Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00170-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00170-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2019-00170-01 (2846-2021)
Demandante : Henry Mendoza Rivera
Demandada : Universidad Nacional de Colombia
Tema : Incumplimiento de contrato de comisión especial de
estudios externa
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante la cual negó
las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 1 a 17 y 98 a 113 del cuaderno principal). El señor
Henry Mendoza Rivera, por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Universidad Nacional de Colombia, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 566 de 23 de abril
de 2018 y 984 de 6 de julio siguiente, expedidas por el señor vicerrector de la
sede Bogotá, D. C., de la Universidad Nacional de Colombia, por medio de las
cuales se declaró el incumplimiento del contrato de comisión especial de
estudios externa 59 de 2009, suscrito entre las partes.
A título de restablecimiento del derecho, se «[…] elimine toda sanción, en
especial las económicas por este concepto y las demás inherentes con los que
la UNIVERSIDAD NACIONAL declaró el incumplimiento del contrato […]
identificado, y se ordene su corrección ante la misma Universidad […] o la
Procuraduría General [d]e [l]a Nación […] o quien haga su función»; y se
condene al pago de «[…] perjuicios morales, por daño al buen nombre y demás
perjuicios subjetivados». Lo anterior, con la indexación y condena en costas a
que haya lugar.
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Henry Mendoza Rivera contra la Universidad Nacional
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1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que, por medio de Resolución
302 de 14 de mayo de 1998 de la facultad de ciencias de la Universidad
Nacional de Colombia, ingresó a la carrera docente, cuyo nombramiento fue
renovado con Resolución 407 de 26 de julio de 1999 de ese ente educativo; y,
a través de Resolución 499 de 20 de junio de 2002, se le dio «[…] la categoría
de profesor asistente con dedicación exclusiva […]». En virtud de tal condición,
mediante «[…] Resolución de la [f]acultad de [c]iencias No. 104 de 23 de
[a]bril de 2009 se [le] confirió [c]omisión [e]special de [e]studios [e]xterna […]
del 10 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2010 […] con el fin de iniciar sus
estudios de [d]octorado en [e]stadística de la Universidad de California, [s]ede
Riverside (Estados Unidos), comisión otorgada bajo Acuerdos 022 y 024 de
2007 del [c]onsejo [s]uperior [u]niversitario», por lo que suscribió el contrato
de comisión especial de estudios 59 de 2 de junio de 2009, para lo cual otorgó
como garantía un pagaré.
Que «[a] través de oficio B.DP-1037 de 19 de abril de 2017 la [d]irectora de
[p]ersonal [a]cadémico solicita al [d]ecano de la [f]acultad de [c]iencias
informar si los docentes a los que se les había otorgado comisión de estudios,
entre los que se encontraba [él] […] habían entregado el correspondiente título
[…] [a lo que se respondió que] no entregó título de la [c]omisión de [e]studios
que inició en 2009 en Estados Unidos, po[r] lo cual fue reportado a la
[c]omisión [d]isciplinaria y a la [o]ficina [j]urídica de la [s]ede […]».
Afirma que el 21 de noviembre de 2017 presentó renuncia a su cargo de profesor
asociado en dedicación exclusiva de la accionada, con efectos desde el 21 de
diciembre siguiente, aceptada con Resolución 2439 de 12 de estos mes y año.
No obstante, «[m]ediante Auto No. 006 de 28 de noviembre de 2017 se dio inicio
al procedimiento administrativo para determinar la existencia de un eventual
incumplimiento del CONTRATO DE COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS
EXTERNA […]» (sic), lo que culminó con la expedición de los actos
administrativos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 29 y 69 de la
Constitución Política, las Leyes 1437 y 1474 de 2011 y el Decreto 1210 de 1993.
Aduce que ante el vacío frente a disposiciones de carácter procesal para su caso,
debe darse aplicación a las normas de procedimiento administrativo
sancionatorio previstas en el CPACA, conforme a las cuales la demandada
perdió competencia para imponerle sanción, por haber acaecido la caducidad de
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esa facultad, según el artículo 52 ibidem, pues trascurrieron 6 años, 7 meses y
27 días desde su reintegro a la Universidad (1º. de septiembre de 2011) hasta la
expedición de las decisiones censuradas.
Que, en forma subsidiaria, se considere la aplicación del artículo 86 de la Ley
1474 de 2011, en la medida en que la Resolución 566 de 2018 (acusada) «[…]
se originó de un contrato, como lo fue el de comisión especial externa de
estudios 059 del 2009 […]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 131 a 152 del cuaderno principal). La
accionada, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones; respecto de los hechos afirma que no le constan, por lo que deben
probarse; y formula las excepciones denominadas (i) inexistencia de causal de
nulidad y presunción de legalidad del acto, (ii) incumplimiento del contrato por
parte del demandante, (iii) incumplimiento de la obligación de acreditar
titulación producto de la comisión de estudios, (iv) resoluciones demandadas
fundamentadas en el incumplimiento del contrato de comisión de estudios y (v)
ineptitud formal de la demanda por no indicación de la causal de nulidad.
Asevera que «[…] la comisión otorgada al demandante y sus obligaciones,
estaban reguladas por los [a]cuerdos del [c]onsejo [s]uperior [u]niversitario
22 y 24, ambos de 2007, por medio de los cuales se determinan y reglamentan,
respectivamente, las comisiones que se podían otorgar a los docentes de la
Universidad». En tal sentido, «[…] no se acepta la tesis […] según la cual […]
carecería de normatividad aplicable».
Que «[…] a diferencia de un proceso sancionatorio o disciplinario, el
procedimiento de declaración de incumplimiento contractual no busca una
sanción, no tiene gradualidades, ni estudia aspectos como la culpabilidad, el
daño, la intención, entre otros aspectos propios de un proceso sancionatorio.
