Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06757-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06757-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06757-00
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06757-00
Accionante: Jorge Emiro Landazábal Sequeda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de alcalde de Pueblo
Bello. Doble militancia en la modalidad de apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende
emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y
reproches carecen de carga argumentativa
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 6 de diciembre de 2024, el señor Jorge Emiro Landazábal Sequeda promovió
acción de tutela2 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que
se dejara sin efectos la sentencia del 14 de noviembre de 2024 emitida dentro del
proceso de nulidad electoral 3 que instauró contra el señor Alfredo Bohórquez
Gallardo, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como alcalde de
Pueblo Bello (Cesar) para el período 2024-2027, bajo el fundamento de haber
incurrido en la causal de nulidad electoral de doble militancia.
2.
Mediante la providencia acusada la autoridad judicial accionada revocó la decisión
adoptada el 5 de agosto de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
accedió las pretensiones ordinarias, para en su lugar, negarlas. Se determinó que de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político.
3 Expediente 20001-23-33-000-2023-00301-02.
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los elementos probatorios no se advertía la existencia de un acto inequívoco y
expreso de apoyo, que conlleve concluir la configuración de la prohibición endilgada.
3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, pues se efectuó una
valoración probatoria defectuosa, dado que los elementos de convicción en su
conjunto demostraban la causal objetiva de doble militancia, sin que para ello fuera
relevante lo dicho por el demandado en el interrogatorio de parte recaudado en el
proceso.
4.
No se tuvo en cuenta que no existía coalición entre los partidos Conservador y
Cambio Radical para elegir concejales, por ende, el alcalde electo no podía llamar a
otros candidatos distintos a los de su partido -el Conservador-, “nuestros candidatos”,
mientras que los candidatos al concejo podían usar la expresión “nuestro candidato
a la alcaldía”, en razón a la coalición que se hizo entre dichas agrupaciones políticas
para postular aspirante a ser alcalde.
5.
También se omitió valorar el contenido de la publicación de 25 de septiembre de
2023, que acreditaba que la reunión celebrada ese día contó con la presencia de una
candidata al concejo de Pueblo Bello del partido Cambio Radical en un evento
político, lo que evidenciaba un notorio apoyo político y no simplemente un acto de
presencia. Lo cual también se demuestra con fotografías que reposan en el
expediente ordinario, en las que se exhibía la publicidad de campaña de esa
candidata.
6.
De igual modo, el criterio adoptado configura también desconocimiento del
precedente, en la medida en que no tuvo en cuenta la sentencia de 17 de octubre
de 20244, en la que se confirmó la decisión de anular el acto de elección del señor
Miguel Ángel Muñoz Gómez, como alcalde de Puerto Guzmán, al estimar que de las
capturas de pantalla y de los videos valorados en conjunto, se evidenciaba que el
demandado se refirió al aspirante a la asamblea departamental de Putumayo como
su candidato, lo que constituía un acto positivo y concreto de apoyo.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
7.
Mediante auto de 18 de diciembre de 2024 5 , se aceptó el impedimento
manifestado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez, se ordenó notificar a la
autoridad demandada y se vinculó al alcalde del municipio de Pueblo Bello -Alfredo
Bohórquez Gallardo-, así como a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la
Comisión Escrutadora de ese municipio6, en calidad de terceros con interés. De igual
modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su cargo.
4 Expediente 52001-23-33-000-2023-00407-01.
5 Notificado el 14 de enero de 2025.
6Según la información que reposa en el expediente cuestionado visible en el aplicativo web Samai, dicha
Comisión estuvo integrada por los señores Ernesto Perico Triviño, Jimmy Antony Pérez Solano, José del Carmen
Ortiz Rangel y Tirso Alberto José Cabello Gutiérrez.
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(i) Consejo de Estado, Sección Quinta
8.
Anotó que no se observaban motivos que permitieran deducir la relevancia
constitucional del asunto. La parte actora se centra en plantear su inconformidad con
la valoración probatoria efectuada en el fallo acusado, sin que materialmente refiera
una verdadera situación que conlleve transgresión a sus garantías fundamentales,
buscando con ello la creación de una instancia adicional al medio de control de
nulidad electoral.
