Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06681-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
22 de enero de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06681-00
Demandante: Bertha María Mejía Rincón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06681-00
Demandante: Bertha María Mejía Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial, medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – reliquidación pensión
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por Bertha
María Mejía Rincón contra la sentencia del 31 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, a la
vida y la dignidad humana y el principio de favorabilidad, con fundamento en las
siguientes:
Pretensiones
«1. Se TUTELEN mis derechos fundamentales al DERECHO A LA IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS FAVORABLE EN
MATERIA LABORAL (PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD) VIDA, DIGNIDAD HUMANA.
2. Que se dé ESTRICTO cumplimiento a la sentencia SU-769 de 2024, Sentencia Su 273
de 2022 y SU 049 de 2024, ya que se amparan los derechos ius fundamentales en un
asunto de similares condiciones a las mías.
3. Se DECLARE que soy sujeto de especial protección (población de vejez) y el perjuicio
irremediable a mi vida que no puede ser atendido por otro mecanismo.
4. Se AMPAREN mis derechos fundamentales de VIDA, SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDO
PROCESO, DIGNIDAD HUMANA, IGUALDAD, en conexidad con EL PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD en materia Laboral, derechos que han sido vulnerados por la Sentencia
del 31 de marzo de 2025 – Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (Notificada el 25 de
abril de 2025 a las 14:30).
5. Que se revoque en su totalidad la Sentencia N° 181 del 30 de septiembre de 2024,
proferida por el Juzgado 13 Administrativo de Cali, bajo el radicado 2019-295.»
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa
Bertha María Mejía Rincón nació el 5 de junio de 1950, tiene 75 años de edad y se
encuentra afiliada en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
Mediante Resolución 014246 del 28 de julio de 2006, Colpensiones reconoció pensión
de vejez a favor de la señora Mejía Rincón, con efecto a partir del 1° de agosto de
2006, para lo cual aplicó una tasa de reemplazo del 63% conforme con los
lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y
computó 849 semanas para su liquidación.
El 21 de julio de 2016, presentó ante Colpensiones solicitud de reliquidación de la
pensión de vejez, con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y la sentencia SU-769
de 2014, para que se incluyeran las semanas cotizadas en la Caja de Previsión de la
DIAN (del 1 de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1994), alcanzando así un
total de 971 semanas.
Con la Resolución GNR 253735 del 29 de agosto de 2016, Colpensiones reliquidó la
pensión en porcentaje del 66% sobre el IBL calculado, equivalente a 863 semanas
cotizadas, efectiva a partir del 21 de julio de 2013, sin incluir el tiempo cotizado ante
la Caja de Previsión de la DIAN. Contra esa decisión la actora interpuso recurso de
reposición, el cual se resolvió de manera negativa en Resolución GNR 323804 del 31
de octubre de 2016.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Bertha María Mejía Rincón promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad parcial
del acto administrativo de reconocimiento pensional y la nulidad de los actos que
ordenaron su reliquidación y, en consecuencia, que se ordenara la reliquidación y
pago de la pensión de vejez conforme con el Decreto 758 de 1990 y la sentencia SU-
769 de 2014, en tanto no exigen cotización exclusiva al ISS, así como la indexación
de las sumas y la condena en costas.
El Juzgado Trece Administrativo de Cali, en sentencia del 30 de septiembre de
2024, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó a Colpensiones a reliquidar y pagar la pensión de vejez de la
actora, de conformidad con lo previsto en el Decreto 758 de 1990, esto es,
incrementando al 72 % la tasa de remplazo que aplica sobre el IBL y reconocer y
pagar las diferencias mesadas pensionales dejadas de pagar desde el 21 de julio de
2013, hasta su pago efectivo.
Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, con el
argumento que la señora Mejía Rincón adquirió su estatus pensional el 15 de junio de
2005 y, dado que la sentencia SU-769 de 2014 no estableció efectos retroactivos, no
era posible computar tiempos no cotizados al ISS o Colpensiones para la pensión bajo
el régimen solicitado. Con fundamento en el principio de inescindibilidad normativa,
sostuvo que, conforme con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
1990 y al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo podían sumarse los periodos
efectivamente cotizados al ISS, pues la norma exige que dichos aportes hayan sido
sufragados ante esa entidad.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 31 de marzo de
2025, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que, aunque es posible acumular tiempos cotizados al ISS
y otros fondos para efectos del reconocimiento pensional, no lo es para la reliquidación
de la pensión, toda vez que esto implicaría en el presente asunto una vulneración al
principio de inescindibilidad de la norma.