Esto a tal punto que, el incumplimiento de esta obligación también está sujeta
al régimen disciplinario, […] verdaderamente sancionatorio, que busca penar
y corregir las conductas de los funcionarios y servidores públicos, que
desconozcan el cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de su cargo. Para
estos efectos, la Universidad cuenta con un [e]statuto [d]isciplinario con sus
respectivos procedimientos, actualmente contenido en el [a]cuerdo 171 de 2014
del [c]onsejo [s]uperior [u]niversitario» (sic).
Arguye que tampoco es dable la aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de
2011, por cuanto «[…] la Universidad Nacional NO está sometida al [e]statuto
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[g]eneral de [c]ontratación de la [a]dministración [p]ública […]» (sic). Por
tanto, «[…] ante la inexistencia de un procedimiento especial para la
declaratoria de incumplimiento en comisiones de estudios y considerando la
naturaleza laboral pública de la comisión y sus garantías como situación
administrativa, la Universidad tenía el deber de acudir al procedimiento
administrativo común y supletorio desarrollado en los artículos 34 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, según el mandato de su propio artículo
2 […]».
1.6 La providencia apelada (ff. 164 a 179 del cuaderno principal). El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), con
sentencia de 18 de febrero de 2021, negó las súplicas de la demanda (sin
condena en costas), al considerar que «[…] los actos administrativos
demandados […] no tienen la connotación de una sanción administrativa,
puesto que la decisión adoptada en esos actos refieren única y exclusivamente
al incumplimiento de una obligación de carácter estrictamente contractual,
mas no a aspectos relacionados con la comisión de una conducta o un proceder
reprochado al demandante y que pueda ser catalogado bajo el rótulo de la
comisión de determinada falta, de ahí que la UN no podía ni debía aplicar,
para la adopción de tal determinación, las normas del procedimiento
administrativo sancionatorio previstas por la Ley 1437 de 2011 […]» (sic).
Que «[…] la UN, al adelantar para el presente asunto el procedimiento
administrativo general dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y en el cual le fueron
garantizados al demandante su derecho de defensa y debido proceso, no
incurrió en ninguna inconsistencia procesal ni sustancial al momento de
proferir los actos administrativos demandados […]» (sic). De igual modo,
tampoco es viable aplicar el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por cuanto el
contrato de comisión especial de estudios externa suscrito entre las partes no
está sujeto al estatuto general de la contratación estatal de la Ley 80 de 1993.
Precisa que no es admisible el planteamiento del acaecimiento de la caducidad
de la facultad sancionatoria, en la medida en que «[…] la naturaleza del
incumplimiento del [mencionado] [c]ontrato […] no es de [ese] carácter […]»;
sin embargo, «[…] a efectos de esclarecer si en el presente asunto se suscitó o
no una caducidad o prescripción de la obligación contraída por el demandante
con la UN, la Sala debe anotar que, pese a la aludida exigencia jurisprudencial
de aplicar a asuntos como el presente la normativa administrativa laboral,
dicho mandato no es posible considerar al actual punto objeto de estudio,
puesto que la prescripción trienal prevista en materia administrativa laboral
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por los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969
refiere a la interrupción de ese fenómeno por motivo del reclamo escrito del
servidor público a su empleador para reclamar un derecho o prestación […]»
(sic), por lo que «[…] ante la ausencia de normativa específica que regule de
manera concreta las consecuencias de no hacer efectivo un derecho contractual
de la UN […] debe acudirse a la figura general de la prescripción extintiva de
las obligaciones previstas por los artículos 2535 […] y 2536 […] del código
Civil, conforme a los cuales […] el derecho de la demandada […] prescribiría
en un lapso de diez (10) años contados a partir del momento en que la
obligación se hizo exigible» (sic), plazo que no se ha superado, pues desde el
1º. de agosto de 2013 se hizo exigible dicha obligación, mientras que la
Resolución 566 fue emitida el 27 de abril de 2018.
1.7 El recurso de apelación (ff. 182 a 183 vuelto del cuaderno principal). El
accionante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, al
estimar que, a pesar de que no entregó «[…] el título de doctorado para el que
fue comisionado dentro de los dos (2) años siguientes a la finalización de esa
situación administrativa […] NO habilitaba a la UN a tomar la decisión
mediante acto administrativo, como finalmente sucedió» (sic).
Que «[…] termin[ó] la comisión de estudios el 31 de julio de 2011, y el
reintegro se le hizo mediante acto administrativo, para el mes de SEPTIEMBRE
DE ESE MISMO AÑO, tiempo en el cual tuvo 3 años para declarar el
incumplimiento la U.N., pero esta solo se eman[ó] 6 años, 7 meses y 27 días
después, siendo EXTEMPORÁNEA y por consiguiente existió caducidad de la
acción, puesto que lo que se notificó y se le dio trámite fue de un acto
administrativo que goz[ó] de la presunción legal […]» (sic).
Sostiene que «[…] lo que se reprocha no es la forma en la que se dio la
comisión de estudios (contrato), sino lo que se comportó con sus efectos en la
suscripción de actos administrativos a raíz de su desvinculación mediante los
propios […] pues no solo careció de procedimiento, pues es claro que ni se
determinó la ley sustancial, ni […] la ley procesal, de lo cual se da la aplicación
del CPACA» (sic).