9.
Frente al defecto fáctico, indicó que se debe tener en cuenta que se valoró de
manera integral todo el material probatorio, para concluir que no se demostró la
existencia de actos inequívocos y expresos de apoyo por parte del señor Alfredo
Bohórquez Gallardo a favor de candidaturas de colectividades distintas de aquella
en la cual milita.
En ese sentido, aclaró que se ha considerado que la expresión “nuestro (a)
10.
candidato (a)”, individualmente considerada, no es suficiente para entender
configurado los actos de apoyo que se proscriben por la Ley 1475 de 2011, como se
sostuvo en el fallo de 29 de agosto de 20247, tesis que fue reiterada en la sentencia
que ahora se cuestiona en estas diligencias.
11.
Precisó que si bien es cierto que en la sentencia de 17 de octubre de 2024, que
se estima inobservada, se analizó la situación de los aspirantes a cargos públicos
que hicieran referencias como “nuestro (a) candidato (a)”, también lo es que en
ambos casos se presentan divergencias desde el punto de vista probatorio por las
que se arribaron a conclusiones diferentes respecto de la configuración o no de la
doble militancia.
(ii) Registraduría Nacional del Estado Civil, delegación departamental del Cesar
12.
Adujo que no es competente para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones
y cargos formulados. No expidió el acto demandado y carece de la potestad para
determinar si hubo o no irregularidades, o si opera o no la doble militancia, en razón
a que estas prerrogativas le fueron atribuidas al Consejo Nacional Electoral, por lo
que solicita su desvinculación.
(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil
13.
Señaló que no tiene injerencia alguna en el presente asunto. Los hechos y
pretensiones se dirigen contra decisiones judiciales, por tanto, carece de legitimación
en la causa por pasiva, lo que impone su desvinculación.
7 Expediente 52001-23-33-000-2023-00358-01, C. P. Gloria María Gómez Montoya.
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14.
Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que se pretende reabrir un debate
de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible dentro del marco de la acción de
tutela.
(iv) Alfredo Bohórquez Gallardo
15.
Sostuvo que durante el curso del proceso de nulidad electoral se dieron todas las
garantías y derechos atinentes a las partes, así como las oportunidades para
interponer los recursos que resultaban legalmente procedentes contra las decisiones
judiciales allí adoptadas, por lo que no es procedente dejar sin efectos la sentencia
acusada.
16.
Además, no se satisface la exigencia general de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, consistente en que se expongan las razones de vulneración
de esos derechos. El tutelante se limita a expresar en forma subjetiva que en la
providencia objeto de censura se vulneró su garantía superior al debido proceso,
como consecuencia, de presuntos errores en la apreciación de las pruebas y en la
aplicación del derecho, que configura un defecto fáctico y desconocimiento del
precedente. Sin embargo, se evidencia que la providencia atacada fue sustentada
con fundamento en la Constitución Política, la ley y los precedentes de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, por lo que carecen de soporte jurídico las
afirmaciones del actor.
II. CONSIDERACIONES
C. Solicitudes de desvinculación
17. La Registraduría Nacional del Estado Civil y su delegada del departamento de
Cesar solicitaron su desvinculación de las presentes diligencias constitucionales, en
razón a que carecen de la competencia para atender las súplicas perseguidas, dado
que no emitieron la providencia judicial que se reprocha.
18. La Sala aclara que en este trámite constitucional no fue vinculada en ninguna
condición la aludida delegación, razón por la cual no se emitirá pronunciamiento
sobre la mencionada petición de desvinculación.
19. Ahora bien, frente a la presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
la Sala la negará, pues su vinculación no se realizó en condición de accionada.
Resulta claro que dicha entidad carece de la facultad de emitir una decisión judicial
que reemplace la controvertida, que es lo que se pretende en este asunto. No
obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio,
comoquiera que la referida entidad fue vinculada al proceso electoral, en virtud del
numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante auto de 8 de febrero de 2024, que
admitió la demanda de nulidad electoral formulada por el tutelante.
