sala)
4.7. Es por lo anterior que la acción de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional en tanto la argumentación expuesta no pretende advertir la
concreción de un error en la ratio de las providencias judiciales que afecte el
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
parte actora, sino reabrir el debate jurídico para imponer una tesis de
interpretación normativa acorde con sus intereses litigiosos, aunque su
propuesta fue descartada de manera motivada en el curso del proceso sub
examine.
4.8. A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Debe agregar la Sala que, tratándose de una acción de tutela contra
providencias judiciales de altas Corporaciones, el análisis del requisito de
relevancia constitucional se torna más exigente y la procedibilidad de este
mecanismo judicial es aún más restrictiva, pues se trata, en este caso, del
órgano de cierre en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esa
línea se robustece el elemento de especialidad del juez respecto de la causa
que conoce y los principios de independencia y autonomía. Es por ello por lo
que, la jurisprudencia constitucional17 exige que, para el análisis de fondo de
la acción de tutela en estos eventos, se haya identificado en la providencia
cuestionada “una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención de juez
constitucional”, escenario que no se identifica en el caso concreto
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela en
razón a que los argumentos que la sustentan son una reiteración de los que habían
sido ya ventilados por el señor Henry Mendoza Rivera en el trámite del recurso
extraordinario de revisión y que fueron debidamente analizados por los jueces
naturales de la causa. En suma, la acción de tutela no supera el presupuesto
general de procedibilidad de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-128 de 2021.
17
Corte Constitucional, sentencias SU917 de 2010, SU050 de 2017, SU573 de 2017 y SU072 de 2018.
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FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Henry Mendoza
Rivera, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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