Por último, que «[…] si existió un contrato […] y se suscribió las referidas
garantías con un pagar[é], era la UNIVERSIDAD NACIONAL, quien debía
ejecutar por la vía judicial dichos mandamientos de pago, situación que no
sucedió […]» (sic), toda vez que es por ese medio «[…] que debería […] hacer
efectivos dichos derechos, y se interpreta que sería mediante la demanda
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Expediente 25000-23-42-000-2019-00170-01 (2846-2021)
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ordinaria civil, o en su defecto se considera entonces que era la ordinaria
ejecutiva de las garantías contractuales establecidas, situación que claramente
tampoco sucedió y que está más que fenecida por el tiempo al ser suscriptor de
un título valor» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 18 de mayo de
2021 (f. 185 del cuaderno principal) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 12 de mayo de 2022 (f. 189 ibidem), en cumplimiento del artículo
247 del CPACA1; y en virtud de lo establecido en el numeral 4 ibidem, la
accionada presentó escrito de alegatos de conclusión2, para insistir en sus
argumentos de defensa, mientras que el Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a
la Sala determinar si al actor le asiste razón jurídica para reclamar la ilegalidad
de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato de
comisión especial de estudios externa suscrito entre las partes; o si, por el
contrario, no hay lugar a ello, puesto que el procedimiento se ajustó a las normas
que regulan la materia, sin que se trate de una facultad sancionatoria de la
Administración o sometida a la Ley 80 de 1993, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a precisar si la sentencia proferida por el a quo
se encuentra ajustada a derecho, procede la Sala a realizar el correspondiente
análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta
respecto del caso concreto.
3.3.1 De la naturaleza jurídica y el régimen contractual y legal de la
Universidad Nacional de Colombia y el principio de autonomía
universitaria. El artículo 69 de la Constitución Política consagra la autonomía
universitaria así:
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del
Estado.
En desarrollo del anterior precepto constitucional, el legislador expidió la Ley
30 de 1992, «por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior», cuyo artículo 28 preceptúa:
La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar
sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y
adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función
institucional.
En ese entendimiento, el artículo 29 de dicha Ley 30 de 1992 establece los
siguientes aspectos en los que se desarrollará la autonomía universitaria: (i)
darse y modificar sus estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y
administrativas; (iii) crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que
expedir los correspondientes títulos; (iv) definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión; (v)
seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que sus alumnos; (vi) adoptar
el régimen de alumnos y docentes, y (vii) arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Por su parte, esta Corporación3, en lo atañedero a la autonomía universitaria,
discurrió:
El artículo 69 constitucional, al garantizar a las universidades autonomía
para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de
conformidad con la ley, a la cual defiere la expedición de su régimen
especial, consagró una figura nueva dentro del sistema de
descentralización administrativa por servicios, el llamado "ente
universitario autónomo", con características singulares que lo hacen
diferente de los demás organismos descentralizados con aquel carácter
y que es, precisamente, una de las entidades autónomas a que aluden las
3
Sección segunda, subsección A, sentencia de 17 de marzo de 2011, expediente 68001-23-15-000-2002-02012-01
(1372-09), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Expediente 25000-23-42-000-2019-00170-01 (2846-2021)
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disposiciones constitucionales.
En desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución de 1991,
el Congreso expidió la ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior" con el objetivo, entre otros, de
garantizar la autonomía universitaria y velar por la calidad de ese
servicio público a través del ejercicio de la inspección y vigilancia del
mismo.
De conformidad con el artículo 28 de esta ley, la autonomía universitaria
se concreta en aspectos académicos, administrativos y financieros de las
instituciones de educación superior. En ejercicio de ella las
universidades tienen derecho a darse y modificar estatutos; designar las
autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar
programas académicos; definir y organizar labores formativas,
académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos
correspondientes; seleccionar los profesores; admitir alumnos; adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
En cuanto al régimen salarial, prestacional y de contratación de las
universidades, en su condición de entes autónomos, la Ley 30 de 1992 dispone:
Artículo 77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las
universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4ª de 1992, los
decretos reglamentarios y las demás normas que la adicionan y
complementan.
[…]
Artículo 79. El estatuto general de cada universidad estatal u oficial
deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes
sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones
administrativas y régimen disciplinario del personal administrativo.
[…]
Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los
contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho
privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales,
según la naturaleza de los contratos.
Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los
cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222
de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.
En tal sentido, las universidades públicas gozan de autonomía para emitir sus
reglamentos internos, con amplio margen de autodeterminación, cuyo límite es
el ordenamiento jurídico. Además, en materia salarial, se rigen por la Ley 4ª de
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1992 y, en el ámbito contractual, por normas especiales sobre cada tipo de
contratación.
Ahora bien, conforme al artículo 1º del Decreto 1210 de 19934 y el Acuerdo 11
de 12 de marzo de 20055, la Universidad Nacional de Colombia es un ente
universitario autónomo del orden nacional, vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con autonomía e independencia; régimen especial,
gobierno, patrimonio y rentas propias; capacidad para organizarse, gobernarse,
designar sus propias autoridades y dictar sus propios estatutos.
3.3.2 De la comisión de estudios y su contrato. La comisión de estudios está
tipificada, en términos generales, en el Decreto 1083 de 20156, así:
Artículo 2.2.5.5.21 Comisión. El empleado se encuentra en comisión
cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas
actividades especiales en sede diferente a la habitual o desempeña otro
empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede
otorgarse al interior del país o al exterior.
Artículo 2.2.5.5.22 Clases de comisión. Las comisiones pueden ser:
[…]
2. Para adelantar estudios.
[…]
En forma particular, en el contexto de la Universidad Nacional de Colombia,
por medio de Acuerdo 24 de 2007, el consejo superior universitario, por virtud
de la función prevista en el artículo 127 del aludido Decreto 1210 de 1993,
reglamentó las comisiones otorgables a sus docentes, de la siguiente manera:
Artículo 1. El personal docente de la Universidad Nacional de Colombia
se encuentran en comisión cuando ha sido autorizado para:
1. Realizar estudios de capacitación o de formación.
[…]
Artículo 9. Comisión especial de estudios. El (la) docente de carrera se
encuentra en comisión especial de estudios cuando ha sido autorizado
para realizar estudios de doctorado.
4
«Por el cual se reestructura el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia».
5
Estatuto general de Universidad Nacional de Colombia-
6
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».
7
«Artículo 12. Funciones del consejo superior universitario. Son funciones del consejo superior universitario:
[…]
b) Aprobar o modificar, en dos sesiones verificadas con intervalo no menor de treinta (30) días, los estatutos
general, de personal académico, de personal administrativo y de estudiantes, con arreglo a lo previsto en este
Decreto;
[…]».