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D. Análisis del caso concreto
20. La Sala considera que la tutela no satisface el presupuesto de relevancia
constitucional. La parte actora pretende emplear este trámite como si fuera una
instancia adicional del medio de control de nulidad electoral, con fundamento en que
no está de acuerdo con la providencia acusada, al no compartir la manera como la
autoridad judicial accionada definió la controversia.
21. Elaccionante aduce que se incurrió en defecto fáctico, porque se le dio
prevalencia a lo dicho por el demandado sobre el resto del material probatorio
obrante en las diligencias -como la publicación de 25 de septiembre de 2023- y no
se tuvo en cuenta la inexistencia de coalición alguna entre los partidos Conservador
(en el que militaba el demandado en ese asunto) y Cambio Radical (al que
pertenecía la candidata al concejo Adriana Funkey Delgado Izquierdo) para postular
aspirantes al concejo municipal.
22. Contrario a lo dicho por el tutelante, la autoridad accionada advirtió sobre la
inexistencia de la coalición a la que se hace referencia, pues tuvo por acreditado
que “el Partido Conservador Colombiano, en la circunscripción territorial de Pueblo
Bello (Cesar), decidió participar con lista propia al concejo, por lo que el aquí
demandado, señor Alfredo Bohórquez Gallardo, en caso de considerar alguna
opción política para dicha dignidad, estaba en el deber de favorecer aquella
postulada por la organización en la cual milita”.
23. En ese sentido, se tuvo en cuenta la inexistencia de la aludida coalición, diferente
es que no en los términos defendidos por la parte actora, pues el ad quem estimó
que dicho aspecto era irrelevante para desatar el litigio. Aunque se contaba con una
publicación de la red social del demandado de 25 de septiembre de 2023, esto es,
durante la época electoral en que resultó elegido alcalde, que incluía unas
fotografías suyas con la candidata al concejo Adriana Delgado, en la que este se
refirió a dicha aspirante como “nuestra candidata”, determinó que esa frase por sí
sola no resultaba suficiente para acreditar el apoyo reprochado, pues no se
demostraba con esta un acto inequívoco y expreso de apoyo que conllevara la
configuración de la doble militancia invocada.
24. Además, también precisó que, de acuerdo con la referida publicación y el
interrogatorio de parte del demandado, se infería que al señalar a la señora Adriana
Delgado como “nuestra candidata”, lo hacía en el entendido de ser la aspirante por
una de las organizaciones políticas que promovió su aspiración. A pesar de que ella
no aspiró al concejo bajo alguna coalición entre los partidos Conservador y Cambio
Radical, esta última colectividad hizo parte de aquella que respaldó la postulación
de aquel a la alcaldía.
25. En esa medida, anotó que las fotografías aportadas si bien evidenciaban la
coincidencia del demandado y de la candidata al concejo por el partido Cambio
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Radical en un mismo lugar, no exponen manifestaciones concretas que deriven en
una invitación por parte del primero a sufragar a favor de la segunda, ni tampoco
llena de un contenido adicional la expresión “nuestra candidata”. Además, tampoco
se observa que el evento público en el que coincidieron haya sido organizado por
aquel.
26. En igual sentido, sobre el video arrimado al plenario, se indica que “(…) tampoco
permiten evidenciar la existencia de un acto claro, inequívoco y expreso de apoyo,
en tanto si bien se identifica en aquel al accionado caminando en una vía pública
con un grupo de personas detrás, nuevamente, ello denota la mera coincidencia de
ambos candidatos, más no, la presunta invitación del demandado a sufragar por la
señora Adriana Funkey Delgado Izquierdo”.
27. En conclusión, se indicó que ni la expresión “nuestra candidata al concejo” ni las
fotografías ni el video aportados al proceso demostraban la existencia de un acto de
apoyo claro, inequívoco y expreso a favor de la aspiración de la señora Adriana
Funkey Delgado Izquierdo.
