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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06708-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06708-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06708-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de abril de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-06708-01
Demandante: ANA JULIA OCHOA DE TÉLLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ. ACUMULACIÓN
DE SEMANAS COTIZADAS. TASA DE REEMPLAZO. SE
CONFIRMA LA DECISIÓN QUE NEGÓ EL AMPARO
INVOCADO.

Síntesis del caso: la demandante consideró que las autoridades demandadas vulneraron sus
derechos fundamentales en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
ocasión del fallo que negó la reliquidación de la pensión de vejez, por cuanto, a su juicio, incurrió
en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución. Sin embargo, la Sala confirmará la providencia que negó el amparo invocado, pues
no se demostró la existencia de los defectos invocados.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 21 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO. Negar la solicitud de amparo presentada por la señora Ana Julia
Ochoa de Téllez contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y la
Administradora Colombiana de Pensiones, de conformidad con lo razonado en
la parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en medio magnético
a través del aplicativo SAMA I- negrillas y mayúsculas del original)

I. ANTECEDENTES

La demanda

El 4 de diciembre de 2024, la señora Ana Julia Ochoa de Téllez promovió proceso de
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y la Administradora
Colombiana de Pensiones -en adelante Colpensiones-, con el fin de que se protegieran
sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad social y, por tanto, se accediera a las siguientes
súplicas:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06708-01
Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
Acción de tutela

“PRIMERA. Honorables Consejeros, SÍRVANSE DEJAR sin EFECTOS la
siguiente Providencia Judicial:

1.1. Sentencia proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ -SALA DE DECISIÓN No. 2- calendada Veintiséis (26) de
Septiembre de Dos mil Veinticuatro (2024), notificada por Correo Electrónico
el día Tres (3) de Octubre de Dos mil Veinticuatro (2024), Magistrado
Ponente Dr. LUÍS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No. 150013333007-2019-
00232-01, por medio de la cual REVOCO la sentencia de Primera Instancia
calendada Treinta y Uno (31) de Enero de Dos mil Veintidós (2022) proferida
por el JUZGADO SEPTIMO (7) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
TUNJA -BOYACÁ que había accedido a las suplicas de la Demanda.

Lo anterior, como quiera que, por medio de dicha providencia se incurrió en
una VÍA DE HECHO - DEFECTO por DESCONOCIMIENTO del
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, DEFECTO SUSTANTIVO por inaplicar el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 y por VIOLACIÓN
DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN que redundó en la violación de los
Derechos Fundamentales de mi mandante a la SEGURIDAD SOCIAL,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO A LA
IGUALDAD, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA,
INDUBIO PRO OPERARIO, PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO
REGRESIVIDAD y DEBIDO PROCESO, de conformidad con la Constitución
Política de 1991.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, Honorables Consejeros,
SÍRVASE ORDENAR al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -
SALA DE DECISIÓN No. 2, para que, profiera una Nueva Sentencia dentro
del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado No.
150013333007-2019-00232-01 en el que actuaba como Dte. Ana Julia Ochoa
De Tellez (sic) y como Ddo. Colpensiones, y, se CONFIRME el Fallo de
Primera Instancia, que había ordenando (sic) a la demandada Reliquidar la
Pensión de Vejez a favor de mi mandante, en aplicación por PRINCIPIO de
FAVORABILIDAD y de forma INTEGRAL del Acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 de 1990, lo cual le permite acogerse a la Tasa de
Reemplazo y/o porcentaje del 81% sobre el IBL.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

Hechos

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) La demandante nació el 28 de septiembre de 1951, es decir, que cumplió su estatus
jurídico de pensionada por edad el 28 de septiembre de 2006 (55 años).

2) Cotizó un total de 1.129 semanas con el extinto ISS (hoy Colpensiones) y con la Caja
de Previsión Social.

3) Es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cuanto, al 1° de
abril de 1994 tenía cumplidos más de 35 años.

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Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
Acción de tutela

4) Colpensiones le reconoció la pensión de vejez en cuantía de $507.565, efectiva a
partir del primero de abril de 2009.