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Artículo 10. La comisión especial de estudios será otorgada sobre la
base de las siguientes disposiciones:
1. Será aprobada por el consejo de facultad, el consejo de instituto de
investigación nacional o de sede, el consejo de centro de sede o el comité
académico administrativo de sede de presencia nacional, según sea el
caso, previo concepto académico sobre la pertinencia de los estudios,
emitido por el director(a) de la unidad académica básica, el director(a)
de instituto de investigación nacional o sede, el director(a) de centro de
sede, o el director de sede de presencia nacional, según sea el caso.
2. Se podrá conceder por primera vez hasta por un año y se podrá
renovar anualmente. El tiempo máximo de la comisión no podrá superar
los cuatro (4) años. La renovación anual dependerá de un informe
detallado de las actividades y resultados académicos del
comisionado(a), una recomendación motivada del director(a) de tesis o
del director(a) del programa doctoral, un concepto del director(a) de la
unidad académica básica, del director(a) de instituto de investigación
nacional o sede, del director(a) de centro de sede, o del director(a) de
sede de presencia nacional, según sea el caso y la aceptación del
respectivo cuerpo colegiado.
3. Esta comisión no incluirá viáticos, pero se podrán asignar apoyos
económicos, a juicio de quien la otorgue y de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal.
4. No se podrán otorgar comisiones de estudio conducentes a títulos
iguales o inferiores a los que la Universidad le haya reconocido al
docente.
5. El (la) beneficiario de esta comisión se compromete a:
a. En caso de que la comisión sea remunerada, garantizar su comisión
mediante la firma de un contrato y la consecución de una Póliza de
Seguro que ampare un porcentaje por concepto de salarios, prestaciones
y otros emolumentos y asignaciones que el(la) docente haya recibido
durante el tiempo de la Comisión. El porcentaje amparado será del 50%
o el 30%, según la comisión sea externa o interna. También podrá
garantizarse mediante la firma de un pagaré que asegure los mismos
montos, por parte del docente comisionado y un codeudor solvente.
b. Presentar el título de doctorado al finalizar la comisión. Si mediando
razones de peso éste no pudiera presentarse, se podrá admitir
provisionalmente el acta de grado o una certificación equivalente. No
obstante, será obligatorio aportar el título formal legalmente válido en
Colombia dentro de los dos (2) años siguientes a la finalización de la
comisión. En todo caso, la no presentación del título en el tiempo
previsto tendrá efectos negativos en la evaluación del docente, sin
perjuicio de las demás responsabilidades.
c. Finalizada la comisión, el (la) docente deberá prestar servicios dentro
de la carrera profesoral por el doble del tiempo de la comisión
concedida. En caso de que la comisión sea ad-honorem, la obligación de
prestar servicio será por un tiempo igual al de la comisión. Cuando la
comisión se concede parcialmente remunerada, se compromete a prestar
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sus servicios a la Universidad por el mismo tiempo otorgado más una
fracción de tiempo que se calculará multiplicando el porcentaje de
salario que haya recibido por el tiempo de la comisión.
d. En caso de incumplimiento de alguno de estos compromisos se harán
efectivas las garantías que para el caso se hubieren constituido, sin
detrimento de las acciones legales a que haya lugar.
En esas condiciones, la comisión remunerada de estudios para los docentes de la
Universidad Nacional de Colombia está reglamentada en el Acuerdo 24 de 2007
del consejo superior universitario y puede otorgarse, por primera vez, hasta por
un año, renovable anualmente. Una vez concedida, el beneficiario se
compromete, entre otras actuaciones, a (i) suscribir un contrato y otorgar una
póliza de seguro y (ii) presentar el título de doctorado al finalizar el término de
la comisión o, en caso de no hacerse, deberá aportarse a la Universidad dentro
de los dos años siguientes.
Por su parte, en lo referente al contrato de comisión de estudios, debe precisarse
que por conducto del Acuerdo 73 de 1995, el consejo superior universitario del
ente accionado adoptó su régimen contractual, para lo cual estableció los
siguientes principios y reglas:
Artículo 2. Principios de la contratación. En cumplimiento de los
mandatos constitucionales y legales, la contratación en la Universidad se
adelantará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. En
consecuencia, quienes participen en el proceso de contratación […]
[…]
Artículo 5. Cláusulas excepcionales. La Universidad podrá incluir en los
contratos que celebre, las cláusulas excepcionales al derecho común, de
caducidad, penal pecuniaria y multas, así como los principios de
modificación, interpretación y terminación unilaterales.
En desarrollo de lo anterior, el rector de la Universidad Nacional de Colombia
expidió la Resolución 1955 de 22 de diciembre de 2008, «[p]or medio de la cual
se adopta el procedimiento para celebrar los contratos de comisión de estudios
del personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia», en la que, frente al contrato de comisión de estudios con personal
docente, dispone:
Artículo 1. Definición: Es el acuerdo de voluntades celebrado entre el
Rector o su delegado y un miembro del personal docente de la
Universidad, que se deriva del otorgamiento de una comisión de
estudios cuyo objeto será la capacitación y actualización del docente,
11
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mediante la realización de actividades de investigación o estudios
conducentes a la obtención de un título de postgrado, en un programa
académico que esté acorde a las políticas de formación que adopte la
Universidad y con las actividades que en ella desempeña el docente.