28. De los anteriores reproches, se evidencia que no se dejó de valorar algún
elemento probatorio, ni la valoración que se efectuó sobre estos resulta irracional, ni
atenta contra los postulados de la sana crítica. Por el contrario, lo que se advierte
es que la parte actora pretende que se le otorgue a estos el valor probatorio que
pregona, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una
tercera instancia, para imponer el grado probatorio que se les debe otorgar a las
pruebas recaudadas.
29. De igual modo, se tiene que el tutelante no despliega argumentación dirigida a
desvirtuar las conclusiones probatorias a las que arribó la autoridad judicial ni a
demostrar arbitrariedad alguna que implique vulneración de derechos
fundamentales. Insiste en que la expresión “nuestra candidata” resulta suficiente
para acreditar el apoyo positivo y concreto del allí demandado, en su condición de
aspirante a la alcaldía por el partido Conservador, a una candidata al concejo
municipal por el partido de Cambio Radical.
30. Por lo descrito, no es válido que la parte actora pretenda que se le imponga a la
autoridad accionada dar por cierto el apoyo electoral del allí demandado a una
candidata avalada por un partido diferente al que él militaba, con base en la
expresión de “nuestra candidata”. No resultaba suficiente tal consigna para dicho
propósito, sino que se acreditara con el resto del material probatorio una conducta
positiva y concreta que diera cuenta de ello, lo cual no acaeció en el proceso de
nulidad electoral.
31. La parte actora también aduce que se inobservó el criterio adoptado por la
autoridad accionada en sentencia de 17 de octubre de 2024 en un caso con similares
supuestos fácticos y jurídicos. No obstante, la Sala evidencia que la autoridad
judicial se refirió a dicha providencia en la decisión judicial acusada, sin embargo,
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consideró que no era aplicable al sub lite, pues carecía del respaldo probatorio
existente en aquel proceso.
32. Consideró que en este caso el material probatorio en su conjunto acredita la
presencia del entonces candidato a la alcaldía y de una aspirante al concejo en un
mismo lugar y fecha, pero no la existencia de un favorecimiento o encauzamiento
del electorado por parte del primero hacia la segunda, pues para ello se exige que
tal actuación debe ser demostrada más allá de toda duda razonable, lo cual no se
supera con la coincidencia en un mismo espacio físico, a diferencia de lo ocurrido
en aquel litigio.
33. Además, para examinar lo relacionado con la expresión de “nuestra candidata” la
autoridad judicial accionada hizo alusión a la sentencia que emitió el 29 de agosto
de 20248 en otro proceso electoral con similares contornos fácticos y jurídicos, en
los que precisó que ello evidenciaba era el reconocimiento al esfuerzo conjunto de
dos colectividades, pues la expresión “nuestra” denota una locución posesiva que
se atribuye a varias personas, en este caso, a los integrantes de las colectividades
coaligadas, distinto si el demandado hubiera utilizado la expresión “mi candidata”,
que se traduciría en un respaldo personalísimo del accionado, criterio que fue
acogido en la sentencia acusada.
34. En ese orden de ideas, las inconformidades del tutelante no demuestran
afectación constitucional alguna ni contienen una carga argumentativa suficiente
para acreditar algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de
derechos fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia
proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se
acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de
manera abierta con la Carta política.
35. Así las cosas, se evidencia que el demandante pretende imponer su tesis frente
al modo como se debió zanjar el litigio, sin que se acredite que de la manera en que
lo hizo la autoridad accionada comporte algún tipo de arbitrariedad, solamente
porque no comparte su decisión, sin tener en cuenta que se explicó que no resultaba
suficiente la expresión “nuestra candidata” ni la coincidencia en eventos públicos
para declarar configurada la doble militancia en la modalidad de apoyo.
36. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional, pues la acción
de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.
37.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.
8 Expediente 52001-23-33-000-2023-00358-01, C. P. Gloria María Gómez Montoya.
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Accionante: Jorge Emiro Landazábal Sequeda
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil por las razones expuestas en la motivación
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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