2. Argumentos de la acción de tutela
La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente al negar la posibilidad de sumar
tiempos públicos no cotizados al ISS, para aumentar la tasa de remplazo bajo los
parámetros del Decreto 758 de 1990.
Aseguró que el Tribunal desconoció el tiempo que laboró en la DIAN, del 1° de
diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100
de 1993, con lo que desconoció el criterio desarrollado por la Corte Constitucional en
sentencia SU 769 de 2014. Que, en esa medida, no existe fundamento para exigir que
las semanas de cotización que debían tenerse en cuenta para aplicar el Acuerdo 049
de 1990, fueran exclusivamente las cotizadas al ISS (hoy Colpensiones), por lo tanto,
considera que, para reliquidar su prestación, debían acumularse los tiempos de
cotización realizados a otras cajas o fondos.
Finalmente, afirmó que se desconocieron los parámetros de doctrina probable, así
como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en la actividad judicial,
consagrados en las sentencias C-836 de 2001, SU-769 de 2014, SU-273 de 2022 y
SU-049 de 2024 de la Corte Constitucional, negándosele con ello la posibilidad de
sumar tiempos públicos no cotizados al ISS, para aumentar su tasa de remplazo bajo
los parámetros del Decreto 758 de 1990.
3. Trámite previo
El 29 de octubre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en calidad de demandados, y al Juzgado Trece Administrativo de Cali y a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en condición de terceros
con interés.
4. La respuesta del demandado
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adujo que la acción de tutela no
cumple el requisito general de relevancia constitucional, porque no tiene la carga
argumentativa mínima para evidenciar la vulneración de los derechos fundamentales
que considera transgredidos.
Que la decisión acusada está debidamente sustentada, en la cual se acogió el criterio
desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según el cual, no es
posible la acumulación de tiempos cotizados al ISS y otros fondos para efecto de la
reliquidación de la pensión, pues este solo aplica para el reconocimiento.
Que no se desconoció el precedente jurisprudencial, pues las sentencias invocadas
(SU-769 de 2014, SU-273 de 2022 y SU-049 de 2024) se refieren al reconocimiento
inicial de pensiones, no a su reliquidación. La decisión cuestionada está debidamente
motivada y ajustada a las particularidades del caso, sin omitir ni aplicar erróneamente
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reglas jurisprudenciales, además el Consejo de Estado no ha emitido sentencia de
unificación sobre este tema. Que, en esa medida, el recurso de amparo no está
previsto para reabrir el debate como si fuera una instancia adicional, ya que
corresponde al juez natural resolver el litigio.
5. Intervenciones de los terceros vinculados
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no cumple los
requisitos de procedibilidad contra providencia judicial.
Indicó que actualmente el sistema de la entidad no reporta ninguna solicitud pendiente
sobre los hechos objeto de la presente acción, que la pensión de la demandante se le
reconoció mediante Resolución 14246 del 28 de julio de 2006, con un total de 849
semanas y sobre el 63 % del IBL, conforme con lo establecido en el Decreto 758 de
1990. Que mediante Resolución GNR 253735 del 29 de agosto de 2016, se reliquidó
la pensión con total de 863 semanas de cotización y una tasa de remplazo del 66 %
del IBL.
Que actualmente, la señora Mejía Rincón percibe su mesada pensional, por lo tanto,
no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Indicó que la sentencia acusada
se encuentra respaldada bajo el principio de cosa juzgada. Además, no ha vulnerado
algún derecho fundamental y actualmente la actora recibe su mesada pensional.
Señaló que, Colpensiones no puede pronunciarse de fondo frente al tema objeto de
la tutela, por cuanto no tiene registro de alguna solicitud relacionada, además, en este
caso la actora pretende desnaturalizar la acción de tutela al buscar que por medio de
un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos
derechos que son de conocimiento del juez ordinario competente por medio de los
mecanismos legales establecidos para ello.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales deprecados por la actora con la sentencia del 31 de marzo
de 2025, en la cual se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, con la cual la señora Bertha María Mejía Rincón
pretendía la reliquidación de su pensión de vejez, con aumento de la tasa de remplazo
bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la demanda, porque la autoridad
judicial accionada no incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente deprecados, por el contrario, la decisión es razonable. Sin embargo, de
manera previa, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, a
la vida y la dignidad humana y el principio de favorabilidad, se sustentan con
suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dichos
derechos, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los
cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi. Tampoco se emplea como una
instancia adicional, porque en primera instancia se había accedido a las pretensiones
de la demanda y fue con ocasión a la providencia acá cuestionada que se
desestimaron las pretensiones de la parte actora.