A guisa de corolario de lo anotado, una de las situaciones administrativas de los
docentes de la Universidad Nacional de Colombia es la comisión especial de
estudios concedida para la obtención de un título de doctorado que, en caso de
ser remunerada, implica la suscripción de un contrato de comisión especial de
estudios, el otorgamiento de una póliza de seguro y la presentación del título
obtenido a la finalización del término de la comisión o dentro de los dos años
siguientes.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Resolución 104 de 23 de abril de 2009 (ff. 35 y 36 del cuaderno anexo 2),
expedida por el consejo de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional
de Colombia, por medio de la cual se concedió al demandante una comisión
especial de estudios externa, con el fin de iniciar sus estudios de doctorado en
estadística en la Universidad de California, sede Riverside (Estados Unidos de
América), desde el 1º. de agosto siguiente hasta el 31 de julio de 2010. En su
artículo quinto, este acto administrativo dispone que «[f]inalizada la comisión,
el docente deberá prestar sus servicios dentro de la carrera profesoral por el
doble del tiempo de la comisión concedida. Así mismo deberá presentar el título
de [d]octorado al finalizar la comisión. Si mediante razones de peso éste no
pudiera presentarse, se podrá admitir provisionalmente el acta de grado o una
certificación equivalente. No obstante, será obligatorio aportar el título formal
legalmente válido en Colombia dentro de los dos (2) años siguientes a la
finalización de la comisión. En todo caso la no presentación del título en el
tiempo previsto tendrá efectos negativos en la evaluación integral, sin perjuicio
de las demás responsabilidades» (sic).
b) Contrato de comisión especial de estudios externa 59 de 2009 (ff. 38 a 40 del
cuaderno anexo 2), suscrito entre las partes, cuyo objeto es «[…] establecer las
obligaciones derivadas de la comisión de estudios otorgada por la
UNIVERSIDAD al COMISIONADO, consistentes en que EL COMISIONADO
adelante de manera satisfactoria los estudios para los cuales le fue concedida
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la situación administrativa, debiendo obtener y entregar el título académico
correspondiente y revertir a LA UNIVERSIDAD, mediante la contraprestación
en servicios por el doble de tiempo, los nuevos conocimientos adquiridos con
ocasión de la comisión otorgada […]» (sic). Dentro de este contrato también
está estipulada la obligación del actor referente a la obtención del título de
doctorado y la correspondiente presentación ante la Universidad a la
finalización de la comisión o máximo dentro de los dos años siguientes
(cláusula séptima, número 7.6).
De igual modo, en su cláusula décima, frente al eventual incumplimiento se
pactó: «LA UNIVERSIDAD podrá declarar el incumplimiento del presente
contrato mediante resolución motivada de la Vicerrectoría de Sede Bogotá,
cuando se presente una de las siguientes causales: 10.1 La no legalización del
presente contrato dentro de los plazos otorgados por la Oficina Jurídica de
Sede Bogotá de LA UNIVERSIDAD. 10.2 El bajo rendimiento académico del
COMISIONADO. 10.3 La injustificada y prolongada inasistencia a los cursos
programados. 10.4 La no presentación de los informes de que trata el numeral
tercero de la cláusula [séptima] del presente contrato. 10.5 Retiro del servicio
por las causales de ley. 10.6 Por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del comisionado establecidas en la cláusula octava del presente
contrato y las demás que se deriven de su objeto y naturaleza […]» (sic).
c) Pagaré 59 de 10 de junio de 2009 (f. 44 del cuaderno anexo 2), firmado por
el actor y el señor Pedro Nel Pacheco Durán, como garantía del contrato de
comisión especial de estudios externa 59 de 2009.
d) Resolución 281 de 29 de junio de 2010 (ff. 48 y 49 del cuaderno anexo 2),
emitida por el consejo de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia, con la que se confirió la prórroga de la comisión especial de estudios
externa concedida al accionante, del 1º. de agosto de 2010 al 31 de julio de
2011, que conllevó la suscripción del otrosí y prórroga al contrato de comisión
especial de estudios externa 59 de 2009 (f. 53 ibidem), con su consecuente
pagaré (f. 55 ibidem).
e) Decisión de 25 de febrero de 2016 (ff. 194 a 198 vuelto del cuaderno anexo
1), dictada por la sala de personal académico del tribunal disciplinario de la
Universidad Nacional de Colombia, con la cual se sancionó al demandante con
amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, proferida dentro del
proceso disciplinario TD-B-518-2015, contra la que interpuso recurso de
apelación (ff. 201 a 206 ibidem), desatado desfavorablemente con Resolución 4
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de 16 de abril de 2018 (ff. 201 a 210 del cuaderno anexo 2), del tribunal superior
de ese ente universitario.
f) Escrito de 21 de noviembre de 2017 (f. 4 vuelto del cuaderno anexo 2), con
el que el actor presentó renuncia al cargo de docente asociado en dedicación
exclusiva, adscrito al departamento de estadística, que desempeñó desde el 14
de agosto de 1997, dimisión efectiva a partir de 21 de diciembre siguiente.
g) Oficio DP-1805-2017 de 27 de noviembre de 2017 (f. 5 del cuaderno anexo
2), suscrito por la directora de la división de personal administrativo de la
dirección de personal de la vicerrectoría de sede Bogotá, D. C., del ente
accionado, con el que, con ocasión de la renuncia presentada y previo el
recuento sobre la comisión especial externa de estudios concedida, indica:
[…] de manera atenta le informo que al incumplir con las obligaciones
derivadas de la comisión de estudios otorgada se adelantará el trámite
administrativo para declararlo deudor de la Universidad Nacional de
Colombia, por los salarios, emolumentos y asignaciones pagados
durante el disfrute de la misma.
h) Auto 6 de 28 de noviembre de 2017 (ff. 6 y 7 del cuaderno anexo 2), proferido
por el señor vicerrector de la sede Bogotá, D. C., de la Universidad Nacional de
Colombia, por medio del cual se inició el procedimiento administrativo para
determinar la existencia de un eventual incumplimiento del contrato de
comisión especial externa de estudios concedida al accionante.
i) Resolución 2439 de 12 de diciembre de 2017 (f. 8 del cuaderno anexo 2), por
la que el señor vicerrector de la sede Bogotá, D. C., aceptó la renuncia del
demandante como docente asociado en dedicación exclusiva, a partir del 21
siguiente.