5) El 4 de julio de 2019, mediante Resolución no. SUB-174380, Colpensiones reliquidó
su pensión de vejez en cuantía de $786.814, efectiva a partir del 28 de febrero de 2016,
por prescripción trienal, decisión que fue confirmada a través de la Resolución DPE 8255
del 22 de agosto de 2019.

6) En consideración a lo anterior, formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión
de vejez con el 81% como tasa de reemplazo, en atención a que por ser beneficiaria del
régimen de transición la ampara el Decreto 758 de 1990 y, además, acreditó 1.129
semanas cotizadas al ISS (ahora Colpensiones) y a otras Cajas de Previsión Social.

7) El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja1, mediante sentencia
de 31 de enero de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
ordenó a Colpensiones que reliquidara la pensión de conformidad con lo establecido en
los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, equivalente al 81% del promedio de los
factores cotizados en los 10 últimos años de servicio, con efectos fiscales a partir del 28
de febrero de 2016.

8) El recurso de apelación presentado por la demandada fue desatado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá en sentencia del 26 de septiembre de 20242, en la que revocó
el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, por
cuanto, para efectos de la reliquidación pensional, no era posible acumular los tiempos
cotizados al ISS y a otras Cajas de Previsión Social, dado que la jurisprudencia
únicamente ha aceptado la suma de esos aportes para acceder a la prestación.

El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, con ocasión del fallo del 26 de
septiembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

1 Proceso con radicación no. 15001-33-33-007-2019-00232-00/01.

2 Decisión que fue notificada el 3 de octubre de 2024.

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Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
Acción de tutela

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial afirmó que el tribunal omitió la
orientación impartida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014,
reiterada en la SU-057 de 2018, la T-219 de 2021 y la T-398 de 2009, según las cuales
es viable la acumulación de semanas cotizadas al ISS y en otras Cajas de Previsión
Social para efectos de incrementar la tasa de reemplazo y no solo para acceder al
reconocimiento pensional, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990.

Asimismo, hizo referencia a las providencias proferidas por esta Corporación sobre la
materia, tales como las sentencias del 29 de octubre de 20203, 26 de agosto de 20214
y 10 de marzo de 20225 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Respecto de la violación directa de la Constitución sostuvo que se desconoció el
carácter vinculante de los derechos de igualdad y seguridad social y el principio de
favorabilidad, expresamente consagrados en la Carta Política, cuando se negó la
reliquidación pretendida con el 81% del IBL.

Frente al defecto sustantivo, señaló que el tribunal inaplicó el Decreto 758 de 1990, el
cual, a su juicio, debe acogerse por favorabilidad, en atención a que sus disposiciones
son más benéficas para resolver la situación pensional, en la medida que permite
acumular las semanas cotizadas al ISS y a otras Cajas de Previsión Social para efectos
de incrementar la tasa de reemplazo.

Actuación procesal

Por medio de auto de 10 de diciembre de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los
magistrados que integran la Sala de Decisión no. 2 del Tribunal Administrativo de
Boyacá y al presidente de Colpensiones, con el fin de que allegaran un informe sobre
los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 21 de
febrero de 2025 abordó el estudio de la controversia solo a la luz del desconocimiento

3 M.P. William Hernández Gómez.

4 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

5 MP Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
Acción de tutela

del precedente y, en consecuencia, negó el amparo invocado, en la medida en que el
tribunal había realizado un análisis estricto del marco normativo aplicable al caso
concreto, respaldado en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado, lo cual conllevó a que resolviera que la acumulación de tiempos
cotizados en el ISS y otras Cajas de Previsión Social solo era viable para efectos del
reconocimiento del derecho, pero no para la reliquidación e incremento de la tasa de
retorno.

En cuanto al presunto desconocimiento de la sentencia SU-769 de 2014 (reiterada en la
SU-057 de 2018) manifestó que, en esa oportunidad, la Corte Constitucional se refirió a
la posibilidad de acumular tiempos cotizados al ISS y a otras Cajas de Previsión Social
con el fin único de acceder al derecho pensional y no para efectos de reliquidar la
mesada (incremento de la tasa de retorno).

Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 14 de marzo de 20256.

Insistió en el desconocimiento del precedente judicial constitucional y vertical, el cual ha
determinado la posibilidad de acumular tiempo público cotizado a Colpensiones con el
de las Cajas de Previsión Social, para efectos de aplicar el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990.

En virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 es posible sumar las semanas
cotizadas a Cajas de Previsión Social a Colpensiones, no solo para reconocimiento
pensional, sino también para otros aspectos como lo sería la reliquidación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

6 El proceso se remitió a este despacho para fallo el 28 de marzo del presente año.

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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Boyacá y a Colpensiones con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados por
motivo del fallo del 26 de septiembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

La Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia de tutela
de primera instancia negó el amparo invocado, en atención a que el tribunal, en ejercicio
de su autonomía judicial, hizo un análisis estricto del marco normativo aplicable al caso
concreto, respaldado en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado, lo cual conllevó a que resolviera que la acumulación de tiempos
cotizados en el ISS y otras Cajas de Previsión Social solo es viable para efectos del
reconocimiento del derecho, pero no para la reliquidación e incremento de la tasa de
reemplazo.

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En su escrito de impugnación la parte demandante insistió en que es procedente la
acumulación de las semanas cotizadas en Cajas de Previsión Social con las del extinto
ISS, hoy Colpensiones, para la reliquidación de la pensión de jubilación.

Ahora bien, como cuestión previa es preciso aclarar que si bien en el proceso de acción
de tutela se alegaron los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que a partir de la lectura integral
del escrito de amparo se advierte que esos reparos, en realidad, tienen relación directa
con el presunto desconocimiento de las providencias que permiten la acumulación de
semanas cotizadas al ISS y otras Cajas de Previsión Social para acceder a la
reliquidación de la pensión de vejez con un incremento de 81% en la tasa de reemplazo
y delimitar el alcance de lo que ha dispuesto la jurisprudencia en la materia respecto del
Decreto 758 de 1990; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente
frente al último de los defectos mencionados pues los argumentos relacionados con el
otro también constituyen un desconocimiento del precedente judicial, por lo que se
valorarán desde esa óptica.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que negó el amparo invocado, por las razones que se procederán a
exponer:

En primer lugar, la Sala advierte que se cumplen los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se agotaron
todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada; ii)
se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada7;
iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; iv) se identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; v) no se ataca
una sentencia de tutela y, finalmente; vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia

7 La notificación de la sentencia se surtió el 3 de octubre de 2024 y la tutela se presentó el 4 de diciembre

del mismo año.

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Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
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constitucional por cuanto se alegó el presunto desconocimiento de las providencias que
permiten la acumulación de semanas cotizadas al ISS y otras Cajas de Previsión Social,
argumentos que no constituyen una reiteración de lo discutido por el juez natural de la
causa, máxime cuando la parte demandante no fue quien presentó el recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia porque este le había sido favorable.

En consecuencia, procede el análisis de fondo del desconocimiento del precedente
judicial invocado por la parte demandante.

1) En cuanto al supuesto desconocimiento de lo dicho por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-769 de 2014 y SU-057 de 2018, la Sala encuentra que el tribunal no
desconoció su contenido, en atención a que, precisamente, con base en el análisis de
la postura acogida en esas providencias fue que estableció que se permite la
acumulación de tiempos cotizados en el sector público y en el sector privado únicamente
para efectos de obtener el reconocimiento de la mesada pensional, así:

“Al verificar el contenido de la sentencia SU 769 de 2014, a la que hizo
alusión la demandante como fundamento de su pretensión, encuentra la
Sala que la Corte Constitucional, señaló: (…).