Si bien, no se desconoce que el fundamento para negar las pretensiones de la
demanda fue la imposibilidad de acumular tiempos cotizados al ISS y a otros fondos
para la reliquidación de la pensión, lo cierto es que en la demanda la actora plantea
argumentos generales dirigidos a señalar que sí había lugar a tener en cuenta dichos
tiempos, de modo que en el estudio de fondo del asunto corresponde determinar si le
asiste razón a la actora o la decisión de la autoridad judicial demandada le asistió
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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razón al negar las pretensiones de la demanda por tratarse de un asunto en que se
pedía, no el reconocimiento pensional, sino la reliquidación pensional.
Además, en caso de que se configure alguno de los requisitos especiales de tutela
contra providencia judicial, se estaría afectando el derecho al debido proceso de la
parte actora, en la medida que no se tendría en cuenta para efectos de reliquidación
de la actora, los tiempos cotizados en otro fondo.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface,
pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 31 de marzo de 2025, notificada por
correo electrónico enviado el 25 de abril de 2025, y el ejercicio de acción de tutela tuvo
lugar el 24 de octubre de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que se encuentran satisfechos los requisitos generales
de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad
que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo anterior, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos invocados.
De los defectos sustantivo 4 y por desconocimiento del precedente judicial 5 en
el caso concreto
Bertha María Mejía Rincón promovió la presente acción de tutela con el fin de que se
dejara sin efecto la sentencia del 31 de marzo de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión de primera instancia 6 y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
4
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al
caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye
las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los
jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico,
siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez
corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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Proferida por el Juzgado Trece Administrativo de Cali, el 30 de septiembre de 2024.
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interpuesta contra Colpensiones, en la cual buscaba la reliquidación de la pensión de
vejez con incremento del 72 % en la tasa de remplazo, conforme con lo previsto en el
Decreto 758 de 1990, al estimar que para efectos de la reliquidación pensional no era
viable acumular tiempos de cotización en el ISS con los cotizados en otros entes
previsionales.
Lo anterior, porque a juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente, toda vez que, la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que resulta válido la sumatoria
de tiempos cotizados para efecto de la reliquidación de la pensión.
Al respecto, debe indicarse que, dentro de los argumentos expuestos en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la actora señaló que, para efecto de
la reliquidación de su pensión de vejez, debe tenerse en cuenta las semanas cotizadas
en la Caja de Previsión de la DIAN (del 1° de diciembre de 1992 al 31 de diciembre
de 1994), alcanzando así un total de 971 semanas, por lo tanto, debe establecerse la
tasa de remplazo en el 72 % del IBL. Lo anterior, porque conforme con lo previsto en
el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año y la sentencia
SU-769 de 2014, no exigen cotización exclusiva al ISS.
El Juzgado Trece Administrativo de Cali accedió a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tener los 35 años cumplidos cuando entró en
vigencia la referida norma, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento
pensional con base en lo previsto en el Decreto 758 de 1990. Precisó que sin importar
la fecha en que se profirió la sentencia SU-769 de 2014, se debe aplicar de manera
ultractiva el Acuerdo 049 de 1990, para quienes son beneficiarios del régimen de
transición y no estaban afiliados al ISS a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993, como es el caso de la demandante.
Indicó que, en el caso concreto, «(…) la señora Bertha María Mejía Rincón realizó
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones de dos formas, una a través de la
caja de previsión CAJANAL del 01 de diciembre de 1992 al 31 de diciembre de 1994
equivalentes a 108 semanas; y otro directamente al ISS reportadas en la historial laboral
equivalente a 863 semanas, lo que quiere decir que la demandante cotizó un total de 971
semanas, que equivalen a una tasa de reemplazo del 72% en los términos del artículo 20 del
Decreto 758 de 1990».