j) Oficio DNPAA 1378 de 19 de diciembre de 2017 8ff. 66 y 67 del cuaderno
anexo 2), firmado por la directora nacional de personal académico y
administrativo de la vicerrectoría general de la accionada, con el que informa
que el actor cuenta con las siguientes situaciones administrativas (solo se hará
mención de las relevantes para el asunto sub examine):
Autoridad Folios en el
Documento Asunto
que lo expide cuaderno anexo 2
Resolución Vicerrectoría Nombramiento en período
99 de 8 de de sede de prueba en la planta de 68
agosto de Bogotá, D. personal docente de la
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de Colombia
1997 C. facultad de ciencias –
departamento de
matemáticas y estadística
Acta de
posesión
Vicerrectoría
427 de 14 Posesión del cargo 69
general
de agosto
de 1997
Resolución
Decanatura Autorización a la carrera
302 de 14
de la facultad docente y nombramiento en 70
de mayo de
de ciencias la referida planta de personal
1998
Acta de
Vicerrectoría
posesión
de sede
215 de 22 Posesión del cargo ----
Bogotá, D.
de mayo de
C.
1998
Resolución
Decanatura Cambio de condición a
407 de 26
de la facultad docente de dedicación 73 y 74
de julio de
de ciencias exclusiva
1999
Acta de
Vicerrectoría
posesión
de sede
289 de 3 de Posesión del cargo 75
Bogotá, D.
agosto de
C.
1999
Resolución
Consejo de la
104 de 23 Confiere comisión especial
facultad de 89 y 90
de abril de de estudios externa
ciencias
2009
Resolución
Consejo de la Otorga primera prórroga de
281 de 29
facultad de la comisión especial de 100 y 101
de junio de
ciencias estudios externa
2010
Resolución
374 de 15 Consejo de
Promueve de profesor
de sede Bogotá, 104 y 105
asistente a profesor asociado
noviembre D. C.
de 2013
k) Resolución 566 de 27 de abril de 2018 (ff. 42, 59ª 66 del cuaderno principal),
proferida por el señor vicerrector de la sede Bogotá, D. C., del ente accionado,
por la cual se declaró el incumplimiento del contrato de comisión especial de
estudios externa suscrito entre las partes, por cuanto «[…] no se ha allegado
copia del título de [d]octorado, […] o certificación alguna; por el contrario, en
el escrito de 22 de noviembre de 2017 el [d]irector del [d]epartamento de
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[e]stadística de la [f]acultad de [c]iencias destaca que estaba: “… enterado
que él estuvo en comisión de estudios en el exterior para adelantar estudios de
doctorado durante el período comprendido entre el 01 de agosto de 2009 [y]
[…] el 31 de julio de 2011 y nunca entregó el respectivo título …”»; por tanto,
«[…] resulta, además de evidente e incontrovertible que el [actor] […]
incumplió las obligaciones contraídas con ocasión de la comisión de estudios
conferida, siendo forzoso declararlo deudor de la Universidad Nacional de
Colombia […]», para lo cual también se hizo efectiva la cláusula penal pactada.
l) Recurso de reposición (ff. 67 a 81 del cuaderno principal), interpuesto contra
el anterior acto administrativo, confirmado con Resolución 984 de 6 de julio de
2018 (ff. 43 a 57 ibidem).
De las pruebas enunciadas se desprende que el demandante (i) fue vinculado,
en período de prueba, a la Universidad Nacional de Colombia como docente de
la facultad de ciencias, departamento de matemáticas y estadística, desde el 14
de agosto de 1997; (ii) con Resolución 407 de 1999 de la decanatura de dicha
facultad fue designado como maestro de dedicación exclusiva; y (iii) por medio
de Resolución 104 de 23 de abril de 2009, proferida por el consejo de la facultad
de ciencias, se le confirió comisión especial de estudios externa, con el fin de
iniciar sus estudios de doctorado en estadística en la Universidad de California,
sede Riverside (Estados Unidos de América), del 1º. de agosto siguiente al 31
de julio de 2010, prorrogada hasta el 31 de julio de 2011, para lo cual suscribió
el contrato de comisión especial de estudios externa 59 de 2009, en el que se
obligó, entre otros, a obtener dicho título y presentarlo ante la Universidad a la
finalización de la comisión o máximo dentro de los dos años siguientes. La
suscripción de este contrato y su otrosí conllevó el otorgamiento de la respectiva
póliza de seguro.
También está acreditado que el accionante (iv) presentó renuncia al cargo de
docente asociado en dedicación exclusiva, adscrito al departamento de
estadística, desde el 21 de diciembre de 2017, aceptada con Resolución 2439 de
12 de los mismos mes y año; y (v) con oficio DP-1805-2017 de 27 de noviembre
de esa anualidad, la directora de la división de personal administrativo de la
dirección de personal de la vicerrectoría de sede Bogotá, D. C., del ente
accionado, le informó que «[…] al incumplir con las obligaciones derivadas de
la comisión de estudios otorgada se adelantará el trámite administrativo para
declararlo deudor de la Universidad Nacional de Colombia, por los salarios,
emolumentos y asignaciones pagados durante el disfrute de la misma», por lo
que a través de auto 6 de 28 siguiente, se dio inicio al respectico procedimiento
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administrativo, que concluyó con la expedición de las Resoluciones censuradas,
en el sentido de declarar que incumplió el aludido contrato, por lo que debe
reintegrar los dineros pagados durante la comisión, y se ordenó hacer efectiva
la cláusula penal pactada.