Con base en ese pronunciamiento, considera la Sala que en este caso le
asiste razón al apoderado de la parte demandante, en el sentido de que
la Corte Constitucional ha aceptado la acumulación de tiempos en el
sector público y en el sector privado, pero para efectos del
reconocimiento pensional; en aquellos eventos en que los trabajadores
cobijados por el régimen de transición, no cumplen requisitos en el sector
público para acceder a la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 ni en el sector
privado para acceder al derecho conforme al Acuerdo 049 de 1990, se permite
la acumulación de tiempos cotizados a Cajas o Fondos del sector público
a los cotizados en el ISS, para efectos de obtener el reconocimiento
conforme el Acuerdo ya mencionado.

En efecto, al estudiar los casos relacionados en la sentencia de la Corte
Constitucional, en todos ellos se evidencia casos de personas con cotizaciones
tanto en el sector público y en el sector privado, que, contabilizándolas por
separado, no le permiten acceder a su derecho pensional, pero al sumarlas,
permiten su reconocimiento, luego en aplicación del principio de
favorabilidad laboral, se sumaron los tiempos y se ordenó al ISS el
reconocimiento de la mesada pensional.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

2) Por su parte, en cuanto a los fallos del Consejo de Estado de la Sección Segunda del
29 de octubre de 20208, 26 de agosto de 20219 y 10 de marzo de 202210, la Sala

8 M.P. William Hernández Gómez.

9 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

10 MP Rafael Francisco Suárez Vargas.

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considera que el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad, por cuanto los
pronunciamientos que se citaron como desconocidos no tienen el alcance de sentencia
de unificación a la luz de lo previsto en los artículos 270 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, de ahí que no resulta posible predicar su carácter vinculante y con ello su presunto
desconocimiento.

3) Ahora, si bien en las sentencias invocadas como desconocidas la tesis acogida fue la
de la acumulación de tiempos cotizados en el ISS y otras Cajas de Previsión Social tanto
para el reconocimiento del derecho como para la reliquidación de la mesada pensional,
la Sala observa que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado no
ha sido pacífica sobre la materia11, por lo cual, el hecho de que el tribunal haya optado
por resolver el asunto con base en una postura que no favorece a la demandante, no
constituye la configuración del defecto alegado, máxime cuando la autoridad judicial, en
ejercicio de su autonomía judicial, fundamentó debidamente las razones por las cuales
se apartaba del criterio defendido por la señora Ochoa de Téllez.

4) Por último, respecto de las sentencias T-219 de 2021 y T-398 de 2009 de la Corte
Constitucional, la Sala considera que no se configura el desconocimiento del precedente
invocado, puesto que, tal como lo señaló el a quo constitucional, esas decisiones no
eran vinculantes ni obligatorias para la autoridad judicial demandada, debido a que se
trata de fallos de tutela con efectos inter partes y, se reitera, el tribunal justificó las
razones por las cuales consideraba que en casos de reliquidación no era posible
acumular los tiempos cotizados.

5) En esa medida, para la Sala, de la decisión expuesta no se advierte un análisis
desmedido del que se pueda concluir la imposición caprichosa del criterio del juez
ordinario, pues se resolvió en virtud de la independencia y autonomía judicial y con
fundamento en razones debidamente sustentadas y el juez de tutela no puede intervenir
para proponer una mejor solución al caso ni imponer su criterio porque la acción de
tutela está concebida como un juicio de validez y no de corrección de las decisión de los
jueces naturales.

11 Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 29 de octubre de 2020, MP.

William Hernández Gómez, expediente con radicación no. 19001-23-33-000-2015-00068-01(2185-17), en
la cual se acoge la tesis de la acumulación de semanas cotizadas en el ISS y otras Cajas de Previsión
Social tanto para la reliquidación de la mesada pensional como para su reconocimiento.
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
expediente con radicación no. 20001-23-39-000-2016-00061-01(1322-17), MP Carmelo Perdomo Cueter,
en la cual se indicó que no existía un criterio unificado sobre el tema, pero que, sin embargo, para el caso
concreto, acogería la posición de la Corte Constitucional que permite la acumulación de semanas
cotizadas en el ISS y otras Cajas de Previsión Social para el reconocimiento de la mesada pensional.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-06708-01
Demandante: Ana Julia Ochoa de Téllez
Acción de tutela

6) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el
amparo invocado, por las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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