Al respecto, se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
sentencia del 31 de marzo de 2025, revocó la decisión de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:
«(…)
Para el efecto de la revisión de los actos administrativos y las semanas cotizadas verificó el juez que
la señora Bertha María Mejía Rincón, tiene derecho a la aplicación de un mejor porcentaje de IBL en
términos del parágrafo segundo del artículo 20 del Decreto 758 de 1990, puesto que de acuerdo a
las pruebas allegadas la demandante contaba con 971 semanas cotizadas considerando los aportes
hechos al ISS y los reportados por la DIAN, y considerando la normatividad mencionada, las mismas
equivalen a una tasa de reemplazo del 72%, suma que deberá tenerse en cuenta en base al ingreso
base de liquidación calculado en la forma prevista por el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, ante lo cual
el argumento de apelación de Colpensiones se centra solamente en indicar que según la fecha en
que el actor adquirió su status pensional, la sentencia SU-769 de 2014 no tiene efectos retroactivos,
y no es posible computar los tiempos no cotizados al ISS y/o Colpensiones para el estudio de la
reliquidación de la pensión de vejez bajo el régimen solicitado.
La Sala encuentra que el aspecto controversial es la acumulación de tiempos cotizados al ISS y los
reportados por la DIAN para reliquidar e incrementar el IBL de la pensión del demandante como se
indicó anteriormente, con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
Teniendo en cuenta el criterio del Consejo de Estado señalado en precedencia, no es posible la
acumulación de tiempos cotizados al ISS y otros fondos para efectos de la reliquidación de la
pensión, pues este solo aplica a efectos del reconocimiento.
En el presente asunto se observa que mediante Resolución No. 014246 de 2006 se le reconoció la
pensión a la demandante con un IBL del 63% teniendo en cuenta un reporte de 849 semanas
cotizadas, aplicando lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990 y el acuerdo 049 de 1990,
posteriormente se le reliquidó la pensión mediante la Resolución GNR 253735 del 29 de agosto de
2016 proferida por Colpensiones, teniendo en cuenta un total de 863 semanas cotizadas, con una
tasa de reemplazo del 66%, pretendiendo ahora que se le reliquide el IBL conforme el acuerdo 49
de 1990 teniendo en cuenta los tiempos que acredita en el ISS (863 semanas) y los reportados por
la DIAN cotizados a Cajanal en el periodo comprendido entre el 01-12-1992 al 31-12-19948 (108
semanas) que no fueron tenidos en cuenta en la reliquidación anterior, con los que acredita un total
de 971 semanas, lo que le daría derecho al reconocimiento de la pensión en un 72% del IBL, tasa
de reemplazo que resulta mayor a la reconocida en los actos administrativos demandados, lo que a
juicio de la Sala en primer lugar no es posible, ya que pretender la reliquidación de la pensión
computando tiempos cotizados al ISS y otros fondos, vulnera lo señalado por el Consejo de Estado,
máxime que implicaría una vulneración al principio de inescindibilidad de la norma, pues lo que se
pretende es solo la reliquidación del IBL bajo este régimen por considerarlo más favorable.»
La Sala evidencia que el Tribunal accionado llegó a la anterior conclusión luego de
hacer el análisis del marco normativo aplicable, en el cual se destaca:
«Conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional: i) es posible aplicar el Acuerdo 049 a
personas que no hubieren efectuado aportes al ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 y ii) para efectos de acceder a la pensión del Decreto 758 de 1990, se pueden
acumular los tiempos de servicios cotizados en otros fondos con los cotizados al ISS,
siempre que los aportados al ISS, o parte de ellos, hubieren sido laborados en el sector
privado, por cuanto «siendo los trabajadores del sector privado beneficiarios obligatorios de las
previsiones contenidas en el Decreto 758 de 1990.
Justamente en aplicación de esta tesis, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido
expresamente que (i) “el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que
las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al fondo del Instituto de Seguros Sociales” por lo
que se incurre en un error al interpretar esta norma de manera distinta a lo que realmente se
encuentra establecido en ella y (ii) en virtud del principio hermenéutico de interpretación más
favorable a los intereses del trabajador, es posible computar las semanas que cotizó una persona
en el sector público antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 con las que cotizó como empleado
del sector privado en cualquier tiempo.
No obstante, el Consejo de Estado ha considerado que cuando la pretensión es de
reliquidación de la pensión, no es posible la acumulación de cotizaciones al ISS y otros fondos:
“(…) 28. Cabe señalar que en el marco del régimen pensional del Decreto 758 de 1990, la Corte
Constitucional, principalmente a través de la sentencia SU-769 de 2014, validó el reconocimiento de
pensiones de vejez con la acumulación de semanas cotizadas a Colpensiones y a otras entidades
previsionales.
29. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que el espectro de protección al que la Corte orientó su
interpretación, fueron los derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con la vida digna, de
quienes alegaron vía de tutela que en virtud de tales condiciones no habían podido acceder a una pensión
de jubilación, restringiendo ésta opción, es decir computo de cotizaciones al ISS y otros entes previsionales,
a las personas que ya tenían reconocido el derecho y pudieran en tal virtud lograr una eventual
reliquidación; pues a éstos no se les estaría vulnerando tales prerrogativas. (…)”».
Ahora bien, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-769 de 2014, analizó la
posibilidad de acumular tiempos de cotización en el sector público (fondos de
previsión) y privado (ISS o Colpensiones) para cumplir los requisitos de acceso a la
pensión de vejez bajo el régimen del Decreto 758 de 1990. Este criterio se fundamentó
en los principios de favorabilidad y pro homine, con el propósito de garantizar el
derecho a la seguridad social de quienes solo acreditaban el requisito de semanas
cotizadas —1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 semanas dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad exigida (60 años para hombres y 55 para
mujeres)—, siempre que se sumaran los aportes realizados al ISS con los efectuados
a otras cajas o fondos de previsión. Cabe precisar que, antes de la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, dicha acumulación solo era posible bajo el amparo de la Ley
71 de 1988.
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Demandante: Bertha María Mejía Rincón
Además, la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado no ha sido pacífica,
frente al tema, pues si bien para efectos del reconocimiento de la pensión se ha
determinado que, con fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional en la referida sentencia de unificación, es válida la acumulación de
tiempos cotizados al ISS y en otros fondos de previsión, para efectos de la
reliquidación pensional no ha ocurrido lo mismo.
En otros asuntos con contornos similares, la Corporación ha puesto la disparidad de
criterios que ha tenido la Sección Segunda frente al tema, así:
«La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 29 de
octubre de 2020, MP. William Hernández Gómez, expediente con radicación no. 19001-
23-33-000-2015-00068-01(2185-17), en la cual se acoge la tesis de la acumulación de
semanas cotizadas en el ISS y otras Cajas de Previsión Social tanto para la
reliquidación de la mesada pensional como para su reconocimiento.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, expediente con radicación no. 20001-23-39-000-2016-00061-
01(1322-17), MP Carmelo Perdomo Cueter, en la cual se indicó que no existía un criterio
unificado sobre el tema, pero que, sin embargo, para el caso concreto, acogería la posición
de la Corte Constitucional que permite la acumulación de semanas cotizadas en el ISS y
otras Cajas de Previsión Social para el reconocimiento de la mesada pensional.»7
En suma, en el presente caso, no se encontró acreditado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial y, por lo tanto, no se advierte que la autoridad
judicial demandada haya adoptado una decisión arbitraria, ni trasgresora de los
derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama y, en ese orden, no se
encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso que invoca vulnerado
la parte actora.
Entonces, el hecho de que el Tribunal accionado haya adoptado un criterio distinto al
sostenido por alguna de las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no configura, por sí mismo, una vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Ello obedece a que, dentro del marco de autonomía e independencia
judicial, el fallador conserva la facultad de interpretar la normativa aplicable y acoger
la postura que, conforme con su análisis, resulte más adecuada, razonable y ajustada
al caso concreto.
Cabe precisar que, aunque existan precedentes horizontales con criterios divergentes,
no puede exigirse que el Tribunal replique de manera automática una de dichas
posiciones, especialmente cuando expone razones suficientes que justifican su
entendimiento jurídico. La sola existencia de interpretaciones judiciales disímiles no
implica arbitrariedad, sino que refleja la dinámica propia del debate jurisprudencial en
materias no unificadas.
Por ello, que el Tribunal haya llegado a conclusiones diferentes a las pretendidas por
la actora no constituye, per se, un desconocimiento del precedente ni una afectación
al debido proceso, en la medida en que la decisión se encuentra motivada, es
coherente con la línea jurisprudencial que el mismo acoge y se funda en una
interpretación jurídicamente viable dentro del margen de discrecionalidad judicial que
reconoce el ordenamiento.
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Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 7 de abril de 2025, exp. 11001-03-15-
000-2024-06708-01 (AC), C.P. Dr. Fredy Ibarra Martínez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06681-00
Demandante: Bertha María Mejía Rincón
En consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por
Bertha María Mejía Rincón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues
no incurrió en los defectos sustantivo ni por desconocimiento del precedente
invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Bertha María
Mejía Rincón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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