Con ocasión de la expedición de los actos administrativos acusados, el actor
concurrió a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo con el propósito de
obtener su nulidad, lo que no logró ante el Tribunal de instancia, por lo que
interpuso recurso de apelación, sustentado en que la accionada no estaba
«habilitada» para adoptar esa decisión, además de que trascurrió «[…] 6 años,
7 meses y 27 días […]» (sic) para adoptarla, por lo que, en su criterio, fue «[…]
EXTEMPORÁNEA y por consiguiente existió caducidad de la acción […]»
(sic); de igual modo, «[…] careció de procedimiento, pues es claro que ni se
determinó la ley sustancial, ni […] la ley procesal, de lo cual se da la aplicación
del CPACA» (sic) y el ente estatal debió «[…] ejecutar por la vía judicial dichos
mandamientos de pago […]», dado que la garantía del contrato estaba contenida
en un pagaré.
Para desatar la cuestión litigiosa, la Sala recuerda que, de acuerdo con el marco
jurídico que precede, la comisión de estudios es la situación administrativa en
la que la entidad empleadora concede a su servidor una autorización para que
adelante estudios al interior del país o en el exterior, como en el presente caso,
previo cumplimiento de unas específicas condiciones y requisitos, tanto para su
concesión como para su ejecución.
En el asunto sub examine, la accionada otorgó al demandante una comisión
especial de estudios externa para realizar un doctorado en Estados Unidos de
América, de carácter remunerado, por lo que una de las obligaciones del
beneficiario consistió en que a su regreso acreditaría el título obtenido o, si no
lo hiciere por «razones de peso», acataría esa obligación dentro de los dos años
siguientes a su finalización. Este compromiso está contenido en la Resolución
104 de 23 de abril de 2009 (que otorgó la comisión) y en el contrato de comisión
especial de estudios externa 29 de 2009, suscrito para efectos de precisar las
obligaciones a cargo del ente universitario y del comisionado.
Así las cosas, para esta subsección no hay duda acerca de que, desde la emisión
de los anteriores documentos, el accionante conocía sobre las consecuencias
que le acarrearía incumplir alguna de las obligaciones a su cargo, en particular
la presentación del título para el que se le concedió la comisión, pues este es el
propósito principal de esa autorización, por lo que no resulta admisible que con
17
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ocasión de este proceso asevere que la demandada «no estaba habilitada» para
tomar una determinación en ese sentido, máxime cuando estuvo precedida de
un procedimiento administrativo en el que se le garantizaron sus derechos al
debido proceso, defensa y contradicción.
Al respecto, cabe destacar que son varios los fundamentos en los que se soporta
la facultad que tenía la accionada para adoptar la decisión objeto de reproche.
El primero de ellos concierne a que su origen es la relación laboral legal y
reglamentaria por la que el actor estaba vinculado, esto es, fue designado como
docente por medio de un acto administrativo y el ejercicio de sus funciones al
interior del ente demandado se regía por las normas de derecho laboral
administrativo, junto con las internas emitidas en virtud de la autonomía
universitaria.
Sobre este aspecto, esta Corporación, en sentencia de 26 de octubre de 20178,
discurrió:
Según el demandante, el Contrato […] que celebró con la Universidad
Nacional de Colombia en razón de la comisión de estudios que se le
otorgó para realizar una maestría en […] en la Universidad […] se
encuentra regido por la Ley 80 de 1993, «por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».
Esta Sala disiente de tal proposición como quiera que un contrato de esa
naturaleza tiene su génesis en la vinculación laboral del comisionado al
empleo público del que es titular, luego el régimen al que debe
someterse es el especial propio de la relación legal y reglamentaria de
los empleados públicos o de la relación contractual laboral para los
trabajadores oficiales. Se trata pues de un acuerdo de voluntades entre
la Administración pública y el servidor al que se le confiere la comisión
con el único objetivo de regular una situación administrativa, lo que
hace incuestionable que lo que en ellos se define es el desarrollo y
ejecución de relaciones laborales de derecho público respecto de las
cuales abunda jurisprudencia de esta Corporación en la que se excluye
la aplicación del estatuto contractual contenido en dicha ley por tratarse
de asuntos de diferente índole, que tienen regulación en una normativa
especial.
[…]
En conclusión, el contrato que celebra un empleado público con su
empleador en virtud del otorgamiento de una comisión de estudios no
se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993 sino a la
normativa de derecho laboral público pertinente, a la que le son propias
8
Sección segunda, subsección A, expediente 25000-23-26-000-2005-01411-01 (3207-15).
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las situaciones administrativas.
Del anterior derrotero, resulta claro que, por un lado, las decisiones adoptadas
por la Administración tienen su génesis en la relación legal y reglamentaria y,
por otro, no se rigen por el estatuto general de la contratación, por ende,
tampoco es dable la aplicación de la Ley 1474 de 20119, como se aduce en la
demanda.
Otro sustento de la atribución de la accionada para la emisión de los actos
acusados es el referente a que está respaldada no solo en sus funciones legales,
sino que media la suscripción de un contrato que, si bien se rige por las normas
del derecho privado10, le otorga competencia para que, en caso de
incumplimiento, así lo declare «[…] mediante resolución motivada […]»
(cláusula décima), como en efecto lo hizo.
De igual modo, esta Corporación evidencia que era deber de la Administración
evitar un enriquecimiento sin justa causa por los dineros que fueron sufragados
al accionante, previa la adquisición de específicas obligaciones que, a la postre,
fueron incumplidas.
En tal sentido, se insiste, no resulta admisible que, con ocasión del medio de
control impetrado, el actor desconozca el contenido y alcance de la comisión
especial de estudios externa y su consecuente contrato, de los que se benefició
durante varios años, pero que no satisfizo la totalidad de sus obligaciones
legales y contractuales.
Ahora bien, otro de los reproches de la alzada atañe al tiempo que trascurrió
desde cuando se hizo exigible la obligación declarada incumplida, frente a lo
que el actor considera que al haber superado el lapso de tres años «[…] existió
caducidad de la acción […]» y se trató de una decisión extemporánea. Sobre
este planteamiento, la Sala entiende que, de acuerdo con los argumentos del
libelo introductorio, se refiere a la caducidad de la facultad sancionatoria
prevista en el artículo 52 del CPACA, según el cual la Administración pierde
competencia para imponer sanciones luego de haber trascurrido ese plazo.
Acerca de este punto, esta subsección encuentra acertada la interpretación
9
«Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública»
10
De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, «[s]alvo las excepciones consagradas en la presente ley, los
contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por
las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza
de los contratos».
19
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realizada por el a quo, conforme a la cual este caso no está regido por el derecho
administrativo sancionatorio, en la medida en que la decisión resultante del
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión especial de
estudios externa carece de esa naturaleza, sino que comporta el ejercicio de una
función meramente administrativa, en el entendido de que aquel (derecho
administrativo sancionatorio) es una manifestación del poder punitivo,
respaldada en los principios de legalidad, tipicidad, favorabilidad,
proporcionalidad de la sanción, antijuridicidad y culpabilidad, entre otros.
Sin embargo, lo cierto es que no existe un cuerpo normativo específico para
regular este tipo de trámites, motivo por el que debe acudirse a la regla general
establecida en el artículo 2 del CPACA11, sin que ello implique la aplicación en
forma arbitraria y conveniente de determinadas disposiciones de este estatuto
procesal administrativo.
Por consiguiente, le asiste razón parcial al demandante sobre su inquietud frente
a la norma que debe aplicarse para no dejar, en forma indefinida en el tiempo,
la posibilidad que tiene la Administración para adoptar una decisión sobre su
específico caso. Así, como no puede acudirse al plazo preceptuado en el aludido
artículo 52 del CPACA por no tener el procedimiento administrativo la
connotación de sancionatorio, ni al 86 de la Ley 1474 de 2011, al no estar regido
por el estatuto general de la contratación pública, corresponde a esta
jurisdicción definir la disposición a la que debía sujetarse la autoridad
administrativa, como límite temporal para definir la situación particular.
Al respecto, el Tribunal de instancia concluyó que debe acudirse a los artículos
253512 y 253613 del Código Civil, que regulan el fenómeno jurídico-procesal de
la prescripción extintiva de las obligaciones dentro de las relaciones de derecho
11
«Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos
autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos
ellos se les dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su
naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público
en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas.
Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de
los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones
de este Código».
12
«La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el
cual no se hayan ejercido dichas acciones.
Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible»
13
«La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará
solamente otros cinco (5).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término»
20
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privado y, como en este caso, se trata de un contrato que se rige por esas
normas14, no hay duda de que la interpretación que sobre este particular efectuó
el a quo está ajustada a derecho.
A partir de ese entendimiento, las obligaciones derivadas del mencionado
contrato de comisión prescribían a los diez años desde que se hicieron exigibles,
que para este caso ese término debe contabilizarse a partir del 1º. de agosto de
2013, si se tiene en cuenta que la comisión finalizó el 31 de julio de 2011 y el
accionante contaba con un plazo de dos años para acreditar el título de
doctorado ante la Universidad, ello bajo el supuesto de que se encontraba en el
escenario de existir «razones de peso» para no haberlo hecho una vez culminó
la comisión. En consecuencia, comoquiera que el procedimiento administrativo
inició con la expedición del auto 6 de 28 de noviembre de 2017 y las
Resoluciones demandadas se profirieron el 27 de abril y 6 de julio de 2018, no
se superó ese término prescriptivo.
Precisado lo anterior, el reproche del libelo introductorio y de la alzada,
referente al vacío de normas sustanciales y procedimentales aplicables a su
situación, carece de asidero jurídico y fáctico, pues el análisis realizado permite
concluir que esas disposiciones regulan en forma suficiente el plazo para
adoptar una decisión en derecho, como lo coligió el Tribunal de instancia.
Cabe destacar que desde la emisión del auto 6 de 2017 se le informó al actor
que la cuerda procesal que seguiría su caso sería el del procedimiento
administrativo general previsto en el CPACA, así como se observa que se
otorgaron todas las garantías para que ejerciera sus derechos al debido proceso,
defensa y contradicción.
Como última censura de la alzada se tiene que, a juicio del demandante, tras
existir unas garantías contenidas en pagarés, era deber de la Universidad acudir
a su ejecución por la vía ordinaria y no emitir una decisión como la acusada.
Sobre este aspecto, la Sala encuentra que no fue expuesto en el libelo
introductorio y surgió con el recurso de apelación, ante la falta de prosperidad
de las pretensiones, por lo que, en garantía del debido proceso de la accionada,
se abstendrá de resolverlo, pues esta no tuvo la oportunidad de pronunciarse al
respecto.
14
La cláusula duodécima del contrato de comisión especial de estudios externa 59 de 2009 establece: «Normas
aplicables. Son aplicables a este contrato las disposiciones internas de LA UNIVERSIDAD, en especial los
Acuerdos 16 de 2005, 022 y 024 de 2007 del Consejo Superior Universitario, así como las de la Resolución de
Rectoría No. 1955 de 2008 y las demás generales aplicables» (sic), en el entendido que estas últimas son las de
derecho privado, dado que el artículo 93 de la Ley 30 de 1993 así lo refiere.
21
Expediente 25000-23-42-000-2019-00170-01 (2846-2021)
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Por otro lado, nótese que el accionante de ningún modo justifica o explica las
razones por las cuales no cumplió la obligación de entregar el título de
doctorado para el cual se otorgó la comisión especial de estudios externa, sino
que su acusación se limita a cuestiones formales, como el trámite surtido, con
lo que se deduce que acepta el hecho de no haber satisfecho esa obligación, por
lo que esta Corporación encuentra que las razones de hecho y de derecho en que
están soportadas las Resoluciones demandadas se ajustan al ordenamiento
jurídico.
Sin más consideraciones y a partir de una sana hermenéutica jurídica, la Sala
arriba a la convicción de que los actos administrativos demandados conservan
su validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
los ampara, por tanto, se confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas
de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 18 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que
negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Henry
Mendoza Rivera contra la Universidad Nacional de Colombia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
22
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